B.IA.LEGAL

SCP 0316/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
59630-2023-120-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida con relación a la salud y a la seguridad social; y, al trabajo relacionado con la estabilidad laboral; puesto que, sin observar el procedimiento establecido se emitió el Memorando D.G.RR.HH. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 231/2023 de 6 de noviembre, cursante de fs. 217 a 222, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, ante la vulneración de los derechos a la vida con relación a la salud y a la seguridad social; y, al trabajo relacionado con la estabilidad laboral de María Elena Limachi Zambrana, dejando sin efecto el Memorando D.G.RR.HH. 03550/2023 de 7 de julio, emitido por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; 2° Dispone la reincorporación inmediata de María Elena Limachi Zambrana conforme a la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023 de 21 de agosto, pronunciada por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, en las mismas condiciones anteriores al momento de su despido, sin causa justificada, más el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral y la restitución de los derechos a la seguridad social a corto y largo plazo, debiendo considerarse el plazo señalado en el último Contrato a Plazo Fijo C-976 de 30 de diciembre de 2022 y siempre que dicha decisión hubiese sido confirmada dentro del recurso de revisión formulado por el municipio de La Paz; se aclara que de considerar pertinente, ante la presunta comisión de una falta administrativa grave debe observarse un debido proceso administrativo interno en el que se resguarden los derechos de la nombrada en atención a que se trata de una persona que padece de la enfermedad de cáncer determinada y certificada por la Caja Nacional de Salud; y, 3° Recomendar a los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, observar la jurisprudencia mencionada en ete fallo constitucional, ante la formulación de una acción de defensa de personas diagnosticadas con la enfermedad de cáncer, con la finalidad de proteger su derecho primordial a la vida y los que deriven del mismo, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El bloque de constitucionalidad y el marco normativo constitucional
  2. III.2. El derecho a la vida en relación al derecho a la salud y a la seguridad social respecto a los enfermos de cáncer
  3. III.3. Protección especial del derecho a la estabilidad laboral de las personas con cáncer por su estado de debilidad manifiesta
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0316/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 59630-2023-120-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 231/2023 de 6 de noviembre, cursante de fs. 217 a 222, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Elena Limachi Zambrana contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memoriales presentados el 27 de septiembre y 6 de octubre, de 2023, cursantes de fs. 62 a 72 vta. y 77 a 81 manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el 27 de mayo de 2013, habiendo firmado desde esa fecha y en forma periódica catorce Contratos a Plazo Fijo hasta el 30 de septiembre de 2023, desempeñando el cargo de Apoyo Administrativo de Centros Infantiles, siendo el último el de Asistente II, Asistente de Técnico de Coordinación dependiente de la Dirección de Atención Social Integral realizando tareas propias y permanentes; sin embargo, a pesar de que en 2018, fue sometida a una intervención quirúrgica para extirparle la mama derecha debido al diagnóstico de cáncer, recibiendo seis quimioterapias y dieciseis radioterapias y la prescripción de un tratamiento hormonal (quimioterapia oral) que debe continuar por diez años, tal cual establece el Certificado Médico emitido por el Cirujano Oncólogo de la Caja Nacional de Salud (CNS) extendido el 16 de septiembre de 2023, fecha desde la cual su empleador tiene conocimiento de su estado de salud, tal cual se puede advertir de la Nota GAMLP.DGRH UBSSO. 113/2023 de 24 de mayo, emitida por el Jefe de la Unidad de Bienestar Social y Seguridad Ocupacional del Municipio de La Paz, mediante la cual certifica que se encuentra registrada en la base de datos de inmovilidad laboral por su enfermedad inmune depresora (cáncer) “en la gestión 2023”; empero, el 5 de julio de ese año, de manera sorpresiva y arbitraria fue presionada por la Secretaria Municipal de Educación y Desarrollo Social de dicha Alcaldía, a firmar una supuesta carta de renuncia que la misma elaboró, ante la amenaza de iniciar en su contra procesos; sin embargo, considerando que no fue una manifestación de su voluntad, al día siguiente presentó notas a su inmediato superior, la indicada Secretaría y a la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.), pidiendo se deje sin efecto la carta de supuesta renuncia, la que no fue considerada siendo notificada con el Memorando DGRRHH 03550/2023 de 7 de julio. Dicha decisión afectó al seguro de salud que la Caja le brindaba, que fue dado de baja; por lo que, se encuentra sin recibir atención médica periódica ni el tratamiento hormonal que debía brindarle hasta la gestión 2030, situación que pone en riesgo su vida, salud e integridad física, debiendo esperar conforme lo quiere “hacer ver el GAMLP” a que se resuelva el recurso de revisión; causándole extrañeza que no se hubiese considerado conforme indica la Cláusula Sexta inc. b).1 de su último Contrato que en su calidad de contratada debía hacer conocer su renuncia voluntaria a la “DGRH” con el visto bueno del inmediato superior con al menos quince días hábiles de anticipación, de haber tenido la voluntad de renunciar, habiéndose procesado esta supuesta decisión de manera inmediata sin observar el procedimiento establecido; razón por la cual el 14 de julio de 2023, requirió al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social se disponga su reincorporación al cargo ante la evidente vulneración de sus derechos, entidad que por Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023 de 21 de agosto, dispuso su inmediata reincorporación laboral en las mismas condiciones anteriores al momento de su despido sin causa justificada lo que comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que dure la suspensión de la relación laboral y la restitución de sus derechos a la seguridad social a corto y largo plazo, decisión que se notificó a las partes procesales el 24 de similar mes y año, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar hubiese sido cumplida, pese a no haberse constituido causales legalmente establecidas para su despido ni haber sido sometida a ningún proceso en el que pudo establecerse su responsabilidad por alguna de las causales previstas por los arts. 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Decreto Reglamentario; por lo que, los arts. 13.II de la Ley 1648 y 20.III del Protocolo de Actuación para la Aplicación de dicha Ley, establece que la restitución de derechos laborales debe ser cumplida en el término de tres días computables desde su notificación y que la presentación del recurso de revisión no implica la suspensión de la ejecución de reincorporación laboral dispuesta, no recibió respuesta alguna, habiendo solicitado el 29 de agosto de 2023, la verificación de reincorporación, siendo notificada con el Informe MTEPS-JDT LP-KFTE-1278-INF/23/2023-44586 de 6 de septiembre, dictado por la Inspectora del Trabajo de La Paz que refiere: “‘…en fecha 30 de agosto de 2023 con hoja de ruta N°2023-440642, la parte empleadora interpone Recurso de Revisión, conforme a procedimiento establecido por el artículo 13 de la Ley N° 1468 y el artículo 27 I de la Resolución Ministerial 1377/22”’ (sic), situación que lesionó sus derechos a: a) La vida con relación con el derecho a la salud y seguridad social; por cuanto, del Certificado Médico de 18 de septiembre de 20223, emitido por el médico cirujano oncólogo de la CNS se evidencia que fue valorada oncológicamente en enero de 2019, con diagnóstico de mama derecha EC III, se sometió a una mastectomía fuera de la institución ante la patología de carcinoma ductal infiltrante, recibió quimioterapia y radioterapia hasta marzo de 2020, e instruyó un tratamiento hormonal por diez años, a presentar una enfermedad oncológica de comportamiento crónico e irreversible, debiendo mantener controles periódicos con exámenes de gabinete, laboratorio y clínicos por la posible recurrencia; en consecuencia, el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación no solo la priva de su fuente laboral y el acceso a los servicios de salud sino la condena a muerte ante su diagnóstico de cáncer de mama y la falta de atención médica, situación que la dejó en un estado absoluto de indefensión y con la necesidad de requerir ayuda solidaria para recaudar fondos para costear sus medicamentos ante su necesidad de continuar con el tratamiento integral de esa enfermedad. b) Al trabajo relacionado con la estabilidad laboral, al haber suscrito sucesivos Contratos a Plazo Fijo desde la gestión 2013 hasta la gestión 2023, su relación está bajo regulación del art. 2 la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, que establece que los trabajadores manuales y técnico operativos administrativos de los municipios se encuentran amparados por la Ley General del Trabajo; por lo que, debe considerarse que mantenía una relación laboral indefinida “debiendo respetarse su estabilidad”; sin que hasta la fecha, pese a que la autoridad accionada fue notificada el 24 de agosto de 2023, con la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023, que instruye su reincorporación laboral, pago de sueldos devengados y los derechos a la seguridad social a corto y largo plazo amparada en el art. 2.III de la Resolución Ministerial (RM) 107/10 de 23 de febrero de 2010, que indica que las renuncias por presión y hostigamiento con cargo al empleador deban ser consideradas retiros forzosos e intempestivos; por lo que, considera que su despido fue injustificado, sin que se hubiere observado el art. 19.II de la RM 1377/22 -de 1 de noviembre-, Protocolo de Actuación de la Aplicación de la Ley 1468, que instruye se restituyan los derechos laborales en el término de tres días computables desde la notificación con la resolución, restitución que no puede suspenderse por la presentación de un recurso de revisión tal cual establece el art. 20 de dicha Resolución y el art. 13.II de la Ley 1468, al gozar de inamovilidad laboral por su estado de salud ante su diagnóstico de cáncer de mama, al no haber presentado su renuncia voluntariamente al cargo, procesando la Dirección de RR.HH. su desvinculación con la sola presentación de la nota, sin observar el procedimiento establecido, lesionando su estabilidad laboral.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida con relación a la salud y a la seguridad social; y, al trabajo relacionado con la estabilidad laboral; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cumpla de inmediato a la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023 de 21 de agosto y sin mayor dilación se la reincorpore al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido injustificado, más el pago de salarios devengados y restitución de su derecho a la seguridad social a corto y largo plazo ante su diagnóstico de cáncer de mama.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 6 de noviembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 210 a 216 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de sus representantes legales mediante informe presentado el 3 de noviembre de 2023, cursante de fs. 196 a 203; así como, en audiencia manifestó: que 1) Se suscribieron con la accionante doce contratos a plazo fijo con diferentes denominaciones como ser contrato modificatorio, contrato de adecuación, contrato eventual para personal No Permanente, como se denominó al último, signado como C-976 de 30 de diciembre de 2022, cuya vigencia se extendió del 3 de enero al 30 de septiembre de 2023, a efecto de desempeñar el cargo e Asistente II, Técnico de Coordinación dependiente de la Secretaria Municipal de Educación y Desarrollo Social, sujeto a la planilla 121 con un salario mensual de Bs5 480.- (cinco mil cuatrocientos ochenta bolivianos), sujeto a los arts. 6 de la Ley 2028 Estatuto del Funcionario Público concordante con el 60 del DS 26115 y 9 de la Ley 1178, DS 23318-A y Reglamento Interno de Personal del citado Gobierno Autónomo (Cláusula Quinta); 2) La conclusión de la relación laboral fue voluntaria, sin que sea evidente que se ejerció presión psicológica emitiéndose el Memorando D.G.RR.HH. 03550/2023 de 7 de julio, por el que se le comunicó la aceptación de su renuncia aplicando el art. 60 inc. a) del Reglamento Interno de Personal (RIP) y que recibió escribiendo “no estoy de acuerdo”; 3) No hubo despido intempestivo, aclarando que no existió presión para que suscriba la nota de renuncia que ingresó por ventanilla; no puede aplicarse el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario; ya que, la contratación fue eventual ante la “necesidad de servicio” y después se procesó su renuncia; no corresponde representar la renuncia sino el citado Memorando, acto administrativo contra el que no formuló recurso de revocatoria e inclusive recurso jerárquico de aperturarse la vía administrativa; 4) Al momento de solicitar su reincorporación y que se deje sin efecto su renuncia, confesó la comisión de una falta grave cometida en instalaciones del municipio, pidiendo se aplique el art. 51 del RIP, concluyendo el Informe SMEDS-DASI-LEGAL 088/2023 de 25 de julio, que se tomaron fotografías y hubo intervención policial preventiva y que no se debía dar curso a la solicitud al no existir óbice legal por tema de retractación de la voluntad para la nulidad o anulabilidad que permitan dejar sin efecto actos administrativos que produjeron sus efectos legales; 5) No es beneficiaria de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, que reincorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo al personal permanente, refiriéndose al personal de planta con ítem quien tiene acumulado su bono de antigüedad y vacaciones; por lo que, no se aplicó la tácita reconducción del contrato; 6) El personal con discapacidad no goza de inamovilidad laboral absoluta, debiendo sujetarse el personal eventual a la Cláusula Sexta de su contrato que señala las causales de resolución del municipio y contratado, siendo la única la renuncia que efectúe el trabajador, como sucedió en el caso; 7) La inamovilidad por causa de enfermedad se presenta en dos casos, respecto del personal que acredita con el carnet una discapacidad del 60% (art. 34.I de la Ley 223) y personas con cáncer que se encuentren en la lista, lo que no significa que ante la comisión de una falta administrativa grave se garantice la inamovilidad violentando el ordenamiento administrativo vigente, así lo establece el Informe DGRH-UBSSO 097/2022 de 9 de febrero, que reconoce que el tratamiento de cáncer a la accionante concluyó con las quimioterapias, restando solo la medicación; 8) Ante la abrogatoria del Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, que modificó al art. 10.III del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, por la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022, el procedimiento de reincorporación fue modificado; por lo que, ante el recurso de revisión presentado el 30 de agosto de 2023, contra la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023 de 21 de agosto, se tiene un término de cuarenta y cinco días hábiles para emitir la resolución ministerial respectiva que se cumplirá recién el 1 de noviembre de 2023, decisión que adquirirá la calidad de título coactivo y debe remitirse al Juez del Trabajo y Seguridad Social para su cumplimiento; puesto que, corresponde desestimar la presente acción; 9) Informó que la Unidad de Asesoría Legal de la Dirección de Gestión de RR.HH. del municipio remitió a la Defensoría del Pueblo el Informe DGRH AL 1443/2023 de 19 de octubre, efectuando un relato de los hechos suscitados y antecedentes de ese caso; y, 10) Por intermedio de la Dirección de Procesos Jurisdiccionales se formalizó denuncia por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos contra Maribel Apaza Mamani; Huáscar Sarmiento Mújica y la accionante, caso con Código Único de Denuncia (CUD): 201102012305453, de acuerdo con el Informe de Intervención Policial de 5 de julio de 2023, emitido por el Jefe de Seguridad de la Guardia Municipal, dándose inicio a las investigaciones a cargo del Fiscal de Materia e investigador asignado al caso, encontrándose en etapa preparatoria, evidenciándose que en la madrugada del mismo día en el que se intervinieron las oficinas municipales en las que se encontró a la accionante y otras personas en estado de ebriedad, fue el mismo en el que presentó su renuncia. Por los argumentos expuestos pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Verónica Patricia Navía Tejada, entonces Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de su representante legal, en audiencia manifestó que: i) El 14 de julio de 2023, la accionante solicitó a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, su reincorporación a su puesto de trabajo al haber sido forzada a presentar su renuncia sin considerar que fue diagnosticada con cáncer de mama; por lo que, emitida la respectiva citación y emplazamiento, se pronunció la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023, que instruyó su reincorporación en las mismas condiciones anteriores a su despido, más el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión y restitución de su derecho a la seguridad social a corto y largo plazo, al encontrarse protegida por la Ley 1323 de 5 de septiembre de 2019, que garantiza la estabilidad laboral de un trabajador del sector público o privado con cáncer, quien no puede ser despedido sin causa justa, sin que los argumentos vertidos constituyan causales legales para retirarla; y, ii) El 30 de agosto de 2023, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz interpuso recurso de revisión contra la indicada resolución de reincorporación, encontrándose la resolución ministerial que la resolvió pendiente de notificación, decisión que debe ser cumplida de acuerdo con el art. 27 de la RM 1377, que aprobó el "Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 - Ley de Procedimiento para la Restitución de Derechos Laborales" (sic), en el plazo de tres días.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 231/2023 de 6 de noviembre, cursante de fs. 217 a 222, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Formulado el recurso de revisión contra la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS -DNC-REDLAB-1454-2023, se pronunció resolución desconociendo si es positiva o negativa; en el hipotético caso de que sea favorable para la accionante no quedará más que cumplir con la decisión asumida; empero, si la resolución fuera negativa y se revocará la resolución impugnada, será la autoridad que pronuncie la resolución ministerial, ya no el empleador, quien habría incurrido en la presunta vulneración de derechos, “…bajo ese hipotético establecida en el análisis de este principio de la subsidiariedad…” (sic) se evoca la jurisprudencia establecida en la SC “1337/2003-R”; y, b) Notificada la accionante con el recurso de revisión, de ser contrario, puede salvar la vía correspondiente a los fines, ya sea ante la jurisdicción constitucional o en su caso, las autoridades jurisdiccionales laborales, para activar lo que prevean las normas constitucionales y la norma procesal sustantiva.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan Contratos Administrativos a Plazo Fijo GAMLP-OMDH-470/2013 de 27 de mayo (fs. 4 a 7); GAMLP-364/2014 de 3 de febrero (fs.8 a 12); C-10197 de 1 de septiembre de 2014 (fs.13); C-3810 y su Modificatorio de 2 de febrero y 11 de junio ambos de 2015 (fs. 14 a 15); C-4822 de 1 de julio de ese año (fs. 16); C-3292 de 1 de febrero de 2016 (fs. 17); C-2963 de 15 de febrero de 2017 (fs.18); C-2753 de 5 de febrero de 2018 (fs. 19); C-125 de 28 de diciembre de 2018 (fs. 20); C-1267 de 31 de diciembre de 2019 (fs. 21); C-409 de 4 de enero de 2021 (fs. 22); y Contratos Eventuales para Personal No Permanente C-146 de 4 de enero de 2022 (fs. 23); C5259 de 22 de agosto de igual año (fs. 24);y, C-976 de 30 de diciembre de 2022 (fs.25). II.2. Constan Certificados médicos extendidos por la CNS extendidos el 14 de octubre de 2019; 4 y 6 de febrero, 12 y 17 de junio, 26 de octubre y 10 de diciembre de 2020; 11 de marzo, 13 de julio, 10 de agosto y 22 de diciembre de 2021; 27 de enero de 2022 y 18 de septiembre de 2023 (fs. 33 a 37, 135, 136, 146, 148, 151, 152, 154, 160, 162, 164) en favor de la paciente María Elena Limachi Zambrana -hoy accionante-, con Mat. 82-5809 LZM, diagnostica con cáncer de mama; refiriendo el extendido el 18 de septiembre de 2023, que presenta una enfermedad oncológica de comportamiento crónico e irreversible, correspondiendo mantener controles en forma periódica en Oncología, con exámenes de Gabinete, laboratorios y examen clínico por la posibilidad de recurrencia; Informes médicos de evaluación de puesto de trabajo y otras de Unidades de la CNS (fs. 150, 172, 174, 175, 182).

