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SCP 0310/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 9 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
9 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48767-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración del debido proceso así como de sus derechos a la libertad y a la defensa; habida cuenta que, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de violación, abuso sexual y hurto, mediante Auto Interlocutorio 23/2022 del citado mes, emitida por el a quo, rechazó su solicitud de cesación a su detención preventiva, y amplió el plazo de la detención preventiva por dos meses, sin considerar que anteriormente, el mismo Juez, ya había concedido su solicitud de cesación; empero no se efectivizó, debido a que dicha determinación fue revocada en alzada.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 12 de junio, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Activación paralela de la jurisdicción ordinaria y la constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0310/2024-S4 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 48767-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2022 de 12 de junio, cursante de fs. 37 a fs. 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jeusber Huarayo Cruz contra Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de junio de 2022, cursante de fs. 1; y, 24 a 26 vta.; el accionante expuso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de violación, abuso sexual y hurto, en su contra, mediante Auto Interlocutorio 110/2021 de 11 de noviembre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, debido a la concurrencia de los elementos contenidos en el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y los riesgos procesales de fuga y obstaculización, establecidos en el art. 234.1 (elemento domicilio), además de los incisos 2 y 7; y, art. 235.2, todos del CPP. Posteriormente; mediante, Auto Interlocutorio 116/2021 de 16 de noviembre, se desvirtuaron los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del CPP, quedando latentes los consagrados en el numeral 7 del referido artículo, como es el peligro para la sociedad o para la víctima o del denunciante y el numeral 2 del art. 235 de la norma adjetiva penal.

Por Auto de Vista 131/2022 de 3 de febrero, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó en parte el Auto Interlocutorio 127/2021, manteniendo subsistentes los riesgos contemplados en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; lamentablemente con posterioridad, se emitió el Auto Interlocutorio 23/2022 de 3 de marzo, que dispuso ampliar el plazo de la detención por dos meses, sin haber realizado un análisis objetivo del Auto de Vista 131/2022 impugnada, que mantuvo subsistente la existencia de dos riesgos procesales; y, puso en vigencia todos los demás, sin considerar que la apelación solo puede revisar agravios concretos, lo cual derivó en un procesamiento ilegal e indebido que afectó su derecho constitucional a la libertad; por lo que, solicita se mantenga firme y subsistente el Auto Interlocutorio 127/2021 de 3 de diciembre de 2021, disponiendo su inmediata libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela, denunció la vulneración del debido proceso y de sus derechos a la libertad y a la defensa, citando al efecto los arts. 23 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, disponer que se mantenga firme y subsistente el Auto Interlocutorio 127/2021 del citado mes, disponiendo su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 29 de junio de 2022, según consta en el acta de fs. 38 y vta., en presencia de la parte accionante y del demandado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, en audiencia, ratificó los términos de su demanda de acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Guillermo Pongo Pongo; Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero Chulumani del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe cursante de fs. 33 a 34; leído en audiencia, e hizo referencia los siguientes aspectos: a) Por Auto Interlocutorio de Medidas Cautelares 110/2021 de 11 de noviembre, se dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela por concurrir los riesgos procesales, establecidos en los arts. 233.1 y 2 del CPP, y los de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1, 2 y 7 del mismo cuerpo legal, así como lo dispuesto en el art. 235.2; b) Por Auto Interlocutorio 116/2021 de 16 de noviembre, rechazó la cesación a la detención preventiva por estar latente el riesgo para la víctima y lo dispuesto en el art. 235.2 del CPP; c) EL Auto Interlocutorio 121/2021 de 25 de noviembre, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante por estar latentes los riesgos de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; d) A través del Auto Interlocutorio 126/2021 de 1 de diciembre, fue rechazada la cesación a la detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela, al persistir los riesgos de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.2, ambos del CPP; e) Seguidamente se dictó el Auto Interlocutorio 127/2021 de 3 de diciembre; que, concedió la cesación a la detención preventiva “a mucha insistencia del imputado”, misma que fue apelada por la víctima y el representante del Ministerio Público; f) Tratándose de delitos contra la mujer, la investigación debería concluir a la brevedad posible; sin embargo, de ello dispuso ampliar por última vez el plazo de la etapa preparatoria y de la detención preventiva hasta junio de 2022, conminando al Fiscal Departamental de La Paz, a presentar el requerimiento conclusivo en el menor tiempo posible; g) Como resultado de la interposición de recurso de apelación incidental, la Sala Cuarta mantuvo firme la Resolución de medidas cautelares, es decir, por los riesgos procesales que no fueron enervados; y, h) Por Auto Interlocutorio 23/2022 de 3 de marzo, se dispuso ampliar la detención preventiva del solicitante de tutela, por dos meses, a solicitud del representante del Ministerio Público, ya que se encontraban pendientes actos investigativos destinados a esclarecer los hechos; consiguientemente, no hubo vulneración alguna de sus derechos constitucionales. Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela incoada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, mediante Resolución 15/2022 de 12 de junio, que cursa de fs. 37 a 39 vta., denegó la tutela impetrada, señalando que en el caso concreto, no se estableció que el accionante esté en estado de indefensión total; además que, el último Auto Interlocutorio 23/2022 del citado mes, fue apelada por el solicitante de tutela y se encuentra pendiente de resolución; implicando ello, que la jurisdicción constitucional no puede emitir otro fallo que podría ingresar en un plano de contradicción con el que emita la jurisdicción ordinaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 110/2021 de 11 de noviembre que, dispuso la detención preventiva del ahora accionante por concurrir lo establecido en el art. 233.1 y 2 del CPP, y los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1, 2 y 7, así como lo dispuesto en el art. 235.2 de la norma adjetiva penal (fs. 2 a fs. 8 vta.).

