B.IA.LEGAL

SCP 0312/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
10 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58997-2023-118-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de la garantía al debido proceso en sus vertientes debida fundamentación y motivación, congruencia, legalidad (taxatividad), razonable valoración de elementos de prueba, “lógica”, “tutela legal efectiva”, seguridad jurídica y acceso a la justicia, afirmando en lo esencial que, la Resolución Fiscal Departamental RRMM S-165/22, ha incurrido en tres supuestos: a) Omitir la valoración integral de los elementos de convicción, bajo el argumento de su multiplicidad, dejando de considerar diversos informes técnicos, legales, certificaciones, documentos de propiedad y antecedentes administrativos relevantes para la resolución del caso; b) Realizar una identificación meramente enunciativa de pruebas de descargo sin efectuar una valoración razonada de las mismas, privándolas de eficacia probatoria en la determinación de la existencia o inexistencia del hecho denunciado; y, c) Incurrir en incongruencia interna y falta de coherencia argumentativa, al sostener la necesidad de valorar los elementos de convicción para resolver la impugnación, pero omitir dicha valoración -especialmente respecto a documentos clave sobre el estado de saneamiento del terreno-, así como al no efectuar una adecuada subsunción de los hechos al tipo penal de avasallamiento.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 175 de 6 de octubre de 2023, cursante de fs. 494 a 496, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0312/2026-S2 Sucre, 10 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58997-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 175 de 6 de octubre de 2023, cursante a fs. 494 a 496, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carmen Hurtado Medina y Pastor Wilson Peña Echeverría contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 de septiembre y 2 de octubre de 2023, cursantes de fs. 443 a 455; y, 460 a 465, la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En un proceso penal iniciado en su contra por Luis Orlando Aliaga Herbas -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento, a la conclusión de la etapa preparatoria, Thania Oropeza Villca, Fiscal de Materia, pronunció la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 3 de mayo de 2022; y, ante el recurso de impugnación presentado por el nombrado, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -demandado- emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM S-165/22 de 5 de septiembre de 2022, en la que dispuso revocar la referida Resolución Fiscal de Sobreseimiento; en la indicada Resolución Fiscal Departamental, lesionó la garantía al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, y razonable valoración de los elementos de prueba, por los siguientes motivos: a) En el apartado II, la citada Resolución Fiscal Departamental, señaló que, por la multiplicidad de pruebas no era posible valorar todas y cada una de ellas; en específico, no se valoró los siguientes elementos de prueba: 1) El Informe Legal DDSC-R.E.INF 900/2019 de 16 de septiembre; 2) Informe Técnico Legal DDSC-SAN.-INF. 1099/2020 de 28 de octubre; 3) Certificado DDSC.SG.CERT.NRO. 091/2020 de 30 de noviembre; 4) Informe Técnico Jurídico DDSC-UDAJ-INF. 21/2021 de 19 de febrero; 5) Informe Legal DDSC-SAN-INF. 261/2021 de 29 de marzo; 6) Informe Técnico Legal DDSC-SAN-INF. 315/2021 de 31 de marzo; 7) Informe Técnico -Legal DDSC-SAN. INF. 234/2021 de 23 de marzo; 8) Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-525/2020 de 6 de noviembre, emitida dentro el caso FIS-SCZ1900989; 9) Copias legalizadas de la Resolución Fiscal de Rechazo de 28 de abril de 2020, con número de causa FELCC- 662/2019 SCZ-PLA 1901004; 10) Copia legalizadas de documento de transferencia de 7 de diciembre de 1990 (compra venta); 11) “…copias legalizadas del Plano de Ubicación Original (Primer Plano de ubicación) extendido por el IGM…” (sic); 12) Informe en Conclusiones Saneamiento (SAN-SIM) Posesión de 16 de agosto de 2021; y, 13) Copias legalizadas de Planos Catastrales 070101103057 SAN-SIM y 070101103058 SAN-SIM levantados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); b) La citada Resolución Fiscal Departamental, identificó las pruebas de descargo descritas en su apartado III bajo los numerales 11, 12, 13, 14, 36, 37, 38, 47 y 51; sin embargo, no se realizó ningún tipo de valoración razonable. De forma específica: i) Informe Técnico - Legal DDSC-SAN.INF. 1299/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA; ii) Informe DDSC-SAN INF. 1292/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA; iii) Informe DDSC-SAN INF. 1290/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA; iv) Informe DDSC-SAN INF. 1291/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA; v) Informe Técnico - Legal DDSC-SAN.INF. 233/2021 de 23 de marzo; vi) Informe Técnico Legal DDSC-SAN- 231/2021 de 23 de marzo; vii) Informe Técnico Legal DDSC-SAN.INF. 0229/2021 de 23 de marzo; viii) Informe DDSC-SAN.INF. 465/2021 de 7 de mayo; y, ix) Informe en Conclusiones Saneamiento (SAN-SIM) Posesión de 16 de agosto de 2021. Sostuvieron que, las señaladas pruebas, pese a ser citadas no fueron valoradas de forma razonable para demostrar la insistencia del hecho denunciado; y, c) La indicada Resolución Fiscal Departamental, en sus apartados I, II, III y IV subtitulado: “Antecedentes y Consideraciones Previas”, “Valoración de los elementos de convicción en relación con el hecho”, “Fundamentación Probatoria descriptiva e intelectiva” y “Fundamentación jurídica” presentaban incongruencias; toda vez que, en el primer apartado romano, segundo considerando, la autoridad fiscal demandada sostuvo que analizaría la legalidad o no de un rechazo y para ello debe valorar los elementos de convicción, que sin embargo, decidió no valorar todos los elementos de prueba de cargo y descargo, bajo el argumento de multiplicidad de pruebas; señaló también que, la incongruencia se presentaba porque la referida autoridad fiscal sostuvo que el terreno sindicado de avasallado se encontraba en proceso de saneamiento, pero no valoró el Informe en Conclusiones Saneamiento (SAN-SIM) Posesión de 16 de agosto de 2021.

Indicaron de forma textual que: “…la incongruencia e ilegalidad (taxatividad) entre el contenido y razonamientos emitidos en La RESOLUCIÓN FISCAL DEPARTAMENTAL RRMM N°165/2022, de fecha 05/09/2022 se presenta en el hecho de que la autoridad accionada manifiesta que el terreno sindicado de avasallado se encuentra en proceso de saneamiento ante el INRA, e idéntica la INFORME EN CONCLUSIONES –SANEAMIENTO (SAN-SIM) POSESIÓN de fecha 16 de agosto de 2021, pero no es valorado en cuanto a su pertenencia, idoneidad y utilidad por el mismo consiste en un informe de conclusión de saneamiento simple de oficio determinando que sobre la parcela N°57, es el Sindicato Agrario Villa Viana y Jorori, quien tiene derecho de posesión y en cuanto al Sr. Luis Orlando Aliaga, determina que los documentos que presento que son los mismos de los cuales se vale para presentar la denuncia penal no corresponden a los terrenos de la parcela N°57 y asimismo concluye que el Sr. Luis Orlando Aliaga no tiene ningún derecho de propiedad y menos de posesión…” (sic); y, por último, refieren que no se realizó una adecuada subsunción de los hechos denunciados al tipo penal de avasallamiento.

I.1.2. Garantía supuestamente vulnerada

Denunció la lesión de la garantía al debido proceso, en sus garantías de debida fundamentación y motivación, congruencia, legalidad (taxatividad), razonable valoración de elementos de prueba, “lógica”, “tutela legal efectiva”, seguridad jurídica y acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RRMM S-165/22; y, b) Se ordene a la autoridad demandada emita una nueva, pronunciándose con la debida motivación y fundamentación, así como una valoración razonable de la prueba.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 6 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 486 a 494, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 471 a 484, y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando lo siguiente: 1) Con relación al debido proceso en su componente motivación y fundamentación, señaló que, se demostró que Luis Orlando Aliaga Herbas -tercero interesado-adquirió el inmueble objeto del presunto avasallamiento, mismo que, según el INRA, se encontraba en sobre posición con las parcelas del Sindicato Agrario Villa Viana y Joriri, parcela 57, en la cual existían medidas precautorias de no innovar, que, sin embargo, miembros de ese Sindicato -Pastor Wilson Peña Echeverría, Carmen Hurtado Medina y Guido Yucra Maturano (este último tercero interesado)- tomaron por la fuerza la parcela; acreditándose ese aspecto con declaraciones testificales de testigos de cargo y el Informe TÉCNICO LEGAL DDSC-SAN.INF. 1300/2020 de 14 de diciembre; 2) Respecto al debido proceso en su vertiente omisión y razonable valoración de los elementos de prueba de descargo, sostuvo que la Resolución Fiscal Departamental S-165/22 en sus puntos II y III, señaló los elementos de prueba colectados; refirió que se valoró la prueba relativa a los numerales 11, 12, 13 y 14; también las relacionadas a los numerales 36, 37 y 38; además de las relacionadas a los numerales 47 y 51; afirmó que, la indicada Resolución realizó una valoración de todos y cada uno de los elementos de prueba; sostuvo que, de conformidad con la SCP 0187/2017-S1 de 15 de marzo, la valoración realizada por el Ministerio Público no es idéntica a la de los jueces, que sus resoluciones no se sustentan en valoración probatoria propiamente dicha, sino en el análisis y sobre la utilidad e idoneidad de los elementos recolectados; y, 3) Con relación al debido proceso en su vertiente seguridad jurídica y tutela Judicial efectiva, citó jurisprudencia constitucional y afirmó que la citada Resolución Fiscal Departamental contenía los fundamentos legales y cita de normas que sustentaron su parte dispositiva; consecuentemente, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Luis Orlando Aliaga, a través de su defensa técnica, en audiencia de garantías manifestó lo siguiente: no se explicó cómo la Resolución Fiscal impugnada hubiese vulnerando algún derecho; afirmó que, lo único que se pretendió fue eludir responsabilidades, que la citada resolución otorgó un valor a todos los elementos de prueba; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. Guido Yucra Maturano, a través de su defensa técnica, en audiencia de garantías manifestó lo siguiente: la jurisdicción constitucional se apertura para revisar valoraciones omitidas que generan vulneración a derechos constitucionales; y, sostuvo que, la aludida Resolución Fiscal no consideró de manera razonable las pruebas indicadas, existiendo en consecuencia vulneración al derecho de “motivación y fundamentación”; en consecuencia; solicitó se conceda tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 175 de 6 de octubre de 2023, cursante de fs. 494 a 496, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Refirió que la Resolución Fiscal impugnada describió los hechos y analizó los elementos de convicción, denotándose que Luis Orlando Aliaga Herbas -tercero interesado- tendría su inscripción de derecho propietario en Derechos Reales (DD.RR.), y según múltiples informes del INRA, existiría sobre posición con las parcelas del Sindicato Agrario Villa Viana y Jorori, parcela 57; y, que miembros del referido Sindicato tomaron por la fuerza esa parcela; y, ii) Sostuvo que, no existía forma de cambiar la decisión del Fiscal Departamental demandado, y que la conclusión arribada en la Resolución Fiscal cuestionada podrá ser debatida en un juicio oral y no en audiencia de acción de amparo constitucional; por esas razones, no existiría relevancia constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia simple de, documento de transferencia de 7 de diciembre de 1990 (compra venta), de una propiedad rústica denominada “Viaña”, ubicada en el Cantón Paurito, Provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, suscrito entre Antonio Aguirre Cuellar, Orlando Aliaga Herbas y Erminia Salazar de Aguirre, y la respectiva acta de reconocimiento de firmas y rúbricas de igual fecha, ante Mabel Elva Barker Egüez, Jueza de Mínima Cuantía Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 134 a 135). II.2. Consta copia simple de la Resolución Fiscal de Rechazo de 28 de abril de 2020, con número de causa FELCC- 662/2019 SCZ-PLA 1901004, suscrito por Marioly Torrez Jurado, Fiscal de Materia de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales del Plan 3000 (fs. 160 a 162 vta.). II.3. Se tienen copias simples de: Informe Técnico Legal DDSC-SAN.-INF.

1099/2020 de 28 de octubre, emitido por el Profesional III Jurídico de Saneamiento del INRA Santa Cruz (fs. 181 y 182); Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-525/2020 de 6 de noviembre, emitida por Roger Rider Mariaca Montegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -demandado-, dentro el CASO: FIS-SCZ1900989 (fs. 146 a 159); Certificado DDSC.SG.CERT.NRO. 091/2020 de 30 de noviembre, extendido por el Encargado de la Unidad de Titulación y Archivo del INRA Santa Cruz (fs. 53); Informe Técnico - Legal DDSC-SAN. INF. 234/2021 de 23 de marzo, extendida por el Técnico I Jurídico de Saneamiento del INRA Santa Cruz (fs. 131 a 132); Informe Legal DDSC-SAN-INF. 261/2021 de 29 de marzo, suscrita por el Fiscal de Materia (fs. 112 a 114); e, Informe Técnico Legal DDSC-SAN-INF. 315/2021 de 31 de marzo, firmado por el Técnico I Jurídico de Saneamiento del INRA Santa Cruz (fs. 107 y 108). II.4. Cursan copias simples de: plano de coordenadas aproximadas del predio

“Viana”, Provincia “A. Ibañez”, Cantón Paurito, SC. A. 001714, extendido por el Instituto Geográfico Militar y de Catastro Nacional Bolivia (fs. 136); Planos Catastrales 070101103057 SAN-SIM y 070101103058 SAN-SIM, levantados por el INRA (fs. 268 y 269); Informe Legal DDSC-R.E.INF 900/2019 de 16 de septiembre, suscrito por el Profesional III Jurídico INRA Santa Cruz (fs. 205 a 206); Informe Técnico Jurídico DDSC-UDAJ-INF. 21/2021 de 19 de febrero, emitido por el Profesional IV Jurídico INRA Santa Cruz (fs. 234 a 241); e, Informe en Conclusiones Saneamiento (SAN-SIM) Posesión de 16 de agosto de 2021, firmado por el Profesional I Jurídico de Saneamiento del INRA Santa Cruz (fs. 276 a 309). II.5. Consta Resolución Fiscal Departamental RRMM S-165/22 de 5 de septiembre de 2022, del caso con Código Único de Denuncia (CUD) 70102042002244, emitida dentro el proceso penal iniciado a denuncia de Luis Orlando Aliaga Herbas -tercero interesado- en contra de Carmen Hurtado Medina, Pastor Wilson Peña Echeverri -accionantes- y Guido Yucra Maturano -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento (fs. 367 a 388).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de la garantía al debido proceso en sus vertientes debida fundamentación y motivación, congruencia, legalidad (taxatividad), razonable valoración de elementos de prueba, “lógica”, “tutela legal efectiva”, seguridad jurídica y acceso a la justicia, afirmando en lo esencial que, la Resolución Fiscal Departamental RRMM S-165/22, ha incurrido en tres supuestos: a) Omitir la valoración integral de los elementos de convicción, bajo el argumento de su multiplicidad, dejando de considerar diversos informes técnicos, legales, certificaciones, documentos de propiedad y antecedentes administrativos relevantes para la resolución del caso; b) Realizar una identificación meramente enunciativa de pruebas de descargo sin efectuar una valoración razonada de las mismas, privándolas de eficacia probatoria en la determinación de la existencia o inexistencia del hecho denunciado; y, c) Incurrir en incongruencia interna y falta de coherencia argumentativa, al sostener la necesidad de valorar los elementos de convicción para resolver la impugnación, pero omitir dicha valoración -especialmente respecto a documentos clave sobre el estado de saneamiento del terreno-, así como al no efectuar una adecuada subsunción de los hechos al tipo penal de avasallamiento.

Ante ello, la autoridad demandada refiere que se ha valorado la prueba que funda la revocatoria de sobreseimiento y que la misma contiene la debida fundamentación y motivación, en cuanto los hechos, la prueba y los fundamentos jurídicos. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

Sobre el alcance y efecto de una revocatoria de sobreseimiento, la SCP 0267/2015-S3 de 26 de marzo, hizo referencia a los efectos de la ratificatoria y de la revocatoria de sobreseimiento, concluyendo que “…entre los efectos de una ratificatoria de sobreseimiento se encuentra el impedimento para un nuevo procesamiento penal a la persona sobreseída por el mismo hecho (art. 32 del CPP), pues lo contrario lesionaría la garantía de la persecución penal única; es decir, tiene efectos similares a una sentencia absolutoria aunque no son equivalentes por lo que, a objeto de dar protección a los derechos de la víctima el análisis de la justicia constitucional respecto a la fundamentación debe ser intensa.

Por el contrario, el efecto de la revocatoria de sobreseimiento no es en absoluto similar a una sentencia condenatoria ni contiene los mismos resultados, ya que pronunciada la misma por el Fiscal Departamental, el Fiscal de Materia deberá emitir acusación formal delimitando el objeto del proceso al identificar a los posibles autores del hecho presuntamente delictuoso y los hechos que se deben probar en juicio; por otra parte, el procesado es la contraparte y ejerce su derecho a la defensa, pudiendo demostrar ampliamente en juicio si la acusación del fiscal es incorrecta, siendo en ese entendido el juez un tercero imparcial, quien luego de valorar la prueba de carga y de descargo producida en juicio, emitirá un pronunciamiento al respecto; por otro lado, la revisión sobre la fundamentación por la justicia constitucional, en este tipo de casos, solo podrá realizarse cuando las incongruencias de tal magnitud sean evidentes; empero, de ninguna manera corresponderá revisar la contundencia o no de las pruebas consideradas por un Departamento Fiscal para emitir una acusación, pues la emisión de una acusación atinge exclusivamente al Ministerio Público bajo responsabilidad (art. 166 del CP)”.

III.2. Análisis del caso concreto

Del análisis del contenido de la Resolución Fiscal Departamental RRMM S-165/22 de 5 de septiembre de 2022, se advierte que la autoridad demandada parte de la siguiente hipótesis fáctica, es decir que, Carmen Hurtado Medina, Pastor Wilson Peña Echeverría -accionantes-, Guido Yucra Maturano -tercero interesado- y otros, a título del Sindicato Agrario Villa Viana y Jorori, ingresaron de forma violenta a los terrenos de la denunciante, sin contar con documentación que acreditara tales extremos; para lo cual, valora declaraciones de los testigos que aseveran que los hechos denunciados se habrían producido el 4 de noviembre de 2020. Ello resulta coincidente con el análisis holístico de la prueba realizado por la autoridad fiscal demandada, conforme al cual se tuvo por probado que “…Luis Orlando Aliaga Herbas adquirió el inmueble objeto del presunto allanamiento, mismo que, según el INRA, se encuentra en sobre posición con las parcelas del Sindicato Agrario Villa Viana y Joriri parcela 57 y donde existen medidas precautorias de no innovar; empero, miembros del Sindicato Agrario Villa Viana y Joriri, tomaron por la fuerza esta parcela y procedieron a implementar edificaciones.

Que, por las declaraciones de los testigos de cargo, en 4 de noviembre de 2020 Pastor Peña, Carmen Hurtado, Guido Yucra y otros ingresaron a los predios en forma violenta, profiriendo amenazas y portando palos y machetes” (sic). Es decir, la autoridad fiscal demandada consideró, para emitir su resolución, tres circunstancias: 1) La adquisición del inmueble objeto del presunto allanamiento -sobre el cual pesa una medida precautoria de no innovar-; 2) La forma violenta en que los encausados habrían ingresado a los predios; y, 3) Que las tierras en conflicto se encuentran en proceso de saneamiento y tenían medidas de no innovar. En el apartado IV, la citada Resolución Fiscal desarrolla el tipo penal de avasallamiento, señalando, en lo esencial, que por este se entenderá la invasión u ocupación de hecho, con incursión violenta o pacífica, por parte de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad. Finalmente, en su parte quinta, dispone revocar la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 3 de mayo de 2022.

Ahora bien, conforme al razonamiento efectuado por la autoridad fiscal, se advierte que el motivo de su decisión versa sobre los tres aspectos referidos ut supra: i) La adquisición del inmueble objeto del presunto allanamiento -sobre el cual pesa una medida precautoria de no innovar-; ii) La forma violenta en que los encausados habrían ingresado a los predios; y, iii) El proceso pendiente de saneamiento de las tierras presuntamente avasalladas. Esta identificación resulta medular en el caso, pues son esas tres razones concurrentes las que dan forma a la resolución jerárquica en cuanto a la construcción de su hipótesis fáctica y su decisión de revocar el indicado sobreseimiento. Es en virtud de esas circunstancias, que debe realizarse el contraste con los agravios planteados en la presente acción tutelar.

Respecto al primer problema invocado por los impetrantes de tutela, este señala que, en el apartado II de la Resolución Fiscal impugnada, la autoridad demandada no habría realizado una valoración de todos los elementos de prueba que cursan en el cuadernillo de investigaciones; es decir, habría omitido de forma absoluta considerarlos, identificando específicamente trece elementos de prueba. Se deja constancia de que los elementos probatorios que cursan en el expediente constitucional, al no haber sido controvertidos por las partes, se entienden -como afirman los impetrantes de tutela- que forman parte del cuadernillo de investigación del Ministerio Público. Efectuadas dichas precisiones, se tiene que, en general de los elementos de prueba identificados, es decir: a) Informe Legal DDSC-R.E.INF 900/2019 de 16 de septiembre; b) Informe Técnico Legal DDSC-SAN.-INF. 1099/2020 de 28 de octubre; c) Certificado DDSC.SG.CERT.NRO. 091/2020 de 30 de noviembre; d) Informe Técnico Jurídico DDSC-UDAJ-INF. 21/2021 de 19 de febrero; e) Informe Legal DDSC-SAN-INF. 261/2021 de 29 de marzo; f) Informe Técnico Legal DDSC-SAN-INF. 315/2021 de 31 de marzo; g) Informe Técnico - Legal DDSC-SAN. INF. 234/2021 de 23 de marzo; h) Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-525/2020 de 6 de noviembre -caso FIS-SCZ1900989-; i) Resolución Fiscal de Rechazo de 28 de abril de 2020, con número de causa FELCC- 662/2019 SCZ-PLA 1901004; j) Documento de transferencia de 7 de diciembre de 1990 (compra venta); k) “…copias legalizadas del Plano de Ubicación Original (Primer Plano de ubicación) extendido por el IGM…” (sic); l) Informe en Conclusiones Saneamiento (SAN-SIM) Posesión de 16 de agosto de 2021; y, m) Planos Catastrales 070101103057 SAN-SIM y 070101103058 SAN-SIM; se pretende probar por los accionantes que, la presunta víctima del avasallamiento no habría acreditado derecho propietario y que el terreno en cuestión se encuentra en proceso de saneamiento ante el INRA.

Ahora bien, se reitera que la Resolución Fiscal observada funda su decisión en tres circunstancias: 1) La adquisición del inmueble objeto del presunto allanamiento -sobre el cual pesa una medida precautoria de no innovar-; 2) La forma violenta en que los encausados habrían ingresado a los predios; y, 3) La existencia de un proceso pendiente de saneamiento de las tierras presuntamente avasalladas. Sobre tales circunstancias, debe recordarse que, para que la justicia constitucional revise la valoración probatoria se deben cumplir los siguientes presupuestos concurrentes y sistematizados en la SCP 0033/2025-S2 de 24 de febrero, que señaló: “…1) De manera individualizada identificar qué pruebas fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, o en su caso, fueron producidas pero eran ilícitas, 2) Cómo la valoración o falta de valoración produjo lesión a derechos y garantías tutelados por la acción de amparo constitucional; y, 3) Que la prueba tiene incidencia o relevancia constitucional en la resolución final de forma que su producción o su no valoración podrían haber cambiado la forma de la decisión del caso -SC 0685/2006-R de 17 de julio-”; supuestos que, no se cumplieron a cabalidad en el caso concreto. En efecto, la adquisición del inmueble aparece vinculada a la medida cautelar de no innovar; de modo que, la sola existencia o ausencia del derecho propietario sobre el terreno presuntamente avasallado no fue considerada como razón absoluta para sustentar la revocatoria del sobreseimiento, sino en conexión con dicha medida cautelar. Ello implica que, no se podía modificar, menos de forma violenta, la situación hasta que las autoridades competentes se pronuncien. En cuanto a la segunda y la tercera circunstancia -la violencia y el proceso pendiente de saneamiento-, las documentales invocadas tampoco tienden a modificar las razones de la autoridad fiscal demandada, pues los documentos extrañados de valoración no se refieren al presunto ingreso violento a los predios e, incluso, consolidan la tercera circunstancia: la existencia de un proceso de saneamiento aún pendiente. En síntesis, se advierte que, la autoridad fiscal departamental demandada fundó la razonabilidad de su decisión en la consideración de que el derecho propietario o de posesión se encontraba pendiente de determinación en el proceso de saneamiento simple ante el INRA, circunstancia que, además, no fue la única tenida en cuenta. De ello se sigue que, no se trata de una circunstancia nueva ni omitida por la falta de valoración de determinados elementos de prueba, como pretenden sostener los accionantes. En consecuencia, no se acreditó haber cumplido los requisitos para que la justicia constitucional revise la valoración probatoria, debiéndose por lo tanto valorarse las mismas conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional al interior del proceso judicial; por lo que, corresponde denegar la tutela sobre este punto.

Respecto al segundo problema, los accionantes sostienen que las pruebas de descargo identificados en el apartado III de la Resolución Fiscal impugnada, bajo los numerales 11, 12, 13, 14, 36, 37, 38, 47 y 51, no han merecido ninguna valoración razonable por parte de la autoridad demandada. Estas pruebas son las siguientes: i) Informe Técnico - Legal DDSC-SAN.INF. 1299/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA; ii) Informe DDSC-SAN INF. 1292/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA; iii) Informe DDSC-SAN INF.

1290/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA; iv) Informe DDSC-SAN INF. 1291/2020 de 14 de diciembre, elaborado por el INRA; v) Informe Técnico - Legal DDSC-SAN.INF. 233/2021 de 23 de marzo; vi) Informe Técnico Legal DDSC-SAN- 231/2021 de 23 de marzo; vii) Informe Técnico Legal DDSC-SAN.INF. 0229/2021 de 23 de marzo; viii) Informe DDSC-SAN.INF. 465/2021 de 7 de mayo; e, ix) Informe en Conclusiones Saneamiento (SAN-SIM) Posesión de 16 de agosto de 2021. De la revisión de cada uno de estos elementos de prueba consignados en el apartado III de la Resolución Fiscal impugnada, se advierte lo siguiente: Los elementos consignados en los puntos 11 y 12 de la indicada -Resolución Fiscal, sí fueron considerados y valorados de forma conjunta, señalando la autoridad fiscal: “Se identifica que las parcelas 057 y 058 se encuentran en procesos de saneamiento, emitida en respuesta a requerimiento fiscal de fecha 14/11/2020…” (sic), valoración que incluso guarda correspondencia con lo afirmado por los accionantes en el memorial de interposición de esta acción tutelar. Lo mismo ocurre con los elementos 13 y 14, que también fueron apreciados conjuntamente; en ambos casos, la autoridad fiscal demandada explicita qué aspecto denotarían dichas pruebas, al indicar: “Certifican que de la revisión de los antecedentes de la carpeta acumulada correspondiente al SINDICATO AGRARIO VILLA VIANA Y JORORI PARCELA Nº 057, se evidencia la sentencia nacional agroambiental S2a Nº 010/2016 de fecha 27 de enero del 2016, emitida en respuesta a requerimiento fiscal de fecha 14/11/2020” (sic), valoración que también corresponde con lo afirmado por los accionantes. Por lo que, con relación a los elementos de prueba consignados en la Resolución fiscal jerárquica cuestionada, como 11, 12, 13 y 14, se advierte que las mismas sí han sido valoradas, y que inclusive esa actividad valorativa guarda correspondencia con lo sostenido por los nombrados. En cuanto a las pruebas consignadas en los numerales 36, 37 y 38; se advierte que, la autoridad fiscal demandada plasmó de forma explícita el sentido en que fueron valoradas para sustentar su decisión; por lo que, la revisión de dicha valoración debe efectuarse por la autoridad judicial competente sin que la justicia constitucional pueda encontrar que la misma acredita culpabilidad o inocencia de los accionantes pues, se reitera, que esa no es la función de la justicia constitucional. Con relación a la prueba consignada en el numeral 47, no consta una valoración explícita de la misma, ni una que la correlacione con otro elemento probatorio. No obstante, del memorial de interposición de la presente acción tutelar, se advierte que, los accionantes, respecto a este elemento, señalan que: “…que el Sindicato Agrario Villa Viana y Jorori es aspirante a beneficiario del saneamiento de derecho propietario de la Parcela Nº57, especificando los puntos georeferenciales de ubicación, que son distintos a los de la propiedad del Sr. Orlando Aliaga Herbas, que es sobre la parcela 58, asimismo informa que la parcela 57 se encuentra en proceso de saneamiento y asimismo adjunta el plano de ubicación de la parcela 57 y 58 especificando la superficie de cada una de ellas…” (sic). Ello significa que, según lo referido por los accionantes, dicho elemento de prueba estaba orientado a demostrar que el predio avasallado no es de propiedad de la presunta víctima; sin embargo, conforme se desarrolló en el apartado anterior, no es la circunstancia del derecho propietario o de posesión la única que sirvió de fundamento para emitir la Resolución jerárquica y por tanto, en su caso, debe hacerse valer ante autoridad judicial competente. En consecuencia, respecto de este elemento de prueba en específico, el agravio carece de relevancia constitucional, pues su eventual valoración no incidiría en la forma ni en el sentido de la Resolución impugnada. Respecto a la literal consignada en el numeral 51 en la Resolución Fiscal ahora impugnada, se advierte que la parte impetrante de tutela reclama la falta de valoración del Informe en Conclusiones Saneamiento (SAN-SIM) Posesión de 16 de agosto de 2021; sin embargo, del cotejo realizado con la Resolución Fiscal Departamental impugnada, se advierte que el numeral 51 corresponde a: “…COPIA LEGALIZADA DEL INFORME EN CONCLUSIONES SANEAMIENTO (SAN-SIM) POSESION de fecha 06 de septiembre del 2021, adjuntado mediante memorial de fecha 14/09/2021 por Guido Yucra Maturana , Pastor Wilson Peña Echeverría y Carmen Hurtado Medina” (sic); de la revisión de ambas literales, se advierte que, si bien son descritas con diferentes fechas, se tratan del mismo documento: Informe en Conclusiones Saneamiento (SAN-SIM) Posesión de 16 de agosto de 2021, con sello de legalización de la misma fecha, y presentado mediante memorial de 14 de septiembre de igual gestión, literales cursantes de fs. 276 a 310 y vta. del expediente constitucional (Conclusión II.4). Ahora bien, respecto a este elemento de prueba, los accionantes señalan textualmente lo siguiente: “…el cual en sus páginas 4, 7 8, 18, 25, 26, 32 y 33 y en su parte conclusiva determina que el Sr. Luis Orlando Aliaga no tiene ningún derecho sobre el terreno sindicado de avasallado que dentro del saneamiento es signado como parcela Nº 57, considerando que el citado informe conclusivo de saneamiento es extendido en cumplimiento de la Sentencia Nacional Agroambiental S2a.- 010/2016 de fecha 27/01/2026…” (sic). De lo expuesto se advierte que, la documental extrañada por los accionantes alude a un presunto derecho propietario o de posesión. Como se ha indicado de forma reiterada, no fue esa la única circunstancia por la que la autoridad fiscal demandada emitió la Resolución Fiscal hoy cuestionada; por tanto, dicha circunstancia, por sí sola, no puede alterar el sentido de dicha Resolución. En consecuencia, el reclamo relativo a la falta de valoración de este elemento de prueba también debe valorarse en su caso por la autoridad judicial competente, correspondiendo denegar la tutela en cuanto a esa problemática. Respecto al tercer problema, los accionantes sostienen que la Resolución Fiscal impugnada es incongruente, en la medida en que inicialmente afirma que se valorará la totalidad de la prueba y, al momento de efectuar dicha labor, no considera todos los elementos probatorios. De la revisión de la indicada resolución jerárquica se advierte que, en el apartado “II.- VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN EN RELACIÓN CON EL HECHO” (sic), la autoridad fiscal demandada establece que la prueba será analizada conforme a criterios de utilidad, pertinencia y licitud; de lo que se puede inferir que, la integralidad de los elementos de prueba no ha sido considerada -conforme lo desarrollado ut supra-. En el presente caso, tal extremo no puede ser determinado; toda vez que, los impetrantes de tutela no han desarrollado una carga argumentativa suficiente para que la justicia constitucional revise la valoración probatoria, limitándose a señalar la existencia de supuestas contradicciones entre dos enunciados -genéricos- contenidos en la Resolución Fiscal cuestionada. Por tanto, esta instancia no puede actuar como juez o tribunal ordinario determinando si los documentos presentados acreditan la culpabilidad o inocencia de los accionantes a través de la valoración de la prueba que se pide se valore por la justicia constitucional; en consecuencia, corresponde denegar la tutela en este punto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 175 de 6 de octubre de 2023, cursante de fs. 494 a 496, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0312_2026-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): a7761c72a73c69dafb3c7a3fe598270faa278bf9af33760c2c457f306922bc27

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