B.IA.LEGAL

SCP 0318/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 23 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
54149-2023-109-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La peticionante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la vida y a la salud, así como los principios de legalidad y retroactividad de la ley; toda vez que, las autoridades ahora demandadas emitieron la Resolución Ministerial MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RC-AR 16/2022, sin fundamentación motivación y congruencia, ya que dieron por válido su retiro cuando éste no correspondía, al ser funcionaria administrativa de carrera, dando por bien hecha la actualización que le hicieron mediante la acción personal 454/2021, mediante la cual la cambiaron a funcionaria provisoria en aplicación de la Ley 1356 y el DS 4469, cuando la misma no era aplicable a su caso por mandato del art. 123 de la CPE. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán el siguiente tema: a) Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 466 a 469, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del asunto planteado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0318/2025-S1 Sucre, 23 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54149-2023-109-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 466 a 469, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Maritza Elsa Gutiérrez García contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra del Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, Gonzalo Omar Zambrana Ávila, Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas del citado Ministerio.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, cursante de fs. 55 a 78, la impetrante de tutela expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que ingresó a trabajar al Banco Central de Bolivia (BCB) mediante proceso de reclutamiento, resultado de la Convocatoria Pública Externa 12/2014, habiendo ingresado a la Carrera Administrativa mediante Resolución Ministerial 519/2015 de 4 de agosto, en la que se convalidó por el Ministerio de Trabajo los procesos de selección de personal en esa entidad para el cargo de “profesional en rendición de cuentas y control social” (sic), así como también lo estableció el Registro de Funcionario de Carrera otorgado por el Ministerio de Trabajo; sin embargo, el citado Banco mediante Acción de Personal 454 de 5 de marzo de 2021, procedió a actualizar su condición de funcionaria de carrera a funcionaria provisoria, en base al Decreto Supremo (DS) 4469 de 3 de igual mes y año. El 8 de marzo de 2021, mediante nota BCB-PRES-CI-2021-83 firmada por el Presidente del BCB, se emitió el agradecimiento de servicios, respaldado el 9 de ese mes y año con la entrega de la Acción Personal 877/2021 de 8 del mismo mes y año, procediendo a su retiro; por lo que el 11 de igual mes y año, interpuso recurso de revocatoria a la actualización de condición de servidora provisoria ante el Gerente General del BCB, siendo resuelto en forma tardía por Nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-76 de 9 de abril de similar gestión; en ese sentido, entendiendo la existencia de silencio administrativo negativo interpuso recurso jerárquico el 31 de marzo de mismo año, ya que hasta esa fecha no existía un pronunciamiento del BCB, pese a que hizo conocer los agravios y solicitar se revoque la Acción Personal 877 de 8 de dicho mes y año. En el recurso jerárquico solicitó además su reincorporación laboral con el pago de salarios devengados, contar con el seguro médico al tener una enfermedad de base, y de esa manera continuar trabajando protegiendo su salud y a su hijo. Sin embargo, mediante Nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-78 de 9 de abril de 2021, notificada el 16 de ese mes y año, se resolvió desestimar su recurso, sin sustanciar el fondo del mismo y sin que se remita obrados a la autoridad competente; motivo por el cual interpuso acción de amparo constitucional contra el Gerente General del BCB porque no sustanció su recurso jerárquico ya que, quien tenía que resolver el mismo era el Ministro de Trabajo; empero, al no enviarse antecedentes de dicho recurso ante esa entidad no se resolvió el fondo de su pretensión, habiéndose emitido la Resolución 247/2021 de 16 de noviembre, concediéndole la tutela, disponiendo dejar sin efecto las notas emitidas por el BCB por las cuales se decidió no sustanciar el fondo de la señalada pretensión recursiva, instruyéndose que el BCB en el plazo de dos días hábiles, remita antecedentes de los recursos ante la Dirección General de Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo. En forma posterior, se emitió la Resolución Jerárquica MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RC-AR-16/2022 de 9 de agosto, emitida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, rechazó su recurso jerárquico, sin efectuar una debida fundamentación y motivación de sus conclusiones y sin dar respuesta a los aspectos reclamados en el recurso jerárquico, además de aplicar erróneamente la ley de forma retroactiva en contra lo dispuesto por el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), sin reparar sus derechos fundamentales, por cuanto no se dio respuesta a los agravios que identificó en su recurso jerárquico presentado el 31 de marzo de 2021, en el sentido de que: a) El acto cuestionado emerge de un acto emitido sin competencia, ya que el BCB no tenía competencia para disponer la actualización de su categoría de funcionario de carrera a funcionario provisorio, ya que el Ministerio de Trabajo fue la que le otorgó la calidad de funcionario de carrera administrativa previo concurso de méritos y exámenes de competencia; b) El incumplimiento de requisitos legales, ya que el retiro contemplado en la acción de personal 877/2021 no cumple con los requisitos esenciales de un acto administrativo dispuesto en el art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, ya que no existe un fundamento jurídico para su retiro; c) Afectó derechos adquiridos y estabilidad laboral, porque su derecho a la estabilidad laboral emerge de su condición de carrera administrativa que fue adquirida cumpliendo todos los requisitos exigidos por una Ley vigente, por lo que no podía desconocerse sus derechos adquiridos en base a una reciente norma promulgada que debe regir para lo futuro, vulnerándose sus derechos previstos en los arts. 46 y 48 de la CPE; d) Incumplimiento del Reglamento Interno de Personal del BCB, puesto que no se cumplió ni demostró ninguna de las causales de destitución previstas en el art. 48 del referido Reglamento, menos la existencia de un debido proceso que demuestre alguna causal de retiro; e) El BCB se basó en una norma inconstitucional, ya que una ley no puede ser aplicada de forma retroactiva a hechos anteriores consolidados transgrediendo el reconocimiento de la carrera administrativa y la estabilidad laboral reconocida en la Constitución; y, f) Violación a sus derechos humanos por pertenecer a un grupo de atención preferente, en su condición de enferma diabética insulina dependiente y de patología crónica le obliga a tener controles médicos periódicos, cuyo retiro sin sustento jurídico valedero vulneró su derecho a la salud y a la vida, situación que la sentenció a una muerte lenta y segura con la carencia de sus medicamentos que debe utilizar de por vida. Al respecto la Resolución Jerárquica señaló que: 1) No se emitió el recurso jerárquico correspondiente contra la acción personal 454/2021 conforme establece el procedimiento previsto en el Reglamento de Recursos de Revocatoria y Recursos Jerárquico para la Carrera Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo 26319 de 15 de septiembre de 2001, pretendiendo justificar ilegalmente su determinación; en efecto, se emitieron dos acciones de personal por parte del BCB, la 454/2021 por la cual se le cambia de categoría de funcionario de carrera a funcionario provisorio y la 877/2021 por la que se procede a su retiro del BCB, tres días después de la primera acción personal. Se refirió que no cursaría en antecedentes que haya interpuesto recurso jerárquico contra la primera acción personal, en la forma descrita en el DS 26319; sin embargo, ello no es evidente porque se impugnaron ambas acciones de personal, interponiendo el recurso jerárquico; empero, los ahora demandados no tomaron en cuenta el memorial de dicho recurso recepcionado el 31 de marzo de 2021, por el BCB, señalando que el Gerente General del BCB debía respetar el debido proceso y no dejarle en absoluto estado de indefensión, considerando que no definió las normas aplicables, debiendo aplicar los principios pro actione y iuria novit curia; haciendo notar además que según la Ley 2341 aún tenía un plazo de ocho días hábiles para presentar dicho recurso, y si se consideraba el DS 26319 ese día -31 de marzo de 2021- se vencía el plazo para interponer el recurso jerárquico, por lo que solicitó que se tenga presentado su recurso ante el silencio administrativo negativo respecto al recurso de revocatoria. En ese sentido, la Resolución jerárquica carece de fundamentación y motivación, ya que no justificó jurídicamente las razones de hecho y de derecho por las cuales se arribó a esa determinación; 2) No contaría con legitimación activa para impugnar su retiro del BCB, al amparo de los procedimientos establecidos en el DS 26319, ya que entienden que es una funcionaria provisoria; sin embargo, indicó que debía interponer su recurso jerárquico en base a ese Decreto Supremo, por lo que se realizaron argumentos incongruentes y contrarios entre sí, pues por un lado señalan que no tiene derecho a recurrir; empero, también afirman que debía interponer recurso jerárquico cumpliendo los plazos previstos en el Reglamento de recurso de revocatoria y jerárquico para la carrera administrativa aprobado mediante el citado Decreto Supremo; de esa manera, al haber sido considerada por los demandados como funcionaria provisoria, llegaron a la conclusión de que no podía impugnar su retiro, argumento arbitrario y contrario a la jurisprudencia constitucional, por cuanto fue reconocida como funcionaria de carrera por la Dirección General del Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, no pudiéndose aplicar disposiciones legales de forma retroactiva como establece el art. 123 de la CPE, debiendo regir para lo venidero lo dispuesto en la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2021 -Ley 1356 de 28 de diciembre de 2020-, y el DS 4469 Reglamento de la normativa antes señalada de 3 de marzo de 2021, por lo que puede impugnar los actos administrativos que lesionan sus derechos ante su retiro ilegal; debiéndose considerar que incluso los funcionarios provisorios o de libre nombramiento tienen la posibilidad de impugnar las decisiones de sus empleadores según la SCP 0180/2019-S4 de 25 de abril; 3) No se pueden desconocer los derechos laborales adquiridos que precisamente se obtuvieron y reconocieron en base a una norma legal anterior; en consecuencia, la Ley 1356 debía ser aplicada por el Gerente General del BCB para casos futuros y no en forma retroactiva como establece el art. 123 de la CPE. En el caso concreto se procedió a su retiro del BCB desconociendo su calidad de funcionaria de carrera administrativa, logro que se adquirió gracias al esfuerzo y merito realizado por su persona; debiéndose considerar que luego de un proceso de preselección en el que pasó la etapa de concurso de méritos y examen de competencia resultó ganadora de dicho proceso, ingresando a la carrera administrativa y con ello la adquisición del derecho a la estabilidad laboral, todo en base a las normas vigentes en esa oportunidad; es decir, la Ley del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- y sus Decretos Supremos Reglamentarios, disposiciones que fueron las que regularon su ingreso a la carrera administrativa y que permitió la consolidación de su derecho a la estabilidad laboral, no pudiendo ser despedida de forma directa, salvo previa causal legal establecida en la norma antes señalada y como un debido proceso en el que tenga la posibilidad de asumir defensa como dispone el art. 115.II de la CPE. En ese sentido, habiéndose consolidado sus derechos inherentes a la carrera administrativa, no es posible que el Ministerio del Trabajo proceda a aplicar disposiciones legales de forma retroactiva en su caso, ya que la Ley 1356 debe ser aplicada en casos futuros y no ha hechos consolidados que adquirieron firmeza con anterioridad y en vigencia de la Ley 2027, por lo que debe considerarse la aplicación preferente de la Constitución en cuanto a la no aplicación de leyes en forma retroactiva a casos de servidores públicos que ingresaron a la carrera administrativa en vigencia de la ley antes referida. En ese sentido, el Ministerio del Trabajo aplicó el principio de legalidad por encima del principio de constitucionalidad, señalando que la Ley 1356 y su DS 4469 que suprimen la carrera administrativa se encuentran vigentes, razón por la cual consideraron que debe cumplirse la misma; por lo que, pretendieron hacer prevalecer la Ley ante la Constitución; pues la interpretación que realizaron fue gramatical, en base al parágrafo II de la Disposición Segunda de la Ley 1356; empero, la interpretación correcta que debía realizarse fue desde y conforme a la Constitución; y, 4) Se vulneró su derecho a la carrera administrativa, a la estabilidad laboral, al trabajo y a la remuneración justa, al haberse procedido a su desvinculación laboral, el 8 de marzo de 2021, mediante nota BCB-PRES-CI-2021-83, mediante la cual se agradecieron sus servicios, respaldado el 9 de igual mes y año con la entrega de la acción de personal 877/2021 de 8 de similar mes y año, en desconocimiento a las normas constitucionales y legales que protegen la estabilidad laboral de los funcionarios de carrera, situación que no fue reparada por las autoridades del Ministerio del Trabajo; no se consideró que ingresó a trabajar al BCB en base a procesos de reclutamiento, concurso de méritos y exámenes de competencia, donde fue una de las ganadoras para el cargo al que postuló, habiendo sido reconocida por la Dirección General de Servicio Civil, como funcionaria de carrera administrativa, razón por la cual tiene derecho a la permanencia y estabilidad laboral por mandato de los arts. 46.2 de la CPE y 7.II inc. a) de la Ley 2027; sin embargo, se la retiró de la institución sin que exista proceso de evaluación del desempeño deficiente, sin proceso administrativo interno alguno; es decir, sin causal legal inherente a su carrera administrativa, desconociendo por parte de las autoridades ahora demandadas la prohibición de aplicarse leyes en forma retroactiva y en perjuicio del trabajador o servidor público. Asimismo, su derecho adquirido y consolidado a la estabilidad laboral en base a la Ley 2027, no puede ser menoscabado por el Misterio del Trabajo, lo que vulneró también sus derechos al trabajo y a la remuneración justa, ya que no se le permitió cumplir con su actividad laboral en la entidad empleadora, decisión arbitraria que restringe ilegalmente ese derecho humano, impidiéndole que pueda acceder a un salario que le permita subsistir con su familia, más aun en el estado de salud que atraviesa, debiendo con urgencia contar con un seguro médico, puesto que a partir del certificado médico de 29 de noviembre de 2022, se puede constatar que padece de diabetes por una pancreatitis y resección parcial del páncreas, siendo insulina dependiente, además cuenta con nefropatía diabética, hipertensión arterial sistémica y pancreatitis.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La demandante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la vida y a la salud, así como los principios de legalidad y retroactividad de la ley; citando al efecto los arts. 46, 48, 49 y 115.II, de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: i) Se deje sin efecto la Resolución Jerárquica MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RC-AR-16/2022 de agosto, emitida por el Ministerio del Trabajo Empleo y Previsión Social que rechazó su recurso jerárquico; ii) Se ordene la emisión de una nueva resolución fundamentada, motivada y congruente que respete el debido proceso y en consecuencia no se aplique de forma retroactiva las normas legales referidas como establece el art. 123 de la CPE, disponiéndose su reincorporación laboral, la afiliación al seguro médico de forma inmediata y el pago de salarios devengados y demás derechos sociales conculcados; iii) La resolución a emitirse debe ser de manera inmediata sin espera de turno en razón a su estado de salud y la necesidad de contar con un seguro médico; y, iv) Las autoridades del Ministerio del Trabajo y el BCB se abstengan de realizar a lo futuro actos de presión u hostigamiento laboral.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Efectuada la audiencia pública de la presente acción de amparo constitucional el 20 de enero de 2023, según consta el acta cursante de fs. 458 a 465, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La solicitante de tutela, a través de su abogado, se ratificó de manera íntegra en el contenido de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra del Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de su apoderado, mediante el memorial cursante a fs. 375 379 vta., así como en audiencia, manifestó que: a) Ese Ministerio, emergente de la extinción de la ex Superintendencia del Servicio Civil, en el marco de lo dispuesto en los arts. 139 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, y 56 del DS 0071 de 9 de abril de igual gestión, asumió la atribución de conocer y resolver los recursos jerárquicos planteados por aspirantes a funcionarios de carrera o funcionarios de carrera, respecto a controversias sobre ingreso, promoción o retiro de la función pública, así como los derivados de procesos disciplinarios, en el marco de la Ley 2027 y disposiciones reglamentarias aplicables; b) Es así que el 18 de noviembre de 2021, el BCB mediante nota con CITE BCB-GAL-SAJU-DLPLS-CE-2021-755, remitió el recurso jerárquico interpuesto por la ahora impetrante de tutela el 31 de marzo de ese año, contra la acción de personal 877/2021 de 8 del mismo mes y año, de retiro y la nota BCB-PRES-CI-2021-83 de igual mes y año, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Constitucional 247/2021 de 16 de noviembre de igual año, emitida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, dentro de la acción de amparo interpuesta por la ahora impetrante de tutela, misma que fue concedida, dejando sin efecto la nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-78 de 9 de abril de la citada gestión, disponiendo que en el plazo de dos días hábiles se remitan esos recursos ante la Dirección General del Servicio Civil dependiente de ese Ministerio; c) En conocimiento del recurso jerárquico incoado el 31 de marzo de 2021, por la ahora demandante de tutela contra la acción personal 877/2021 de 8 del mismo mes y año de retiro y la Nota BCB-PRES-CI-2021-83 de igual fecha, de acuerdo a las previsiones contenidas en el Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquico para la carrera administrativa de las servidoras y servidores públicos aprobados mediante Decreto Supremo 26319 de 15 de septiembre de 2001, así como los antecedentes cursantes en el expediente administrativo, se emitió el Auto de rechazo MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RC-AR-16/2022 de 9 de agosto de 2022, el mismo que fue notificado a la nombrada en la misma fecha; determinación que no fue objeto de solicitud de complementación o enmienda, por lo que es un acto consentido conforme establece la SCP 0900/2013 de 20 de junio; d) En cuanto a la lesión del derecho al debido proceso en su elemento congruencia externa denunciado por la parte solicitante de tutela, conforme la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2023 -Ley 1493 de 17 de diciembre de 2022-, en su disposición final octava estableció que quedan vigentes para su aplicación los arts. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 y 18 y parágrafos I y III del art. 6. Disposición Adicional Primera, Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera y Disposiciones Finales Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de la Ley 1356. La condición de carrera ha sido suprimida norma vigente y constitucional; consecuentemente esa Cartera de Estado al no tener competencia para resolver el recurso jerárquico de la nombrada al haber perdido dicha condición de funcionaria de carrera, por los argumentos expuestos no podía ni debía ingresar al fondo de los agravios expuestos, correspondiendo rechazar el señalado recurso por su manifiesta improcedencia; por lo que no existe esa vulneración; e) Respecto a la denuncia de vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, se tiene que en ninguna parte del Auto de rechazo se expresó que la ahora peticionante de tutela hubiera presentado fuera de termino su recurso jerárquico, de haberse considerado esa situación, ese Auto de rechazo hubiera consignado en su redacción el rechazo in limine por haber prescrito el plazo para su presentación, al contrario el rechazo del recurso versa en la imposibilidad de ese Ministerio de resolver un recurso jerárquico de una servidora pública provisoria; f) El Auto de rechazo mencionado, hizo un análisis exhaustivo respecto a la condición de servidora pública provisoria, estableciendo que el Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa de las servidoras y servidores públicos aprobado mediante DS 26319 de 15 de septiembre de 2001, es la norma en la que deben fundamentarse todos los recursos de revocatoria y jerárquico de los servidores públicos de carrera. En el caso, la accionante al momento de su desvinculación no contaba con esa condición de servidora pública de carrera sino de provisoria, tal cual lo establece la Ley 1356, en su disposición final séptima que se encuentra ratificada por la Ley 1493, teniéndose al efecto la SCP 1462/2011 de 10 de octubre, que establece que los provisorios no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción; en ese sentido, se tiene que la nombrada al momento de su retiro era funcionaria pública provisoria, por lo que no goza de estabilidad laboral, siendo su pretensión improponible; g) Al estar vigentes las referidas normas sin que se haya dispuesto su inconstitucionalidad son de aplicación y cumplimiento obligatorio, no correspondiendo a esa instancia valorar la aplicabilidad o no de la norma, por lo que las entidades públicas no pueden omitir el cumplimiento de la norma sin que exista un pronunciamiento expreso al respecto; h) Al momento de rechazar el recurso jerárquico por los argumentos vertidos no se ingresó al fondo del recurso por lo que no correspondía realizar una interpretación constitucional normativa como erróneamente pretende la ahora peticionante de tutela, toda vez que la misma no advirtió en su oportunidad que la instancia administrativa haya realizado una interpretación arbitraria incongruente y desproporcional ante la autoridad jurisdiccional competente, por lo que la SCP 1893/2013 de 29 de octubre, no es aplicable a la pretensión de la nombrada siendo que los hechos de la misma no guardan similitud, por lo que no es vinculante; la interpretación gramatical realizada a la que hace referencia la impetrante de tutela es la reservada para esa instancia, siendo que la misma debe ser adecuada desde y conforme la Constitución, en el marco del control de constitucionalidad y convencionalidad; i) Por parte de esa cartera de Estado no se vulneró los derechos a la estabilidad laboral al trabajo y a la remuneración justa, por cuanto al momento de su desvinculación no gozaba de la condición de servidora pública de carrera administrativa, consecuentemente, su desvinculación era facultad de las autoridades del BCB, por lo que no se vulneró ninguno de esos derechos de la demandante de tutela; j) El Auto de rechazo precedentemente citado, se basó en los antecedentes cursantes en el expediente, relativos al retiro de la ahora solicitante de tutela y no así a su condición de salud, aspecto que podría haberse tomado en cuenta si se tratase de una persona con discapacidad, padre o madre progenitor, personas enfermas con cáncer y con VIH-SIDA, conforme lo refiere la normativa legal vigente orientada a la protección de ese sector de la población; debiéndose considerar que una desvinculación de persona con discapacidad considerada arbitraria, conforme a la normativa específica, pueden ser impugnable o reclamada ante tal instancia, efecto de reclamar su reincorporación laboral, lo que en el caso no fue objeto de su pretensión en el recurso jerárquico; sin que además, en antecedentes conste un carnet de discapacidad que la beneficie con la inamovilidad laboral; y, k) Por todo lo expuesto solicitó se deniegue la tutela solicitada. Gonzalo Omar Zambrana Ávila, Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, pese a su citación cursante a fs. 87, no asistió a la audiencia ni presentó informe alguno.

