B.IA.LEGAL

SCP 0314/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 25 de abril de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46523-2022-94-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derechos a la participación política y derecho a elegir, a la petición y a la opinión; toda vez que: a) Pese a que era miembro de la Directa del Edificio ASBUN Antiguo, Betty Marisol Chambi Vásquez, en su calidad de Administradora del mencionado Edificio, sin tener competencia alguna y desconociendo su condición de miembro del Directorio, convocó a una Asamblea para designar una nueva Mesa Directiva, sin considerar que solo su persona podía convocar a dichas asambleas; y, b) Juan Carlos Escalante Tapia, Carlos Antenor Gardeazabal Cortez, Martha Pacoricona y Betty Marisol Chambi Vásquez, se negaron a recepcionar los escritos presentados por su persona en la cual hace conocer los hechos irregulares a los que incurrieron con sus actos. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: 1) Sobre la Asociación de Copropietarios del Edificio ASBÚN Antiguo, las autoridades competentes para convocar a Asambleas Generales y sobre las competencias y facultades de la Asamblea General, sobre la base jurídica del Estatuto y Reglamento de la Asociación; 2) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial; más alto; 2.i) Contenido esencial; 2.ii) Requisitos de procedencia; 2.iii) Legitimación activa; 2.iv) Legitimación pasiva; y, 2.v) Plazo para emitir respuesta; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 295/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 317 a 322, pronunciada por La Sala Constitucional Primera del departamento La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a la primera problemática, en base a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, por consiguiente, se deja sin efecto la Convocatoria a Asamblea de Emergencia de 1 de junio de 2021, realizada por Betty Marisol Chambi Vásquez, en su calidad de Administradora del Edificio de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo; empero, por el tiempo de notificación de esta Resolución Constitucional, y al ser de cumplimiento inmediato las resoluciones pronunciadas por los Tribunales de garantías, se dimensiona los efectos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo vigente las determinaciones arribadas por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación a los derechos a la petición y opinión referente a la segunda problemática, conforme a los fundamentos jurídicos esgrimidos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la Asociación de Copropietarios del Edificio ASBÚN
  2. III.2. Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0314/2023-S1 Sucre, 25 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 46523-2022-94-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 295/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 317 a 322 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dante Augusto Ajata Gonzales en representación de la Asociación de Copropietarios del Edificio “ASBÚN” Antiguo contra Juan Carlos Escalante Tapia, Carlos Antenor Gardeazabal Cortez, Martha Pacoricona y Betty Marisol Chambi Vásquez.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de agosto de 2021, cursante de fs. 24 a 28, el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 20 de diciembre de 2018 fue designado como miembro del Directorio de la Asociación de Copropietarios del Edificio “ASBÚN” antiguo, conjuntamente a Edgar Irigoyen Fiorilo, Soraya Villegas Parra, Limbert Rodríguez Mendoza, aclarando que existía una persona más, pero que la misma no asumió el cargo y poco después, Edgar Irigoyen renunció a su cargo. En ese contexto y en ejercicio de su cargo, pudo percatarse que la Administradora del Edificio, Betty Marisol Chambi Vásquez como algunos ex Directivos, -ahora demandados- en sus gestiones, cometieron una serie de irregularidades como ser el cobro doble de salarios y conexiones clandestinas a internet solo para algunos copropietarios.

Estando por cumplir la gestión de la Directiva de la cual formaba parte (20 de diciembre de 2019) y como la Administradora del Edificio, ahora demandada, no presentó el informe final, debido a un accidente que sufrió en vigencia del mismo, se prorrogó su Directorio, más aún por la pandemia que puso en cuarentena a toda Bolivia de marzo a agosto de 2020; en cuya razón, el informe final recién fue presentado en octubre de ese mismo año, ante la entonces presidenta interina del Directorio, la señora Soraya Villegas; es así que, una vez revisado el mencionado informe, en su condición de miembro de la Directiva y juntamente al Vocal de Hacienda, observó el mismo en dos ocasiones, pero la Administradora del edificio no realizó aclaración alguna que enerve dichas observaciones pues “…NO ERA JUSTO NI LEGITIMO QUE TENGA QUE CAMBIARSE A MI DIRECTORIO SIN LA RESPECTIVA RENDICION DE CUENTAS…” (sic); es así que, en asamblea de 8 de abril y 10 de mayo de 2021, se aprobó que el Directorio saliente, del cual formaba parte, realice una auditoría tomando en cuenta los informes de la Administradora ahora demandada y las observaciones que se le hicieron a estos. Sin embargo de lo mencionado, y cuando ya estaba todo listo para solicitar la auditoría, sorpresivamente presentó su renuncia el Vocal de Actas y posteriormente la Presidenta interina; entonces, la Administradora del Edificio procedió a convocar a asamblea general y pese a que se le hizo notar que no contaba con facultades para realizar este tipo de convocatorias, igual fue llevada a cabo la misma pero con poca afluencia; por lo que, nuevamente convocó a asamblea general, interviniendo en dicha convocatoria, cinco copropietarios que suscribieron la misma, a quienes su persona les hizo notar que sus actuados serían nulos. Pese a lo señalado, el 22 de junio del señalado año, la Administradora ahora demandada, le pasó unas hojas que referían que en última asamblea extraordinaria llevada a cabo, se procedió a nominar a Juan Carlos Escalante Tapia, Carlos Muños, Carlos Gardeazabal, Martha Pacoricona (ahora demandados) para fue puedan formar la nueva mesa directiva, por lo que hacía la respectiva consulta a los copropietarios si estaban de acuerdo con dicha nominación, eliminando el derecho del resto de los copropietarios puedan presentarse como electores y elegidos; Ante este nuevo acto ilegal mediante carta de 25 de junio de igual año, quiso llamar la atención a la Administradora, pero esta le comunicó que ya existía nuevo Directorio, cuando es bien sabido que un pliego nominatario en consulta no suple el acto eleccionario, conculcando su derecho a la participación política y el derecho a elegir. Por las arbitrariedades indicadas, el 12 de julio su persona convocó a una asamblea general para elegir la nueva Directiva, pero la Administradora coadyuvando a los pseudo Directivos precipitaron su posesión para horas de la mañana de ese mismo día en presencia de Notaria de Fe Pública. Ante dichas arbitrariedades, intentó presentar su oposición contra este ilegal Directorio, pero no fue atendida su solicitud, lo que implica la lesión a su derecho a la petición.

Finalmente, el 19 de agosto de 2021, convocaron a una Asamblea general virtual, a efectos de revocar su poder, sin embargo, en dicha asamblea no le permitió intervenir.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la participación política y derecho a elegir, a la petición y a la opinión; citando al efecto los arts. 24 y 26 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) La restitución de sus derechos y garantías constitucionales; b) Se establezca responsabilidad civil y penal; c) La nulidad del nombramiento ilegal del Directorio compuesto por los demandados Juan Carlos Escalante Tapia, Carlos Gardeazabal y Martha Pacoricona; y, d) Como medida cautelar, la suspensión de todo tipo de actos realizados por los demandados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de esta acción de amparo constitucional se realizó el 30 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 303 a 316 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificó los argumentos de su demanda y ampliando el mismo sostuvo lo que a continuación se detalla: 1) El 10 de mayo de 2021 en asamblea general, se aprobó que el Directorio del cual aún era miembro, realice una auditoria en base, tanto al informe de la demandada Betty Marisol Chambi y del informe del Directorio, para establecer si existieron o no, indicios de responsabilidad de la mencionada; 2) Cuando ya se encontraba todo lista para la auditoria, renunció Limbert Rodríguez, miembro del Directorio saliente, sin transcribir las actas de la asamblea donde se dispuso la auditoria a la demandad Betty Marisol Chambi, sin que subsane esta falencia, pese que se solicitó notariadamente; 3) Realizó varios escritos dirigidos tanto a la Administrador ahora demandada como a los demandados con relación a que no podían convocar a asamblea, pero no fue atendido en sus requerimientos, “…ni la señora Betty Marisol Chambi Vásquez ni los hoy accionados se han llegado a pronunciar a esas mis solicitudes de que cesen estos actos de arbitrariedad perpetrados en mi contra y específicamente en contra de la economía de la asociación del Edificio ASBUN…”(sic); 4) De igual forma lesionaron sus derechos a momento que la demandada Betty M. Chambi, no le recibió las representaciones dirigidas a todos los copropietarios del Edificio, obligándolo a notariar las mismas para que luego sean arrancadas del Edificio; 5) Los demandados falsificaron actas de asambleas, como por ejemplo la de 19 de agosto de 2021, donde supuestamente, y por mayoría absoluta, se determinó revocar los poderes de los ex directivos; al respecto, y si ello hubiera sido evidente, ya no había necesidad de haber convocado posteriormente a otras asambleas, como la fijada para el 24 de igual mes y año, cuyo único punto era el de la revocatoria de poderes y otorgamiento de nuevo poderes, además de la señalada para el 2 de septiembre y posteriormente para el 6 de igual mes; 6) Fueron lesionados sus derechos desde el momento en que la demandada Betty Marisol Chambi Vásquez emitió la convocatoria a asamblea, misma que no estaba acorde a los estatutos y reglamentos, viciando con nulidad todos los actos posteriores; toda vez que, el único instituido y facultado para convocar a asamblea era su persona, desconociéndolo como miembro del Directorio; 7) También se le quebrantaron sus derechos a momento de que la misma demandada ya no quiso recibir las notas que presentaba, pues tendría órdenes del demandado de no recibir nada de su persona; y, 8) Solicitó le sean restablecidos sus derechos, permitiendo que cumpla con la auditoría dispuesta en asamblea de socios. A las interrogantes formuladas por la Sala Constitucional: i) En cuanto a cuál era el plazo de vigencia del Directorio del cual formaba parte, señaló que según los estatutos y el reglamento es solo por un año, hasta el 20 de diciembre de 2019, pero que en este caso, dicho término fue extendido debido a que la Administradora ahora demandada, tuvo una baja médica de seis meses y para que cada Directorio culmine sus funciones, previamente debe entregar un informe económico realizado por la Administradora y la aprobación del Directorio; ii) Respecto al art. 20 del Estatuto del Edificio “ASBUN”, el mismo refiere que anualmente el Administrador, juntamente al Presidente del Directorio presentan la rendición de cuentas; iii) Con relación a como se elige a un administrador, refirió que se lo hace por designación directa; iv) También señaló que no existe sucesión de cargos en el Directorio; v) Con relación a cuál era el acto lesivo en la presente acción, refirió que este se dio desde el momento que se le desconoció a su persona mediante vías de hecho, su legitimidad como miembro del Directorio, cuando era el único que podía convocar a elecciones y asambleas; vi) En cuanto a si tuvo conocimiento de la convocatoria a elecciones a nuevo directorio, dijo que no se enteró de la misma, pues no fue publicada; vii) Respecto a si su persona tenía facultades para convocar a asamblea cuando su mandato solo tenía vigencia de un año, sostuvo que hubo una prórroga de gestión, y que existiría constancia en obrados de ello, además de que tuvo la venia de los copropietarios en asamblea, incluso para realizar la auditoria que le impidieron realice; y, viii) Sobre cuál sería el objeto del presente proceso, indicó que pretendía se anule y deje sin efecto el Directorio compuesto por los demandados.

I.2.2. Informe de los demandados

Juan Carlos Escalante Tapia, Carlos Antenor Gardeazabal Cortez y Betty Marisol Chambi Vásquez, mediante informe presentado el 8 de octubre de 2021, cursante de fs. 141 a 144, sostuvieron: a) El accionante no agotó la vía administrativa, pues la presente demanda constitucional fue dirigida contra sus personas como si fueran la última instancia, obviando a la Asamblea de Copropietarios; b) El 20 de diciembre de 2018 se posesionó la Directiva cuyo miembro fue el ahora impetrante de tutela, teniendo un año como periodo de funciones a partir de esa fecha; c) El 16 de marzo de 2021, el solicitante de tutela convocó a elecciones, siendo suspendida por su inasistencia; y, nuevamente el 30 de igual mes y año, convocó a elecciones, que tampoco se llevó a cabo por su inasistencia, mostrando su desinterés a que las mismas sean realizadas; d) El 12 de abril del mismo año, Limbert Rodríguez Mendoza renunció a continuar como miembro del Directorio y el 25 de mayo la Presidenta interina, quedando solo el accionante; de lo cual, se concluyó que ya no existía Directiva, en razón a su composición y por estar vencido su periodo de funciones; en ese sentido, la Administradora del Edificio, en cumplimiento al art. 11 del Reglamento Interno del Edificio, que señala: “Las asambleas Generales de Copropietarios serán convocados por el Presidente o por los miembros del Directorio de la Asociación de Copropietarios, en defecto de ellos, POR EL ADMINISTRADOR, CON ANTICIPACIÓN DE, POR LO MENOS, 48 HRS”(sic) convocó a Asamblea de emergencia para poner a conocimiento la renuncia de los miembros del Directorio saliente, misma que fue fechada para el 7 de junio, data en la cual, los copropietarios tomaron conocimiento de las renuncias y decidieron convocar a asamblea para nominar a la nueva Directiva, misma que fue señalada para el 11 de junio; sin embargo, esa data, ante la ausencia de presentación de candidatos y planchas, a la cual tampoco asistió el impetrante de tutela pese a que su hermana fue notificada para la misma, se suspendió y señaló nuevamente para el 15 de igual mes y año; fecha en la que tampoco hubo presentación de candidatos y planchas, decidiendo por ende, nominar entre los presentes a los nuevos miembros del Directorio, por simple nominación; e) La Administradora del Edificio, fue la encargada de consultar de forma personal a todos los copropietarios su conformidad con dicha aclamación, dando como resultado solo dos copropietarios que se opusieron, el solicitante de tutela uno de ellos; f) No fue su responsabilidad que el accionante no asista a las asambleas convocadas; g) Aclararon que si bien todas las notas presentadas por el impetrante de tutela fueron recibidas, en las mismas no cursa solicitud expresa del requerimiento de una respuesta escrita, pues su contenido solo se enmarcó en anunciar acciones legales o invitaciones a dialogar; a ello, debe tomarse en cuenta que con relación a la Nota de 4 de junio de 2021; mediante la cual, el solicitante de tutela solicitó a la Administradora modificar la fecha de la Asamblea, debe considerarse que dicha funcionaria no tiene facultades para modificar a su antojo, pues fue la Asamblea que señaló para esa fecha; y, h) Todas las convocatorias a asambleas, fueron publicadas en cada piso, como en el tablero de comunicación y mediante Whatsapp; entonces, el hecho que el accionante no hubiera asistido fue por voluntad propia. Por otro lado, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, a través de su abogado, señalaron: 1) Según el Estatuto y Reglamento del Edificio, la máxima instancia es la Asamblea General, no así la Directiva; por lo tanto, el impetrante de tutela no superó lo establecido en el art. 129 de la CPE como los arts. 53 y 54 del CPCo, no existiendo prueba de que hubiera acudido a la Asamblea de copropietarios; 2) Debe considerarse que la duración del cargo del solicitante de tutela fue solo de un año calendario, no pudiendo hablarse de una ampliación de mandato por la Pandemia como si se tratara de una autoridad municipal, departamental o nacional; 3) Todos los miembros de la Directiva a la cual perteneció el accionante fueron renunciando, quedando solo su persona, entonces, como puede entenderse que solo un miembro dirija una Directiva; 4) El impetrante de tutela no asistió a las Asambleas por su propia voluntad “…se han tratado de comunicar con el señor mediante escrito y mediante carta, el mismo se negaba a recibir y tenemos las grabaciones, las fotografías porque afortunadamente tenemos cámaras de seguridad en el edificio donde muestra que el señor ni siquiera dejaba al Presidente de la directiva que es el Dr. Juan Carlos Escalante ingresar a su oficia, de la puerta lo ha despachado y le ha cerrado la puerta en la cara…”(sic); 5) Fueron cuatro las ocasiones que le solicitaron al solicitante de tutela convoque a elecciones, pero bajo el fundamento de que estaría ocupado, evadió esta obligación; 6) Todas esas acciones, llevaron a que el Ministerio del Trabajo los multe, dado que el accionante entorpeció el trabajo de la Actual Directiva, no pudiendo hacer movimientos económicos de la cuenta de asociados, generando la imposibilidad de pagar aguinaldos tanto a la portera como a la Administradora del Edificio; 7) Todas las notas enviadas por el impetrante de tutela fueron recibidas, aclarando que de la lectura de las mismas, no se pedía respuesta, pues versaban sobre la solicitud a que sus personas dejen de ejercer sus funciones; 8) Respecto a que la Asamblea de elección hubiera sido falsa, se debe tomar en cuenta que el acta de la mencionada asamblea, se encuentra firmada por los copropietarios, lo que demostraría que el solicitante de tutela estaría realizando acusaciones sin prueba; y, 9) Debe tenerse presente que fue en asamblea que se decidió se nombre una nueva directiva. A las preguntas realizadas por los Vocales constitucionales: i) Con relación a cuando fue constituida la nueva directiva, sostuvieron que fue el 12 de julio de 2021; ii) En cuanto a cómo fue la convocatoria para elecciones, señalaron que fue pública, siendo convocados por asamblea de copropietarios; y, iii) En referencia al acta de asamblea donde se determinó convocar a elecciones, expresaron que no contaban con la misma.

I.2.3. Intervención de los Terceros Interesados

Tatiana Catherine Ajata Gonzales, a través de su apoderado legal, mediante memorial de 3 de noviembre de 2021, cursante de fs. 169 a 170, señaló lo siguiente: a) En anteriores gestiones, ya se pudo percatar de los hechos de corrupción en la Administración del Edificio “ASBÚN”, extremos que hizo notar a los miembros de la Directiva, ahora demandados, quienes estuvieron a cargo durante cuatro años y seis meses; b) Cuando los demandados dejaron la Directiva, Juan Carlos Escalante realizó el pago doble de cinco meses a la Administradora del Edificio ahora demandada; “…PAGANDO ASI POR DOS VECES CONSECUTIVAS en su calidad de Vocal de Hacienda”(sic); y, c) Los ahora demandados, para rehuir a una auditoria que se había dispuesto, conformaron la nueva Directiva ilegal.

Jacqueline Patricia Ajata Gonzales, a través de Memorial de 19 de noviembre de 2021, cursante a fs. 265 y vta., señaló que los miembros que componen la oficina 8 del cuarto piso, estarían siendo excluidos de su calidad de asociados, para evitar observaciones al manejo económico de los ingresos y egresos de la Asociación; por otro lado, mediante nota dirigida al entonces presidente Jorge Rojas Estrada de agosto de 2016 “…respecto a observaciones, costo de cartas notariadas Bs.2.000.-,ausencia de descargo por ALQUILER del Local comercial de la Asociación, hechos que demuestran como razones para que la Administradora y el Sr. Escalante, por las observaciones hechas al presente, se hayan estrellado contra nosotros, violando garantías constitucionales” (sic). De igual forma, en audiencia de consideración de la presente acción a través de su abogado, se señaló lo siguiente: 1) El 13 de julio de 2021, cuando fue a pagar por mantenimiento, fue maltratada por la demandada Betty Marisol Chambi; y, 2) Estos problemas con los demandados, vienen desde el 2014 cuanto eran parte de la Directiva del Edificio, al cometer una serie de actos irregulares como el hecho de que antes de que la directiva del ahora accionante tome posesión, sacaron $us4 675.-(cuatro mil seiscientos setenta y cinco dólares estadounidenses) y de ahí hubieran pagado doblemente por cinco meses a la Administradora ahora demandada, entonces se quedó en hacer una auditoria, pero evadieron ello, al nombrarse directiva. Lucio Edgar Catacora Aguilar, mediante Memorial presentado de 5 de noviembre de 2021, cursante a fs. 172 y vta., y en audiencia señaló que no solo se lesionaron los derechos del impetrante de tutela sino del resto de los copropietarios, pues hizo notar a la Administradora ahora demandada que no tenía facultades para convocar a asamblea, que debía coordinar con el ahora solicitante de tutela al ser este era Vocal de Hacienda, pues nadie había desconocido esta calidad y cargo, pero no lo hizo y continuó con la asambleas. Germán Chacón Rodríguez, por la Oficina 2 del piso 7, interviniendo en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, refirió que el accionante no tenía intenciones de convocar a Asamblea para designar un nuevo Directorio, siendo cuatro las ocasiones en que se suspendió las asambleas en un plazo de seis meses.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Departamento La Paz, mediante Resolución 295/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 317 a 322, denegó la tutela solicitada; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes argumentos: i) Debe considerarse que la acción de amparo constitucional no puede promoverse en cualquier circunstancia o en cualquier momento, introduciéndose los principios de subsidiariedad e inmediatez como primer filtro de procedibilidad, aclarando que la jurisprudencia constitucional admitió tres tipos de acciones de amparo constitucional que rompen estas reglas generales, como en los casos de vías de hecho, así también en causas laborales por temas de reincorporación con conminatorias; y, finalmente por el derecho de petición; en el caso presente, se trajo a colación dos de las tres mencionadas, y fueron por vías de hecho y petición; ii) En cuanto a las vías de hecho, si bien se flexibiliza los requisitos uniformadores de la acción de amparo constitucional, pero en su lugar se exige al impetrante de tutela la elevada carga de la prueba, como también a postular coherentemente su pretensión y el nexo de causalidad; en el caso presente, el solicitante de tutela era Vocal de Hacienda del referido Directorio, que no podía hacer de Presidente del mismo, pues el Estatuto del Edificio “ASBUN” no dispuso alguna forma de sucesión en la representación, pudiendo observarse que no hubo afectación a las labores propias del accionante, ya que el informe que se debía presentar era por parte de la Administradora y el Presidente no así por parte del ahora impetrante de tutela; iii) Por otro lado, existe una convocatoria emitida por la Asamblea del Edificio “ASBUN” en julio de 2021, pero no se puede catalogar si la misma fue o no lícita, pues esta vía no se constituye en instancia ordinaria o fiscal, lo cierto fue que la misma consta y que a la fecha existe un nuevo Directorio; iv) En la causa presente, no existió correspondencia entre la pretensión y los argumentos expuestos; por lo tanto, no se advirtió las alegadas vías de hecho; v) Con relación al derecho de petición, “…que debe ser clara y ser correspondiente con los argumentos del amparo…”(sic) de ahí que no se entiende que tuvo que ver la nulidad del Directorio y el petitorio; toda vez que, el solicitante de tutela no demostró cuales fueron las condiciones lesivas ante la conformación del nuevo Directorio, solo refirió la lesión a sus derechos y el análisis que hizo no recayó sobre un acto determinado que debería ser individualizado en el petitorio, porque la acción presente estuvo dirigida contra actos u omisiones no contra supuestos o argumentos; y, vi) No existió correspondencia entre los argumentos esbozados en audiencia y la ausencia de satisfacción del derecho de petición.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa el Estatuto de la Asociación de Copropietarios del Edificio “ASBÚN ANTIGUO” (fs.98 a 104). II.2. Consta Reglamento de la Asociación de Copropietarios del Edificio “ASBÚN ANTIGUO” (fs.105 a 115). II.3. A través Testimonio 735/2019 de 19 de agosto, se revocó el Poder 126/2016 y se otorgó nuevo poder en favor de Soraya Villegas presidenta interina, Limbert Rodríguez como Vocal 2 y Dante Augusto Ajata Gonzales -ahora accionante- como Vocal 3 del Directorio del Edificio “ASBUN” (fs. 3 a 7 vta.). II.4. Cursa Resolución de Directorio 02/2020 de 29 de julio; mediante el cual, el Directorio del Edificio “ASBUN”, ordenó el corte del internet que clandestinamente hubiera hecho poner la Administradora Betty Marisol Chambi para algunos copropietarios (fs. 31 y vta.). De igual forma, por Resolución de Directorio 01/2021, se dispuso la apertura de la acción penal contra la merituada demandada por haberla encontrado haciendo uso de bienes de asociación para otro fines (fs.32 y vta.), hecho corroborado por Formulario Único de Denuncia de 1 de abril de 2021 y Memorial de Acusación (fs. 33 a 37); al igual que, memorial presentado ante el Jefe Departamental del Trabajo, donde se puso a su conocimiento el mal desempeño de la Administradora, consultando sobre su desvinculación (fs.38 y vta.). II.5. Mediante Informe de 6 de noviembre de 2020, el impetrante de tutela puso a conocimiento de la Presidente interina del Directorio los actos irregulares que hubiera cometido la demandada Betty Marisol Chambi, en ejercicio de sus funciones (fs. 45 a 50). II.6. El solicitante de tutela, mediante Convocatoria de 8 de marzo de 2021, llamó a elecciones del nuevo Directorio del Edificio “ASBUN”, para el 29 de marzo de igual año (fs.121); de igual forma, convocó por segunda vez a elecciones de la nueva Directiva para el 12 de abril del mismo año (fs.122). II.7. En Asamblea General de 8 de abril de 2021, se dispuso por mayoría realizar una auditoria por malos manejos económicos en que hubiera incurrido la demandada Betty Marisol Chambi (fs. 66 a 74). II.8. Por nota de 12 de abril de 2020, Limbert Rodríguez Mendoza entonces Vocal de la Asociación de Copropietarios del Edificio “ASBUN” presentó su renuncia al cargo que ocupaba en la Directiva (fs. 123). II.9. Cursa copia de Asamblea General de 10 de mayo de 2021; en la cual, algunos copropietarios solicitaron se convoque a elecciones de nueva directiva, pero por votación concluyeron que primero se debía llevarse a cabo la auditoria dispuesta (fs. 74 vta. a 80). II.10. Consta Nota de 25 de mayo de 2021; mediante la cual, Soraya Villegas presidenta interina del Directorio del Edificio “ASBUN”, hizo presentación de su renuncia irrevocable a su cargo, señalando que: “…durante los últimos meses ante la crítica sin fundamento de algunos copropietarios, todo por fiscalizar y supervisar el trabajo de la Administradora y portera…” (sic [fs.12]). II.11. Cursa Convocatoria a Asamblea de emergencia de 1 de junio de 2021, realizada por la demandada Betty Marisol Chambi, señalando en la misma que: “…y no habiendo Directorio, me permito convocar a una Asamblea de emergencia de copropietarios para el lunes 07 de junio de 2021 a horas 17:00 p.m. en la oficina de administración, con el objeto de que la Asamblea General como máxima instancia sea quien tome las determinaciones que correspondan para resolver esta inexistencia de Directorio”(sic) (fs.125). II.12. Consta Cite de 4 de junio de 2021; por el cual, el accionante le refirió a Betty Marisol Chambi –ahora demandada–, que la convocatoria a Asamblea de Emergencia que realizó esta, constituía una medida de hecho, pues no había renunciado a su cargo de Vocal de Hacienda; además que, ante la imposibilidad de asistir a la misma, debía modificar la fecha (fs. 13). II.13. Cursa Misiva de 14 de junio de 2021; por la cual, el impetrante de tutela solicitó a los ahora demandados dejen sin efecto la convocatoria a elecciones por vía de aclamación dispuesta para el 15 de igual mes y año, pues estarían usurpando funciones (fs. 14). II.14. Consta Acta de Elección de 15 de junio de 2021; en la cual, se conformó por aclamación, el nuevo Directorio del Edificio “ASBÚN”, integrado por los ahora demandados quienes ordenaron a la Administradora para que proceda a hacer firmar a todos los copropietarios su conformidad con dicha designación (131 y vta.); Asimismo, por Circular 01/2021, se tiene la lista de los copropietarios del mencionado edificio que aprobaron y dieron su conformidad respecto a la nueva Directiva (fs.132 a 133). II.15. Cursa convocatoria de 5 de julio de 2021; mediante la cual el solicitante de tutela convocó a asamblea para el 12 de julio de igual año (fs.16 y 17). II.16. Se advierte Nota suscrita por la demandada Betty Marisol Chambi de 9 de julio del 2021; por la cual, comunicó al accionante que existía nueva Directiva 2021-2022, y que en todo caso sus solicitudes debían ser dirigidas ante la misma (fs.18). II.17. Por Acta de 12 de julio del 2021, se posesionó al nuevo Directorio del Edificio “ASBUN” de la cual, formaron parte los ahora demandados (fs.134). II.18. Por Misiva de 13 de julio del 2021, el impetrante de tutela puso a conocimiento de los copropietarios del Edificio “ASBÚN” que había, formulado oposición al nombramiento ilegal de los demandados como nueva Directiva del nombrado edificio, pues consideraba que lo que se pretendía era evadir la auditoria dispuesta en las actuaciones de la Administradora (fs.20 y vta.). Por otro lado, mediante representación notariada de 22 de julio del mismo año, el señalado solicitante de tutela, alegó que la nota de 13 de julio no había sido recepcionada en Administración y que luego de que la misma fue pegada en cada piso, fue retirada inescrupulosamente (fs.22) II.19. A través de Nota de 17 de agosto de 2021, el accionante solicitó a los ahora demandados, que en el plazo de veinticuatro horas dimitan y cesen como Directivos del Edificio “ASBÚN” (fs.22 y vta.). II.20. Consta copia de convocatoria a Asamblea General, realizada por los ahora demandados, para el 6 de septiembre de 2021, para tratar el punto relativo a la Revocatoria de poder y otorgamiento de nuevos poderes de representación (fs.81).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derechos a la participación política y derecho a elegir, a la petición y a la opinión; toda vez que: a) Pese a que era miembro de la Directa del Edificio ASBUN Antiguo, Betty Marisol Chambi Vásquez, en su calidad de Administradora del mencionado Edificio, sin tener competencia alguna y desconociendo su condición de miembro del Directorio, convocó a una Asamblea para designar una nueva Mesa Directiva, sin considerar que solo su persona podía convocar a dichas asambleas; y, b) Juan Carlos Escalante Tapia, Carlos Antenor Gardeazabal Cortez, Martha Pacoricona y Betty Marisol Chambi Vásquez, se negaron a recepcionar los escritos presentados por su persona en la cual hace conocer los hechos irregulares a los que incurrieron con sus actos. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: 1) Sobre la Asociación de Copropietarios del Edificio ASBÚN Antiguo, las autoridades competentes para convocar a Asambleas Generales y sobre las competencias y facultades de la Asamblea General, sobre la base jurídica del Estatuto y Reglamento de la Asociación; 2) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial; más alto; 2.i) Contenido esencial; 2.ii) Requisitos de procedencia; 2.iii) Legitimación activa; 2.iv) Legitimación pasiva; y, 2.v) Plazo para emitir respuesta; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la Asociación de Copropietarios del Edificio ASBÚN

Antiguo, las autoridades competentes para convocar a Asambleas Generales y sobre las competencias y facultades de la Asamblea General, sobre la base jurídica del Estatuto y Reglamento de la Asociación

Los arts. 1 y 3 del Estatuto de la Asociación de Copropietarios del Edificio "ASBÚN ANTIGUO", la cual aprobado por los asociados por Acta de 20 de junio de 2006 y homologada por Resolución 236 de 22 de marzo de 2007 por parte de la Prefectura del Departamento de La Paz en la que también se reconoció su Personería Jurídica, señalan en relación a la constitución y finalidad de dicha Asociación, que:

Artículo 1.-(Constitución) A través del presente documento que es aprobado legalmente por la autoridad competente, dentro del régimen legal establecido por el artículo 58 y siguientes del Código Civil vigente se constituye la "ASOCIACTÓN DE COPROPTETARIOS DEL EDIFICIO ASBUN ANTIGUO" que, sin buscar lucro, tendrá las finalidades establecidas en el presente Estatuto. Artículo 3.- (Finalidad) Existiendo los antecedentes indicados, los actuales copropietarios de las diversas oficinas y locales que existen en el Edificio, han decidido constituir la "Asociación de Copropietarios del Edificio Asbun Antiguo" con las siguientes finalidades.

a) Establecer una organización para vigilar la correcta administración de los intereses comunes que tienen los copropietarios del Edificio Asbun Antiguo.

b) Conformar un patrimonio común destinado a realizar gastos que permitan mantener adecuadamente las instalaciones del Edificio y llevar a cabo las reparaciones y ampliaciones que sean necesarias.

c) Señalar normas precisas sobre la forma en que se debe efectuar el manejo del indicado patrimonio común.

d) Designar a las personas que trabajarán como empleados de la Asociación para cumplir las funciones que sean necesarias.

e) Cumplir otras funciones que surgirán conforme a las necesidades. Siendo un organismo sin fines de lucro, debiendo actuar en beneficio de los Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo, la cual es dirigida por la: a) Asamblea General; b) Directorio de la Asociación; y, c) Presidente de la Asociación de Copropietarios reconocidos por los arts. 22 del Estatuto; y, 9 del Reglamento de la mencionada Asociación. En ese contexto, al ser la Asamblea de Asociados Copropietarios, la máxima instancia de tomas de decisiones, la misma debe ser convocado por las autoridades o personas legalmente reconocidas por las normas internas, es así que los arts. 26.b) y 28.f) del. Estatuto de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo, señalan que:

Artículo 26.-(Facultades del Directorio): Son facultades del Directorio las siguientes:

(…).

b) Convocar a la Asamblea de socios por decisión propia o a pedido del Administrador (las negrilla nos corresponden).

Artículo 28.- (Presidente y sus facultades) E1 Presidente de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo tendrá las siguientes facultades:

(…).

f) Convocar a las reuniones del Directorio y a las asambleas generales (las negrillas son nuestras). Asimismo, los arts. 11 y 18.c) del Reglamento de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo, señala que:

Artículo 11.- Asambleas ordinarias y extraordinarias.- Las Asambleas Generales de Copropietarios serán convocadas por el Presidente o por los miembros del Directorio de la Asociación de Copropietarios o, en su defecto de ellos, por el Administrador, con anticipación de, por lo menos,48 horas (las negrillas fueron añadidas).

Artículo 18.- Funciones.- Los miembros del Directorio trabajarán bajo la dirección del Presidente, recibirán el nombre de Vocales y conforme lo señala el Estatuto tendrán las siguientes facultades:

c) Convocar a la Asamblea de socios por decisión propia o a pedido del administrador (las negrillas nos corresponden). De donde se puede concluir, que las personas o autoridades legitimadas para poder convocar a la Asamblea General de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo, radica en el Presidente, los miembros del Directorio por decisión propia o por petición del Administrador, o a falta de estos y en última instancia por el Administrador de la misma Asociación con una anticipación de cuarenta y ocho horas. En dicho caso, una vez convocado a la Asamblea General por cualquiera de las personas legítimamente competentes, conforme lo establece el art. 23 del Estatuto; en concordancia con el art. 10 del Reglamento de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo, dicha Asamblea General de Copropietarios tienen las siguientes facultades:

Artículo 23.- (Asamblea y sus facultades).- La Asamblea General de Copropietarios estará constituida por la reunión de los copropietarios asociados o sus delegados, con carta poder, que representen al menos las tres cuartas partes del valor del edificio. Esta Asamblea adoptará las determinaciones necesarias para et buen funcionamiento de la Asociación y la correcta administración Y conservación del edificio. Se reunirá una vez al año para:

1. Conformar el Directorio de la Asociación de Copropietarios conforme a los señalar el artículo 25 de este Estatuto.

2. Designar al Administrador y señalar su remuneración.

3. Aprobar las cuotas mensuales que deben pagar los copropietarios para los gastos de mantenimiento del edificio y del ascensor, así como para cubrir el costo de agua, energía y otros servicios en base a la propuesta del Administrador y del Directorio. 4. Aprobar el manejo de Fondo de Reparaciones Mayores del Edificio.

5. Aprobar la realización de innovaciones en el edificio si fueran necesarias o justificadas, fijando -si correspondiera- las cuotas extraordinarias que deben pagar los copropietarios.

6. Aprobar la rendición de cuentas que anualmente debe presentar el Administrador y el Presidente de la Asociación.

7. Aprobar, si fuera necesario introducir, modificaciones al presente Estatuto.

Los acuerdos de las asambleas serán adoptados por el número de votos que señala el Código Civil y el Reglamento. (las negrillas fueron añadidas).

Artículo 10.- Facultades de la Asamblea.- Conforme lo determina el Art. 197 del Código Civil y el artículo 23 del Estatuto de la Asociación de Copropietarios la Asamblea General de Copropietarios estará constituida por la reunión de copropietarios o sus delegados con carta poder, que representen al menos las tres cuartas partes del valor del edificio.

En lo referido a la Administración del Edificio, la Asamblea General adoptará las determinaciones necesarias para el buen manejo de los intereses comunes y la conservación del edificio; se reunirá una vez al año para:

1. Designar al Administrador y señalar su remuneración.

2. Aprobar las cuotas mensuales que deben pagar los copropietarios para los gastos de mantenimiento del edificio y del ascensor, así como para cubrir el costo de los servicios de agua, energía, limpieza y otros en base a la propuesta del Administrador y del Directorio.

3. Aprobar la realización de innovaciones en el edificio si fueran necesarias o justificadas, señalando las cuotas que para el efecto deben pagar los copropietarios.

4. Aprobar la rendición de cuentas que anualmente debe presentar el Administrador, Podrán realizarse asambleas extraordinarias cada vez que sea necesario.

5. Aprobar las medidas de Administración que sean convenientes (las negrillas son nuestras). Concluyéndose que las facultades más importantes de la Asamblea General de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo, está el de conformar el Directorio de la Asociación y designar al Administrador así como delimitar su remuneración entre otros con el afán de conservar y preservar los intereses de los Socios Copropietarios de la referida Asociación.

III.2. Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, reiterada por las SSCCPP 0562/2019-S2 de 17 de julio y SCP 1050/2019-S2 de 3 de diciembre -entre otras-, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento:

El art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. El Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición.

En ese sentido, se abordarán las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: i) Contenido esencial; ii) Requisitos de procedencia; iii) Legitimación activa; iv) Legitimación pasiva; y, v) Plazo para emitir respuesta.

III.2.1. Contenido esencial

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: a) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; b) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; c) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, d) Argumentada; vale decir, 1El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 2La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 3La SC 843/2002-R de 19 de julio, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son nuestras). 4La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 5La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

III.2.2. Requisitos de procedencia

La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: 1) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; 2) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; 3) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y, 4) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; y, b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: b.1) Ausencia de respuesta formal; b.2) Falta de respuesta material; b.3) Inexistencia de argumentación-motivación y/o fundamentación-en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.

III.2.3. Legitimación activa

Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero.

III.2.4. Legitimación pasiva

En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo: La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas.

Sobre el particular, es necesario mencionar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, sostuvo que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor. Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconocieron su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”. En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: 1) Las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, 2) Las personas particulares.

III.2.5. Plazo para emitir respuesta

La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: i) En el término establecido por ley; y, ii) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derechos a la participación política y derecho a elegir, a la petición y a la opinión; toda vez que: i) Pese a que era miembro de la Directa del Edificio ASBÚN Antiguo, Betty Marisol Chambi Vásquez, en su calidad de Administradora del mencionado Edificio, sin tener competencia alguna y desconociendo su condición de miembro del Directorio, convocó a una Asamblea para designar una nueva Mesa Directiva, sin considerar que solo su persona podía convocar a dichas asambleas; y, ii) Juan Carlos Escalante Tapia, Carlos Antenor Gardeazabal Cortez, Martha Pacoricona y Betty Marisol Chambi Vásquez, se negaron a recepcionar los escritos presentados por su persona en la cual hace conocer los hechos irregulares a los que incurrieron con sus actos. De los antecedentes traídos en revisión, se tiene que por Testimonio 735/2019 se 19 de agosto, se dio poder en favor de Soraya Villegas -Presidenta interina-; Limbert Rodríguez -Vocal 2-; y, Dante Augusto Ajata Gonzales -Vocal 3 y accionante-'en su calidad de miembros del Directorio de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo, ordenándose el 29 de julio de 2020 por medio de Resolución de Directorio 02/2020 el corte de Servicio de Interne que de forma clandestina efectuó la Administradora Betty Marisol Chambi ahora codemandada, disponiéndose además por la Resolución de Directorio 01/2021 la apertura de acción penal en contra de la demandada por realizar uso indebido de los bienes de la Asociación, documentos que fueron presentados al Ministerio de Trabajo consultando su respectiva desvinculación, poniéndose en conocimiento de la Presidenta interina dichos actos irregulares por Informe de .6 de noviembre de 2020; es en ese sentido, que la impetrante de tutela por Convocatoria de 8 de marzo de 2021 llamó a elecciones para elegir al nuevo Directorio debiendo llevarse la misma el 29 del mismo mes y año, en la que se dispuso realizar una auditoría a los malos manejos económicos realizados por la codemandada, efectuando una Segunda Convocatoria para el 12 de abril de igual año; es así, que en la referida fecha Limbert Rodríguez Mendoza Vocal de la Asociación presenta su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba, para posteriormente el 25 de mayo del mismo año, Soraya Villegas -Presidenta Interina- de igual forma presenta su renuncia al cargo mencionado (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9 y II.10). En el efecto referido, Betty Marisol Chambi -demandada- efectuó Convocatoria a Asamblea de emergencia el 1 de junio de 2021, debiendo llevarse a cabo el 7 del mismo mes y año con el objeto que sea dicha Asamblea tome las determinaciones para resolver la inexistencia de Directorio, por lo que el 4 de junio del indicado año, la peticionante de tutela mediante nota indicó a la accionada que la convocatoria efectuada se constituye en una medida de hecho, esto al ser aún miembro del Directorio pues no había renunciado a su cargo, y ante la imposibilidad de asistir a la misma debería ser suspendida; asimismo, por nota de 14 de igual mes y año, solicitó a los demandados dejar sin efecto la convocatoria a elecciones por aclamación programada para el 15 de idéntico mes y año, observándose que la indica fecha se transcribe el Acta de Elección de Directorio por Aclamación que se encuentra integrada por los accionados, existiendo la Circular 01/2021 con las lista de los copropietarios que aprobaron y dieron su conformidad a la nueva Directiva (Conclusiones II.11, II.12, II.13 y II.14).

De forma posterior, el 5 de julio de 2021, el peticionante de tutela convocó a Asamblea General para el 12 del mismo mes y año, ante la cual Betty Marisol Chambi -codemandada- indicó a la accionante por nota de 9 de julio de 2021, que al existir un nuevo Directorio todas las solicitudes deben ser dirigidos a dicho Directorio, es así que el 12 del indicado mes y año, se procedió a realizar la respectiva posesión de la Mesa Directiva; por lo que, el 13 de igual mes y año, el accionante por nota puso en conocimiento de todos los copropietarios del Edificio que había presentado oposición al nombramiento ilegal de la nueva Directiva, asimismo, por representación de 22 de julio de 2021 se indicó que la nota de la fecha anterior no habría sido recepcionada por parte de la Administración y que al ser pegada en cada piso, la misma fue retirada inescrupulosamente; es así que, de igual forma, por nota de 17 de agosto de igual año, el impetrante de tutela dio un plazo de veinticuatro horas a los demandados a que dimitan y cesen como Directivos de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo; convocándose de forma posterior a Asamblea General para revocar poderes y la otorgación de unos nuevos para el 6 de septiembre de 2021 (Conclusiones II.15, II.1.6, II.17, II.18, II.19 y II.20). Identificadas las problemáticas, corresponde a esta instancia constitucional analizar si las denuncias son evidentes o no a fin de conceder o denegar la tutela; y, siendo que se denunció diferentes actos que hubieran cometido los accionados, las mismas serán analizadas de forma separada por didáctica constitucional, de la siguiente manera: a) Sobre presunta convocatoria a Asamblea General, realizada por Betty Marisol Chambi Vásquez, en su calidad de Administradora del mencionado Edificio Asbún Antiguo sin contar con la debida legitimación para realizarlo; y, b) En relación a que Juan Carlos Escalante Tapia, Carlos Antenor Gardeazabal Cortez, Martha Pacoricona y Betty Marisol Chambi Vásquez, se negaron a recepcionar los escritos presentados por su persona en la cual hace conocer los hechos irregulares a los que incurrieron con sus actos. 1. En relación a la primera problemática

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la participación política y derecho a elegir; toda vez que, pese a que era miembro de la Directa del Edificio ASBUN Antiguo, Betty Marisol Chambi Vásquez, en su calidad de Administradora del mencionado Edificio, sin tener competencia alguna y desconociendo su condición de miembro del Directorio, convocó a una Asamblea para designar una nueva Mesa Directiva, sin considerar que solo su persona podía convocar a dichas asambleas.

En este punto, es necesario previamente remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual se refiere en primera instancia a quienes se encuentran legitimados para convocar a Asambleas Generales de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo, conforme lo establece los arts. 26.b) y 28.f) del Estatuto; y, 11 y 18.c) del Reglamento de la referida Asociación, se establece que: “...las personas o autoridades legitimadas para poder convocar a la Asamblea General de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo,radica en el Presidente, los miembros del Directorio por decisión propia o por petición del Administrador, o a falta de estos y en última instancia por el Administrador de la misma Asociación con una anticipación de cuarenta y ocho horas.” (sic).

En ese contexto, conforme a la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se tiene que Soraya Villegas -Presidenta interina-; Limbert Rodríguez -Vocal 2-; y, Dante Augusto Ajata Gonzales -Vocal 3 y accionante- son miembros del Directorio de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo; empero, el 12 de abril de 2021 Limbert Rodríguez Mendoza presentó su renuncia irrevocable; y, el 25 de mayo del mismo año, Soraya Villegas también renuncio de forma irrevocable a su cargo (Conclusiones II.9 y II.10), quedando la directiva conformada por Dante Augusto Ajata Gonzales -Vocal 3- y Dennis Miranda Conde -Vocal 4-, quienes conforme el Testimonio 735/2019 de 19 de agosto de 2021 (Conclusión II.2), quedarían vigentes como miembros del Directorio ante las renuncias efectuadas anteriormente.

Entonces, como se explicó anteriormente, cada miembro del directorio por decisión propia es decir de forma individual, conforme lo establece las normas internas de la Asociación tienen la capacidad y legitimidad para poder convocar a Asambleas Generales, y solo en caso de que no exista ningún miembro activo -hayan renunciado, u otra causa de fuerza mayor que le impida ejercer el cargo- recién tiene la respectiva competencia el o la Administrador del Edificio; aspecto que en el presente caso, no sucede, puesto que el accionante al no haber presentado su renuncia o haya existido alguna causa de fuerza mayor que le haya impedido el ejercer el cargo de Vocal 3 del Directorio de la Asociación, se puede establecer que la ahora codemandada. no contaba con la debida legitimidad para convocar a una Asamblea General de todos los Copropietarios; puesto que, aún existían dos miembros del mencionado Directorio, que no se evidencia en los antecedentes las renuncias o las causas de fuerza que haya impedido el ejercicio de su cargo, para que de forma automática la Administradora pueda convocar a la Asamblea General de 1 de junio de 2021 -Conclusión II.11-; por lo tanto, se puede evidenciar que al no tener competencia para llamar a la antedicha Asamblea General, la cual tenía por objeto el de resolver la supuesta inexistencia de un Directorio, la cual no era el caso, al continuar aun tanto el impetrante de tutela y el Vocal 4, siendo miembros activos del Directorio, debió la ahora demandada dar cumplimiento a lo establecido en las normas estatutarias de la organización, es decir solicitar a dichos miembros el poder convocar a Asamblea General para poder realizar la elección de una nueva Directiva; empero, al no haberlo realizado, incurrió en una ilegalidad, pues sin la competencia necesaria convocó a la Asamblea General de Socios Copropietarios, tornándose dicho acto en nula de pleno derecho, pues sobrepasó sus competencias y facultades frente a los legitimados por norma institucional, por lo que debe declararse la nulidad de la convocatoria de 1 de junio de 2021, al vulnerar los derechos de la accionante, correspondiendo conceder la tutela. 2. Sobre la segunda problemática

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la petición y a la opinión; toda vez que Juan Carlos Escalante Tapia, Carlos Antenor Gardeazabal Cortez, Martha Pacoricona y Betty Marisol Chambi Vásquez, se negaron a recepcionar los escritos presentados por su persona en la cual hace conocer los hechos irregulares a los que incurrieron con sus actos.

Ahora bien, sobre el derecho de petición regulado en el art. 24 de la CPE, la jurisprudencia de este Tribunal ha desarrollado los requisitos que debe contar no solamente la petición en sí misma, sino más que todo la respuesta brindada ya sea por el particular o autoridad peticionada; es así, que el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, mencionando a las SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, reiterada por las SSCCPP 0562/2019-S2 de 17 de julio y SCP 1050/2019-S2 de 3 de diciembre, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional y mencionando a la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, desarrolló y estableció que la respuesta debe ser: “…i) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

En ese contexto, la impetrante de tutela, señala que los ahora demandados, vulneraron su derecho a la petición ya que se negaron a recibir o recepcionar todos los escritos que presentó en la que se les hizo conocer sus actos ilegales; en ese contexto, para que el derecho a la petición se perfeccione, es necesario que en caso de existir una petición escrita, la misma deba necesariamente ser recepcionado por la autoridad o persona a la cual se dirige la petición, es así que, conforme la Conclusión II.12 de esta Resolución Constitucional, la nota de 4 de junio de 2021 presentada por el accionante a Betty Marisol Chambi Vásquez -accionada-, en la que se le indicaba que la Asamblea convocada se constituía en una medida de hecho, se tiene que la misma fue recepcionada por la demandada el 7 de junio de 2021 la cual consta firma, fecha y hora de recepción, además del Sello Institucional, no siendo evidente lo vertido por parte del impetrante de tutela.

Asimismo, la Carta presentada el 14 de junio de 2021 a los demandados, en la que solicita se deje sin efecto la Convocatoria a lecciones llamado para el 15 igual mes y año (Conclusión II.13), se tiene que la misma fue debidamente recepcionado el 14 de junio de 2021, en la cual consta fecha, hora, firma y Sello Institucional de recepción, no demostrando que dicha nota no haya sido debidamente recibida por los demandados.

Ahora bien, en relación a las notas de Representación de 13 y 22 de julio de 2021 (Conclusión II.18), en la que hace conocer a los Socios Copropietarios del Edifico Asbún Antiguo, sobre actos que se hubiese perpetrado sin su autorización; y, la nota de 17 de agosto del mismo año (Conclusión II.19) en la que el peticionante de tutela otorga a los ahora demandados el plazo de 24 horas para que dimitan y cesen en sus funciones de Directivos del referido Edificio; si bien las mismas cuentan con intervenciones notariales de parte del Notario de Fe Pública 28 del departamento de La Paz;, empero, no existe algún informe del mismo funcionario notarial que haga certeza de que dichas documentales no hubieran sido recepcionados por parte de los demandados, o que los mismos se hubieran negado a recibirlos, no evidenciándose la vulneración al derecho a la petición, correspondiendo denegar la tutela al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 295/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 317 a 322, pronunciada por La Sala Constitucional Primera del departamento La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a la primera problemática, en base a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, por consiguiente, se deja sin efecto la Convocatoria a Asamblea de Emergencia de 1 de junio de 2021, realizada por Betty Marisol Chambi Vásquez, en su calidad de Administradora del Edificio de la Asociación de Copropietarios del Edificio Asbún Antiguo; empero, por el tiempo de notificación de esta Resolución Constitucional, y al ser de cumplimiento inmediato las resoluciones pronunciadas por los Tribunales de garantías, se dimensiona los efectos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo vigente las determinaciones arribadas por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación a los derechos a la petición y opinión referente a la segunda problemática, conforme a los fundamentos jurídicos esgrimidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho. Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se dá curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).

6 El FJ III.1, indica: “…el derecho de petición puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado o la Ley”.

7 El FJ III.3, refiere: “Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano” (las negrillas son agregadas). 8El FJ III.2, indica: “…es lógico que de no dirigirse la petición a la autoridad pertinente, la misma al no tener oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente -siendo que este derecho no implica la otorgación de una respuesta positiva, sino formal, escrita y oportuna-, por falta de conocimiento de la solicitud, no puede atribuírsele una supuesta transgresión del derecho ni del mandato constitucional que lo contiene”.

9 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 10El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido p ositivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0314_2023-S1.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): bed1e3c88068393d51051f923e85fd052f7b7d9af26317a748218d052b1c0c75

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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