Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de junio de 2024
Concede la tutela
La accionante denuncia que los Magistrados accionados, vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra y otro, por la presunta comisión del delito de peculado, por Auto Supremo 205/2022-RA de 11 de abril, declararon inadmisible el recurso de casación que planteó; decisión judicial carente de la debida fundamentación y motivación, emitida sin un pronunciamiento razonado y fundamentado sobre el fondo de lo demandado relacionado con los defectos absolutos denunciados en que incurrió el Tribunal de alzada, y que fueron expuestos en el recurso de casación; y no obstante de ello, los accionados sustentaron su inadmisibilidad, afirmando que la accionante no cumplió con lo establecido por el art. 417 del CPP y con los presupuestos de flexibilidad de los requisitos que hacen permisible la activación de dicho recurso. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 89/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 188 a 192 vta., dictada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos de la Sala Constitucional y conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0311/2024-S3 Sucre, 10 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 50221-2022-101-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 89/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 188 a 192 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fanny Moreno Sotelo contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 26 de julio de 2022, cursante de fs. 83 a 87 vta., la accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra y otro, por la presunta comisión del delito de peculado, planteó recurso de apelación contra la Sentencia 07/2017 de 3 de marzo, que la condenó a sufrir la pena de tres años de reclusión; que mereció el Auto de Vista 041/2021 de 27 de septiembre; por el cual, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, declaró improcedente; decisión judicial, que al carecer de fundamentación y motivación y ser una omisión sancionada con la nulidad por constituir un defecto absoluto, fue objeto del recurso de casación por su parte, al ser contradictorio a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 144/2013 de 28 de mayo; instancia en la cual, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo 205/2022-RA de 11 de abril, lo declaró inadmisible, fallo que impugna a través de la presente acción de defensa.
Refirió que los Magistrados ahora accionados, sustentaron su decisión señalando que si bien invocó el Auto Supremo 144/2013, transcribiendo parte del mismo; empero, omitió explicar la contradicción en la que hubiere incurrido el Auto de Vista apelado con relación a la doctrina legal aplicable del precedente aducido, sin sentar las bases respecto a los aspectos contrarios que se tendrían que analizar en el fondo de la temática planteada entre el precedente y la Resolución impugnada; por lo que, a criterio de las citadas autoridades judiciales, su persona no cumplió con lo establecido en el art. 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP); procediendo de la misma manera, con relación al defecto absoluto que generaría la denuncia, al indicar que como recurrente omitió cumplir con los presupuestos de flexibilización, al no haber quedado claro el hecho generador del defecto, así como tampoco hubiere señalado de qué manera el agravio identificado vulneró algún derecho o garantía constitucional; en consecuencia, tampoco se hubo explicado en el recurso de casación el resultado dañoso emergente de la supuesta lesión, implicando la inadmisibilidad del motivo formulado; lo que no es evidente, al haber advertido en la apelación planteada las omisiones en las que incurrió el Tribunal de alzada y que son sancionadas con la nulidad, por constituir defecto absoluto. Ahora bien, en el caso no admitido, respecto a que el recurso de casación hubiese carecido de fundamentación en relación a la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente contradictorio invocado, ello no era óbice para la declaratoria de admisibilidad del mismo, en razón a que cuando se denuncia la existencia de defectos absolutos, la cita de precedentes contradictorios y la fundamentación de dicha contradicción con el Auto de Vista cuestionado, no es necesario para que proceda su admisión, como lo establece la SCP 1092/2014 de 10 de junio; por lo que, los Magistrados ahora accionados al declarar inadmisible su recurso de casación, vulneraron su derecho al debido proceso por no haber emitido un pronunciamiento razonado y fundamentado sobre el fondo de lo demandado relacionado con los defectos absolutos denunciados, careciendo el Auto Supremo 205/2022-RA, de la debida motivación y fundamentación que debe contener toda resolución judicial.
Señaló como lesionado la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto el Auto Supremo 205/2022-RA de 11 de “julio” -lo correcto es abril-; y, b) Que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emita uno nuevo, ingresando al fondo y sea resolviendo las denuncias referidas a los defectos absolutos.
Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 185 a 187 de obrados, se produjeron los siguientes actuados. 1.2.1. Ratificación de la acción La accionante a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, reiterando se conceda la tutela pedida, dejando sin efecto el Auto Supremo 205/2022-RA impugnado, debiendo los Magistrados accionados dictar uno nuevo, resolviendo el fondo de lo denunciado en el recurso de casación interpuesto por su parte.
Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no comparecieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentaron informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 113.
Erick León Zuleta Justiniano, Fiscal de Materia, en audiencia solicitó se rechace la presente acción de defensa, argumentando que: 1) Se advirtió que la parte accionante, expresó que se vulneró su derecho al debido proceso por parte de los Magistrados accionados, quienes a tiempo de resolver el recurso de casación que interpuso, no emitieron un pronunciamiento razonable y fundamentado. Al respecto, lo que tiende en el fondo el recurso de casación, es que se anule la Sentencia emitida por los tribunales competentes y lo que contiene el mismo son aseveraciones relativas a una incorrecta interpretación de la ley o cuando ésta, no cumplió las solemnidades legales que corresponden; es decir, “…el error injudicando o bien el improcedente…” (sic); sin embargo, no se escuchó cuáles de los componentes del debido proceso fue vulnerado para que la accionante hubiere podido argumentar alguna vulneración; y, 2) La Resolución impugnada está fundada y fundamentada, en la que se expuso los motivos por los cuales no se dio curso al recurso de casación; empero, se pretendió mediante esta acción tutelar, en la cual no se escuchó bajo qué vertiente del debido proceso se vulneró el debido proceso o la garantía constitucional alegada por la parte accionante o cuáles de sus elementos o componentes fue lesionado por los Magistrados accionados.
Erlan Elio Roca Calle, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó alegación alguna, pese a su legal citación cursante a fs. 98.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 89/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 188 a 192 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 205/2022-RA, disponiendo que las autoridades judiciales accionadas dicten uno nuevo, bajo los parámetros de la Resolución emitida, con el fundamento siguiente: Se verificó que las autoridades hoy accionadas al declarar mediante el citado Auto Supremo 205/2022-RA, inadmisible el recurso de casación, no obraron de forma correcta, al indicar en dicha Resolución la recurrente omitió explicar las contradicciones en las que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido, exigiendo el precedente contradictorio, sin tomar en cuenta que en dicho recurso de casación se denunció defectos procesales absolutos al haber identificado los hechos que lo generaron, siendo que los accionados debieron tomar en cuenta lo mencionado en la SCP 0025/2017 de 6 de febrero, debiendo ingresar a la verificación de si existieron o no respecto a lo alegado por la recurrente en cuanto a los defectos absolutos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Fanny Moreno Sotelo –hoy accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de peculado, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni, dictó la Sentencia 07/2017 de 3 de marzo, declarándola culpable del ilícito de peculado, condenándola a cumplir la pena de tres años de reclusión en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Trinidad (fs. 3 a 11 vta.). II.2. Contra la Sentencia precedente, la demandante de tutela planteó recurso de apelación restringida de 27 de marzo de 2017 (fs. 12 a 21 vta.); instancia en la cual, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitió el Auto de Vista 041/2021 de 27 de septiembre, declarándolo improcedente (fs. 22 a 32 vta.). II.3. La Resolución de alzada fue objeto del recurso de casación de 14 de octubre de 2021, por parte de la impetrante de tutela (fs. 33 a 35 vta.); que mereció el Auto Supremo 205/20212-RA de 11 de abril, por el que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, lo declaró inadmisible (fs. 36 a 40).
