Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Segunda · 25 de abril de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; puesto que durante la audiencia de cesación a la detención preventiva celebrada el 26 de abril de 2024, la Fiscal de Materia codemandada presentó el formulario del Ministerio Público, denominado “…REGISTRO COMO DENUNCIADOS - CAUSAS ACTIVAS…” (sic), en el que figura como denunciado en el proceso FIS-SCZ1000523 por el delito de violación; sin embargo, niega conocer dicho proceso, afirmando que su único antecedente penal corresponde al Caso UVE 0937/10 con sobreseimiento.
Frente a ello, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, argumentó que no cuenta con legitimación pasiva, puesto que no intervino en el actuado cuestionado; el impetrante de tutela figura como denunciado en el caso FIS-SCZ1000523, el cual fue objeto de sobreseimiento y que atendió oportunamente la solicitud del mismo.
Por su parte, Delmy Guzmán Roda, Fiscal de Materia, en relación con el caso FIS-SCZ1000523, indicó que los antecedentes fueron presentados al Juez de control jurisdiccional para fundamentar el riesgo procesal contenido en el art. 234.6 del CPP, precisando que dicha información no fue divulgada públicamente.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 69 a 71 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0316/2025-S2 Sucre, 25 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de protección de privacidad Expediente: 66364-2024-133-APP Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 69 a 71 vta., pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por José Daniel Ribera Flores contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz; y, Delmy Guzmán Roda, Fiscal de Materia.
Por memoriales presentados el 19 y 25, ambos de junio de 2024, cursantes de fs. 26 a 34; y, 41 a 42; el accionante manifiesta lo siguiente:
Fue aprehendido mientras realizaba un servicio de transporte, junto a otras personas presuntamente implicadas en un delito que no conoce y con las que no tiene vínculo alguno. En consecuencia, se inició un proceso penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia y porte ilícito de armas, y otros. Afirma no tener antecedentes penales; no obstante, en la audiencia de cesación a la detención preventiva de 26 de abril del mismo año, Delmy Guzmán Roda, Fiscal de Materia -hoy codemandada- presentó el formulario del Ministerio Público, denominado “REGISTRO COMO DENUNCIADOS - CAUSAS ACTIVAS” (sic), en el cual aparece como denunciado en el Caso FIS-SCZ 1000523 por el delito de violación, con registro de 6 de marzo de 2017. Este registro fue utilizado para justificar la detención preventiva bajo el argumento de “actividad delictiva reiterada”, invocando la existencia de riesgo procesal de acuerdo con el art. 234.6 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante las preguntas por la autoridad jurisdiccional en la referida audiencia, señaló que desconoce la existencia de dicho proceso.
En cuanto a sus antecedentes, el único registro previo corresponde al Caso UVE 0937/10 de 6 de noviembre de 2010, en el cual fue sobreseído. Además, se ordenó la cancelación de todos sus antecedentes penales mediante resolución judicial emitida el 19 de julio de 2011 por Lucio Condori Rodríguez, entonces Juez de Instrucción Penal Segundo del Plan Tres Mil del departamento de Santa Cruz.
El 26 de abril de 2024, el accionante solicitó a la Fiscal codemandada que aclare la información contenida en el caso FIS-SCZ1000523. A pesar de los reiterados requerimientos presentados por su defensa para corregir el error en dicha información, no recibió una respuesta efectiva, atribuyendo negligencia a la Fiscalía por no subsanar oportunamente la inexactitud. Posteriormente, el 5 de junio del mismo año, se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, “…por motivos que debo aclarar ante la Sra. JUEZ en qué terminó dicho caso, circunstancias claras del mismo, desconozco su existencia” (sic). Asimismo, señala que acudió al Fiscal Departamental de Santa Cruz mediante memorial de 20 de mayo de 2024, sin obtener respuesta efectiva. Le informaron que su solicitud fue derivada a la “…Fiscal Coordinadora del Plan 3000 Abog. Jessica Chávez…” (sic).
A tiempo de adjuntar prueba de reciente obtención, fue notificado con el informe de 18 de junio de 2024, que concluye que no se halló el expediente del caso FIS-SCZ1000523. Asimismo, fue notificado con el Proveído FD/SCZ/RRMM 1125/2024 de 20 de junio, mediante el cual se reasigna el caso a Jessica Ruth Chávez Veneros, Fiscal de Materia, quien emitiría el “certificado requerido”.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que el Fiscal Departamental de Santa Cruz proceda a la corrección y exclusión, a la brevedad posible, de su nombre de los antecedentes penales vinculados al caso FIS-SCZ 1000523, registrados en dicha institución.
Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de julio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 67 a 68 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Se dio lectura al memorial de acción de protección de privacidad. De los antecedentes, se evidencia que no cursa formulario de notificación al accionante; sin embargo, consta el Oficio 159/2024 de fs. 54, recibido por el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, mediante el cual se instruyó su traslado al recinto destinado a audiencias virtuales dentro del mismo Centro Penitenciario. Además, se ordenó a dicho Centro que se le proporcionara acceso a internet, sin que se haya concretado su participación en la audiencia de garantías.
Conforme se advierte en el acta de audiencia de garantías, el impetrante de tutela no se encontraba presente. Si bien su abogado estaba en la sala, este no contaba con poder especial para representarlo.
Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe cursante de fs. 64 a 66 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) Carece de legitimación pasiva en relación con la acción interpuesta en su contra, lo que imposibilita el análisis de fondo del caso; b) El accionante fue absuelto en un proceso penal por el delito de violación; sin embargo, en un Formulario Único de Denuncias (FUD) de 2 de enero de 2024 figura como denunciado en el caso FIS-SCZ1000523, respecto del cual se emitió resolución de sobreseimiento; c) Tratándose de una “acción de libertad”, emergente de un proceso judicial ordinario, corresponde al accionante identificar correctamente a la autoridad contra la cual dirige su pretensión, lo que no ocurrió en el presente caso, no existe correspondencia entre la autoridad demandada y quien supuestamente vulneró los derechos fundamentales invocados; y, d) “…ante el suscrito Fiscal Departamental se habría presentado memorial en el que solicita la informe sobre los extremos de la presente acción, el cual se le brindo la información correspondiente” (sic).
Delmy Guzmán Roda, Fiscal de Materia, mediante informe escrito cursante de fs. 55 a 57 vta., solicitó se deniegue la tutela, señalando que: 1) Se puso a conocimiento del Juez de la causa una imputación formal contra el impetrante de tutela para fundamentar el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP; 2) Según el formulario cuenta con antecedentes por el delito de violación en el caso FIS-SCZ 1000523 con denuncia de 6 de marzo de 2017; 3) El 4 de enero de 2024, Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal, consideró dichos antecedentes y concluyó que el ahora accionante presenta una actividad delictiva reiterada, acreditando así el riesgo procesal referido; 4) Dicha información no fue divulgada en medios de comunicación ni difundida a personas particulares, por lo cual no se advierte vulneración a los derechos de intimidad y privacidad del impetrante de tutela; y, 5) Si bien, el accionante menciona una Resolución de 19 de julio de 2011 que habría dispuesto la cancelación de sus antecedentes penales, no se evidenció que haya gestionado dicho trámite ante la instancia correspondiente.