Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en su elemento de celeridad, previsto en el art. 180 de la CPE, alegando que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 31 de mayo de 2022, en audiencia de aplicación de medida cautelar, se le impusieron medidas cautelares sin restricción de libertad, las mismas que consideró excesivas; por lo que, en el mismo acto procesal interpuso el recurso de apelación contra dicha resolución, sin que hasta la interposición de la acción de libertad hubiera sido remitido al Tribunal de alzada, pese a que el 17 de junio a exigencia del hoy accionado, le proporcionó las fotocopias respectivas para la remisión de obrados ante el tribunal superior; por lo que, ante la referida dilación se ve imposibilitado de ejercer su derecho a ser oído por un tribunal superior. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Cuarto del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0320/2024-S3 Sucre, 17 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48592-2022-98-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 06/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elvy Evelin Nina Robles en representación sin mandato de Sandro Aguilar Muriel contra Jhonny Lamas García, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Estación Policial Integral del Sur (EPI-SUR) de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 24 de junio de 2022, cursante de fs. 2 y 3 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el 31 de mayo de 2022, en audiencia de aplicación de medida cautelar, el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR de la Capital del departamento de Cochabamba, aplicó en su contra, las medidas cautelares de carácter personal, previstas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra La Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- en sus numerales 1, 5 y 6; medidas que el accionante consideró excesivas; por lo que, en virtud del art. 251 del Código adjetivo penal interpuso recurso de apelación incidental y solicitó la remisión de antecedentes ante el correspondiente Tribunal Departamental de Justicia, dentro del plazo de ley; sin embargo, desde la celebración de la audiencia y la interposición del citado recurso, Jhonny Lamas García, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR de la Capital del citado departamento -hoy accionado- no remitió ningún actuado ante el Tribunal de alzada, pese a que proporcionó las fotocopias respectivas el 17 de junio de 2022, bajo la alusión que “…no contaba con personal y que uno de estos días lo remitiría sin falta…” (sic), actitud negligente que lo dejó en incertidumbre, puesto que no permitió resolver su situación con relación a la excesiva determinación de la autoridad jurisdiccional, causándole una dilación en la tramitación y resolución del recurso de apelación formulado, además de no permitirle ser oído por un tribunal de alzada.
Señaló como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, citando al efecto el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR de la Capital del departamento de Cochabamba, “en el día”, remita los actuados pertinentes ante el correspondiente Tribunal Departamental de Justicia, para su sorteo a la Sala Penal de turno.
Celebrada la audiencia pública el 25 de junio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 19 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó in extenso el contenido de la demanda tutelar; asimismo, en audiencia manifestó que: a) El actuar del Juez accionado es reiterado, no siendo el único caso con dilaciones; y, b) Se encuentra en libertad; sin embargo, las medidas cautelares personales impuestas por la autoridad jurisdiccional vulneran su derecho a la libertad.
Jhonny Lamas García, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR de la Capital del departamento de Cochabamba, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, a pesar de su legal citación, cursante a fs. 7 y vta.
El Tribunal de Sentencia Cuarto del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 20 a 22 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Del análisis de los alcances y presupuestos de activación previstos en el art. 125 de la CPE, como de la revisión de los extremos plasmados en la acción tutelar y ratificado en audiencia, no se evidenció la existencia de un acto que atente contra la vida del impetrante de tutela, tampoco contra su libertad física o de locomoción, en el entendido que el mismo se encuentra en libertad, no existiendo ningún acto u omisión que constituya un procesamiento indebido, ya que se encuentra procesado dentro de un proceso penal con control jurisdiccional respectivo; y, 2) Ante la falta de informe por parte del accionado, se tuvo como cierto lo referido por el accionante, con relación a que el 17 de junio de 2022, éste proporcionó las fotocopias respectivas; sin embargo, de la documental adjunta se evidenció la carátula de sorteo de “NUREJ”, con la asignación del reparto del recurso de apelación el 24 del referido mes y año, y con recepción del mismo día, a horas 15:58, concluyéndose que esta remisión se realizó con posterioridad a la interposición de la acción de la libertad y la notificación del accionante, con lo que se constató la dilación en el actuar del funcionario judicial hoy accionado, como en la exigencia de la provisión de las fotocopias, sin considerar que la defensa técnica del imputado -hoy accionante- fue realizada por un abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP); por lo que, debió prevalecer el principio de gratuidad dentro de la administración de justicia, por lo que se exhortó al funcionario público accionado para que efectúe su trabajo con diligencia y responsabilidad, evitando actuaciones dilatorias que generen perjuicio a las partes y a la autoridad jurisdiccional a cargo, el deber de controlar las labores del personal de apoyo judicial.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Imputación Formal con Código Único de Denuncia (CUD)
301102072101238 presentado el 9 de noviembre de 2021, ante el Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR de la Capital del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Sandro Aguilar Muriel -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado en el art. 272 bis del CP (fs. 10 a 12). II.2. Cursan: Providencia de señalamiento de audiencia de aplicación de medida cautelar contra Sandro Aguilar Muriel -hoy accionante- de 10 de noviembre de 2021; Acta de Registro de Audiencia Pública de 31 de mayo de 2022, para la consideración de su situación jurídica, en la que se dispuso la aplicación de medidas cautelares personales sin restricción de libertad de conformidad al art. 231 bis del CPP a favor del prenombrado, consignándose en el mismo la interposición del recurso de apelación incidental de conformidad al art. 251 de la citada norma procesal; oficio de remisión de apelación de 2 de junio de 2022, con cargo de recepción de 24 de igual mes y año, a horas 15:58, por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, todos emitidos por el Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR de la Capital del citado departamento; y, Carátula de Reparto del recurso de apelación de 24 del mismo mes y año, a horas 14:16:02 (fs. 13 a 18).
