Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, a pesar de contar con todos los documentos necesarios para emitir el mandamiento de libertad y su efectivización, no lo realizó inmediatamente, por lo que habría lesionado su derecho a la libertad y el principio de celeridad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2021 de 31 de diciembre, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Ramiro Quispe Calle, representante sin mandato del accionante para que en próximas actuaciones realice la defensa de sus patrocinados con lealtad procesal.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0319/2023-S2 Sucre, 9 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45016-2022-91-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/2021 de 31 de diciembre, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Quispe Calle en representación sin mandato de Carlos Eduardo Marin Choque contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 30 de diciembre de 2021, cursante de fs. 8 a 11, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por el presunto delito de lesiones graves y leves en accidente de tránsito, el 21 de diciembre de 2021, mediante Auto de Vista 399/2021, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocó el Auto Interlocutorio 797/2021 de 6 de diciembre, dictado por la autoridad ahora demandada, disponiendo medidas cautelares previstas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente, el 27 de idéntico mes y año, presentó memorial ante la Sala Penal Segunda del referido Tribunal de Justicia informando que se habría cumplido con las medidas impuestas y requiriendo se libre el mandamiento de libertad a su favor.
El 28 de similar mes y año, tomó conocimiento que el cuaderno de apelaciones fue devuelto al juzgado de origen, por lo que, al día siguiente presentó a la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, la solicitud de que se libre mandamiento de libertad.
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de su derecho a la libertad, vinculado con el principio de celeridad, citando los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga la emisión de mandamiento de libertad a su favor en el día y que sea efectivizado.
Celebrada la audiencia pública el 31 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 36, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su representante ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda y añadiendo precisó que hasta el día de la audiencia no se habría emitido ningún mandamiento, e inclusive parientes suyos se habrían presentado en el juzgado antes de la presente audiencia, y no se habría emitido ningún mandamiento de libertad. Sin embargo, a pesar de no haber sido requerido el envío del expediente, y aun cuando conste en el legajo el referido mandamiento, sólo quedaba evidenciar la dilación indebida.
Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito de 31 de diciembre de 2021 -no consta sello de recepción- cursante a fs. 22 señalando lo siguiente: a) El memorial presentado el 29 de igual mes y año, fue resuelto el 30 del mismo mes y año; así como se libró el referido mandamiento; b) Corresponde al accionante recoger el referido mandamiento y presentarlo en el Centro de Readaptación Productiva Okinawa de la localidad de Warnes, asumiendo los gastos de transporte del funcionario judicial; y, c) Finalmente, no incumplió los plazos procesales porque ya se libró el mandamiento de libertad.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 21/2021 de 31 de diciembre, cursante de fs. 37 a 39, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El memorial de 29 de diciembre de 2021, solicitó a la jueza de garantías se libre mandamiento de libertad, coligiéndose que la autoridad actúo de manera inmediata y diligente al resolver oportunamente; 2) Conforme se evidencia del cuaderno de control jurisdiccional al momento de presentación de esta acción tutelar, habrían cesado los efectos; puesto que la autoridad demandada habría dictado el mandamiento de libertad; y, 3) Así que al no existir vulneración “al debido proceso que pudiera poner en riesgo la libertad del accionante” (sic). En la vía de complementación y aclaración el accionante solicitó la remisión del cuaderno procesal ante Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, petición que fue declarada no ha lugar.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de apelación a la audiencia de cesación a la detención preventiva de 21 de diciembre de 2021, y Auto de Vista 399/2021 de la misma fecha, por el que dispuso revocar el Auto Interlocutorio 797/2021 de 6 de diciembre disponiendo las medidas cautelares previstas en el art. 231 bis. del CPP. “1. OBLIGACIÓN DE PRESENTARSE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO CADA 15 DÍAS. 2. PROHIBICIÓN DE CONCURRIR AL LUGAR DE LOS HECHOS. 