B.IA.LEGAL

SCP 0311/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 9 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
9 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48774-2022-98-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció lesionado sus derechos a un debido proceso y libertad de locomoción; toda vez que, habiéndose establecido mediante Auto de Vista, que su detención preventiva sería por el lapso de cinco meses, y en virtud a ello se fijó la audiencia de consideración de su situación jurídica, para el 22 de junio de 2022; el Juez demandado, teniendo conocimiento de las referidas determinaciones; además, de no instalar dicho verificativo, debió de realizar todos los actos necesarios para la realización de la misma; por lo que, estando cumplido el plazo de su medida, tal omisión se constituiría en un procesamiento ilegal e indebido, y afectación de su derecho a la locomoción. En consecuencia, corresponde dilucidar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 68 vta., pronunciada por Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, según los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, y conforme fue dispuesto por la referida Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad
  2. III.2. Celeridad en el señalamiento de audiencias de cesación o modificación de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0311/2024-S4 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 48774-2022-98-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 11/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 68 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romina Jeanette Jaldin Herrera en representación sin mandato de Limbert López Rocha contra José Luis Fonseca Zubieta, Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de junio de 2022, cursante de fs. 1; y, 42 a 43 vta.; el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado en tentativa; mediante Auto de Aplicación de Medidas Cautelares de 21 de enero de 2022, se dispuso su detención preventiva, medida que al ser ratificada por Auto de Vista de 2 de febrero de igual año, se estableció cinco meses de detención en el Centro Penitenciario “San Antonio” de Cochabamba, y con la programación de audiencia para la revisión de su situación jurídica, el 22 de junio del citado año, a las 09:00; sin embargo, teniendo conocimiento de las mencionadas determinaciones tanto el Ministerio Público, la parte denunciante, y el Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba –ahora demandado–, este último no instaló el referido acto procesal para considerar su situación jurídica, estando hasta el presente con detención preventiva en el aludido Centro Penitenciario; omisión que constituiría un procesamiento ilegal e indebido; toda vez que, realizado dicho verificativo, podría inclusive haberse ordenado su libertad, al no existir de parte del Ministerio Público, requerimiento fundamentado de ampliación de detención preventiva, esto conforme al art. 239 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, hasta la presente fecha (23 de junio de 2022), estando cumplidos los cinco meses de duración de su detención preventiva, el Ministerio Público, no solicitó la ampliación del término de la señalada medida, y tampoco lo realizó la parte denunciante; esto a razón, de que se desarrollarón todos los actos investigativos de forma fidedigna, y sin ningún tipo de entorpecimiento, ni de fuga y obstaculización. Asimismo alegó, que al existir una resolución firme que determinó el plazo para la duración de su detención preventiva, señalado para el 22 de junio de 2022, acto judicial que no fue llevado a cabo por el Juez –hoy demandado–, en su condición de autoridad encargada del control de las investigaciones penales, se denotaría su omisión en un procesamiento ilegal, por incumplir lo preceptuado en el Auto de Vista de 2 de febrero de igual año, y los arts. 233, y 239 núm. 2) del CPP; lo cual, infringiría su derecho a un procesamiento legal, con afectación a su derecho de locomoción.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulneradas

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció lesionado sus derechos a un debido proceso y libertad de locomoción; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada, que en el día, convoque a la correspondiente audiencia de consideración de su situación jurídica, conforme fue dispuesto en el Auto de Vista de 2 de febrero de 2022, y sea con costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 24 de junio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 65 y vta., presente el accionante asistido por su abogada defensora, y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, a través de su abogada, en audiencia, se ratificó íntegramente en su demanda de acción tutelar, y ampliándola, manifestó que: a) Habiéndose dictado su detención preventiva por el término de cinco meses, y el señalamiento de audiencia para considerar su situación jurídica, el 22 de junio de 2022, a las 09:00; empero, teniendo conocimiento de los mismos, el Juez –ahora demandado–, no obró de manera diligente con los medios necesarios para realizar la celebración de dicho verificativo; toda vez que, habiéndose constituido (su abogada) a los estrados judiciales, a efectos de la realización de la misma, no se instaló el acto procesal; b)

Negaría enfáticamente los informes del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, y de la autoridad demandada; puesto que, no sería cierto, ni evidente que se hubiera instalado la audiencia para considerar su situación jurídica; ya que, ni siquiera concurre en el libro de audiencias la misma; c) Lo que sí se observaría de la prueba adjuntada, que acudieron todas las partes, como el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; sin embargo, se indicaría que nadie asistió a la referida audiencia, cuando en verdad estuvieron todas la partes, pero no se instaló la misma; toda vez que, prueba de ello, es el pedido de la autoridad demandada, de delegar la carga de las notificaciones y su traslado como privado de libertad, cuando en esencia se tiene establecido que al gozar del derecho de presunción a la inocencia, la carga de la prueba recaería a la parte quien acusa; por lo que, el Órgano Judicial, debió realizar todos los actos necesarios para la realización de la merituada audiencia, y no pretender que como privado de libertad, salga del Centro Penitenciario “San Antonio” de Cochabamba, por sus propios pies y concurrir al acto procesal, que en su condición no podía asistir a la misma; y, d) Conforme a los arts. 233, 235ter, y 239 núm. 2) del CPP, la detención preventiva debería ser verificada al vencimiento del plazo; por lo que, al no haber solicitud de ampliación de dicha medida, debió generarse la cesación de la misma; extremo que no se dio, al no haberse instalado la audiencia por el Juez –hoy demandado–, y de esa forma se estaría dando una detención prolongada de forma indebida.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

José Luis Fonseca Zubieta, Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, no se presentó a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a su citación conforme cursa a fs. 47 y 49. Por otra parte, si bien manifestó, en audiencia, la Secretaría de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que el Juez demandado remitió su informe (fs. 65); empero, el mismo no consta en obrados; o por lo menos, no fue remitido por la referida Sala; sin embargo, de la Resolución 11/2022 (fs. 66 vta.), se tiene lo manifestado por dicha autoridad; señalando que, se instaló la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante; empero, la misma fue suspendida, “ante la no devolución de la orden instruida donde se procede a la notificación con el Auto de Vista de 02 de febrero de 2022, sin que tenga conocimiento de su notificación” (sic); por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de la Resolución 11/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 68 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, siempre y cuando no se haya presentado pliego acusatorio contra el impetrante e tutela, señale audiencia para considerar la situación jurídica del mismo, debiendo realizar todos los diligenciamientos a fin de desarrollar el citado acto procesal, y sea en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificado con la presente Resolución, y sea sin costas por ser excusable; determinación efectuada en base a los siguientes fundamentos: 1) Según los antecedentes del proceso penal de referencia, se tiene que el 22 de junio de 2022, se instaló la audiencia reservada de revisión de la situación jurídica del solicitante de tutela, en cumplimiento de lo dispuesto por el Auto de Vista de 2 de febrero de igual año, acto procesal que fue suspendido bajo el argumento de no estar presentes ninguna de las partes del proceso, y no teniendo conocimiento de que la “orden Instruida recogida en fecha 24 de febrero de 2022 por Honorato López Mérida fue notificada legalmente, debido a que la misma no fue devuelta, y habiendo sido notificadas todas las partes según consta del Auto de Vista (…) y las mismas no concurrieron a la presente audiencia, por lo que queda suspendida la misma simple y llanamente” (sic); 2) Conforme a lo precedentemente señalado, el reclamo formulado por el accionante, respecto que no se instaló la mencionada audiencia, no tendría mérito; toda vez que, se contaría con el Acta de Audiencia Reservada de Revisión de la Situación Jurídica del Imputado de 22 de junio de 2022; misma que, debería ser considerado como cierta, bajo el principio de buena fe; y, 3) Sin embargo, de dicho verificativo, se advierte que la autoridad demandada, no realizó un nuevo señalamiento de audiencia a efectos de viabilizar la revisión de la situación jurídica del impetrante de tutela; puesto que, además de no desarrollarse el acto procesal de 22 de junio de 2022, por inasistencia de las partes, y no señalar nuevo verificativo, debió disponer las diligencias necesarias, a efectos de una correcta notificación a las partes y garantizar el desarrollo de la misma; por lo que, al no haberse actuado de esa forma, se vulneró el derecho reclamado por el solicitante de tutela, en sentido de no haberse considerado su situación jurídica, en cumplimiento de lo determinado en el art. 233 del CPP, y lo ordenado por el Auto de Vista de 2 de febrero de igual año.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Aplicación de Medidas Cautelares de 21 de enero de 2022, el Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba –ahora demandado–, dentro del proceso penal seguido en contra de Limbert López Rocha –hoy accionante–, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado en tentativa; declaró procedente la detención preventiva del mismo, debiendo cumplirse la citada medida en el Centro Penitenciario de “El Abra” del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, por el lapso de seis meses; y, por Auto de la referida fecha, se concedió el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela, contra la merituada Resolución (fs. 6 vta. a 11). II.2. Por Auto de Vista de 2 de febrero de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró procedente en parte, el referido recurso de apelación del –hoy solicitante de tutela–; confirmando la decisión del Auto de Aplicación de Medidas Cautelares de 21 de enero del citado año, al haberse justificado la medida cautelar de detención preventiva del mismo; asimismo, determinando que la aludida medida, sea cumplida por el plazo de cinco meses, en el Centro Penitenciario “San Antonio” de Cochabamba, y programó audiencia para la revisión de la situación jurídica del accionante, para el 22 de junio del indicado año, a las 09:00; y, estableciendo que las partes presentes estarían legalmente notificadas con dicha Resolución, por su emisión oral en audiencia, conforme dispone la parte final del art. 160 del CPP, modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–; asimismo, mediante Nota de 17 de febrero de 2022, la referida Sala Penal, realizó la devolución del cuadernillo de apelación incidental de medida cautelar, al Juez demandado (fs. 20 vta. a 25; y, 57). II.3. A través del memorial presentado el 23 de febrero de 2022, ante la autoridad demandada; el solicitante de tutela, conforme a lo determinado por el Auto de Vista de 2 del citado mes y año, respecto a que debería cumplir su detención preventiva en el Centro Penitenciario “San Antonio” de Cochabamba, requirió se extienda la comisión instruida para el municipio de Sacaba, a fin de notificar con la precitada Resolución al Gobernador del Centro Penitenciario de “El Abra” del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba; en virtud a ello, la citada autoridad, mediante Auto de 24 de febrero de 2022, en cumplimiento del referido Auto de Vista, ordenó a la mencionada autoridad del aludido Centro, el traslado inmediato del accionante, al Centro Penitenciario “San Antonio” de Cochabamba; y, ordenó por Secretaría, se expida el mandamiento correspondiente y la orden instruida, para la notificación a las indicadas autoridades de los señalados Centros, comisionando su ejecución a cualquier funcionario hábil y no impedido por Ley; en mérito a ello, se tiene la Orden Instruida de 24 del referido mes y año; mismo que, fue entregado a Honorato López Mérida, en la precitada fecha, y constando la firma del prenombrado (fs. 59, 60, 61; y, 62 y vta.). II.4. Por Auto de Cesación de la Detención Preventiva de 9 de junio de 2022, el Juez

–ahora demandado–, declaró improcedente la cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, por persistir los riesgos procesales incursos en los arts. 234 núm. 7, y 235 núm. 4 del CPP (fs. 13 a 14 vta.). II.5. A través del Auto de Cesación de la Detención Preventiva de 1 de abril de 2022, la autoridad demandada, declaró improcedente la cesación de la detención preventiva del –hoy impetrante de tutela–, por persistir los riesgos procesales incursos en los arts. 234 núm. 7, y 235 núm. 4 del CPP; y, por Auto de la referida fecha, concedió el recurso de apelación interpuesto por el mismo, contra la merituada Resolución; en mérito a dicha impugnación, se tiene que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 26 de igual mes y año, declaró procedente el indicado recurso, y dejó sin efecto el señalado Auto de Cesación de la Detención Preventiva, y dispuso que se emita nueva resolución, según a los parámetros del merituado Auto de Vista; conforme a ello, mediante Auto de Cesación de la Detención Preventiva de 24 de mayo de 2022, el Juez –hoy demandado–, declaró improcedente la cesación de la detención preventiva del accionante, por persistir los riesgos procesales incursos en los arts. 234 núm. 7, y 235 núm. 4 del CPP (fs. 27 a 29; 32 a 36; y, 38 a 41). II.6. Cursa Acta de Audiencia Reservada de Revisión de la Situación Jurídica del Imputado –hoy impetrante de tutela– de 22 de junio de 2022; en el cual, el Juez –ahora demandado–, instalando dicho verificativo, a las 09:00, ante el informe del Secretario del Juzgado, de no estar presentes en el acto procesal, el Ministerio Público, la parte denunciante y su abogado, el accionante y su defensa técnica, el representante del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Punata; y, no teniendo conocimiento de que la mencionada Orden Instruida, recogida el 24 de febrero del señalado año, por Honorato López Mérida, fue notificada legalmente; debido a que, el mismo no se devolvió, y habiéndose notificado a todas las partes según consta del Auto de Vista de 2 de febrero de 2022; y por el cual, las citadas partes no concurrieron a la aludida audiencia; conforme a ello, suspendió el señalado acto procesal simple y llanamente; actuado procesal que fue notificado a todas la partes incluido al solicitante de tutela, mediante tablero del Juzgado y testigo a ruego, el 22 de junio de 2022 (fs. 63; y, 64 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció lesionado sus derechos a un debido proceso y libertad de locomoción; toda vez que, habiéndose establecido mediante Auto de Vista, que su detención preventiva sería por el lapso de cinco meses, y en virtud a ello se fijó la audiencia de consideración de su situación jurídica, para el 22 de junio de 2022; el Juez demandado, teniendo conocimiento de las referidas determinaciones; además, de no instalar dicho verificativo, debió de realizar todos los actos necesarios para la realización de la misma; por lo que, estando cumplido el plazo de su medida, tal omisión se constituiría en un procesamiento ilegal e indebido, y afectación de su derecho a la locomoción. En consecuencia, corresponde dilucidar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad

La SCP 0356/2020-S4 de 19 de mayo, señalando a la SCP 0046/2022-S4 de 4 de abril y la SCP 1579/2004-R de 1 de octubre, refiriéndose al recurso de hábeas corpus –hoy acción de libertad–, estableció una primera clasificación de esta acción de defensa, precisando que: “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. Por su parte la SC 0044/2010-R de 20 de abril, refiriéndose a la acción de libertad y la clasificación doctrinal del hábeas corpus, señaló que: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”; precisando luego la misma Sentencia, en cuanto a esta última modalidad, lo siguiente: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”. Es importante señalar que, de acuerdo a la previsión comprendida en el art. 8.II de la CPE, el Estado Plurinacional se sustenta entre otros valores, en la libertad, cuya concreción material trasciende ciertamente al vivir bien como finalidad máxima; así también, el Constituyente ha incorporado en el plexo normativo un conjunto de principios que guían la interpretación y la aplicación de las normas; entre ellos, los principios que sustentan la potestad de impartir justicia, contenidos en el art. 178.I de la Ley Fundamental, o los principios procesales instituidos en el art. 180.I de la Norma Suprema, destinados a la jurisdicción ordinaria, siendo de relevancia para el caso, el principio de celeridad, que de acuerdo al art. 3.7 de la LOJ, comprende “el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia” y el de respeto a los derechos.

Entonces, para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se tiene prevista como acción específica de defensa a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la misma que se activa cuando existe dilación indebida en los trámites judiciales o administrativos de aquellas personas que se encuentren privadas de libertad” (las negrillas son nuestras).

III.2. Celeridad en el señalamiento de audiencias de cesación o modificación de medidas cautelares

Sobre la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia en el señalamiento de audiencias de cesación o modificación a la detención preventiva la SCP 0849/2022-S4 de 22 de julio, refirió que: “El art. 239 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, en relación a la cesación de la detención preventiva, establece que planteada la solicitud, el juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días, cuyo incumplimiento, configuraría una dilación indebida, generando así una lesión al derecho a la libertad de las personas que se encuentran bajo esta medida, cuyas solicitudes debieran ser atendidas con la mayor celeridad posible dentro los plazos previstos por ley (SCP 0759/2012 de 13 de agosto, entre otras).

Ahora bien, a efectos de determinar cuáles deben considerarse actos dilatorios, que lesionando el debido proceso inciden negativamente sobre el derecho a la libertad, la SC 0078/2010-R, de 3 de mayo, con base en los postulados establecido en los arts. 8 y 180.I de la Constitución Política del Estado estableció las sub-reglas para su identificación, estableciendo que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: ‘…c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad’.

Por lo mencionado, es deber ineludible de las autoridades jurisdiccionales señalar la respectiva audiencia cumpliendo los términos estipulados por la normativa legal vigente, caso contrario se estaría lesionando el derecho a la libertad y el principio de celeridad.

En consonancia con la jurisprudencia precedentemente señalada, corresponde establecer que tratándose de audiencias en las que se solicite la modificación de la medida cautelar, también debe regir el principio de celeridad y el cumplimiento de los plazos establecidos por ley, presupuestos que no solo son aplicables para el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva, sino también para aquellas audiencias en las que se pide la consideración de la modificación de las medidas cautelares; puesto que, dada la situación de la persona, tras encontrarse detenida preventivamente; y habiendo sido en el caso concreto, beneficiado el accionante con la detención domiciliaria previo el cumplimiento de requisitos, que no son posibles en su cumplimiento, por su condición económica, la misma que podrá ser considerada en la audiencia de modificación de medidas cautelares por su importancia al encontrarse detenido preventivamente, se tiene que, igualmente este extremo amerita una atención preferente por parte de los administradores de justicia; toda vez que, también se trata de solicitudes y trámites vinculados al derecho a la libertad de las personas, en ese entendido, la petición de modificación de la medida cautelar debe ser atendida en los plazos señalados por la jurisprudencia constitucional antes referida y con la debida celeridad que ello implica” (las negrillas nos pertenecen).

De igual forma la SCP 0529/2023-S4 de 22 de junio, efectuando un análisis sobre la celeridad que debe regir la tramitación concerniente a la audiencia referida al exordio, y en alusión a la jurisprudencia previa desarrollada sobre la misma, sostuvo que: “La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, indica que: ‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal.

(…).

De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud.

En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’.

Además, cabe resaltar que el art. 239 del CPP, (…) establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva (…).

…debe tenerse presente que la celeridad en la atención de este tipo de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad personal de los procesados, ha motivado la modificación de la indicada norma por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que reduce el plazo de cinco días arriba citado a cuarenta y ocho (48) horas; modificación que si bien aún no se encuentra vigente dada la vacatio legis establecida en la Disposición Final Primera de la citada Ley, resulta pertinente a los fines de establecer que la voluntad del legislador se ha abocado a reducir aún más los plazos para la consideración de solicitudes de modificación de medidas cautelares para maximizar el principio de celeridad con relación a la situación jurídica de los procesados privados de libertadʹ.

Complementando el análisis del espíritu de la Ley 1173, conviene hacer hincapié en el objeto de la misma, que es procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas. En el entendido de que, en la fecha que se suscitaron los hechos de esta acción de defensa, ya se encontraba en plena vigencia la precitada Ley, es menester resaltar que ésta, no solo acortó los plazos de señalamiento de audiencia del art. 239 del adjetivo penal, en el caso concreto, de cinco a dos días (48 horas), sino que también ha previsto cambios en la sustanciación de las audiencias –incluida la de cesación a la detención preventiva–, y en las notificaciones en general; por lo que, siempre en observancia del principio de celeridad, y la necesaria interpretación sistemática y exegética de la norma, para la tramitación de este tipo de actos procesales, necesariamente se debe acatar los siguientes artículos del adjetivo penal: Artículo 113. (AUDIENCIAS). I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal. En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuanto esté prevista la realización de audiencias orales.

En el juicio y en las demás audiencias orales, se utilizará como idioma el castellano, alternativamente, mediante resolución fundamentada, la jueza, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio.

Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, la jueza, el juez o tribunal nombrará un intérprete común.

Cuando alguna de las partes requiera de un intérprete en audiencia, comunicará esta circunstancia con la debida antelación a la autoridad jurisdiccional, debiendo ofrecerlo o solicitar la designación de uno de oficio.

II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código.

Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia.

Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro.

Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento.

La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación.

La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, <b>debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes.

Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

En la presente acción de libertad, el impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció lesionados sus derechos a un debido proceso y libertad de locomoción; toda vez que, habiéndose establecido mediante Auto de Vista, que su detención preventiva sería por el lapso de cinco meses, y en virtud a ello se fijó la audiencia de consideración de su situación jurídica, para el 22 de junio de 2022; el Juez demandado, teniendo conocimiento de las referidas determinaciones; además, de no instalar dicho verificativo, debió de realizar todos los actos necesarios para la realización de la misma; por lo que, estando cumplido el plazo de su medida, tal omisión se constituiría en un procesamiento ilegal e indebido, y afectación de su derecho a la locomoción. Identificada la problemática planteada y la pretensión del accionante, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar una síntesis de los antecedentes del proceso penal de origen; en el que, se habrían suscitado las actuaciones hoy cuestionadas de lesivas de derechos vía acción de libertad; de lo cual, se tiene que, mediante Auto de Aplicación de Medidas Cautelares de 21 de enero de 2022, el Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba –ahora demandado–, dentro del proceso penal seguido en contra de Limbert López Rocha –hoy solicitante de tutela–, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado en tentativa; declaró procedente la detención preventiva del mismo, debiendo cumplirse la citada medida en el Centro Penitenciario de “El Abra” del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, por el lapso de seis meses; y, por Auto de la referida fecha, se concedió el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela, contra la merituada Resolución; en virtud a dicha impugnación, por Auto de Vista de 2 de febrero de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró procedente en parte el referido recurso de apelación; confirmando la decisión del Auto de Aplicación de Medidas Cautelares de 21 de enero del citado año, al haberse justificado la medida cautelar de detención preventiva impuesta al solicitante de tutela; asimismo, determinando que la aludida medida, sea cumplida por el plazo de cinco meses, en el Centro Penitenciario “San Antonio” de Cochabamba, y programando audiencia para la revisión de la situación jurídica del mismo, para el 22 de junio del indicado año, a las 09:00; además, estableciendo que las partes presentes estarían legalmente notificadas con dicha Resolución, por su emisión oral en audiencia, conforme dispone la parte final del art. 160 del CPP, modificada por la Ley 1173; asimismo, mediante Nota de 17 de febrero de 2022, la referida Sala Penal, realizó la devolución del cuadernillo de apelación incidental de medida cautelar, al Juez demandado (Conclusiones II.1 y II.2). Conforme a las determinaciones del precitado Auto de Vista; el accionante, mediante memorial presentado el 23 de febrero de 2022, ante la autoridad demandada, respecto a que debería cumplir su detención preventiva en el Centro Penitenciario “San Antonio” de Cochabamba; requirió se extienda la comisión instruida para el municipio de Sacaba, a fin de notificar con la precitada Resolución al Gobernador del Centro Penitenciario de “El Abra” del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba; en virtud a ello, la citada autoridad, mediante Auto de 24 de febrero de 2022, en cumplimiento del referido Auto de Vista, ordenó a la mencionada autoridad del aludido Centro, el traslado inmediato del impetrante de tutela, al Centro Penitenciario “San Antonio” de Cochabamba; y, ordenó por Secretaría, se expida el mandamiento correspondiente y la orden instruida, para la notificación a las indicadas autoridades de los señalados Centros, comisionando su ejecución a cualquier funcionario hábil y no impedido por ley; en mérito a ello, se tiene la Orden Instruida de 24 del referido mes y año, mismo que fue entregado a Honorato López Mérida, en la precitada fecha, y constando la firma del prenombrado (Conclusión II.3). En el ínterin del proceso penal de referencia; se tiene que, por Autos de Cesación de la Detención Preventiva de 1 de abril , 24 de mayo y 9 de junio, todos de 2022; el Juez demandado, declaró en todas ellas, improcedente la cesación preventiva del solicitante de tutela, por persistir los riesgos procesales incursos en los arts. 234 núm. 7, y 235 núm. 4 del CPP (Conclusiones II.4, y II.5). Por último, cursa Acta de Audiencia Reservada de Revisión de la Situación Jurídica del Imputado –hoy accionante– de 22 de junio de 2022; en la cual, el Juez demandado, instalando dicho verificativo, a las 09:00, ante el informe del Secretario del Juzgado, de no estar presentes en el acto procesal, el Ministerio Público, la parte denunciante y su abogado, el impetrante de tutela y su defensa técnica, el representante del SLIM de Punata, y no teniendo conocimiento de que la mencionada orden instruida, recogida el 24 de febrero del señalado año, por Honorato López Mérida, fue notificada legalmente, debido a que la misma no se devolvió, y habiéndose notificado a todas las partes según consta el Auto de Vista de 2 de febrero de 2022, las citadas partes no concurrieron a la aludida audiencia; conforme a ello, suspendió el señalado acto procesal simple y llanamente; actuado procesal que fue notificado a todas la partes incluido al solicitante de tutela, mediante tablero del Juzgado y testigo a ruego, el 22 de junio de igual año (Conclusión II.6). En ese contexto, la presente acción de defensa fue planteada por el accionante, solicitando que se programe audiencia de consideración de su situación jurídica, denunciando que no cuenta con ningún señalamiento a ese fin y que dicha omisión afecta su libertad; dada que, su detención preventiva estaría cumplido más allá del plazo de cinco meses previstos. Lo formulado por el prenombrado, tomando en cuenta que considera vulnerado su derecho al debido proceso en su componente celeridad, debe ser resuelto a la luz de la acción de libertad de pronto despacho, abordada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuyo fin es precautelar que las peticiones de los privados de libertad sean atendidas con la prontitud correspondiente; ya que, de por medio se halla su libertad; de ello se entiende que la celeridad con la que se debe actuar obedece a que el derecho a la libertad de locomoción no puede ser más afectado aun por dejadez de la autoridad de la causa o de algún funcionario de apoyo judicial, debiendo enmarcarse su intervención en el cumplimiento estricto de los plazos previstos por ley; de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho a la libertad de locomoción.

Ahora bien, previamente corresponde señalar el plazo que dispone el Código de Procedimiento Penal para resolver la situación jurídica del imputado que esté cumpliendo una medida cautelar de detención preventiva (situación que debe disponerse por un plazo preestablecido, como lo prevé el art. 233.3 del CPP), así se advierte que el art. 239 del citado Código ordena: “…Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; (…)

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. (…) Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código” (las negrillas son nuestras).

En ese entendido, conforme a los antecedentes de la presente acción tutelar, se advierte que, en recurso de apelación incidental, mediante Auto de Vista de 2 de febrero de 2022, se confirmó la medida cautelar de detención preventiva del accionante, por el lapso de cinco meses, citada medida que debería ser cumplida por el mismo en el Centro Penitenciario “San Antonio” de Cochabamba, y programando audiencia para la revisión de su situación jurídica, para el 22 de junio del indicado año, a las 09:00; además de ello, estableció que las partes presentes estarían legalmente notificadas con dicha Resolución, por su emisión oral en audiencia, conforme dispone la parte final del art. 160 del CPP; y, mediante Nota de 17 de febrero de 2022, se realizó la devolución del cuadernillo de apelación incidental al Juez demandado; en ese contexto, teniendo conocimiento dicha autoridad, de las referidas determinaciones, según establece el art. 239.2 del citado Código, y el primer párrafo del mismo, estando por cumplirse el vencimiento del plazo de detención preventiva del impetrante de tutela y no existiendo requerimiento de ampliación del término de la detención, por parte de Fiscal de Materia; en su ejercicio de autoridad de control jurisdiccional de la investigación, conforme a la fecha determinada en el merituado Auto de Vista, debió de establecer la audiencia, a través de un decreto o actuado procesal, con cuarenta y ocho horas de anticipación, para considerar de esa forma la situación jurídica del mismo, y para que en ese lapso de tiempo, con las debidas diligencias, no solo las partes del proceso se constituyan para dicho verificativo, sino el solicitante de tutela en su condición de privado de libertad, sea trasladado al acto procesal; es decir, si bien se denota del Acta de Audiencia Reservada de Revisión de la Situación Jurídica del Imputado de 22 de junio de 2022, que el acto procesal fue instalado por parte de la autoridad demandada, para considerar la situación jurídica del accionante, conforme a la fecha que fue dispuesta por Auto de Vista de 2 de febrero de igual año; empero, en la misma, se evidencia que el Secretario del Juzgado, solo informó respecto a la falta de presencia de todas las partes procesales; y no así, si estos fueron legalmente notificados o tuvieron conocimiento con algún pronunciamiento por parte del Juez demandado; en el cual fijó el acto procesal mencionado, igualmente si se dispuso por medio de una providencia o actuado procesal, el traslado del impetrante de tutela para su presencia en el mismo, muy al margen que con la determinación del citado Auto de Vista, tuvieron conocimiento todas las partes procesales; en ese entendido, además de ser corroborado dichos extremos por la parte solicitante de tutela, al señalar que: “…el Juez accionado (…) no obró de manera diligente con los medios necesarios para realizar la celebración de dicha audiencia, constituyéndose esta parte a los estrados judiciales a efectos de celebración de la misma la cual no fue instalada” (sic); esta omisión de los procedimientos por parte de la autoridad demandada, perjudicó la efectiva revisión de la situación jurídica del solicitante de tutela, mediante una audiencia programada, y conforme a ello, el no garantizar la presencia de todas la partes procesales para dicho verificativo, se constituye en una primera dilación indebida que vulnera los derechos de quien espera sea resuelta con celeridad su situación jurídica. Por otra parte, si bien la parte accionante en audiencia, señaló que: “no sería cierto ni evidente que se hubiera instalado la audiencia para la consideración de la situación jurídica; tal es así que ni siquiera concurre en su libro de audiencias la misma (…) lo que se puede observar de la prueba adjuntada que acudieron todas las partes así como ministerio público y defensoría de la niñez, indicando sin embargo que nadie asistió a dicha audiencia cuando en verdad acudieron todos pero no se instaló la misma” (sic); sobre ello, al margen de ser evidente o no dichas alegaciones, se cuenta con el Acta de Audiencia Reservada de Revisión de la Situación Jurídica del Imputado de 22 de junio de 2022; mediante el cual, el Juez demandado, instaló dicho verificativo, para resolver la situación jurídica del impetrante de tutela; empero, de la misma, llamaría la atención el justificativo que utilizó la aludida autoridad, para suspender el citado acto procesal, señalando que: “no estando presente ninguna de las partes del proceso y no teniendo conocimiento de que la orden Instruida recogida en fecha 24 de febrero de 2022 por Honorato López Mérida fue notificada legalmente; debido a que, la misma no fue devuelta, y habiendo sido notificadas todas las partes según consta del Auto de Vista de 2 de febrero de 2022 cursante a fojas 118 y las mismas no concurrieron a la presente audiencia, por lo que queda suspendida la misma simple y llanamente” (sic); sin embargo, según el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, dichos justificativos; y más aún, este último no se entiende de forma clara a que quiso referirse, no se constituirían en motivos validos que justifique la suspensión de la citada audiencia dispuesta por el Juez demandado; toda vez que, estando establecido en el art. 239 en su último párrafo, que: “Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código” (las negrillas son nuestras); y, conforme a esta última normativa, se establece que: “Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia… (…) Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia (…) se designará un defensor estatal o de oficio. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él (…), se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. (…) La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes” (las negrillas nos pertenecen); en ese entendido, conforme a lo preceptuado y más aún según a esta última disposición, en el caso concreto, los merituados justificativos no se establecerían en motivos válidos, para que la autoridad demandada, suspenda dicho verificativo; por lo que, los aludidos extremos se constituirían como una segunda dilación. Ahora si bien, el art. 113 del CPP, establecería que: “Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados (…) la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles” (las negrillas son nuestras); aclarando que como se señaló anteriormente, que los indicados justificativos no serían válidos, y conforme a esta última disposición, por ende los mismos no se constituirían como causales de fuerza mayor o caso fortuito, para no llevarse a cabo el acto procesal de referencia; el Juez demandado, en todo caso, debió de fijar audiencia para la consideración de la situación jurídica del accionante, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, incluso habilitando horas inhábiles; sin embargo, conforme se tiene del Acta de Audiencia Reservada de Revisión de la Situación Jurídica del Imputado de 22 de junio de 2022, la merituada autoridad, además de suspender dicho verificativo sin las causales validas de referencia, no señaló audiencia dentro del plazo indicado, constituyéndose de esa manera en otra y última tercera dilación; que trajo como consecuencia ineludible, la afectación no solo del derecho a la libertad personal del impetrante de tutela, sino colocándole al mismo en una total incertidumbre de su situación jurídica, como también la lesión del goce de otros derechos (debido proceso, acceso a la justicia pronta y oportuna). En este sentido, la conducta asumida por el Juez demandado, además de no realizar las debidas diligencias para que la audiencia sea efectivizada con presencia de todas las partes; asimismo suspender el acto procesal programado, sin las condiciones establecidas en la norma adjetiva penal, y el no haber señalado nuevo verificativo de consideración de la situación jurídica del solicitante de tutela, dentro del plazo establecido por los arts. 113 y 239 del CPP, resulta contrario al principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180.I de la CPE, y los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; 8.1 de la CADH; 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en consonancia con el 30.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–; en consecuencia, por lo expuesto, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde conceder la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tipología de la acción de libertad, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas. Finalmente corresponde aclarar que la concesión de tutela impetrada, únicamente se encuentra dentro del ámbito de protección de una justicia pronta y oportuna a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a fin del cumplimiento de los plazos procesales establecidos en los arts. 113 y 239 del CPP, en cuanto al señalamiento de una audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante omitido por el Juez demandado, sin que exista pronunciamiento alguno respecto del fondo de la situación jurídica del mismo referente a su libertad, decisión que corresponde ser asumida por la autoridad ordinaria que conoce de la causa, quien en el caso presente debe asumir una determinación que garantice una protección efectiva y reforzada de la víctima de los hechos motivo de procesamiento. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 68 vta., pronunciada por Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, según los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, y conforme fue dispuesto por la referida Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0311_2024-S4.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1ceb9c6a04985cd7a4b3803e6fecec45fef3a0a49eb66af38b843e5b36c28521

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