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SCP 0316/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de junio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
50205-2022-101-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y a la defensa, y los principios de seguridad jurídica, de verdad material, de razonabilidad, de legalidad y de preclusión; puesto que la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021 de 20 de diciembre, no consideró lo expuesto en su memorial de recurso jerárquico ni se refirió a las conclusiones específicas del caso, limitándose a ratificar los fundamentos inconsistentes de las Resoluciones precedentemente emitidas en el proceso administrativo interno. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 135/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 197 a 199, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0316/2024-S3 Sucre, 10 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50205-2022-101-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución Constitucional 135/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 197 a 199, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Álvaro Rodolfo Oblitas Ballivian contra Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa; y, Nelson Vásquez Lizarazu y Sarandy Marcela Encinas Fernández, ex Autoridades Sumariantes, todos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 15 de julio de 2022, cursante de fs. 148 a 167, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El accionante desempeñó el cargo de Director de Gestión y Control Ambiental dependiente de la Secretaría Municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, finalizando su vínculo laboral con esa entidad municipal, el 19 de febrero de 2019, mediante Memorando de Agradecimiento de Funciones DTH-JCTCH/B/059/19 de igual fecha; por lo que el 20 de ese mes y año presentó su Informe de Gestión CITE: DGCA/INF/008/2019 a la referida Secretaría. En ese momento, en la referida entidad municipal no existía normativa expresa respecto a la presentación de informes finales de cierre de gestión ni los complementarios o aclaratorios a la finalización de vínculos de dependencia funcional; empero, la normativa genérica otorgaba a su empleador el plazo de diez días hábiles para efectuar cualquier petición de ampliación, complementación o aclaración a la presentación de su informe; es decir, hasta el 15 de marzo del mencionado año; lo que no ocurrió, ya que de manera extemporánea fue notificado el 30 de julio de ese año, con el Informe CITE: SMASGAR/VAEF/012/2019 de 7 de junio, sin que existiera motivo alguno para dar respuesta a ese requerimiento superabundantemente extemporáneo respecto al plazo otorgado por la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); sin embargo, le otorgaron el plazo de quince días para dar curso a lo solicitado, desconociendo el Asesor de la señalada Secretaría que la observación a su Informe de Gestión -CITE: DGCA/INF/008/2019- solo correspondía a su inmediato superior. Bajo ese contexto, para salvar responsabilidades administrativas, le iniciaron un proceso administrativo interno injusto e ilegal, presentándose Informes Legales extemporáneos que además reflejaban el incumplimiento de deberes en el que incurrió el “Secretario”, al contrario, se generó responsabilidad a un ex funcionario público subalterno vulnerando los derechos al debido proceso, a la defensa, y a la seguridad jurídica. El injusto proceso se materializó con la emisión del Auto de 24 de enero de 2022, que le fue notificado el 17 de febrero de igual año. El cual ejecutoria la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021 de 20 de diciembre, que no consideró lo expuesto en su memorial de recurso jerárquico de 6 de ese mes y año, además de no referirse a las conclusiones específicas del caso, limitándose únicamente a ratificar los fundamentos inconsistentes de las Resoluciones precedentes. Resolución Administrativa notificada el 24 de diciembre de 2021, que ratificó la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 019/2021 de 18 de agosto, la cual no consideró los argumentos expuestos en su memorial de impugnación de 5 del mismo mes y año, y que le fue notificada el 1 de diciembre de ese año; determinación, que confirmó la Resolución Final de Sumario Administrativo GAMEA/SUM 014/2021 de 22 de abril, que no respondió ninguno de los puntos de hecho ni de derecho expuestos en su memorial de 21 del indicado mes y año, y que fue notificada a su persona el 2 de agosto de igual año, siendo que este acto administrativo resolvió la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM. 41/2020 de 17 de marzo, que a su vez le fue notificada el 30 de octubre de 2020. Actos administrativos que considera lesivos a sus derechos y garantías constitucionales como el debido proceso en sus elementos de fundamentación y a la defensa, y los principios de seguridad jurídica, de verdad material, de razonabilidad, de legalidad y de preclusión.

I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y a la defensa, y los principios de seguridad jurídica, de verdad material, de razonabilidad, de legalidad y de preclusión; citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 incs. d) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda tutela, y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto: a) El Auto de Ejecutoria de 24 de enero de 2022; b) La Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021 de 20 de diciembre; c) La Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 019/2021 de 18 de agosto; d) La Resolución Final de Sumario Administrativo GAMEA/SUM 014/2021 de 22 de abril; y, e) La Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM. 41/2020 de 17 de marzo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 11 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 193 a 196 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que el plazo de inmediatez fue computado a partir de la notificación con el Auto de 24 de enero de 2022, que se constituye en el último acto administrativo.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Francisco Quispe Yujra, Alcalde a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, a través de sus representantes legales, mediante escrito presentado el 3 de agosto de 2022, cursante a fs. 174 y vta., se apersonó a la presente causa; sin embargo, no presentó informe alguno ni por escrito ni de forma oral en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar. Lucero Yhazmin Guerrero Tapia, Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 11 de agosto de 2022, cursante de fs. 182 a 192 vta., manifestó que: 1) El accionante no cumplió con el plazo de inmediatez; puesto que, desde su notificación con la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021, el 24 de diciembre de 2021 hasta la presentación de esta acción de defensa transcurrieron seis meses y diecinueve días, confundiendo el nombrado las fechas y llegando a considerar el Auto de 24 de enero de 2022 que le fue notificado el 17 de febrero de ese año, a pesar que los arts. 24 al 29 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por el Decreto Supremo (DS) 29820 de 26 de noviembre de 2008, determinan que la resolución de recurso jerárquico no es susceptible de recurso ulterior en la vía administrativa; es decir, que en el presente caso existe una causal de improcedencia reglada al haber precluido el derecho del accionante a interponer la acción de amparo constitucional; 2) En cuanto a la supuesta vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa, se tiene que las actuaciones de esa Unidad sumariante se enmarcaron a lo dispuesto por el art. 21 del citado Reglamento. Además, la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM. 41/2020 fue notificada al accionante el 30 de octubre de 2020, resolviéndose previamente el incidente de nulidad de obrados planteado por este último en virtud a su derecho a la defensa. Más adelante, el 2 de agosto de 2021, el accionante fue notificado con la Resolución Final de Sumario Administrativo GAMEA/SUM 014/2021; por lo que interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico a su turno, evidenciándose de ello que no existe vulneración a su derecho a la defensa. Es más, el accionante pretende desconocer el control posterior interno previsto por los arts. 232, 235.1, 2 y 4, y 237.I.1 de la CPE; y, 1 inc. b) y c) y 14 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG); 3) El Artículo Adicional Único del DS 718 de 1 de diciembre de 2010, determina que: ‘“Todo servidor público que cese en sus funciones, deberá entregar la documentación a su cargo, al inmediato superior, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles”’ (sic), plazo que se computa desde que el accionante asumió conocimiento de su Memorando de Agradecimiento de Funciones el 19 de febrero de 2019, por consiguiente, debió transmitir información útil, oportuna, verificable, confiable y pertinente y difundirla antes, durante y después de la ejecución de sus actos conforme a lo previsto por el art. 5 incs. a) y c) del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; 4) Respecto a la notificación observada por el accionante, esta podrá efectuarse por cualquier medio establecido por el art. 38 del DS 27113 de 23 de julio de 2003, como es la presentación espontánea también prevista por el art. 39 de ese Decreto Supremo. En ese orden, consta en el expediente administrativo 41/20 fotocopia simple del Informe CITE: SMASGAR/VAEF/012/2019 en el que se observó la notificación efectuada al accionante de conformidad a los citados artículos; habiendo el accionante asumido conocimiento efectivo de aquel Informe conforme se tiene del memorial de respuesta al Auto Inicial de Proceso Administrativo Sumario, denotándose que se cumplió con el fin de la notificación; por lo tanto, no se vulneró el art. 115.II de la CPE ni la normativa vigente; y, 5) La jurisdicción constitucional no puede asumir un rol casacional, impugnatorio o supletorio de la actividad de otros tribunales; por lo que pidió que sea denegada la tutela solicitada o se declare la improcedencia de la presente acción tutelar.

I.2.3.Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 135/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 197 a 199, denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento de que el acto que dio cierre al proceso administrativo seguido contra el accionante fue la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021 notificada al accionante el 24 de diciembre de 2021, siendo que el Auto -de ejecutoria- de 24 de enero de 2022, de conformidad a lo establecido por el art. 27 de la LPA no es un acto que contenga alguna disposición vinculada al fondo del referido proceso administrativo. Actuado que incluso no es idóneo por el hecho de declarar la ejecutoria de una resolución jerárquica que no admite recurso ulterior; por lo que, el plazo de inmediatez debe computarse desde el 24 de diciembre de 2021. Por consiguiente, la presente acción de defensa fue interpuesta fuera del plazo previsto por el art. 55.II del Código Procesal Constitucional (CPCo).

Asimismo, fue establecido en un caso análogo por la SCP 0783/2012-S3 de 21 de julio. En vía de enmienda y complementación, el accionante mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 200 a 204, solicito a la Sala Constitucional lo siguiente: i) No puede desconocerse que el Auto de 24 de enero de 2021, emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), habiendo la Sala Constitucional utilizado un criterio restrictivo y vulnerador de derecho y garantías constitucionales al referir que ese acto no es idóneo para el cómputo del plazo de inmediatez; y, ii) La Sala Constitucional citó la SCP 0783/2012-S3 que no hace referencia como actos inidóneos a los emitidos por la autoridad competente, lo que genera una restricción de su derecho a la defensa. Por consiguiente, solicitó que se aclare por qué el mencionado Auto de Ejecutoria no sería un acto administrativo idóneo a pesar de ser el último emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, el cual es legal y formalmente notificado el 17 de febrero de 2022. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional mediante Auto de 14 de agosto de 2022, declaró “sin lugar” a la solicitud del accionante; puesto que esa instancia fue clara al exponer las razones por las que el Auto de 24 de enero de 2021, no se considera como un acto administrativo propiamente dicho.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021 de 20 de diciembre, emitida por Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, mediante la cual se determinó confirmar la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 019/2021 de 18 de agosto, manteniendo firme y subsistente la declaración de responsabilidad administrativa a Álvaro Rodolfo Oblitas Ballivian -hoy accionante- (fs. 6 a 14). Resolución notificada en su domicilio procesal, el 24 de diciembre de 2021 (fs. 5). II.2. Cursa Auto de 24 de enero de 2022, emitido por la Alcaldesa hoy accionada, a través del cual se declaró la ejecutoria de la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021 (fs. 4). Determinación que fue notificada al accionante en su domicilio procesal el 17 de febrero de 2022 (fs. 3). II.3. Por memorial presentado el 15 de julio de 2022, ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el accionante interpuso la presente acción tutelar (fs. 148 a 167).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y a la defensa, y los principios de seguridad jurídica, de verdad material, de razonabilidad, de legalidad y de preclusión; puesto que la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021 de 20 de diciembre, no consideró lo expuesto en su memorial de recurso jerárquico ni se refirió a las conclusiones específicas del caso, limitándose a ratificar los fundamentos inconsistentes de las Resoluciones precedentemente emitidas en el proceso administrativo interno. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

La SCP 0120/2014-S1 de 4 de diciembre, con relación a la inmediatez, estableció que: “El art. 129.II de la CPE, dispone que 'La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial'.

El art. 55.I del CPCo, refiere que: 'La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho'.

Conforme a dicha normativa constitucional, se concluye que el cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, debe ser a partir de la comisión de los actos denunciados, o desde la notificación con la resolución administrativa o judicial que agota la vía, considerando que éste es el último actuado idóneo que supuestamente lesiona los derechos alegados”.

La SCP 0642/2015-S3 de 25 de junio, indicó que: “De manera más específica, sobre el inicio para el cómputo de los seis meses referido supra, ya se indicó que el mismo corre a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial efectiva, para que el afectado pueda acudir a la vía constitucional a fin que sea reparada la lesión a derechos o garantías constitucionales; en ese sentido, la jurisprudencia consolidada por el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0791/2010-R de 2 de agosto, entre otras, señaló que: ‘…No obstante, en un plano de equilibrio y coherencia con el principio de subsidiariedad, para dicho cómputo debe tenerse en cuenta que ese acto o medio impugnativo utilizado en la vía reparadora, y previa a la acción de amparo, debe ser idóneo; es decir, previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo de lo que se acusa de ilegal o lesivo de los derechos; estando exentos de dicho cómputo aquellos medios y recursos no previstos por ley o presentados erróneamente, toda vez que la finalidad de esta acción tutelar no es reparar errores del agraviado o accionante, sino derechos fundamentales’”.

De igual manera la SCP 0483/2020-S3 de 27 de agosto, indicando a su vez a la SCP 0173/2018-S1 de 10 de mayo señaló que: «El art. 129.II de la CPE, respecto al principio de inmediatez, establece que la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta en el plazo de seis meses, computables desde el momento en que ocurrió la vulneración alegada, de notificada la última decisión administrativa o judicial o desde el conocimiento de la parte afectada del acto u omisión que provocó la lesión a sus derechos y garantías constitucionales; el art. 55.I del CPCo dispone por su parte que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. En base a las normas referidas, la SCP 0871/2014 de 12 de mayo, asumiendo criterio uniforme sobre el principio de inmediatez, concluyó que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías, así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses'.

(…)

Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses-debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada”’» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y a la defensa, y los principios de seguridad jurídica, de verdad material, de razonabilidad, de legalidad y de preclusión; puesto que la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021 de 20 de diciembre, no consideró lo expuesto en su memorial de recurso jerárquico ni se refirió a las conclusiones específicas del caso, limitándose a ratificar los fundamentos inconsistentes de las Resoluciones precedentemente emitidas en el proceso administrativo interno. De la revisión de antecedentes, se tiene que dentro del proceso administrativo interno seguido contra el accionante, fue emitida la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021, por la que se determinó confirmar la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 019/2021, manteniendo firme y subsistente la declaración de responsabilidad administrativa del accionante. Resolución notificada en su domicilio procesal, el 24 de diciembre de 2021 (Conclusión II.1.).

Posteriormente, fue emitido el Auto de 24 de enero de 2022 que declaró la ejecutoria de la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021. Determinación que fue notificada al accionante en su domicilio procesal el 17 de febrero de 2022 (Conclusión II.2.). En consecuencia, el nombrado a través del memorial presentado el 15 de julio de ese año, planteó la presente acción tutelar (Conclusión II.3.).

Conforme al Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, corresponde determinar el término transcurrido desde la notificación con la última resolución pronunciada en sede administrativa hasta la presentación de la acción de amparo constitucional, aquello con la finalidad de considerar el cumplimiento o no del principio de inmediatez, establecido por los arts. 19.II de la CPE y 55 del CPCo, por cuanto, ese principio busca asegurar que los derechos fundamentales sean protegidos de manera efectiva y sin dilaciones.

En la problemática planteada, se hace preciso determinar cuál fue el último acto lesivo que debe ser revisado, ya que el accionante en su memorial de acción de amparo constitucional refiere a diferentes Resoluciones como actos lesivos y realiza el cómputo del principio de inmediatez desde la notificación con el Auto de 24 de enero de 2022; es decir, desde el 17 de febrero de igual año, Auto que ejecutoria la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021. En primer lugar, de la lectura de la presente acción tutelar se tiene que el accionante expuso por qué a su entender, la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021, la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 019/2021, la Resolución Final de Sumario Administrativo GAMEA/SUM 014/2021 y la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM. 41/2020, vulneran sus derechos. Sin embargo, no expuso cuáles de sus derechos o garantías fueron vulnerados con la emisión del Auto de ejecutoria -24 de enero de 2022-, por lo que se entiende que el último acto dictado en sede administrativa y que el accionante identifica como lesivo de sus derechos, se constituye en la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021; por consiguiente, según lo establecido por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, el cómputo del plazo del principio de inmediatez debe ser computado a partir de la comisión de la vulneración alegada.

En segundo lugar, se tiene que el accionante nunca reclamó en instancia administrativa que la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021 no fue de su conocimiento o que la notificación practicada con la misma fuera nula, habiendo asumido conocimiento efectivo de la misma recién al momento de ser notificado con el Auto -de ejecutoria- de 24 de enero de 2022; al contrario, en el memorial de interposición de la presente acción de defensa, el accionante reconoce haber asumido conocimiento de esa última Resolución Administrativa dictada en instancia administrativa a través de la notificación practicada el 24 de diciembre de 2021.

Por tal razón, a efectos del cómputo de la inmediatez se debe tomar en cuenta que la Resolución Administrativa Jerárquica DAM-ALD-020/2021, fue notificada al accionante el 24 de diciembre de 2021, feneciendo el plazo de interposición de la presente acción de amparo constitucional el 24 de junio de 2022; sin embargo, dicha acción tutelar fue presentada el 15 de julio de ese año, después de seis meses de su notificación, no habiendo cumplido de esa manera el principio de inmediatez que dé lugar a la procedencia de la presente acción de defensa.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 135/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 197 a 199, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0316_2024-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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