La accionante denuncia que los Magistrados accionados, vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra y otro, por la presunta comisión del delito de peculado, por Auto Supremo 205/2022-RA de 11 de abril, declararon inadmisible el recurso de casación que planteó; decisión judicial carente de la debida fundamentación y motivación, emitida sin un pronunciamiento razonado y fundamentado sobre el fondo de lo demandado relacionado con los defectos absolutos denunciados en que incurrió el Tribunal de alzada, y que fueron expuestos en el recurso de casación; y no obstante de ello, los accionados sustentaron su inadmisibilidad, afirmando que la accionante no cumplió con lo establecido por el art. 417 del CPP y con los presupuestos de flexibilidad de los requisitos que hacen permisible la activación de dicho recurso. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativas, como elementos del debido proceso, señaló en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
(…)
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio[8], estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras.(…)
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”.
Como se advierte del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, constituye lesión al debido proceso, la emisión de resoluciones sean judiciales o administrativas, carentes de fundamentación y motivación, en consideración a que se debe garantizar a los justiciables y administrados, que la resolución adoptada por la autoridad judicial o administrativa, definiendo sus derechos, cumpla con las reglas del debido proceso como derecho fundamental.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto al intitulado precedente, se pronunció a través de la SCP 1092/2014 de 10 de junio, que establece: “En el sistema procesal penal imperante, el tribunal de casación se erige en el órgano especializado para efectuar el control de legalidad de los actos producidos en la justicia ordinaria. En ese marco, es importante recalcar que, el reclamo de los defectos absolutos no se restringe a una determinada etapa del proceso penal, pudiendo ser resueltos por la autoridad judicial en cualquier etapa del proceso penal, sea de oficio o a petición de parte; así, mientras un acto procesal conculque derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, es posible la declaratoria de nulidad del acto, sin necesidad de protesta por parte del afectado. En ese sentido, la previsión legal contenida en el art. 17.III de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), no es aplicable en el régimen de los defectos absolutos normados en el art. 169 del CPP. El régimen de los defectos absolutos responde al sistema penal garantista, cuya finalidad es sancionar con ineficacia todo acto que implique arbitrariedad y abuso de poder por parte de los órganos del Estado en el ejercicio del poder punitivo; sin embargo, es preciso aclarar que, no todo acto procesal declarado nulo significa necesariamente la nulidad del proceso en su integridad, sino que, el acto declarado nulo por conculcar derechos fundamentales y garantías constitucionales, carece de eficacia jurídica para fundar cualquier decisión judicial; es decir, los jueces y Tribunales están impedidos en fundar sus decisiones en actos jurisdiccionales o investigativos que comprometan derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo tanto, la labor jurisdiccional compele a la autoridad judicial velar por el normal desarrollo del proceso, cuidando la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Pues bien, ante la denuncia de los defectos absolutos, el Tribunal de casación tiene la obligación de analizar y compulsar los antecedentes del proceso y resolverla, sin necesidad de exigir la cita o fundamentación en precedentes contradictorios; así, la SCP 0776/2013 de 10 de junio, sostuvo que: ‘…Esto provoca que todos los órganos jurisdiccionales tengan la labor de ejercer de oficio el control de la actividad procesal defectuosa incluso cuando no exista petición de parte procesal justamente por su naturaleza inconvalidable y por tanto no dependen de la voluntad del afectado ni requieren de cita de precedente contradictorio, aspecto que sin embargo, no se contrapone con la configuración procesal que el legislador constituido dio al recurso de casación referido en la SCP 0895/2012. De lo anterior se concluye que la carga de presentar y argumentar el precedente contradictorio no es exigible cuando se aleguen defectos procesales absolutos referidos a la vulneración de derechos y garantías debiendo el Tribunal Supremo de Justicia en estos casos de oficio identificar y aplicar los precedentes contradictorios lo que implica una modulación a la SCP 0895/2012”’.
De la revisión de los antecedentes procesales, se constata que la accionante alega que los Magistrados accionados vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de peculado, planteó recurso de apelación contra la Sentencia 07/2017 de 3 marzo, que la condenó a sufrir la pena de tres años de reclusión; mereciendo el Auto de Vista 041/2021 de 27 de septiembre, por el cual la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, lo declaró improcedente; decisión judicial, que al carecer de fundamentación y motivación y ser una omisión sancionada con la nulidad por constituir un defecto absoluto, fue objeto del recurso de casación por su parte, al ser contradictorio a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 144/2013 de 28 de mayo; instancia en la cual, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo 205/2022-RA de 11 de abril, lo declaró inadmisible, sustentando su decisión señalando que si bien invocó el Auto Supremo 144/2013, transcribiendo parte del mismo; empero, omitió explicar la contradicción en la que hubiere incurrido el Auto de Vista apelado con relación a la doctrina legal aplicable del precedente aducido, sin sentar las bases respecto a los aspectos contrarios que se tendrían que analizar en el fondo de la temática planteada entre el precedente y la Resolución impugnada; por lo que, a criterio de las citadas autoridades judiciales, su persona no cumplió con lo establecido en el art. 417 del CPP; procediendo de la misma manera, con relación al defecto absoluto que generaría la denuncia, al indicar que como recurrente omitió cumplir con los presupuestos de flexibilización, al no haber quedado claro el hecho generador del defecto, así como tampoco hubiere señalado de qué manera el agravio identificado vulneró algún derecho o garantía constitucional; en consecuencia, tampoco se hubo explicado en el recurso de casación el resultado dañoso emergente de la supuesta lesión, implicando la inadmisibilidad del motivo formulado; lo que no es evidente, al haber advertido en la apelación planteada las omisiones en las que incurrió el Tribunal de alzada y que son sancionadas con la nulidad, por constituir defecto absoluto. Es así que, una vez planteada la problemática, cabe señalar que de los datos cursantes en obrados se advierte que dentro del proceso penal de referencia, la accionante Fanny Moreno Sotelo, por memorial presentado el 14 de febrero de 2021, interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 041/2021, exponiendo como motivos de casación que: i) La Resolución impugnada adoleció de defecto absoluto, porque no se pronunció de manera motivada ni fundamentada explicando cuáles fueron los parámetros a los cuales se ajustó el Tribunal de Sentencia al momento de valorar las pruebas, no obstante que como agravio expuso que la valoración de la prueba documental y testifical efectuada al momento de dictar sentencia fue defectuosa especialmente la signada “TAM.2”, consistente en un informe preliminar de auditoría que contenía contradicciones; referente al cual, se concluyó que probaba de manera plena la existencia de un faltante en las recaudaciones, habiéndose sustentado la sentencia, en una valoración defectuosa; por lo que, dicho fallo adoleció del defecto absoluto previsto en el art. 370.6 del CPP; agravio que, en vez de ser analizado por el Tribunal de apelación, actuando contrariamente, sosteniendo que estaban impedidos de realizar una revalorización de las pruebas, porque esa labor fue realizada por el inferior por ser su competencia exclusiva y que en este caso, no se evidenció ningún defecto que hubiere hecho presumir al Tribunal de alzada una mala o defectuosa valoración de las pruebas; por lo que, no se acreditó agravio que reparar; decisión, carente de fundamentación y motivación y esa omisión es sancionada con nulidad por ser considerada como un defecto absoluto, en cuyo mérito interpuso el presente recurso de casación contra el citado Auto de Vista 041/2021, por ser contradictorio a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 144/2013, ya que no cumplió con lo que la misma establece y que está referida a la obligación del Tribunal de apelación a dictar fallos con suficiente motivación, puesto que lo contrario vulnera lo establecido en los arts. 124 y 398 del CPP; y, ii) Respecto a los Autos Supremos citados en el recurso de apelación restringida y que se constituirían en precedentes contradictorios, los mismos resultaron inaplicables al presente caso, por motivos de no haberse previsto que el Auto de Vista impugnado, carecería de motivación y fundamentación.
En ese contexto, al asumir conocimiento del recurso de casación la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pronunció el Auto Supremo 205/2022-RA, declarándolo inadmisible fundamentando al respecto; luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial para el análisis de admisibilidad, como habiendo efectuado el examen de admisibilidad que: a) La parte recurrente reclamó que el Auto de Vista impugnado no se encontraba mínimamente motivado y tampoco fundamentado, con relación al defecto de Sentencia alegado en apelación conforme al art. 370.6 del CPP, incurriendo en un defecto absoluto inconvalidable, como lo establece el art. 169.3 del CPP, a cuyo efecto invocó el Auto Supremo 144/2013, del que transcribió la parte pertinente de su doctrina legal aplicable; empero, la recurrente omitió explicar la contradicción en la que hubiere incurrido el Auto de Vista en relación a la doctrina legal del precedente invocado; siendo que, en toda su argumentación no sentó las bases respecto de los aspectos contrarios que se tendrían que analizar en el fondo de la temática planteada entre el precedente y la Resolución ahora impugnada, teniendo en cuenta que solo explicó que el Auto de Vista no se encontraba mínimamente motivado y tampoco fundamentado; por lo cual, la recurrente no cumplió con lo establecido por el art. 417 del CPP; y, b) Con relación al defecto absoluto inconvalidable que generaría esta denuncia, la recurrente omitió cumplir con los presupuestos de flexibilización explicados en esta resolución, y no quedó claro el hecho generador del defecto, y menos aún señaló de qué manera el agravio identificado vulneró algún derecho o garantía constitucional; en consecuencia, tampoco se explicó el resultado dañoso emergente de la supuesta vulneración, lo que implicó la inadmisibilidad del presente motivo.
Por lo relacionado, se evidencia con claridad meridiana, que los accionados, incurrieron en acto ilegal restrictivo de derechos de la accionante, al haber declarado la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto, argumentando que no cumplió con lo establecido en el art. 417 del CPP, respecto al defecto de Sentencia alegado en apelación el que se constituyó en defecto absoluto y a cuyo efecto invocó el Auto Supremo 144/2013, como doctrina legal aplicable de la que no hubiere explicado la ahora accionante la contradicción con el Auto de Vista impugnado, lo que no es evidente; puesto que, fue clara y concreta al alegar en el recurso de casación, que dicha resolución de alzada era contraria a la doctrina legal enunciada, al no haber cumplido el Tribunal de alzada con la suficiente fundamentación y motivación, lo que constituía defecto absoluto respecto a la defectuosa valoración de la prueba en la Sentencia, vulnerando de esa manera lo establecido en los arts. 124 y 398 del CPP; advirtiéndose por ello, que los Magistrados accionados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, efectuaron el test de admisibilidad con excesivo formalismo, así como a la no consideración de los parámetros de flexibilización aplicables a la admisibilidad del recurso de casación, que la misma Sala los invocó en la parte in fine del punto IV referido al marco normativo y jurisprudencial para el análisis de admisibilidad, como en este caso cuando se impetra defectos absolutos, que conforme a la jurisprudencia constitucional como a la doctrina legal aplicable se flexibilizan los requisitos de admisibilidad en sede casacional establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP, lo que inobservaron los accionados, quienes además afirmaron que no proveyó el hecho generador, desconociendo que éste fue identificado como la falta de fundamentación y motivación respecto a la defectuosa valoración de la prueba y que ocasionó la lesión de su derecho y garantía fundamental alegado, constituyendo ello defecto absoluto que hace viable -como se refirió-, la flexibilización de los requisitos de admisibilidad en sede casacional y que no fue considerado por los Magistrados accionados. Por lo expuesto precedentemente, se constata que los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la accionante, alegando incumplimiento con lo establecido en el art. 417 del CPP, como de los requisitos de flexibilización de admisibilidad para la activación del recurso, vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, puesto que carece de fundamento suficiente; toda vez que, con su decisión cerraron toda posibilidad de verificar si era evidente o no lo denunciado en el recurso de casación para así poder modificar su situación jurídica, circunstancia que amerita la concesión de la tutela, debiendo por ello las autoridades accionadas enmendar su actuación, a través del pronunciamiento de una nueva resolución, conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional, y lo establecido en la Jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 89/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 188 a 192 vta., dictada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos de la Sala Constitucional y conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0311_2024-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 94525ccb64f689b0dba9cf26824c5d736876e08904b235299783c33958c7b236
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