B.IA.LEGAL

SCP 0309/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 17 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
54086-2023-109-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante alegó la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa; así como, sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la remuneración, a la seguridad social y a la familia; toda vez que, la autoridad sumariante emitió las Resoluciones de Inicio de Apertura de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2021, y Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BENI 033/2022; con las cuales, no fue notificada personalmente, sino en tablero de notificaciones del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, siendo que la propia entidad conocía el lugar de trabajo al haber dispuesto su rotación mediante Memorándum GAD BENI SDAF RT 0024, además de omitir considerar su nota de reconocimiento de error involuntario; así como, irregularidades procesales, referidas a: La mención de Rosangela “Suarez Sejas” en los antecedentes y actuados procesales, cuando su nombre es Rosangela Sejas Suarez; la emisión de la resolución final del proceso en dieciocho días hábiles y veintiseis días corridos; que el año de la Resolución Inicial tiene data de “2021”; el nombramiento en la Resolución Final de una persona extraña al proceso (Blanca Roca Salvatierra) persona; la falta de fundamentación, motivación y congruencia de la Resolución Final, al haberse establecido responsabilidad administrativa y consiguiente sanción de destitución basado en una causal por la que no se apertura el proceso interno; la falta de precisión en el dispositivo segundo de la Resolución Final, sobre la normativa aplicable para la impugnación en sede administr…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 355 a 361, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional. Todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La debida comunicación procesal como presupuesto del derecho a la defensa y a la impugnación como parte del debido proceso
  2. III.2. Los medios de comunicación procesal aplicables en procesos administrativos de responsabilidad por la función pública
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0309/2025-S4 Sucre, 17 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 54086-2023-109-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 06/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 355 a 361, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosangela Sejas Suarez contra Rita Marcela Apurani Vaca, Secretaria Departamental de Administración y Finanzas; y, Marisol Fernández Arza, Directora de Procedimientos Jurídicos Administrativos, ambas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de enero de 2023, cursante de fs. 1; y, 104 a 110 vta., la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de funcionaria del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, y persona con discapacidad, la autoridad sumariante del indicado Gobierno departamental, mediante Resolución de Inicio de Apertura de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2021 de 29 de agosto, dio inicio a un proceso administrativo interno en su contra, por emitir certificaciones de trabajo con datos incorrectos para ex servidores públicos de la Gobernación (Miguel Ángel Michel Zelada, Marco Antonio Molina Heredia y Manuel Arias Moreno); Resolución notificada en el tablero de la Gobernación el 29 de agosto de 2022, a cuyo término, la misma autoridad sumariante emitió la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BENI 033/2022 de 19 de septiembre; a través de la cual, declaró la existencia de responsabilidad administrativa en su contra, disponiendo su destitución del cargo.

La indicada Resolución fue emitida sin considerar su condición de persona con discapacidad, consiguientemente, los beneficios que le otorga la Ley al respecto; sin tomar en cuenta sus notas y la expresión de error involuntario en la emisión de las certificaciones de trabajo con datos incorrectos para ex servidores públicos; así como, las irregularidades en la tramitación del señalado proceso, como el hecho de que la denuncia presentada por Norla Aponte Guardia fue contra Rosangela “Suarez Sejas”, adjuntando informes previos con el mismo nombre anotado; además de haberse dictado la resolución final del proceso en dieciocho días hábiles y veintiseis días corridos entre la denuncia y la resolución final, lo que denota la clara intención de destituirla de su fuente laboral; o que el año de la resolución inicial tiene data de “2021”; o que la notificación practicada con la resolución inicial fue mediante tablero de la Gobernación, cuando mediante memorándum GAD BENI SDAF RT 0024 de 20 de junio de 2022, se dispuso su rotación al Servicio Departamental Agropecuario Ganadero (SEDAG); de modo que, ya no se encontraba trabajando en el edificio central del gobierno departamental, Recursos Humanos (RR.HH.). La Resolución Final 033/2022, repitió –en la parte de Vistos y el Considerando II– que la denuncia es contra Rosangela “Suarez Sejas”; no así, contra Rosangela Sejas Suarez; es más, en el Considerando IV refiere el nombre de Blanca Roca Salvatierra, persona extraña al proceso; en el mismo Considerando precitado establece que la denunciada formaría parte de la estructura organizaciones del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, lo que es contrario al Manual de Funciones, que al no haber sido reformulado o actualizado, conlleva a una incertidumbre sobre la dependencia o subordinación: es decir, si esta es lineal o funcional; la indicada resolución carece de fundamentación y motivación como parte del debido proceso, al haberse iniciado el mismo por las causales previstas en los arts. 26 inc. b) y 29 inc. b) del Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; sin embargo, la resolución final, de manera incongruente, incorporó la causal prevista en el art. 57 inc. g) del indicado Reglamento interno, sin que esta última hubiera sido referida por la denunciante, actuando de esa manera, con deslealtad procesal, al establecer una contravención no establecida en la Resolución inicial; el dispositivo segundo de la resolución final, al disponerse la notificación a las partes a fin de que puedan interponer los recursos que consideren por conveniente, no expone de manera clara y concreta la normativa aplicable; es decir, si se refiere al procedimiento administrativo general, al procedimiento de la responsabilidad por la función pública o al Reglamento Interno de Personal de la entidad. No existe una notificación a su persona con la indicada Resolución Final 033/2022, sino a Marisabel Cruz Encinas como Responsable de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; de manera que, no podía disponerse su ejecutoria, conforme ocurrió mediante Auto de Ejecutoria de la Resolución Final de 26 de septiembre de 2022, sin considerar que aún estaba latente su derecho a interponer recurso de revocatoria en el marco del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.