3. PROHIBICIÓN DE COMUNICARSE CON LAS VICTIMAS. 4. PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS A TAL EFECTO POR SECRETARIA OFICIASE A LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN PARA QUE SE EMITA SU CORRESPONDIENTE ARRAIGO UNA VEZ CUMPLIDAS DICHAS MEDIDAS CAUTELARES LA AUTORIDAD DE INSTANCIA DEBERÁ EXPEDIR EL CORRESPONDIENTE MANDAMIENTO DE LIBERTAD.” (fs. 4 a 6 vta.). II.2. Mediante memorial de 27 de diciembre de 2021, Carlos Eduardo Marín Choque -accionante- presentó a Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz certificado de arraigo, por lo que habría cumplido con lo ordenado solicitando se libre mandamiento de libertad (fs. 2 y vta.). II.3. Se tiene Formulario de Notificación del registro de arraigo emitido por el Responsable Distrital de Santa Cruz de la Dirección General de Migración (DIGEMIG) que dispuso el registro del accionante (fs. 27). II.4. Consta el memorial de 29 de diciembre de 2021, por el que reiteró el impetrante de tutela solicitud de mandamiento de libertad, y señaló que el 27 de diciembre de 2021, habría presentado el certificado de arraigo (fs. 3). II.5. Cursa certificado de arraigo emitido por la DIGEMIG de 27 de diciembre del 2021, dando constancia del arraigo registrado (fs. 31). II.6. Se tiene mandamiento de libertad de 30 de diciembre de 2021, emitido por Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes -ahora demandada- (fs. 33).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, a pesar de contar con todos los documentos necesarios para emitir el mandamiento de libertad y su efectivización, no lo realizó inmediatamente, por lo que habría lesionado su derecho a la libertad y el principio de celeridad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
sustitutivas como componentes de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada La SCP 0956/2022-S2 de 2 de agosto señaló: “Al respecto, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: 'La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechosꞌ. A su vez, el art. 180.I de la texto constitucional, señala que: ꞌLa jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez'; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: '…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilacionesꞌ . De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero”. La SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, señaló que: “…el art. 245 del CPP, ha dejado establecido que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa ha viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva” (las negrillas nos pertenecen). Sobre el punto, la SCP 0436/2016-S2 de 9 de mayo, señala: “Con relación a la acreditación previa del arraigo para la efectivización de la libertad, en la citada SCP 1158/2015-S2 se tiene que: ‘La SC 0575/2007-
R de 5 de julio, citando a la SC 0835/2004-R de 1 de junio, indicó que: «…para alegar el cumplimiento de la medida sustitutiva prescrita en la norma prevista por el art. 240.3 del CPP; por ende, para exigir se haga efectiva la libertad física cuando se ha obtenido el beneficio de la cesación de la detención preventiva, es imprescindible la presentación del certificado de arraigo emitido por la oficina de Migración, pues sólo ese documento es el idóneo para acreditar que la medida sustitutiva ha sido cumplida, así en este sentido se dictó la SC 0997/2001-R de 18 de septiembre, cuya línea jurisprudencial fue recogida y abundada en la SC 1096/2003-R de 7 de agosto que dice: ‘(…) la línea jurisprudencial referida sobre la forma en cómo se debe acreditar el cumplimiento del arraigo tiene su razón de ser y sustento jurídico, puesto que si bien puede expedirse la orden de arraigo y entregarse a la Oficina correspondiente de Migración, con este único acto no basta para que la autoridad responsable del control jurisdiccional de una investigación dé como cumplida su orden, pues es razonable que exija una certificación de que se ha procedido al registro, de modo que no se deje posibilidad alguna de que el procesado pueda salir del país, ya que la medida se constituye de máxima importancia para evitar la fuga del imputado o procesado, pues de existir tal posibilidad sería de responsabilidad del juzgador por no haberse cerciorado de que el imputado o procesado realmente estaba arraigado, de manera que, cuando el Juez Cautelar exige la certificación de ningún modo está trabando u obstaculizando la libertad, sino que simplemente está cumpliendo con su deber de asegurarse que las medidas que ha impuesto han sido efectivamente cumplidas por el imputado’»” (énfasis añadido).
