B.IA.LEGAL

SCP 0311/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47019-2022-95-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a una fuente laboral estable, a una existencia digna, a la vida, a la salud, a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, al debido proceso y al acceso a la justicia; señalando que, luego de haber solicitado a su empleador que la afilie al ente gestor de salud a corto plazo por encontrarse embarazada y pronta a dar a luz, éste le hizo firmar hojas en blanco y el finiquito, para luego alegar con ello que habría presentado su renuncia y cobrado sus beneficios sociales; ante lo cual solicitó mediante carta notariada su reincorporación laboral, misma que no fue aceptada; suscitando que acuda ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, instancia en la que hizo conocer que fue objeto de despido injustificado y pese a que se encontraba en estado de gestación, esa instancia administrativa no se pronunció al respecto ni emitió ninguna determinación; provocando que su empleador se amparara en dicha falta de diligencia para no reincorporarla, lesionando con ello no sólo sus derechos sino también los de su hija recién nacida. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 046/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 157 a 161., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a los derechos al trabajo, a la salud, a la inamovilidad laboral, a una existencia digna, a la seguridad social y al pago de sueldos devengados, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a las controversias respecto al tipo de contratos, a las presuntas renuncias voluntarias y el pago de los finiquitos. 3° Llamar la atención a Doris Julieta Zambrana Ortiz, Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, conforme a los argumentos expuestos respecto a dicha autoridad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la inamovilidad laboral de los progenitores. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Flexibilización del principio de subsidiariedad en caso de mujeres embarazadas, madres de un o una menor de un año y/o progenitores de un niño gestante o menor de un año
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0311/2023-S3 Sucre, 27 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47019-2022-95-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 046/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 157 a 161, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ruth Orellana Cruz contra David Calderón Bernal, Gerente Propietario de la empresa de limpieza “TOTTOS CLIM”; y, Doris Julieta Zambrana Ortiz, Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de marzo de 2022, cursante de fs. 10 a 14, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En enero de 2014, fue contratada por la empresa accionada para desarrollar el trabajo de operaria de limpieza; posteriormente, el 18 de noviembre de 2021, solicitó se proceda a su afiliación al ente gestor de salud para contar con el seguro social debido a que se encontraba en estado de gestación y próxima a dar a luz, oportunidad en la que su empleador le solicitó que firme tres hojas en blanco arguyendo que serían para los trámites solicitados; el 3 de enero de 2022, se hizo presente a su fuente laboral, encontrando en su puesto a otra persona quien le indicó que dicha situación se debía a instrucciones de su empleador y que su persona habría presentado una carta de renuncia; lo que suscitó que acuda ante la Jefatura Departamental de Trabajo -se entiende de Chuquisaca-, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando despido injustificado con la agravante de estar en gestación, haciendo referencia de manera detallada que ella no presentó ninguna carta de renuncia y el modo en el que el empleador le hizo firmar esas hojas; por lo que, el contenido de ese documento que habría presentado el accionado ante Doris Julieta Zambrana Ortiz, Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca -hoy coaccionada-,no representaría su voluntad sino que sería producto de un engaño. Manifiesta que, el 3 de marzo de 2022, nació su hija, presentando el 9 de ese mismo mes y año, una Carta Notariada solicitando su reincorporación a su fuente laboral, solicitud que mereció igualmente otra Carta Notariada por la cual su empleador le indicó que no procedería con su reincorporación bajo el argumento que la precitada Jefatura Departamental de Trabajo no habría ordenado su reincorporación y señalando que los arrepentimientos no estarían previstos en las leyes sociales; por lo que, acudió ante dicho ente administrativo a efecto de que se emita la conminatoria correspondiente; sin embargo, la Inspectora coaccionada de manera inexplicable y descortés le hizo conocer verbalmente que no procedería a realizar la conminatoria porque ello no habría sido solicitado en su momento, inexplicable argumento cuando la denuncia ante la mencionada Jefatura Departamental de Trabajo, fue por despido de mujer embarazada. Como consecuencia de ese ilegal despido y la negativa por parte de su empleador de proceder a su reincorporación, a partir del 31 de marzo de 2022, ya no cuenta con el seguro de salud en la Caja Nacional de Salud (CNS), ni con los beneficios o subsidios de natalidad que por ley le corresponden, hecho que puso en riesgo la salud y bienestar de su hija menor recién nacida. Indica que, los hechos demuestran que el mismo día que se enteró que su empleador procedió a su despido aduciendo una supuesta carta de renuncia, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca denunciando el despido del cual fue objeto, antecedente que debe ser valorado en apego al principio de la sana crítica y el recto entendimiento humano, así como en función de la primacía de la realidad que ataca el fraude y la simulación y conforme al art. 4.I inc. b) del Decreto Supremo (DS) 28699 -de 1 de mayo de 2006-, rige en materia laboral el principio de presunción de continuidad donde la vinculación laboral se atribuye a la más larga duración imponiéndose al fraude. En cuanto a la falta de una conminatoria por parte de la Jefatura Departamental del Trabajo de Chuquisaca, cabe señalar que la Carta Notariada de “12” de marzo de 2022, que le fue entregada por su empleador, tiene como argumento la inexistencia o falta de una conminatoria de reincorporación para no proceder a reincorporarla a su fuente laboral, que se debe a la arbitrariedad o mala voluntad de dicha autoridad de dar cumplimiento a los Decretos Supremos (DDSS) 0495 -de 1 de mayo de 2010- y 28699 en relación a lo dispuesto por la Resolución Ministerial (RM) 868/2010 de 26 de octubre, que regulan el procedimiento que deben observar las Jefaturas Departamentales de Trabajo, ante el conocimiento de retiros o despidos injustificados; por lo que, a la fecha de interposición de la presente acción de defensa, no existe ninguna resolución administrativa por parte de esa Jefatura o un informe expedido por la Inspectora coaccionada con el que haya sido notificada, acto indebido que vulneró su derecho al debido proceso y al acceso a la justicia; lo que igualmente desconoce transversalmente su derecho a la estabilidad laboral.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a una fuente laboral estable, a una existencia digna, a la vida, a la salud, a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, al debido proceso y al acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 15, 18.I y II, 46.I.1 y 2; 48, 49.III, 60, 115; y, 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la empresa accionada: a) Su inmediata reincorporación a su fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; b) La cancelación de sus sueldos devengados desde su desvinculación hasta la fecha de su efectiva reincorporación; c) Se garantice su derecho al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral como madre progenitora; y, d) Se proceda con los trámites administrativos ante la CNS a los fines de reestablecer el derecho al seguro social de salud que le asiste “…sin perjuicio de que el Tribunal de Garantías en uso de la atribución que le confiere el art. 39.I) del Código Procesal Constitucional (CPCo) remita antecedentes al Ministerio Público en contra de la mencionada funcionaria pública accionada por el peligro y el riesgo inminente que ha puesto con esa conducta negligente a un recién nacido y a una madre trabajadora lactante” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 137 a 156, en presencia de la peticionante de tutela asistida de su abogado y de la parte accionada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte accionada

David Calderón Bernal, Gerente Propietario de la empresa de limpieza “TOTTOS CLIM”, mediante informe escrito cursante de fs. 113 a 115 vta., así como en audiencia, manifestó que:1) La accionante trabajó en varios periodos en la indicada empresa, siendo el quinto y último periodo de trabajo del 4 de enero de 2021 al 31 de diciembre de ese año, ésta volvió a ingresar al trabajo después de más de cuatro meses de interrupción y cumplió funciones en la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (FANCESA), y se retiró de manera voluntaria recibiendo en efectivo el pago de sus derechos y beneficios sociales de ese periodo; 2) No es evidente la existencia de un despido injustificado ya que la forma de retiro fue voluntaria; puesto que, la impetrante de tutela comunicó mediante carta con su firma y huella dactilar de manera textual que renunciaba de forma irrevocable por motivos familiares, indicando que solamente trabajaría hasta el 31 de diciembre de 2021; 3) La administradora de la empresa se reunió con la impetrante de tutela en inmediaciones de la oficina de la misma para entregarle en efectivo Bs2 145,97.- (dos mil ciento cuarenta y cinco 97/100 bolivianos), que corresponden al pago de finiquito, el cual firmó y estampó su huella dactilar, recibiendo en plena conformidad sus beneficios sociales; entregándole igualmente la carta de aceptación de renuncia y el salario del referido mes y año; 4) Luego de haber cobrado sus beneficios sociales, la trabajadora no conforme con el monto pagado, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, siendo citado por más de tres oportunidades, no habiéndose llegado a ningún acuerdo en las dos primeras audiencias, en las cuales la accionante nunca pidió su reincorporación, sino sus beneficios sociales, razón por la cual la autoridad administrativa no aplicó el procedimiento previsto en los DDSS 0012 -de 19 de febrero de 2009-, “496” y la RM 868/2010; dado que, su pretensión fue pedir más dinero al no estar conforme con lo que recibió; 5) No obstante dichos hechos, presentó Carta Notariada solicitando su reincorporación, respondiéndole negativamente; puesto que, no correspondía al cumplirse con el pago de sus beneficios sociales y haber renunciado voluntariamente; 6) La empresa cumplió con las normas sociales, al otorgarse los subsidios que le corresponden hasta febrero de 2022, se le dio de baja en los entes gestores de la seguridad social por haber concluido la relación laboral el 31 de diciembre de 2021; y, 7) En el presente caso, concurren hechos controvertidos; ya que la impetrante de tutela indicó haber trabajado desde enero de 2014, sin precisar ni aclarar si el trabajo fue de manera continua, existiendo dentro de los cinco periodos trabajados interrupciones de más de tres meses entre trabajo y trabajo; asimismo, resultan falsos los argumentos de que se le hizo firmar hojas en blanco y que se presentó a trabajar el 3 de enero de 2022, hechos que jamás ocurrieron, más al contrario se acordó con ella misma el día de pago y recogió el dinero de su liquidación demostrando su plena conformidad. Doris Julieta Zambrana Ortiz, Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, en audiencia manifestó que: i) Se emitió una primera citación debido a que la accionante señaló que solicitaba el pago de beneficios sociales tras haber sido despedida, teniendo a mano la aceptación de su renuncia y su finiquito, que según manifestó le hicieron firmar en blanco; sin embargo, esa es una situación que no les compete dilucidar; ii) La mencionada citación fue emitida para el 7 de enero -se entiende de 2022-, en virtud al estado de gestación de la impetrante de tutela; a la misma, se hicieron presentes ambas partes con sus abogados, en la cual la nombrada alegó que cobraría los beneficios que todavía le correspondían, montos que tienen que ser definidos por la instancia que corresponda y no por la mencionada Jefatura; ya que, no se conoce con exactitud si el tiempo de trabajo fue “corrido” o si existió cortes, por tal motivo se declaró un cuarto intermedio para que puedan acreditar el monto que debería cancelarse; y, iii) Se volvió a fijar fecha de audiencia, en la que los abogados de ambas partes indicaron que de acuerdo mutuo conciliarían de manera interna; por lo que, se programó otra audiencia para elaborar el acta en ese sentido; empero, esta nunca se celebró debido a que no se pusieron de acuerdo.

I.2.3. Intervención de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca

Lizeth Cahuaya Serrudo, Jefa Departamental de Trabajo de Chuquisaca, por memorial cursante de fs. 120 a 121 vta., manifestó que: a) Fue designada mediante Memorándum D.G.A.A.-RR-HH 010/2021 de 18 de enero, en dicho cargo acreditando personería para actuar en representación legal de la señalada Jefatura; b) Respecto a lo denunciado por la accionante en sentido de haber presentado denuncia por despido injustificado, respecto al cual no se habría emitido ningún pronunciamiento por esa repartición estatal, cabe señalar que según Informe CITE: MTEPS-JDTCH-DJZO-0276-INF/22 de 11 de abril de 2022, se evidencia que cuando estaba de turno el 3 de enero de 2022, la Inspectora coaccionada, atendió a la impetrante de tutela quien indicó haber sido despedida de su fuente laboral y al verla en estado de embarazo recibió su denuncia, y le dio una citación para el 7 de enero de ese año; c) La denunciante habría adjuntado su renuncia y el finiquito firmado, indicando en audiencia que fue despedida de la empresa accionada en la que trabajaba desde el 6 de abril de 2014; d) La accionante refirió haber firmado una hoja en blanco y un formulario de finiquito igualmente en blanco, y le entregaron una nota de aceptación de renuncia; e) El denunciado manifestó que no hubo despido sino que la peticionante de tutela presentó su renuncia según Nota de 1 de diciembre de 2021, con CITE: TS/SUCRE-000007 de 3 de febrero de 2022, con referencia “aceptación de renuncia”, indicando que se le hizo entrega del finiquito y el sueldo de diciembre; f) En la audiencia los abogados de las partes acordaron que se le cancelarían sus beneficios por los periodos de trabajo que realizó en varias empresas, y al no tener en ese momento documentación de respaldo para verificar los periodos de trabajo realizado por la denunciante para efectuar el ajuste de sus beneficios, se decretó cuarto intermedio; g) Se tiene que por acuerdo mutuo de partes se señaló nueva fecha de audiencia, tomando en cuenta la situación de embarazo, para el 14 de febrero de 2022 a horas 12:00, señalando que conciliarían de forma interna; y, h) La Jefatura recibe denuncias recurrentes cada día de forma verbal y escrita, las mismas que tienen un tratamiento al momento, emitiéndose una primera citación, luego una segunda en caso de inconcurrencia y por último una conminatoria para que en audiencia se resuelva la solicitud, tratamiento que no es el mismo cuando se trata de una denuncia de reincorporación, debiendo ser ésta escrita o verbal y una vez presentada en ventanilla única de la Jefatura esta es derivada a uno de los Inspectores de Trabajo y si se realiza de forma verbal, en ambas denuncias según procedimiento se emite una única citación a la parte denunciada, luego en audiencia se elabora un informe en el que se recomienda la reincorporación o rechazo.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 046/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 157 a 161, concedió “parciamente” la tutela solicitada; disponiendo la reincorporación laboral de la accionante, en el plazo máximo de tres días, al mismo puesto o similar de manera que se garantice la continuidad de sus medios de subsistencia hasta que la recién nacida cumpla un año y se proceda al pago de los subsidios faltantes; y, denegó la tutela impetrada: 1) En cuanto al pago de sueldos devengados; empero, estos serán exigibles desde el incumplimiento de la reincorporación laboral ordenada; y, 2) Con relación a las controversias respecto al tipo de contratos, las interrupciones del mismo y las presuntas renuncias voluntarias, el pago de los finiquitos, entre otros, las cuales deben ser dilucidadas en la jurisdicción ordinaria laboral especializada; disponiendo igualmente la notificación al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a efecto de que tenga conocimiento de los argumentos de esa resolución y pueda evitar que a futuro se repitan ese tipo de actitudes de desprotección en las denuncias que reciben; todo ello, con base en los siguientes fundamentos: i) En las controversias respecto al tipo de contratos, las interrupciones del mismo y las presuntas renuncias voluntarias y pago de finiquitos entre otros, existen hechos controvertidos que no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional; por lo que, respecto a dichas problemáticas, éstas deben ser resueltas en la jurisdicción ordinaria especializada que viene a ser la jurisdicción laboral; ii) En cuanto a la segunda problemática referida a la inamovilidad laboral que es una garantía de continuidad laboral para personas que requieren de protección reforzada, entre las cuales se encuentran la gestante y la madre de un recién nacido hasta que cumpla un año de edad, se tiene que en el caso está acreditado que la impetrante de tutela mediante Nota de 22 de noviembre de 2021, recibida en la misma fecha por la empresa accionada, hizo conocer que se encontraba en el sexto mes de gestación y pidió su afiliación a la CNS; ante lo cual, la referida empresa solamente manifestó que el 1 de diciembre de 2021, al igual que en anteriores oportunidades habría presentado su renuncia voluntaria al puesto laboral, que fue aceptada el 3 de enero de 2022, al mismo tiempo de efectuarse el pago del sueldo de diciembre, su finiquito y los subsidios prenatales, cuyos comprobantes hubiesen sido firmados y aceptados; lo cual si bien puede ser entendido como hechos controvertidos porque la empresa accionada afirma que existió renuncia de la trabajadora y aceptación de los beneficios sociales; empero, la concurrencia de varias renuncias voluntarias coincidentes con las fechas de