Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de abril de 2026
Concede la tutela
La peticionante de tutela denuncia la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como a los principios de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica; argumentando que, en el ejercicio de sus funciones como Fiscal de Materia, emitió una imputación formal dentro de un proceso penal vinculado al delito de violación, solicitando la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas a la detención preventiva; no obstante, pese a que el Tribunal de alzada dispuso la detención preventiva del imputado, se le inició un proceso disciplinario que concluyó con la emisión de la Resolución Sumarial 12/2022 de 23 de agosto, disponiendo su destitución definitiva; y, que interpuesto su recurso jerárquico, la autoridad ahora demandada dictó la Resolución Jerárquica FGE/JPL/DAJ/PD 083/2022 de 28 de septiembre, ratificando la decisión de la Autoridad Sumariante bajo el argumento de que, tratándose de un delito de carácter sexual, por su gravedad, tenía la obligación de aplicar perspectiva de género y solicitar la detención preventiva del imputado, concluyendo que su omisión constituyó en una falta muy grave; en virtud a ello solicita se conceda la tutela, se deje sin efecto la Resolución Jerárquica mencionada y se disponga que la autoridad demandada emita una nueva resolución, en la que se cumpla con las normas constitucionales extrañadas en presente acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 071/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 154 a 158 vta., emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, al no resultar evidente la vulneración denunciada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; 2° Disponer que el Fiscal General del Estado emita una nueva resolución jerárquica, conforme al razonamiento vertido precedentemente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0313/2026-S3 Sucre, 2 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 55839-2023-112-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 071/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 154 a 158 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ilse Fátima Dávila Arancibia contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, exFiscal General del Estado.
Por memorial presentado el 12 de abril de 2023, cursante de fs. 1 y 25 a 40, la accionante refirió lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio contra Orlando Alegre León, por la presunta comisión del delito de violación, en el ejercicio de sus funciones como Fiscal de Materia, emitió imputación formal solicitando la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas que la detención preventiva; así, “…la autoridad judicial IMPUSO dicha medidas al IMPUTADO” (sic) y la víctima interpuso recurso de apelación incidental contra la resolución emitida por el Juez cautelar, el cual fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca mediante Auto de Vista 247/2022 de 4 de julio, que declaró procedente dicho recurso, disponiendo la detención preventiva del referido imputado. En razón de dichos hechos, se inició en su contra un proceso disciplinario, en el cual la Autoridad Sumariante del Ministerio Público emitió la Resolución Sumarial 12/2022 de 23 de agosto, por la cual fue declarada responsable de la falta disciplinaria prevista en el art. 121 inc. 18) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, disponiendo su destitución definitiva del cargo de Fiscal de Materia; por cuanto, a criterio de dicha autoridad “…estaba obligada a solicitar DETENCIÓN PREVENTIVA en contra del procesado, ya que al ser un delito de contenido sexual, por la GRAVEDAD DEL HECHO y la OBLIGACIÓN DE APLICAR PERSPECTIVA DE GÉNERO, supuestamente ESTABA OBLIGADA a solicitar Detención Preventiva, razón por la cual, al no haberlo hecho, habría cometido una FALTA MUY GRAVE…” (sic). Al considerar que, la Resolución Sumarial 12/2022 no se encontraba acorde a derecho, presentó recurso jerárquico; por lo que, el Fiscal General del Estado -ahora demandado- emitió la Resolución Jerárquica FGE/JPL/DAJ/PD 083/2022 de 28 de septiembre, “…decidiendo RATIFICAR la Resolución que me declara responsable de la comisión de la falta disciplinaria señalada y por ende RATIFICANDO mi sanción, disponiendo mi DESTITUCIÓN DEFINITIVA del CARGO DE FISCAL DE MATERIA, básicamente apoyando los mismos argumentos emitidos por la autoridad sumariante…” (sic) y concluyendo que jurídicamente no correspondía que solicite medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva, sino que estaba obligada a solicitar la “Detención Preventiva” en razón a la gravedad del hecho, la perspectiva de género y a la protección reforzada que tienen las mujeres en los delitos contra la libertad sexual; por lo que, la autoridad demandada incurrió en una evidente inobservancia y no aplicación de lo establecido en los arts. 7, 221, 222 y 231.II Bis del Código de Procedimiento Penal (CPP); 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE), y normas convencionales parte del bloque de constitucionalidad; también, una errónea interpretación del art. 232.III del CPP, resultando necesario que la justicia constitucional, en su labor de control de constitucionalidad, revise, verifique y controle si dicha interpretación de la legalidad ordinaria se encuentra acorde a los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado. Asimismo, denunció una insuficiente y arbitraria fundamentación y motivación en razón a que no existe norma, tratado, jurisprudencia o protocolo alguno que obligue a los Fiscales de Materia, a solicitar exclusivamente la detención preventiva como medida cautelar, así sea la investigación por el delito de violación o cualquier u otros en los que deba aplicarse la perspectiva de género. De esta forma, Resolución Jerárquica FGE/JPL/DAJ/PD 083/2022 emitida por la autoridad demandada contiene una motivación insuficiente y arbitraria; por cuanto, no justificó ni explicó por qué omite o se abstiene de analizar o pronunciarse sobre argumentos o fundamentos jurídicos de gran importancia y relevancia, planteadas por su persona en el recurso jerárquico.
Denunció la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como a los principios de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 23.I, 115.11, 117.1, 180.1, 410 de la CPE; y, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se deje sin efecto Resolución Jerárquica FGE/JPL/DAJ/PD 083/2022, disponiéndose que la autoridad demandada emita una nueva resolución, en la que se cumpla con las normas constitucionales extrañadas en presente acción tutelar.
Celebrada la audiencia virtual el 7 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 136 a 153, se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela, a través de su abogado, se ratificó en el tenor íntegro de su acción de amparo constitucional.
Fausto Juan Lanchipa Ponce, exFiscal General del Estado, a través de sus representantes legales, mediante informe de 7 de junio de 2023, cursante de fs. 125 a 135, refirió que: a) Las disposiciones legales citadas por la accionante, establecen el carácter excepcional y restrictivo de la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva; sin embargo, las mismas están previstas para procesos penales por delitos comunes, no así para los que se encuentran previstos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que la impetrante omitió referir, al igual que al art. 15.II y III de la CPE que señala que todas la mujeres tienen derecho a no sufrir violencia sexual tanto en la familia como en la sociedad; tampoco la jurisprudencia constitucional que garantiza a las mujeres a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, o que se deba aplicar la perspectiva de género en los procesos en los cuales intervienen las mujeres como víctimas de violencia sexual; b) En el proceso penal la accionante fue en contra a la jurisprudencia constitucional -SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre-, dando prevalencia erróneamente a los derechos de agresor por encima de los derechos humanos de la mujer víctima de violación, al no haber solicitado en la resolución de imputación formal, la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, pese a que en la Resolución Fiscal de Aprehensión de 19 de junio de 2022, emitida contra el imputado, la solicitante de tutela señaló que concurren los requisitos de procedencia para la detención preventiva; c) En audiencia de medidas cautelares de 21 de junio de 2022, la accionante renunció expresamente a la apelación contra Auto Interlocutorio que dispuso medidas cautelares; es decir, dejó en completo abandono e indefensión a la víctima mujer de un hecho de violación, cuando de acuerdo a la jurisprudencia constitucional es de primordial atención para todas las instancias del Estado, prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia de género “…y de los Fiscales en particular, aplicar en la investigación la perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, considerando la situación de vulnerabilidad y desventaja respecto al imputado…” (sic); d) Es falso que la Resolución Jerárquica cuestionada no hubiera respondido a todos los planteamientos del recurso jerárquico; e) Todos los fundamentos de la Resolución Jerárquica cuestionada, contrastan abismalmente con los señalados por la accionante, quien de acuerdo a su conveniencia, se limitó a argumentar repetidas veces la normativa que le facultaba a pedir cualquier medida cautelar y no le obligaba a solicitar necesariamente la detención preventiva del imputado; empero, omitió por completo mencionar los fundamentos del Auto de Vista 247/2022 y su “Complemento” emitidos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que es la instancia jurisdiccional competente para determinar si la aplicación de medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva impuesta al imputado por el Juez Público Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Tarabuco del mencionado departamento a solicitud de la hoy impetrante de tutela, se encontraban o no ajustadas a derecho “…que por lo referido, estableció que no, en esa medida dispuso la DETENCIÓN PREVENTIVA del imputado por el lapso de TRES MESES” (sic); y, f) La Resolución Jerárquica cuestionada absolvió a cabalidad los dos únicos supuestos motivos de agravio, precautelando el principio de congruencia externa.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante la Resolución 071/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 154 a 158 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada emitió Resolución Jerárquica FGE/JPL/DAJ/PD 083/2022, delimitando la litis contestatio en relación a lo cuestionado por la accionante, la respuesta de la Autoridad Sumarial y expresando las razones jurídicas, normativas lógicas pertinentes a objeto de resolver la cuestión de fondo, considerando los elementos probatorios del proceso sumarial así como las actuaciones sustanciadas en sede administrativa; 2) La autoridad demandada se remitió al art. 23.II bis del CPP, indicando que si bien es una potestad exclusiva del Fiscal de Materia requerir o no las medidas cautelares; empero, dicha normativa determina claramente que si se evitará una detención preventiva, para poder aplicar otra medida menos gravosa debe ser fundamentada de manera razonada; 3) La falta disciplinaria endilgada a la accionante está referida a la debida fundamentación de las resoluciones fiscales, al momento de ejercer sus funciones y si bien la prenombrada prescindió de la detención preventiva solicitando una medida menos gravosa que fue concedida por la autoridad jurisdiccional, interpuesto el recurso de apelación incidental el Tribunal ad quem mediante Auto de Vista 247/2022 y su complementario se refirió a la carencia no solo de la perspectiva de género, sino de la razonabilidad de la fundamentación fiscal en relación a las medidas cautelares personales solicitadas, “…procediendo a revocar las medidas cautelares personales dispuestas por la autoridad jurisdiccional y a disponer la detención preventiva y además la remisión de oficio al Ministerio Público precisamente para que pueda iniciarse el procesamiento ante la constatación de esta actuación indebida al solicitar irrazonablemente la aplicación de una medida menos gravosa, haciendo énfasis también en la perspectiva de género como inobservada por la Fiscal, lo cual también fue entendido por el Fiscal General al confirmar la resolución de la autoridad sumarial” (sic); y, 4) Si bien no se identifica ciertamente una norma legal expresa y/o taxativa que le ordene a la autoridad fiscal a pedir en casos de violencia o violación la medida cautelar de la detención preventiva; sin embargo, existen otros elementos que deben ser considerados, normativa que debe ser interpretada de manera sistemática e integral a efectos de poder solicitar la medida cautelar que corresponda, la autoridad demandada consideró en la resolución Jerárquica cuestionada todos esos aspectos e interpretó de manera integral y sistemática no solamente las normas del Código de Procedimiento Penal sino también la de Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; por lo que, no incurrió en las vulneraciones alegadas por la impetrante de tutela.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Sumarial 12/2022 de 23 de agosto, emitida por la Autoridad Sumariante, por la cual declaró a Ilse Fátima Dávila Arancibia -ahora accionante- “RESPONSABLE” de la comisión de la falta disciplinaria estatuida en el art. 121.18 de la LOMP, en cuyo mérito se le impone la sanción establecida en el art. 122 inc. 3) de la misma Ley, consistente en la destitución definitiva del cargo de Fiscal de Materia y consiguiente retiro de la carrera Fiscal, si la misma formara parte de ella (fs. 9 a 13 vta.). II.2. Consta memorial de 14 de septiembre de 2022, por el cual la impetrante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Sumarial 12/2022, pidiendo se revoque la misma y sea declarado “NO RESPONSABLE” de la comisión de la falta disciplinaria estatuida en el art. 121. 18 de la LOMP (fs. 114 a 119).
II.3. Cursa Resolución Jerárquica FGE/JPL/DAJ/PD 083/2022 de 28 de septiembre, dictada por Fausto Juan Lanchipa Ponce -ahora demandado-, por la cual confirmó la Resolución Sumarial 12/2022, que declaró a la recurrente -ahora accionante- “RESPONSABLE” de la comisión de la falta disciplinaria muy grave contemplada en el art. 121.18 de la LOMP, con la consiguiente sanción de destitución definitiva de su cargo de Fiscal de Materia y de la Carrera Fiscal si formara parte de ella, sanción que empero, deberá diferirse en su ejecución hasta que su hijo cumpla un año de edad (fs. 120 a 124).
La peticionante de tutela denuncia la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como a los principios de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica; argumentando que, en el ejercicio de sus funciones como Fiscal de Materia, emitió una imputación formal dentro de un proceso penal vinculado al delito de violación, solicitando la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas a la detención preventiva; no obstante, pese a que el Tribunal de alzada dispuso la detención preventiva del imputado, se le inició un proceso disciplinario que concluyó con la emisión de la Resolución Sumarial 12/2022 de 23 de agosto, disponiendo su destitución definitiva; y, que interpuesto su recurso jerárquico, la autoridad ahora demandada dictó la Resolución Jerárquica FGE/JPL/DAJ/PD 083/2022 de 28 de septiembre, ratificando la decisión de la Autoridad Sumariante bajo el argumento de que, tratándose de un delito de carácter sexual, por su gravedad, tenía la obligación de aplicar perspectiva de género y solicitar la detención preventiva del imputado, concluyendo que su omisión constituyó en una falta muy grave; en virtud a ello solicita se conceda la tutela, se deje sin efecto la Resolución Jerárquica mencionada y se disponga que la autoridad demandada emita una nueva resolución, en la que se cumpla con las normas constitucionales extrañadas en presente acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
(…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubrese refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembrela que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe 7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
Denuncia la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como a los principios de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica; argumentando que, en el ejercicio de sus funciones como Fiscal de Materia, emitió una imputación formal dentro de un proceso penal vinculado al delito de violación, solicitando la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas a la detención preventiva; no obstante, pese a que el Tribunal de alzada dispuso la detención preventiva del imputado, se le inició un proceso disciplinario que concluyó con la emisión de la Resolución Sumarial 12/2022 de 23 de agosto, disponiendo su destitución definitiva; y, que interpuesto su recurso jerárquico, la autoridad ahora demandada dictó la Resolución Jerárquica FGE/JPL/DAJ/PD 083/2022 de 28 de septiembre, ratificando la decisión de la Autoridad Sumariante bajo el argumento de que, tratándose de un delito de carácter sexual, por su gravedad, tenía la obligación de aplicar perspectiva de género y solicitar la detención preventiva del imputado, concluyendo que su omisión constituyó falta muy grave.
De antecedentes se tiene la Resolución Sumarial 12/2022 de 23 de agosto, emitida por la Autoridad Sumariante, por la cual declaró a la ahora accionante “RESPONSABLE” de la comisión de la falta disciplinaria estatuida en el art. 121.18 de la LOMP, en cuyo mérito se le impone la sanción establecida en el art. 122.3 de la misma Ley, consistente en la destitución definitiva del cargo de Fiscal de Materia y consiguiente retiro de la carrera Fiscal, si la misma formara parte de ella (Conclusión II.1). Mediante el memorial de 14 de septiembre de 2022, la impetrante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Sumarial 12/2022, pidiendo se revoque la misma y sea declarada “NO RESPONSABLE” de la comisión de la falta disciplinaria estatuida en el art. 121. 18 de la LOMP (Conclusión II.2). Asimismo, la Resolución Jerárquica FGE/JPL/DAJ/PD 083/2022 de 28 de septiembre, dictada por la autoridad demandada, cual confirmó la Resolución Sumarial 12/2022, que declaró a la recurrente -hoy accionante-“RESPONSABLE” de la comisión de la falta disciplinaria muy grave contemplada en el art. 121.18 de la LOMP, con la consiguiente sanción de destitución definitiva de su cargo de Fiscal de Materia y de la Carrera Fiscal si formara parte de ella, sanción que empero, deberá diferirse en su ejecución hasta que su hijo cumpla un año de edad (Conclusión II.3). Decisión que se sustenta en que, la recurrente -ahora accionante- en ninguna parte de su recurso precisó ni fundamentó cuál o cuáles serían las pruebas que total o parcialmente fueron omitidas en su valoración por la Autoridad Sumariante al momento de dictar la Resolución Sumarial 12/2022 ahora impugnada, o bien, a partir de la valoración probatoria que efectuó, cuál o cuáles serían los razonamientos probatorios irrazonables o defectuosos, que solamente en esa medida podría calificarse de arbitraria, en cambio la prenombrada se limitó a discrepar de la Resolución confutada al señalar que cuando la misma refiere que tratándose del delito de violación necesariamente la autoridad fiscal debe pedir la detención preventiva del imputado “…siendo ese un razonamiento arbitrario y contrario a los arts. 7, 221, 222, 231.II bis del CPP, éste último que además faculta al Ministerio Público a pedir medidas menos gravosas señaladas en sus numerales 1 al 9” (sic). Señalando que, la solicitud de medidas cautelares de carácter personal efectuada por la impetrante en la Resolución de Imputación Formal, derivó en declaratoria de responsabilidad disciplinaria, con la consiguiente destitución de su cargo de Fiscal de Materia, según expresa la Resolución Sumarial recurrida. También, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, se constituye en la instancia jurisdiccional de alzada competente para dilucidar si la aplicación de medidas cautelares impuestas al imputado a solicitud de la recurrente -ahora accionante-, se encontraban o no ajustadas a derecho; determinó inicialmente que el delito de violación es un delito grave, semejante a la tortura, conforme a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, es exigible en casos de violación que la investigación y juzgamiento se desarrolle con perspectiva de género y que las autoridades encargadas de la investigación deban actuar con eficacia; asimismo, refiriéndose al proceso penal, indicó que tanto la detención domiciliaria, la presentación ante la autoridad fiscal u otra medida parecida impuesta al imputado, no serían suficientes para garantizar que su sometimiento al proceso y eventualmente en los resultados de un juicio, disponiendo detención preventiva del imputado por un lapso de tres meses, para finalmente señalar que la solicitante de tutela demostró una actitud laxa en la audiencia cautelar, al igual que el representante del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y la propia autoridad jurisdiccional de grado, por cuya razón dispuso la remisión de antecedentes a las instancias correspondientes para el establecimiento de la posible responsabilidad funcionaria. Indicando que, la hoy impetrante emitió la Resolución de Imputación Formal de 20 de junio de 2022, insuficientemente fundada, vulnerando de ese modo los arts. 40.11 de la LOMP y 73 del CPP, que obligan a los fiscales a pronunciar sus requerimientos y resoluciones debidamente fundamentados, vulnerándose asimismo el art. 232.III.2 del CPP que dispone la procedencia de la detención preventiva en casos de violación contra mujeres. La accionante al haber solicitado a la autoridad jurisdiccional la aplicación de medidas cautelares alternativas a la detención preventiva contra el imputado, pese a la gravedad del hecho investigado vinculado al delito de violación, cuando inclusive debió aplicar criterios de perspectiva de género y en esa medida correspondía solicitar de manera fundada la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva para el imputado, tal y como lo hizo la autoridad jurisdiccional de alzada a tiempo de resolver la apelación interpuesta por la víctima; así, la Autoridad Sumariante al momento de pronunciar la Resolución recurrida que declara la responsabilidad disciplinaria de la impetrante, sustentó esencialmente su decisión en la determinación de la Sala Penal Segunda, no advirtiéndose vulneración o razonamiento contrario a lo dispuesto por los arts. 7, 221, 222 y 231.II bis del CPP, la Constitución Política del Estado y/o el bloque de constitucionalidad. Aclaró que, las autoridades disciplinarias del Ministerio Público, sea de primera o segunda instancia, no pueden emitir criterios divergentes a los asumidos por las instancias jurisdiccionales competentes y llamadas por ley, menos cuando son decisiones de cierre como en el caso, bajo serio riesgo de generar caos jurídico en el proceso penal del cual emerge el proceso disciplinario. Finalizando, señaló que al advertirse que la Resolución impugnada no infringe en absoluto disposición legal o constitucional alguna, contrariamente cumple con todos los parámetros del debido proceso al encontrarse debidamente fundamentada, sin necesidad de ingresar en mayores consideraciones, corresponde confirmar la misma. La denuncia formulada por la accionante en la presente acción de defensa, sostiene que la autoridad demandada emitió la Resolución Jerárquica cuestionada ratificando la decisión de la Autoridad Sumariante apoyando sus mismos argumentos respecto de su destitución definitiva; es decir, que siendo un delito de carácter sexual, por la gravedad del hecho, tenía la obligación de aplicar perspectiva de género y solicitar la detención preventiva del imputado y al no hacerlo cometió una falta muy grave; asimismo, considera que, tratándose de delitos de violación, la autoridad fiscal necesariamente debe solicitar la detención preventiva del imputado, es “…arbitrario y contrario a los arts. 7, 221, 222, 231.II bis del CPP, éste último que además faculta al Ministerio Público a pedir medidas menos gravosas señaladas en sus numerales 1 al 9” (sic). Ahora bien, de la Resolución Jerárquica cuestionada se advierte que la misma efectivamente vulnera el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, en razón a que no cumple con las finalidades señaladas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo, de lo referido precedentemente se advierte que la autoridad demandada, al emitir la Resolución Jerárquica cuestionada, no cumplió con la segunda finalidad de la motivación, vinculada a generar en las partes el convencimiento de que la decisión adoptaba no es arbitraria; toda vez que la resolución carece de una motivación suficiente, al no exponer las razones por las cuales no tendría que aplicarse la facultad del Ministerio Público de pedir medidas menos gravosas a la medida cautelar de detención preventiva ni por qué esa actuación constituiría una omisión de fundamentación que derivaría en la sanción disciplinaria de destitución definitiva de su cargo de Fiscal de Materia y de la Carrera Fiscal de la accionante, pues en el marco de lo señalado en el referido Fundamento Jurídico III.1, una adecuada calificación jurídica del hecho, y por ende, una motivación suficiente del análisis del caso, puede incidir en la decisión del asunto analizado.
De esta forma, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se entenderá como fundamento jurídico a esa labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente impelida a citar las normas pertinentes sobre las cuales basa su decisión, adoptando una interpretación normativa aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional en cuya labor los principios y valores constitucionales aplicados lleguen a justificar razonablemente dicha aplicación normativa; asimismo, en cuanto a la motivación que se encuentre relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes para que la autoridad competente sustente su decisión.
Así, la autoridad fiscal demandada al confirmar la sanción de destitución definitiva del cargo de Fiscal de Materia y de la Carrera Fiscal, no explicó a la justiciable por qué no es arbitrario que la autoridad fiscal deba necesariamente pedir la detención preventiva tratándose de delitos de violación, siendo que el Ministerio Público en el marco de los arts. 72 del CPP; y, 40.12 y 57 de la LOMP tiene la potestad de solicitar fundadamente medidas menos gravosas que la medida cautelar de ultima ratio.
En conclusión, se evidencia que la autoridad demandada al emitir la Resolución Jerárquica cuestionada vulneró, el debido proceso en su elemento derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones; consiguientemente, corresponde conceder la tutela impetrada y disponer la emisión de un nuevo pronunciamiento. Por último, respecto a la alegada vulneración de los principios de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica, estos únicamente fueron enunciados por la parte accionante, sin expresar justificativo ni sustento argumentativo alguno, no mereciendo que la justicia constitucional realice un análisis de los mismos, correspondiendo denegar la tutela sin ingresar al fondo de la problemática. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, no obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 071/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 154 a 158 vta., emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, al no resultar evidente la vulneración denunciada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; 2° Disponer que el Fiscal General del Estado emita una nueva resolución jerárquica, conforme al razonamiento vertido precedentemente.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0313_2026-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 02604ac0fe19a4eaaeffa989351f0f4643271221eebd94fd694239480f014ea5
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