Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de abril de 2025
Concede la tutela
El accionante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; y, a la “no privación de libertad para adolescentes”; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia de medidas cautelares de 29 de septiembre de 2022, fue beneficiado con la cesación de la detención preventiva, imponiéndosele varias medidas cautelares, entre estas, prestar fianza juratoria y fianza económica de Bs10 000.-; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no pudo cumplir con las mismas, debido a que la Secretaria demandada: a) No elaboró el acta de audiencia de medidas cautelares; y, b) Tampoco tramitó la obtención de certificados de depósito judicial, para efectivizar la fianza económica, impidiendo que le fuera emitido el mandamiento de libertad, incurriendo en actos dilatorios que incidieron directamente en su derecho a la libertad, al haber transcurrido más de “veinte” días, desde la determinación de la cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme los términos dispuestos por el Juez de garantías de esta acción tutelar y los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0310/2025-S3 Sucre, 30 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51593-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Edmundo Ponce Moscoso contra Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 19 de octubre de 2022, cursante de fs. 4 a 6 y vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 29 de septiembre de 2022, en audiencia de cesación de detención preventiva, llevada a cabo ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, le fueron impuestas nuevas medidas cautelares, entre ellas, prestar fianza juratoria, consistente en la promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, y; fianza económica de Bs10 000.- (diez mil bolivianos); las cuales debía cumplir, a efecto de que se libre mandamiento de libertad a su favor. Sin embargo, no obstante lo determinado, la Secretaria demandada, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no elaboró el acta de la mencionada audiencia, actuado procesal indispensable -según lo dispuesto por el Juez de la causa-, para llevar adelante la “audiencia de fianza juratoria”; situación que le impidió efectivizar la medida cautelar impuesta; asimismo, tampoco pudo cumplir con la fianza económica, en razón a que pese a las “decenas” de veces que se apersonó al referido Juzgado, la nombrada funcionaria de apoyo judicial, le señaló que no tenía formularios de depósito ni tenía tiempo para ir a recabar los mismos. Dichos actos le generaron retardación de justicia, que repercutieron directamente en su derecho a la libertad; toda vez que, pese a haber transcurrido más de “veinte” días, desde la celebración de la audiencia de cesación de detención preventiva, a la “fecha”, continuaba privado de libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; y, a la “no privación de libertad para adolescente”, citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene a la Secretaria demandada, cumpla de forma inmediata con la elaboración del acta de audiencia de medidas cautelares de 29 de septiembre de 2022, a efecto de que recupere su libertad.
Celebrada la audiencia pública de 20 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 22 a 24 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos señaló que, de manera personal se dirigió al Consejo de la Magistratura a fin de recabar los formularios de depósito judicial; sin embargo, le informaron que éstos eran otorgados solo a las y los secretarios de juzgado, sin que exista impedimento para que les fueran provistos.
Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, a través del informe escrito cursante a fs. 20 y vta., señaló que: a) El acta de audiencia de 29 de septiembre de 2022, fue transcrita en el plazo de ley, llevándola con sus propios recursos económicos al distrito judicial de Montero para la suscripción por el Juez en suplencia legal; b) Su despacho no contaba con formularios de depósito judicial; puesto que, pese a haberlos solicitado en reiteradas oportunidades al Tribunal Departamental Judicial del citado departamento, dicha instancia le negó su otorgación, en razón a que anteriores secretarios no presentaron descargos de los formularios proporcionados en la gestión 2021; situación que puso a conocimiento de la Jueza de control jurisdiccional; y, c) En mérito al recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público en la mencionada audiencia de medidas cautelares, remitió en originales los antecedentes del proceso penal al Tribunal de alzada, debido a que la parte apelante ni el abogado del impetrante de tutela dejaron los recaudos de ley para elevar el testimonio en fotocopia legalizada.
La Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías mediante Resolución de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 25 a 27 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que: 1) La Secretaria demandada, se apersone ante depósitos judiciales del Consejo de la Magistratura, y realice los trámites a fin de recabar los formularios de depósito judicial; y, 2) Asimismo, dicha funcionaria acuda ante el Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, a fin de otorgar las fotocopias legalizadas de la apelación y sea devuelto el expediente original al Juzgado de origen, debiendo para ello el accionante coadyuvar y proporcionar con todo lo que fuere pertinente para hacer efectiva la remisión dispuesta. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Al existir en el proceso penal seguido contra el accionante, ponderación de derechos respecto a un sector vulnerable de la sociedad, no se podía esperar la provisión de recaudos de ley por la representación fiscal; por lo que, ante la especial protección que gozan las mujeres, niñas, niños y adolescentes, el envío del expediente al Tribunal de alzada, en el término de las veinticuatro horas en original, fue correcta; y, ii) Toda vez que la remisión en alzada, debe efectuarse en efecto no suspensivo, conforme dispone el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), corresponde otorgar la tutela en cuanto a la remisión extrañada; puesto que, el impetrante de tutela no pudo cumplir con las medidas sustitutivas que le fueron impuestas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, por Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2022, Moisés Chaile Vilte, Juez de Instrucción Penal de Montero en suplencia legal de su similar Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, dispuso el cese de su detención preventiva, imponiéndosele las siguientes medidas cautelares: “1) El imputado deberá presentarse ante el ministerio público a firmar el libro de asistencia cada 15 días; 2) Arraigo; 3) Presentar un garante solvente; 4) Está prohibido acercarse a la víctima y al domicilio donde habita la víctima; 5) Prohibido consumir bebidas alcohólicas y concurrir a lugares donde se expenda la misma; 6) Una fianza económica en la suma de 10.000 Bs. que deberá ser efectiva mediante depósito judicial en el Consejo de Magistratura; 8) Arresto domiciliario en su domicilio que está demostrado dentro de este proceso penal, este arresto va a comprender a fin de no cortar su derechos al trabajo de 19:00 pm a 06:00 a.m. sin escolta policial, pero debe ser supervisado de forma aleatoria por el asignado al caso; 9) Fianza juratoria de sometimiento a todas las instancias del proceso hasta que se concluya la misma; la fianza juratoria consiste en que debe apersonarse al juzgado a firmar un acta de fianza juratoria en presencia de la juez titular de la causa y la secretaria…” (sic); asimismo, la autoridad judicial señaló que una vez cumpla con todas estas medidas impuesta se emitiría el correspondiente mandamiento de libertad. Determinación contra la cual, en el mismo acto procesal, el Ministerio Público planteó recurso de apelación incidental (fs. 11 a 13 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 4 de octubre de 2022, el impetrante de tutela solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, señalamiento de día y hora para prestar juramento y cumplir con la fianza juratoria impuesta (fs. 3 y vta.). II.3. Por memorial presentado el 17 de octubre de 2022, ante la mencionada autoridad judicial, el impetrante de tutela representó retardación de justicia, al no constar en el cuaderno de control jurisdiccional el acta de audiencia de 29 de septiembre de igual año -de cesación de detención preventiva-, aspecto que le impidió presentar juramento para cumplir con su fianza juratoria; asimismo, señaló que tampoco pudo cumplir con la fianza económica, debido a que la Secretaria del Juzgado -ahora demandada- no tramitó la obtención de formularios de depósito judicial (fs. 1 a 2). II.4. Cursa Oficio Of. 1279/2022 de 29 de septiembre, con cargo de recepción de 18 de octubre de igual año, por el Auxiliar de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; a través del cual, Moisés Chaile Vilte, Juez de Instrucción Penal de Montero en suplencia legal de su similar Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, dentro del mencionado proceso penal, remitió el legajo de apelación al Tribunal de alzada, en fotocopia legalizada (fs. 14).
El accionante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; y, a la “no privación de libertad para adolescentes”; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia de medidas cautelares de 29 de septiembre de 2022, fue beneficiado con la cesación de la detención preventiva, imponiéndosele varias medidas cautelares, entre estas, prestar fianza juratoria y fianza económica de Bs10 000.-; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no pudo cumplir con las mismas, debido a que la Secretaria demandada: a) No elaboró el acta de audiencia de medidas cautelares; y, b) Tampoco tramitó la obtención de certificados de depósito judicial, para efectivizar la fianza económica, impidiendo que le fuera emitido el mandamiento de libertad, incurriendo en actos dilatorios que incidieron directamente en su derecho a la libertad, al haber transcurrido más de “veinte” días, desde la determinación de la cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Esta sistematización fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0117/2019-S2 de 8 de abril y 0319/2019-S2 de 29 de mayo, entre otras.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece: Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de 4El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.
En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (las negrillas son añadidas). Sistematización extraída de la SCP 0154/2019-S2 de 24 de abril, entre otras.
El accionante, denuncia que el 29 de septiembre de 2022, la autoridad judicial dispuso la cesación de su detención preventiva, imponiéndole nuevas medidas cautelares las cuales debían ser cumplidas para la emisión del mandamiento de libertad; sin embargo, se vio impedido de cumplir dos de dichas medidas, prestar fianza juratoria y fianza económica; toda vez que la Secretaria del Juzgado -ahora demandada-, omitió elaborar el acta de la audiencia de consideración del mencionado beneficio, actuado que fue requerido por la autoridad judicial, para la prestación del juramento para la fianza juratoria; asimismo, tampoco pudo cumplir con el depósito de la fianza económica, en razón que la referida funcionaria de apoyo judicial, no tramitó la dotación de los certificados de depósito, para efectivizar el mismo, ocasionando una dilación de más de “veinte” días, que le impidió recuperar su libertad hasta la fecha de la interposición de la acción de tutelar. De la revisión de antecedentes, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra Richard Edmundo Ponce Moscoso -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 29 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en la que se dispuso la concesión de dicho beneficio, y se determinó nuevas medidas cautelares para el impetrante de tutela, las cuales debían ser cumplidas en su totalidad a efecto de librarse el mandamiento de libertad, imponiéndose entre las nuevas medidas cautelares, la otorgación de fianza juratoria de sometimiento a todas las instancias del proceso hasta su conclusión, para cuyo cumplimiento el solicitante de tutela debía apersonarse al juzgado a firmar un acta de fianza juratoria en presencia de la Jueza titular y Secretaria del Juzgado, y; la prestación de fianza económica en la suma de Bs10 000.-, que debió ser efectiva mediante depósito judicial en el Consejo de la Magistratura, conforme se tiene descrito en la Conclusión II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese contexto, se advierte que el 4 de octubre de 2022, el accionante, presentó memorial solicitando señalamiento de día y hora para prestar juramento y cumplir con la fianza juratoria (Conclusión II.2); asimismo, ante la falta de realización de dichos actos, el 17 de similar mes y año, denunció retardación de justicia atribuidas a la Secretaria demandada, aduciendo que dicha servidora judicial hasta la indicada fecha, no labró el acta de audiencia de cesación de detención preventiva de 29 de septiembre de igual año; y, no tramitó la asignación de formularios de depósitos judiciales ante el Consejo de la Magistratura, aspectos que le impidieron cumplir con las medidas cautelares de fianza juratoria y fianza económica (Conclusión II.3). Previo a ingresar al análisis de la problemática jurídica, en relación a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos del Órgano Judicial que pudieran ser objeto de demanda de acciones tutelares, conforme la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se tiene que existen condiciones para que los mencionados funcionarios asuman dicha legitimación pasiva, encontrándose entre dichos presupuestos la vulneración de los derechos tutelados a través de las acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos. En ese orden, se advierte que la funcionaria de apoyo judicial demandada, incumplió con la elaboración oportuna del acta de audiencia de cesación de detención preventiva de 29 de septiembre de 2022; asimismo, por las peticiones reiteradas del solicitante de tutela de 3 y 14 de octubre del citado año (Conclusiones II.2 y 3), así como no haber prestado informe en contrario la funcionaria demandada, se tiene que hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, el accionante no pudo hacer efectivo el juramento para la fianza juratoria, por falta de elaboración oportuna del acta referida; por otra parte; omitiendo la mencionada servidora judicial, el deber de actuar con la debida diligencia en el cumplimiento de los actos jurisdiccionales conforme prevé el art. 56.I del CPP. En relación a los formularios de depósito judicial, con los que debe contar el juzgado en el que se tramita el proceso, no constituye causa justificada, la afirmación de no haberse otorgado oportunamente por parte del Consejo de la Magistratura, máxime si en los antecedentes de la acción, no consta ninguna solicitud formal, al respecto, hacia dicha instancia; en ese sentido constituye negligencia de la Secretaria demandada, el no haber tramitado de forma diligente, la dotación de dichos formularios de depósito, causando dilación en la efectivizarían del depósito por concepto de fianza real impuesta al accionante, por más de diecinueve días, lapso que resulta excesivo, al tratarse de derechos vinculados a la libertad del impetrante. Asimismo, se advierte, que no resulta justificativo el haber remitido los originales de los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de alzada, dado que conforme lo descrito en la Conclusión II.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la misma se la realizó el 18 de octubre de 2022; es decir, diecinueve días después de la audiencia de cesación de detención preventiva, tiempo en el cual se podía recibir el juramento para la fianza juratoria, como tramitar los formularios de depósito judicial, para la recepción del monto impuesto por concepto de fianza real, constatándose dilación indebida en la tramitación del proceso, que afectó directamente al derecho a la libertad del accionante, correspondiendo conceder la tutela contra la Secretaria demandada, en la modalidad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme los términos dispuestos por el Juez de garantías de esta acción tutelar y los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). 3El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0310_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
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