Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; al trabajo, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, añadiendo en audiencia a la honra, al honor y a la propia imagen, así como el principio de seguridad jurídica; puesto que, en su condición de funcionario policial y mientras se desempeñaba como Jefe de Seguridad Ciudadana en el GAM de Sacaba, formó parte de una Comisión de recepción de equipos tecnológicos; a raíz de lo cual se le inició un proceso administrativo interno, indicando que demostró incapacidad, negligencia e irresponsabilidad al no verificar los aspectos técnicos de los equipos recibidos; en ese sentido, se emitió la Resolución de 18 de noviembre de 2021, que estableció la existencia de responsabilidad administrativa e indicios de responsabilidad civil y penal; decisión que fue confirmada por RA 94 de 7 de diciembre de igual año, la cual una vez recurrida, también fue confirmada en todas sus partes por RA 002/2022 de 12 de enero; fallos que no cuentan con la debida fundamentación, motivación y congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 053/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 775 a 780 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada con relación al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa 002/2022 de 12 de enero, pronunciada por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, debiendo dicha autoridad emitir una nueva Resolución conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a la Alfredo Hugo Céspedes Camacho, Autoridad Sumariante, y respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia sobre lo específicamente analizado, y de acuerdo a los fundamentos consignados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; así como también, en cuanto a los derechos al trabajo, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la honra, al honor y a la propia imagen, así como el principio de seguridad jurídica. 3° EXHORTAR a Henry Maida García y Leandro Mamani Mamani, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a cumplir los plazos y las formas establecidas en la normativa procesal constitucional en las acciones de defensa sometidas a su conocimiento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0319/2023-S3 Sucre, 27 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47089-2022-95-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 053/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 775 a 780 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jonathan Javier Delgadillo contra Pedro Gutiérrez Vidaurre, Alcalde Municipal; Edson Guillermo Morales Pérez, Director Jurídico y Alfredo Hugo Céspedes Camacho, Autoridad Sumariante, todos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sacaba.
Por memoriales presentados el 25 de febrero y 7 de marzo, ambos de 2022, cursantes de fs. 327 a 332; y, 339 a 340 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
En su condición de funcionario policial, fue nombrado y se desempeñaba como Jefe de Seguridad Ciudadana en el GAM de Sacaba; asimismo, formó parte de una Comisión de recepción de equipos tecnológicos, tales como cámaras de seguridad, Uninterruptable Power Supply (UPS) 10 KVA, servidores de datos para un centro de monitoreo, alarmas y accesorios; sin embargo, con base en un Informe realizado por Ronald Rojas Hinojosa, Jefe de Contrataciones del referido ente municipal y una Comunicación Interna C.I./SD-57-2/447/2021 -de 9 de septiembre-, emitida por Flor Liz Illanes Escalier, Encargada de Mantenimiento Sistemas de Seguridad Ciudadana, del indicado Gobierno Autónomo Municipal, el 28 de octubre de 2021, fue notificado con un Auto de apertura de proceso administrativo interno instaurado en su contra y de otras personas, por haber infringido lo establecido por los arts. 9, 12, 46 y 47 del Reglamento Interno de Personal del GAM de Sacaba; 235.1 y 2 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 28 y 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-. Se indica que al haber sido parte de esa Comisión, su persona habría demostrado incapacidad, negligencia e irresponsabilidad al no verificar aspectos técnicos de los equipos recibidos, los cuales no tendrían aterramiento ni las características contratadas, en cuanto a la Memoria de Acceso Directo (RAM) que debió ser de 3 Terabytes (TB) y que sólo era de 2 TB; asimismo, debieron ser de “…24 siots DIMM y solo es 16 siots DIMM…” (sic); en cuanto al almacenamiento, debió ser de 8 discos duros de 12 TB y sólo entregaron 9 discos duros de 8 TB, además que el servidor de datos no lleva el “sticker” ni marca y el servidor es de marca SUPERMICRO; sin embargo, se entregó con un “sticker” DELL; la frecuencia de salida del UPS debió ser 50/60 HZ + 3HZ; empero, se entregó con una frecuencia de salida 50HZ; se pidió 2-IEC jumpers (batería de reserva) y sólo se entregó cable; se solicitó 4-IEC 320 C 19 (batería de reserva) y la empresa entregó una batería que no cumple con las conexiones de salida. De lo señalado, se advierte que para la recepción de dichos equipos, se requiere de conocimientos técnicos y tecnológicos, y al ser su persona un funcionario policial y parte de la Comisión de recepción, recibió esos equipos; sin embargo, al no tener los conocimientos referidos, no pudo reclamar los aspectos técnicos observados; los cuales además llevaban “stickers” precintados que no se podían alterar, “bajo alternativa” de perder la garantía, debiendo ser la empresa la que tendría que responder por el incumplimiento de las especificaciones técnicas de compra y venta suscritas entre ella y el GAM de Sacaba. La Autoridad Sumariante ahora coaccionada, no demostró, fundamentó ni motivó como es que su persona al firmar el acta de recepción de equipos tecnológicos vulneró lo establecido en los preceptos jurídicos por los cuales se inició el proceso administrativo; además, no existe congruencia entre lo que se le acusa y dichas normas. No incurrió en faltas graves o gravísimas, tampoco infringió la Ley de Administración y Control Gubernamentales ni la Constitución Política del Estado, siendo la empresa proveedora la que actuó con mala fe e inclusive con dolo al entregar los equipos con especificaciones técnicas distintas a lo convenido. Es más, según Comunicación Interna CITE: CI/GEST/431/“201” -de 11 de noviembre de 2021-, relativa al Informe de revisión de bienes entregados por la empresa Servicios Especiales de Telecomunicaciones Bolivia SETBOL Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), según órdenes de compra ANPE 129/2020 y ANPE 131/2020, emitidas por Elio Zapata Sandoval, señaló que no pudo identificar claramente la marca y modelo del UPS instalado en el Data Center de Radio Patrullas 110, no obstante de ser el mencionado el Jefe del Gobierno Electrónico y Sistemas Tecnológicos del GAM de Sacaba. La Resolución de 18 de noviembre de 2021, emitida por la Autoridad Sumariante -coaccionada- es incongruente con la acusación; ya que, se limita a resolver conforme a lo estipulado por el art. 29 de la LACG en concordancia con lo dispuesto por el art. 21 inc. f) del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 modificado por el DS 26237 de 1 de julio de 2001; es decir, mencionando sus atribuciones. Así también, se advierte la falta de motivación e incongruencia; puesto que, omite pronunciarse sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados, como el pedir -se indique- en qué parte -artículo o inciso-del Reglamento Interno de Personal del GAM de Sacaba, la Ley de Administración y Control Gubernamentales y la Norma Fundamental se adecúa la acusación; siendo incongruente ya que se le acusa de demostrar incapacidad, negligencia e irresponsabilidad en su trabajo, señalando que se infringieron las normas por las cuales se inició el proceso administrativo; sin embargo, en la parte dispositiva señala solamente sus atribuciones que no guardan relación con la acusación. Se interpone la acción de amparo constitucional contra las autoridades señaladas que intervinieron en el proceso administrativo seguido en su contra, quienes lesionaron sus derechos.
El imperante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; al trabajo, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; añadiendo en audiencia a la honra, al honor y a la propia imagen; así como el principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 13.I, 46.I y II, 115, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se deje sin efecto: a) La Resolución de 18 de noviembre de 2021, emitida por la Autoridad Sumariante -coaccionada-; b) La Resolución Administrativa (RA) 94 de 7 de diciembre de igual año, de proceso sumario interno de 7 de igual mes y año, emitida dentro del recurso de revocatoria planteado; y, c) La RA 002/2022 de 12 de enero, pronunciada dentro del recurso jerárquico.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 771 a 774, presentes el peticionante de tutela asistido por su abogado y los accionados asistidos por su abogado y representante legal, se produjeron los siguientes actuados.
El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia, manifestó que: 1) De acuerdo a sus funciones relativas a su cargo, le corresponde implementar la política municipal de seguridad y atender demanda de la población; no encontrándose dentro de sus funciones, el conocimiento de aspectos técnicos; 2) Se indica que incumplió las normas por las cuales se le inició el proceso administrativo, sin detallar qué habría infringido específicamente; 3) Se le impuso como falta grave una sanción económica del 20% de su salario, haciendo referencia a “…reincidir en conducta de falta grave…” (sic), siendo que no reincidió en ninguna conducta establecida por los arts. 46 y 47 de Reglamento Interno de Personal del GAM de Sacaba; 4) La Resolución emitida por la Autoridad Sumariante -coaccionada- no cuenta con la debida motivación y fundamentación; asimismo, se indica que existe responsabilidad administrativa sin mencionar qué artículo hubiera vulnerado. Ninguno de los artículos tiene correspondencia con lo que determinó en cuanto a la recepción de equipos; 5) Contra la Resolución de 18 de noviembre de 2021, emitida por la Autoridad Sumariante -coaccionada-, se interpuso recurso de revocatoria, cuya decisión confirmó dicha Resolución, así también, se interpuso recurso jerárquico, emitiéndose la Resolución Administrativa respectiva que confirmó la Resolución recurrida. En esta última Resolución se indicó que de acuerdo a lo establecido por el art 39 inc. 1) de la “Ley de Administración de Bienes y Servicios” (sic) -siendo lo correcto DS 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de 28 de junio de 2009- el responsable de la recepción -y los integrantes de la Comisión de recepción- deberán ser servidores públicos de la entidad técnicamente calificados, y su persona no tiene ningún conocimiento sobre los equipos entregados; y, 6) Se lesionó además, su derecho a la honra, al honor y a la propia imagen.
Pedro Gutiérrez Vidaurre, Alcalde; Edson Guillermo Morales Pérez, Director Jurídico y Alfredo Hugo Céspedes Camacho, Autoridad Sumariante, todos del GAM de Sacaba, mediante informe escrito presentado por su representante legal, cursante de fs. 752 a 767 vta., así como en audiencia indicaron que: i) Teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional relativa a la fundamentación y motivación, se tiene de la revisión y análisis de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, la RA 94 y la RA 002/2022 de 12 de enero, las mismas se ciñen a la estructura recomendada por dicha jurisprudencia; ii) El 27 de octubre de 2021, se dispuso la apertura del proceso administrativo sumario interno contra el impetrante de tutela y otros, por la presunta transgresión de lo establecido por el art. 235.1 y 2 de la CPE, infracciones concordantes con lo previsto en los arts. 28 y 29 de la LACG; art. 15 del DS 23318-A y los arts. 9, 12, 46 y 47 del Reglamento Interno de Personal del GAM de Sacaba; por faltas en el ejercicio de sus funciones, relativos a la recepción de productos de bienes y servicios identificados en el proyecto UC-195/2020 para la implementación de centros de monitoreo de vigilancia (adquisición de un UPS 10 KVA y un servidor de datos para el centro de monitoreo de Radio Patrullas 110 del municipio de Sacaba); y, el proyecto UC-191/2020 para la adquisición de cámaras, alarmas y accesorios de seguridad ciudadana para los Distritos 2 y 3; la adquisición de nueve cámaras de video vigilancia y ocho alarmas de rápida respuesta para el Distrito 2 (Quintanilla) y Distrito 3 (Pacata), en los que se puede evidenciar irregularidades e inconsistencias en la recepción de los mismos; en virtud de los cuales se acredita de manera objetiva la existencia de indicios de responsabilidad por parte de las dos comisiones de recepción; iii) El peticionante de tutela en su calidad de Jefe de Seguridad Ciudadana del GAM de Sacaba, el 29 de diciembre de 2020, previa revisión técnica y física de los bienes descritos, junto con los demás miembros de las comisiones de recepción designadas, proceden a recibir los mismos de la empresa SETBOL S.R.L. actuando en representación del referido ente municipal, quien demostró negligencia e irresponsabilidad en su fuente de trabajo, incumpliendo sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, al firmar el acta de recepción de bienes y servicios sin la debida verificación de los insumos recibidos, evidenciándose irregularidades e inconsistencias en la recepción de los mismos; lo que demostró la existencia de indicios de responsabilidad, que fueron verificados en el proceso administrativo sumario interno y la vulneración del Reglamento Interno de Personal del GAM de Sacaba; iv) Cabe hacer notar que los servidores públicos que fueron parte de las Comisiones de recepción obraron en representación del referido Gobierno Autónomo Municipal; por lo que, no pueden abstraerse de esa responsabilidad asumida de mutuo propio o por designación, pues de no querer ser parte de la Comisión señalada, bien podían excusarse; v) La Autoridad Sumariante -coaccionada- estableció que los bienes y servicios entregados no cumplían con las especificaciones técnicas descritas en las órdenes de compra, aspecto que fue de conocimiento del accionante, como se evidencia en la Nota de 21 de septiembre de 2021, por la cual la Empresa SETBOL S.R.L. le hizo conocer la entrega física de accesorios correspondientes a la orden de compra ANPE 131/2020; así como en la Nota de 12 de octubre de igual año, mediante la cual dicha empresa hizo un compromiso de entrega de accesorios que correspondían a la orden de compra ANPE 129/2020, lo que demuestra que no cumplió con la entrega de bienes y servicios ni con las especificaciones técnicas descritas en dichas órdenes de compra y el impetrante de tutela no verificó su cumplimiento, existiendo omisión e inobservancia a la normativa; vi) Así también, la indicada Autoridad Sumariante de la declaración informativa de Flor Liz Illanes Escalier, Encargada de Mantenimiento de Sistemas de Seguridad ciudadana, pudo establecer que el peticionante de tutela le indicó a la nombrada que no informe de todo lo sucedido, que él se encargaría de hablar con la empresa y solucionar todo el asunto; quien además, solicitó a dicha empresa reponer de a poco los bienes y servicios faltantes, existiendo informes de la misma donde indicaban las cosas que estaban reponiendo; existiendo cajas de controles de alarma en oficinas del accionante y fotos e informes de dicha empresa sobre las reposiciones que se hicieron al servidor en el centro de monitoreo Radio Patrullas 110. En ese sentido, su declaración informativa contiene información falsa ya que indicó que desconocía de la reposición de bienes y servicios por parte de la empresa, siendo que por lo antes referido en realidad se demostró lo contrario; vii) La Autoridad Sumariante -coaccionada- estableció la existencia de responsabilidad administrativa del impetrante de tutela por omisión en el desempeño de sus funciones, por falta de eficacia y eficiencia en sus funciones e incumplimiento de deberes y funciones, vulnerando lo establecido por los arts. 29 de la LACG;
235.1 y 2 de la CPE y el art. 9 del Reglamento Interno de Personal del GAM de Sacaba; es decir, debió realizar las denuncias respectivas desde el momento en que detectó irregularidades e inconsistencias en la entrega de bienes y servicios, y no intentar encubrir a la empresa, admitiendo que reponga los bienes y servicios faltantes, lo que tampoco se ajustó a las especificaciones técnicas de los insumos requeridos y pagados, avizorándose la existencia de un posible daño económico a la citada entidad municipal y al Estado; viii) La Resolución de 18 de noviembre de 2021, impugnada a través de la presente acción tutelar, no adolece de ningún fundamento constitucional o legal, es así que en su contenido de manera objetiva se aprecia la exposición de los fundamentos legales en los cuales la Autoridad Sumariante -coaccionada- motivó su Resolución; además, cumple con todos los requisitos formales de una resolución, fundamentalmente con la estructura resolutiva; ix) Contra la RA 94, emitida por la indicada Autoridad Sumariante en grado de revocatorio, el peticionante de tutela interpuso recurso jerárquico; sin embargo, en la presente acción de defensa, no se advierte una impugnación objetiva contra la RA 002/2022; x) En los fundamentos de la RA 002/2022 se hizo constar que: a) El accionante como servidor público, se encuentra sometido a la disposiciones establecidas en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, el DS 23318-A y la Ley del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-; b) Del análisis de la prueba del proceso sumario se pudo determinar que la empresa SETBOL S.R.L. no hizo la entrega de los equipos conforme a los términos de referencia ni las órdenes de compra; sin embargo, dentro del año de garantía, pretendió subsanar y completar la entrega de equipos faltantes y así cubrir las irregularidades cometidas; asimismo, que los responsables de la comisión de recepción, tampoco hicieron una revisión técnica de dichos equipos al momento de recibirlos, incumpliendo con sus funciones, generando responsabilidad administrativa y presunta responsabilidad penal y civil; c) Respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, se señaló que la mencionada Autoridad Sumariante compulsó correctamente la prueba, actuando en el marco normativo de la Constitución Política del Estado y normas conexas, sin vulnerar ningún derecho; además, cumplió los plazos procesales notificando al administrado y garantizando su derecho a la defensa y presentación de pruebas; y, d) En cuanto al non bis in ídem, se indicó que el recurrente no fue sancionado dos veces por un mismo hecho, sino que la conducta asumida contravino el ordenamiento jurídico de la institución que regula su conducta, así como la vulneración del Código Penal, encontrándose frente a la lesión de dos normas jurídicas independientes la una de la otra. Por todo lo expuesto, solicitan se deniegue la tutela impetrada; y, xi) El impetrante de tutela se encontraba a cargo de la unidad requirente al ser el encargado de la seguridad ciudadana; además, no se requería de conocimientos especializados para realizar la comparación de datos; puesto que, en el pliego de especificaciones técnicas así como en el contrato se especificó las características de los insumos y lo que correspondía era contrastarlos con los bienes adquiridos; y eso fue lo que omitió el peticionante de tutela, quien si consideraba que no estaba capacitado para la recepción de esos insumos, podía haberse excusado y no lo hizo; empero, en ningún momento manifestó su disconformidad con los bienes que le fueron entregados.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 053/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 775 a 780 vta., denegó la tutela solicitada, dejando sin efecto la medida cautelar dispuesta en el Auto de 8 de marzo de 2022 -de Admisión-, decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: 1) El accionante identifica como el acto vulneratorio de sus derechos, la Resolución de 18 de noviembre de 2021, que estableció la existencia de responsabilidad administrativa en su contra, determinando la sanción económica de multa de 20% del líquido pagable de su haber mensual por única vez; así como indicios de responsabilidad civil y penal; es decir, que no precisamente identifica como actos lesivos a las Resoluciones del recurso de revocatoria y jerárquico, ya que pide se deje sin efecto dicho “Auto” y las subsecuentes actuaciones; 2) De las observaciones expuestas con relación a la mencionada Resolución, se tiene que su reclamo gira en torno a la misma, siendo que en el proceso administrativo rigen los mecanismos de revisión de actos administrativos, como los recursos de revocatoria y jerárquico; 3) Al haberse activado esos recursos, la etapa que pone fin al proceso administrativo es el recurso jerárquico y su respectiva resolución, siendo esta la que únicamente podría cuestionarse mediante la acción de amparo constitucional, de acuerdo al principio de subsidiariedad; 4) Al existir recursos dentro del citado proceso, no podría reclamarse directamente la resolución inicial; sin embargo, el impetrante de tutela reclamó de manera directa la Resolución de 18 de noviembre de 2021, que vulneraría sus derechos y si bien solicita que la misma quede deje sin efecto; empero, no fundamentó ni señaló a la “Resolución de Recurso Jerárquico” como lesiva de sus derechos; por lo que, al no existir carga argumentativa, no podría ingresarse a analizar esa “Resolución jerárquica”, para establecer si en la -emisión de la- misma se actuó de acuerdo a los antecedentes y los reclamos que hubiera realizado el peticionante de tutela; ya que en caso de otorgarse la tutela solicitada, sólo se debe dejar sin efecto la “Resolución de Recurso Jerárquico” para que se dicte una nueva resolución; sin embargo, en el presente caso, no se fundamentó cómo esa Resolución vulneró derechos, situación que impide su análisis por ausencia de carga argumentativa; 5) Respecto al reclamo de que las normas administrativas que eventualmente no fueron correctamente interpretadas, además que no se demostró que su conducta se adecuaría a alguna de ellas, son extremos que constituyen interpretación de la legalidad ordinaria; sobre ese extremo se debe considerar la jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0023/2018-S3 de 8 de marzo y 0267/2021-S3 de 26 de mayo; y, 6) Con relación al cuestionamiento de la falta de análisis, fundamentación y motivación; al respecto, por la relevancia constitucional no todas las actuaciones judiciales o administrativas, como en el presente caso eventualmente insuficientes, equivocadas o con error, necesariamente son supresoras del derecho al debido proceso y por ello no todos los errores procesales son merecedores de la tutela que brinda la acción de defensa. El accionante no estableció cómo en caso de dejarse sin efecto las Resoluciones Administrativas, la nueva que se emita tenga un resultado diferente; tampoco identificó el nexo causal de los hechos fácticos y las normas administrativas, que evidencia la vulneración de derechos. En audiencia (fs. 773 vta.), en la vía de enmienda y complementación, el impetrante de tutela solicitó se aclare sobre la falta de remisión -envío- del Reglamento Interno de Personal del GAM de Sacaba por parte de los accionados y que no fue tomado en cuenta ese extremo en la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional. Al respecto, los Vocales Constitucionales rechazaron la solicitud de enmienda y complementación, señalando que los institutos de la aclaración, enmienda y complementación, son distintos; por lo que, no pueden manejarse como uno solo, debiendo precisarse y fundamentar la razón del porqué de su aplicación; en ese sentido, el peticionante de tutela hizo una alusión indistinta de dichos institutos, sin tener en cuenta que los mismos tienen una naturaleza diferente; además, no discriminó cada uno de ellos. Por otra parte, la Resolución emitida fue clara respecto a los motivos que los condujeron a determinar de la manera en que lo hicieron, no existiendo nada que aclarar o argumentar; además, si consideraba que no se remitieron las actuaciones solicitadas, debió realizar su reclamo al inicio de la citada audiencia; consecuentemente, al no hacerlo en su momento se tiene que precluyó su derecho. Finalmente, respecto a la normativa que menciona, la misma fue disgregada puntualmente, determinándose que ello corresponde a la legalidad ordinaria, sobre la cual no existió la suficiente carga argumentativa (fs. 773 a 774).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de 18 de noviembre de 2021, por la cual Alfredo Hugo Céspedes Camacho, Autoridad Sumariante del GAM de Sacaba -hoy coaccionado- estableció, entre otros aspectos, la existencia de responsabilidad administrativa de Jonathan Javier Delgadillo -ahora accionante-, determinando la sanción económica de multa de un veinte por ciento del líquido pagable de su haber mensual por única vez; así como indicios de responsabilidad civil y penal (fs. 22 a 28 vta.). II.2. A través de memorial presentado el 26 de noviembre de 2021, el impetrante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución de 18 de igual mes y año (fs. 2 a 12 vta.), mereciendo la RA 94 de 7 de diciembre del mismo año, por la cual la Autoridad Sumariante coaccionada, confirmó en todas sus partes la Resolución impugnada (fs. 35 a 39). II.3. Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2021, el peticionante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la RA 94 (fs. 13 a 21); emitiendo Pedro Gutiérrez Vidaurre, Alcalde Municipal del GAM de Sacaba -ahora accionado-, con la firma de Edson Guillermo Morales Pérez, Director Jurídico -hoy coaccionado-, la RA 002/2022 de 12 de enero, mediante la cual confirmó en todas sus partes la Resolución “Sumarial” 94, -disponiendo-ejecutar lo establecido en la Resolución “Sumarial” de 18 de noviembre de 2021, debiendo procederse conforme a los lineamientos y directrices establecidas en las normas vigentes (fs. 29 a 34).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; al trabajo, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, añadiendo en audiencia a la honra, al honor y a la propia imagen, así como el principio de seguridad jurídica; puesto que, en su condición de funcionario policial y mientras se desempeñaba como Jefe de Seguridad Ciudadana en el GAM de Sacaba, formó parte de una Comisión de recepción de equipos tecnológicos; a raíz de lo cual se le inició un proceso administrativo interno, indicando que demostró incapacidad, negligencia e irresponsabilidad al no verificar los aspectos técnicos de los equipos recibidos; en ese sentido, se emitió la Resolución de 18 de noviembre de 2021, que estableció la existencia de responsabilidad administrativa e indicios de responsabilidad civil y penal; decisión que fue confirmada por RA 94 de 7 de diciembre de igual año, la cual una vez recurrida, también fue confirmada en todas sus partes por RA 002/2022 de 12 de enero; fallos que no cuentan con la debida fundamentación, motivación y congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a esta temática, la SCP 0447/2020-S3 de 27 de agosto, citando a la SCP 0598/2019-S1 de 22 de julio, estableció que: «El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”. Es así que, el debido proceso en cuanto a su núcleo esencial y los elementos constitutivos del mismo, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, entre otras, a través de la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, que señaló: “La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPEabrg ahora por el art. 115.II de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras”. En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso, este Tribunal, en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”, requisito que tiene mayor importancia en los tribunales de última instancia.
En ese contexto, los citados entendimientos reiterados ampliamente por la jurisprudencia constitucional resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales, administrativas o por el Ministerio Público, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, es decir que tanto la fundamentación como la motivación se constituyen en elementos esenciales de toda resolución pues son estructurantes del debido proceso como garantía jurisdiccional, más aún cuando se trata de conocer y resolver solicitudes que involucran la resolución de la situación jurídica de un privado de libertad» (las negrillas son nuestras). Por su parte la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita” (el resaltado fue añadido). Así también, respecto a la congruencia como parte del debido proceso, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió dicho principio en sus vertientes interna y externa como el: “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, refiriéndose a la incongruencia omisiva y aditiva, asumió el siguiente entendimiento: “…debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa”.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; al trabajo, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, añadiendo en audiencia a la honra, al honor y a la propia imagen, así como el principio de seguridad jurídica; puesto que, en su condición de funcionario policial y mientras se desempeñaba como Jefe de Seguridad Ciudadana en el GAM de Sacaba, formó parte de una Comisión de recepción de equipos tecnológicos; a raíz de lo cual se le inició un proceso administrativo interno, indicando que demostró incapacidad, negligencia e irresponsabilidad al no verificar los aspectos técnicos de los equipos recibidos; en ese sentido, se emitió la Resolución Administrativa de 18 de noviembre de 2021, que estableció la existencia de responsabilidad administrativa e indicios de responsabilidad civil y penal; decisión que fue confirmada por RA 94 de 7 de diciembre de igual año, la cual una vez recurrida, también fue confirmada en todas sus partes por RA 002/2022 de 12 de enero; fallos que no cuentan con la debida fundamentación, motivación y congruencia. De la revisión de los antecedentes se advierte que una vez realizados los procesos de contratación para la adquisición de: i) Cámaras, alarmas y accesorios de seguridad ciudadana para los Distritos 3 y 2. Adquisición de nueve cámaras de video vigilancia y ocho alarmas de rápida respuesta, para el Distrito 2 (Quintanilla) y Distrito 3 (Pacata) (fs. 718 a 751); y, ii) Un equipo UPS de 10 KVA y un servidor de datos, todos destinados al GAM de Sacaba, y su adjudicación a la empresa SETBOL S.R.L.; se realizó la suscripción de las órdenes de compra ANPE 129/2020 (fs. 98 a 100) y 131/2020 (fs. 92 a 94), ambas de 24 de diciembre de 2020; procediéndose el 29 del citado mes y año, a la suscripción de las respectivas actas de recepción (fs. 101 a 102; y, 95 a 96, respectivamente) de los productos contratados por parte de las Comisiones de Recepción, en las que intervino el peticionante de tutela en calidad de Jefe de Seguridad Ciudadana, así como el Encargado de Mantenimiento de Sistemas de Seguridad Ciudadana y los Encargados de Activos Fijos, todos ellos del GAM de Sacaba, quienes suscribieron dichas actas en señal de conformidad. El 9 de septiembre de 2021, Flor Liz Illanes Escalier, Encargada de Mantenimiento Sistemas de Seguridad Ciudadana del GAM de Sacaba, mediante comunicación interna con CITE: CI/SD-57-2/447/2021 remitió un informe a Pedro Gutiérrez Vidaurre -Alcalde ahora accionado-haciéndole conocer irregularidades en las adquisiciones de cámaras de video vigilancia, alarmas y centro de monitoreo de Radio Patrullas 110, e inconsistencias en los detalles técnicos en la recepción del servidor y alarmas de rápida respuesta, según las especificaciones técnicas consignadas en las referidas órdenes de compra (fs. 90 a 91); asimismo, Ronald Rojas Hinojosa, Jefe de Contrataciones de la misma entidad municipal, a través del informe con CITE: INF/SF-DAD-26-0/006/2021 de 30 de septiembre, dirigido al Alcalde accionado, y con base en la comunicación interna antes referida, concluyó que al existir indicios de responsabilidad por parte de la Comisión de recepción designadas para recibir los productos contratados, recomendaba se remitan antecedentes a la Autoridad Sumariante para que se inicien las acciones legales correspondientes contra los servidores públicos que intervinieron en la recepción de dichos bienes y las respectivas acciones legales contra el proveedor de los mismos (fs. 88 a 89). En ese sentido, Alfredo Hugo Céspedes Camacho, Autoridad Sumariante -coaccionada-, emitió el Auto de 27 de octubre de 2021, disponiendo la apertura de proceso administrativo interno contra el accionante y los demás miembros de las Comisiones de recepción, por la presunta transgresión de lo establecido por el art. 235.1 y 2 de la CPE, infracciones concordantes con lo previsto en los arts. 28 y 29 de la LACG; 15 del DS 23318-A y con relación a lo estipulado por los arts. 9, 12, 46 y 47 del Reglamento Interno de Personal del GAM de Sacaba, al haber demostrado incapacidad, negligencia e irresponsabilidad en su fuente de trabajo, incumpliendo sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, al proceder a verificar, comprobar y posteriormente firmar las actas de recepción de bienes y servicios -contratados-, dando su conformidad en cuanto al cumplimiento de sus especificaciones técnicas y o términos de referencia; motivo por el cual, al evidenciar irregularidades e inconsistencias en la recepción de dichos bienes, que demuestran la existencia de indicios de responsabilidad por parte de esas Comisiones de recepción designadas, según la responsabilidad por la función pública, debían responder por los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones (fs. 82). Luego del trámite procedimental respectivo, la Autoridad Sumariante -coaccionada-, emitió la Resolución de 18 de noviembre de 2021, mediante la cual estableció, entre otros aspectos, la existencia de responsabilidad administrativa del impetrante de tutela; por lo que, en aplicación de lo dispuesto por el art. 29 de la LACG en concordancia con el art. 21 inc. f) del DS 23318-A modificado por el DS 26237, se determinó la sanción económica de multa de un 20% del líquido pagable de su haber mensual por única vez; así como indicios de responsabilidad civil y penal, en cuanto a esta última, recomendando a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) remitir antecedentes al Asesor Externo Penalista para el inicio de las acciones legales correspondientes en su contra (Conclusión II.1). Contra esa Resolución el peticionante de tutela interpuso recurso de revocatoria, emitiendo la indicada Autoridad Sumariante la RA 94, por la cual confirmó en todas sus partes la Resolución impugnada -de 18 de noviembre de 2021- (Conclusión II.2) y una vez planteado el recurso jerárquico contra la RA 94, el Alcalde accionado pronunció la RA 002/2022, que confirmó en todas sus partes la misma, -disponiendo- ejecutar lo establecido en la Resolución
“Sumarial” de 18 de noviembre de 2021, debiendo procederse conforme a los lineamientos y directrices establecidos en las normas vigentes (Conclusión II.3). Previamente a ingresar a analizar la problemática planteada se evidencia que a través del presente medio de defensa constitucional de carácter tutelar, el accionante identifica como los actos conculcatorios de sus derechos, a las determinaciones asumidas por la Autoridad Sumariante -coaccionada- en la Resolución de 18 de noviembre de 2021, que estableció la existencia de responsabilidad administrativa en su contra, e indicios de responsabilidad civil y penal; y en la RA 94, emitida por la misma autoridad que confirmó esa determinación en todas sus partes; así como en la RA 002/2022 pronunciada por el Alcalde accionado y suscrita además por el Director Jurídico coaccionado; sin embargo, corresponde aclarar que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede emitir un pronunciamiento sobre las Resoluciones emitidas por la indicada Autoridad Sumariante; puesto que, no se constituye en una etapa recursiva adicional o paralela de la jurisdicción administrativa; en tal sentido, bajo el principio de subsidiariedad, la revisión solo se realizará a partir de la RA 002/2022, la cual según lo establecido por los arts. 25 y 28 del DS 23318-A modificado por el DS 26237, pudo corregir, reparar, revocar y/o anular cualquier presunto error o ilegalidad generada en la emisión de la RA 94, que confirmó en todas sus partes la Resolución -inicial- de 18 de noviembre de 2021, las cuales como se tiene indicado no ameritan ser analizadas por esta jurisdicción. Establecidos los antecedentes procesales y estando claramente delimitada la competencia de esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, y considerando que una de las principales denuncias recae en la falta de fundamentación, motivación y congruencia de la RA 002/2022; a fin de resolver esa problemática identificada en la presente acción de defensa, corresponde previamente conocer cuáles fueron los argumentos del recurso jerárquico planteado por el peticionante de tutela contra la RA 94, siendo estos los siguientes: a) Los agravios ocasionados por la Resolución impugnada, no fueron tomados en cuenta por la Autoridad Sumariante, quien respecto a cada una de las denuncias de vulneración de derechos y garantías constitucionales, realizó aseveraciones personales del procesado, cuando su trabajo era realizar un justificativo de su trabajo como autoridad sumariante “…y no como justificativos al procesado…” (sic); b) Se indica que su persona estaría pretendiendo hacer incurrir -en error- a la autoridad administrativa, faltando a la verdad material, siendo que de acuerdo al principio de supremacía de la constitución, sus denuncias se basaron en la vulneración de derechos y garantías constitucionales; sin embargo, la Autoridad Sumariante coaccionada, pretende aplicar la primacía del principio de verdad material, y no así de los derechos y garantías que están por encima de los principios;
c) Teniendo en cuenta la jerarquía normativa establecida por el art. 410 de la CPE, también debió aplicarse -a su caso- dicha Norma Suprema “por sobre” cualquier Ley nacional y/o municipal; por lo que, la Autoridad Sumariante -coaccionada- no respetó el derecho al debido proceso y no dio cumplimiento a lo establecido por el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto al carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional; además, se debe tener en cuenta que al momento de aplicar cualquier sanción o proceso sancionatorio contra las personas, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el país y que declaren derechos más favorables, se deben aplicar con preferencia a la propia Constitución Política del Estado;
d) La Resolución impugnada se refirió a su persona con total falta de respeto y sin considerar los antecedentes del propio proceso, ya que se tildan de falsas sus aseveraciones, siendo que las declaraciones de los co-procesados respaldan sus afirmaciones, porque ninguno de ellos, a excepción del Técnico en Sistemas, son expertos o peritos “en el área” y que si accedieron a firmar, era previo el visto bueno del “Ingeniero Raúl Vera”; por lo que, no encuentra falsa su aseveración. En cuanto a los detalles técnicos, se ratifica en sus apreciaciones de no ser un técnico en equipos o en sistemas, aspecto que tampoco demostró la Autoridad Sumariante -coaccionada-;
e) Se señala que se presume la existencia de dolo en su actuar, de ser así, la Resolución emitida en su contra se encuentra sustentada en meras suposiciones y presunciones, y cuando pensaba el investigador averiguar la verdad o determinar hechos ciertos, pretende hacer creer que su persona estaría encubriendo a la empresa SETBOL S.R.L., sin indicar de qué forma o porqué razón, tendría que encubrir a esa empresa, cuando en su primera declaración, que tampoco fue tomada en cuenta por dicha Autoridad, solicitó que se investigue a la referida empresa y a quienes decidieron contratar a la misma;
f) Se señala que hubo falta de eficacia y eficiencia en su accionar, cuando fue la Autoridad Sumariante -coaccionada- quien actuó de esa manera, al no tomar en cuenta su declaración. Además, porqué dicha Autoridad en lugar de unificar el proceso lo dividió emitiendo una Resolución en su contra a parte de los co-procesados, acaso era preferible gastar más recursos humanos y económicos para justificar su trabajo. La indicada Autoridad no se dirigió a la empresa SETBOL S.R.L. a objeto de solicitar información y/o documentación respaldatoria, con relación a las observaciones sobre los equipos entregados;
g) No se puede concebir la existencia de una resolución sancionatoria, cuando no se agotaron todos los mecanismos que puedan conducir al esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos; puesto que, todos los elementos no investigados hubieran corroborado que su persona no tenía conocimiento sobre las observaciones realizadas a los equipos adquiridos, tampoco sobre la existencia de la empresa, sus propietarios y/o representantes. No es posible que fuera sancionado por una investigación deficiente, negligente e ineficiente;
h) Mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, fue sancionado con base en lo dispuesto por el art. 29 de la LACG en concordancia con el art. 21 inc. f) del DS 23318-A modificado por el DS 26237, siendo que en el Auto de “Sumario de Proceso Interno” de 27 de octubre de 2021, no se tomó en cuenta lo establecido en el citado art. 21 inc. f), y mediante RA 94 se ratificó esa Resolución sin considerar ninguno de sus argumentos denunciados en el recurso de revocatoria;
i) Considerando lo establecido por el art. 29 de la LACG, la Autoridad Sumariante debió detallar la acción concreta que contravino un determinado ordenamiento jurídico; sin embargo, la Resolución impugnada -se entiende RA 94- se basa únicamente en normas generales y no específicas; por lo que, no existiendo una base legal sobre la que se le pueda sancionar, correspondía la anulación de dicha Resolución. De las normas jurídicas sobre las que fue procesado, la referida Autoridad Sumariante no pudo demostrar que tenga más de los retrasos permitidos al mes, faltas a su fuente laboral, acumulación de memorándums de llamadas de atención en el mes, que haya obstaculizado al control de personal o esté hostigando al mismo; aspecto que fue reclamado al ofrecer su prueba de descargo pero que no fue tomado en cuenta al momento de emitirse la Resolución impugnada; puesto que, se observó la inexistencia de una norma específica sobre la cual estaría siendo sometido a proceso, lo que lo dejaría en total indefensión, al no conocer los extremos sobre los cuáles asumir su defensa, lesionando el derecho al debido proceso; j) Se trató de adecuar los supuestos hechos a lo establecido por el art. 9 del EFP, tratando de subsanar un defecto del Auto de 27 de octubre de 2021, ya que en el mismo jamás se le informó que sería investigado por dicha norma, dejándolo en indefensión; y, k) Se vulneró el principio non bis in ídem, ya que en la parte resolutiva de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, se estableció la existencia de responsabilidad administrativa en su contra, determinándose una sanción económica de multa del 20% de líquido pagable de su haber mensual; sanción que se constituye en una condena equiparable al proceso penal; además, se estableció la remisión de antecedentes al Asesor Externo Penalista, para el inicio de acciones legales correspondientes; pretendiendo la Autoridad Sumariante -coaccionada- sancionarlo dos veces por el mismo hecho; con una multa y con una condena en la vía penal. Frente a esos cuestionamientos, el Alcalde accionado y el Director Jurídico coaccionado, en la RA 002/2022, expuso los siguientes argumentos: 1) El accionante y los otros denunciados suscribieron conjuntamente con la empresa SETBOL S.R.L. el acta de recepción de los bienes contratados dando su conformidad con los productos entregados, habiendo realizado previamente la revisión técnica y física de todos los bienes conforme al pliego de especificaciones técnicas, sin discriminar y/o establecer que sólo el encargado de mantenimiento de sistemas de seguridad ciudadana sea el que recibe los productos que se entregan; al respecto se tiene a lo establecido por el art. 39.II del DS 0181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, respecto a las funciones del responsable de recepción y la comisión de recepción; 2) De lo referido se establece que no hubieron observaciones a los productos entregados por dicha empresa; sin embargo, de acuerdo al informe emitido por la Encargada de Mantenimiento Sistemas de Seguridad ciudadana del GAM de Sacaba y su declaración informativa, se advierte lo contrario; puesto que, se percató de algunas irregularidades e inconsistencias en dicha entrega, ya que de la inspección física de los equipos, constató que los mismos no cumplían los términos de referencia, aspectos que fueron de conocimiento del impetrante de tutela; además, la mencionada empresa en su presencia repuso la capacidad del servidor de datos, entre otras cuestiones técnicas; situación que se corrobora de la documentación presentada por dicha empresa, en la cual señala que realizó la entrega física de accesorios faltantes y se comprometió a la entrega de accesorios de las alarmas vecinales faltantes en un plazo de quince días;
3) En su declaración informativa, el peticionante de tutela afirma y corrobora que no realizó la revisión técnica de los equipos por no ser especialista en el área, y que al momento de recepcionar los mismos quien verificó la entrega y el tema de especificaciones técnicas fue “Raúl Vera”, que era el encargado de Sistemas de Seguridad Ciudadana, y fue el mencionado que dio el visto bueno de los equipos entregados. Al respecto, el no ser especialista no le quita la responsabilidad que tenía de realizar una revisión de esos equipos conforme a lo establecido por el art. 39.II del DS 0181;
4) El accionante indicó en su declaración que no tuvo conocimiento de la reposición y entrega de equipos faltantes, siendo que la empresa presentó documentación en ese sentido en la Jefatura de Seguridad Ciudadana a su cargo; por lo que, no puede alegar desconocimiento de esa situación; 5) El impetrante de tutela solicitó que se notifique a la empresa SETBOL S.R.L. para que presente un informe, el cual fue remitido haciendo conocer una cronología de todo el proceso de contratación y que dio cumplimiento al mismo, habiéndose verificado los equipos que fueron instalados y en funcionamiento; cuyo contenido no desvirtúa los informes que evidencian las irregularidades en los equipos entregados e inconsistencias en sus detalles técnicos, y tampoco se pronuncia sobre los equipos entregados posteriormente ni sobre la solicitud de un plazo de quince días para completar la entrega de dichos equipos; aspectos que demuestran que esa empresa no entregó los productos conforme a los términos de referencia ni las órdenes de compra, pretendiendo dentro del año de garantía, subsanar y completar la entrega de equipos faltantes y así cubrir las irregularidades cometidas; por su parte los miembros de la comisión de recepción, ente ellos el peticionante de tutela tampoco hicieron una revisión técnica de los mismos incumpliendo sus funciones generando responsabilidad administrativa y una presunta responsabilidad penal y civil; 6) En cuanto a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, se advierte que la Autoridad Sumariante -coaccionada- compulsó correctamente la prueba presentada; además, cumplió con los plazos procesales, se notificó oportunamente al administrado, se garantizó el derecho a la defensa, presentación de pruebas y otros aspectos relativos a ese derecho;
7) Respecto al non bis in ídem previsto en el art. 117.II de la CPE, es importante precisar que la responsabilidad penal y disciplinaria administrativa tienen un vínculo jurídico distinto, y no son excluyentes entre sí. La responsabilidad penal se genera por toda acción u omisión tipificada como hecho punible por el ordenamiento penal vigente; la responsabilidad disciplinaria, cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento administrativo pertinente, tal como lo establece la SCP 0296/2017-S3 de 12 de abril; de lo descrito, se advierte que el recurrente -accionante-, no está siendo sancionado dos veces por un mismo hecho, sino al contrario, la conducta asumida contraviene el ordenamiento jurídico de la institución que regula su conducta, identificándose también la vulneración del Código Penal; por lo que, se encuentra frente a la vulneración de dos normas jurídicas independientes una de la otra.
Ahora bien, teniendo en cuenta la denuncia de falta de fundamentación, motivación y congruencia efectuada por el impetrante de tutela, corresponde señalar que respecto a estos elementos del derecho al debido proceso, la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, señaló que la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión asumida y la motivación viene a ser la manifestación de los razonamientos a partir de los cuales se explican los motivos de por qué el caso concreto se encuadra a la hipótesis prevista en el proceso y la norma legal y, en cuanto a la congruencia, se manifiesta que la misma es entendida como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, y la coherencia que debe tener toda resolución; es decir, la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva y que debe mantenerse en todo su contenido. Bajo ese contexto jurisprudencial y con relación a la congruencia como elemento del derecho al debido proceso, corresponde señalar que de la contrastación de los agravios o cuestionamientos expuestos por el peticionante de tutela en su recurso jerárquico planteado contra la RA 94 y los argumentos consignados por el Alcalde Municipal accionado en la RA 002/2022 ahora impugnada, no se advierte que la referida autoridad municipal hubiese enmarcado de manera específica sus aseveraciones para confirmar la Resolución impugnada, en todos los agravios identificados en el señalado recurso jerárquico. En ese sentido, de una revisión de la Resolución Administrativa emitida por dicha autoridad municipal que cuenta con la firma del Director Jurídico coaccionado, no se cuenta con un pronunciamiento o una respuesta puntual sobre lo siguiente: i) El reclamo de que los agravios ocasionados por la mencionada RA 94, no fueron tomados en cuenta por la Autoridad Sumariante -coaccionada-; ii) La intención de la indicada Autoridad Sumariante de pretender aplicar el principio de verdad material por encima del principio de supremacía constitucional, ya que sus reclamos se sustentaron en la vulneración de derechos y garantías; iii) La aplicación a su caso de la Constitución Política del Estado y de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que declaren derechos más favorables; y que la indicada Autoridad Sumariante no respetó el derecho al debido proceso, ni dio cumplimiento al carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional; iv) La falta de respeto en que incurrió la Resolución Administrativa impugnada y la -aparente- falsedad de sus aseveraciones, sin considerar que las mismas fueron respaldadas por las declaraciones de los co-procesados; v) La aseveración de que existe dolo en su actuar, al hacer creer que su persona estaría encubriendo las irregularidades de la empresa SETBOL S.R.L., sin indicar de qué manera o porqué razón tendría que hacerlo; vi) La falta de eficacia y eficiencia en su accionar y la emisión de una resolución separada del resto de los co-procesados, habiendo dividido el proceso siendo que en el Auto de Apertura de Proceso Administrativo son cuatro personas en esa calidad (fs. 20 vta.); vii) La existencia de una resolución sancionatoria que no agotó todos los mecanismos que puedan conducir al esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos, ya que su persona no tenía conocimiento sobre las observaciones realizadas a los equipos adquiridos; viii) Que fue sancionado de acuerdo a lo estipulado por el art. 29 de la LACG en concordancia con el art. 21 inc. f) del DS 23318-A modificado por el DS 26237, siendo que esta última norma no fue tomada en cuenta en el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno dictada en su contra; ix) No se detalló de manera clara la acción concreta realizada que contravino un determinado ordenamiento jurídico, considerando lo establecido por el art. 29 de la LACG. Además, se observó la inexistencia de una norma específica por la cual estaría siendo sometido a un proceso administrativo, situación que lo deja en total indefensión al no conocer los extremos sobre los cuales asumir su defensa, lesionando el derecho al debido proceso; y, x) Se trató de adecuar los supuestos hechos a lo establecido por el art. 9 del EFP, tratando de subsanar un defecto del Auto de 27 de octubre de 2021; ya que, en el mismo jamás se le informó que sería investigado por dicha norma, dejándolo en indefensión. De lo expuesto, si bien se evidencia la falta de pronunciamiento sobre los puntos específicos de reclamo identificados precedentemente; sin embargo, también se advierte que el Alcalde accionado expuso sus propios argumentos en la Resolución Administrativa hoy impugnada respecto al debido proceso; las observaciones sobre los productos entregados por la empresa SETBOL S.R.L. existiendo irregularidades e inconsistencias en dicha entrega que eran de conocimiento del accionante, quien también conocía de la reposición y entrega de equipos faltantes; y, la notificación a dicha empresa para que remita un informe; empero, los citados argumentos responden a un marco estructural de análisis diferente al propuesto por el impetrante de tutela en su recurso jerárquico, cuyos agravios claramente identificados no merecieron una manifestación ni contestación sobre el fondo