El accionante por intermedio de su representante, activó la presente acción de libertad, denunciando que habría presentado todos los documentos necesarios para que se dicte el correspondiente mandamiento de libertad a su favor, y que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no lo habría efectivizado, lo cual lesionó su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. De la revisión de los antecedentes se puede observar memoriales presentados por el accionante reclamando este hecho (Conclusiones II.2 y II.4). Sin embargo, del acta y resolución de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.1) entre las medidas sustitutivas se dictó la de arraigo, que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional sólo puede ser cumplida cuando se presente el certificado de arraigo emitido por la DIGEMIG.
Al respecto, la jurisprudencia glosada en el referido Fundamento Jurídico III.1 señaló que las autoridades jurisdiccionales y otras en el ámbito de sus funciones están obligadas a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias en desmedro del derecho a la libertad. En el presente caso corresponde determinar si la autoridad ahora demandada, obró o no lo hizo diligentemente para dictar el correspondiente mandamiento de libertad. De los documentos adjuntos al cuaderno de control jurisdiccional se tiene el formulario de notificación del registro de arraigo emitido por el DIGEMIG en favor del accionante (Conclusión II.3), y posteriormente, el 27 de diciembre del 2021, procedió a adjuntar el certificado de arraigo (Conclusión II.5). En este sentido, la SCP 0436/2016-S2 citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, estableció que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas y que para alegar el cumplimiento de la medida sustitutiva prescrita en la norma prevista por el art. 240.3 del CPP -arraigo- y exigir que se haga efectiva la libertad física, es imprescindible la presentación del certificado de arraigo emitido por la oficina de DIGEMIG, con este documento podrá exigirse la emisión del mandamiento de libertad, al ser el único documento idóneo para acreditar que la medida sustitutiva del arraigo ha sido cumplida. De tal manera, la autoridad demandada emitió el correspondiente mandamiento de libertad, una vez verificado el cumplimiento de la medida sustitutiva, por lo que no se podría afirmar que habría dilación indebida por parte de la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, afirmó haber cumplido con los documentos necesarios para dictar el mandamiento de libertad. De la verificación por parte de la jueza de garantías, constitucionales del cuaderno de control jurisdiccional -lo cual llevó al reclamo del abogado del accionante en audiencia- se pudo evidenciar que los documentos señalados no eran los referidos en los memoriales. Así cuando en el memorial de 27 de diciembre de 2021, afirmó haber presentado el certificado de arraigo, no era evidente puesto que adjuntó una notificación del procesamiento del arraigo. Posteriormente, en el memorial de 29 de igual mes y año señala que estaría presentando en original el certificado de arraigo, como si fuera una reiteración, no obstante recién lo presentó por primera vez, lo cual puede entenderse como falta de lealtad procesal en la tramitación de la presente acción. El abogado que representó sin mandato al accionante, actuó sin lealtad procesal puesto que expresó argumentos sin verosimilitud en sus fundamentos, pudiendo llevar a error a las autoridades jurisdiccionales, si es que no hubieran tenido acceso al cuaderno de control jurisdiccional, por lo que, conforme a la conducta esperada de un abogado consiste en que realice sus actuaciones de defensa o patrocinio con lealtad procesal y eficiencia conforme establece el art. 9.3 de la Ley de Ejercicio de la Abogacía -Ley 387 de 9 de julio de 2013-. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2021 de 31 de diciembre, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Ramiro Quispe Calle, representante sin mandato del accionante para que en próximas actuaciones realice la defensa de sus patrocinados con lealtad procesal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0319_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): ae4289ec46e7cf3298482189e185b294e7340263c5282db00b8f136faa8cff47
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →