Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2023
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud, y a la inamovilidad laboral; puesto que la entidad municipal hoy accionada, pese a conocer que se encontraba embarazada y actualmente tiene un hijo menor a un año de edad, no cumple con la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495/NTLF/ 165/2021 de 16 de agosto emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en su favor, con el pretexto de que “de momento no hay espacio”. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución -0029/2022 de 4 de abril, cursante de fs. 107 a 111, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0320/2023-S3 Sucre, 27 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 47088-2022-95-AAC Departamento: Cochabamba. En revisión la Resolución -0029/2022 de 4 de abril, cursante de fs. 107 a 111, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhovana Mayta Condori contra Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.
La accionante por memoriales presentados el 22 y 29 de marzo de 2022, cursantes de fs. 53 a 62; y, 91 a 92 vta., manifestó lo siguiente:
Desde el mes de febrero de 2015, ingreso a trabajar en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba ahora accionado, como Técnico Administrativo 1 y posteriormente en funciones de apoyo administrativo, realizando tareas propias y permanentes del citado Gobierno Autónomo Municipal y de manera continua y permanente, a través de cinco contratos a plazo fijo suscritos a requerimiento de su empleador, demostrando en todo tiempo responsabilidad y eficiencia en el desarrollo laboral. Tomando en cuenta que se considera contrato de trabajo de plazo indefinido a partir del segundo contrato y siempre que se trate de la realización de labores propias del giro de la “Empresa”, su contrato se convirtió en uno de plazo indefinido. Sin embargo, el 30 de junio de 2021, con el pretexto de la conclusión del contrato, fue despedida sin considerar su estado de embarazo, circunstancia por la que le otorgaron dos subsidios prenatales.
Acudió a la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando el despido injustificado y solicitando la reincorporación laboral al mismo puesto que venía desempeñando, más el pago de sus sueldos devengados desde su despido injustificado hasta su reincorporación efectiva. La citada Jefatura, previos los tramites de rigor, emitió la “…Conminatoria J. D. T. CBBA. /D. S. 0495/SMLV/ 180/2021…” (sic) y Resolución Administrativa (RA) 028/2022 de 2 de marzo, en cuya parte resolutiva dispone, revoca parcialmente la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495/NTLF/ 165/2021 de 16 de agosto, respecto a las trabajadoras: Jhovana Mayta Condori, Nelly Apaza Flores, Walter Cadima Corrales, Julio Cesar Terceros Acebey, Roberto Dennis Aranibar Iriarte y Milton Aguayo Velasco, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba proceda a la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaban al momento de su despido más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha respectiva de su reincorporación. Con esta resolución fue notificado el Alcalde ahora accionado, el 3 de marzo de 2022, negándose a cumplir la reincorporación ordenada.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud, y a la inamovilidad laboral; citando al efecto los arts. 45, 46, 48.VI, 49 de la Constitución Política del Estado (CPE), 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga el cumplimiento inmediato de la Resolución Administrativa 028/2022 de 2 de marzo, que ordeno su reincorporación laboral, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha respectiva de su reincorporación.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 104 a 106, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que a la fecha continua la vulneración de sus derechos fundamentales, aspecto que se constata por la verificación notarial realizada que da cuenta que la accionante no fue reincorporada, con la excusa de que no existe el “puesto”, como tampoco el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales.
Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 4 de abril de 2022, cursante de fs. 102 a 103, manifestó que: a) La accionante “ha suscrito” un contrato eventual de trabajo con el citado Gobierno Autónomo Municipal; por lo que se efectiviza la reincorporación al mismo cargo que desempeñaba y con la misma escala salarial, sin que la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) haya podido comunicarse con la accionante para la firma del contrato eventual, lo que significa que no se encuentra bajo el régimen de la Ley General del Trabajo, por lo que cayó en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional; y, b) El citado Gobierno Autónomo Municipal planteó el correspondiente recurso jerárquico contra la RA 028/2022 que dispuso la reincorporación de la accionante. Por lo expuesto solicita se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante la Resolución -0029/2022 de 4 de abril, cursante de fs. 107 a 111, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, representado por Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del citado Gobierno Autónomo Municipal ahora accionado, de manera inmediata de cumplimiento en su integridad a la RA 028/2022, en los términos dispuestos en dicha Resolución Administrativa, bajo los siguientes fundamentos: 1) A la jurisdicción constitucional le corresponde verificar el cumplimiento o no de la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495/NTLF/ 165/2021 de reincorporación laboral emitida; por lo que no le corresponde ingresar a revisar o analizar los fundamentos de la citada Conminatoria; encontrándose la misma impugnada a través del recurso jerárquico, pendiente de resolución; 2) El Alcalde ahora accionado a la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional, no dio cumplimiento a la referida Conminatoria de reincorporación laboral a la accionante, omisión que contraviene lo establecido por la línea jurisprudencial expresada en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio; puesto que vulnera el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de la accionante; y, 3) El contrato eventual de trabajo ha sido elaborado el 1 de abril de 2022, sin haberse efectivizado hasta la fecha de celebración de esta audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, da cuenta de las vulneraciones producidas por la entidad municipal ahora accionada; por lo que no es evidente que haya cesado el acto lesivo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado de Nacimiento emitido por la Oficialía de Registro Civil (ORC) 30101003, Libro LIBN-22, Partida 38, Folio 38 de 12 de noviembre de 2021, departamento Cochabamba, provincia Cercado, Localidad Cochabamba, por el cual se acreditó el nacimiento del menor de edad AA, nacido el 9 de octubre de igual año, hijo de Jhovana Mayta Condori -hoy accionante- y Nelson Guisada Arnez (fs. 3). II.2. Mediante Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495/NTLF/ 165/2021 de 16 de agosto, emitida por Ninoska Tania Loza Flores, entonces Jefa Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba -ahora accionado- a la reincorporación laboral al mismo puesto laboral que ocupaban (una lista de sesenta y un funcionarios y/o trabajadores municipales), más el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales, en el plazo de tres días (fs. 65 a 68 vta.). II.3. A través de la Resolución Ministerial (RM) 225/22 de 18 de febrero de 2022, emitida por Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en su parte resolutiva dispuso la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, la Resolución Administrativa 364 de 24 de septiembre de 2021, ordenando a la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitir nuevo pronunciamiento resolviendo los recursos de revocatoria planteados por las partes (fs. 86 a 89). II.4. Mediante RA 028/2022 de 2 de marzo, emitida por Sintia Martha Lozada Vega, Jefa Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social -previa nulidad de las Resoluciones Administrativas 364 de 24 de septiembre de 2021 y 383/2021 de 11 de octubre, por RM 225/22 de 18 de febrero de 202 resolvió el recurso de revocatoria, en lo pertinente en la parte resolutiva resuelve revocando parcialmente la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495/NTLF/ 165/2021 y con relación a la accionante, conmina al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba hoy accionado a la reincorporación laboral inmediata al mismo puesto laboral que ocupaba al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha respectiva de su reincorporación (fs. 17 a 22 vta.). II.5. A través del Acta Notarial 53/2021 de 17 de marzo de 2022 de verificación de cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495/NTLF/ 165/2021 de reincorporación laboral, suscrito por Mirael Villarroel Claros, Notario de Fe Pública 61 de la ciudad de Cochabamba, se evidenció el incumplimiento de la citada Conminatoria de reincorporación al mismo puesto laboral que ocupada la accionante, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha respectiva de su reincorporación, por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba ahora accionado, con la excusa de que “…de momento no hay espacio…” (sic) dispuesta por la RA 028/2022 (fs. 25). II.6. Cursa Contrato eventual de trabajo de 1 de abril de 2022, entre el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la accionante, para cumplir las funciones de apoyo administrativo, desde la citada fecha al 30 de junio de igual año, con una remuneración mensual de Bs3 913 (tres mil novecientos trece bolivianos) sin que el mismo se haya suscrito por la accionante (fs. 101 y vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud, y a la inamovilidad laboral; puesto que la entidad municipal hoy accionada, pese a conocer que se encontraba embarazada y actualmente tiene un hijo menor a un año de edad, no cumple con la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495/NTLF/ 165/2021 de 16 de agosto emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en su favor, con el pretexto de que “de momento no hay espacio”. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias en materia laboral, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, ha mantenido una situación pendular en su desarrollo entre una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales contenidos en la conminatoria laboral, exigiendo que esta, se encuentre debidamente fundamentado y motivado o exigiendo la realización de una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, las circunstancias y los supuestos derechos vulnerados para conceder la tutela y una posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos. En lo que concierne a esta segunda posición -favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral- la jurisprudencia constitucional afianzo la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitiva, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial. Convirtiéndose en un deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial, a decir de la jurisprudencia en los siguientes términos “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial. Es decir, aquello que se determine en la un trabajador, las Jefaturas Departamentales de Trabajo, luego de imprimir el trámite del DS 0495, deben emitir la correspondiente conminatoria de reincorporación pudiendo la parte procesal plantear amparo constitucional para su cumplimiento, pese a ello, debe entenderse que la justicia constitucional no puede hacer cumplir una conminatoria cuando la misma carece de fundamentación alguna, ello debido a que:
(…)
Bajo el entendido de que las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, obligan a la justicia constitucional a efectivizar conminatorias laborales de reincorporación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social sin atender a su contenido, al menos deben desarrollar las razones que fundamentan la conminatoria y por supuesto una conminatoria clara, es decir, no resulta lógico que la justicia constitucional ejecute una resolución que no respeta estándares del debido proceso, pues en ciertos casos implicaría inclusive consagrar la violación de derechos; Si bien la justicia constitucional en atención a las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, debe otorgar tutela transitoria disponiendo la reincorporación provisoria de la o el trabajador no puede hacerlo si la orden no cuenta con los mínimos elementales que la hagan efectiva, lo contrario resultaría inejecutable, debiendo en su caso, previamente subsanarse en la vía administrativa previamente a que la justicia constitucional disponga su ejecución” (las negrillas son nuestras). 2 Concerniente a la posición restringida al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0900/2013 de 20 de junio, manifestó que: “…la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerado” (las negrillas nos corresponden). 3 En torno a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, expresó que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas son nuestras). 4 En lo que atañe a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, expreso: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, (…) no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas son nuestras).
conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia también señalo que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, citando la anterior jurisprudencia, la SCP 1712/2012 de 1 de octubre, ha glosado textualmente “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas”. Esta misma jurisprudencia afianzo esta posición expresando que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013 de 20 de 5 La jurisprudencia expresada en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial; citado por la SCP 0610/2015-S2 de 12 de junio, SCP 0877/2015-S2 de 27 de agosto, SCP 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otros. 6 Efectuada el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012 de 20 de julio, ha expresado textualmente “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas nos pertenecen). 7 Cita jurisprudencial que fue citándose textualmente en las SSCCPP 1500/2014 de 16 de julio, 1760/2014 de 15 de septiembre, 0088/2014-S3 de 27 de octubre, 0240/2015-S2 de 26 de febrero, 0510/2015-S1 de 22 de mayo, 0203/2017-S3 de 21 de marzo, 0594/2017-S2 de 19 de junio, entre otras.
junio, citado precedentemente al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que …se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación;…” Esta misma jurisprudencia, razonó que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar puesto que afecta su fuente laboral que constituye su medio de subsistencia del trabajador y de su familia, por lo que la tutela 8 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, (cita la SCP 0591/2012) “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso. Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayados son nuestros).
inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada. Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que expreso el siguiente razonamiento ...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela. El marco normativo, reglamentario y jurisprudencial relativo a la conminatoria de reincorporación laboral inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados, constriñe a la parte patronal, a la autoridad administrativa y a la jurisdicción constitucional su cumplimiento o ejecución inmediata e integra de dicha conminatoria, por el objeto de protección de la acción de amparo constitucional que concierne al derecho a la estabilidad laboral, el pago de sueldos devengados, la seguridad social y otros derechos conexos, que incumbe no solo al titular sino a su entorno familiar, además la tutela provisional y extraordinaria que corresponde otorgar en la jurisdiccional constitucional, en tanto se defina la situación jurídica del trabajador con la substanciación de la vía recursiva en sede administrativa o la revisión de la conminatoria en sede judicial.
Los razonamientos jurídicos citados textualmente en líneas precedentes con el título “De la tutela provisional y extraordinaria vinculada a la ejecución inmediata e integra de la conminatoria laboral en tanto se defina la situación laboral del trabajador en vía recursiva en sede administrativa o revisión judicial”, fueron desplegados en el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.
La Constitución Política del Estado vigente, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Ésta garantía, tiene como antecedente la labor interpretativa y protectora de los derechos del extinto Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente y fueron recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidando el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. En esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que el derecho que se debe proteger no es solo es el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; el retiro intempestivo de la mujer gestante, también importa la supresión del derecho a la seguridad social, que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, consiguientemente colocan en riesgo el primer derecho, la vida.
Complementando el alcance de esta garantía la jurisprudencia constitucional ha señalado que la finalidad de la inamovilidad laboral, es otorgar a la mujer embarazada o madre de familia con un hijo menor a un año de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional; un despido injustificado de la mujer trabajadora de su fuente laboral, indudablemente genera zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación, la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo que no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados. La jurisprudencia constitucional también estableció que la comunicación oportuna del estado de embarazo no es condición para la protección que brinda esta garantía reconocida por la Constitución Política del Estado, en otros términos, no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado en su condición de gestante y con niño menor a un año. Ahora bien, un derecho vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral, es el derecho fundamental de las mujeres a la maternidad segura, reconocido expresamente por la CPE en su art. 45.V, cuyo texto expresa: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, estabilidad laboral, salud, y a la inamovilidad laboral; puesto que la entidad municipal hoy accionada, pese a conocer que se encontraba embarazada y actualmente tiene un hijo menor a un año, no cumple con la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495/NTLF/ 165/2021 de 16 de agosto emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en su favor, con el pretexto de que “de momento no hay espacio”. De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece que la accionante, después de haberse procedido a su desvinculación laboral por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba ahora accionado, en la que desempeñaba funciones -a través de contratos de trabajo a plazo fijo-, no obstante haber informado que se encontraba embarazada y posteriormente nacido su hijo el 9 de octubre de 2021 (Conclusión II.1.), presentó denuncia laboral de despido injustificado y solitud de reincorporación laboral ante la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la misma que fue substanciada junto a otras denuncias contra el citado Gobierno Autónomo Municipal, en la que se emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495/NTLF/ 165/2021 de 16 de agosto de reincorporación laboral, más el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales (una lista de sesenta y un funcionarios y/o trabajadores municipales), en el plazo de tres días (Conclusión II.2.). En etapa de impugnación del mencionado procedimiento, vía recurso de revocatoria -previa nulidad de obrados dispuesta por la RM 225/22 de 18 de febrero de 202 (Conclusión II.3.)-, la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la RA 028/2022, resolviendo el recurso de revocatoria, en lo pertinente de la parte resolutiva, resuelve revocar parcialmente la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495/NTLF/ 165/2021 y con relación a la accionante, conmina al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba hoy accionado a la reincorporación laboral inmediata al mismo puesto laboral que ocupaba al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha respectiva de su reincorporación (Conclusión II.4.), decisión que no fue cumplida por el citado Gobierno Autónomo Municipal (Conclusión II.5.). En ese contexto, si bien la jurisprudencia constitucional, se ha inclinado en sus diferentes fallos hacia la ejecución de las conminatorias de reincorporación laboral; empero, ésta posición, no es solo con la finalidad de hacer cumplir dichas conminatorias; puesto que el Tribunal Constitucional Plurinacional no es una entidad ejecutora de las conminatorias de reincorporación laboral, en esa comprensión el régimen constitucional establece valores, principios, normas, garantías y derechos que promueven e imponen el deber de protección al trabajador a través del desarrollo normativo, reglamentario, estableciendo un procedimiento en sede administrativa para el caso de denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral, cuya conminatoria de reincorporación laboral, es cumplimiento inmediato, sin perjuicio de que dicha conminatoria sea objeto de impugnación en sede administrativa y revisión en sede judicial. En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado jurisprudencia constitucional estableciendo que la ejecución de la conminatoria de reincorporación laboral, de ejecución inmediata merece una protección provisional y transitoria, salvaguardando los derechos y garantías de los trabajadores mientras se dilucide la situación jurídico laboral del trabajador, a través de la substanciación de los medios y recursos en sede administrativa -recurso de revocatoria y jerárquico- o la revisión judicial -en la jurisdicción laboral-, como se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. En el presente caso, la accionante al acudir a la autoridad administrativa en busca de protección laboral obtuvo la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495/NTLF/ 165/2021 al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba hoy accionado a la reincorporación laboral inmediata al mismo puesto laboral que ocupaba al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha respectiva de su reincorporación, mediante la emisión de la RA 028/2022. Como podrá advertirse, la citada Conminatoria tiene como sustento el respeto a la garantía de la inamovilidad laboral, situación vinculada con su estado de embarazo que fue resaltada con relación a la accionante en la resolución de reincorporación laboral (fs. 21), en ese entendido se debe tomar en cuenta que la finalidad de la garantía de la inamovilidad laboral no solo tiene un carácter protectivo para la madre en el presente caso, sino, para el hijo por nacer o hasta el año de nacimiento, precautelando su bienestar económico, psicológico, con las prestaciones debidas correspondientes a la seguridad social, salud como se tiene explicitado ampliamente en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En su informe escrito presentado por el Alcalde hoy accionado, adjuntando un contrato eventual de trabajo para desempeñar funciones de apoyo administrativo, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022, a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la accionante -sin firma de la nombrada-, por un periodo de tiempo que comprende desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de igual año (Conclusión II.6.), alegó que se cumplió con la reincorporación laboral ordenada por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante RA 028/2022, consiguientemente la presente acción tutelar termina siendo improcedente por haber cesado los efectos del presunto acto lesivo operándose la perdida de objeto procesal. Al respecto, es necesario precisar que el contrato eventual de trabajo por el lapso de tres meses, no se encuentra suscrito por la accionante, entonces no podría considerarse que se haya cumplido con la conminatoria laboral dispuesta por RA 028/2022 en el que claramente dispone respecto a la accionante, la conminatoria al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba ahora accionado a la reincorporación laboral inmediata al mismo puesto laboral que ocupaba al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha respectiva de su reincorporación; además, ésta resolución administrativa se encuentra en etapa de impugnación mediante el recurso jerárquico, instancia en la que debe resolverse la situación laboral de la accionante, siendo previsible que en esa instancia puedan considerar las condiciones de su vinculación laboral contenidas en el mencionado contrato, vinculadas al cumplimiento de la reincorporación laboral y la denuncia de vulneración de derechos laborales; consiguientemente, en las circunstancias anotadas de ninguna manera puede justificarse la denegatoria de tutela por perdida de objeto procesal. En ese entendido, en los términos razonados precedentemente, puede concluirse que a la jurisdicción constitucional le corresponde la salvaguarda de los derechos y garantías en el ámbito laboral de la accionante, en tanto a la parte patronal tiene la posibilidad de promover la impugnación de la conminatoria laboral en sede administrativa mediante los recursos de revocatoria y jerárquico o promover su revisión en sede judicial, para definir la situación jurídico laboral de la accionante, a quien corresponde otorgarle tutela provisional y transitoria en tanto ocurra tal definición. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obro de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución -0029/2022 de 4 de abril, cursante de fs. 107 a 111, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
1 Respecto a la posición restringida al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, expresa: “…ante una destitución intempestiva e injustificada de una trabajadora o
9 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
10 La Constitución Política del Estado fue aprobado por la Asamblea Constituyente el 2007, compatibilizado en el Congreso Nacional el 2008, aprobado en Referendum Nacional el 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero de 2009.
11 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…”.
12 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/2000-R de 24 de mayo, ha señalado expresamente: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida
adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley” (las negrillas nos corresponden). Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1043/2010-R, 1205/2010-R, 1330/2010-R y entre otras.
13 Respecto a la inamovilidad laboral la SCP 0424/2012 de 22 de junio, expresa textualmente: “La finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y ahora familia con un menor de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional. En lo específico a la mujer trabajadora en estado de gestación se busca su protección contra un despido o retiro de su fuente laboral por parte de su empleador, que indudablemente generaría zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación. Asimismo, el art. 2 de la Ley 975, sostiene que la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo cual no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados” (las negrillas son nuestras).
14 Entendimiento jurisprudencial expresado en la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, que constituye un cambio en la línea jurisprudencial establecida en la SC 1416/2004-R de 1 de septiembre, que estableció el deber de la mujer embarazada de comunicar previamente su estado de embarazo al empleador. Confirmada por la SC 1882/2010-R de 25 de octubre, la SSCCPP 1187/2012 de 6 de septiembre, 0081/2018-S2 de 23 de marzo, entre otros.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0320_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): b22847d1f7000f2e70e322d6c5e892ab66cf77e93d883cc5c3d6645a5c132657
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →