B.IA.LEGAL

SCP 0319/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55162-2023-111-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, señalando ser persona adulta mayor, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, a la tutela judicial efectiva, así como a la falta de valoración integral de la prueba de descargo, vinculadas con sus derechos a la vida, al trabajo y la salud; debido a que, la autoridad demandada omitió considerar y fundamentar que no existe probabilidad de autoría respecto del delito atribuido; toda vez que, el hecho denunciado nunca existió y tampoco se consideró la afectación a su salud; toda vez que, pese a padecer diabetes mellitus tipo II, se dispuso su detención domiciliaria sin posibilidad de acudir a un centro médico y sin posibilidad de trasladarse a su fuente laboral. Finalmente, al constituir el ejercicio de su función docente en la UAJMS su única fuente de sustento y la de su familia, dicha medida le impide continuar desempeñando sus labores. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 22 vta. a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social y Jueza de Técnica de Villa Montes del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal.
  2. III.2. Sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización, especial mención al peligro efectivo para la víctima en delitos relacionados a la violencia (sexual)
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0319/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55162-2023-111-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 02/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 22 vta. a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armando Vidal Soruco Retamozo contra Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de abril de 2023, cursante de fs. 2 a 9 vta., el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Eliana Carballo Cerezo, el 24 de marzo de 2023, en audiencia de consideración de medidas cautelares, acto procesal en el que la Jueza de Instrucción Cautelar en lo Penal Primera de Villa Montes del departamento de Tarija, determinó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, entre ellas, la detención domiciliaria sin derecho al trabajo y sin escolta policial; arraigo nacional, dos garantes solventes por el monto de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos) cada uno, exponiendo en sus fundamentos poco criterio y objetividad, al haber considerado la existencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Apelada dicha determinación, fue confirmada mediante Auto de Vista “32/2023” (sic) de 3 de abril, emitido por la Vocal demandada, con evidente vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, así como la falta de valoración integral de la prueba de descargo, vinculada con el derecho a la vida, al trabajo y la salud puesto que, al otorgarle una medida cautelar tan gravosa se restringe su derecho a la libre locomoción, dando como resultado que no pueda cumplir su función docente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), siendo su única fuente de ingreso durante más de treinta años y el sustento de su familia con la agravante de afectación a su salud debido a que padece de diabetes mellitus tipo II, que requiere atención médica diaria y compra de medicamentos; por último, la cancelación de sus obligaciones crediticias. Todos esos aspectos no fueron mencionados en la audiencia de apelación. Respecto a la prueba de descargo no valorada, indicó que no fueron consideradas las siguientes pruebas: a) Testifical que negó en forma unánime, la existencia de algún hecho ilícito en las circunstancias y fechas denunciadas por la supuesta víctima; b) Memorial dirigido al Decano de la Facultad Integrada de Villamontes, de solicitud de tutoría para la denunciante y testigos de cargo; c) Informes policiales de 9 de enero de 2023; d) Certificado de trabajo; e) Registo Judicial de Antecedentes Penales (REJAP); f) Certificado del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia en razón de Género (SIPPASE); y, g) Certificado médico forense que dio a conocer el deterioro de su estado de salud, al punto de requerir atención médica de emergencia, como consecuencia de su detención preventiva por tres días en la Carceleta de Villa Montes del departamento de Tarija, medida que fue dispuesta de manera injusta por una negligente valoración de la prueba, posteriormente desvirtuada. Al no haberse valorado la prueba de descargo, la Vocal demandada omitió fundamentar y motivar el Auto de Vista “32/2023”, de haberlo realizado, se habría advertido que no existe autoría en cuanto al delito denunciado; toda vez que, el hecho atribuido nunca ocurrió. Siendo de la tercera edad y cuyo estado de salud se encuentra afectado por la diabetes mellitus tipo II, es un atentado a su derecho a la vida disponer su encierro sin derecho a salir en el caso de que se produzca una emergencia médica; de igual modo, se afecta su derecho al trabajo porque su única fuente de sustento es su cargo de docente en la Universidad antes mencionada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, así como la falta de valoración integral de la prueba de descargo, vinculada con el derecho a la vida, al trabajo y la salud, citando al efecto, el art. 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela, disponiendo se ordene el restablecimiento de las formalidades legales y la anulación del Auto de Vista “32/2023” (sic) de 3 de abril, así como la emisión de una nueva resolución que ordene su libertad irrestricta sobre la base de los antecedentes de la presente acción.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada audiencia pública el 26 de abril de 2026, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 24, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos manifestó que:

I.2.2. Informe la parte demandada

Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito de 26 de abril de 2023, cursante a fs. 20 a 21, manifestó que: 1) Ninguna de las situaciones descritas en la norma para la procedencia de la acción de libertad se activan en el presente caso, porque no existe un riesgo inminente de la vida del accionante, tampoco se halla ilegalmente perseguido o indebidamente procesado o privado de libertad personal; 2) Sobre la debida fundamentación, el Tribunal de alzada debe circunscribir su resolución a aquellos aspectos que han sido cuestionados como gravosos por la parte recurrente; es así, que se realizó un contraste con la Resolución impugnada a objeto de establecer si existe o no agravio, determinándose que la Jueza efectuó una ponderación de derechos tanto del encausado como de la víctima; en ese sentido, se determinó la existencia de los peligros procesales activados. Además, la Norma Constitucional en su art. 60, establece la obligación de los operadores de justicia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente y que comprende la preeminencia del derecho; 3) De lo anterior se concluye, que la Jueza dio valor primordial a la declaración de la víctima que viene a ser un elemento fundamental para establecer o activar los peligros procesales; de igual forma, el informe psicológico y la preeminencia de los derechos de la víctima, prueba esencial para tener certeza de la existencia de indicios que activan esos peligros procesales; por lo que, revisada la resolución impugnada y por las razones anotadas, resulta suficiente para generar convicción en el Tribunal de apelación sobre la activación de los peligros procesales en cuanto al ilícito atribuido.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Jueza Técnica Primera de Villa Montes del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 22 vta. a 24, declaró “IMPROCEDENTE” la acción de libertad; exponiendo al efecto, los siguientes fundamentos: i) Una vez revisado el cuaderno remitido por la Jueza del proceso seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de acoso sexual, se tiene que el 24 de marzo de 2023, se determinó la detención domiciliaria del imputado, la presentación de dos garantes y prohibición de acercarse a la víctima, resolución que apelada dio origen al Auto de Vista 32/2023 de 3 de abril, pronunciado por la Vocal demandada; ii) De la relación de hechos, expresados en la acción de libertad, no guarda relación con el Auto de Vista impugnado como tampoco con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), porque la citada Resolución de apelación no refiere los agravios o derechos conculcados que reclama el accionante; y por el contrario, en el encabezado el Auto de Vista indica “Medidas Cautelares-Decaído” 32/2023, por lo que no corresponde analizar en el fondo los argumentos expresados en audiencia sobre la vulneración del derecho al trabajo y a la salud, y que requiere permiso para salir a trabajar, haciendo constar que conforme a los arts. 125 de la CPE y 46 del CPCo, no procede la acción de libertad; y, iii) Se debe tomar en cuenta que las medidas cautelares de carácter personal, se caracterizan por ser excepcionales, temporales y variables porque pueden ser modificadas.

I.2.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/20254 de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Armando Vidal Soruco Retamozo -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de acoso sexual, mediante Auto de Vista 32/2023 de 3 de abril, Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demanda- tuvo como desistida la apelación incidental formulada por el Ministerio Público contra el Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023 (fs. 16). II.2. A través de Auto de Vista 90/2023 de 3 de abril, la Vocal demandada, declaró “SIN LUGAR” los recursos de apelación incidental formulados por la víctima y por el imputado, manteniendo inalterable la Resolución impugnada; y, ordenó la devolución de antecedentes al Juzgado de origen con nota de atención (fs. 17 a 19 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, señalando ser persona adulta mayor, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, a la tutela judicial efectiva, así como a la falta de valoración integral de la prueba de descargo, vinculadas con sus derechos a la vida, al trabajo y la salud; debido a que, la autoridad demandada omitió considerar y fundamentar que no existe probabilidad de autoría respecto del delito atribuido; toda vez que, el hecho denunciado nunca existió y tampoco se consideró la afectación a su salud; toda vez que, pese a padecer diabetes mellitus tipo II, se dispuso su detención domiciliaria sin posibilidad de acudir a un centro médico y sin posibilidad de trasladarse a su fuente laboral. Finalmente, al constituir el ejercicio de su función docente en la UAJMS su única fuente de sustento y la de su familia, dicha medida le impide continuar desempeñando sus labores. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal.

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, reafirmando lo señalado por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea en cuanto a la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, estableció lo siguiente: «El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7., explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP» [el resaltado es añadido].

III.2. Sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización, especial mención al peligro efectivo para la víctima en delitos relacionados a la violencia (sexual)

La SCP 0872/2018-S2 de 20 de diciembre, en su Fundamento Jurídico III.2, reafirmando el precedente constitucional contenido en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, sobre el peligro efectivo a la víctima en delitos relacionados a la violencia, estableció lo siguiente: «[Para] la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico se establece que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización. El segundo requisito referido al peligro de fuga y de obstaculización, se encuentra contemplado en el numeral 2 del art. 233 del CPP, que refiere: “La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”, previstos en los arts. 234 y 235 del señalado cuerpo normativo. Sobre el peligro de fuga, contenido en el art. 234 del citado Código, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”. Dicha norma establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral de las mismas, entre las que se encuentra, el numeral 2 del art. 235 de ese cuerpo legal, referido a que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; así como el numeral 10 del art. 234 (ahora art. 234.7) del aludido Código, el “Peligro efectivo para la víctima o el denunciante”. […] Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados por esta Sala, que consideró la normativa internacional e interna, transcritas en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización; pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes. Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos en base a criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente; pues, de lo contrario se produciría una “revictimización”; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia contra esta población. Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye a dicho imputado y la conducta exteriorizada por éste contra las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si esa conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante. Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad en la que se encuentran; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente. En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación deben tomar en cuenta los derechos de la víctima evitando probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida cautelar a imponerse al imputado o la modificación que pretenda a quien se atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia. Consiguientemente, en el marco de lo señalado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, considerando las normas internacionales e internas, en especial las medidas de protección a la mujer víctima de violencia a las que está obligado el Estado Boliviano, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que:

i) En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y, en general, mujeres, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, (…) ». [el resaltado es añadido].

III.3. Análisis del caso concreto

Al haberse denunciado insuficiencia en la motivación, fundamentación y congruencia del Auto de Vista 90/2023 de 3 de abril, pronunciado por la Vocal demandada, resulta necesario glosar los agravios expuestos por el accionante y los argumentos de la autoridad jurisdiccional. En el Considerando I, refiere que el imputado al plantear su recurso de apelación incidental, señaló: a) Sobre el peligro de fuga, sostuvo que la Jueza se refirió al informe del SLIM y afirmó que el impetrante de tutela hostiga a la víctima; sin embargo, esas circunstancias no habrían sido corroboradas ni confirmadas por el Ministerio Público porque no existe prueba real, efectiva, verdadera y fehaciente que demuestre que es un peligro efectivo para la víctima como exige la SCP “0394/2018”, respecto a la existencia de elementos objetivos de dicho riesgo procesal; y, b) En cuanto al peligro de obstaculización se menciona la existencia de un informe del investigador asignado al caso, en el que no se refleja ningún acto de ese tipo; también se deben considerar los recursos promovidos por la víctima, quien hace mención a dos informes que dan cuenta de la existencia de actos de perturbación a la investigación y sobre todo de circunstancias concretas de incumplimiento a las medidas de protección a tal extremo que se señaló audiencia de consideración de medidas de protección para abril del mismo año. Respondiendo a dichos argumentos, el imputado señala que debe tomarse en cuenta el test de proporcionalidad y considerar las circunstancias de su salud. A partir del Considerando II, la Vocal demandada, respecto a la apelación del accionante, señala lo siguiente: 1) El Tribunal de alzada debe circunscribir su resolución a aquellos aspectos que fueron expresamente cuestionados como gravosos por la parte recurrente; en ese sentido, bajo los fundamentos del apelante y en contraste con la Resolución impugnada, se tiene que la Jueza a quo haciendo referencia a los argumentos de las partes, examinó los elementos indiciarios para determinar si existen los presupuestos para determinar medidas cautelares y la participación de encausados; sin embargo, aquel aspecto no amerita ningún pronunciamiento porque no fue objeto de apelación. 2) El imputado, sostiene que no se tomó en cuenta la existencia de prueba fehaciente, real y verdadera para la activación de dicho peligro procesal; empero, corresponde aclarar que en la etapa de investigación no se requiere prueba como tal, sino que son suficientes los indicios que permiten a la autoridad, inferir la existencia del peligro de referencia y a ello es a lo que la Jueza se aboca y aunque reconoce que no existe antecedente penal registrado en contra del recurrente; no resulta menos cierto, que a través de la declaración de la víctima sobre las circunstancias del hecho, existen elementos suficientes para determinar su situación de vulnerabilidad tomando en cuenta, la connotación del hecho atribuido al imputado y su conducta que conllevan a solidificar la situación de desventaja y de vulnerabilidad en las que se encuentra la víctima, circunstancias que no exigen prueba plena fehaciente como aduce la defensa, sino que únicamente a través de los indicios presentados resultan suficientes para que la Jueza, en función a la valoración integral de todos los elementos aparejados, considere la existencia de dicho peligro real, evidente y latente y por ello es que no puede efectuarse un entendimiento limitativo porque la jurisprudencia constitucional, estableció facultades al juzgador para realizar una evaluación integral de las circunstancias existentes en cada caso; consecuentemente, no es evidente que no se habría activado correctamente el peligro efectivo para la víctima, porque tiene base objetiva y explicación razonada; consecuentemente, no se encuentra irregularidad alguna que cuestione la actividad valorativa de la Jueza del proceso.

3) Se hace referencia al peligro de obstaculización señalando que no se habrían tomado en cuenta las circunstancias reales; sin embargo, conforme señala la jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales, debe aplicarse la perspectiva de género, que determina que la declaración de la víctima es un elemento fundamental para activar ciertas determinaciones; por ello, es que la Jueza A quo tomó en cuenta el informe psicológico y la declaración o información de la propia víctima respecto a la influencia que podría ejercer el imputado sobre los testigos, poniendo en entredicho el informe que pretende la defensa y bajo aquella circunstancia, que deviene de la valoración conjunta, no es posible exigir requisitos formales o materiales; consecuentemente, está correctamente activado el peligro de referencia, por lo que no existe agravio alguno.

Establecidos como están los fundamentos expuestos por la autoridad demandada y en relación con la denunciada vulneración del debido proceso por falta de fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva; así como, la falta de valoración integral de la prueba de descargo, vinculada con el derecho a la vida, al trabajo y la salud; en control constitucional de la fundamentación y motivación expuestas en el Auto de Vista 90/2023 de 3 de abril, se concluye lo siguiente: Como se señala en el Fundamento Jurídico III.1, la motivación constituye un presupuesto propio de las reglas de un debido proceso, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión; para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. A ello se añade que, en al tratarse de violencia debida a género, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el análisis debe considerar además la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; que incluye el deber de verificar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las víctimas de violencia en coherencia con el principio de verdad material. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de acoso sexual, la Jueza de control jurisdicionalp dispuso su detención domiciliaria sin permiso laboral al haber considerado la concurrencia de dos riesgos procesales, siendo el primero el contenido en el art. 234.7 del CPP; es decir, peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante y, el señalado por el art. 235.2 de la misma norma; vale decir, que el imputado amenace o influya negativamente en los partícipes, víctima, testigos o peritos. Apelado el Auto Interlocutorio de 24 de marzo, pronunciado por la Jueza a quo; conforme a la relación de agravios expuesta en la Resolución confutada en la presente acción de libertad, el hoy impetrante de tutela cuestionó que al valorar los riesgos procesales que determinaron su detención domiciliaria no existió prueba real, efectiva, verdadera y fehaciente; y, que debieron considerarse igualmente sus derechos y sus circunstancias de salud. La autoridad demandada en el Auto de Vista 90/2023, señaló que en la etapa de investigación son suficientes los indicios que permiten a la autoridad, inferir la existencia del peligro de referencia, siendo correcta la decisión de la Jueza quien tomó en cuenta la declaración de la víctima respecto a las circunstancias del hecho y su situación de vulnerabilidad tomando en cuenta, la connotación del hecho atribuido al imputado y su conducta en función a la valoración integral de todos los elementos aparejados; en cuanto al peligro de obstaculización debe aplicarse la perspectiva de género, que determina que la declaración de la víctima es un elemento fundamental para activar ciertas determinaciones; por ello, es que la A quo tomó en cuenta el informe psicológico y la declaración o información de la propia víctima respecto a la influencia que podría ejercer el imputado sobre los testigos poniendo en entredicho el informe que pretende la defensa y bajo aquella circunstancia, no es posible exigir requisitos formales o materiales; consecuentemente, está correctamente activado el peligro de referencia, por lo que no existe agravio alguno. Como se señala en el Fundamento Jurídico III.2, sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización en delitos relacionados a la violencia sexual, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación en los casos de violencia contra niñas, niños o adolescentes y, en general, mujeres, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante. En ese orden, este Tribunal no encuentra error en el criterio expuesto por la Vocal demandada, quien al emitir el Auto de Vista 90/2023 de 3 de abril sobre el control jurisdiccional del Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023, emitido por la Jueza del proceso, consideró que la declaración de la víctima y el informe psicológico eran suficientes para sostener la medida privativa de libertad del imputado, al existir los riesgos procesales determinados por la autoridad judicial, los cuales fluyen además del propio memorial de la acción de libertad en el que el accionante refiere que por un “presunto incumplimiento” de las medidas de protección se dispuso su detención preventiva en la carceleta de Villa Montes del departamento de Tarija generándole problemas en su salud, lo que motivó la sustitución de dicha medida por la detención domiciliaria sin permiso laboral, observándose que en su exposición de agravios el impetrante de tutela, invoca jurisprudencia relativa a la valoración de los riesgos procesales en el contexto del proceso penal sin considerar que existen parámetros especiales establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre la base de los estándares internacionales de protección a las mujeres víctimas de violencia. Por otra parte, no existe ninguna prohibición para que el impetrante de tutela acuda a sus controles de salud en el ente gestor de salud a corto plazo que le corresponda, por lo que no se encuentra vulneración a dicho derecho, tampoco se ha señalado ni fundamentado, cuál sería la razón por la cual se afecta el derecho a una vida digna por ser persona adulta mayor, con la disposición de que cumpla detención en su domicilio por encontrarse sometido a proceso penal. Por otra parte el solicitante de tutela señala que existió deficiencia en la valoración de la prueba porque de haber sido apreciada correctamente, la Vocal demandada se habría percatado que no existe autoría en cuanto al delito denunciado porque el hecho nunca existió. Al respecto, revisado el Auto de Vista 90/2023 de 3 de abril, resulta evidente que tal aspecto no fue cuestionado en el recurso de apelación, por lo que no puede ser acusado como incongruencia de la Resolución confutada y tampoco amerita pronunciamiento de la justicia constitucional. Finalmente, corresponde señalar que extraña que la Jueza de garantías al emitir la Resolución 02/2023 de 26 de abril, hubiese declarado improcedente la acción de libertad que ha sido analizada en párrafos precedentes, asumiendo erróneamente que la Resolución impugnada era el Auto de Vista 32/2023 de 3 de abril, por la que la Vocal demandada tuvo como desistida la apelación interpuesta por el Ministerio Público por inconcurrencia a la audiencia señalada para la fundamentación de su recurso. Aunque tal aspecto, amerita la nulidad de la audiencia de la acción de defensa, este Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene en cuenta que fue realizada el 26 de abril de 2023; razón por la cual, se emitió resolución de fondo concluyéndose que corresponde denegar la tutela por no existir vulneración de los derechos y garantías constitucionales del accionante. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 22 vta. a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social y Jueza de Técnica de Villa Montes del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 SCP 1586/2025-S3 de 25 de noviembre

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0319_2026-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 501a3d3347610b37810a9b2ef6a882902a125754dac24445dc6a7d88e7a548fb

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