I.2.3. Intervención del Tercero interesado

El Banco Central de Bolivia, a través de sus representantes legales, mediante el memorial cursante de fs. 451 a 457 vta., señaló que: 1) La ahora impetrante de tutela ingresó a la carrera administrativa mediante Resolución Ministerial 519/2015 de 4 de agosto, en el cargo de Profesional en Rendición de Cuentas y Control Social y que el BCB mediante acción personal 454/2021 de 5 de marzo, procedió a la actualización de su condición de servidora pública de carrera a funcionaria provisoria, y mediante acción personal 877/2021 de 8 de marzo se procedió a su retiro de la institución; con relación a la actualización de condición a funcionaria provisoria interpuso recurso de revocatoria y fue respondido mediante Nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-76 de 9 de abril de 2021, de manera negativa; el 12 de marzo de ese año, interpuso también recurso de revocatoria contra la acción personal 877/2021 respondiéndose la misma mediante BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-77 de 9 de abril de igual año, por lo que interpuso recurso jerárquico el 31 de marzo de esa misma gestión, pidiendo que se revoque la acción personal 877/2021, siendo respondido mediante nota BCB-CAL-SANO-DLBCI-CE-2021-78 de 9 de abril de ese año, denegándose su recurso jerárquico; 2) Se debe tomar en cuenta que son dos acciones de personal distintas, la primera 454/2021 de actualización y la segunda 877/2021 de retiro, teniéndose que respecto a la primera la nombrada presentó recurso de revocatoria, señalando que como servidora pública de carrera tendría los derechos establecidos en el art. 7.II de la Ley 2027, apreciación errónea ya que cuando se tomó la decisión de retiro, la demandante de tutela tenía la calidad de funcionaria provisoria, hecho que no fue un aspecto atribuido a su persona sino a todos los que hasta ese entonces ostentaban dicha calidad, ello en cumplimiento a la Ley 1356 y al DS 4469; en ese sentido, se emitió la nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-76 de 9 de abril, por la cual se estableció que en cumplimiento al art. 232 de la CPE, la administración pública se rige entre otros por los principios de legitimidad y legalidad, por lo que en estricto cumplimiento de la Disposición Final Séptima de la Ley 1356 parágrafos I y II que estableció que la carrera administrativa quedó suprimida a partir de la vigencia de dicha ley, además que en virtud de la presunción de constitucionalidad la determinación plasmada en la acción de personal 454/2021 se constituye en un acto legal y legítimo conforme a la norma vigente. Ese recurso tiene como fundamento que aun contaría con la calidad de funcionaria de carrera, por lo que gozaría de los derechos conferidos por la Ley 2027, cuando se determinó la supresión de la calidad de servidores públicos de carrera con la Ley 1356 y el DS 4469, consecuentemente a partir de dicha norma todos los funcionarios de carrera o aspirantes son considerados provisorios, con todo lo que ello representa; en ese sentido, el BCB únicamente cumplió lo establecido en dicho marco legal al notificar con las acciones de personal de actualización el 5 de marzo de 2021, debiéndose considerar además que la mencionada respuesta al recurso de revocatoria no mereció observación alguna por la ahora solicitante de tutela; 3) Con relación a la acción de personal 877/2021 de 8 de marzo, la peticionante de presentó nota interponiendo recurso de revocatoria el 12 de ese mismo mes y año, señalando como fundamentos la Constitución, las Leyes 2341 y Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -Ley 974 de 4 de septiembre de 2017-, y Reglamento Interno de Personal del BCB, señalando que se habría actuado sin competencia, bajo el argumento de que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección del Servicio Civil sería la instancia competente para modificar su condición de funcionario de carrera, por lo que se desconoce que emana del cumplimiento de la Ley 1356 y el DS 4469; posteriormente señaló que se incumplió con los requisitos de un acto administrativo citando el art. 28 de la Ley 2341, al señalar que carecería de fundamento el retiro; sin embargo, mediante nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-77 de 9 de abril, se reiteró el estricto cumplimiento al principio de legalidad y que el fundamento del retiro recae en la calidad de funcionario provisorio y que no contaría con los derechos reconocidos a los servidores públicos de carrera, entre ellos impugnar las decisiones administrativas que afecten su situación relativa a su ingreso, promoción o retiro, de acuerdo al art. 7.II de la Ley 2027 y sus reglamentos; 4) La impetrante de tutela junto a otras personas, el 7 de octubre de 2021, solicitó la remisión de los antecedentes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que la Dirección de Servicio Civil resuelva el recurso jerárquico presentado, por lo que previa acción de amparo que le otorgó la tutela, el BCB remitió los antecedentes a ese Ministerio mediante Comunicación Interna BCB-GAL_SAJU-DLPLS-CE-2021-755; siendo resuelto por MTEPS/CESCyCOOP/DGSC/RC-AR-16/2022 de 9 de agosto, rechazando por su manifiesta improcedencia el recurso jerárquico interpuesto por la nombrada contra la acción de personal 877/2021 de retiro y la Nota BCB-PRES-CI-2021-83 ambas de 8 de marzo de 2021, al haber perdido su calidad de funcionaria de carrera administrativa con anterioridad a su retiro y por efecto de la Disposición Final Séptima de la Ley 1356 concordante con la Disposición Adicional única del DS 4469; 5) La presente acción de amparo constitucional es improcedente, conforme a la previsión del art. 53 núm. 2 del CPCo., por cuanto la nombrada no activó los recursos pertinentes en sede administrativa contra el acto que determinó su calidad de funcionaria provisoria, consecuentemente, corresponde aplicar la jurisprudencia establecida respecto a los actos consentidos, tomando en cuenta la inobservancia del principio de subsidiariedad, correspondiendo se deniegue la tutela; 6) Tampoco se cumplió con lo establecido en el núm. 5 del art. 33 del CPCo., en cuanto a los requisitos para la presentación de la acción tutelar, concretamente con la identificación de los derechos y garantías que se consideren vulnerados, puesto que la ahora demandante de tutela hizo un desarrollo refiriendo que habría presentado sus recursos contra la acción de personal 877/2021 y la nota de agradecimiento de servicios BCB-PRES-CI-2021-83 señalando que esos actos fueron emitidos sin competencia ya que el BCB no podía disponer su actualización de categoría de funcionario de carrera a provisorio, incumpliendo requisitos legales, afectando sus derechos adquiridos y estabilidad laboral, basándose en una norma inconstitucional, ya que una ley no puede ser aplicada de forma retroactiva a hechos consolidados, sin considerar que la acción de retiro no cambio su calidad de servidora pública de carrera administrativa a funcionaria provisoria, sino que fue la acción de personal 454/2021, aspecto que no guarda relación con los actos administrativos de los cuales se pide se dejen sin efecto y es más pretende hacer incurrir en error a sus autoridades al señalar que habría interpuesto recurso jerárquico contra las dos acciones de personal sin mencionar que en su petitorio del recurso jerárquico solicitó de manera textual remitir antecedentes a la Dirección de Servicio Civil para que emita Resolución revocando en su totalidad la acción de personal 877/2021 emitida conforme a la nota BCB-PRES-CI-2021-83, disponiendo su reincorporación con el consiguiente pago de salarios devengados; evidenciándose que los actos impugnados fueron los actos de su desvinculación y no así el acto que cambio de su calidad de servidora pública y ahora pretende dentro de una acción constitucional se deje sin efecto actos administrativos que no son los que afectaron su condición de servidora pública de carrera, siendo que sus argumentos de derechos son en relación a dicho punto; 7) El Ministerio del Trabajo realizó una valoración de los antecedentes del recurso jerárquico que interpuso la ahora solicitante de tutela en la cual realizaron el análisis correspondiente a la acción de personal 454/2021 de 5 de marzo, el cual fue emitido conforme a la aplicación de la Ley 1356 concordante con el DS 4469, mismo que fue objeto de recurso de revocatoria, el cual fue resuelto de forma negativa, determinación que no fue recurrida, constituyéndose ello en un acto consentido, cambio realizado en cuanto a la calidad de servidor público de carrera a funcionario provisorio, lo cual según la SCP 0105/2021-S3 de 26 de abril, se considera como cambio de status jurídico; consecuentemente, de acuerdo a esos antecedentes, se tiene que el problema jurídico a analizar en esta acción estaría enmarcado a determinarse si la nombrada tendría derecho a impugnar las decisiones de la administración del BCB relacionadas al retiro de su fuente laboral, considerando que la norma establece que los funcionarios provisorios no se encuentran comprendidos en el alcance del art. 7.II de la Ley 2027; 8) La SCP 0180/2019-S4 de 25 de abril, estableció que la Resolución Ministerial 014/10 de 18 de enero de 2010 estableció el procedimiento administrativo para el conocimiento sustanciación y resolución del proceso de impugnación del Régimen Laboral establecido en el Titulo IV de la Ley 2027, el cual tiene ámbito de aplicación a las servidoras y los servidores públicos provisorios, tales como funcionarios designados, funcionarios de libre nombramiento, funcionario de carrera y funcionarios interinos del art. 5; consecuentemente, esos servidores públicos además los funcionarios provisorios establecidos en la Ley 2027, pueden impugnar todos aquellos actos administrativos definitivos o resoluciones administrativas que lesionen o infrinjan los derechos establecidos en el régimen laboral, dentro del presente caso, la peticionante de tutela pretendió impugnar un derecho exclusivo a los funcionarios de carrera como lo es la estabilidad laboral y la impugnación ante su ingreso, promoción o retiro, extremo por lo cual sus pretensiones dirigidas al BCB, no se encuentran enmarcadas entre las atribuciones de la RM 014/10 de 18 de enero de 2010; y, 9) De acuerdo a lo mencionado solicitó se deniegue la tutela, considerando que la pretensión de la accionante es que se deje sin efecto la Resolución Jerárquica MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RC 877/2022, mediante la cual solicitó se deje sin efecto la acción de personal 877/2021 de retiro y se emita una nueva que disponga su reincorporación laboral, sin considerar que perdió la calidad de funcionaria de carrera administrativa al haber aceptado la acción de personal 454/2021 de actualización de servidora pública de carrera administrativa a funcionaria provisoria, emitida en aplicación de la Ley 1356 y DS 4469, considerando que la carrera administrativa se encuentra suprimida.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 13/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 466 a 469, denegó la tutela solicitada;