II.3. Cursan Notas de 8 y 17 de enero de 2019, por las que la accionante hizo conocer y puso en conocimiento de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social e Integral del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sobre su estado de salud (fs. 43 a 44); Notas presentadas el 5 de febrero y 8 de junio de 2020, 29 de diciembre de 2021 y 24 de mayo de 2023, por la accionante ante el Director de Gestión de RR.HH. de dicho municipio, para su consideración y conocimiento por enfermedad inmune que padece (cáncer [fs. 45 a 49, 132]). II.4. Por Informe DGRH-UBSSO 097/2022 de 9 de febrero, la Trabajadora Social de la Unidad de Bienestar Social y Seguridad Ocupacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ante la solicitud de inamovilidad laboral, en atención al art. 12.VI de la Ley 1223 -del Cáncer- de 5 de septiembre de 2019, consideró la viabilidad de dicho pedido “…por lo que a partir de la fecha de emisión del informe por la Unidad (…) se registra en la base de datos sobre inamovilidad funcionaria por considerarse aún latente la enfermedad lo cual amerita mantenerse bajo controles médicos por oncología clínica y tratamientos farmacológicos” (sic [fs. 130 y vta.]); a través de la Nota GAMLP.DGRH UBSSO.OF. 113/2023 de 24 de mayo, remitida por la Jefa de la Unidad de Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del municipio de La Paz a la accionante, se le informó que “…se encuentra registrada en la Base de datos de Inamovilidad Laboral por enfermedad inmune depresora (cáncer) en la presente gestión 2023” (sic [fs. 49]). II.5. Mediante Nota recibida el 5 de julio de 2023, la accionante presentó ante la Secretaría Municipal de Desarrollo Social e Integral del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, renuncia irrevocable a su cargo “por motivos estrictamente personales” (fs. 50); no obstante, por Notas de 6 del mismo mes y año, pidió a la indicada Secretaría Municipal dejar sin efecto la renuncia presentada con HR 52007 (fs. 51); y, al Director de Gestión de RR.HH. su reincorporación y que se deje sin efecto la “Renunciar Forzada” (fs. 52); autoridad que por el contrario mediante Memorando D.G.RR.HH. 03550/2023 de 7 de julio, le comunicó la aceptación de su renuncia conforme el art. 60 inc. a) del Reglamento Interno de Personal del municipio y que al ser el 5 de julio de 2023, su último día de trabajo, el Contrato C-976 quedaba resuelto de acuerdo con la Cláusula Sexta inc. b).1 (fs. 97). II.6. A través del memorial presentado el 14 de julio de 2023, ante la Jefatura Departamental de Trabajo Empleo y Previsión Social, la accionante pidió su reincorporación laboral y pago de salarios devengados (fs. 53 a 54); pronunciándose la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC -REDLAB-1454-2023 de 21 de agosto, por la que resolvió la inmediata reincorporación laboral de la accionante al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en las mismas condiciones anteriores al momento de su despido, sin causa justificada, la misma comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral y la restitución de los derechos a la seguridad social a corto y largo plazo (fs. 56 a 59). II.7. A través de la petición de verificación de reincorporación requerida por la accionante mediante Nota presentada el 29 de agosto de 2023 (fs. 60); la Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz emitió el Informe MTEPS-JDT LP-KFTE-1278-INF/23/2023-44586 de 6 de septiembre, indicó que la parte empleadora, interpuso recurso de revisión, conforme el procedimiento establecido en los arts. 13 de la Ley 1468 y 27.I de la RM 1377/22; por lo que, al no tener prevista en esa etapa del procedimiento acción adicional como es la “verificación de reincorporación” con efecto ni el trámite principal, la solicitante debía considerar la norma adjetiva especial en la instancia administrativa y jurisdiccional, respectivamente, concluyendo que la atención de su solicitud era inviable y que la parte interesada debía adecuar su solicitud al procedimiento especial (fs. 61 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida con relación a la salud y a la seguridad social; y, al trabajo relacionado con la estabilidad laboral; puesto que, sin observar el procedimiento establecido se emitió el Memorando D.G.RR.HH. 03550/2023 de 7 de julio, aceptando su renuncia al cargo, nota que firmó ante la amenaza de inicio de procesos en su contra; empero, que no elaboró, determinando su baja de los servicios de salud brindados por la CNS, sin considerar que fue registrada en la base de datos de inmovilidad laboral “…en la presente gestión 2023…” (sic), por el cáncer que padece, sometiéndose a una intervención quirúrgica de extirpación de la mama derecha, seis quimioterapias, dos radioterapias y la determinación de recibir un tratamiento oral por diez años; además, de controles y exámenes periódicos; por lo que, solicitó a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, su reincorporación a su cargo, emitiéndose la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023 de 21 de agosto, que instruyó su inmediata reincorporación al municipio de La Paz, en las mismas condiciones previas a su despido, el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión y la restitución de su derecho a la seguridad social a corto y largo plazo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El bloque de constitucionalidad y el marco normativo constitucional; 2) El derecho a la vida en relación al derecho a la salud y a la seguridad social respecto a los enfermos de cáncer; 3) Protección especial del derecho a la estabilidad laboral de las personas con cáncer por su estado de debilidad manifiesta; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. El bloque de constitucionalidad y el marco normativo constitucional

El bloque de constitucionalidad integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos tal cual prevén los arts. 13. IV y 410.II de la CPE, refieren que dichos derechos son de atención prioritaria de los Estados partes. En ese marco, con relación al derecho a la seguridad social, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su art. 2.1 determinó que cada uno de los Estados parte se comprometen a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos por él reconocidos. En coherencia con lo anterior, el art. 9 prevé textualmente que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

Del mismo modo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, en su art. 1 establece la obligación de los Estados partes de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos tales derechos, al establecer en su art. 4 que: “No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado”, indicando el art. 9 como contenido esencial del derecho a la seguridad social, que: “1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto”.

El art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), señala que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”; de igual manera, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su art. XVI, señala: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.

Sobre el derecho a la salud, el art. 25.I de la DUCH, determina que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”; por su parte, el art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), refiere: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”; indicando el art. 12.2 incs. c) y d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), figurando entre las medidas que pueden adoptar los Estados Partes para asegurar la plena efectividad de ese derecho: “c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas”; y, “d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.

El Protocolo Adicional a la CADH “Protocolo de San Salvador” relacionado al derecho a la salud, en el art. 10 indica: “1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud; y, f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”.

En coherencia con el orden normativo constitucional y el bloque de constitucionalidad, el Capítulo Quinto, del Título II de la Primera Parte de la Constitución Política del Estado, referido a los Derechos Sociales y Económicos, Sección II, desarrolla los derechos a la salud y a la seguridad social; así el art. 45.I de la CPE, manifiesta que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, y que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; refiriendo expresamente el parágrafo III que: “El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales”.

Sobre el derecho a la salud el art. 18 contenido en el Capítulo Segundo de la Constitución Política del Estado, referido a derechos fundamentales, determina que: “I. Todas las personas tienen derecho a la salud; II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna; y, III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno”. De igual manera el art. 48 de la CPE, determina que: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos a favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles…”.

