Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de junio de 2024
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a un salario justo y a la inamovilidad laboral; puesto que, el Alcalde ahora accionado, pese a conocer que tiene un hijo menor a un año de edad, le impidió continuar desempeñando su trabajo como funcionario provisorio, con el argumento de que venció el plazo de vigencia del contrato laboral a plazo fijo.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC-0073/2022 de 29 de agosto, cursante de fs. 211 a 214 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en favor de Ariel Parra Rocha, ordenando al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el pago de los sueldos devengados del accionante, hasta que su hijo menor de edad cumplió un año de edad, así como las asignaciones familiares y demás derechos sociales emergentes de la garantía de la inamovilidad laboral.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0317/2024-S3 Sucre, 10 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50245-2022-101-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-0073/2022 de 29 de agosto, cursante de fs. 211 a 214 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ariel Parra Rocha contra Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
El accionante, mediante memoriales presentados el 9 y 15 de agosto de 2022, cursantes de fs. 44 a 47 vta.; y, 64 y vta., manifestó lo siguiente:
Fue contratado desde el 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, como consultor individual en línea en el cargo de (Personal de Apoyo II – Técnico Soporte Informativo IV) para la Unidad de Sistemas del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba. Renovaron la relación laboral bajo el Contrato 095/2021 de 8 de enero, en la modalidad de personal eventual en la Partida 110, en el cargo de Apoyo Administrativo en Centros de Salud I, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021; entre las funciones que debía cumplir estaban controlar la asistencia del personal contratado en la modalidad de consultores en línea en el área de salud, hacer el seguimiento a los procesos de contratación para el Centro de Salud Apote, realizar cronogramas de turnos incluidos sábados y domingos, y la emisión de los certificados de vacunación dando cumplimiento a los instructivos de la Secretaria de Salud y Deportes del indicado Gobierno Autónomo Municipal.
No obstante, la vigencia del Contrato -095/2021-, de manera continua, permaneció trabajando hasta el 16 de febrero de 2022 como en otros casos con el permiso de la Secretaria de Salud y Deportes del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por las exigencias de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19); puesto que, al “día siguiente” -17 del indicado mes y año-, Jhonny Chila Soliz, Director del Centro de Salud Apote, le dio a conocer el informe arbitrario con CITE: HBSQ-JRRHH-LNFS 720/2022 -de 16 del citado mes y año-, donde señalaba que su persona ya no debía presentarse a marcar en el registro biométrico o acceder a cualquier documentación o información ni desempeñar funciones hasta nuevo aviso impidiéndole de esa manera su ingreso. Posteriormente tuvo que hacer entrega de la documentación, el inventario y descargos en presencia del Director del Centro de Salud Apote. Asimismo, por memorial presentado el 11 de marzo de 2022, solicitó al Alcalde ahora accionado, la reincorporación laboral por haberse operado la tacita reconducción; puesto que, su persona trabajó por cuarenta y siete días de haber concluido su contrato, desempeñando sus funciones de manera continua, con el permiso de la Secretaria de Salud y Deportes del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba por las exigencias del COVID-19. De igual manera dio a conocer que, en ese entonces, su hijo contaba con apenas ocho meses de edad; por lo que, su despido afectaba a sus derechos; ya que, no le cancelaron los días trabajados, tampoco le permitieron recoger las boletas del subsidio -se entiende de lactancia-. El 5 de abril de 2022, le notificaron con el Informe Legal con CITE: AJ-HBS Q/ 063/2022 -de 15 de marzo-; por el cual, le indicaron que se tomó la decisión de no contratarlo por no presentar los documentos requeridos y por no contar con la experiencia especifica; empero, de manera contradictoria, en el cargo -de Apoyo Administrativo C.S. I.- designaron a una persona que tenía un contrato de lavandería; asimismo, cuando su persona fue contratado, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, no contaba con el manual de funciones aprobado y respecto al subsidio de lactancia, el mismo debió ser cumplido por el empleador. Cuando presentó su reclamo ante la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del indicado departamento se opuso a cualquier arreglo y mostró su falta de voluntad para resolver su reclamo en la vía conciliatoria, además de intimidarle con iniciarle procesos penal y administrativo por designaciones ilegales, razón por la que no planteó acciones en resguardo de sus derechos.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social y a un salario justo; asimismo, -de la lectura del memorial de acción de amparo constitucional se entiende también a la garantía de inamovilidad laboral-; citando al efecto el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: “…la cancelación de los salarios adeudados, y las lactancias que se adeudan a cancelación de los salarios no pagados y la cancelación de las asignaciones familiares beneficios de lactancia hasta el cumplimiento de un año de mi hijo” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 29 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 209 a 210, en el que se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, en audiencia a través de su abogada, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a través de sus representantes legales mediante informe presentado el 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 169 a 175, así como en audiencia manifestó que: a) El accionante debió acudir a la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, con el objeto de promover el proceso de reincorporación laboral y dilucidar su permanencia, teniendo además la vía jurisdiccional; empero, interpuso directamente la acción de amparo constitucional, lo que resulta improcedente; b) La acción de defensa fue presentada después de los seis meses, incumpliendo el principio de inmediatez para la protección de los derechos, correspondiendo su rechazo; c) Respecto al proceso en la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, “…es totalmente FALSO, NUNCA EXISTIÓ UN PROCESO POR REINCORPORACIÓN LABORAL como determina el DS 049, R.M. 868/2010…” (sic), en ese entendido, fue otro caso de denuncia por pago de beneficios sociales o pago de salarios y otros derechos, en el que no se llegó a ningún acuerdo porque no existió relación laboral en el periodo que se reclamó; d) Los hechos afirmados por el accionante son falsos; puesto que, su contrato como trabajador eventual concluyó el 31 de diciembre de 2021 y no fue trabajador del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del señalado departamento en la gestión 2022; ya que, no cumplía con el perfil requerido para el cargo, razón por la cual no se lo contrató; sin embargo, aprovechando que el personal de Recursos Humanos (RR.HH.) se descuidó en darle de baja en el sistema y la considerable cantidad de personas que ingresan al Centro de Salud Apote, continuó marcando el ingreso en el sistema biométrico, sin que exista en su mayoría la marcación de salida, sin consentimiento ni autorización de RR.HH. del señalado Gobierno Autónomo Municipal y las veces que se lo encontró merodeando por dicho Centro de Salud, se procedió a retirarlo; por lo que, se tiene un total de veintisiete días marcados ilegalmente en dos meses, sin haber realizado ningún tipo de trabajo o servicio para el indicado Centro de Salud; e) De los cuarenta y siete días que refiere haber trabajado el accionante no trabajó ninguno; pese a que adjuntó dos hojas del registro biométrico, firmados por médicos que no son funcionarios dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del citado departamento, sino del Servicio Departamental de Salud (SEDES), de quienes aprovechó el desconocimiento de su desvinculación; por lo que, tampoco se le puede reconocer la tacita reconducción, puesto que nunca tuvo un contrato a plazo fijo, solo tuvo un contrato de carácter eventual; y, f) Respecto a la tacita reconducción, no existió un solo contrato a plazo fijo con el accionante; puesto que, el primer contrato se refiere a servicios por consultoría por un periodo menos a dos meses y el segundo contrato concierne al personal eventual por once meses, a cuya conclusión, no existía ningún vínculo laboral; por lo que, no existe ni siquiera un solo contrato a plazo fijo para efectuar la conversión a contrato indefinido como pretende forzar el accionante. Por lo expuesto pide se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Tercero-, mediante Resolución AAC-0073/2022 de 29 de agosto, cursante de fs. 211 a 214 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: 1) Los contratos suscritos por el accionante y el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del señalado departamento, son diferentes; por cuanto, el primero se refiere a servicios de consultoría en línea como (Personal de Apoyo II – Técnico Soporte Informativo IV) y el otro contrato de personal eventual como Apoyo Administrativo en un Centro de Salud con relación al Hospital “Dr. Benigno Sánchez” Quillacollo, ambas funciones son distintas, sin que exista un contrato posterior, con el objeto de considerar la tacita reconducción; 2) Con relación a las asignaciones familiares respecto al hijo menor de edad del accionante, nació el 24 de mayo de 2021, a la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional -9 de agosto de 2022-, ya cumplió un año edad; por lo que, no corresponde mayor análisis por encontrarse fuera de consideración en el ámbito constitucional, puesto que tales derechos tuvieron vigencia hasta el 24 de mayo del referido año, en ese entendido, no procede la inamovilidad laboral con relación a contratos laborales a plazo fijo, en el sector público o privado y los trabajadores conocen la fecha cierta de la conclusión de la relación laboral; y, 3) No corresponde considerar y resolver aspectos relacionados a la tacita reconducción de los contratos laborales y determinar la continuidad laboral en el último cargo, aspectos que deben ser dilucidados en la jurisdicción laboral.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Certificado de nacimiento expedido por la Oficialía 30901001, Libro LIBN-42, Partida 36, Folio 36 de Quillacollo del departamento de Cochabamba, se establece que el menor de edad AA, nació el 24 de mayo de 2021, siendo sus progenitores Ariel Parra Rocha -hoy accionante- y Karla Andrea Urquidi Quiroga (fs. 51). II.2. Cursan los siguientes contratos: i) Contrato 995/2020 de 19 de noviembre, de Consultoría en Línea Modalidad Menor, Secretaría Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial, suscrito por Angelina Zeballos Corani, Alcaldesa en suplencia legal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba y el accionante, con el objeto que desempeñe las funciones de Consultor en Línea (Personal de Apoyo II – Técnico Soporte Informativo IV) para la Jefatura de Tecnologías de Información gestión 2020, con un plazo de vigencia del 19 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020 (fs. 3 a 5); y, ii) Contrato 095/2021 de 8 de enero, en la modalidad de Contrato eventual Hospital “Dr. Benigno Sánchez” Quillacollo, suscrito por la Alcaldesa en suplencia legal del señalado Gobierno Autónomo Municipal y el accionante, con el objeto que desempeñe las funciones de Apoyo Administrativo Centros de Salud I, con un plazo de vigencia del 8 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 (fs. 6 a 7 vta.). II.3. Por Memorando RR.HH.-HBS/02/2022 de 15 de febrero, emitido por Lourdes Noelia Fiorilo Soliz, Responsable de RR.HH. del Hospital “Dr. Benigno Sánchez” Quillacollo del departamento de Cochabamba, se instruyó al accionante, presentar la documentación original del perfil para optar al cargo de Apoyo Administrativo C.S. I. en el plazo de veinticuatro horas (fs. 16). II.4. Consta memorial presentado el 11 de marzo de 2022, ante el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba; por el cual, el accionante solicitó su reincorporación laboral fundada implícitamente en la inamovilidad laboral por tener un hijo menor a un año de edad y la existencia presunta de la tacita reconducción (fs. 31 a 32).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a un salario justo y a la inamovilidad laboral; puesto que, el Alcalde ahora accionado, pese a conocer que tiene un hijo menor a un año de edad, le impidió continuar desempeñando su trabajo como funcionario provisorio, con el argumento de que venció el plazo de vigencia del contrato laboral a plazo fijo.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 48.VI de la CPE vigente, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa lo siguiente: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (las negrillas son nuestras). Concerniente a esa materia, el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, reglamentó las condiciones de esa garantía constitucional a favor de madres o progenitores que trabajen en el sector público o privado, precisando que los beneficiarios de dicha garantía, no pueden ser despedidos, ni afectados en su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo. Sin embargo, esa garantía tiene como antecedente la labor interpretativa y protectora de los derechos del extinto Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente y fueron recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidando el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral a favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. En esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el extinto Tribunal Constitucional señaló que el derecho que se debe proteger no es solo el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y al ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; el retiro intempestivo de la mujer gestante, también importa la supresión del derecho a la seguridad social, que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, por consiguiente colocan en riesgo el primer derecho, la vida. Efectuando una interpretación sistemática y teleológica del art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que a la letra prescribe: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas” (las negrillas son nuestras), el extinto Tribunal Constitucional estableció que la protección a la mujer embarazada abarca a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las servidoras públicas, sin exclusión; asimismo, alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas con contratos indefinidos, contratos a plazo fijo, como a trabajadoras o funcionarias eventuales, porque la finalidad de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado y no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas; es decir, una protección que no reconoce condicionamiento. Complementando el alcance de la garantía de la inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional señaló que la finalidad de dicha garantía, es otorgar a la mujer embarazada o madre de familia con un hijo menor a un año de edad, estabilidad no sólo económica sino la consiguiente atención médica y emocional; un despido injustificado de la mujer trabajadora de su fuente laboral, indudablemente genera zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación, la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo que no 4 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, señaló que: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley” (las negrillas nos corresponden). Citado por las SSCC 0434/2010-R de 28 de junio y 0581/2010-R de 12 de julio, entre otras. 5 Aplicando una interpretación sistemática y teleológica respecto a la protección de la mujer embarazada el extinto Tribunal Constitucional, en la SC 0715/2005-R de 28 de junio, citando a su vez a las SSCC 310/2000-R de 6 de abril, 447/2000-R de 9 de 9 de mayo, 807/2001-R de 31 de agosto, 483/2002-R de 26 de abril, 0785/2003-R de 10 de agosto, 1331/2003-R de 16 de septiembre y 0572/2005-R de 24 de mayo, entre otros, estableció que: “…abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión; asimismo alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas que tengan contratos indefinidos, contratos a plazo definido como a las trabajadoras o funcionarias eventuales, porque el sentido de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado, conforme a lo previsto por el art. 193 de la Constitución, es decir, que no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas…” (las negrillas son nuestras), citado por la SCP 0227/2013-L de 10 de abril, en el Fundamento Jurídico titulado “La protección constitucional a la mujer trabajadora en estado de embarazo, no reconoce condicionamiento, menos la exigencia de dar aviso previo al empleador sobre dicho estado” y la SCP 0338/2013-L de 20 de mayo.
puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados. De manera análoga, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, aplicando una interpretación sistemática y teleológica; además, de la aplicación del principio pro homine por el que debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, también estableció que la garantía de la inamovilidad laboral de una mujer en estado de embarazo o un progenitor cuya esposa o conviviente está en el mismo estado, corresponde a todas las personas sin discriminación alguna -incluyendo servidores públicos de libre nombramiento-; puesto que, lo que se precautela en todos esos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se halla el derecho primordial a la vida, como también el derecho a la salud; ya que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esa última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer; puesto que, si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado; siendo por lo tanto, una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo; razonamientos que pueden ser 6 Respecto a la inamovilidad laboral la SCP 0424/2012 de 22 de junio, señaló que: “La finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y ahora familia con un menor de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional. En lo específico a la mujer trabajadora en estado de gestación se busca su protección contra un despido o retiro de su fuente laboral por parte de su empleador, que indudablemente generaría zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación. Asimismo, el art. 2 de la Ley 975, sostiene que la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo cual no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados” (las negrillas nos corresponden). 7 Respecto al principio pro homine, la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, estableció que: “Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas” (las negrillas nos pertenecen), citado en la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio. 8 Respecto a la inamovilidad laboral de la mujer embarazada o progenitor con esposa en el mismo estado, la SCP 1417/2012 de 20 septiembre señaló que: “…más aún si se trata de casos, en los que una servidora pública, se encuentra en estado de embarazo o un progenitor tenga a su esposa o conviviente en el mismo estado; puesto que lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, reconocido en el art. 15 de la CPE que dice: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte’; así como también el derecho a la salud, reconocido en el art. 18 de la CPE, que señala: ‘I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna’ toda vez que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer, puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, según lo dispone el art. 62 de la CPE, que dice: ‘El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades’ y el art. 64 de la CPE, ‘I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones, siendo por ende una obligación aplicables a los servidores públicos provisorios en cuanto a la protección de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, aplicando una interpretación sistemática y teleológica, además de la aplicación del principio pro homine.
Siguiendo la línea de razonamiento, es preciso enfatizar también que, sin bien la acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, que exige el agotamiento previo de los medios o recursos intraprocesales judiciales o administrativos; sin embargo, tratándose de la tutela de los derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de su fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar condicionado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad.
La jurisprudencia constitucional también estableció que la comunicación oportuna del estado de embarazo no es condición para la protección que brinda esta garantía reconocida por la Constitución Política del Estado; es decir, no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora para acceder a la protección que brinda la Norma Suprema en su condición de gestante y con niño menor a un año de edad. Ahora bien, un derecho vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral, es el derecho fundamental de las mujeres a la maternidad segura, reconocido expresamente por el art. 45.V de la CPE, cuyo texto expresa: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a un salario justo y a la inamovilidad laboral; puesto que, el Alcalde ahora accionado, pese a conocer que tiene un hijo menor a un año de edad, le impidió continuar desempeñando su trabajo como funcionario provisorio, con el argumento de que venció el plazo de vigencia del contrato laboral a plazo fijo. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se establece que el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba y el accionante, celebraron una relación contractual, en un primer momento mediante Contrato 995/2020 de 19 de noviembre, de Consultoría en Línea Modalidad Menor, Secretaria Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial, con el objeto que el accionante desempeñe funciones de Consultor en Línea (Personal de Apoyo II – Técnico Soporte Informativo IV) para la Jefatura de Tecnologías de Información Gestión 2020, con un plazo de vigencia de 19 de noviembre hasta el 31 de diciembre del citado año y posteriormente el Contrato 095/2021 de 8 de enero, Contrato Eventual Hospital “Dr. Benigno Sánchez” Quillacollo, con el objeto que desempeñe las funciones de Apoyo Administrativo Centros de Salud I, con un plazo de vigencia del 8 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 (Conclusión II.2.). Durante el desempeño de sus funciones laborales del accionante, nació su hijo menor de edad AA el 24 de mayo de 2021 (Conclusión II.1.); por lo que, con esa justificación y la presunta tacita reconducción, mediante memorial presentado el 11 de marzo de 2022, ante el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, solicitó su reincorporación laboral (Conclusión II.4.), después de haber recibido el Memorando RR.HH.-HBS/02/2022 de 15 de febrero, emitido por la Responsable de RR.HH. del Hospital “Dr.
Benigno Sánchez” Quillacollo, instruyéndole presentar la documentación original del perfil para optar al cargo de Apoyo Administrativo C.S. I. en el plazo de veinticuatro horas (Conclusión II.3.). En ese contexto se revisará el problema jurídico planteado, tomando en cuenta los hechos de relevancia constitucional descritos en la acción de amparo constitucional, vinculado principalmente con la garantía de la inamovilidad laboral del accionante hasta que su hijo cumpla un año de edad, del cual derivan otros derechos relacionados al trabajo, a la salud, a la seguridad social del nombrado y de su hijo menor a un año de edad, conforme se tiene citado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. Sin embargo, es preciso abordar alguna cuestión procesal planteada en el desarrollo de la acción de amparo constitucional, como el presunto incumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez. Respecto a la presunta subsidiariedad incurrida por el accionante. Esa cuestión fue mencionada en el informe presentado por el Alcalde hoy accionado; no obstante, es uniforme la jurisprudencia constitucional al señalar que, tratándose de mujeres embarazadas o progenitores con hijos menores a un año de edad, cuya protección merece atención inmediata y el retiro injustificado en ese estado puede significar poner en riesgo la salud y la vida del hijo por nacer o menor a un año de edad -considerados grupos de personas vulnerables de atención prioritaria-, por cuya razón, en esos casos, se aplica la excepción del principio de subsidiariedad como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, no le es exigible al accionante agotar los medios o recursos en sede administrativa con el objeto de buscar la restitución de sus derechos, pudiendo acudir directamente a la jurisdicción constitucional para tutelar sus derechos y las de su hijo menor de edad. Respecto al presunto incumplimiento del principio de inmediatez por el accionante. Esa cuestión fue mencionada en el informe presentado por el Alcalde ahora accionado; sin embargo, es preciso tomar en cuenta el Memorando RR.HH.-HBS/02/2022, emitido por la Responsable de RR.HH. del Hospital “Dr. Benigno Sánchez” Quillacollo, que fue puesto en conocimiento del accionante, instruyéndole presentar la documentación original del perfil para optar al cargo de Apoyo Administrativo C.S. I., en el plazo de veinticuatro horas (fs. 16); y, el memorial presentado el 11 de marzo de 2022, ante el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba; por el cual, el accionante solicitó su reincorporación laboral por inamovilidad laboral por tener un hijo menor a un año de edad y la presunta existencia de la tacita reconducción (fs. 31 a 32). Aspectos que permiten concluir que el plazo de la inmediatez no se encontraba vencido; es decir, que no habían transcurrido los seis meses para la interposición de esta acción tutelar; además, en ese lapso de tiempo, el accionante estuvo presentando su reclamo para la restitución de sus derechos laborales; por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, se encuentra impelido a efectuar el análisis de fondo de la cuestión planteada. Respecto al análisis de la cuestión de fondo planteado, vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral del accionante. Si bien no se denunció expresamente la vulneración de la garantía de la inamovilidad laboral por ser padre de un menor hasta que cumpla un año de edad; sin embargo, de los hechos descritos por el accionante en la acción de defensa y que tienen relevancia constitucional, se puede establecer que los hechos lesivos se encuentran vinculados principalmente a la garantía de la inamovilidad laboral del progenitor hasta que el hijo cumpla un año de edad; además, la pretensión del petitorio, subsanado en el memorial cursante a fs. 64 y vta., expresamente solicita se conceda la tutela y en consecuencia se ordene “…la cancelación de los salarios adeudados, y las lactancias que se adeudan a cancelación de los salarios no pagados y la cancelación de las asignaciones familiares beneficios de lactancia hasta el cumplimiento de un año de mi hijo” (sic), aspectos vinculados claramente a la garantía de la inamovilidad laboral por ser padre de un menor hasta que cumpla un año de edad. Es necesario enfatizar que la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas o de progenitores, hasta que el hijo/a cumpla un año de edad, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, no reconoce condicionamiento o criterio de discriminación y abarca cualquiera sea la modalidad de trabajo, la naturaleza del contrato, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador, en todo caso incluyendo a los funcionarios con contrato a plazo fijo suscrito de manera sucesiva; puesto que, la finalidad de dicha garantía no solo tiene un carácter protectivo para la madre, sino, para el hijo por nacer o hasta el año de nacimiento, precautelando su bienestar económico, psicológico, con las prestaciones debidas correspondientes a la seguridad social y a la salud; por cuanto, dicha garantía incluye la prohibición de afectar el nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo, como se tiene explicado ampliamente en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En esa comprensión, es necesario señalar que los hechos de relevancia jurídico-constitucional dan cuenta que el accionante se vinculó laboralmente con el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en primer término, como consultor en línea como personal de Apoyo II – Técnico Soporte Informativo IV dependiente de la Jefatura de Tecnologías de Información, desde el 19 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020 y luego, mediante Contrato eventual 095/2021, para que desempeñe funciones de Apoyo Administrativo Centros de Salud I, dependiente del Hospital “Dr. Benigno Sánchez” Quillacollo, desde el 8 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021; extremo que denota la calidad de personal eventual o personal con contrato a plazo fijo, no obstante la imprecisión, resulta evidente del contrato laboral. También es evidente que, en vigencia de la relación laboral del accionante, nació su hijo menor de edad el 24 de mayo de 2021; en ese entendido la garantía constitucional de la inamovilidad laboral no excluye a trabajadores eventuales o con contrato a plazo fijo, porque tiene la finalidad de otorgar a la mujer embarazada, madre o padre progenitor de un hijo menor a un año de edad, la estabilidad económica, certidumbre emocional, atención médica y a las prestaciones en salud y las asignaciones familiares que corresponden al accionante, en su calidad de padre de un menor hasta que cumpla un año de edad, como para el hijo menor a un año de edad; lo contrario implicaría, aceptar una desvinculación que genere incertidumbre y preocupación que pueda comprometer su salud y por consiguiente la vida de la beneficiaria madre y el ser en gestación o el hijo hasta que cumpla un año de edad. Habiendo suficiente mérito para la concesión de la tutela de la garantía de la inamovilidad laboral y tomando en cuenta la cualidad de la interdependencia de los derechos fundamentales previsto por el art. 13.I de la CPE, también se advierte la afectación de los derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social y a un salario justo; por consiguiente, se hace extensiva la tutela para la protección de esos derechos, denunciados expresamente por el accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC-0073/2022 de 29 de agosto, cursante de fs. 211 a 214 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en favor de Ariel Parra Rocha, ordenando al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el pago de los sueldos devengados del accionante, hasta que su hijo menor de edad cumplió un año de edad, así como las asignaciones familiares y demás derechos sociales emergentes de la garantía de la inamovilidad laboral.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
1 La Constitución Política del Estado fue aprobado por la Asamblea Constituyente el 2007, compatibilizado en el Congreso Nacional el 2008, aprobado en Referéndum Nacional el 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero de 2009.
2 El DS 0012 de 19 de febrero de 2009, que Reglamenta las Condiciones de Inamovilidad Laboral de la Madre y Padre Progenitores que Trabajen en el Sector Público o Privado, establece en su art. 2, el alcance de esta garantía constitucional en los siguientes términos: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo” (las negrillas nos pertenecen).
3 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre estableció que: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…”.
insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo’” (las negrillas son nuestras).
9 Respecto a la excepción a la subsidiariedad en el caso de mujeres trabajadoras embarazadas o padres progenitores, la SC 0558/2011-R de 26 de septiembre, estableció que: “La acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria hace posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Se activa ante la inexistencia de otras vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de esta acción, debiendo hacer abstracción del mismo con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad” (la negrillas son añadidas), jurisprudencia constitucional reiterada de manera uniforme en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0673/2013-L de 18 de julio y 0076/2012 de 12 de abril, entre otras.
10 Entendimiento jurisprudencial expresado en la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, que constituye un cambio en la línea jurisprudencial establecida en la SC 1416/2004-R de 1 de septiembre, que estableció el deber de la mujer embarazada de comunicar previamente su estado de embarazo al empleador. Confirmada por la SC 1882/2010 -R de
25 de octubre, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1187/2012 de 6 de septiembre y 0081/2018-S2 de 23 de marzo, entre otros.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0317_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): b7cb9cbfe8154d6c9889c33f43d42856707f4b842094bb71d27bff26ca91fdbb
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