II.2. Por Auto Interlocutorio 116/2021 de 16 de noviembre se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva incoada por el impetrante de tutela (fs. 9 a 11 de obrados). II.3. El Auto Interlocutorio 127/2021 de 3 de diciembre, el Juez a cargo del proceso, declaró procedente la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el solicitante de tutela, imponiendo medidas cautelares personales, consistentes en: 1) Detención domiciliaria sin salida laboral a ser verificada por el personal del Juzgado; 2) Presentación de dos garantes solventes, en caso de fuga abonar la suma de Bs25 000; (veinticinco mil bolivianos) cada uno, para la captura del imputado; 3) Presentación ante el Ministerio Público de Chulumani y autoridad jurisdiccional para firmar el libro de control los días viernes de 09:00 a 12:00; 4) Arraigo ante las oficinas de Migraciones; 5) Prohibición de concurrir a lugares donde transita la víctima y comunicarse por medios virtuales; y, 6) Prohibición de consumir bebidas alcohólicas. Medidas a ser impuestas en el plazo de setenta y dos horas (fs. 13 a 14 vta.). II.4. Contra la determinación asumida por Auto de Vista 127/2021, detallada en la Conclusión precedente, tanto el Ministerio Público, como la defensa de la víctima, interpusieron recurso de apelación, resuelto por Auto de Vista 131/2022 de 3 de febrero, que admitió el recurso y revocó en parte el fallo pelado, manteniendo subsistente la imposición de la detención preventiva, dejando sin efecto la aplicabilidad del art. 231 de la Ley 1173 de – Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de 3 de Mayo de 2019– (fs. 15 a 17). II.5. Ante la presentación de nueva solicitud de cesación a la detención preventiva por parte del imputado de 22 de febrero de 2022, la precitada autoridad jurisdiccional, –ahora demandada–, emitió el Auto Interlocutorio 23/2022 de 3 de marzo, que rechazó la pretensión, y dispuso ampliar el plazo de la misma por dos meses en el Centro de Rehabilitación de Qalahuma (fs. 18 a 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración del debido proceso así como de sus derechos a la libertad y a la defensa; habida cuenta que, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de violación, abuso sexual y hurto, mediante Auto Interlocutorio 23/2022 del citado mes, emitida por el a quo, rechazó su solicitud de cesación a su detención preventiva, y amplió el plazo de la detención preventiva por dos meses, sin considerar que anteriormente, el mismo Juez, ya había concedido su solicitud de cesación; empero no se efectivizó, debido a que dicha determinación fue revocada en alzada.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Activación paralela de la jurisdicción ordinaria y la constitucional

La SCP 0071/2018-S4 de 27 de marzo, haciendo un análisis de la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal, sobre la temática citada al exordio; concluyó que: “El extinto Tribunal Constitucional, expresó que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas al mismo tiempo se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales, por cuanto esto conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico, al existir dos resoluciones simultáneas tanto de la jurisdicción ordinaria como de la jurisdicción constitucional. En este sentido la SC 0608/2010-R de 19 de julio, precisó que: ‘...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico’.

Razonamiento que es ratificado por Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, que de igual forma concluyó que: ‘Conforme prevé el art. 179.III de la CPE, la justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, institución que por mandato de lo establecido por el art. 196 de la Norma Suprema, velará por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercerá el control de constitucionalidad y precautelará el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales; en este sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene un estatus de órgano constitucional independiente y distinto al de los demás, de manera que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, no está subordinado ni sometido sino a la Ley Fundamental y a las leyes; razón por la cual, todo ciudadano que pretenda acudir y activar a un órgano tan importante como es este Tribunal, debe hacerlo previamente acudiendo a instancias legales reconocidas y previstas por ley como sucedió en el presente caso; sin embargo, es deber del sujeto legitimado, el exigir la respuesta de su solicitud a la autoridad de la jurisdicción distinta a la constitucional, la cual en su efecto jurídico, puede restituir o restablecer el derecho presuntamente cuestionado y vulnerado.

Con la misma lógica, y considerando los nuevos retos de un Tribunal Constitucional Plurinacional, es importante no activar innecesariamente esta jurisdicción, en la nueva coyuntura constitucional plurinacional, se ve la necesidad de fortalecer otros aspectos inherentes al nuevo modelo de Estado plasmado en la Norma Fundamental; por eso mismo, es imperioso que las controversias que podrían conllevar a suscitar una acción constitucional, previamente sean resueltas y «respondidas» en las instancias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea un vocal, un juez y el propio Ministerio Público, pero claro está, antes de activar una acción tutelar’. En ese orden, se tiene que nuestro sistema procesal penal se encuentra estructurado –entre otros– mediante medios y mecanismos de defensa idóneos, los cuales sirven para restablecer cualquier vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales; razón por la cual, si dichos medios ordinarios son activados –y se encuentren pendientes de resolución– y paralelamente se suscita la acción de libertad, esta jurisdicción constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar al fondo de la problemática venida en revisión, ya que podría conllevar a duplicidad de fallos tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, ocasionando inseguridad jurídica en el sistema por una posible contradicción en ambas jurisdicciones” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración del debido proceso así como de sus derechos a la libertad y a la defensa, habida cuenta que, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de violación, abuso sexual y hurto, mediante Auto Interlocutorio 23/2022 de 3 de marzo; emitida por el a quo, rechazó su solicitud de cesación a su detención preventiva, y amplió el plazo de la detención preventiva por dos meses, sin considerar que anteriormente, el mismo Juez, ya había concedido su solicitud de cesación; empero no se efectivizó, debido a que dicha determinación fue revocada en alzada. Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes cursantes en el expediente, de donde se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra el Impetrante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de violación, abuso sexual y hurto, mediante Auto Interlocutorio 110/2021 de 11 de noviembre de 2021; el Juez ahora demandado, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz; posteriormente y en respuesta a su solicitud de cesación a dicha detención, la misma autoridad, mediante Auto Interlocutorio 116/2021 de 16 de noviembre, rechazó su pretensión. La petición señalada fue, reiterada una vez más por el mismo sujeto procesal, siendo declarada esta vez, procedente en parte, por Auto Interlocutorio 127/2021 de 3 de diciembre, imponiéndole al imputado varias medidas cautelares personales, decisión que apelada por el Ministerio Público y la defensa de la víctima, motivó la emisión del Auto de Vista 131/2022 de 3 de febrero, que admitió el recurso y revocó en parte el fallo apelado, manteniendo subsistente la imposición de la detención preventiva, dejando sin efecto la aplicabilidad del art. 231 de la Ley 1173. Presentada una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva ante la misma autoridad jurisdiccional, se resolvió mediante Auto Interlocutorio 23/2022 del mes mencionado, la misma que rechazó la petición, disponiendo otra ampliación del plazo de la medida señalada, por dos meses adicionales, fallo que fue apelado por el solicitante de tutela, y que conforme señaló el Tribunal de garantías que tuvo acceso a las piezas procesales, a tiempo de la interposición de la presente acción, se encontraba pendiente de resolución. Paralelamente al recurso de impugnación interpuesto por el accionante contra la Resolución, que ahora mismo impugna, sin aguardar la resolución del mismo, acudió ante la jurisdicción constitucional mediante memorial de 29 de junio de 2022, impetrando se deje sin efecto la determinación asumida por el Juez a quo. Consecuentemente, resulta evidente que el impetrante de tutela hizo uso del recurso de apelación incidental contra la última resolución dictada por el Juez de la causa, en la que se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del ahora solicitante de tutela; como, es el Auto Interlocutorio 23/2022; y, previo a la resolución de la misma, de forma simultánea activó la presente acción de libertad, pretendiendo en ambas, la cesación a su detención preventiva. En este sentido, no resulta posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas al mismo tiempo se pronuncien sobre similar pretensión, por cuanto esto conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico, al provocar la existencia de dos resoluciones contemporáneas; toda vez que nuestro sistema procesal penal se encuentra estructurado –entre otros– por medios y mecanismos de defensa idóneos, los cuales sirven para restablecer cualquier vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales; razón por la cual, si dichos medios ordinarios son activados –y se encuentren pendientes de resolución– y paralelamente se suscita la acción de libertad, esta jurisdicción constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar al fondo de la problemática venida en revisión, ya que podría conllevar a duplicidad de fallos tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, ocasionando inseguridad jurídica en el sistema por una posible contradicción en ambas jurisdicciones. Por lo que; corresponde, denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática jurídica planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 12 de junio, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0310_2024-S4.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 336430f7079b9bee261ab8212a954254953c6bef55e6d2a455c0544594f00f01

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