Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la doble instancia, a recurrir, a la impugnación, a la fundamentación, a la motivación, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la petición, a la igualdad, y a los principios de seguridad jurídica, de sometimiento pleno a la ley, de imparcialidad, de verdad material, de informalismo desde la perspectiva pro homine, pro actione, de proporcionalidad y de prevalencia del derecho sustancial frente al derecho formal; puesto que, el Gerente General hoy accionado no dio respuesta a sus Notas de 25 de febrero y 3 de marzo de 2022 -SISTRAM 7803 y 8386-; sin embargo, emitió el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM/061/2022 de 11 de marzo, sancionándolo con una llamada de atención, para posteriormente, mediante Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022 de 11 de mayo, desestimar el recurso jerárquico planteado contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022 de 12 de abril, que declaró por no procedente su recurso de revocatoria; ello, basándose únicamente en el incumplimiento de un requisito formal como es la ausencia de su firma en el memorial, sin considerar que él mismo, presentó dicho recurso y que subsanó esa omisión mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2022. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Contenido esencial del derecho de petición; ii) La motivación de las resoluciones como elemento del debido proc…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 022/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 223 a 228, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho de petición, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia:
a) Disponer que el Gerente General a.i. de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías, emita una respuesta formal, pronta y oportuna a las Notas de 25 de febrero y 3 de marzo de 2022 -SISTRAM 7803 y 8386-por las que el accionante denuncia a la funcionaria del Sistema de Gestión de Trámites de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías, sea en el plazo de veinticuatro horas computables a partir de su notificación con el presente fallo constitucional. 2° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos al debido proceso, a la doble instancia, a recurrir, a la impugnación, a la fundamentación, motivación, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad, y a los principios de seguridad jurídica, de sometimiento pleno a la ley, de imparcialidad, de verdad material, de informalismo desde la perspectiva pro homine, pro actione, de proporcionalidad y de prevalencia del derecho sustancial frente al derecho formal, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y se disponga:
1) Dejar sin efecto el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022 de 11 de mayo; y, en consecuencia, los actuados posteriores; ordenando al Gerente General a.i. de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías que -en caso de no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 022/2023 de 2 de febrero- viabilice el recurso jerárquico interpuesto por el accionante el 5 de mayo de 2022, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas computables a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0311/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 55449-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 022/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 223 a 228, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gabriel Rodrigo Villarroel Ortuño contra Mauricio Roberto Berdeja Blacutt, Gerente General a.i. de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVÍAS).
El accionante, por memoriales presentados el 17 de noviembre y 22 de diciembre, de 2022, cursantes de fs. 124 a 145; y, 150 a 157, manifestó lo siguiente:
Fue víctima de acoso laboral por parte del Gerente General ahora accionado, habiendo activado en su contra en la vía penal y administrativa, entre otras. Bajo ese contexto, fueron emitidas las Conminatorias J.D.T.L.P./C.P.E. ART. 48-49/D.S. 0495/RJEC/ 029/2022 de 31 de enero y JDT-LP/BDFB/ 024/2022 de 29 de abril, por la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y en la vía constitucional, la Resolución 178/2022 de 9 de agosto, que le concedió la tutela por la falta de cumplimiento íntegro de la Conminatoria de reincorporación laboral -confirmada en parte por la SCP 0500/2024-S3 de 16 de julio-. No obstante, el Gerente General hoy accionado continuó con el acoso laboral, instruyendo el inicio de un proceso administrativo interno mediante la Resolución Administrativa (RA) 003/2022 de 16 de febrero, dictándose posteriormente el Auto Inicial de Proceso Administrativo “01/2022” emitido en la misma fecha de su reincorporación laboral a EMAVÍAS. El 24 de febrero de 2022 a las 15:45 horas se apersonó al Sistema de Gestión de Trámites (SISTRAM) de la nombrada empresa para presentar recurso de revocatoria contra la indicada Resolución Administrativa -003/2022-; sin embargo, la recepción le fue negada conforme se tiene de la prueba adjunta a la presente acción tutelar, bajo el argumento de ser un trámite interno y que la hora de recepción había precluido, cuando el recurso de revocatoria que presentó en defensa de sus derechos se constituye en un trámite externo y aún se encontraba dentro de plazo para presentarlo. El 25 de ese mes y año, a las 8:26 horas, presentó una Nota a la que adjuntó el memorial de 22 del indicado mes y año -recurso de revocatoria-, solicitando una llamada de atención contra la funcionaria que negó la recepción de su memorial. Ante ello, el Gerente General hoy accionado, arguyendo malos tratos hacia dicha funcionaria del SITRAM de EMAVÍAS, emitió el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM/061/2022 de 11 de marzo, de llamada de atención, sin valorar la referida Nota ni solicitarle informe alguno, instruyendo su sanción sin cumplir con lo previsto por el art. 51 del Reglamento Interno de Trabajo de EMAVÍAS, ni considerar los fundamentos expuestos en su memorial de recurso de revocatoria. Ante esa nueva arbitrariedad, el 22 de marzo de 2022, interpuso recurso de revocatoria contra el señalado Memorando; empero, sin obtener ninguna respuesta, el Gerente General ahora accionado emitió el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022 de 12 de abril, que refirió que su recurso de revocatoria contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM/061/2022 e Informe EMAVIAS/GAF/URG/INF 226/2022 de 1 de igual mes, no era procedente, ratificando de esa manera la llamada de atención escrita; asimismo, indicó que una segunda amonestación escrita tendría carácter severo, a pesar de que la falta sea distinta, de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo de EMAVÍAS y normativa legal vigente. El Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022, no contiene fundamentación e incluso hizo referencia al Informe EMAVIAS/GAF/URG/INF 226/2022 de 1 de abril, que nunca fue puesto en su conocimiento, intentando ratificar injustamente la llamada de atención contenida en el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM/061/2022, la cual no fue solicitada ni por el jefe inmediato superior o el de Recursos Humanos (RR.HH.) conforme al art. 51 del Reglamento Interno de Trabajo de EMAVÍAS. Tampoco, al momento de expedir ese Memorando -con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022-, se dio respuesta a sus Notas con SISTRAM 7803 y 8386 o se analizó el memorial de 22 de marzo de 2022, o se consideró el citado art. 51, siendo quien le negó la recepción de su recurso -de revocatoria contra la RA 03/2022- fue otra funcionaria que se escudó en instrucciones superiores para incumplir sus funciones contenidas en el Comunicado EMAVIAS/GAF/UA/CDA/COM 011/2021 de 26 de octubre, para luego abandonar su puesto de trabajo; hecho que puso a conocimiento de la Gerencia General de EMAVÍAS mediante Nota de 22 de febrero de 2022, de la que no obtuvo respuesta. Por todo ello, el señalado Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022, carece de fundamentación y motivación incumpliendo lo establecido por el art. 30 inc. a) de la LPA e incurre en el art. 35.I incs. c) y d) de esa misma Ley, prescindiendo de finalidad, causa, objeto y vulnerando derechos constitucionales. No obstante, restringiendo su derecho a la doble instancia, de impugnación, de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, se desestimó el recurso jerárquico planteado contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022 de 12 de abril, a través del Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022 de 11 de mayo, que señaló el incumplimiento de un requisito formal consistente en la firma de dicho recurso por su persona -accionante-, según lo previsto por el art. 124 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo. Respuesta que le fue notificada el 17 de mayo de 2022. En ese sentido, el Gerente General hoy accionado, al expedir dicho Oficio no consideró que el 5 del citado mes y año, personalmente acudió a las oficinas del SISTRAM de EMAVÍAS para presentar dicho recurso, como se demuestra de las imágenes de la cámara 7 de seguridad de esa Empresa; además, repuso firma conforme se tiene del memorial de 18 de igual mes y año. Sin embargo, el Gerente General ahora accionado no le otorgó un plazo para subsanar la observación de forma, negándole su derecho al debido proceso, a la doble instancia, a recurrir, a la impugnación, a la fundamentación, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la petición, a la igualdad, y a los principios de seguridad jurídica, de sometimiento pleno a la ley, de imparcialidad, de verdad material, de informalismo, desde la perspectiva pro homine, pro actione, de proporcionalidad y de prevalencia del derecho sustancial frente al derecho formal, al desestimar de forma simple y arbitraria su pretensión, desconociendo la vasta jurisprudencia establecida en las SSCC 0642/2003-R de 8 de mayo y 1206/2006-R de 30 de noviembre, más el Auto Supremo (AS) 224/2019-RRC de 15 de abril. Asimismo, el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 508/2022 de 10 de junio, expedido en respuesta al memorial que “…‘Reitera solicitud de que se reconduzca e imprima el trámite correspondiente y remitan actuados a conocimiento de la Autoridad Superior Competente’…” (sic), le fue notificado el 14 de junio de 2022. Oficio que no modificó la determinación de desestimación del recurso jerárquico, negándole sus derechos al debido proceso, a la doble instancia y a la impugnación. El Gerente General ahora accionado no debió desconocer sus derechos, garantías ni principios constitucionales, ya que, se encuentra impelido a cumplir los arts. 9.4 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 incs. a) y b) del Estatuto del Funcionario Público, y 11 inc. a) del Reglamento Interno de Trabajo de EMAVÍAS; además, no debió desestimar su recurso jerárquico alegando falta de forma, tal como la ausencia de firma; puesto que, ese aspecto formal no puede estar por encima del derecho a recurrir, más aun cuando su voluntad de impugnar fue exteriorizada con el recurso de revocatoria y la presentación física del recurso jerárquico el 5 de mayo de 2022, más su ratificación mediante memorial de 18 de igual mes y año. En ese sentido, el Gerente General hoy accionado pudo interpretar su recurso conforme a su intención y voluntad, corrigiendo y observando errores formales brindándole un plazo prudencial para subsanarlos; empero, al desestimar su recurso jerárquico incumplió el principio de informalismo y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal e incurrió en una arbitrariedad. El Gerente General hoy accionado carecía además de competencia para desestimar su recurso jerárquico, conforme a lo dispuesto en los arts. 66.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); y, 123 inc. e) y 124 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, que determinan que la autoridad para resolver dicho recurso es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, por lo que el Gerente General hoy accionado debió conceder y remitir el citado recurso a la autoridad legal competente para su resolución. La desestimación de su recurso carece de motivación y fundamento; puesto que, está basada en un aspecto formal subsanable, para lo que se debió otorgar un plazo prudencial conforme a los arts. 43 de la LPA y 119 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo. Al desestimarse su recurso jerárquico planteado el 5 de mayo de 2022, fue restringido su derecho a la defensa que comprende sus derechos a ser oído, a ofrecer y producir prueba, a una determinación fundada y su derecho a impugnarla, sometiéndolo a la voluntad arbitraria del Gerente General hoy accionado. Asimismo, fue privado de que una autoridad competente e imparcial pueda conocer sus argumentos y pruebas para determinar si la sanción impuesta contra su persona era legal o no, vulnerando su derecho a la doble instancia y a recurrir. Además, se restringió su derecho a la igualdad procesal, debido a que en otros casos sobre trabajadores y funcionarios de EMAVÍAS, el accionado resolvió de manera favorable sus pedidos; sin embargo, a pesar de que su persona efectuó un reclamo contra una funcionaria, mediante Nota de 25 de febrero de 2022, se emitió directamente el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM/061/2022 -de llamada de atención-, cuya sanción fue ratificada por Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022, contra el que interpuso recurso jerárquico de 5 de mayo de igual año, el cual fue arbitraria e ilegalmente desestimado por el Oficio con CITE: EMAVIAS/GG/OF 427/2022, por incumplimiento de un requisito formal sin otorgarle un plazo para subsanarlo, restringiéndose su derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. También, se transgredió su derecho de petición al no darse respuesta a su Nota de 25 de febrero de 2022, y no contestar por qué no fueron aplicados los arts. 43 de la LPA y 119 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo o la remisión de la impugnación a la autoridad competente bajo los principios de informalismo y verdad material -art. 4 incs. d) y l) de la LPA-, lo que a su vez supone la vulneración del principio de seguridad jurídica como elemento del debido proceso, cuando debió reconducirse el trámite conforme solicitó por memorial presentado el 18 de mayo de igual año -SITRAM 20421-; empero, la desestimación de su recurso jerárquico fue ratificado mediante Oficio con Cite:
EMAVIAS/GG/OF 508/2022. Tampoco se consideró que fue víctima de acoso laboral al no recepcionarse su recurso administrativo; que fue su persona quien interpuso recurso jerárquico demostrando su voluntad de impugnar la ratificación de la llamada de atención ni la reiteración de su recurso por memorial presentado el 18 de mayo de 2022; es decir, que no se tomó en cuenta ninguna situación en su favor acorde con la verdad material de los hechos que se encuentran incluso plasmadas en las cámaras de seguridad de EMAVÍAS y que demuestran que no merecía llamada de atención alguna. Al margen de todo lo anterior, la motivación y fundamentación fueron suprimidas, ya que, no se hizo referencia a la verdad material al emitirse el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022 y el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 508/2022, menos se fundamentó la razón por la que no se aplicó los arts. 43 de la LPA y 119 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo. De esa manera, el Gerente General hoy accionado no fue imparcial respecto a su persona, vulnerando los principios de sometimiento pleno a la ley, de informalismo y favorabilidad desde la perspectiva pro homine y pro actione, de proporcionalidad y de prevalencia del derecho sustancial frente al formal.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la doble instancia, a recurrir, a la impugnación, a la fundamentación, a la motivación, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la petición, a la igualdad, y los principios de seguridad jurídica, de sometimiento pleno a la ley, de imparcialidad, de verdad material, de informalismo desde la perspectiva pro homine, pro actione, de proporcionalidad y de prevalencia del derecho sustancial frente al derecho formal; citando al efecto los arts. 9.4, 13.I y IV, 14.II y III, 21.2 y 6, 24, 46.I, 115.I, 116.II, 118.I, 120.II, 121.I, 180.II, 256 y 410 de la CPE; y, 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga, dejar sin efecto el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022 de 11 de mayo, disponiendo que el Gerente General ahora accionado admita y tramite conforme a ley el recurso jerárquico planteado el 5 de mayo de 2022.
Celebrada la audiencia pública el 2 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 219 a 222, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Mauricio Roberto Berdeja Blacutt, Gerente General a.i. de EMAVÍAS, mediante informe presentado el 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 214 a 217, manifestó que: a) El accionante actuó de manera irrespetuosa ante la explicación de Rosío Alvarado Silva, funcionaria del SISTRAM de EMAVÍAS que le negó la recepción de su trámite en razón de que éste debía contar con el visto bueno de la Jefatura de la Unidad Administrativa; ya que, “…los trámites internos son recepcionados hasta horas 15:30…” (sic); hecho por el que dicha funcionaria tuvo que retirarse de ventanilla y generar el Informe EMAVÍAS/GAF/UA/CDDA 153/2022 de 25 de febrero, por lo cual, fue emitido el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM/061/2022, contra el cual el accionante planteó recurso de revocatoria, lo que motivó la emisión del Informe EMAVIAS/GAF/URG/INF 226/2022, que recomendó confirmar dicho Memorando, lo que se hizo mediante Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022. A través de memorial de 5 de mayo de 2022, el accionante interpuso recurso jerárquico que fue desestimado conforme al art. 124 de la LPA, al carecer de la respectiva firma del legitimado para la interposición del recurso; por ello, la presente acción tutelar no cumplió con la identificación del acto ilegal o indebido ni la vulneración de algún derecho, garantía o principio; y, b) “Carece de legitimación pasiva”; puesto que, no solo su persona debía ser citada sino que el Directorio de EMAVÍAS presidido por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, del cual es dependiente, debió ser notificado como tercero interesado, solicitando que ese error formal, sea corregido al afectar la esencia de la presente acción de amparo constitucional. Por lo expuesto, pide que se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 022/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 223 a 228, concedió -en parte- la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022, otorgando un plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación del Gerente General hoy accionado para que emita o viabilice el recurso jerárquico planteado por el accionante, debiendo poner este a conocimiento de esa Sala Constitucional el cumplimiento o incumplimiento de decha determinación; ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) El Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022, fue identificado como el acto lesivo, que fue generado por el Gerente General ahora accionado, no existiendo necesidad alguna de accionar contra el Directorio de EMAVÍAS, ya que, no se estableció que este generara ningún acto, debiendo rechazarse la solicitud del referido Gerente General respecto a la ausencia de legitimación pasiva; 2) El derecho a la impugnación no debe ser restringido por ningún motivo, excepto por incumplimiento de aspectos de fondo o de forma que sean imprescriptiblemente insuperables. En el presente caso, la vía administrativa no puede ser concluida, debido a que el Gerente General hoy accionado coartó ese derecho al desestimar el recurso jerárquico planteado por el accionante por carecer de firma, al respecto, el art. 4 inc. e) de la LPA, hace referencia al principio de buena fe; es decir, que se presume -salvo prueba en contrario- que las actuaciones administrativas revisten credibilidad y confiabilidad; así, el quebrantamiento de ese principio supone inseguridad jurídica. Del mismo modo, el inc. l) del citado artículo indica el principio de informalismo, por el cual, la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado pueden ser cumplidas posteriormente, lo que no interrumpirá el procedimiento administrativo; 3) El Gerente General ahora accionado no consideró los principios que rigen la administración, ya que, en este caso observó un requisito de forma a pesar de que el recurso jerárquico fue planteado en un lugar y tiempo correctos, ante la autoridad competente, indicando sus agravios, y si bien el accionante no firmó dicho recurso, ese no fue su primer acto “postulatorio” en el proceso; por lo que, no debía suponerse o asumir quién es el actor. Con ello, se evidencia que el Gerente General ahora accionado debió llamar al accionante para preguntar si era su voluntad presentar el señalado recurso jerárquico o en caso de la falta de certeza sobre la identidad debió pedir la subsanación de la forma, ya que, en ningún caso debieron confundirse los requisitos de admisibilidad con los de fundabilidad del recurso para desestimarlo o interrumpir el procedimiento administrativo; más aún, el Gerente General hoy accionado no consideró la existencia de la aclaración presentada por el accionante en la que explicó que se apersonó él mismo a plantear el recurso jerárquico, existiendo de esa manera una manifestación inequívoca de la voluntad del accionante de presentar su recurso de impugnación; y, 4) La determinación de desestimación del recurso jerárquico asumida por el Gerente General ahora accionado no corresponde al orden procesal ni al ámbito de legalidad ni de taxatividad, al no estar sustentada por normativa alguna que sea clara y concreta, evidenciándose la existencia de vulneración a la impugnación como elemento del debido proceso.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta recurso de revocatoria de 24 de febrero de 2022, dirigido a Mauricio Roberto Berdeja Blacutt, Gerente General a.i. de EMAVÍAS -hoy accionado-, por Gabriel Rodrigo Villarroel Ortuño -ahora accionante- contra la RA 03/2022 de 16 de ese mes (fs. 30 a 34). Asimismo, constan imágenes en vídeo con audio y fotografía que documentan la negativa de recepción de dicho recurso por parte de Rosío Alvarado Silva, funcionaria del SISTRAM de EMAVÍAS (fs. 21 a 24). Posteriormente, mediante Nota presentada el 25 de igual mes y año -SISTRAM 7803-, ante el Gerente General ahora accionado, el accionante puso ese extremo -negativa de recepción- en conocimiento (fs. 29), aclarando esa solicitud mediante Nota presentada el 3 de marzo del mismo año -SISTRAM 8386- (fs. 45). II.2. Mediante Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM/061/2022 de 11 de marzo, se llamó la atención al accionante en aplicación de los arts. 11 inc. d), 51 y 52 inc. e) del Reglamento Interno de Trabajo de EMAVÍAS (fs. 40). Contra esa determinación, el nombrado planteó recurso de revocatoria el 22 de marzo de 2022, ante el Gerente General ahora accionado (fs. 41 a 43 vta.), quien mediante Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022 de 12 de abril, declaró no procedente dicho recurso, ratificándose la llamada de atención del accionante (fs. 49). II.3. Por memorial presentado el 5 de mayo de 2022, ante el Gerente General hoy accionado, el accionante planteó recurso jerárquico contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022 (fs. 50 a 59), constando en vídeo (fs. 20) y en fotografías adjuntas al presente expediente (fs. 25 a 28), la presentación del recurso en esa fecha a horas 13:07:12, por parte del accionante. Posteriormente, el referido Gerente General emitió la Nota con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022 de 11 de mayo, que desestimó el recurso jerárquico, porque el memorial interpuesto carecía de la firma del accionante, conforme al art. 124 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (fs. 60 y vta.). II.4. A través de memorial presentado el 18 de mayo de 2022, ante el Gerente General ahora accionado, el accionante solicitó que se reconduzca e imprima el trámite correspondiente al recurso jerárquico interpuesto contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022, remitiéndose antecedentes ante la autoridad competente (fs. 61 a 67), mereciendo en respuesta el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 508/2022 de 10 de junio, que indicó que más allá de la ausencia de un requisito de forma por el que fue desestimado el mencionado recurso jerárquico, la sanción impuesta se encuentra enmarcada en el art. 52 inc. e) del Reglamento Interno de Trabajo de EMAVÍAS, no correspondiendo ingresar a mayores consideraciones. Asimismo, el recurso de revocatoria de 24 de febrero de 2022, fue atendido y considerado en su oportunidad (fs. 68 a 69).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la doble instancia, a recurrir, a la impugnación, a la fundamentación, a la motivación, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la petición, a la igualdad, y a los principios de seguridad jurídica, de sometimiento pleno a la ley, de imparcialidad, de verdad material, de informalismo desde la perspectiva pro homine, pro actione, de proporcionalidad y de prevalencia del derecho sustancial frente al derecho formal; puesto que, el Gerente General hoy accionado no dio respuesta a sus Notas de 25 de febrero y 3 de marzo de 2022 -SISTRAM 7803 y 8386-; sin embargo, emitió el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM/061/2022 de 11 de marzo, sancionándolo con una llamada de atención, para posteriormente, mediante Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022 de 11 de mayo, desestimar el recurso jerárquico planteado contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022 de 12 de abril, que declaró por no procedente su recurso de revocatoria; ello, basándose únicamente en el incumplimiento de un requisito formal como es la ausencia de su firma en el memorial, sin considerar que él mismo, presentó dicho recurso y que subsanó esa omisión mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2022. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Contenido esencial del derecho de petición; ii) La motivación de las resoluciones como elemento del debido proceso; iii) El principio de informalismo y el cumplimiento de las formas como una garantía al principio de igualdad; iv) El derecho a la defensa e impugnación como elementos del debido proceso; v) La prevalencia del derecho sustancial frente al derecho formal; y, vi) Análisis del caso concreto.
La SCP 0361/2020-S1 de 20 de agosto, reiterando el entendimiento de la SC 0218/01-R de 20 de marzo de 2001, refirió que el derecho de petición se “…constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollado características que deben contener la respuesta: a) Pronta y oportuna; dentro de los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; b) formales; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; c) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, d) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubre las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos”.
La SCP 0273/2021-S1 de 21 de abril, reiterando el entendimiento de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0014/2018-S2 de 28 de febrero y 0349/2018-S2 de 18 de julio, establece que: “…la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo… La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero -en casos de resoluciones judiciales o administrativas de última instancia, que conoce la justicia constitucional, dado el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional-; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0074/2016-S3 de 8 de enero, establece que: “La jurisprudencia de este Tribunal fue constante en señalar que el principio de informalidad que rige a la actividad administrativa, se constituye en la posibilidad de inobservar por parte del administrado las exigencias formales no esenciales, que puedan ser cumplidas posteriormente, corrigiendo equivocaciones formales de los administrados, sin que ello pueda dar lugar a la interrupción del procedimiento administrativo, también aclaró que la interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la acción no puede suplir ni favorecer la dejadez o negligencia del administrado. Así la Sentencia SCP 0031/2014 de 3 de enero, haciendo mención a la SCP 1086/2012 de 5 de septiembre, expresó lo siguiente: ʽ…la administración pública tiene la facultad de excusar la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, pudiendo proseguirse el procedimiento administrativo sin perjuicio de que aquellos se cumplan con posterioridad (…)ʼ. Por su parte la SC 0642/2003-R de 8 de mayo, promovió lo siguiente: ʽ...el principio de informalismo consiste en la excusa de la observancia de exigencias formales no esenciales y que pueden cumplirse después, por ejemplo la calificación incorrecta del recurso (Juan Francisco Linares, Derecho Administrativo, Editorial Astrea, pág. 348); la excusa referida, debe ser interpretada siempre a favor del interesado o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio pro actione, o sea, de la interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la acción, para asegurar, más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento, la autoridad administrativa podrá interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales de los administradores...'; tiene sus alcances y límites, y está contenido en el hecho de que no puede suplir ni favorecer la dejadez o negligencia del administrado (…). El principio de informalismo no puede constituirse en un mecanismo para suplir la dejadez o negligencia del administrado o el incumplimiento a las normas de carácter adjetivo, pues existen formalidades esenciales que deben ser observadas, tanto por la administración como el administrado, las cuales se están destinadas a evitar la arbitrariedad, por ello la doctrina del derecho administrativo ha preferido referirse al ʽformalismo moderadoʼ y no a un informalismo, pues existen requisitos mínimos que deben ser observados por el administrado cuando acuda a la administración. Entonces, el informalismo como principio que rige al proceso administrativo que tiende a facilitar las actuaciones procedimentales en pro de la defensa de los derechos de los administrados ante la administración, encuentra su límite cuando las formalidades están destinadas a evitar se afecte el interés público y derechos de terceros, en dicho caso las formalidades serán consideradas esenciales y no habrá lugar a la relativización de la norma, debiendo la autoridad administrativa realizar una valoración integral en los casos que se les presente” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0831/2020-S1 de 9 de diciembre, reiterando el entendimiento establecido en la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, señala que, el derecho a la defensa como elemento del debido proceso: “…garantiza el derecho a la impugnación de un fallo, la doble instancia, el derecho a que un fallo pueda ser revisado en una instancia superior, tanto en el área jurisdiccional como administrativa (…). El derecho a la defensa, es un componente de la garantía del debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE, al prever que: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa ya una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; vale decir, que toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa, tiene la facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, utilizando todos los medios de impugnación previstos por ley y principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes y generar condiciones de indefensión prohibidas por la Ley Fundamental.
Por su parte, el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8,2 pulgadas h) de la CADH, habiéndose previsto por el orden constitucional vigente y las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras. De igual forma la Norma Suprema establece el principio de reserva legal, por el que las restricciones a los derechos fundamentales consagrados en la misma, pueden ser después desarrolladas por una ley formal, conforme lo previsto por los arts. XXVIII de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (DADH) y 30 de la CADH, tal cual se señaló en la SC 004/2001 de 5 de enero y DC 06/2000 de 21 de diciembreʼ” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0656/2022-S1 de 18 de julio reiterando el entendimiento de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1662/2012 de 1 de octubre 0189/2013 de 27 de febrero (que citó SC 0897/2010-R de 10 de agosto); y, 1299/2013 del 8 de agosto, establece que: “…se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremos ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE; por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; Pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguran el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; Sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez. Entendimiento que fue desarrollado por la SCP 1299/2013 del 8 de agosto” (las negrillas fueron agregadas).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la doble instancia, a recurrir, a la impugnación, a la fundamentación, a la motivación, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la petición, a la igualdad, y a los principios de seguridad jurídica, de sometimiento pleno a la ley, de imparcialidad, de verdad material, de informalismo desde la perspectiva pro homine, pro actione, de proporcionalidad y de prevalencia del derecho sustancial frente al derecho formal; puesto que, el Gerente General hoy accionado no dio respuesta a sus Notas de 25 de febrero y 3 de marzo de 2022 -SISTRAM 7803 y 8386-; sin embargo, emitió el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM/061/2022 de 11 de marzo, sancionándolo con una llamada de atención, para posteriormente, mediante Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022 de 11 de mayo, desestimar el recurso jerárquico planteado contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022 de 12 de abril, que declaró por no procedente su recurso de revocatoria; ello, basándose únicamente en el incumplimiento de un requisito formal como es la ausencia de su firma en el memorial, sin considerar que él mismo presentó dicho recurso y que subsanó esa omisión mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2022. De la revisión de antecedentes, se advierte la presentación del recurso de revocatoria de 24 de febrero de 2022, planteado por el accionante contra la RA 03/2022. Al respecto, se adjuntaron imágenes en vídeo con audio y fotografía que documentan la negativa de recepción de dicho recurso por parte de Rosío Alvarado Silva, funcionaria del SISTRAM de EMAVÍAS. Posteriormente, mediante Nota presentada el 25 de igual mes y año -SISTRAM 7803-, el accionante puso ese extremo -negativa de recepción- en conocimiento del Gerente General ahora accionado, aclarando esa solicitud mediante Nota presentada de 3 de marzo del mismo año, -SISTRAM 8386- (Conclusión II.1.). No consta respuesta a dichas Notas. Luego, mediante Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM/061/2022, se llamó la atención al accionante en aplicación de los arts. 11 inc. d), 51 y 52 inc. e) del Reglamento Interno de Trabajo de EMAVÍAS. Contra esa determinación, el nombrado planteó recurso de revocatoria el 22 de marzo de 2022, ante el Gerente General ahora accionado, quien mediante Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022, declaró no procedente dicho recurso, ratificándose la llamada de atención del accionante (Conclusión II.2.). Por memorial presentado el 5 de mayo de 2022, ante el Gerente General hoy accionado, el accionante planteó recurso jerárquico contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022, constando en vídeo y en fotografías adjuntas al presente expediente, la presentación del recurso en esa fecha a horas 13:07:12, por parte del accionante. Posteriormente, el referido Gerente General emitió el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022, que desestimó el recurso jerárquico porque el memorial interpuesto carecía de la firma del accionante, conforme al art. 124 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (Conclusión II.3.). Seguidamente, a través de memorial presentado el 18 de mayo de 2022, el accionante solicitó que se reconduzca e imprima el trámite correspondiente al recurso jerárquico interpuesto contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022, remitiéndose antecedentes ante la autoridad competente; mereciendo en respuesta el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 508/2022, que indicó que más allá de la ausencia de un requisito de forma por el que fue desestimado el mencionado recurso jerárquico, la sanción impuesta se encuentra enmarcada en el art. 52 inc. e) del Reglamento Interno de Trabajo de EMAVÍAS, no correspondiendo ingresar a mayores consideraciones. Asimismo, el recurso de revocatoria de 24 de febrero de 2022, fue atendido y considerado en su oportunidad (Conclusión II.4.). Consideraciones previas En cuanto a la ausencia de legitimación pasiva reclamada por el Gerente General hoy accionado, se reitera el argumento expuesto por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en sentido que el acto identificado como lesivo de los derechos y principios alegados en la presente acción tutelar; es decir, el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022, fue expedido únicamente por el Gerente General ahora accionado, sin que el Directorio de EMAVÍAS emitiera ningún actuado al respecto. Más aun, resulta incoherente el argumento del nombrado accionado respecto a que carece de legitimación pasiva por no haberse citado a dicho Directorio como “tercero interesado”. Por consiguiente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional ingresa al análisis de fondo de la problemática planteada. Sobre el derecho de petición La jurisprudencia constitucional estableció que ese derecho no se agota con la mera presentación del requerimiento sino que exige una respuesta oportuna, formal y motivada por parte de la autoridad pública, siendo su omisión un acto arbitrario que genera por sí solo una vulneración constitucional (Fundamento Jurídico III.1.). En el presente caso, el accionante denunció que sus Notas SISTRAM 7803 y 8386, por las que expuso la negativa de recepción de su recurso de revocatoria contra la RA 03/2022 (Conclusión II.1.) no fueron respondidas; aspecto que no fue negado por el Gerente General hoy accionado, quien tampoco presentó pruebas en contrario. En ese sentido, se advierte que dichas Notas fueron presentadas el 25 de febrero y 3 de marzo de 2022, sin ser atendidas ni contestadas por el referido Gerente General, quien sin embargo, en virtud al Informe EMAVÍAS/GAF/UA/CDDA 153/2022, expedido por Rosío Alvarado Silva, funcionaria del SISTRAM de EMAVÍAS, emitió el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM/061/2022, contra el cual, el accionante activó la vía recursiva. En ese sentido, se advierte una actuación arbitraria por parte del Gerente General ahora accionado, en tanto omitió dar respuesta a la denuncia presentada por el accionante respecto a la negativa de recepción de su memorial, incumpliendo así el derecho de petición reconocido por el art. 24 de la CPE; empero, otorgó pleno valor al Informe elaborado por la referida funcionaria observada, emitiendo de manera inmediata un memorando de llamada de atención contra el propio denunciante -accionante-. La mencionada omisión de respuesta se constituye por sí misma en una vulneración constitucional independiente, ya que, no existe otra vía efectiva para exigir que la autoridad accionada emita una respuesta; por consiguiente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional “(…) no puede consentir actos que impliquen una manifiesta y grosera violación a derechos fundamentales, por ser estos contrarios al pilar estructural del Estado’” (SCP 1102/2023-S1 de 14 de septiembre). En ese entendido, si bien el accionante no solicitó expresamente en su petitorio que el Gerente General ahora accionado dé respuesta a las Notas SISTRAM 7803 y 8386, corresponde que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, conceda la tutela también con relación al derecho de petición; puesto que, lo que sí denunció fue la falta de contestación a dichas solicitudes, situación que constituye una vulneración manifiesta y arbitraria al art. 24 de la CPE. Bajo el principio pro actione, este Tribunal Constitucional Plurinacional debe privilegiar la justicia material sobre formalismos extremos, flexibilizando el rigor del petitum para garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales, más aún cuando -como en el caso- se evidencia una omisión grosera que deja al accionante sin otra vía para obtener una respuesta del Gerente General ahora accionado. De esa manera, la función restitutoria de la jurisdicción constitucional impone no solo constatar la vulneración sino disponer la medida necesaria para restituir el derecho afectado; por lo que, corresponde ordenar que el Gerente General hoy accionado emita una respuesta formal, expresa y debidamente fundamentada a las referidas Notas, en observancia de la tutela judicial efectiva -arts. 115 y 119 de la CPE-. Respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso, a la doble instancia, a recurrir, a la impugnación, a la fundamentación, motivación, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad, y a los principios de seguridad jurídica, de sometimiento pleno a la ley, de imparcialidad, de verdad material, de informalismo desde la perspectiva pro homine, pro actione, de proporcionalidad y de prevalencia del derecho sustancial frente al derecho formal. En el presente caso, el Gerente General ahora accionado emitió el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022, que describe el tracto administrativo de la llamada de atención al accionante -sin hacer mención alguna a su denuncia y a su solicitud de llamada de atención para la funcionaria de SISTRAM de EMAVÍAS-, y que refiere que si bien el art. 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) prevé la procedencia de recursos administrativos contra actos administrativos que afecten, vulneren o causen perjuicio a los derechos o intereses del administrado el art. 74 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo prevé -principalmente- en su inc. d) que esos recursos deben ser suscritos por las partes o por sus representantes. Sin embargo, concluye que se incumplió el art. 124 del citado Reglamento, por cuanto, el memorial planteado -recurso jerárquico- carecía de la firma del legitimado; por lo que, al no cumplirse un requisito esencial de forma corresponde desestimar dicho memorial y “…que el hecho de no prever las formalidades que se deben cumplir a efectos de interponer un recurso de impugnación, es un aspecto que no puede ser atribuido a este Despacho…” (sic [Conclusión II.3.]). Mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2022, el accionante no solo subsanó su firma sino que puso en conocimiento del Gerente General ahora accionado su intención y voluntad de plantear recurso jerárquico contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022, refiriendo que su voluntad había sido exteriorizada ya con la presentación del recurso de revocatoria y más con la presentación física del señalado recurso jerárquico el 5 de mayo de 2022, solicitando que se reencause el procedimiento administrativo;
sin embargo, por Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 508/2022, se respondió que más allá de la ausencia del requisito de forma por el que se desestimó el citado recurso jerárquico, la sanción impuesta se encontraba motivada por el Informe EMAVIAS/GAF/UA/CDA/INF 153/2022 y en el art. 52 inc. e) del Reglamento Interno de Trabajo de EMAVÍAS; por lo que, no correspondía ingresar a mayores consideraciones y que el memorial de recurso de revocatoria de 24 de febrero de 2022, fue atendido y considerado en su oportunidad. Ahora bien, en lo referido del derecho al debido proceso y la obligación de motivar, el Tribunal Constitucional Plurinacional es consistente al señalar que la motivación y fundamentación son elementos indispensables de toda decisión administrativa o jurisdiccional (Fundamento Jurídico III.2.); sin embargo, en el caso concreto, el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022 se limitó a describir el tracto administrativo y a invocar la ausencia de firma como causal de rechazo, sin ingresar a la pretensión de fondo ni a la denuncia del administrado -accionante-; de igual manera, el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 508/2022, no solo reiteró la existencia de un informe interno y del Reglamento Interno de Trabajo de EMAVÍAS como sustento de la sanción sino que, sin pronunciarse sobre la impugnación ni la subsanación presentada el 18 de mayo de 2022, estableció que la sanción de llamada de atención contra el accionante se encontraba debidamente motivada. Esa conducta contraviene directamente el derecho al debido proceso y a la defensa; puesto que, el Gerente General ahora accionado se limitó a invocar formalidades en lugar de ejercer un control real y efectivo sobre el acto sancionador, incumpliendo así su deber de fundamentar y motivar adecuadamente sus determinaciones. La SCP 0074/2016-S3, reafirmó que el principio de informalismo en el procedimiento administrativo permite a los administrados subsanar con posterioridad exigencias formales no esenciales y corregir los errores formales sin interrumpir el trámite. Este entendimiento, consolidado desde la SC 0642/2003-R, se funda en la regla in dubio pro actione, que busca privilegiar la decisión de fondo sobre formalismos excesivos. Sin embargo, la jurisprudencia precisó que el informalismo no puede suplir la dejadez o negligencia del administrado ni justificar el incumplimiento de formalidades esenciales, las cuales deben observarse para garantizar seguridad jurídica, evitar arbitrariedad y proteger el interés público y derechos de terceros. Por ello, más que un “informalismo absoluto”, se habla de un formalismo moderado, donde la autoridad debe valorar caso por caso los alcances y límites de ese principio (Fundamento Jurídico III.3.). En el presente caso, el Gerente General ahora accionado emitió el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022, que describe el tracto administrativo de la llamada de atención al accionante -sin hacer mención alguna a su denuncia y a su solicitud de llamada de atención para la funcionaria de SISTRAM de EMAVÍAS-, y que refiere que si bien el art. 56 de la LPA, prevé la procedencia de recursos administrativos contra actos administrativos que afecten, vulneren o causen perjuicio a los derechos o intereses del administrado, el art. 74 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo prevé -principalmente- en su inc. d) que esos recursos deben ser suscritos por las partes o por sus representantes. Sin embargo, concluye que se incumplió el art. 124 del citado Reglamento, por cuanto el memorial planteado -recurso jerárquico- carecía de la firma del legitimado; por lo que, al no cumplirse un requisito esencial de forma corresponde desestimar dicho escrito y “…que el hecho de no prever las formalidades que se deben cumplir a efectos de interponer un recurso de impugnación, es un aspecto que no puede ser atribuido a este Despacho…” (sic [Conclusión II.3.]). Mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2022, el accionante no solo subsanó su firma sino que, puso en conocimiento del Gerente General ahora accionado su intención y voluntad de plantear recurso jerárquico contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022, refiriendo que su voluntad había sido exteriorizada ya con la presentación del recurso de revocatoria y más con la presentación física del señalado recurso jerárquico el 5 de mayo de 2022, solicitando que se reencause el procedimiento administrativo; sin embargo, por Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 508/2022, se respondió que más allá de la ausencia del requisito de forma por el que se desestimó el citado recurso jerárquico la sanción impuesta se encontraba motivada por el Informe EMAVIAS/GAF/UA/CDA/INF 153/2022 y en el art. 52 inc. e) del Reglamento Interno de Trabajo de EMAVÍAS; por lo que, no correspondía ingresar a mayores consideraciones y que el memorial de recurso de revocatoria de 24 de febrero de 2022, fue atendido y considerado en su oportunidad. Bajo ese contexto, resulta evidente que la omisión inicial de la firma en el recurso jerárquico planteado por el accionante contra el Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022, no se constituye en un requisito esencial de forma, ya que, no incide en la legitimación del recurrente -accionante- ni en la identificación del autor ni alteró el contenido de ese recurso de impugnación, más aun cuando el señalado recurso fue presentado personalmente por el accionante, la omisión fue subsanada mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2022, y no se acreditó por el Gerente General ahora accionado ninguna afectación a terceros ni al interés público. Además, conforme al principio de informalismo (art. 4 de la LPA y la SCP 0074/2016-S3), la ausencia de firma en el recurso jerárquico -segunda instancia- se trata de un defecto formal subsanable, lo que efectivamente hizo el accionante con el memorial presentado el 18 de mayo de 2022, una vez que tomó conocimiento de la desestimación de su recurso jerárquico. En consecuencia, la negativa del Gerente General ahora accionado a considerar el recurso jerárquico, incluso luego de la subsanación, resulta contraria al principio de informalismo moderado y a la jurisprudencia que privilegia la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Es más, aún en la hipótesis de que la firma fuera un requisito esencial, se tiene que el art. 119 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo determina que: “La autoridad administrativa, si el escrito de presentación no reúne requisitos formales esenciales, podrá requerir al interesado que subsane las deficiencias observadas o acompañe los documentos extrañados, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, bajo apercibimiento de desestimación del recurso”; es decir, que ese precepto impone a la autoridad accionada la obligación de requerir la subsanación dentro de un plazo de cinco días antes de proceder a la desestimación, lo que no cumplió. Por lo tanto, la desestimación inmediata del recurso jerárquico planteado por el accionante se constituye en una actuación contraria a la normativa aplicable y a la jurisprudencia constitucional, configurando una vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, a los principios pro homine y pro actione, al no aplicarse la interpretación más favorable a la vigencia del derecho de defensa, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva. En definitiva, el Gerente General hoy accionado debió reencauzar el recurso jerárquico, reconociendo la subsanación efectuada; empero, su negativa se basó en un formalismo excesivo y en un actuar contrario tanto a la jurisprudencia constitucional como al art. 119 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que implicó la vulneración del derecho a la doble instancia y una denegación de justicia administrativa, cuando las autoridades administrativas se encuentran obligadas a garantizar el acceso a recursos idóneos y efectivos frente a actos que vulneren derechos; por lo que, también el referidos Gerente General vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva. La SCP 0831/2020-S1, reiterando la SCP 0041/2018-S2, establece que el derecho a la defensa garantiza el derecho a impugnar un fallo; la doble instancia, garantiza el derecho a que un fallo pueda ser revisado en una instancia superior, tanto en el área jurisdiccional como administrativa. Asimismo, la SCP 0140/2012 de 9 de mayo y la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisan que la autoridad de segunda instancia debe responder a todos los agravios denunciados, garantizando el vínculo inseparable entre defensa e impugnación (Fundamento Jurídico III.4.). En el caso concreto, el Gerente General ahora accionada omitió considerar el art. 119 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, descartando la subsanación presentada por el accionante el 18 de mayo de 2022, negándole al accionante la posibilidad de impugnar el acto administrativo -Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022- y restringiendo su acceso a la doble instancia, vulnerando de manera directa los derechos a la defensa y a la impugnación. Asimismo, la SCP 0656/2022-S1 de 18 de julio, en concordancia con la SC 0897/2010-R, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1662/2012, 0189/2013 y 1299/2013, señala la imposibilidad de admitir la exigencia de extremos ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan la materialización de los derechos, debido a que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material; por lo que, el derecho sustancial debe prevalecer sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable (Fundamento Jurídico III.5.). En el presente caso, el Gerente General hoy accionado priorizó un formalismo no esencial -la omisión de firma- sobre la manifestación expresa del accionante de impugnar el acto administrativo -Memorando con Cite: EMAVIAS/GG/MEM 088/2022- conforme expuso en la subsanación presentada el 18 de mayo de 2022, impidiendo la resolución de fondo del conflicto administrativo y vulnerando los principios de verdad material y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Finalmente, conforme a la interpretación de la jurisprudencia antes citada, el rechazó del recurso jerárquico que constituye una consecuencia desproporcionada frente a un incumplimiento subsanable, afectando implícitamente el principio de proporcionalidad, al imponer un rigor excesivo que obstaculiza la tutela efectiva de los derechos del accionante. En consecuencia, la actuación del Gerente General ahora accionado se enmarca en un rigorismo formal excesivo que desconoce los principios constitucionales citados, configurando una vulneración directa a los derechos fundamentales del accionante; por lo que, este Tribunal Constitucional Plurinacional concede la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder -en parte- la tutela solicitada, con similares argumentos, actuó de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 022/2023 de 2 de febrero, cursante de fs. 223 a 228, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho de petición, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia:
a) Disponer que el Gerente General a.i. de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías, emita una respuesta formal, pronta y oportuna a las Notas de 25 de febrero y 3 de marzo de 2022 -SISTRAM 7803 y 8386-por las que el accionante denuncia a la funcionaria del Sistema de Gestión de Trámites de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías, sea en el plazo de veinticuatro horas computables a partir de su notificación con el presente fallo constitucional. 2° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos al debido proceso, a la doble instancia, a recurrir, a la impugnación, a la fundamentación, motivación, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad, y a los principios de seguridad jurídica, de sometimiento pleno a la ley, de imparcialidad, de verdad material, de informalismo desde la perspectiva pro homine, pro actione, de proporcionalidad y de prevalencia del derecho sustancial frente al derecho formal, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y se disponga:
1) Dejar sin efecto el Oficio con Cite: EMAVIAS/GG/OF 427/2022 de 11 de mayo; y, en consecuencia, los actuados posteriores; ordenando al Gerente General a.i. de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías que -en caso de no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 022/2023 de 2 de febrero- viabilice el recurso jerárquico interpuesto por el accionante el 5 de mayo de 2022, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas computables a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0311_2026-S1.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): c6c972247d46d02b3c6b01063b425c6f711a8449c036f524e4e70e0e036cfee2
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