El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en su elemento de celeridad, previsto en el art. 180 de la CPE, alegando que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 31 de mayo de 2022, en audiencia de aplicación de medida cautelar, se le impusieron medidas cautelares sin restricción de libertad, las mismas que consideró excesivas; por lo que, en el mismo acto procesal interpuso el recurso de apelación contra dicha resolución, sin que hasta la interposición de la acción de libertad hubiera sido remitido al Tribunal de alzada, pese a que el 17 de junio a exigencia del hoy accionado, le proporcionó las fotocopias respectivas para la remisión de obrados ante el tribunal superior; por lo que, ante la referida dilación se ve imposibilitado de ejercer su derecho a ser oído por un tribunal superior. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 1589/2022-S3 de 2 de diciembre, citando a su vez a la SCP 0197/2021-S3 de 6 de mayo, y asumiendo el entendimiento jurisprudencial citado en la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, señaló que: “…en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional plurinacional estableció que: ‘El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: «…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida»’.
(…)
De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad.
(…)
La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante activa la presente acción de libertad, denunciando la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, alegando que en audiencia de aplicación de medidas cautelares realizada el 31 de mayo de 2022, en la cual la autoridad jurisdiccional le impuso medidas cautelares personales sin restricción de libertad, de conformidad a lo previsto en el art. 231 bis numerales 1, 5 y 6 del CPP, modificado por la Ley 1173, las mismas resultaron excesivas; por lo que, conforme a lo establecido en el art. 251 de la citada norma legal y de manera oral en audiencia, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha resolución, solicitando la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada dentro del plazo previsto por ley; sin embargo, desde la celebración de dicha audiencia, hasta la interposición de la acción de libertad el expediente de apelación no fue remitido al Tribunal de alzada, pese a que el 17 de junio del mismo año, proporcionó las fotocopias respectivas al Secretario ahora accionado, lo que denota dilación y vulnera el principio de celeridad, causándole incertidumbre con relación al cumplimiento de las excesivas medidas impuestas, toda vez que, debido a la no remisión de su recurso de apelación, no puede ser oído por un tribunal superior, solicitando al efecto se le conceda la tutela y se disponga la remisión inmediata de la apelación.
Ahora bien, de los antecedentes que se arriman al expediente constitucional se puede evidenciar la existencia de un proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Sandro Aguilar Muriel, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto en el art. 272 bis del CP, caso con CUD 301102072101238, como el Acta de Audiencia de Aplicación de Medidas Cautelares celebrada el 31 de mayo del 2022, en el que el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso las medidas cautelares personales sin restricción de libertad, teniéndose presente que el hoy impetrante de tutela, por la constatación de dicha resolución y los extremos vertidos en la audiencia de acción de libertad por la misma parte accionante, no se encuentra privado de libertad. Al respecto, el art. 125 de la CPE establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas son nuestras); de lo que podemos deducir que, en relación a los extremos vertidos y la vulneración denunciada, no existe un acto que atente contra la vida del hoy demandante de tutela, tampoco se evidencia la lesión de su derecho a la libertad física o de locomoción, en el entendido que como ya se manifestó, se encuentra gozando de su libertad, como tampoco se evidencia un procesamiento indebido, ya que el mismo está siendo investigado y procesado dentro de un proceso penal, que cuenta con control jurisdiccional con jurisdicción y competencia de acuerdo a ley, y dentro de este proceso es que en uso de su derecho a la impugnación es que el accionante interpuso recurso de apelación contra las medidas cautelares personales impuestas por la autoridad jurisdiccional, únicamente con relación a la fianza económica, con lo que concluimos que las alegaciones demandadas no se encuentran dentro de los supuestos para la activación de la acción de libertad.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Cuarto del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0320_2024-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 84e0b4da804519730d66e3c60c46d39d5df6680139b029efb50fadf43b4a4c80
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