En consecuencia, en el marco del nuevo orden constitucional y en observancia con los Tratados y Convenios Internacionales, en materia de Derechos Humanos, ratificados por el país y las normas de seguridad social, es posible concluir que la seguridad social es un derecho fundamental que asegura la protección integral de la persona, para que tenga los ingresos indispensables para vivir con dignidad, asegurando la protección y preservación de su vida, salud física y mental, continuidad, seguridad económica, descanso y protección de su núcleo familiar; en virtud de ello, la seguridad social cubre las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares, vivienda de interés social entre otros, constituyendo un instrumento de justicia social, cuya finalidad es preservar la vida y la salud de los trabajadores a fin de permitir que enfrenten las contingencias emergentes de su estado de salud.

III.2. El derecho a la vida en relación al derecho a la salud y a la seguridad social respecto a los enfermos de cáncer

La SC 1580/2011 de 11 de octubre, establece que: “Es el primero de los derechos fundamentales y que da inicio al catálogo desarrollado por el art. 15.I de la CPE; derecho primigenio cuyos alcances ya han sido establecidos por este Tribunal, que en el entendido de que es el bien jurídico más importante, señaló que: ‘es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento’ (SCP 687-2000-R de 14 de julio)” (las negrillas son nuestras).

En ese contexto jurisprudencial, se tiene que el derecho a la vida se constituye en el derecho fundamental consagrado constitucionalmente, cuya importancia trasciende al ser el presupuesto esencial para el ejercicio de la titularidad de los otros derechos y obligaciones, y condición previa necesaria para su realización y disfrute; habiendo expresado sobre esta temática la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sentencia de 4 de julio de 2006, pronunciada dentro del caso Ximenes Lopes Vs Brasil, que: “124. Esta Corte reiteradamente ha afirmado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo”.

El referido derecho se encuentra relacionado de manera intrínseca con el derecho a la salud, sobre el cual la SC 1580/2011 de 11 de octubre, citando a la SC 0026/2003-R de 8 de enero, señala que: “Derecho, sobre cuyo entendimiento este Tribunal en la SC 0026/2003-R de 8 de enero, estableció que: ‘es el derecho en virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia-como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida'. Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia puesto que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en cuanto el bienestar común respetando o resguardando la salud, conlleva al vivir bien, como previene el art. 8.II de la CPE; pero también es un fin del Estado, tal cual lo establece el art. 9 num. 5) de la CPE, al señalar que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley 'Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo’” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen), entendiéndose que en los alcances del derecho a la salud, se encuentra el derecho a una existencia con calidad de vida.

Respecto al derecho a la seguridad social, la SC 1488/2011 de 10 de octubre, establece que: “El derecho a la seguridad social estaba reconocido en el art. 7 inc. k) de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg) como derecho fundamental, estableciendo el art. 158 constitucional los principios inspiradores de los regímenes de seguridad social: universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.

Desarrollando dichas normas constitucionales, los arts. 1 del Código de Seguridad Social (CSS) y 1 de su Reglamento, Decreto Supremo (DS) 24469, de 17 de enero de 1997, así como con el art. 1 de la Ley de Pensiones (LP) -vigentes al momento de la interposición de la acción de amparo venida en revisión ante este Tribunal Constitucional- aseguran la continuidad de los medios de subsistencia de la población a través de los regímenes de la seguridad social, es decir, las prestaciones de corto plazo bajo los preceptos del Código de Seguridad Social y las prestaciones de largo plazo por la Ley de Pensiones.

En dicho contexto normativo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional definió este derecho '…es la potestad o facultad que tiene toda persona a la cobertura integral de sus contingencias y a que se le garanticen los medios materiales que le aseguren una existencia humana digna, preservando su vida y salud física y mental, su seguridad económica, el descanso y la protección de su núcleo familiar. Este derecho comprende la cobertura a contingencias inmediatas y mediatas. Por lo mismo, resulta ser un derecho irrenunciable de carácter prestacional para el trabajador activo o retirado' (SC 0058/2004 de 24 de junio).

La Constitución vigente, en el Capítulo Quinto de la Segunda Parte, Derechos sociales y económicos, en la Sección II, desarrolla los derechos a la salud y a la seguridad social. Así sobre este último derecho, el art. 45 de la CPE, señala que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, y que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad interculturalidad y eficacia” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

El derecho a la seguridad social se encuentra íntimamente relacionado con los derechos a la vida y a la salud, resultando trascendental e importante cuando se relaciona con personas cuya debilidad por enfermedad y necesidad de acceder a las prestaciones de seguridad social, resulta ser evidente y manifiesta, así lo entendió el entonces Tribunal Constitucional cuando en la SC 0026/2003-R de 8 de enero, dejó establecido que: “El derecho a la vida, como lo ha proclamado la SC 687/2000-R, es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales previstos en el art. 7 de la Constitución; es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección.

(...).

El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida. (....) El derecho a la seguridad social, como derecho constitucional, adquiere su esencia de fundamental cuando atañe a las personas cuya debilidad es manifiesta, es decir, que requieren de la misma para seguir con vida, tal el caso de los pacientes con enfermedades crónicas o incurables…” (las negrillas son nuestras).

III.3. Protección especial del derecho a la estabilidad laboral de las personas con cáncer por su estado de debilidad manifiesta

De acuerdo con lo previsto en el art. 48.II de la CPE: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, constituyendo el derecho a la estabilidad laboral una protección ampliamente reconocida en favor de las personas de sectores vulnerables de la sociedad, que por su condición requieren de una protección reforzada por parte del Estado.

En ese sentido, este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de los razonamientos expresados en sus sentencias constitucionales, tuteló el derecho a la estabilidad laboral a partir de la consideración de los derechos a la vida, a la salud y la seguridad social de los trabajadores que padecen enfermedades graves o terminales. Así, en la SC 1684/2003-R de 24 de noviembre, establece que: “III.3 En el presente caso, se evidencia en forma clara, que el recurrido ha quebrantado los derechos mencionados de la recurrente, en consideración a que cuando emitió el memorando de ‘Retiro Forzoso’ no le entregó ni se le hizo conocer personalmente o por cédula a la recurrente tal determinación, menos aún se tramitó un proceso administrativo interno, (…) implicando además, que ésta se vea cohibida de ejercer sus derechos al acceso a la seguridad social y especialmente a la vida misma, por cuanto ésta en su situación actual de salud, está siendo puesta en grave e inminente peligro, dado que al no acceder temporalmente a esas prestaciones, la recurrente puede incluso perder la vida, situación que el recurrido debió prever antes de asumir su determinación, pues si bien la ley le otorga cierta permisibilidad para disponer del cargo que ocupa la recurrente, no es menos cierto que en casos como el planteado, dicha permisibilidad deba estar sometida a un bien jurídico de mayor protección, que en el caso se traduce en un derecho fundamental primario, como es la vida misma, la que no puede ser sometida a amenaza, restricción y menos supresión bajo ningún justificativo aún sea legal, como se argumenta en la especie” (las negrillas nos corresponden).