de sus verdaderos cuestionamientos por parte de la indicada autoridad municipal, quien sin ninguna explicación ni justificación válida evitó referirse sobre el fondo de cada uno de ellos. Por lo referido, la omisión de consideración y respuesta a todos y cada uno de los agravios antes identificados en que incurrió el Alcalde Municipal accionado, bajo el marco del razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, conlleva la inobservancia del derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia, al no existir la estricta correspondencia entre la pretensión jurídica consignada en los cuestionamientos realizados por el peticionante de tutela y lo expresamente resuelto por la referida autoridad municipal; motivo por el cual, corresponde conceder la tutela impetrada, con la finalidad de que esos cuestionamientos sean respondidos y merezcan un pronunciamiento puntual acorde al fondo de su reclamo. En cuanto al último agravio expuesto por el accionante en su recurso jerárquico, a través del cual denuncia la vulneración del principio non bis in ídem, debido a que en la Resolución de 18 de noviembre de 2021, se estableció la existencia de responsabilidad administrativa en su contra, determinándose una sanción económica de multa del 20% de líquido pagable de su haber mensual, alegando que esa sanción se constituiría en una condena equiparable al proceso penal; además, de establecerse la remisión de antecedentes al Asesor Externo Penalista, para el inicio de acciones legales correspondientes; pretendiendo la Autoridad Sumariante -coaccionada- sancionarlo dos veces por el mismo hecho; con una multa y con una condena en la vía penal. Al respecto, en la RA 002/2022 se indicó que dicho principio previsto en el art. 117.II de la CPE, señala que: “Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho”; en ese sentido, refirió que la responsabilidad penal y disciplinaria administrativa tienen un vínculo jurídico distinto, y no son excluyentes entre sí. La responsabilidad penal se genera por toda acción u omisión tipificada como hecho punible por el ordenamiento penal vigente, y la responsabilidad disciplinaria, cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento administrativo pertinente, tal como lo establece la SCP 0296/2017-S3 de 12 de abril; motivo por el cual señaló que el impetrante de tutela no estaba siendo sancionado dos veces por el mismo hecho, sino que su actuar contravino el ordenamiento jurídico de la institución que regula dicha conducta, y que también vulneró el Código Penal; concluyendo que se encontraba frente a la vulneración de dos normas jurídicas independientes una de la otra. De lo expuesto, se advierte una respuesta puntual sobre lo específicamente cuestionado por el peticionante de tutela, quedando descartada así la denuncia de falta de congruencia sobre este agravio. En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación y motivación, corresponde señalar que la autoridad municipal accionada, con una razonable justificación argumentativa estableció que el peticionante de tutela no estaba siendo sancionado dos veces por el mismo hecho, ya que con su conducta transgredió dos normas jurídicas independientes, tanto el ordenamiento jurídico de la institución, así como también el Código Penal; señalando además, que la responsabilidad penal y administrativa disciplinaria no son excluyentes entre sí, al tener un vínculo jurídico diferente.
De lo expuesto se entiende que ambas responsabilidades pueden coexistir porque persiguen fines diferentes, ya que a través del proceso penal se busca la imposición de una sanción por la comisión de un delito; en cambio, mediante el proceso administrativo se establece la responsabilidad del funcionario en cuanto a su actuación como servidor público; por consiguiente, un mismo hecho podría motivar la aplicación de sanciones penales y disciplinarias, al perseguir las mismas fines distintos. En ese sentido, de los argumentos precedentemente analizados se evidencia una razonable fundamentación y motivación respecto a este último agravio, el cual cuenta con el respaldo normativo contenido en el art. 117.II de la CPE; así como la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0296/2017-S3; por lo que, se concluye que el argumento expuesto por el Alcalde accionado, contrariamente a lo denunciado por el accionante, se encuentra razonablemente fundado y motivado, a partir de lo cual es comprensible el tenor de sus argumentos para desvirtuar el reclamo referido a la vulneración del principio non bis in ídem; por lo expuesto corresponde denegar la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en cuanto a los elementos analizados y sobre el referido agravio. Finalmente, al no haberse expuesto un fundamento preciso sobre la forma en la cual los derechos al trabajo, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la honra, al honor y a la propia imagen, así como el principio de seguridad jurídica, fueron lesionados por la emisión de la RA 002/2022, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto.
Con relación a la actuación de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se tiene que la acción de amparo constitucional fue presentada el 25 de febrero de 2022, y subsanada el 7 de marzo del mismo año, siendo admitida por Auto de 8 del mismo mes y año, señalándose audiencia para el 31 del citado mes y año; es decir, fuera del plazo de cuarenta y ocho horas establecido en el art. 56 del CPCo, advirtiéndose la inobservancia del plazo previsto en la citada norma. Asimismo, se advierte que celebrada la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, el 31 de marzo de 2022, acto procesal en el que se emitió la Resolución 053/2022 objeto de revisión, la misma que luego de las notificaciones realizadas el 13 de abril del mismo año, fue remitida recién el 19 del mes y año indicados, como se aprecia en el descargo del courrier (fs. 786); es decir, después de diecinueve días de haber sido resuelta, denotando ello la falta de cuidado y celeridad en la tramitación de la causa, y sobre todo el incumplimiento de plazos.
Por lo expuesto, corresponde exhortar a los integrantes de la referida Sala Constitucional observar los plazos establecidos en la normativa procesal-constitucional en las causas sometidas a su conocimiento. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 053/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 775 a 780 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada con relación al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa 002/2022 de 12 de enero, pronunciada por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, debiendo dicha autoridad emitir una nueva Resolución conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a la Alfredo Hugo Céspedes Camacho, Autoridad Sumariante, y respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia sobre lo específicamente analizado, y de acuerdo a los fundamentos consignados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; así como también, en cuanto a los derechos al trabajo, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la honra, al honor y a la propia imagen, así como el principio de seguridad jurídica. 3° EXHORTAR a Henry Maida García y Leandro Mamani Mamani, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a cumplir los plazos y las formas establecidas en la normativa procesal constitucional en las acciones de defensa sometidas a su conocimiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0319_2023-S3.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): 54c284250700c7a0b93e35680198404ea5f4b8f9c78dae1fcc62ea9181ac3c26
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