conclusión de los contratos de prestación de servicios de la empresa y la aparición de una renuncia aparentemente suscrita ocho días después de haberse hecho conocer su situación de gestación y la aceptación después de más de un mes, genera duda razonable respecto a la veracidad de la aludida renuncia; por lo que, se considera que la garantía de la inamovilidad laboral cuya finalidad es brindar una protección reforzada a las personas en situación de alta vulnerabilidad, no puede ser burlada en sus efectos mediante la suscripción de finiquitos sin la intervención de las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo; por consiguiente, en resguardo de la madre trabajadora y la recién nacida, sin perjuicio de que lo pagado por el empleador en calidad de beneficios sociales tenga que ser tenido como parte de esas obligaciones, corresponde brindar la protección que resulta de esa tutela reforzada, disponiendo la reincorporación laboral de la madre trabajadora ahora accionante; iii) Respecto a que la impetrante de tutela, el mismo día que conoció su presunta renuncia al cargo y la aceptación de la misma, exhibiendo las copias de dichos documentos, presentó denuncia por despido injustificado de mujer embarazada ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, cuyos servidores públicos no hubiesen actuado con la debida diligencia y por consiguiente omitieron ordenar su reincorporación laboral o en su caso rechazar la denuncia; del análisis del Informe remitido por la Jefa Departamental de Trabajo de Chuquisaca, se evidencia excesivos formalismos cuando hacen referencia a que la denuncia presentada por la impetrante de tutela estaría relacionada con su despido de su fuente laboral y a su vez que se encontraba en estado de embarazo; y que se hubiera brindado atención prioritaria señalando audiencia y sostener que al no haberse solicitado reincorporación laboral no correspondía aplicar el procedimiento establecido en los DDSS 0012 y “496”, ni la RM 868/2010, como tampoco debía emitirse ninguna resolución; empero, en atención a los hechos denunciados y las circunstancias en las que se produjo la desvinculación, la Jefatura Departamental de Trabajo en resguardo de las garantías de la protección reforzada que merecía la entonces gestante, debió haberse brindado una respuesta o pronunciamiento formal ya sea en sentido positivo o negativo; y, iv) La falta de ese pronunciamiento expreso respecto al despido injustificado de mujer embarazada, no sólo dio lugar a que el empleador se ampare en esa actitud, sino que impidió que las partes puedan conocer las razones por las que no correspondía ordenar la conminatoria de reincorporación laboral, impidiendo igualmente que puedan hacer uso de los recursos administrativos; advirtiéndose una cierta desprotección de la accionante, lo que amerita emitir una exhortación a la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que rectifique el accionar de los servidores públicos de esa repartición, lo cual de manera alguna implica que a sola invocación del derecho y garantía de inamovilidad laboral, tenga que ordenar la reincorporación; empero, habiendo una solicitud concreta de que se emita pronunciamiento respecto a las denuncias formuladas frente al despido de mujer embarazada correspondía una resolución expresa. En vía de enmienda y complementación, la empresa accionada a través de su abogado solicitó que se complemente o aclare respecto a la aseveración de que no se hubiera cumplido con el seguro social, argumento con el cual se otorgó la tutela a la accionante; empero, en audiencia no se dio el tiempo necesario para poder acreditar que la empresa sí cumplió con el seguro social, conforme los comprobantes en foto de la gestión 2021 requerida por esa Sala en audiencia, debiendo por ello pronunciarse sobre esa documentación, al no estar conformes con la resolución que fue emitida. En virtud a esa solicitud, la Sala Constitucional indicó que no sería evidente lo aseverado por la empresa accionada; toda vez que, sí se hizo alusión a los pagos realizados a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP); dado que, los empleadores hacen la retención a sus trabajadores para los beneficios del seguro social a largo plazo, y que lo que se señaló es que conforme a la Nota de 22 de noviembre -se entiende de 2021-, se habría solicitado la afiliación a la CNS, situación diferente y que demuestra que no se encontraba afiliada; sin embargo, se presenta la boleta o el certificado de incapacidad temporal sin derecho a subsidio, debido a que la empresa empleadora ya dio de baja esa afiliación, denotando con ello la existencia de una relación laboral.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Nota de 4 de enero de 2021, por la cual David Calderón Bernal, Gerente Propietario de la empresa de limpieza “TOTTOS CLIM” -hoy accionado-, hizo constar que Ruth Orellana Cruz -ahora accionante-, ingresó a esa empresa en calidad de operaria en limpieza en la misma fecha con un horario de 07:30 a 15:30 de lunes a viernes, dicha Nota se encuentra firmada por los nombrados (fs. 43). II.2. Por Nota presentada el 22 de noviembre de 2021, la impetrante de tutela hizo conocer a la empresa accionada que se encontraba en el sexto mes de gestación, pidiendo que se le otorgue la documentación para afiliarse a la CNS (fs. 47). II.3. Consta Nota recibida el 1 de diciembre de 2021, a través de la cual la accionante presentó su renuncia irrevocable al puesto de trabajo en la empresa accionada, alegando motivos familiares, y que solamente trabajaría hasta el 31 de diciembre de 2021; la cual se encuentra con la firma y huella dactilar al lado del nombre de la imperante de tutela (fs. 48).

II.3.1. Dicha renuncia fue aceptada por Nota CITE: TS/SUCRE-000007 de 3 de enero de 2022, por la empresa accionada (fs. 49). II.4. Cursa finiquito de pago de beneficios sociales por un monto de Bs2 145,97.- en favor de la peticionante de tutela, el cual cuenta con las firmas de la interesada y del “Gerente General” de la empresa accionada (fs. 50 a 51). II.5. Mediante Carta Notariada de 9 de marzo de 2022, la accionante solicitó al Gerente Propietario de la empresa “TOTTOS CLIM” -hoy accionado-, su inmediata reincorporación, alegando que fue injustamente despedida el 31 de diciembre de 2021, pese a tener conocimiento de su estado de gestación; pidiendo igualmente el pago de haberes de manera retroactiva desde la fecha de su despido, y se le reconozca en favor de su hija de cinco días de nacida los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, así como la afiliación y reingreso al seguro social de la Regional Sucre de la CNS; derecho que se encuentra suspendido a consecuencia del despido sufrido (fs. 4 a 5).

II.5.1. A través de Carta Notariada de 11 de marzo de 2022, la empresa accionada, respondió a la Carta Notariada de 9 de ese mes y año, mostrando sorpresa por cuanto fuera de contexto la accionante le otorgó el plazo de cuarenta y ocho horas para que la reincorpore, cuando ella habría acudido a la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, denunciando despido de mujer embarazada, entidad que no dispuso absolutamente nada, porque su pretensión jamás fue la reincorporación, estando en varias audiencias en esa instancia administrativa competente para resolver esos conflictos; sin haberse establecido ninguna conciliación porque ella solicitaba derechos y beneficios sociales que no correspondían y que ya fueron liquidados; alegando también que su reincorporación no procedía, menos el pago de sueldos y subsidios solicitados, debido a que la relación laboral fue concluida por voluntad propia y recibió sus beneficios sociales que corresponden por ley; indicó igualmente que el arrepentimiento no se encuentra previsto en las normas sociales (fs. 6 y vta.). II.6. Consta certificado de nacimiento que acredita que la menor AA nació el 3 de marzo de 2022, teniendo como progenitores a Edwin Edgar Gallego Cruz y a la accionante (fs. 7). II.7. Cursa formulario de aviso de afiliación y reingreso del trabajador con número de asegurado 89-5916-OCR de 23 de noviembre de 2021, emitido por la CNS, registrándose como asegurada a la impetrante de tutela, de la empresa de limpieza “TOTTOS CLIM” (fs. 45). Asimismo, consta formulario de aviso de baja de asegurado 0017465 de 27 de enero de 2022, correspondiente a la peticionante de tutela, haciendo constar como motivo, la renuncia voluntaria de 31 de diciembre de 2021 (fs. 59). II.8. Constan boletas de asignaciones familiares -subsidio prenatal- de noviembre y diciembre de 2021; y, enero y febrero de 2022 (fs. 61 a 64). II.9. Cursa acta de audiencia de 7 de enero de 2022, sobre “…despido de Mujer Embarazada” (sic), en la oficina de la Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca -coaccionada-, haciéndose constar la presencia de la accionante, quien denunció “…despido injustificado en estado de gestación…” (sic), por parte de la empresa accionada, misma que refirió que firmó una hoja en blanco y formularios de finiquito en blanco, igualmente se hizo entrega de una nota en la que la citada empresa aceptó su renuncia “(3/01/2022)” señalando que en su lugar ya se encontraría otra persona; manifestó además que, nunca presentó carta de renuncia. Asimismo, se hizo presente la empresa accionada, presentando carta de renuncia, aceptación de la misma, finiquito, sueldo de diciembre, y documento de ingreso de trabajo; luego de ambas intervenciones se decretó cuarto intermedio para el 17 de enero de 2022, por falta de documentación respaldatoria, firmando al pie las partes nombradas (fs. 2).

II.9.1. Consta acta de audiencia de “…Cuarto Intermedio sobre despido de Mujer Embarazada” (sic), en la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, realizada el 17 de enero de 2022, en presencia de la impetrante de tutela y la empresa accionada, en la que ambas partes manifestaron que “…conciliaran de manera interna…” (sic), una vez que se obtenga las certificaciones de los trabajos realizados en las gestiones que demuestren su asistencia; indicándose en dicha audiencia que “…De acuerdo mutuo entre parte denunciada y denunciante se señala nueva fecha para Audiencia, la misma se llevará a cabo el día viernes 4 de febrero de 2022 a horas 13:00, quedando ambas partes notificadas” (sic [fs. 3]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a una fuente laboral estable, a una existencia digna, a la vida, a la salud, a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, al debido proceso y al acceso a la justicia; señalando que, luego de haber solicitado a su empleador que la afilie al ente gestor de salud a corto plazo por encontrarse embarazada y pronta a dar a luz, éste le hizo firmar hojas en blanco y el finiquito, para luego alegar con ello que habría presentado su renuncia y cobrado sus beneficios sociales; ante lo cual solicitó mediante carta notariada su reincorporación laboral, misma que no fue aceptada; suscitando que acuda ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, instancia en la que hizo conocer que fue objeto de despido injustificado y pese a que se encontraba en estado de gestación, esa instancia administrativa no se pronunció al respecto ni emitió ninguna determinación; provocando que su empleador se amparara en dicha falta de diligencia para no reincorporarla, lesionando con ello no sólo sus derechos sino también los de su hija recién nacida. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la inamovilidad laboral de los progenitores. Jurisprudencia reiterada

Sobre la temática, la SCP 0065/2017-S3 de 17 de febrero, haciendo referencia a la SCP 0226/2013 de 6 de marzo, estableció que: «“El derecho a la inamovilidad laboral es la garantía de protección de la que goza el trabajador o trabajadora en su fuente de empleo respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlo o rescindir el contrato de trabajo.

Al respecto, la Constitución Política del Estado en su art. 48.VI, refiere que la inamovilidad laboral se garantiza no sólo en favor de la mujer embarazada, sino también de los padres progenitores durante el periodo de tiempo que va desde la concepción hasta el cumplimiento de un año de la hija o hijo.

De igual forma, la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, ha establecido en su art. 1, que: ‘Toda mujer en período de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privada’.

Por su parte, el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, con respecto a la inamovilidad laboral en su art. 2, preceptúa que: ‘La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo’. Asimismo, esta disposición legal reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores, en los siguientes términos:

a) La inamovilidad laboral de la madre o padre progenitores se aplica en el sector público y privado. b) La inamovilidad laboral de la madre o padre progenitores, sea cual fuese su estado civil, abarca desde la gestación hasta que el o la menor cumpla un año de edad, no pudiendo los padres ser despedidos, afectados en su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo.

c) A efectos de beneficiarse de la estabilidad laboral, la madre o el padre progenitores deberán presentar certificado médico de embarazo extendido por el ente gestor de salud o por los establecimientos públicos de salud, certificado de matrimonio o acta de reconocimiento ad vientre extendido y certificado de nacimiento del hijo o hija, ambos extendidos por el Oficial de Registro Civil.

d) Si la madre o el padre progenitores incurren en las causales que justifican su despido, determinadas tanto en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y art. 9 de su Decreto Reglamentario, no gozarán del beneficio de la inmovilidad laboral.

e) La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas figuras y otras modalidades se intente eludir el alcance de la inamovilidad. f) La inamovilidad laboral tanto para el padre como para la madre progenitores se aplicará cuando éstos cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia respecto a su hijo o hija.

g) Finalmente, si el empleador no acata y respeta el alcance de la inamovilidad laboral de los progenitores, el Ministerio de Trabajo,

Empleo y Previsión Social, dispondrá la reincorporación de la madre o padre progenitores, con goce de haberes y otros derechos por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral, sin perjuicio de la aplicación de sanciones por incumplimiento a leyes sociales, salvando los derechos de la madre o padre progenitores cuya tutela se solicité a través de acciones de índole legal y que se interpongan en la vía judicial”. Así también, la SCP 0755/2013 de 7 de junio, con relación al marco constitucional y jurisprudencial sobre la inamovilidad laboral de los padres progenitores, sostuvo que: “…la Constitución Política del Estado ha establecido en su art. 8.II que: ‘El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien’. Por otra parte, el art. 9.2 de la misma Norma Suprema establece entre uno de los fines y funciones esenciales del Estado está el de: ‘Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe’. Asimismo, el art. 48.VI en su parte final establece: ‘…Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. Sobre el tema, el DS 0012, en su art. 2 señala: ‘(Inamovilidad laboral) La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo’. El art. 6 de la misma norma, complementado por el DS 0496, establece que: ‘I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador, para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral.

II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral’. De todo lo anteriormente glosado, se establece que el Estado tiene entre sus fines y funciones esenciales, la de garantizar el bienestar y la protección e igual dignidad de las personas, además de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas, siendo además las disposiciones sociales y laborales de cumplimiento obligatorio como es el caso de la inamovilidad laboral de los progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad”» (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

III.2. Flexibilización del principio de subsidiariedad en caso de mujeres embarazadas, madres de un o una menor de un año y/o progenitores de un niño gestante o menor de un año

La SCP 0724/2018-S1 de 9 de noviembre, sostuvo que: “En cuanto al principio de subsidiariedad y su flexibilización en lo que refiere a mujeres embarazadas y/o madres de un (a) menor de un año, la SCP 0673/2013-L de 18 de julio, asumiendo los entendimientos de la SCP 0076/2012 de 12 de abril, señaló que: ‘Precisada la naturaleza jurídica de la presente garantía jurisdiccional y los principios que permiten la activación de la protección que brinda, cabe resaltar que, cuando se trate de mujeres en estado de gestación o madres trabajadoras de niños menores de un año de edad, no resulta aplicable el principio de subsidiariedad, en el entendido que no pueden anteponerse aspectos formales que hacen a esta acción frente a derechos que merecen tutela constitucional inmediata, como son el derecho a la vida y a la salud.

En ese contexto, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido uniforme al establecer que no es necesario el agotamiento previo de los recursos ordinarios o administrativos para la protección de los derechos fundamentales conculcados por actos ilegales u omisiones indebidas, dada su naturaleza conforme se explicó’” (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

En la problemática expuesta, la peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a una fuente laboral estable, a una existencia digna, a la vida, a la salud, a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, al debido proceso y al acceso a la justicia; señalando que, luego de haber solicitado a su empleador que la afilie al ente gestor de salud a corto plazo al encontrarse embarazada y pronta a dar a luz, éste le hizo firmar hojas en blanco y el finiquito, para luego alegar con ello que habría presentado su renuncia y cobrado sus beneficios sociales; ante lo cual, solicitó mediante carta notariada su reincorporación laboral, misma que no fue aceptada; suscitando que acuda ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia en la que hizo conocer que fue objeto de despido injustificado y pese a que se encontraba en estado de gestación, esa instancia administrativa no se pronunció al respecto ni emitió ninguna determinación; provocando que su empleador se amparara en dicha falta de diligencia para no reincorporarla, lesionando con ello no sólo sus derechos sino también los de su hija recién nacida.

De los antecedentes descritos en la presente acción de amparo constitucional, se tiene que la accionante ingresó a trabajar como operaria en limpieza el 4 de enero de 2021, con un horario de 07:30 a 15:30 de lunes a viernes, en la empresa de limpieza “TOTTOS CLIM” ahora accionada; posteriormente, el 22 de noviembre de 2021, hizo conocer a dicha empresa que se encontraba en el sexto mes de gestación, pidiendo que se le otorgue la documentación para afiliarse a la CNS (Conclusiones II.1 y II.2).

De los datos que igualmente informan el expediente, se evidencia que, supuestamente, el 1 de diciembre de 2021 la accionante hubiera presentado a la empresa accionada su renuncia irrevocable, alegando motivos familiares, y que solamente trabajaría hasta el 31 de diciembre de 2021; la cual se encuentra con la firma y huella dactilar al lado del nombre de la impetrante de tutela; determinación que fue aceptada por la referida empresa por Nota CITE: TS/SUCRE-000007 de 3 de enero de 2022 (Conclusiones II.3 y II.3.1); asimismo, consta el formulario de finiquito de pago de beneficios sociales por un monto de Bs2 145,97.-en favor de la peticionante de tutela, el cual contaría con las firmas de la interesada y del “Gerente General” de la empresa accionada (Conclusión II.4).

Ahora bien, respecto a los antecedentes referidos precedentemente, es menester señalar que la accionante asevera que el empleador ahora coaccionado, le hubiera hecho firmar hojas en blanco, así como formularios de pago de finiquito, los cuales habrían sido utilizados por dicha persona para hacer creer que la impetrante de tutela renunció a su puesto de trabajo y que cobró sus beneficios sociales; al respecto, es preciso referir que al tratarse de hechos controvertidos, por cuanto la nombrada asevera que no hubiera renunciado y es más solicitó su afiliación a la CNS al encontrarse en estado de gestación, y el coaccionado, desestimó dicho argumento; ello no puede ser analizado por la jurisdicción constitucional, en virtud a que son las instancias correspondientes las que deben pronunciarse al respecto y establecer lo que corresponda; toda vez que, la justicia constitucional no se constituye en una vía de juzgamiento laboral, al contrario con base en el precepto dispuesto en el art. 196.I de la CPE, una de sus funciones es la de resguardar y proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Asimismo, se advierte que la impetrante de tutela a través de Carta Notariada de 9 de marzo de 2022, solicitó a la empresa accionada su inmediata reincorporación, alegando que fue injustamente despedida el 31 de diciembre de 2021, pese a tener conocimiento de su estado de gestación; exigiendo igualmente el pago de haberes de manera retroactiva desde la fecha de su despido, y que se le reconozca en favor de su hija de cinco días de nacida, los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, así como la afiliación y reingreso al seguro social de la Regional Sucre de la CNS (Conclusión II.5); solicitud que fue respondida mediante Carta Notariada de 11 de ese mes y año, por la indicada empresa, quien manifestó su sorpresa por cuanto la impetrante de tutela acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, denunciando despido de mujer embarazada, dicha entidad no dispuso absolutamente nada, porque su pretensión jamás fue la reincorporación, estando en varias audiencias en esa instancia administrativa competente para resolver esos conflictos, sin haberse establecido ninguna conciliación porque la nombrada solicitaba derechos y beneficios sociales que no correspondían y que ya fueron liquidados; indicando también que no era viable su reincorporación, menos el pago de sueldos y subsidios solicitados, debido a que la relación laboral fue concluida por voluntad propia, además de haber recibido sus beneficios sociales que le correspondían por ley (Conclusión II.5.1). De lo referido precedentemente se tiene de manera clara que el accionado vulneró los derechos de la accionante al trabajo, a la salud, a la inamovilidad laboral, a una existencia digna y a la seguridad social; puesto que, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional y lo señalado por el art. 48.VI de la CPE, que en su parte final establece “…Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”, y en el caso de análisis se tiene que la accionante al momento de solicitar su afiliación a la CNS, de la misma manera hizo conocer a su empleador que dicho pedido se debía igualmente a que se encontraba en estado de gestación y pronta a dar a luz; en ese entendido, al no haber procedido a su reincorporación privó a la accionante de tener una fuente de trabajo y pueda acceder al seguro social de corto plazo para ella y su hija recién nacida, así como del derecho que tiene a los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia; debiendo igualmente la parte accionada, reconocerle el pago de sueldos devengados los cuales le fueron privados al haber sido despedida de su fuente laboral, sin considerar que al ser madre de una menor de un año de edad se encuentra dentro de la protección reforzada por parte del Estado y gozaba de inamovilidad laboral hasta que su hija cumpla un año de edad; por otro lado, si bien de antecedentes se evidencia el formulario de Finiquito de pago de beneficios sociales por un monto de Bs2 145,97.-en favor de la peticionante de tutela, el cual cuenta con las firmas de la interesada y del Gerente General de la empresa accionada; empero, éste no cuenta con el visado de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca para su correspondiente validez.