De lo referido se advierte de manera clara que, ante la existencia de una trabajadora o trabajador con enfermedad de cáncer terminal, la permisibilidad de disponer del cargo por parte del empleador, se encuentra subordinada a un bien jurídico mayor como es la vida en relación a los derechos a la salud y a la seguridad social; por lo que, en esos casos, ante el riesgo grave de la vida a consecuencia del estado de salud de la accionante debe velarse por el acceso de la trabajadora o trabajador a las prestaciones de salud, lo que implica su brindarle estabilidad laboral.

De igual manera, la SCP 0046/2013-L de 6 de marzo, pronunciada en el caso de una trabajadora con cáncer en la piel, señala que: “Del cuaderno procesal se evidencian las notas de 4 de marzo y de 17 de mayo de 2010 remitidas por la accionante a Fernando Baltz Arzabe, Gerente General a.i. de ITS S.R.L. por las cuales le hizo conocer los resultados de la biopsia para ser atendida en su requerimiento, solicitando horario continuo sin embargo por nota CITE G.G. 154/2010 de 8 de julio, el referido gerente emitió el preaviso de recisión de contrato, determinación que fue adoptada sin tomar en cuenta la enfermedad que padecía hoy accionante bajo certificación médica emitida por la CNS suscrita por Rony Heredia, Cirujano Oncólogo, así como el Certificado Médico Forense del Ministerio Público; sin embargo, de estos antecedentes se mantuvo incólume la destitución con esta actitud se afectó el derecho al trabajo y consiguientemente se vulneraron otros derechos como ser a la vida, a la salud y a la seguridad social, siendo en consecuencia la fuente laboral un medio para poder acceder a los servicios básicos de salud que brinda la Caja Nacional de Salud, para realizar el control y tratamiento de su enfermedad, por cuanto al no contar con un empleo o una fuente laboral se ve en la imposibilidad de poder adquirir algún medicamento para su tratamiento negándole de esta forma el acceso a la seguridad social y la salud…” (las negrillas nos pertenece).

Por consiguiente, se vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social, cuando se procede a la cesación de funciones de trabajadores afectados con la enfermedad de cáncer, al entenderse que su fuente laboral constituye el medio para acceder a los servicios de salud que brinda el seguro social, con el objetivo de realizar y continuar con el tratamiento y control de esta enfermedad, por lo que dar por finalizada una relación laboral determina la imposibilidad de acceder a la seguridad social. Razonamiento similar se asumió en relación con una servidora pública del Servicio Plurinacional de Defensa Pública a quien se despidió alegando su carácter de servidora pública interina a quien se le detectó cáncer de mama y de cuello uterino, extirpó una mama, matriz y ovarios, fue sometida a quimioterapia y debía recibir cada seis meses un estudio de tomografías con contraste, centillografía ósea y/o gammagrafía ósea, mamografías y reflectores tumorales para controlar el avance de los tumores cancerígenos, determinándose a través de la SCP 0115/2017-S2 de 20 de febrero, que: “…velando por el interés primario del bien jurídico protegido por el Estado, el derecho a la vida, sobre la cual se sustentan otros derechos como la salud, independientemente de la condición de interinato alegado por la parte demandada, al igual que la falta de carnet de discapacidad (…) al darle conclusión a la relación laboral se está vulnerando flagrantemente el derecho a la vida de la accionante, pues como consecuencia, el seguro médico del que venía gozando quedaría suspendido, lo cual no es admisible, cuando se alega la continuidad del servicio o el tratamiento integral del padecimiento de la accionante, lo que implica que la atención en salud no puede ser suspendida en ningún caso, es decir, su prestación debe ser ininterrumpida, constante y permanente, puesto que no se puede dejar en desamparo a quien está en tratamiento, más aun cuando la falta de tal servicio o atención médica vulnere o amenace vulnerar los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere” (las negrillas y subrayado son nuestros).

De los entendimientos jurisprudenciales anteriormente referidos, queda claro que cuando se trata de trabajadores o trabajadoras de entidades públicas o privadas, que padecen enfermedades de carácter grave o terminal, cuyo tratamiento necesite de prestaciones del seguro social de manera permanente, ininterrumpida y constante, porque la cesación del tratamiento o control constituye un riesgo para la vida de la trabajadora o el trabajador, debe sobreponerse el derecho a la vida en relación a los derechos a la salud y a la seguridad social respecto a la posibilidad del ente público o privado de disponer del cargo del funcionario o trabajador; puesto que, la posibilidad de dar fin a la relación laboral se encuentra subordinada a un bien jurídico mayor como es la vida o riesgo de vida del trabajador.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida con relación a la salud y a la seguridad social; y, al trabajo relacionado con la estabilidad laboral; puesto que, sin observar el procedimiento establecido se emitió el Memorando D.G.RR.HH. 03550/2023 de 7 de julio, aceptando su renuncia al cargo, nota que firmó ante la amenaza de inicio de procesos en su contra; empero, que no elaboró, determinando su baja de los servicios de salud brindados por la CNS, sin considerar que fue registrada en la base de datos de inmovilidad laboral “…en la presente gestión 2023…” (sic), por el cáncer que padece, sometiéndose a una intervención quirúrgica de extirpación de la mama derecha, seis quimioterapias, dos radioterapias y la determinación de recibir un tratamiento oral por diez años; además, de controles y exámenes periódicos; por lo que, solicitó a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, su reincorporación a su cargo, emitiéndose la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023 de 21 de agosto, que instruyó su inmediata reincorporación al municipio de La Paz, en las mismas condiciones previas a su despido, el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión y la restitución de su derecho a la seguridad social a corto y largo plazo. Consideración previa Con carácter previo a ingresar al fondo de la problemática planteada, resulta menester efectuar la siguiente aclaración en atención a los argumentos ambiguos e imprecisos de la Sala Constitucional; por cuanto, si bien la subsidiariedad como uno de los principios procesales que hacen a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional que exige la activación previa hasta que se agoten de todos los mecanismos procesales y medios legales establecidos en el ordenamiento jurídico; no es menos evidente que existen situaciones especiales que permiten hacer abstracción del principio de subsidiariedad, como es el caso de los denominados grupos vulnerables o en indefensión manifiesta, entre los que se encuentran las personas que padecen cáncer, oportunidad en la cual, es posible aplicar la excepción a este principio, ya que la Constitución Política del Estado, establece un marco de protección especial para los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que en tal consecuencia, merecen un trato especial por parte del Estado. Sin embargo, en el caso concreto, si bien es cierto como lo reconoce la autoridad hoy accionada en su informe, que mediante Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022, se abrogó el DS 0495 de 1 de mayo de 2010 (que modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699 e incluido los parágrafos IV y V a dicho artículo), modificando el procedimiento de reincorporación al disponer en su art. 13.II que: “La impugnación a la Resolución de Reincorporación Laboral, a la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o a la Resolución de Cumplimiento al Fuero Sindical, no implica la suspensión de su ejecución”; se advierte que requerida la verificación de la resolución de reincorporación pronunciada, la Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, asignada al caso por Informe MTEPS-JDT LP-KFTE-1278-INF/23/2023-44586, indicó que la parte empleadora -solicitante-, interpuso recurso de revisión conforme el procedimiento establecido en los arts. 13 de la Ley 1468 y 27.I de la RM 1377/22 que aprobó el “Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 - Ley de Procedimiento para la Restitución de Derechos Laborales" (sic [Conclusión II.7.]) actuación que fue ratificada por la Ministra hoy tercera interesada en el informe presentado dentro de esta acción de defensa; por cuanto, de conformidad con el citado art. 13.II, la interposición el 30 de agosto de 2023, del recurso de revisión contra la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023, no significaba que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no ejecute la orden de incorporación, recurso que de acuerdo con lo informado por la nombrada Ministra en el memorial presentado para consideración de la audiencia tutelar, ya contaba con la Resolución Ministerial respectiva, restando solo su notificación a las partes; es decir, que no era aplicable al caso, la SC “1337/2003-R” que desarrolla las sub-reglas al principio de subsidiariedad y determina la improcedencia de una acción de amparo constitucional; por cuanto, por previsión de la vigente Ley 1468, la interposición del recurso de revisión contra la resolución de reincorporación no implicaba la suspensión de lo resuelto por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, ante la solicitud efectuada el 14 de julio de 2023, por la accionante, pidiendo su reincorporación laboral y pago de salarios devengados (Conclusión II.6.). Ahora bien, conforme la documentación aportada por la accionante, consistente en los certificados médicos e informes médicos de evaluación de puesto de trabajo y otras de Unidades extendidos por los médicos oncólogos de la CNS en favor de la paciente -accionante-, con Mat. 82-5809 LZM, que refirieron la realización de una mastectomía de la mama derecha ante su diagnóstico de cáncer de mama efectuada de forma particular el 23 de enero de 2019, posterior quimioterapia y radioterapia ante dicha enfermedad oncológica de comportamiento crónico e irreversible y la determinación de someterse a controles periódicos, realización de exámenes de gabinete, laboratorios y examen clínico ante la posible recurrencia, se evidencia el delicado estado de salud de la accionante, quien goza del seguro de salud como beneficiaria en la Alcaldía municipal de La Paz (Conclusión II.2.); de igual manera, comunicó el estado de salud en el que se encontraba por notas de 8 y 17 de enero de 2019, y 5 de febrero, 9 de junio y 29 de diciembre de 2021, tanto a la Secretaría Municipal de Desarrollo Social e Integral y Director de Gestión de Recursos Humanos, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Conclusión II.3.), habiendo recibido ante su solicitud de inamovilidad laboral, el Informe DGRH-UBSSO 097/2022, a través del cual la Trabajadora Social de la Unidad de Bienestar Social y Seguridad Ocupacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, consideró viable su requerimiento indicando: “por lo que a partir de la fecha de emisión del informe por la Unidad (…) se registra en la base de datos sobre inamovilidad funcionaria por considerarse aún latente la enfermedad lo cual amerita mantenerse bajo controles médicos por oncología clínica y tratamientos farmacológicos” (sic), habiéndole informado la Jefa de esa Unidad mediante Nota GAMLP.DGRH UBSSO OF 113/2023, que “…se encuentra registrada en la Base de datos de Inamovilidad Laboral por enfermedad inmune depresora (cáncer) en la presente gestión 2023” (sic [Conclusión II.4.]). Sobre el derecho a la vida con relación con el derecho a la salud y seguridad social

En ese sentido, velando por el interés primario del bien jurídico protegido por el Estado, el derecho a la vida, sobre el que se sustentan otros derechos como la salud y seguridad social, en sujeción a la jurisprudencia constitucional desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.1., III.2. y III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que la accionante dentro de los casi nueve años de trabajo en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, tal cual se advierte de los 14 contratos administrativos a plazo fijo suscritos entre el 27 de mayo de 2013 y 22 de diciembre de 2022 (Conclusión II.1.), conforme se advierte de los certificados médicos emitidos, mediante una ecografía mamaria, el 16 de abril de 2018, se determinó la existencia de una lesión nodular y el diagnóstico de CA en la mama derecha adenocarcinoma infiltrante por biopsia, lo que determinó una mastectomía radical en la parte derecha realizada en forma particular el 23 de enero de 2019, posterior quimioterapia y radioterapia las cuales concluyeron en el mes de febrero 2020, continuando con sus controles oncológicos ante la posible existencia de un nódulo mamario contralateral sospechoso, determinándose continuar con su tratamiento con “…anastrazol hasta completar 10 años, además de realizar continuos controles periódicos…” (sic [Conclusión II.2.]); situación de salud que determina continúe con el tratamiento de quimioterapia oral y los controles médicos en la especialidad de oncología; por cuanto, al determinar la conclusión de la relación laboral se está vulnerando flagrantemente el derecho a la vida de la accionante y como consecuencia, su derecho a la salud y al seguro social el que quedó suspendido por la baja de la que fue objeto, aspecto que no es admisible y respecto del cual pide la continuidad para lograr el tratamiento integral del ese padecimiento que quebranta su salud y pone en riesgo inminente su vida; más aun, cuando conforme denunció la accionante, situación no desmentida por el municipio, puso en conocimiento de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social e Integral y del Director de Gestión de RR.HH., ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en las gestiones 2019 y 2021, la enfermedad inmune que padecía (cáncer de mama) y que ante su solicitud de inamovilidad laboral que efectuó, se emitiera el Informe DGRH-UBSSO 097/2022, declarando viable su pedido, determinación que la Jefa de la Unidad de Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del municipio le comunicó mediante Nota GAMLP.DHRH UBSSO OF 113/2023, lo que implica que la atención en salud no puede ser suspendida en ningún caso; es decir, su prestación debe ser ininterrumpida, constante y permanente, pues no se puede dejarse en desamparo a quien está en tratamiento y con controles periódicos en la especialidad de oncología; más aun, cuando la falta de tal servicio o atención médica vulnere o amenace vulnerar el derecho a la vida e integridad personal de la accionante.

Respecto al derecho a la salud, la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, han establecido que la persona humana o grupos sociales pueden exigir de los órganos del Estado, que establezcan las condiciones adecuadas para que ellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones; en ese sentido, en lo que respecta al ejercicio del derecho a la salud de las personas con enfermedad terminal como el cáncer, el Estado debe asegurar la importancia del enfoque integrado de la salud, que logre abarcar la prestación de la atención a estos enfermos, es decir, contar con la continuidad de la atención ahorrándoles dolores evitables, pues necesitan una protección preferente en vista de las especiales condiciones en que se encuentran; en suma, materializar la Ley Fundamental a través de una interpretación pro homine -por el cual en los casos en que se encuentren en riesgo los derechos humanos, sin perjuicio de las reglas de interpretación de las fuentes del derecho, se debe aplicar la norma que proteja los derechos fundamentales del ser humano, tal y como lo reconocen los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que conforman el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia, que han considerado que el derecho a la salud de las personas afectadas con cáncer, es un derecho fundamental autónomo, que encuentra sustento legal en su protección, debido al padecimiento de la enfermedad, y no como aconteció en el caso de autos, que con el justificativo de que la accionante renunció, no se valoró su situación crítica de salud ni los argumentos contenidos en la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023, que ordenó la inmediata reincorporación laboral de la accionante al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en las mismas condiciones anteriores al momento de su despido, sin causa justificada, más el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral y además la restitución de sus derechos a la seguridad social a corto y largo plazo (Conclusión II.6.), lo que determina se conceda la tutela solicitada solicitada. Respecto del derecho al trabajo relacionado con la estabilidad laboral Pronunciada la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023 de 21 de agosto y notificada a ambas partes el 24 de similar mes y año, fue impugnada el día 30 del mismo mes y año, por el Alcalde hoy accionado a través del recurso de revisión que planteó sin advertir que dicha Resolución debió ser cumplida de forma inmediata e imperativa al gozar del principio de legalidad y presunción de legitimidad (art. 3 y 4 inc. b de la Ley 1468), por cuanto el recurso planteado no implicaba suspender su ejecución (art. 13.II de la Ley 1468), manteniendo en suspenso la instrucción dada al nombrado Alcalde de reincorporar inmediatamente a la trabajadora en las mismas condiciones anteriores previas a su despido, más el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la interrupción laboral y la restitución de sus derechos a la seguridad social de corto y largo plazo; sin que considerar que ante la petición de inamovilidad realizada por la accionante, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la aceptó y que desde el 9 de febrero de 2022, fecha en la que se pronunció el Informe DGRH-UBSSO 097/2022, la accionante fue registrada -independiente de la calidad de funcionaria que poseía y del tipo de contrato que la entidad municipal había suscrito con la misma- en la base de datos de funcionarios con inamovilidad funcionaria al considerar que su enfermedad aún estaba latente, que requería mantener constantes controles por la especialidad médica de oncología clínica y ser necesario que continúe con el tratamiento farmacológico iniciado, el que de acuerdo con los certificados médicos emitidos debía prolongarse durante diez años más, prestación médica que debía proporcionarse de manera permanente y que era garantizada con la estabilidad laboral que la institución edil debía brindarle ante la grave enfermedad que padece, la cual fue certificada por los especialistas del ente gestor de la seguridad social, por cuanto la interrupción de sus servicios en la institución edil no solo significaba la suspensión del control médico, realización de exámenes, laboratorios y la otorgación de los fármacos necesarios para continuar con su tratamiento sino atentar contra su vida e inobservar la determinación previamente asumida en observancia de las disposiciones legales y normativas relacionadas con su condición, sin considerar que la accionante forma parte de un grupo que goza de la protección reforzada que se brinda a los sectores en situación de vulnerabilidad, cuyo bien jurídico a proteger es el derecho fundamental a la vida misma, que no puede ser sometido a amenaza, restricción y menos supresión bajo ningún justificativo aún sea legal.

En consecuencia, al haberse diagnosticado a la accionante con la enfermedad de cáncer, no se puede atentar contra su derecho a la estabilidad laboral; puesto que, el hecho de no contar con una fuente laboral está subordinado a su derecho a la vida con relación a los derechos a la salud y a la seguridad social; por lo que, ante el riesgo inminente y grave de preservar y proteger el estado de salud de la nombrada, se debe velar por que la accionante acceda nuevamente a las prestaciones de salud, implicando ello su consiguiente estabilidad laboral. Similar razonamiento se efectuó en la SCP 0046/2013-L de 6 de marzo, SCP 131/2024-S4 de 7 de mayo, 444/2024-S4 de 15 de agosto, entre otras. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 231/2023 de 6 de noviembre, cursante de fs. 217 a 222, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, ante la vulneración de los derechos a la vida con relación a la salud y a la seguridad social; y, al trabajo relacionado con la estabilidad laboral de María Elena Limachi Zambrana, dejando sin efecto el Memorando D.G.RR.HH. 03550/2023 de 7 de julio, emitido por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; 2° Dispone la reincorporación inmediata de María Elena Limachi Zambrana conforme a la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-1454-2023 de 21 de agosto, pronunciada por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, en las mismas condiciones anteriores al momento de su despido, sin causa justificada, más el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral y la restitución de los derechos a la seguridad social a corto y largo plazo, debiendo considerarse el plazo señalado en el último Contrato a Plazo Fijo C-976 de 30 de diciembre de 2022 y siempre que dicha decisión hubiese sido confirmada dentro del recurso de revisión formulado por el municipio de La Paz; se aclara que de considerar pertinente, ante la presunta comisión de una falta administrativa grave debe observarse un debido proceso administrativo interno en el que se resguarden los derechos de la nombrada en atención a que se trata de una persona que padece de la enfermedad de cáncer determinada y certificada por la Caja Nacional de Salud; y, 3° Recomendar a los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, observar la jurisprudencia mencionada en ete fallo constitucional, ante la formulación de una acción de defensa de personas diagnosticadas con la enfermedad de cáncer, con la finalidad de proteger su derecho primordial a la vida y los que deriven del mismo, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0316_2026-S1.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2c0c17da7e929f69ff21121163e21c3cc74b69336ac6a86aa283cd00a2f3ff65

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