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 03/2024 de 30 julio, cursante de fs. 69 a 71 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Del análisis del cuaderno constitucional, se advierte que en el “punto IV” del memorial de acción tutelar, se invoca el derecho al debido proceso, citando en apoyo de su pretensión la SCP 0683/2011 de 6 de mayo y la SC “531/2011-R”, que desarrollan la doctrina constitucional sobre este derecho. En el “punto V”, hace alusión al derecho a una resolución fundamentada, fundada y motivada, como componentes esenciales del debido proceso; ii) Si bien el accionante hace referencia a jurisprudencia constitucional relativa a la acción de protección de privacidad, no logra establecer un nexo de causalidad ni carga argumentativa clara que permita identificar de qué manera un eventual error en el registro de antecedentes en el Ministerio Público habría vulnerado derechos fundamentales protegidos por esta acción. Por el contrario, centra su argumentación en la presunta afectación al derecho a la libertad y al debido proceso, derechos que no son tutelables mediante la presente acción de defensa; y, iii) Se limita a señalar la existencia de un posible error en la asignación del número de caso y gestión, sin cuestionar el tipo penal atribuido, lo que impide verificar de qué manera concreta dicho error habría lesionado derechos protegidos por esta acción constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa reporte de denuncias del Ministerio Público, del cual se advierte la existencia del caso signado como FIS-SCZ1000523, registrando como denunciado a José Daniel Ribera Flores -hoy accionante- por el delito de violación, con fecha de denuncia de 6 de marzo de 2017 (fs. 4). II.2. Se tiene certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), emitido el 2 de febrero de 2024 (fs. 5); informes de antecedentes policiales emitidos por la Dirección de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, de 19 de febrero y 2 de mayo, ambos del referido año (fs. 6 a 7) y la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de 3 de mayo del mismo año (fs. 8); y, Certificado de la Organización Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL) del departamento de Santa Cruz de 21 del mismo mes y año (fs. 9). En estos documentos no se registran antecedentes relacionados con el peticionante de tutela. II.3. Cursa Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento correspondiente al Caso UVE 00937/10 de 10 de junio de 2011, disponiéndose la cancelación de antecedentes penales del impetrante de tutela (fs. 14 a 16 vta.). II.4. Por informe de 18 de junio de 2024, Jéssica Ruth Chávez Veneros, Fiscal de Materia, informó que, tras búsqueda interna, no se encontró el cuaderno de investigación correspondiente al caso FIS-SCZ1000523 (fs. 36 a 37). II.5. Cursa Proveído FD/SCZ/RRMM 1125/2024 de 20 de junio, mediante el cual se reasigna el caso FIS-SCZ1000523 a Jéssica Ruth Chávez Veneros, Fiscal de Materia para su seguimiento (fs. 38).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; puesto que durante la audiencia de cesación a la detención preventiva celebrada el 26 de abril de 2024, la Fiscal de Materia codemandada presentó el formulario del Ministerio Público, denominado “…REGISTRO COMO DENUNCIADOS - CAUSAS ACTIVAS…” (sic), en el que figura como denunciado en el proceso FIS-SCZ1000523 por el delito de violación; sin embargo, niega conocer dicho proceso, afirmando que su único antecedente penal corresponde al Caso UVE 0937/10 con sobreseimiento.
Frente a ello, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, argumentó que no cuenta con legitimación pasiva, puesto que no intervino en el actuado cuestionado; el impetrante de tutela figura como denunciado en el caso FIS-SCZ1000523, el cual fue objeto de sobreseimiento y que atendió oportunamente la solicitud del mismo.
Por su parte, Delmy Guzmán Roda, Fiscal de Materia, en relación con el caso FIS-SCZ1000523, indicó que los antecedentes fueron presentados al Juez de control jurisdiccional para fundamentar el riesgo procesal contenido en el art. 234.6 del CPP, precisando que dicha información no fue divulgada públicamente.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 130.I de la CPE establece que: “Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la acción de protección de privacidad” (las negrillas nos pertenecen); de lo que se extrae que la garantía del debido proceso y todos sus elementos no es tutelable por la acción de protección de privacidad, sino por la acción de amparo constitucional. Ahora bien, en los casos en los que existe un proceso penal y se requiere la corrección de un dato en un banco o base de datos, con el fin de obtener un efecto dentro del proceso penal, como una cesación a la detención preventiva; corresponde acudir a la autoridad jurisdiccional competente; es decir, al juez competente; quien, en aplicación de los arts. 54.1 y 279 del CPP, es el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de las partes y de los derechos de terceros al interior de un proceso penal. Abierta y agotada la instancia, corresponde acudir a través de la acción de amparo constitucional para proteger la garantía del debido proceso, ello porque: a) El juez que conoce lo principal, en este caso el juez penal, es competente también para conocer lo accesorio, de forma que la acción de protección de la privacidad no es el medio adecuado para resolver cuestiones vinculadas al proceso penal ni con errores administrativos relacionados con este, los cuales deben ser abordados dentro del marco del propio proceso; b) La interposición de la acción de protección de privacidad al interior del proceso penal podría provocar la emisión de resoluciones contradictorias; y, c) Como la acción de protección de privacidad tendrá efecto sobre el proceso penal y existe la posibilidad de que la decisión sea revocada por el órgano de control de constitucionalidad, luego de mucho tiempo, ello podría incidir negativamente en el proceso penal, quitándole certidumbre.
Delimitada la problemática, corresponde señalar que, frente a lo referido por el impetrante de tutela sobre un error en el registro de antecedentes, las autoridades demandadas, en sus informes presentados a la Sala Constitucional, no se pronunciaron de forma clara sobre la relación entre el caso FIS-SCZ1000523 y el caso UVE 0937/10, ni sobre si aquel es válido o si la inclusión del antecedente fue un error. Por otro lado, en relación al informe de 18 de junio de 2024 presentado por el accionante en calidad de prueba de reciente obtención (Conclusión II.4), se detalla que, Jessica Ruth Chávez Veneros, Fiscalía del Materia, se dirige al Fiscal Departamental de Santa Cruz -demandado-, señalando que se realizó una búsqueda en los archivos internos del caso FIS-SCZ1000523; no obstante, “…NO SE ENCONTRÓ DENTRO DE ESTAS CARTERAS FISCAL EL CASO CON ESOS DATOS” (sic). A pesar de ello, se tiene que el caso fue reasignado para su seguimiento, conforme Proveído FD/SCZ/RRMM 1125/2024 (Conclusión II.5), aunque esta reasignación sugiere que existen actuados sobre el caso, persiste la imprecisión sobre si el accionante forma parte del mismo o si se trata de un error. Ahora bien, dado que la cuestión planteada se encuentra en el marco de un proceso penal y, en su caso, dicha corrección está directamente encaminada a la modificación de medidas cautelares, resulta importante señalar que el posible error en el registro de antecedentes debió ser puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, para que, en ejercicio de su competencia y del control jurisdiccional que ejerce sobre el proceso, actúe de forma que, si el accionante estima que existe alguna irregularidad que afecta el debido proceso, en este caso vinculada a sus antecedentes, corresponde que se acuda a la autoridad judicial, para que esta provea las actuaciones pertinentes, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En ese contexto, no es admisible acudir a esta acción tutelar, más aún cuando el diseño de la acción de protección de privacidad no tiene por objeto tutelar los derechos de la libertad o el debido proceso, como en el caso particular fue alegado por el accionante. El impetrante de tutela, al sostener que el supuesto error en sus datos vulnera sus derechos a la libertad y al debido proceso, pretende que la justicia constitucional actúe de forma paralela, como juez de garantías dentro del proceso penal; sin embargo, esta tarea corresponde al juez que lleva el caso, ya que los derechos invocados deben ser resguardados a través de los mecanismos establecidos en el proceso penal. En este sentido, la acción de protección de la privacidad no resulta procedente para resolver asuntos relacionados con el procesamiento penal, ni con posibles errores administrativos en la gestión de antecedentes que tengan repercusión en el proceso penal. Por lo tanto, esta cuestión debe atenderse en el marco del proceso penal principal, a efectos de evitar las tergiversaciones mencionadas en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 69 a 71 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0316_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): e2259b5d5350e83e0f1c5b695ca634b6567fd9553db0c55859c8be76d2be32ca
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