con base en los siguientes fundamentos: i) La impetrante de tutela cumplió con la previsión de los arts. 128 de la CPE y 51 de la CPCo., por cuando se identificó como objeto de su pretensión el dejar sin efecto la Resolución Jerárquica Administrativa 16/2022 que resolvió rechazar por su manifiesta improcedencia el recurso jerárquico interpuesto por la nombrada contra la acción de personal 877/2021 de 8 de marzo de 2021 de retiro y nota BCB-PRES-CI-2021-83 de igual fecha, al haber perdido la recurrente su calidad de funcionaria de carrera administrativa con anterioridad a su retiro y por efecto de la Disposición Final Séptima de la Ley 1356; consecuentemente, la condición de procedibilidad natural de la acción de amparo se cumplió, por lo que ingresaran a contenidos; ii) Una de las pretensiones recae sobre el acto administrativo 454/2021 emitido por el BCB, dirigido a modificar el estatus jurídico de la ahora demandante de tutela, puesto que conforme se tiene de ser funcionario de carrera paso por voluntad de la administración en razón a un dispositivo de lege a ser funcionaria provisoria, producto de esa circunstancia jurídica se tiene el otro acto administrativo 877/2021, por lo que el primer acto mencionado y su ratificación se decidió la casación de funciones de la nombrada en el BCB; iii) La peticionante de tutela pretende dejar sin efecto la Resolución Jerárquica 16/2022 emitida por el Ministerio de Trabajo, solicitando se emita una nueva resolución fundamentada motivada y congruente que respete del debido proceso y no aplique de forma retroactiva las normas legales referidas precedentemente, tal cual lo establece el art. 123 de la CPE, sea en base a los fundamentos que emitan la Sala que la resolución emitida puede efectuarse de manera inmediata sin espera de turno, así como también solicita como acción afirmativa que las autoridades del Ministerio de Trabajo y BCB se abstengan de realizar en un futuro actos de presión u hostigamiento; iv) Esa Sala considera que la pretensión de la impetrante de tutela corresponde improponible, al existir dos actos administrativos que fueron objeto de impugnación, uno que muta la situación y el status laboral de la nombrada y el segundo que ordenó su retiro, conforme la orden 877/2021, ambos tienen dos objetos particulares, uno cambio su situación jurídica y el otro su retiro; v) En ese sentido, se puede advertir por doble vía, error en la acción, pues la Resolución Jerárquica Administrativa 78/2021 emitida por el BCB, confirmando la Resolución de revocatoria, y cuya consecuencia también confirma la orden 454/2021, debió ser impugnada o por la vía administrativa o constitucional, porque la resolución del jerárquico conforme a procedimiento recae en el Ministerio de Trabajo, cuando se debate esas cuestiones de personal de carrera y su modificación, pero ello no sucedió; vi) La ahora demandante de tutela decidió que la Resolución Jerárquica Administrativa 78/2021 que confirmó la resolución de revocatoria y el mismo acto administrativo, genere estado; vii) De esa manera el plazo venció y se inició un procedimiento administrativo respecto a su desvinculación, por lo que la solicitante de tutela al no haber impugnado oportunamente o previamente el acto administrativo que generó su cambio de status jurídico laboral dejó vencer su postulabilidad fue antes de esa resolución y por ello el Ministerio de Trabajo concluye que el recurso fue manifiestamente improcedente, porque no podrá debatir si su despido fue legal o ilegal, cuando materialmente su situación jurídica paso de ser funcionaria de carrera a funcionaria provisoria; viii) En el caso de los provisorios, la administración tiene el monopolio para decidir su permanencia o no, siendo importante identificar su circuito procesal y tiene un primer hito que fijo una situación jurídica, y otro círculo procesal sobre el acto administrativo 877/2021, que tiene otro objeto, otra vocación; y, ix) Consideran que el alegato fue la aplicación directa de la Constitución y la aplicación preferente de una ley o un decreto, en ese caso, si la Sala se hubiese abocado a la fundamentación y motivación de la decisión sin que estos parámetros pertenecieran a otro acto administrativo hubieran sido alegados en audiencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acción de personal 454/2021 de 5 de marzo, mediante la cual la Gerencia General y Gerencia de Recursos Humanos del BCB comunicó a Maritza Elsa Gutiérrez García, ahora peticionante de tutela, su actualización, constituyéndose a partir de la fecha en funcionaria provisoria conforme al art. 59 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobada por DS 26115 de 16 de marzo de 2001, por lo que deja de estar comprendida en el alcance del art. 7.II de la Ley 2027 (fs. 380) II.2. Consta acción de personal 877/2021 de 8 de marzo, realizada por la Gerencia General y Gerencia de Recursos Humanos del BCB, mediante la cual se determinó el retiro de la impetrante de tutela en atención a la Comunicación Interna BCB-PRES-CI-2021-83 de 8 de marzo de ese año y la hoja de ruta BCB-PRES-HRI-2021-7759, concluyendo que sus funciones como profesional en rendición de cuentas y control social, al finalizar la jornada laboral de igual mes y año (fs. 381). II.3. Mediante nota BCB-PRES-CI-2021-83 de 8 de marzo de 2021, el Presidente del BCB, comunicó a la ahora demandante de tutela, en su condición de funcionaria provisoria, que su relación laboral concluía al finalizar la jornada laboral de ese día (fs. 382). II.4. La solicitante de tutela, el 11 de marzo de 2021, interpuso recurso de revocatoria contra la acción de personal 454/2021 de 5 de marzo, ante el Gerente General del BCB (fs. 383 a 385); mereciendo la respuesta mediante Cite:BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-76 de 9 de abril de 2021, mediante la cual el Gerente General de esa institución, señalo que:

“en aplicación de los principios de legalidad y presunción de constitucionalidad, la Acción de Personal N° 454/2021 emanada en virtud a la Ley N° 1356 y el Decreto Supremo N° 4469, a través de la cual se constituye a su persona como funcionaria provisoria, se constituye en un acto legal y legítimo conforme lo dispone el artículo 232, y numeral 1 del artículo 235 de la Constitución Política del estado, al sustentarse en lo dispuesto por la Disposición Final Séptima Ley N° 1356, y la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4469 de 3 de marzo de 2021, normas que se presumen constitucionales según estipulan los artículos 4 y 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, y el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, Ley N° 254 de 5 de julio de 2012” (sic [fs. 386 a 389]). II.5. El 12 de marzo de 2021, la ahora peticionante de tutela, presentó recurso de revocatoria ante el Gerente General del BCB, contra la acción de personal 877/2021, solicitando se disponga su reincorporación con el pago de salarios devengados a la fecha (fs. 390 a 396); mereciendo como respuesta la nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-77 de 9 de abril de igual año, a través de la cual el Gerente General del BCB, manifestó que:

“…la Acción de Personal N° 877/2021 de Retiro de su persona en su condición de funcionaria provisoria emitida por el Gerente General, se constituye en un acto legal y legítimo toda vez que se circunscribió a la Constitución Policita del estado y las Leyes y siendo una atribución propia del citado servidor dispuesta en el numeral 15, articulo 49 del Estatuto del Banco Central de Bolivia (aprobada con Resolución de directorio N° 128/2005 de 21 de octubre de 2005 y sus modificaciones), son legales y legitimas conforme lo dispone el artículo 232 de la Constitución Policita del Estado, al sustentarse en lo dispuesto por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4469 de 3 de marzo de 2021, y se presumen constitucionales según estipulan los artículos 4 y 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y el articulo 4 del Código Procesal Constitucional, Ley N° 254 de 5 de julio de 2012” (sic [fs. 397 a 400]). II.6. La ahora impetrante de tutela, el 31 de marzo de 2021, interpuso recurso jerárquico ante el Gerente General del BCB, solicitando se revoque en su totalidad la acción personal 877/2021 emitida conforme a la nota BCB-PRES-CI-2021-83, disponiendo en consecuencia, su reincorporación con el consiguiente pago de salarios devengados (fs. 407 a 414); por lo que mediante la nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-78 de 9 de abril, señalando que los actos del Banco Central de Bolivia, se enmarcaron en el contenido del parágrafo II de la Disposición Final Séptima, parte in fine de la Ley 1356 y la Disposición Adicional Única del DS 4469, que suprime la calidad de servidores públicos de aquellos servidores que poseían dicha calidad y los considera funcionarios provisorios, restringiéndoles del alcance de la previsión del art. 7.II de la Ley 2027, referente entre otros, al derecho a la estabilidad laboral y la impugnación administrativa de las determinaciones o resoluciones que estén vinculadas con su retiro; por lo que, no es posible ingresar al fondo del asunto y efectuar interpretaciones de la Ley 1356 ni del citado Decreto Supremo, cuando dicha atribución es propia y exclusiva de la Asamblea Legislativa plurinacional; en ese sentido, la acción de personal 877/2021 de retiro en su condición de funcionaria provisoria se constituye en un acto legal y legítimo (fs. 401 a 406). II.7. A través de la Resolución Ministerial MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RC-AR 16/2022 de 9 de agosto, Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social y Gonzalo Omar Zambrana Ávila, Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas del citado Ministerio, ahora demandados, rechazaron por su manifiesta improcedencia el recurso jerárquico interpuesto por la ahora demandante de tutela contra la acción personal 877/2021 de 8 de marzo, de retiro, y la nota BCB-PRES-CI-2021-83 de 8 de marzo, al haber perdido la recurrente su calidad de funcionaria de carrera administrativa con anterioridad a su retiro; y, por efecto de la Disposición Final Séptima de la Ley 1356 de 28 de diciembre de 2020, concordante con la Disposición Adicional Única del DS 4469 (fs. 424 a 430).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La peticionante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la vida y a la salud, así como los principios de legalidad y retroactividad de la ley; toda vez que, las autoridades ahora demandadas emitieron la Resolución Ministerial MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RC-AR 16/2022, sin fundamentación motivación y congruencia, ya que dieron por válido su retiro cuando éste no correspondía, al ser funcionaria administrativa de carrera, dando por bien hecha la actualización que le hicieron mediante la acción personal 454/2021, mediante la cual la cambiaron a funcionaria provisoria en aplicación de la Ley 1356 y el DS 4469, cuando la misma no era aplicable a su caso por mandato del art. 123 de la CPE. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán el siguiente tema: a) Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0049/2019-S2 de 1 de abril de 2019, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone:

I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.

II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:

1. La protección pueda resultar tardía.

2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela.

El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:

…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y, 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (las negrillas son incorporadas). El principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten los medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada dentro del proceso judicial o administrativo, tal como lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo; empero, no se trata simplemente de un agotamiento formal; sino, se hace imprescindible el hecho de reclamar el supuesto acto lesivo que cause agravio a los derechos del accionante; en este sentido, la SC 1086/2005-R de 12 de septiembre1, en el Fundamento Jurídico III.1, señala que:

…el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre). Dicho entendimiento fue confirmado en la SCP 0870/2013 de 20 de junio, que en su Fundamento Jurídico III.2, refiere:

…En sede administrativa, el procesado o administrado, según sea el caso, deberá acudir con carácter previo a la activación de la jurisdicción constitucional a la autoridad o persona que lesionó su derecho y en segundo término ante la instancia que pueda corregir la distorsión generada, a efectos de procurar la reparación de la lesión, indicando expresamente las supuestas transgresiones sucedidas. En consecuencia no se podrá reclamar vía acción de amparo constitucional, aspectos no reclamados en instancias ordinaria o administrativas previas. En suma, en mérito al principio de subsidiariedad, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria o administrativa, oportunamente en cada instancia, no pueden ser analizadas a través de la acción de amparo constitucional; dado que, les corresponde a los jueces y tribunales ordinarios y a las autoridades administrativas, reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente lesionados, en el mismo proceso judicial o administrativo a su cargo.

1El FJ III. 1, señala: “…la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de subsidiariedad del amparo, entendido “...como el agotamiento de todas las instancias dentro del proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional” (SSCC 374/2002-R y 489/2002-R, entre otras).

En ese sentido, la persona que se considere agraviada, antes de acudir a esta acción extraordinaria, debe agotar todos los recursos ordinarios que le franquea la ley; dado que no le corresponde a la justicia constitucional pronunciarse sobre aspectos que deben ser reparados en las vías ordinarias, judiciales o administrativas, previstas en el ordenamiento jurídico, ya que el ámbito de protección que brinda la jurisdicción constitucional está referido a los casos en que agotadas esas instancias, no se ha logrado la reparación de las garantías y derechos lesionados.

Ahora bien, el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre)”.

2El FJ III.2, indica: “La acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta en tanto no existiese otro recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. El art. 129.I de la CPE, establece que la acción de amparo se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, entendiéndose que no puede ser empleada como un medio adicional de protección, debiendo el accionante acudir a cuanto recurso le franquee la ley para hacer valer sus derechos.

En sede administrativa, el procesado o administrado, según sea el caso, deberá acudir con carácter previo a la activación de la jurisdicción constitucional a la autoridad o persona que lesionó su derecho y en segundo término ante la instancia que pueda corregir la distorsión generada, a efectos de procurar la reparación de la lesión, indicando expresamente las supuestas transgresiones sucedidas. En consecuencia no se podrá reclamar vía acción de amparo constitucional, aspectos no reclamados en instancias ordinaria o administrativas previas”.

III.2. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la vida y a la salud, así como los principios de legalidad y retroactividad de la ley; toda vez que, las autoridades ahora demandadas emitieron la Resolución Ministerial MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RC-AR 16/2022, sin fundamentación motivación y congruencia, ya que dieron por válido su retiro cuando éste no correspondía, al ser funcionaria administrativa de carrera, dando por bien hecha la actualización que le hicieron mediante la acción personal 454/2021, mediante la cual la cambiaron a funcionaria provisoria en aplicación de la Ley 1356 y el DS 4469, cuando la misma no era aplicable a su caso por mandato del art. 123 de la CPE. Habiendo establecido la problemática jurídica del caso de autos, corresponde remitirnos a la documental cursante en obrados; de ello, se tiene por una parte la acción de personal 454/2021 de 5 de marzo, mediante la cual la Gerencia General y Gerencia de Recursos Humanos del BCB comunicó a Maritza Elsa Gutiérrez García, ahora demandante de tutela, su actualización, constituyéndose a partir de la fecha en funcionario provisorio conforme al art. 59 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobada por DS 26115, por lo que deja de estar comprendida en el alcance del art. 7.II de la Ley 2027 (Conclusión II.1.). Por otra parte, la acción de personal 877/2021 de 8 de marzo, realizada por la Gerencia General y Gerencia de Recursos Humanos del BCB, mediante la cual se determinó el retiro de la solicitante de tutela en atención a la Comunicación Interna BCB-PRES-CI-2021-83 de 8 de marzo de ese año y la hoja de ruta BCB-PRES-HRI-2021-7759, concluyendo que sus funciones como profesional en rendición de cuentas y control social, al finalizar la jornada laboral de la misma fecha (Conclusión II.2.); y, la nota BCB-PRES-CI-2021-83 de igual data, por la cual el Presidente del BCB, comunicó a la peticionante de tutela, en su condición de funcionaria provisoria, que su relación laboral concluirá al finalizar la jornada laboral de ese día (Conclusión II.3.). En ese sentido, la ahora accionante, el 11 de marzo de 2021, interpuso recurso de revocatoria contra la acción de personal 454/2021 de 5 de marzo, ante el Gerente General del BCB; mereciendo la respuesta mediante BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-76 de 9 de abril de 2021, a través del cual el Gerente General de esa institución, señaló que:

“en aplicación de los principios de legalidad y presunción de constitucionalidad, la Acción de Personal N° 454/2021 emanada en virtud a la Ley N° 1356 y el Decreto Supremo N° 4469, a través de la cual se constituye a su persona como funcionaria provisoria, se constituye en un acto legal y legítimo conforme lo dispone el artículo 232, y numeral 1 del artículo 235 de la Constitución Política del estado, al sustentarse en lo dispuesto por la Disposición Final Séptima Ley N° 1356, y la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4469 de 3 de marzo de 2021, normas que se presumen constitucionales según estipulan los artículos 4 y 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, y el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, Ley N° 254 de 5 de julio de 2012” (sic [Conclusión II.4.]). Así también, el 12 de marzo de 2021, la impetrante de tutela, presentó recurso de revocatoria ante el Gerente General del BCB, contra la acción de personal 877/2021, solicitando se disponga su reincorporación con el pago de salarios devengados a la fecha; mereciendo la respuesta BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-77 de 9 de abril de igual año, a través de la cual el Gerente General del BCB, manifestó que:

