B.IA.LEGAL

SCP 0312/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55536-2023-112-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, la Vocal hoy accionada -al conocer el recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 30/2023 de 3 de enero, que dispuso su detención preventiva-, emitió el Auto de Vista 278/2023 de 22 de marzo, sin responder de manera completa a todos los agravios planteados, omitiendo explicar la necesidad de imponer la detención preventiva, en lugar de las medidas sustitutivas previstas por el art. 231 bis.II del CPP, en relación con los riesgos procesales subsistentes, soslayando el precedente de la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre, que obliga la aplicación del test de proporcionalidad, y si bien se pronunció a través de la solicitud de explicación, complementación y enmienda, fue sin efectuar una debida fundamentación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; 2) Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 84 a 87 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0312/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55536-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 34/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 84 a 87 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romer Velasco Alejo en representación sin mandato de Narda Naldy Callisaya Conde contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 27 de abril de 2023, cursante de fs. 60 a 66, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Narda Naldy Callisaya Conde -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, previstos y sancionados por los arts. 146, 154 y 199 del Código Penal (CP), el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 30/2023 de 3 de enero, determinó su detención preventiva, fundamentando su decisión ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1 y 2 y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Contra el Auto Interlocutorio 30/2023, formuló recurso de apelación incidental, mereciendo el Auto de Vista 278/2023 de 22 de marzo, emitido por la Vocal hoy accionada, mediante el cual confirmó en parte el referido Auto Interlocutorio, sin advertir que: a) El Juez de primera instancia omitió realizar una correcta valoración de los delitos imputados, al carecer su conducta de tipicidad y dolo; b) El mencionado Juez se excedió en su competencia al incorporar de oficio el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.1 del CPP, el cual no se encontraba incorporado en la imputación formal con la que fue notificado, contrariamente a lo dispuesto por los arts. 54.1 y 279 del citado Código; c) Existe una errónea valoración y fundamentación del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, realizada por el Juez de primera instancia, quien incluso señaló un nombre distinto al que figuraba en la imputación formal -Walter Mauricio Bautista Napoleón-, y que podía influir en funcionarios policiales, sin precisar cómo podría ejercer esa influencia, ni cuál fue la conducta que le indujo a efectuar dicha conclusión; y, d) El Juez de la causa omitió explicar la necesidad de imponer la detención preventiva con preferencia a las medidas sustitutivas previstas por el art. 231 bis.II del CPP, con relación a los riesgos procesarles vigentes, soslayando el precedente establecido por la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre, que concedió la tutela en virtud de la aplicación del test de proporcionalidad, y si bien se pronunció a través de la solicitud de explicación, complementación y enmienda, no efectuó una debida fundamentación. El Auto de Vista 278/2023, no responde a todos los agravios alegados en su recurso de apelación incidental, deviniendo en la vulneración de su libertad e ignorando su condición de mujer, en razón a la cual goza de protección reforzada, conforme la normativa nacional e internacional.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista 278/2023 de 22 de marzo, debiendo emitirse un nuevo auto de vista en el plazo de cuarenta y ocho horas, con base en los fundamentos de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respecto de la aplicación del test de proporcionalidad de las medidas cautelares.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 28 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 69 a 72 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El Auto de Vista 278/2023, no resolvió el quinto agravio que fue parte del recurso de apelación incidental, respecto a la aplicación del test de proporcionalidad para disponer la detención preventiva y no las medidas sustitutivas, las cuales también podían contener razonablemente los dos riesgos procesales vigentes del art. 235.1 y 2 del CPP, dicha omisión vulneró igualmente el art. 233 del citado Código, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y la Ley 1226 de 18 de septiembre de igual año, respecto a que la detención preventiva será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado -accionante- y evitar el entorpecimiento de la averiguación de la verdad, razonado de manera similar en la SCP 0451/2019-S2 de 24 de junio, al establecer el referido test de proporcionalidad, cuya omisión supone una decisión arbitraria, y a pesar de ser exigido vía explicación, complementación y enmienda, el Juez de primera instancia solo aclaró que las medidas cautelares tienen carácter provisional, y pueden ser modificadas o revocadas, sin desplegar respuesta de fondo; y, 2) Las Sentencias Constitucionales Plurinacional 0451/2019-S2 y 0340/2019-S3 de 24 de julio, fueron emitidas a partir de los mismos fundamentos que se aplican en su caso, siendo necesario que la Vocal hoy accionada explique por qué las medidas sustitutivas no son suficientes para cautelar los riesgos procesales que persisten.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 28 de abril de 2023, cursante de fs. 78 a 83 vta., manifestó que: i) Los agravios expuestos por la accionante fueron respondidos en el marco de los arts. 398 del CPP y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), bajo el principio de imparcialidad, contando con una debida fundamentación y motivación, exponiendo de manera clara los hechos, el derecho aplicable y la jurisprudencia pertinente, cumpliendo así con la estructura exigida por el art. 124 del CPP; y, ii) Con relación al test de proporcionalidad, la accionante lo mencionó de manera general y abstracta, sin fundamentar, ni justificar jurídicamente su posición vinculada a algún derecho, debiendo observarse que las medidas cautelares tienen carácter provisional y pueden ser modificadas conforme lo establece el art. 250 del citado Código. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 34/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 84 a 87 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión del Auto de Vista 278/2023 de 22 de marzo, así como de la intervención del abogado de la accionante en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación incidental, no se advierte alusión alguna a la SCP 0451/2019-S2, ni se arrimó la misma como prueba, de conformidad con lo dispuesto por el art. 29 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal que regula la lealtad procesal, se debe presentar las resoluciones en físico ante la autoridad jurisdiccional, con la finalidad de generar convicción para la emisión de la resolución correspondiente; asimismo, la SCP 1111/2022-S4 de 26 de agosto, establece que en las acciones de libertad, la carga de la prueba recae sobre el accionante, quien debe adjuntar el respaldo de su denuncia; sin embargo, en el presente caso no se cumplió con la remisión de documentación; y, b) La accionante tampoco arrimó a sus antecedentes el Auto Interlocutorio 30/2023, que dispuso su detención preventiva, ni mucho menos el memorial del recurso de apelación incidental, con la finalidad de verificar los agravios alegados; más aun, si los antecedentes del proceso ya hubiesen sido devueltos al Juzgado de origen, desde donde pudo haber recabado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 278/2023 de 22 de marzo, emitido por Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-, quien declaró “…la PROCEDENCIA EN PARTE de las cuestiones hoy propuesta y en su mérito CONFIRMA EN PARTE la Resolución N° 30/2023 de fecha 03 de enero de 2023 dictado por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Materia en Contra de Violencia Hacia las Mujeres 4to. de la Capital DISPONIENDO que queda desvirtuado los riesgos procesales previsto en el Art. 234 núm. 1 y 2 del CPP, quedando subsistente los demás riesgos procesales y la posible autoría de que establece en la resolución venida en apelación” (sic), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Narda Naldy Callisaya Conde -hoy accionante- por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica (4 a 7).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, la Vocal hoy accionada -al conocer el recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 30/2023 de 3 de enero, que dispuso su detención preventiva-, emitió el Auto de Vista 278/2023 de 22 de marzo, sin responder de manera completa a todos los agravios planteados, omitiendo explicar la necesidad de imponer la detención preventiva, en lugar de las medidas sustitutivas previstas por el art. 231 bis.II del CPP, en relación con los riesgos procesales subsistentes, soslayando el precedente de la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre, que obliga la aplicación del test de proporcionalidad, y si bien se pronunció a través de la solicitud de explicación, complementación y enmienda, fue sin efectuar una debida fundamentación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; 2) Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, reiterando lo sentado por la SCP 0450/2012 de 29 de junio, establece que: «“…La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita” » (las negrillas son nuestras). En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señala que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” .

III.2. Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, señala que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos pertenecen). La SC 0486/2010-R de 5 de julio, establece que “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación,; puesto que, la Vocal hoy accionada -al conocer el recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 30/2023 de 3 de enero, que dispuso su detención preventiva-, emitió el Auto de Vista 278/2023 de 22 de marzo, sin responder de manera completa a todos los agravios planteados, omitiendo explicar la necesidad de imponer la detención preventiva, en lugar de las medidas sustitutivas previstas por el art. 231 bis.II del CPP, en relación con los riesgos procesales subsistentes, soslayando el precedente de la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre, que obliga la aplicación del test de proporcionalidad, y si bien se pronunció a través de la solicitud de explicación, complementación y enmienda, fue sin efectuar una debida fundamentación. De los datos y antecedentes del proceso penal seguido contra la accionante por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, tipificados en los arts. 146, 154 y 199 del CP, cursa Auto de Vista 278/2023, emitido por la Vocal ahora accionada, quien declaró “…la PROCEDENCIA EN PARTE de las cuestiones hoy propuesta y en su mérito CONFIRMA EN PARTE la Resolución N° 30/2023 de fecha 03 de enero de 2023 dictado por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Materia en Contra de Violencia Hacia las Mujeres 4to. de la Capital DISPONIENDO que queda desvirtuado los riesgos procesales previsto en el Art. 234 núm. 1 y 2 del CPP, quedando subsistente los demás riesgos procesales y la posible autoría de que establece en la resolución venida en apelación” (sic [Conclusión II.1.]). Delimitado el problema jurídico planteado y precisada la base documental del presente caso, con carácter previo a ingresar a su análisis, cabe precisar que, cuando se trata de medidas cautelares -donde existe restricción del derecho a la libertad física de la accionante-, lo concerniente a su trámite y la fundamentación en el fondo -siempre que fuese agotado el recurso en la jurisdicción ordinaria, según la SCP 0037/2012 de 26 de marzo-, pueden ser analizados vía acción de libertad, en razón del carácter temporal y la finalidad instrumental al proceso y en atención a que definen si la procesada va a defenderse en libertad o con detención; en cuyo sentido, en el caso sub judice, habiéndose apelado la decisión del Juez de primera instancia, y siendo que la autoridad jurisdiccional de alzada, tenía la oportunidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía, el presente análisis se limitará a la última determinación emitida, tal cual establece la SCP 0431/2015-S1 de 4 de mayo, al señalar que: “…las ilegalidades denunciadas oportunamente pueden ser revisadas y corregidas en el mismo proceso y sólo cuando éstas se hayan mantenido pese a las diferentes observaciones, habiendo agotado así todos los medios de impugnación, recién se abre la vía constitucional, siendo por ello la competencia de este Tribunal el analizar la última resolución emitida dentro del proceso…” (las negrillas son nuestras).

Efectuada dicha aclaración, amerita realizar el análisis a partir del Auto de Vista 278/2023, verificando si el mismo fue debidamente fundamentado, motivado y en observancia de todos los agravios planteados por la accionante, cuyos puntos alegados serán extraídos de su parte considerativa: i) Denuncia que no se dio cumplimento al art. 233 del CPP, al no existir suficientes elementos de convicción, observando la tipicidad realizada por el Ministerio Público, así también que no existió dolo en su conducta; ii) Los riesgos procesales previstos por el art. 235.1 y 2 del CPP, fueron impuestos de oficio por el Juez de primera instancia y no por el Ministerio Público. iii) En vía de complementación y enmienda, solicitó pronunciamiento sobre el último agravio, referente al test de proporcionalidad en el que se explique por qué es necesaria la detención preventiva. Ante dichos cuestionamientos alegados por la accionante, la Vocal hoy accionada resolvió el recurso de apelación incidental con los siguientes fundamentos. a) Respecto del primer punto, el Auto de Vista 278/2023 en análisis establece que: “…vamos a acudir a la uniforme jurisprudencia constitucional y en este caso la SCP 1079/2016-S3 que de manera expresa señala lo siguiente ‘...este Tribunal recuerda que en el análisis de procedencia de medidas cautelares de carácter personal, no es posible cuestionar y menos resolver sobre la adecuada o inadecuada calificación de tipos penales a los co-imputados pues ello constituye a un análisis propio de la Imputación Formal y que puede ser agotado con una impugnación expresa a dicho actuado procesal...ʼ Esto significa que de acuerdo a este lineamiento de jurisprudencia constitucional, si la imputada no está de acuerdo con la tipificación en su contra que provisional se ha hecho por parte del Ministerio Publico que considera realizada sin fundamentación y elementos de convicción, el medio idóneo para hacer valer esa situación, no es en audiencia de medidas cautelares de carácter personal, sino como lo indica esa uniforme jurisprudencia debe plantear un incidente de actividad procesal defectuosa contra la Imputación Formal, por lo que sobre este aspecto no existiría agravio, teniendo la vía legal de hacer valer sus derechos…” (sic); b) Sobre el segundo agravio, señala que: “…se puede advertir que, en audiencia de fecha 03 de enero de 2023 el representante del Ministerio Público ha fundamentado de manera oral este riesgo procesal señalando: ‘con relación al artículo 235 núm. I señala que podría realizar actos de obstaculización con y con su comportamiento entorpecer a la averiguación de la verdad histórica de los hechos, ya que se encuentra un acta de requisa y una acta de recolección de indicios materiales, en los cuales se despende que estaba manejando libros pertenecientes al Centro Penitenciario de San Pedro...’. Entonces, al haberse fundamentado este riesgo procesal en audiencia el Juez de primera instancia ha impuesto este riesgo procesal previsto en el art. 235 núm. 1 del CPP señalando expresamente ʽ...es decir que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba se tiene que conforme acta de recolección de indicios materiales, se tiene que en fecha 2 de febrero del 2023, se habría procedido al registro como prueba, el registro del libro de novedades de salidas de designación de ordenes salidas medicas de emergencia; el libro de edades y solicitus de ambulancia y informes firmado por la señora Narda Naldy Callisaya Conde, esto en que entendimiento, conforme los elementos que se hubieran recolectado en el centro penitenciario de Chochocoro, pero el representante del Ministerio Publico señala que es la misma sindicada la señora Narda Naldy Callisaya Conde, que ha sido encontrada con documentación del mismo Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, el cual se ha escuchado por el abogado de parte de la defensa, se había presentado estos documentos al Ministerio Fiscal; no es menos cierto que estos documentos tendrían que estar bajo custodia y en oficinas de Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro los cuales no existe un razonamiento lógico jurídico por los cuales ella este agarrando en posesión de los mismos...ʼ. Entonces, conforme a la fundamentación emitida por parte del Juez A quo, este riesgo se mantiene, ya que este riesgo procesal previsto por el art. 235 núm. 1 del CPP fue solicitado por el Ministerio Publico y no fue impuesto de manera oficiosa como señala el apelante, por lo que, no existe agravio alguno. 6to. Con relación al art. 235 núm. 2 del CPP este Tribunal de Alzada, ha revisado minuciosamente el legajo de apelación y específicamente la Imputación Formal donde el Ministerio Público de fs. 1 a 6 vta. de manera expresa manifiesta que en contra de la imputado existe el riesgo procesal previsto en el Art. 235 núm. 2 del CPP, en consecuencia, no es cierto lo que dice la parte apelante que el Ministerio Público no ha solicitado la aplicación del riesgo procesal previsto en el Art. 235 núm. 2 del CPP, ya que ese riesgo, ha sido solicitado de manera expresa por el Ministerio Publico entonces sobre ese aspecto no existe agravio alguno” (sic); y, c) Respecto del último punto, mediante Auto de 22 de marzo de 2023, de aclaración, complementación y enmienda, establece que: “…según la SCP 451/2019-S2 de 24 de junio, respecto a la proporcionalidad de la detención preventiva, para esta proporcionalidad se requiere analizar la detención preventiva, analizar la necesidad de la medida cautelar y analizar la proporcionalidad en sentido estricto, con relación a este tema el Juez A quo ha fundamentado los riesgos procesales que anteriormente han sido expresados, asimismo, con relación a los riesgos procesales y la detención preventiva, en este caso la parte apelante debe tener presente que las medidas cautelares tienen carácter provisional y pueden ser modificadas o revocadas conforme dispone el Art. 250 del Código de Procedimiento Penal, por lo que no existe agravio alguno con relación a este punto” (sic). Con base en dichos fundamentos, se evidencia que la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista 278/2023, ratificó la detención preventiva impuesta por el Auto Interlocutorio 30/2023, a la accionante sobre el cual recae el cuestionamiento del debido proceso en los elementos alegados. En ese entendido, con el objeto de ingresar al análisis propiamente del Auto de Vista 278/2023, cabe recapitular lo razonado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableciendo que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales -elementos del debido proceso-, supone para las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus resoluciones la obligación de respaldar la decisión que se asuma con normativa aplicable al caso; así como, la debida explicación descriptiva de las circunstancias de hecho y los motivos de derecho a través de una ilustración fáctica e intelectiva que satisfaga todos los puntos demandados, no siendo necesaria la exigencia de una exposición amplia de consideraciones y citas legales, ni una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes procesales, sino, la exposición de los motivos de manera clara y bajo una estructura de forma y de fondo en la que se expresen las razones determinativas de sustento de la decisión asumida. Bajo ese alcance jurisprudencial, atendiendo al esquema de análisis de cada uno de los agravios planteados, amerita ingresar a dicha compulsa; así, con relación al primer punto, donde se cuestiona la inexistencia de suficientes elementos de convicción para sostener la tipicidad calificada por el Ministerio Público a la conducta de la accionante que no hubiese actuado con dolo, con la finalidad de cumplir los requisitos establecidos por el art. 233 del CPP; el Auto de Vista 278/2023, resolvió apoyándose en los razonamientos jurisprudenciales de la SCP 1079/2016-S3 de 4 de octubre, concluyendo que la calificación de una conducta delictiva le corresponde al Fiscal de Materia a través de la Imputación Formal; a partir de la cual, cualquier cuestionamiento debe realizarse mediante el incidente de actividad procesal defectuosa. Dicha explicación, responde al referido cuestionamiento, en sentido de hacer conocer a la accionante que existe la fase procesal en la cual pudo efectuar el citado reclamo, vinculado a la calificación legal del tipo penal que corresponde -en virtud de la facultad privativa del titular de la acción penal- al Ministerio Público a partir de los hechos o subsunción a un tipo penal determinado, conforme regula el art. 302.4 del CPP, y cuyo reclamo debía ser objetado a través de los mecanismos intra procesales concedidos por ley, al efecto conforme lo entendieron la SC 0539/2011-R de 29 de abril y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1340/2013 de 15 de agosto y 1079/2016-S3, consiguientemente se colige que el mencionado reclamo fue atendido con suficiente sustento argumentativo. Con relación al segundo punto, referente a que los riesgos procesales establecidos por el art. 235.1 y 2 del CPP, no hubiesen sido impuestos por el Fiscal de Materia, sino por el Juez de la causa; la Vocal hoy accionada en su análisis, realizó una recopilación de los antecedentes, transcribiendo lo que aconteció en la audiencia de medidas cautelares de 3 de enero de 2023, donde el citado Fiscal fundamentó de manera oral el numeral 1 del art. 235 del CPP, señalando que la procesada: “…podría realizar actos de obstaculización con y con su comportamiento entorpecer a la averiguación de la verdad histórica de los hechos, ya que se encuentra un acta de requisa y una acta de recolección de indicios materiales, en los cuales se despende que estaba manejando libros pertenecientes al Centro Penitenciario de San Pedro...’. Entonces, al haberse fundamentado este riesgo procesal en audiencia el Juez A quo ha impuesto este riesgo procesal previsto en el art. 235 núm. 1 del CPP señalando expresamente ʽ...es decir que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba se tiene que conforme acta de recolección de indicios materiales, se tiene que en fecha 2 de febrero del 2023, se habría procedido al registro como prueba, el registro del libro de novedades de salidas de designación de ordenes salidas medicas de emergencia; el libro de edades y solicitus de ambulancia y informes firmado por la señora Narda Naldy Callisaya Conde, esto en que entendimiento, conforme los elementos que se hubieran recolectado en el centro penitenciario de Chochocoro, pero el representante del Ministerio Publico señala que es la misma sindicada la señora Narda Naldy Callisaya Conde, que ha sido encontrada con documentación del mismo Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, el cual se ha escuchado por el abogado de parte de la defensa, se había presentado estos documentos al Ministerio Fiscal; no es menos cierto que estos documentos tendrían que estar bajo custodia y en oficinas de Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro los cuales no existe un razonamiento lógico jurídico por los cuales ella este agarrando en posesión de los mismos...” (sic). así también, con relación al numeral 2 del citado Código, advirtiendo la Vocal ahora accionada -quien tuvo inmediación con las piezas procesales de la causa-, que en la Imputación Formal cursante de fs. 1 a 6 vta., figuraría de manera expresa el pedido del Fiscal de Materia sobre la existencia del citado peligro de obstaculización; de modo que, lo aseverado por la accionante respecto a la persistencia de los referidos riesgos procesales fueron una invención del Juez de primera instancia, la cual no resulta evidente. Finalmente, sobre el tercer punto, que tiene por objeto cuestionar la falta de pronunciamiento con base en la proporcionalidad al disponer la detención preventiva en lugar de las medidas sustitutivas en vinculación a los riesgos procesales vigentes, la Vocal hoy accionada, resolvió ese aspecto a través del Auto de 22 de marzo de 2023, que complementa el Auto de Vista 278/2023, apoyando su fundamentación en la determinación del Juez de primera instancia y remitiéndose a lo explicado en cuanto a la existencia de los riesgos procesales que persisten a la luz de la razonabilidad y cumplimiento de su finalidad instrumental al proceso penal, estando demostrada la insuficiencia de las medidas sustitutivas con relación a los riesgos procesales persistentes justamente en la posibilidad del entorpecimiento de la averiguación del hecho compulsado por el Juez de la causa, al entender que la procesada: “…estaba manejando libros pertenecientes al Centro Penitenciario de San Pedro (...) en fecha 2 de febrero del 2023, se habría procedido al registro como prueba, el registro del libro de novedades de salidas de designación de ordenes salidas medicas de emergencia; el libro de edades y solicitus de ambulancia y informes firmado por la señora Narda Naldy Callisaya Conde, esto en que entendimiento, conforme los elementos que se hubieran recolectado en el centro penitenciario de Chochocoro, pero el representante del Ministerio Publico señala que es la misma sindicada la señora Narda Naldy Callisaya Conde, que ha sido encontrada con documentación del mismo Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, el cual se ha escuchado por el abogado de parte de la defensa, se había presentado estos documentos al Ministerio Fiscal; no es menos cierto que estos documentos tendrían que estar bajo custodia y en oficinas de Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro los cuales no existe un razonamiento lógico jurídico por los cuales ella este agarrando en posesión de los mismos...” (sic); por lo que, dicho agravio fue debidamente respondido en la medida de lo solicitado, realizando una compulsa fundada en la integralidad del mismo, resultando un análisis suficiente. Consecuentemente, se concluye que el Auto de Vista 278/2023, contiene la suficiente explicación de razones y exposición de motivos que sustentan la decisión del Juez de primera instancia, no siendo evidente lo alegado por la accionante en la interposición de la presente acción de libertad, encontrándose debidamente fundamentado y exponiendo los motivos y razonamientos que sustentan la decisión, elementos fácticos del caso y el análisis jurídico pertinente bajo una estructura de forma y de fondo que la hacen comprensibles para establecer la existencia de elementos de convicción suficientes, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional; determinación acorde al orden constitucional; más aun, si “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas…” (SC 1365/2005-R de 31 de octubre), ameritando consiguientemente la denegatoria de la tutela solicitada sobre ese punto. Respecto de la presunta falta de respuesta a todos los agravios alegados, que alude a una incongruencia externa del Auto de Vista 278/2023, la jurisprudencia constitucional establece que toda autoridad jurisdiccional o administrativa, al emitir su decisión debe responder de manera pertinente a todos los aspectos peticionados insertos en el reclamo -demanda o recurso-, lo que quiere decir es que se debe advertir en una determinación la correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes procesales, conforme fue citado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En efecto en el presente caso, dicho razonamiento fue cumplido por la Vocal ahora accionada, quien desplegó la compulsa pertinente de lo alegado por la accionante en el Auto de Vista 278/2023, tal cual fue expuesto en el ejercicio valorativo y desarrollado precedentemente, encontrándose cotejada su pretensión con la fundamentación y motivación respectiva, circunscribiéndose a la previsión procesal del art. 398 del CPP, en la medida de lo cuestionado por la accionante; por lo que, corresponde proceder con la denegatoria de la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 84 a 87 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0312_2026-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 92b144ff5c47fdb599b7b71978a20d2934b80650eb073b829e13bcfc7225f46b

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