En ese entendido, al haberse evidenciado que la accionante goza de inamovilidad laboral por ser progenitora de una menor de un año de edad, se dispone que la empresa accionada la reincorpore y se garantice la permanencia en el cargo que ocupaba, hasta que su hija lactante cumpla un año de edad, correspondiendo a dicha empresa afiliarla nuevamente a la CNS; razones por las cuales, corresponde conceder la tutela solicitada.

Respecto a la actitud en la que recayó la Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca hoy coaccionada; puesto que, conforme a antecedentes del caso el 7 de enero de 2022, se llevó a cabo “Audiencia sobre despido de Mujer Embarazada” (sic), en oficinas de la referida Inspectora, haciéndose constar la presencia de la accionante, quien denunció “…despido injustificado en estado de gestación…” (sic), de la empresa accionada, quien señaló que firmó en hoja en blanco y formularios de finiquito en blanco, igualmente se hizo entrega de una Nota en la que la mencionada empresa aceptó su renuncia “(3/01/2022)” alegando que en su lugar ya se encontraría otra persona; manifestó además que nunca presentó carta de renuncia. Asimismo, se hizo presente la empresa accionada, adjuntando carta de renuncia, aceptación de la misma, finiquito, sueldo de diciembre, y documento de ingreso de trabajo; luego de ambas intervenciones se decretó cuarto intermedio para el 17 de enero de 2022, por falta de documentación respaldatoria, firmando al pie las partes nombradas (Conclusión II.9); asimismo, el 17 de igual mes y año, se instaló audiencia de “…Cuarto Intermedio Sobre despido de Mujer Embarazada” (sic), en la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, y en presencia de las partes, éstas manifestaron que “…conciliaran de manera interna…” (sic), una vez que se obtenga las certificaciones de los trabajos realizados en las gestiones que demuestren su asistencia; indicándose en dicha audiencia que “…De acuerdo mutuo entre parte denunciada y denunciante se señala nueva fecha para Audiencia, la misma se llevará a cabo el día viernes 4 de febrero de 2022 a horas 13:00, quedando ambas partes notificadas” (sic [Conclusión II.9.1]).

De ese contexto, se evidencia que no cursa en antecedentes de la presente causa, alguna resolución o determinación asumida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, no obstante que la accionante acudió a dicha instancia para denunciar “…despido de Mujer Embarazada” (sic), pretendiendo la protección de sus derechos, cuando conforme al art. 2 del DS 0012, en cuanto a la inamovilidad laboral, la madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo; añadiendo el art. 6 del referido Decreto Supremo, complementado por el DS 0496, que en caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instruirá al empleador para que cumpla en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; precepto que, fue desconocido por dicha instancia administrativa en desprotección de la accionante con lo que se lesionaron sus derechos al debido proceso y acceso a la justicia, por cuanto una vez que tuvo esa instancia administrativa conocimiento de que la denunciante era una mujer embarazada, sin que tengan que mediar otros aspectos, sino simplemente los que en la realidad se puedan percibir, debió obrar con diligencia y asumiendo defensa de los derechos de la impetrante de tutela emitir y asumir la resolución que corresponda, pero no dejarla en estado de indefensión; bajo ese criterio, se hace necesario llamar la atención a la Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, ahora coaccionada, para que en lo futuro obre conforme manda la Constitución Política del Estado y los Decretos Supremos emitidos en protección de la inamovilidad laboral de los trabajadores progenitores. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder “parcialmente” la tutela impetrada disponiendo la reincorporación laboral de la accionante al mismo puesto de manera que se garantice la continuidad de sus medios de subsistencia hasta que la recién nacida cumpla un año y se proceda el pago de los subsidios faltantes, y denegar la tutela solicitada, en cuanto al pago de sueldos devengados y a las controversias respecto al tipo de contratos, y otros, obró en parte de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 046/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 157 a 161., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a los derechos al trabajo, a la salud, a la inamovilidad laboral, a una existencia digna, a la seguridad social y al pago de sueldos devengados, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a las controversias respecto al tipo de contratos, a las presuntas renuncias voluntarias y el pago de los finiquitos. 3° Llamar la atención a Doris Julieta Zambrana Ortiz, Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca, conforme a los argumentos expuestos respecto a dicha autoridad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0311_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5b269bc0c27663ff71fc901f71d983d5dbd179190aef5d4bd2112a7bf3ddfa84

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