“…la Acción de Personal N° 877/2021 de Retiro de su persona en su condición de funcionaria provisoria emitida por el Gerente General, se constituye en un acto legal y legítimo toda vez que se circunscribió a la Constitución Policita del estado y las Leyes y siendo una atribución propia del citado servidor dispuesta en el numeral 15, articulo 49 del Estatuto del Banco Central de Bolivia (aprobada con Resolución de directorio N° 128/2005 de 21 de octubre de 2005 y sus modificaciones), son legales y legitimas conforme lo dispone el artículo 232 de la Constitución Policita del Estado, al sustentarse en lo dispuesto por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4469 de 3 de marzo de 2021, y se presumen constitucionales según estipulan los artículos 4 y 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y el articulo 4 del Código Procesal Constitucional” (sic [Conclusión II.5.]). La ahora demandante de tutela, el 31 de marzo de 2021, interpuso recurso jerárquico ante el Gerente General del BCB, solicitando se revoque en su totalidad la acción personal 877/2021 emitida conforme a la nota BCB-PRES-CI-2021-83, disponiendo en consecuencia, su reincorporación con el consiguiente pago de salarios devengados; por lo que mediante la nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-78 de 9 de abril, señalando que los actos del Banco Central de Bolivia, se enmarcaron en el contenido del parágrafo II de la Disposición Final Séptima, parte in fine de la Ley 1356 y la Disposición Adicional Única del DS 4469, que suprime la calidad de servidores públicos de carrera de aquellos servidores que poseían dicha mención y los considera funcionarios provisorios, restringiéndoles del alcance de la previsión del art. 7.II de la Ley 2027, referente entre otros, al derecho a la estabilidad laboral y la impugnación administrativa de las determinaciones o resoluciones que estén vinculadas con su retiro; por lo que, no es posible ingresar al fondo del asunto y efectuar interpretaciones de la Ley 1356 ni del citado Decreto Supremo, cuando dicha atribución es propia y exclusiva de la Asamblea Legislativa plurinacional; en ese sentido, la acción de personal 877/2021 de retiro en su condición de funcionaria provisoria se constituye en un acto legal y legítimo (Conclusión II.6.). Finalmente, a través de la Resolución Ministerial MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RC-AR 16/2022 de 9 de agosto, Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social y Gonzalo Omar Zambrana Ávila, Viceministro de Empleo Servicio Civil y Cooperativas del citado Ministerio, ahora demandados, rechazaron por su manifiesta improcedencia el recurso jerárquico interpuesto por la solicitante de tutela contra la acción personal 877/2021 de 8 de marzo, de retiro, y la nota BCB-PRES-CI-2021-83 de igual fecha, al haber perdido la recurrente su calidad de funcionaria de carrera administrativa con anterioridad a su retiro y por efecto de la Disposición Final Séptima de la Ley 1356 de 28 de diciembre de 2020, concordante con la Disposición Adicional Única del DS 4469 (Conclusión II.7.). Ahora bien, identificada como se tiene la problemática planteada por la peticionante de tutela, si bien se cuestiona la Resolución Ministerial MTEPS/VESCyCOOP/DGSC/RC-AR 16/2022 por cuanto la misma rechazó el recurso jerárquico planteado por la nombrada; no obstante, se tiene que la misma da por bien hecha la actualización de la condición de funcionaria administrativa de carrera a funcionaria provisoria efectuada al amparo de la Ley 1356 y el DS 4469, determinación que en el fondo es cuestionada por la accionante a través de este amparo constitucional, por cuanto lo que pretende es que en el fondo exista un pronunciamiento respecto a si en su caso se procedió de forma legal a la aplicación de dicha normativa; es decir, si correspondía o no la actualización mencionada, sosteniendo al efecto que la misma no debería ser aplicada de manera retroactiva de acuerdo a lo establecido en el art. 123 de la CPE, pretendiendo de esa manera que se restituya su fuente laboral y se le cancele sueldos devengados. En ese sentido, corresponde referirnos a la jurisprudencia constitucional establecida en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria, por lo que desarrollando las reglas y sub reglas de improcedencia por subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, esta no será procedente cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no utilizó un medio de defensa ni planteó recurso alguno, así: 1.i) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y 1.ii) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y, 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: 2.i) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y 2.ii) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución. Bajo ese contexto, tal como se tiene de antecedentes, si bien la acción de personal 454/2021 de 5 de marzo, mediante la cual se actualizó la condición de la demandante de tutela de funcionaria administrativa de carrera a funcionaria provisoria, fue objeto de impugnación mediante recurso de revocatoria por parte de la nombrada el 11 de marzo de 2021; siendo resuelto por el Gerente General del BCB mediante BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-76 de 9 de abril de 2021, señalando que en aplicación de los principios de legalidad y presunción de constitucionalidad, la Acción de Personal 454/2021 emanada en virtud a la Ley 1356 y el DS 4469, a través de la cual se constituye a la nombrada como funcionaria provisoria sería un acto legal y legítimo, conforme lo dispone los arts. 232 y 235 núm. 1 de la CPE, al sustentarse en lo dispuesto por la Disposición Final Séptima Ley 1356, y la Disposición Adicional Única del DS 4469, normas que se presumen constitucionales según estipulan los arts. 4 y 5 de la LTCP y 4 del CPCo; no obstante, el BCB en el memorial presentado ante la Sala Constitucional como efecto de la presentación de esta acción de amparo constitucional -fs. 451 a 457 vta.-, señaló que: “…se debe tener en cuenta que existen dos Acciones de Personal distintas, la primera N° 454/2021 de actualización y la segunda N° 877/2021 de Retiro, aspecto importante ya que con relación a la primera es evidente que presentó Recurso de Revocatoria, señalando (…) Ante lo cual se emitió nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-76 de 9 de abril de 2021, por la cual se establece que en cumplimiento a lo previsto por el Art. 232 de la CPE, la administración publica se rige entre otros por los principios de legitimidad y legalidad, por lo que en estricto cumplimiento de la Disposición Final Séptima de la Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020 parágrafos I y II, que estableció que la carrera administrativa queda suprimida a partir de la puesta en vigencia de dicha ley, además que en virtud de la presunción de constitucionalidad la determinación plasmada en la Acción de Personal N° 454/2021 se constituye en un acto legal y legítimo tomando en absoluto apego a norma vigente. Por lo que es importante resaltar que el recurso de revocatoria impetrado de 11 de marzo de 2021, tiene como fundamento que aun contaría con la calidad de funcionaria de carrera y por ende gozaría de los derechos concedidos por la Ley N° 2027, sin tomar en cuenta que al determinarse la supresión de la calidad de servidores públicos de carrera con la Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020, el Decreto Supremo N° 4469 de 3 de marzo de 2021, por lo que a partir de dicha norma todos los funcionarios de carrera o aspirantes (no solo ellos), son considerados provisorios, con todo lo que ello representa. El BCB únicamente cumplió lo establecido en dicho marco legal al notificar con las Acciones de personal de Actualización el 5 de marzo de 2021. Cabe señalar que la nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-76, no mereció observación alguna por la ahora accionante hasta la fecha” (sic). En ese sentido, a partir de lo referido por el BCB, así como por la parte demandada, se tiene que la accionante no presentó recurso jerárquico contra el rechazo del recurso de revocatorio que declaró a la acción de personal 454/2021 como legal y legítima mediante BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-76, extremo que además no fue refutado por la nombrada, habiendo tenido ese medio o mecanismo legal para poder impugnar dicha determinación, por cuanto a partir de esa acción de personal se hubiera generado la presunta lesión de los derechos que a través de la acción tutelar que nos ocupa pretende su tutela, el cual se traduce en el cambio de funcionaria de carrera a provisoria.

Bajo ese contexto, se evidenció que la ahora impetrante de tutela no acudió a la instancia correspondiente, pretendiendo ahora en el fondo que quede sin efecto la mencionada acción de personal 454/2021 de 5 de marzo que determinó su condición de funcionaria de carrera a provisoria; por lo que, opera la subsidiariedad en la presente acción de amparo constitucional, conforme se tiene previsto en el art. 129.I de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo); razón por la cual corresponde denegar la presente acción tutelar. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 466 a 469, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del asunto planteado. Regístrese, notifíquese y publíquese en Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0318_2025-S1.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 01ce52400f71ac2e7d618a5c2bc9df44bc0e09bc152baff87796db0bd3f63aa4

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