B.IA.LEGAL

SCP 0311/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
10 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58993-2023-118-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -invocado también como garantía y principio- en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia vinculado con la libertad, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la defensa, a la dignidad, a la igualdad de las partes; así como a los principios de celeridad, seguridad jurídica, “eficiencia”, “eficacia”, legalidad, y verdad material; en razón a que, el Vocal demandado, a través del Auto de Vista 363, de forma arbitraria e infundada: 1) Determinó ratificar la fianza económica de Bs50 000.- impuesta como medida cautelar personal distinta a su detención preventiva sin considerar el Informe Social CITE:T.S. 200/2.023 D.D.R.P-SC. De 4 de agosto, por el que se demostró su situación económica; además, dispuso otras exigencias no establecidas en el fallo recurrido, como certificaciones de distintas dependencias, apartándose del art. 398 del CPP y actuando de forma ultra petita, al no circunscribirse a los aspectos cuestionados de la determinación de primera instancia, como la solicitud de sustitución de la fianza económica por otra medida menos gravosa, aspecto que no fue considerado; y, 2) Desproporcional e irracionalmente sin la debida fundamentación y motivación, mantuvo una fianza económica de imposible cumplimiento, desconociendo su finalidad y efectuando una errónea interpretación del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 174 de 6 de octubre de 2023, cursante de fs. 90 a 92 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los razonamientos expuestos precedentemente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Determinación de la solvencia económica del procesado para hacer efectiva la fianza y la carga de la prueba de la circunstancia de insolvencia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0311/2026-S2 Sucre, 10 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58993-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 174 de 6 de octubre de 2023, cursante de fs. 90 a 92 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edilberto Mendoza Vaca, abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación de Jorge Guaji Noe contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 18 y 28 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 50 a 65; y, 68 a 78, el accionante, a través de su representante, manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como antecedentes refiere que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Sonia Luizaga Soria -hoy tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, en audiencia de consideración de medidas cautelares -personales- de 27 de octubre de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz dispuso su detención preventiva por el lapso de ciento ochenta días, determinación que fue ratificada a través de Auto de Vista -679- de 25 de noviembre de 2022. Posteriormente, pese a que la etapa preparatoria estaba vencida y no existía solicitud alguna de ampliación de la medida extrema, correspondía que la antes referida Jueza disponga la cesación de su detención preventiva otorgándole medidas cautelares -personales- que no sean gravosas y de imposible cumplimiento; por lo que, debió otorgarle detención domiciliaria conforme el art. 231 bis.9 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, cuando además se cumplió el plazo de su detención preventiva, circunstancias que no fueron consideradas, desconociéndose los arts. 134 y 239.2 del CPP -último modificado por la referida Ley-. Alega que, en audiencia de 22 de mayo de 2023, la señalada Jueza a través de Auto 131-23 dispuso aplicar medidas -cautelares personales- de imposible cumplimiento, manteniendo su detención preventiva hasta que cumpla con las mismas, tal como la fianza económica de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), dándole un plazo de quince días; medida cautelar personal contra la que interpuso apelación incidental. Sin embargo, en audiencia de 15 de agosto de 2023, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandado- mediante Auto de Vista -363- confirmó la Resolución 131-23, sin considerar el Informe -CITE:T.S. 200/2.023 D.D.R.P-SC. de 4 de agosto- “socioeconómico” -lo correcto es Informe Social- por el que se demostraba su situación económica, disponiendo quede latente la medida de fianza económica “…no fijándose en mi persona sobre la situación que me encuentro...” (sic), además de disponer otras exigencias no establecidas en el fallo recurrido, como certificaciones de Derechos Reales (DD.RR.), Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), “ALCALDIA” y Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), apartándose del art. 398 del CPP y actuando de forma ultra petita, al no circunscribir el fallo a los aspectos cuestionados de la determinación de primera instancia, como la solicitud de sustitución de la fianza económica por otra medida menos gravosa, aspecto que no fue considerado. Sostiene que, el Vocal demandado de manera arbitraria e infunda efectuó una errónea interpretación del art. 241 del CPP, sin considerar que establece que, en ningún caso se fijará la fianza económica de imposible cumplimiento, debiéndose sustentar en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo además su finalidad, pese a haber presentado documentación que acredita su situación socioeconómica, empero, no señaló cuál sería su situación patrimonial para determinar la suma de dinero dispuesta, constituyendo la decisión asumida irracional y desproporcional. Finalmente, enfatizó que, el Auto de Vista dictado fue más allá de los agravios que fueron objeto de apelación -incidental-, y no consideró el antes señalado Informe social, omitiendo de esta manera analizar el art. 241 del CPP; además que, tampoco verificó el plazo procesal de la causa penal en relación con los arts. 130 y 239.2 del mismo Código ni que la Jueza a quo conminó al representante del Ministerio Público para que presente acusación formal o algún otro requerimiento conclusivo; empero, que esa actuación no fue realizada dentro de plazo, habiendo sobrepasado la etapa preparatoria

“…donde el suscrito Vocal debió conceder la cesación a la detención preventiva o modificar la medida que le fue impuesta por la juez aquo…” (sic); por lo que, el cuestionado fallo de alzada carece de fundamentación y motivación, efectuando la errónea interpretación de los arts. 130, 231 -bis-.9 y 241 del citado Código, manteniendo su privación de libertad por tiempo indefinido, sosteniendo que debe cumplir con las medidas -cautelares personales-dispuesta en el Auto recurrido.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -invocado también como garantía y principio- en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, vinculado con la libertad, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la defensa, a la dignidad, a la igualdad de las partes; así como a los principios de celeridad, seguridad jurídica, “eficiencia”, “eficacia”, legalidad, y verdad material; citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 115, 117.III, 119.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, “3”, 5, 7.1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista -363- de 15 de agosto de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 6 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 86 a 89 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través su abogado de defensa pública, ratificó in extenso los argumentos del memorial de la acción tutelar; y, ampliando señaló que: a) El Informe social -CITE: T.S. 200/2.023 D.D.R.P-SC.- emitido por el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, establece su estado de indigencia, además que no cuenta con recursos ni familiares que sustenten el pago de la fianza; y, b) Solicitó se modifique la medida gravosa impuesta por la Jueza de primera instancia.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se hizo presente en audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 83.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Sonia Luizaga Soria, no remitió escrito alguno ni se hizo presente en audiencia pese a su notificación cursante a fs. 84.

I.2.4. Participación de la autoridad judicial a quo

Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia, sostuvo que: 1) La parte accionante no explicó de qué manera se vulneraron sus derechos ni expresó cuáles los preceptos objetivos o sustantivos “constitucionales” mal aplicados o incorrectamente interpretados; 2) No se solicitó la ampliación de la detención preventiva del impetrante de tutela, por ello, determinó otorgarle la cesación a dicha medida extrema conforme el art. 239.2 del CPP, es decir, que sí se le concedió la misma por el transcurso del tiempo; 3) “…presentan un informe de una supuesta falta de recursos económicos, pero en su oportunidad ni siquiera solicitaron que no se le aplique una fianza económica…” (sic), como tampoco hicieron conocer que no tenía capacidad financiera; 4) “…posterior a la audiencia que yo llevé a cabo, sí le habían realizado un informe social y el Vocal (…) ratificó la resolución que yo dicté…” (sic); 5) El proceso penal -del cual deviene esta acción tutelar- no se encuentra en su despacho, ante la presentación de la acusación -formal-; y, 6) El impetrante de tutela puede solicitar en cualquier momento la disminución o modificación de la fianza -económica- “…y no se hizo…” (sic) ni “…nunca lo ha solicitado…” (sic), por el contrario, se activó directamente esta acción de amparo constitucional.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 174 de 6 de octubre de 2023, cursante de fs. 90 a 92 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista cuestionado determinó los parámetros “…para que se tenga de demostrar que no tiene esa posibilidad de doblar la fianza…” (sic); y, el art. 241 del CPP, establece que se prohíbe la imposición de una fianza de imposible cumplimiento, y este hecho tiene que ser demostrado por la parte que alega un derecho; ii) El accionante tenía que probar ese aspecto, por ello, las decisiones del Vocal demandado y la Jueza -inferior- no fueron arbitrarias y aplicaron la normativa; iii) El impetrante de tutela ”no ha roto” la barrera para ingresar al campo de la interpretación de la legalidad ordinaria; iv) Respecto al plazo de la duración de la etapa preparatoria, el expediente se encuentra en el “…Juzgado Décimo de Sentencia…” (sic) y al margen de ello, el petitorio de esta acción de defensa es que se deje sin efecto el Auto de Vista -363- de 15 de agosto de 2023; y, v) No habiéndose demostrado de qué manera se vulneró algún derecho constitucional, no se abre la tutela del presente mecanismo de defensa. En vía de aclaración, enmienda y complementación, la parte peticionante de tutela señaló que, remitió el Informe social -CITE: T.S. 200/2.023 D.D.R.P-SC.-, que no fue considerado dentro de esta acción tutelar, cuando además presentó una garantía personal. Ante lo cual, la Sala Constitucional resolvió no ha lugar a tal solicitud, sosteniendo que: a) No se constituye en Tribunal de hechos, sino en uno de derechos; b) En el expediente no cursa la prueba relativa al certificado negativo ni otro que haga ver la imposibilidad de cubrir la fianza económica; y, c) Las autoridades -judiciales- de instancia establecieron que el Informe social no es suficiente para demostrar la imposibilidad de cumplir con la fianza económica.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Sonia Luizaga Soria -hoy tercera interesada- contra Jorge Guaji Noe -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de robo agravado por Auto 131-23 de 22 de mayo de 2023, Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme el art. 239.2 del CPP, dispuso la cesación de la detención preventiva del prenombrado, imponiéndole otras medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del citado Código, entre ellas, una fianza económica en la suma de Bs50 000.-, otorgando el plazo de quince días para su cumplimiento y de esta manera disponer su libertad; determinación que, en audiencia fue recurrida en apelación incidental respecto al monto de la fianza económica (fs. 38 a 41).

II.2. Cursa “ACTA DE AUDIENCIA DE APELACIÓN DE CESACIÓN A LA

DETENCIÓN PREVENTIVA” de 15 de agosto de 2023, en cuyo acto procesal, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandado- dictó Auto de Vista 363, declarando admisible e improcedente la apelación interpuesta por el impetrante de tutela; y, en consecuencia, confirmó el Auto recurrido (fs. 42 a 44 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -invocado también como garantía y principio- en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia vinculado con la libertad, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la defensa, a la dignidad, a la igualdad de las partes; así como a los principios de celeridad, seguridad jurídica, “eficiencia”, “eficacia”, legalidad, y verdad material; en razón a que, el Vocal demandado, a través del Auto de Vista 363, de forma arbitraria e infundada: 1) Determinó ratificar la fianza económica de Bs50 000.- impuesta como medida cautelar personal distinta a su detención preventiva sin considerar el Informe Social CITE:T.S. 200/2.023 D.D.R.P-SC. De 4 de agosto, por el que se demostró su situación económica; además, dispuso otras exigencias no establecidas en el fallo recurrido, como certificaciones de distintas dependencias, apartándose del art. 398 del CPP y actuando de forma ultra petita, al no circunscribirse a los aspectos cuestionados de la determinación de primera instancia, como la solicitud de sustitución de la fianza económica por otra medida menos gravosa, aspecto que no fue considerado; y, 2) Desproporcional e irracionalmente sin la debida fundamentación y motivación, mantuvo una fianza económica de imposible cumplimiento, desconociendo su finalidad y efectuando una errónea interpretación del art. 241 del referido Código, pese a que acreditó su situación patrimonial. El Vocal demandado no se presentó a la audiencia de garantías ni remitió informe alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Determinación de la solvencia económica del procesado para hacer efectiva la fianza y la carga de la prueba de la circunstancia de insolvencia

La SC 0885/2011-R de 6 de junio, sostuvo que: "El art. 241 de la Ley adjetiva penal, establece que la finalidad de la fianza económica, será únicamente asegurar el cumplimiento de las obligaciones que imponga el Juez o Tribunal de la causa, dicha medida sustitutiva deberá responder a la situación patrimonial del imputado o acusado y en ningún caso se fijará una de imposible cumplimiento; así también prescribe que el imputado y el fiador podrán sustituir la fianza por otra equivalente, previa autorización del Juez o Tribunal. Cabe aclarar, que la fianza prestada por terceros no tiene por finalidad garantizar la reparación del daño civil emergente del hecho, si hubiere, dado que cumple una finalidad exclusivamente procesal, cual es la de asegurar la presencia del imputado ante el órgano jurisdiccional cuando sea requerido.

Al respecto la SC 0990/2010-R de 23 de agosto, precisó: (...)'...para casos en los que se discute la imposición de una fianza económica o su exigencia en una suma supuestamente de imposible cumplimiento que inviabiliza la obtención material de la libertad física, es que el juzgador no está reducido u obligado a no imponerla o fijarla en el monto que solicite el imputado, sólo porque éste no tenga un bien a su nombre, pues deben presentársele otros elementos probatorios para demostrar que de manera real y objetiva el imputado vive en un estado de pobreza y que éste no le permite cumplir con la medida, porque al margen de no tener por sí tampoco su entorno familiar o social puede afianzarlo". (...) De donde se extrae, que la fianza económica, no está sujeta a la voluntad del imputado o acusado, sino a la acreditación objetiva de elementos probatorios que demuestren su propia insolvencia y la de su entorno familiar" (el énfasis es añadido).

En coherencia a cuyos lineamientos jurisprudenciales se debe resaltar que, la medida cautelar personal de la fianza económica prevista en el art. 231 bis numeral 6 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, debe establecerse en función a una evaluación concreta y motivada por parte de la autoridad judicial a la situación económica del procesado, para cuyo fin le corresponde a este acreditar y demostrar objetivamente con medios probatorios necesarios y suficiente la circunstancia de insolvencia económica; permitiendo de esta manera comprobar jurídicamente que la fianza impuesta es de imposible cumplimiento.

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitado como se tiene precedente el alcance de la reclamación constitucional formulada por el accionante, previamente corresponde conocer los antecedentes que le son inherentes. Así, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Sonia Luizaga Soria -hoy tercera interesada-contra el accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de robo agravado por Auto 131-23 de 22 de mayo de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme el art. 239.2 del CPP, dispuso la cesación de la detención preventiva del prenombrado, imponiéndole otras medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del citado Código, entre ellas, una fianza económica en la suma de Bs50 000.-, otorgando el plazo de quince días para su cumplimiento y de esta manera disponer su libertad; determinación que, en audiencia fue recurrida en apelación incidental respecto al monto de la fianza económica (Conclusión II.1); ante lo cual, en audiencia de 15 de agosto de igual año, el Vocal demandado dictó el Auto de Vista 363, declarando admisible e improcedente la apelación interpuesta por el impetrante de tutela; y, en consecuencia, confirmó el Auto recurrido (Conclusión II.2); siendo esta última determinación la que en definitiva motivó la activación del presente mecanismo de defensa y que será objeto del análisis que corresponda por este Tribunal. Por lo referido, inicialmente resulta necesario precisar los argumentos deducidos por la parte accionante a tiempo de sustentar el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto 131-33, dentro los cuales se expresó que, se dispuso la fianza económica; sin embargo, el art. 241 del CPP, establece que debe fijarse de acuerdo a la situación de la persona, por lo que, la Jueza inferior le privó del derecho a su libertad de locomoción, “…en su momento hemos presentado un informe socioeconómico donde acredita la situación jurídica del hoy preventivo (…), en el cual hemos solicitado en su momento que hemos presentado un garante personal con un inmueble a su nombre…” (sic). Ante ello, a través del Auto de Vista -ahora cuestionado- el Vocal demandado sostuvo que: i) El Informe “socioeconómico” -social- presentado, resulta ser insuficiente, porque para concluir que un imputado no tiene recursos o no posee bienes para caucionar la fianza, se debe considerar también el art. 244 del CPP; es decir que, ante la carencia de recursos se puede afianzar la fianza económica conforme el precitado precepto; ii) La defensa del imputado debió haber presentado el certificado negativo de propiedad de DD.RR., que es diferente a la garantía personal, que como sustitución que en algún momento se pueda realizar; tampoco se presentó prueba sobre si cuenta con ahorros en el sistema financiero “Local” ni certificación de la “Alcaldía Municipal” en cuanto a si registra algún negocio comercial que le genere un ingreso económico; o una certificación de tránsito respecto a que no posee ningún vehículo, porque si tuviera algún bien “mueble” o inmueble podría garantizarlos; por lo que, debe complementarse la prueba presentada con la que se hace referencia. En el marco de esta necesaria precisión de actuados procesales y jurisdiccionales, corresponde ingresar a resolver las problemáticas identificadas en el objeto procesal identificado ut supra:

Sobre el punto 1) Dentro de esta acción tutelar, uno de los componentes de reclamación del accionante se encuentra relacionado con la presunta incongruencia en la que el Vocal demandado hubiese incurrido al ratificar la fianza económica de Bs50 000.- impuesta como medida cautelar personal distinta a su detención preventiva sin considerar el Informe Social CITE: T.S. 200/2.023 D.D.R.P-SC., por el que demostró su situación económica, además dispuso otras exigencias no establecidas en el fallo recurrido, como certificaciones de distintas dependencias, apartándose del art. 398 del CPP y actuando de forma ultra petita, al no circunscribirse a los aspectos cuestionados de la determinación de primera instancia, como la solicitud de sustitución de la fianza económica por otra medida menos gravosa, aspecto que no fue considerado.

Al respecto, de la revisión al fallo de alzada cuestionado -precedentemente precisado en su contenido- se advierte que, al contrario de la afirmación expuesta por el impetrante de tutela, el Vocal demandado sí consideró en su labor de verificación de instancia superior el Informe social extrañado, al sostener su insuficiencia como elemento probatorio para demostrar la alegada circunstancia de insolvencia económica. En igual sentido, tampoco resulta evidente la denunciada actuación ultra petita que se alega dentro de la presente acción de defensa, derivada de un presunto apartamiento de los parámetros del art. 398 de CPP al incorporar otras exigencias no establecidas en el Auto recurrido, en virtud a que, si bien es evidente la autoridad demandada extrañó la presentación de prueba relacionada a determinadas certificaciones, ello no puede enmarcarse dentro de una actuación extralimitada -en el marco de la debida congruencia-, cuando constituyen razonamientos vinculados con la problemática analizada en instancia de alzada relacionada con la fianza económica que le fuera impuesta al procesado -hoy accionante-, lo que a su vez conlleva afirmar que, la considerada omisión de respuesta a la sustitución de la fianza económica por otra media menos gravosa, no implica una incongruencia omisiva o ex silentio, sino una consecuencia de las apreciaciones de insuficiencia probatoria asumida. Bajo tales razonamientos, y conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se puede concluir en que el Auto de Vista cuestionado no incumple la exigencia de la debida congruencia como componente del debido proceso, por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada en este punto de contrastación constitucional. Respecto al punto 2) El accionante alega que, el Vocal demandado desproporcional e irracionalmente sin la debida fundamentación y motivación, mantuvo la fianza económica de imposible cumplimiento desconociendo su finalidad y efectuando una errónea interpretación del art. 241 del CPP, pese a que acreditó su situación patrimonial.

Sobre el particular, es necesario enfatizar que, la fundamentación y motivación de una resolución dictada en la jurisdicción ordinaria, se tiene por satisfecha cuando dentro del armazón argumentativo se establece la hipótesis normativa y la subsunción al caso concreto, así como la exposición de los motivos o razones de hechos por los cuales se arriba a una determinada conclusión.

En tal sentido, examinado el Auto de Vista 363 -objeto de reclamación constitucional- se evidencia que los fundamentos que sostienen la decisión de mantener la imposición de la medida cautelar personal de la fianza económica en el monto establecido por la Jueza inferior, se centran en la insuficiencia probatoria del aludido Informe social y consecuente carencia de los descritos elementos de prueba -certificaciones- que acrediten la condición y/o situación económica del procesado -hoy accionante-; razonamientos que, de forma concisa pero clara, permiten comprender los motivos por los que se asumió tal determinación al evaluar de forma concreta, motivada y fundamentada su imposición conforme al elemento probatorio que fue presentado por el nombrado, debiéndose además resaltar que, una eventual circunstancia de insolvencia económica debe ser acreditada objetivamente por el procesado con medios probatorios necesarios y suficiente, a los fines de comprobar jurídicamente que la fianza impuesta es de imposible cumplimiento, exigencia que fue adecuadamente extrañada por el Vocal demandado, no pudiéndose considerar como apartada de la previsión contenida en el art. 241 del CPP. De lo que, se denota la necesaria solvencia jurídica y fáctica en el fallo de alzada ahora impugnado, no siendo evidente la denunciada lesión al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, lo que conlleva a la imposibilidad de acoger favorablemente la tutela requerida. Resueltos los cuestionamientos centrales planteados dentro de esta acción de defensa, cabe advertir que, dentro de los argumentos contenidos en le demanda tutelar, el accionante observa que el Vocal demandado tampoco verificó el plazo procesal de la causa penal en relación con los arts. 130 y 239.2 del CPP, ni que la Jueza a quo conminó al representante del Ministerio Público para que presente acusación formal o algún otro requerimiento conclusivo; empero, que esta actuación no fue realizada dentro de plazo, habiendo sobrepasado la etapa preparatoria “…donde el suscrito Vocal debió conceder la cesación a la detención preventiva o modificar la medida que le fue impuesta por la Jueza aquo…" (sic), lo que podría tener incidencia en el derecho a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como al principio de celeridad -invocados como lesionados-; al respecto, al margen de que tal dinámica procesal no constituye el eje de resolución que motivó el Auto de Vista 363, tampoco resultaría pertinente emitir un pronunciamiento positivo sobre el particular; habida cuenta que, conforme se tiene de antecedentes, el cese de la detención preventiva del accionante y consecuente imposición de otras medidas cautelares personales se respaldó en el precitado art. 239.2 del Adjetivo Penal.

Finalmente, en cuanto a la alegada lesión a la defensa, a la dignidad y a la igualdad de las partes, no se estableció con precisión dónde incidiría su afectación con relación al acto lesivo denunciado; ocurriendo lo propio con los principios de seguridad jurídica, “eficiencia”, “eficacia”, legalidad, y verdad material, recordándose además que, conforme se definió de forma reiterada por esta jurisdicción constitucional, los principios no pueden ser tutelados de forma directa, sino que ineludiblemente deben encontrarse vinculados con algún derecho y/o garantía constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque en parte con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 174 de 6 de octubre de 2023, cursante de fs. 90 a 92 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los razonamientos expuestos precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0311_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): b97e3fe8998656818ba0148630002bd63ccfd76fbb70f34a7121918d47d101f5

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →