B.IA.LEGAL

SCP 0312/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de abril de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51671-2022-104-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; por cuanto: a) Habiendo sido remitido su expediente al Juzgado de Sentencia Penal Decimonoveno del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, el Juez de la causa sin radicar el expediente por sistema, dispuso la declinatoria del cuaderno procesal al Juez de Sentencia, Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de Capital del departamento de Santa Cruz, motivo por el cual no pudo solicitar su solicitud de cesación de la detención preventiva; y, b) El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno, del mismo departamento, autoridad jurisdiccional codemandada, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no radicó la causa ni dio respuesta al memorial presentado el 11 de octubre de 2022, de solicitud de cesación a su detención preventiva, generando una dilación indebida, por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo se señale de manera inmediata día y hora de audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2022 de 21 de octubre, cursante de fs. 88 vta. a 90 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto a Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de Capital del departamento de Santa Cruz, bajo la modalidad innovativa, por haber incurrido en dilación injustificada, conforme los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a la autoridad demandada, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 3º DENEGAR la tutela impetrada respecto a Andrés Ademar Rueda Esquivel, Juez de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

4º Exhortar a Claret Llanos Martínez y Freddy Coronel Alanoca, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituidos en Tribunal de garantías, a observar los fundamentos de esta sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0312/2025-S3 Sucre, 30 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51671-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 28/2022 de 21 de octubre, cursante de fs. 88 vta. a 90 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adhemar Gustavo Zuna Calle y Juan Marcelo Aliaga Zamorano en representación sin mandato de Cristian Rodríguez Flores contra Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno y Andrés Ademar Rueda Esquivel, Juez de Sentencia Penal Decimonoveno, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 15 a 19 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 21 de julio de 2022, se desarrolló la audiencia de medidas cautelares, disponiéndose su detención preventiva. El 12 de septiembre de igual año, el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra, a raíz de ello el proceso fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del Departamento de Santa Cruz; sin embargo, sin haberse radicado el proceso, el 26 de septiembre de 2022, el expediente fue remitido al Juzgado de Sentencia, Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del Departamento de Santa Cruz, empero en el sistema de radicación todavía se encontraba en el citado Juzgado de Sentencia Penal Decimonoveno, motivo por el cual se vio imposibilitado de presentar su memorial de cesación a la detención preventiva; por lo que, el 11 de octubre de 2022, a tanta insistencia se logró modificar la radicatoria del expediente y de esa manera presentó la solicitud de cesación de su detención preventiva, empero hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no se tuvo una respuesta, por la autoridad demandada, tampoco tuvo acceso al expediente procesal. Además, de forma verbal le indicaron en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del referido departamento, que el expediente sería devuelto al Juzgado remitente. Según el libro de altas y bajas, el expediente se encuentra, en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno, del señalado departamento desde el 26 de septiembre de 2022, sin embargo, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, la autoridad jurisdiccional no se pronunció sobre su radicatoria, contraviniendo lo dispuesto por el art. 132.1 del CPP, toda vez que tenía veinticuatro horas para resolver el mismo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23.I., y, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas radicar y resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva, señalando día y hora de audiencia, cumpliendo los plazos procesales.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 83 a 88, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de sus representantes ratificó íntegramente los términos de su acción de libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Andrés Ademar Rueda Esquivel, Juez de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través del informe escrito presentado el 21 de octubre de 2022, cursante a fs. 31, señaló: a) La causa fue recepcionada el 23 de septiembre de 2022, emitiendo en la misma fecha el Auto 06/2022, de declinatoria de competencia, conforme establece el art. 72 bis de La Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con relación a las modificaciones contenidas en el art. 68 de ese mismo cuerpo legal; y, b) En base a ello, el mencionado proceso penal fue sorteado al Juez especializado en la materia, recayendo dicho sorteo al Juzgado de Sentencia, Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, remitiéndose la causa en físico el 26 de igual mes y año; por lo que desconoce, las demás actuaciones procesales, solicitando se deniegue la tutela. Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia, Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -codemandado-, a través del informe escrito presentado el 20 de octubre de 2022, cursante a fs. 29 y vta., señaló que: 1) Lo manifestado por el impetrante de tutela no condice con la realidad, debido a que su petición fue resuelta de manera pronta y oportuna mediante decreto de 13 de octubre de 2022, toda vez que mediante Resolución de 11 de octubre de 2022,se suscitó conflicto competencia, motivo por el cual la causa fue remitida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, 2) No corresponde conceder la tutela en razón a la existencia de sustracción del objeto del proceso, teniendo en cuenta que conforme al proveído de 13 de octubre de 2022, ya se resolvió la petición de la parte accionante.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 28/2022 de 21 de octubre, cursante de fs. 88 vta. a 90 vta., denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos: i) Andrés Adhemar Rueda Esquivel, autoridad accionada, a través del Auto de 23 de septiembre de 2022, se declaró incompetente, declinando y remitiendo previo sorteo el expediente al Juzgado Sentencia, Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de Capital del departamento de Santa Cruz conforme se constata del Oficio de 23 de septiembre de 2022; ii) La parte accionante no presentó solicitud de cesación a la detención preventiva cuando el expediente se encontraba en su poder, razón por la cual no evidenció la conculcación de derechos y garantías constitucionales del impetrante de tutela por parte de esta autoridad; iii) Con relación a Juan Coronado Camacho, en su calidad de autoridad codemandada, el11 de octubre de 2022, emitió Auto suscitando conflicto de competencia; por otro lado, respecto al memorial presentado el 12 de igual mes y año, por el impetrante de tutela, en el cual solicitó señalamiento de día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, la autoridad codemandada mediante decreto de 13 de octubre de 2022, dispuso estése al Auto de 11 de octubre de 2022; de esa manera el 12 de octubre de 2022, se remitieron los antecedentes a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, iv) Ambas autoridades demandadas, se declararon incompetentes de conocer el proceso, lo que imposibilitó conocer y resolver cualquier solicitud en dicha causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Cristian Rodríguez Flores -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ante la presentación de la acusación formal del Ministerio Público de 12 de septiembre de 2022, el expediente fue remitido el 23 de septiembre de 2022, al Juzgado de Sentencia Penal Decimonoveno del Plan 3000 la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 32), correspondiente a la autoridad demandada, quien mediante Auto 06/2022 de 23 de septiembre del referido año, declinó competencia, disponiendo que por secretaria se proceda al sorteo informático de la causa, al Juzgado competente especializado en materia de violencia (fs. 33 a 35). II.2. Cursa, Oficio 15/2022 de 23 de septiembre, de remisión de cuaderno procesal por incompetencia, dirigido al Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del Departamento de Santa Cruz; con cargo de recepción de 26 de septiembre de 2022 (fs. 36 a 37). II.3. Mediante Auto 589/2022 de 11 de octubre, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia, Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de Capital del departamento de Santa Cruz -codemandado-, declaró conflicto de competencia, ordenando que por secretaría se remita los actuados a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Santa Cruz (fs. 25 a 27). II.4. Cursa memorial de 11 de octubre de 2022, remitido a despacho el 12 de igual mes y año, a través del cual, Cristian Rodríguez Flores -accionante-solicitó se señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 11 a 12 vta.). II.5. Mediante provincia de 13 de octubre de 2022, la autoridad codemandada Juan Coronado Camacho, en respuesta al memorial de 11 de octubre de 2022, dispuso estése al Auto de 11 de octubre de 2022 (fs. 28). II.6. Cursa Oficio 1104/2022 de 12 de octubre, dirigido al Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia, de remisión de expediente por conflicto de competencia, con cargo de recepción de la Auxiliar de Sala Penal Tercera, de 20 de octubre de 2022 (fs. 30 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; por cuanto: a) Habiendo sido remitido su expediente al Juzgado de Sentencia Penal Decimonoveno del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, el Juez de la causa sin radicar el expediente por sistema, dispuso la declinatoria del cuaderno procesal al Juez de Sentencia, Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de Capital del departamento de Santa Cruz, motivo por el cual no pudo solicitar su solicitud de cesación de la detención preventiva; y, b) El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno, del mismo departamento, autoridad jurisdiccional codemandada, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no radicó la causa ni dio respuesta al memorial presentado el 11 de octubre de 2022, de solicitud de cesación a su detención preventiva, generando una dilación indebida, por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo se señale de manera inmediata día y hora de audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.

III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Lo precedentemente expuesto, también fue desarrollado por la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad, por cuanto; 1) El 23 de septiembre de 2022, se remitió su expediente al Juzgado de Sentencia Penal Decimonoveno del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, empero sin radicar la causa por sistema, mediante Resolución de 13 de igual mes y año, la autoridad judicial demandada declinó competencia al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de Capital del departamento de Santa Cruz, aspecto que le imposibilitó presentar su memorial de cesación a la detención preventiva; y, 2) efectivizada la declinatoria de la causa el 26 de igual mes y año el Juez Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno del mismo departamento, autoridad codemandada, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no emitió pronunciamiento respecto a la radicatoria, ni dio respuesta a la solicitud de cesación a la detención preventiva que se logró presentar el 11 de octubre de 2022.

De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones, del presente fallo constitucional, se advierte, que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por el delito de violencia familiar o doméstica, luego de haberse presentado la acusación formal por parte del Ministerio Público, el 23 de septiembre de 2022, el expediente fue recepcionado por funcionarios del Juzgado de Sentencia Penal Decimonoveno del Plan 3000 la Capital del departamento de Santa Cruz, disponiendo el Juez demandado mediante Resolución de 06/2022 de 23 de septiembre de 2022, la declinatoria de la causa al Juzgado competente de turno especializado, disponiendo que por secretaria se proceda al sorteo informático de la causa (Conclusiones II.1). En esa perspectiva, se advierte que el Juez de Sentencia Penal Decimonoveno del Plan 3000, demandado emitió en el día la Resolución 06/2022 de declinatoria de competencia, disponiendo que por secretaria previo sorteo se remita el expediente al Juez de Turno especializado en materia de violencia, es así que la remisión previo sorteo del expediente se efectivizó el 26 de igual mes y año; es decir, la autoridad demandada emitió la resolución dentro de las veinticuatro horas de recepcionada la causa, y remitida también dentro del plazo de ley, en atención a que 24 y 25 de septiembre de 2022 eran días sábado y domingo. En tal sentido, respecto de esta autoridad no se evidencia que su actuación haya vulnerado los derechos del accionante; por el contrario, se advierte una actuación diligente al emitir las resoluciones en el día y ordenar que previo sorteo por sistema se remita el mismo al Juzgado de Turno, situación que fue cumplida por el personal de apoyo jurisdiccional puesto que una vez sorteado el mismo el expediente fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de Capital del departamento de Santa Cruz el 26 de igual mes año, motivo por el cual debe denegarse la tutela respecto a esta autoridad jurisdiccional. Por otro lado, respecto de la segunda autoridad, de los datos consignados en el proceso, se evidencia que el proceso de referencia fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del Departamento de Santa Cruz mediante Oficio de 23 de septiembre de 2022, con cargo de recepción de 26 de igual mes y año (Conclusiones II.2) Es así, que Juan Coronado Camacho, Juez codemandado, mediante Auto 589/2022 de 11 de octubre, declaró conflicto de competencia, ordenando que por secretaria se remita los actuados a la Sala Penal del Tribunal Departamental (Conclusiones II.3). En ese entendido, se tiene que el expediente fue recepcionado por el personal del Juzgado Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de Capital del departamento de Santa Cruz, el 26 de septiembre de 2022; empero la Resolución 589/22 que planteó el conflicto de competencia, fue emitida el 11 de octubre de igual año; es decir, 15 días posteriores a la recepción del mismo (Conclusiones II.3 y II. 5). Por otro lado, conforme el Oficio de remisión de expediente a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, se tiene que el mismo fue recepcionado el 20 de octubre de 2022, por el Auxiliar de la Sala Penal Tercera, es decir, 9 días posteriores a la Resolución que planteó el conflicto de competencia y ordenaba la remisión del expediente a la Sala Penal. En conclusión, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y contra la Violencia Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, desde el momento de recepción del expediente, hasta el momento de remisión del cuaderno procesal por conflicto de competencia demoró veinticuatro días, generando con esa actuación una dilación injustificada respecto al trámite de resolución del conflicto de competencias y, en consecuencia, retardando la resolución para considerar la solicitud del impetrante de tutela, toda vez que habiendo solicitado el 11 de octubre de 2022, señalamiento de día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, la solicitud no pudo ser considerada en razón a que la autoridad codemandada, sin observar los plazos suscitó el conflicto de competencia, el mismo que se encuentra pendiente de resolución.

Consecuentemente, si bien el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz ya remitió el conflicto de competencia a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y se pronunció respecto a la solicitud del accionante, indicando que debía estarse al conflicto suscitado; no es menos evidente, que sí que existió demora, tanto para plantear el conflicto, como en remitir los antecedentes para que se resuelva el mismo, retraso que se constituye en una dilación indebida, que ha tenido por consecuencia, la afectación del derecho a la libertad del accionante, debido a que esta demora se produjo, cuando el impetrante de tutela solicitó la cesación de la detención preventiva, supuesto que activa la procedencia de la acción de libertad traslativa, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constiucional Plurinacional, toda vez que toda autoridad judicial que tiene conocimiento de alguna solicitud vinculada con la libertad debe otorgar la máxima celeridad debida, situación que no ha ocurrido en el caso de autos.

De otro lado, cabe aclarar que si bien los antecedentes ya fueron remitidos para que se considere el conflicto de competencias y, de esa manera, se podrá considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva, luego de que el conflicto sea dirimido; circunstancia que provocó que el Juez de garantías denegara la tutela; empero, debe tomarse en cuenta lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en sentido que, opera la acción de libertad innovativa, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo, puesto que lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con el objetivo de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde conceder la tutela respecto a esta autoridad demandada a través de la acción de libertad innovativa, pues si bien el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y contra la Violencia Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz ya remitió los antecedentes para su resolución, el acto lesivo existió, por la demora injustificada en la que incurrió. En consecuencia, el tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada respecto de las dos autoridades demandadas actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2022 de 21 de octubre, cursante de fs. 88 vta. a 90 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto a Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno de Capital del departamento de Santa Cruz, bajo la modalidad innovativa, por haber incurrido en dilación injustificada, conforme los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a la autoridad demandada, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 3º DENEGAR la tutela impetrada respecto a Andrés Ademar Rueda Esquivel, Juez de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

4º Exhortar a Claret Llanos Martínez y Freddy Coronel Alanoca, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituidos en Tribunal de garantías, a observar los fundamentos de esta sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

4 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0312_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): a40f61106d75e4432ea0e887233977eb9b2d93dc35796e6afcfa15300bea84e3

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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