El 16 de diciembre de 2022 interpuso incidente de nulidad de notificación y otros actos procesales, habiendo sido respondida por la autoridad sumariante, mediante Auto de 21 de igual mes y año, ratificando la resolución inicial de proceso sumario administrativo interno; así como, la resolución final y el auto de ejecutoria; y no obstante haber presentado el 27 de igual mes y año, nuevo memorial haciendo conocer las observaciones y solicitando se admita recurso de revocatoria, el mismo no tuvo respuesta; culminado así con su destitución mediante Memorándum GAD-BENI DRRHH A-611/2022 de 8 de diciembre.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denunció la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa; así como, sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la remuneración, a la seguridad social y a la familia, citando al efecto los arts. 46.I, 48.I y V, 49.III, 70, 71.III, 72, 115.II, 117.I, 119, 232 y 233 de la Constitución Política del Estado (CPE); 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 6 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se disponga la nulidad de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BENI 033/2022 de 19 de septiembre; y, la nulidad del Memorándum GAD-BENI DRRHH A-611/2022 de 8 de diciembre, de agradecimiento de servicios; debiendo ordenarse a la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas, proceder a su restitución en el cargo de Analista III – Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, más pago de haberes devengados.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 348 a 354 vta., presentes la impetrante de tutela asistida de su abogado patrocinante; así como, las autoridades demandadas, al igual que el tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela en audiencia ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolos manifestó que: a) En ningún momento fue notificada mediante los medios establecidos en el procedimiento administrativo con las resoluciones de inicio del sumario administrativo y con la resolución final; pues, al ser resoluciones de inicio y final, correspondía que la notificación sea efectuada de manera personal; y no así, mediante tablero, cuyo actuar ha generado un estado de indefensión, y con ello su destitución del Gobierno Autónomo Departamental de Beni sin que se le haya permitido asumir defensa respecto al hecho acusado, pero además, sancionada por una falta distinta a la establecida en la resolución de inicio del proceso interno; y, b) A raíz de la vulneración de derechos denunciada en esta acción de tutela constitucional, se debe anular todo el procedimiento administrativo hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta que tome conocimiento de los hechos por los cuales es procesada, permitiéndole con ello ejercer su derecho a la defensa.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Humberto Ignacio Velasco Antezana, en representación legal de Rita Marcela Apurani Vaca, Secretaria Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, por memorial presentado el 13 de enero de 2023, cursante de fs. 189 a 191 vta., y en audiencia, informó que: 1) La acción de amparo constitucional interpuesta debe ser declarada improcedente porque la accionante no agotó los mecanismos ordinarios de impugnación previstos en la norma administrativa, en aplicación del principio de subsidiariedad; 2) Las notificaciones con las resoluciones administrativas emergentes del proceso administrativo a la ahora impetrante de tutela fueron realizadas conforme a la normativa, siendo que todos los medios de notificación previstos en el art. 38 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, son aplicables y válidos indistintamente cualquiera sea el utilizado para la comunicación; 3) La sumariada, el 21 de diciembre de 2022, fue notificada con el decreto que otorgó respuesta a su memorial presentado el 16 de igual mes y año, sin que la misma hubiera hecho uso de los recursos que franquea la Ley, siendo que se avocó únicamente a impetrar la nulidad, cuando lo que correspondía era la formulación del recurso de revocatoria y posteriormente el recurso jerárquico, sin considerar que la nulidad en sede administrativa únicamente puede ser invocada mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la Ley; y, 4) En cuanto a su condición de persona con discapacidad de la solicitante de tutela, los arts. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad –Ley 223 de 2 de marzo de 2012– y 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad –Ley 977 de 29 de septiembre de 2017–, solo establecen la prohibición de despido sin causa justificada. Con base en los señalados argumentos, solicitó que se deniegue la tutela impetrada. Marisol Fernández Arza, Directora de Procedimientos Jurídicos Administrativos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, por memorial presentado el 13 de enero de 2023, cursante de fs. 196 a 199, y en audiencia, manifestó que: i) La accionante no presentó recurso de revocatoria ni recurso jerárquico, pese a que dichos mecanismos de defensa se encuentra expresamente previstos en los arts. 73 y 74 del Reglamento Interno de Personal, concordante con los arts. 64 al 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), instancias en las que pudo haberse resuelto las denuncias de irregularidades expuestas en el memorial de amparo constitucional, no obstante haber sido notificada personalmente con la respuesta a su memorial de 21 de diciembre de 2022, situación que genera una aceptación de los actuados desarrollados dentro del proceso; ii) El proceso administrativo seguido contra la ahora impetrante de tutela se desarrolló conforme a la normativa, siendo que las notificaciones fueron practicadas conforme a los medios establecidos en el art. 38 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo; iii) Respecto a la nulidad impetrada por la solicitante de tutela, la misma solo opera a través de la presentación de los recursos administrativos previstos en el ordenamiento jurídico, cuya nulidad además no implica su extensión a los actos sucesivos desarrollados con posterioridad al acto declarado nulo; iv) En cuanto a la condición de persona con discapacidad de la ahora accionante, la norma correspondiente solo prohíbe su despido injustificado; v) Su mandato como autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Beni concluyó el 30 de diciembre de 2022, siendo que a la fecha de interposición de esta acción de amparo constitucional no fue designada como nueva autoridad sumariante o autoridad sumariante alterna, por lo que no cuenta con legitimación pasiva para ser demandada en la causa; dado que, ante una eventual tutela de los derechos demandados, no tiene posibilidad de cumplir lo que se disponga al respecto, al no ser ya funcionaria de la gobernación; y, vi) Según el procedimiento administrativo es posible practicar la notificación en secretaría de sede administrativa, como ocurrió en el caso al haberse notificado a la impetrante de tutela en el tablero de la gobernación, y si bien se dice que la misma fue rotada a otra dependencia distinta de la repartición de administración y finanzas, no tenía respaldo alguno de aquello; pues, contrariamente, se apersonó a buscar a la procesada en la unidad de recursos humanos, pero nunca fue encontrada; razón por la que, fue notificada en tablero. Con base en los señalados argumentos, solicitó que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Diego Eiki Tanaka Suarez, en representación legal de José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, por memorial presentado el 13 de enero de 2023, cursante de fs. 337 a 340, manifestó que: a) La solicitante de tutela asume ostentar la condición de inamovible por su condición de persona con discapacidad; sin embargo, se debe considerar que la misma, a raíz de la emisión de certificaciones de trabajo con datos equivocados a tres ex funcionarios del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, fue sometida a proceso administrativo interno, el mismo que concluyó con su destitución del cargo; dado que, los indicados documentos fueron utilizados, en dos casos, como elemento de prueba para solicitar una reincorporación laboral cuando ello no correspondía; debido a que, los solicitantes ya no eran funcionarios de la entidad, ocasionando así un daño económico a la entidad por el pago de sueldos devengados; y, b) Al pretender la accionante su reincorporación laboral, se pretende hacer caer en error a la justicia constitucional; puesto que, la inamovilidad laboral invocada solo tiene efecto mientras dure su relación con la entidad, y siendo que en el caso la impetrante de tutela se encontraba como funcionaria de libre nombramiento, no corresponde su tutela, además que la Ley General para las Personas con Discapacidad solo prohíbe su despido injustificado. Con base en los argumentos indicados, solicitó que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a través de la Resolución 06/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 355 a 361, concedió la tutela impetrada, disponiendo: 1) La nulidad de obrados hasta la notificación con la Resolución de Inicio de Apertura de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2021 de 29 de agosto, debiendo procederse a la notificación personal de la ahora accionante con la indicada resolución; y, 2) La reincorporación de Rosangela Sejas Suarez al mismo cargo que venía desempeñando y con el mismo sueldo que percibía al momento de su desvinculación laboral, más el pago de sus sueldos devengados al momento de su reincorporación. Bajo el fundamento que, la impetrante de tutela no se apersonó a asumir defensa dentro del indicado proceso administrativo porque tenía total desconocimiento del proceso en cuestión, lo que también limitó su derecho a presentar recursos de impugnación en sede administrativa, lesionando con ello el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, al estar en un total estado de indefensión; debido a que, las notificaciones con los diferentes actuados procesales se practicaron en el tablero de notificaciones de la Gobernación y no de manera personal, no obstante que la solicitante de tutela prestaba sus servicios en dicha entidad; por lo que, debió haber sido notificada en su lugar de trabajo; dado que, las notificaciones están dirigidas a asegurar que las determinaciones asumidas en todo tipo de procesos sean conocidas efectivamente por los destinatarios, lo que en el caso no ocurrió.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Por nota CODEPEDIS-BENI OF. 20/2020 de 22 de julio, el Comité Departamental de las Personas con Discapacidad de Beni comunicó a la Dirección Departamental de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, la inamovilidad laboral de Rosangela Sejas Suarez (fs. 4 a 5). II.2. Mediante Memorándum SDAF/355-A-D/2020 de 19 de mayo, Rosangela Sejas Suarez fue designada en el cargo de Técnico I – Recursos Humanos dependiente de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni (fs. 6). II.3. A través de Memorándum SDAF/20-R/2021 de 11 de marzo, la ahora accionante fue reasignada al cargo de Analista III – Recursos Humanos dependiente de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni (fs. 8). II.4. Por Memorándum GAD-BENI SDAF RT-0024 de 20 de junio de 2022, el Gobierno Autónomo Departamental de Beni dispuso la rotación de la ahora impetrante de tutela constitucional al Servicio Departamental Autonómico Agropecuario (SEDAG [fs. 10]). II.5. Mediante Resolución de Inicio de Apertura de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2021 de 29 de agosto, la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, dispuso el inicio de proceso administrativo interno contra Rosangela Sejas Suarez, Técnico I de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, por presunta contravención al ordenamiento jurídico administrativo interno. Resolución con la que se procedió a notificar a la ahora accionante en el tablero de notificaciones de la Gobernación de Beni (fs. 56 a 59 vta.; y, 61). II.6. A través de Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2022 de 19 de septiembre, la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Beni declaró la existencia de responsabilidad administrativa de la sumariada Rosangela Sejas Suarez, disponiendo su destitución del cargo por contravenir la normativa administrativa interna de la entidad. Resolución con la cual la ahora impetrante de tutela fue notificada el 20 de septiembre de 2022, en tablero de notificaciones de la Gobernación (fs. 62 a 65 vta.; y, 256). II.7. Por Auto de Ejecutoria de 26 de septiembre de 2022, la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, declaró ejecutoriada la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2022. Acto con el cual, no cursa en antecedentes notificación a la hoy solicitante de tutela constitucional, sino solo a Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni (fs. 67 y 258). II.8. Mediante Memorándum GAD-BENI DRRHH A-611/2022 de 8 de diciembre, la ahora accionante fue desvinculada del cargo de Analista III- Recursos Humanos dependiente de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni (fs. 11). II.9. A través de memorial presentado el 16 de diciembre de 2022, Rosangela Sejas Suarez denunció a la Dirección de Procedimientos Jurídico Administrativos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, vicios en el procedimiento administrativo seguido en su contra, por no haberse procedido a la notificación personal en su contra con la Resolución de Inicio del proceso interno y la Resolución Final del mismo, causándoles indefensión, solicitando en consecuencia la nulidad de la notificación y otros actos procesales, hasta el vicio más antiguo; motivando como respuesta de la indicada autoridad, ahora demandada, el Auto de 21 de diciembre de 2022; por el que, se ratificó la Resolución Inicial del proceso interno, así como la Resolución Final y el Auto de ejecutoria (fs. 70 a 72 y 73).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante alegó la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa; así como, sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la remuneración, a la seguridad social y a la familia; toda vez que, la autoridad sumariante emitió las Resoluciones de Inicio de Apertura de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2021, y Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BENI 033/2022; con las cuales, no fue notificada personalmente, sino en tablero de notificaciones del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, siendo que la propia entidad conocía el lugar de trabajo al haber dispuesto su rotación mediante Memorándum GAD BENI SDAF RT 0024, además de omitir considerar su nota de reconocimiento de error involuntario; así como, irregularidades procesales, referidas a: La mención de Rosangela “Suarez Sejas” en los antecedentes y actuados procesales, cuando su nombre es Rosangela Sejas Suarez; la emisión de la resolución final del proceso en dieciocho días hábiles y veintiseis días corridos; que el año de la Resolución Inicial tiene data de “2021”; el nombramiento en la Resolución Final de una persona extraña al proceso (Blanca Roca Salvatierra) persona; la falta de fundamentación, motivación y congruencia de la Resolución Final, al haberse establecido responsabilidad administrativa y consiguiente sanción de destitución basado en una causal por la que no se apertura el proceso interno; la falta de precisión en el dispositivo segundo de la Resolución Final, sobre la normativa aplicable para la impugnación en sede administrativa, omisiones que generaron su indefensión en la causa aperturada en su contra, conllevando a que el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, mediante Memorándum GAD-BENI DRRHH A-611/2022 de 8 de diciembre, proceda a su destitución del cargo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La debida comunicación procesal como presupuesto del derecho a la defensa y a la impugnación como parte del debido proceso

El debido proceso, regulado en la Constitución Política del Estado como un derecho (art. 115.II), una garantía (art. 117.I) y un principio (art. 180.I), tiene como uno de sus elementos el derecho a la defensa. Así, el art. 115 de la Norma Suprema dispone que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en ese mismo sentido, el art. 117.I, ordena que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; vale decir, toda persona sindicada de la comisión de una falta o delito, tiene derecho a conocer los hechos que se le acusan, y con ello, a desvirtuar lo acusado, haciendo uso de todos los medios de prueba y de impugnación previstos por Ley, en otros términos, tiene derecho a la defensa. Para hacer uso del derecho a la defensa, la debida comunicación procesal resulta determinante; tomando en cuenta que, dichos actos tienen como finalidad hacer saber a las partes del proceso o a terceros (peritos, testigos, terceros interesados o con legítimo interés), sobre los actos o resoluciones expedidas por la autoridad judicial o administrativa dentro de una determinada causa. Al respecto, la SC 1193/2010-R de 6 de septiembre, refiriéndose a la importancia de la comunicación procesal, precisó que: “…la notificación es el acto de comunicación más importante (del proceso) que permite el ejercicio del derecho a la defensa y hace efectivo el principio de contradicción, que prohíbe a las autoridades judiciales o administrativas, emitir una resolución sin que previamente las partes hubieran tenido oportunidad de ser oídas, consagrando la inviolabilidad de la defensa en juicio y de los derechos; pues, al encontrarse ambas partes en igualdad de condiciones, deben tener conocimiento de todas las resoluciones o actos procesales que dicte el órgano jurisdiccional o administrativo al que se hallen sometidas” (las negrillas son agregadas). Así también, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, confirmando lo razonado en la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, en cuanto a los medios de comunicación en el ámbito judicial, precisó que: “…los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida” (las negrillas son agregadas). El entendimiento anterior fue asumido en la SC 1193/2010-R de 6 de septiembre, que refiriéndose a los efectos de las notificaciones practicadas sin cumplir las formalidades, pero que cumplan su finalidad, razonó que: “1) Cuando se evidencie que, el sujeto procesal no conoció ninguna de las etapas del proceso seguido en su contra, ni la Resolución que le puso fin, se infiere que estuvo en total estado de indefensión y desconoció el inicio, tramitación y determinación judicial o administrativa del mismo, vulnerándose sus derechos al debido proceso y a la defensa. En consecuencia, los actuados procesales anteriores no se convalidan, resultandos nulos. 2) En el caso que se constate que la parte asumió conocimiento de los actuados procesales y no los objetó a través de los medios legales que el ordenamiento jurídico de la materia prevé, se deduce que los convalidó a excepción de aquellos que por ley resultan insubsanables, los actuados procesales (determinación judicial o administrativa), efectuados con posterioridad a la notificación, que pudieran vulnerar sus derechos fundamentales o garantías constitucionales y contra los que no hizo el reclamo respectivo en las instancias pertinentes, se tendrán convalidados; pues, esta actitud del sujeto procesal, constituye una renuncia tácita a impugnarlos” (las negrillas fueron añadidas). El derecho a la defensa guarda estrecha relación con el derecho a la impugnación como garantía procesal, lo que se desprende de lo señalado en el art. 8.2 inc. h) de la CADH, en el entendido que, es una manifestación del derecho a la defensa el derecho a recurrir de una resolución judicial o administrativa, ante otra autoridad; pues, conforme se tiene reconocido en el art. 180.II de la CPE, se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales –garantía que también resulta aplicable en el ámbito administrativo– lo que significa que se permite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta, generalmente de jerarquía superior a la inicialmente competente, evalúe, revise, compulse y en definitiva, corrija los defectos existentes en la decisión pronunciada, basado en el derecho de acceso a la justicia; de manera que, el afectado reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos. En ese sentido, la SCP 0567/2012 de 20 de julio, precisando la trascendencia del derecho a la defensa, precisó que alcanza a los siguientes ámbitos: “...i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal”. Cabe señalar que, el primer emplazamiento o citación al demandado o procesado, o al destinatario del acto judicial resulta esencial, porque permite iniciar la relación jurídico procesal con el objeto de que la parte pueda tomar conocimiento sobre la existencia de un procedimiento frente a ella, y en consecuencia, tener la posibilidad de ejercitar su derecho de defensa si así lo considera oportuno, de tal manera que su falta o deficiente realización, si no se cumple la finalidad que el medio de comunicación procesal tiene, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la situación de incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso.

III.2. Los medios de comunicación procesal aplicables en procesos administrativos de responsabilidad por la función pública

Como fue señalado en el fundamento jurídico precedente, la comunicación procesal resulta importante a los efectos del ejercicio de los derechos de aquella persona a la cual se demanda o se endilga la comisión de delito, falta o contravención. En el Derecho Público, la doctrina ha desarrollado el alcance del derecho a ser oído, como parte del derecho a la defensa, en el marco de los procedimientos administrativos, que a decir del tratadista Roberto Dromi, debe ser comprendido como la efectiva posibilidad de participación en el procedimiento, y que comprende los derechos a: i) Ser oído, que es la garantía que el procedimiento debe ofrecer a los administrados, como titulares de un derecho, a exponer sus razones; la misma que, consiste en: a) La publicidad del procedimiento, el real conocimiento de las actuaciones administrativas (vistas, traslados, etc.); b) La oportunidad de expresar sus argumentaciones antes y después de la emisión del acto administrativo, interponiendo recursos; y, c) El derecho a hacerse patrocinar y representar profesionalmente; y, ii) Ofrecer y producir prueba. Corresponde entonces a los órganos que intervienen en el procedimiento administrativo realizar las diligencias tendientes a la averiguación de los hechos que fundamentan la decisión, sin perjuicio del derecho de los interesados a ofrecer y producir las pruebas que sean pertinentes. “La garantía constitucional de la defensa en juicio exige, fundamentalmente, que la parte interesada tenga la oportunidad de exponer sus defensas y ofrecer las pruebas que hacen a su descargo; en similar razonamiento, el estudioso Agustín Gordillo, refiriéndose a los principios que regulan el procedimiento administrativo, señaló que el derecho a ser oído y a una decisión fundada, presupone la publicidad del procedimiento, la oportunidad de expresar las razones del interesado antes de la emisión del acto administrativo y desde luego también después, la consideración expresa de los argumentos y de las cuestiones propuestas, la obligación de decidir expresamente las peticiones, la obligación de fundar las decisiones, el derecho a hacerse patrocinar por letrado, el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, el derecho a que toda prueba razonablemente propuesta sea producida, que la producción de la prueba sea efectuada antes de que se adopte decisión alguna sobre el fondo de la cuestión y el derecho a controlar la producción de la prueba hecha por la administración”.

De lo señalado se puede concluir que, el derecho a ser escuchado en el proceso está vinculado directamente con el derecho a la defensa en juicio, sea que se trate de un proceso administrativo o judicial, puesto que, en el marco de la garantía prevista en el art. 117.I de la Ley Fundamental, ninguna persona puede ser condenada en juicio alguno, sino se le otorga la posibilidad de presentar sus descargos o alegaciones ante la autoridad competente e imparcial, en un debido proceso, proponiendo las pruebas que considere pertinentes para desvirtuar los hechos que se le acusan o probar los hechos sostenidos en su defensa; así como, permitirle el uso efectivo de los recursos que la ley (en sentido formal y material) le franquea, además de la observancia de los presupuestos determinados para cada instancia procesal. Siendo que la causa que motiva esta sentencia constitucional plurinacional tiene que ver con los medios de comunicación aplicables en procesos administrativos correspondientes a la responsabilidad por la función pública, concretamente lo referido a la responsabilidad administrativa, corresponde precisar su regulación legal al respecto. El art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) –Ley 1178 de 20 de julio de 1990–, refiriéndose a la responsabilidad administrativa del servidor público, establece que la misma acontece cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público; la misma que, se determina mediante proceso interno de cada entidad; siendo en consecuencia, el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública –aprobado por DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992–, el instrumento normativo que regula lo concerniente a la determinación de la responsabilidad por la función pública, modificado en parte por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, estableciendo la autoridad competente, las obligaciones del sumariante, los plazos procesales, entre otros. En cuanto a los medios de notificación a ser utilizados en el proceso administrativo de responsabilidad por la función pública, la indicada normativa especial no los precisa; de modo que, atendiendo al ámbito dentro del cual se encuentra dicho proceso (Derecho Público), así como lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Procedimiento Administrativo, corresponde remitirse a la norma general que para el caso es la Ley de Procedimiento Administrativo –Ley 2341 de 23 de abril de 2002– y su Decreto Reglamentario, al constituirse la misma en la norma jurídica marco para la Administración Pública, cuyo art. 33, dispone que: “II. Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones señaladas en los numerales III, IV, V y VI del presente artículo, salvo lo expresamente establecido en la reglamentación especial de los sistemas de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 2º de la presente Ley”. Los señalados parágrafos III, IV, V y VI del art. 33 de la LPA, disponen lo siguiente: “III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública.

IV. Si el interesado no estuviera presente en su domicilio en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona que se encontrare en él, debiendo hacer constar su identidad y su relación con el interesado. Si se

rechazase la notificación, se hará constar ello en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento en todo caso.

V. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia: a) De la recepción por el interesado;

b) De la fecha de la notificación; c) De la identidad del notificado o de quien lo represente; y, d) Del contenido del acto notificado.

VI. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el domicilio de ellos o, intentada la

notificación, ésta no hubiera podido ser practicada, la notificación se hará mediante edicto publicado por una vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional o en un medio de difusión local de la sede del órgano administrativo” (las negrillas son agregadas). A su vez, el art. 38 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante DS 27113 de 23 de julio de 2003, establece que las notificaciones se podrán efectuar, indistintamente, por alguno de los siguientes medios: a) Presentación espontánea del interesado. b) Cédula.

c) Correspondencia postal certificada, con aviso de entrega. d) Edictos. e) Diligencia en Secretaría del órgano o entidad administrativa. f) Facsímil. g) Correo Electrónico”. Refiriéndose a la forma de Diligencia en Secretaría del órgano o entidad administrativa, el art. 43 del indicado cuerpo normativo reglamentario, dispone: “(Notificación en secretaria) Las notificaciones a administrados que no constituyan domicilio a los efectos del procedimiento, se practicarán en la Secretaría o en la Oficina señalada por la autoridad del órgano o entidad administrativa, los días lunes y jueves, mediante diligencia asentada en el expediente. La notificación se tendrá por realizada el día de la diligencia” (las negrillas son agregadas). Cabe precisar que, por determinación del art. 37.I del indicado Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos administrativos que no hubieran sido notificados legalmente carecen de efecto y no corren los términos para interponer los recursos contra ellos. De las normas transcritas, correspondientes a la Ley de Procedimiento Administrativo, se puede advertir que la regla para las comunicaciones procesales es la notificación personal al sumariado o procesado; así se puede establecer cuando la indicada normativa refiere al domicilio del procesado para su notificación, y que las demás formas de notificación, si bien son válidas indistintamente, ello solo en la medida en que se cumplan con las condiciones reguiladas para cada forma, puesto que solo de esa manera se asegurará la comunicación al interesado respecto al contenido del acto que se notifica. En ese sentido, se establece evidentemente la regulación de distintos medios de notificación con los actos administrativos, siendo uno de ellos precisamente la notificación en secretaría o en la oficina señalada por la autoridad administrativa; sin embargo, dicha forma de comunicación procesal únicamente es válida si el administrado no constituye un domicilio válido a los efectos del procedimiento respectivo, lo que significa que, en tratándose de la comunicación con el primer actuado o resolución dentro del proceso administrativo de responsabilidad por la función pública, la autoridad sumariante debe proceder inexcusablemente a la notificación personal del sumariado; dado que, solo de esa manera podrá garantizarse la recepción o conocimiento por el procesado.

En cuanto se refiere a la notificación con la resolución final del proceso administrativo interno, la misma debe ser realizada también de forma personal al sumariado, salvo que la autoridad sumariante hubiera establecido una forma de notificación diferente en razón a solicitud expresa del interesado, o cuando la forma señalada por este último no hubiera sido aceptada por la autoridad administrativa y notificada personalmente tal decisión al procesado. En ese sentido, el término “indistintamente”, comprendido en el art. 38 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, debe ser interpretado en el marco del deber de garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, consagrado en el art. 9.4 de la CPE; de modo que, se entienda que cualquiera de los medios de notificación previstos en el dicho dispositivo, es válido indistintamente si el mismo logró la efectiva comunicación al destinatario de tal acto, baso sanción de nulidad en caso contrario.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso de análisis, la accionante alegó la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa; así como, sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la remuneración, a la seguridad social y a la familia; toda vez que, la autoridad sumariante emitió las Resoluciones de Inicio de Apertura de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2021, y Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BENI 033/2022; con las cuales, no fue notificada personalmente, sino en tablero de notificaciones del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, siendo que la propia entidad conocía el lugar de trabajo al haber dispuesto su rotación mediante Memorándum GAD BENI SDAF RT 0024, además de omitir considerar su nota de reconocimiento de error involuntario; así como, irregularidades procesales, referidas a: La mención de Rosangela “Suarez Sejas” en los antecedentes y actuados procesales, cuando su nombre es Rosangela Sejas Suarez; la emisión de la resolución final del proceso en dieciocho días hábiles y veintiseis días corridos; que el año de la Resolución Inicial tiene data de “2021”; el nombramiento en la Resolución Final de una persona extraña al proceso (Blanca Roca Salvatierra) persona; la falta de fundamentación, motivación y congruencia de la Resolución Final, al haberse establecido responsabilidad administrativa y consiguiente sanción de destitución basado en una causal por la que no se apertura el proceso interno; la falta de precisión en el dispositivo segundo de la Resolución Final, sobre la normativa aplicable para la impugnación en sede administrativa, omisiones que generaron su indefensión en la causa aperturada en su contra, conllevando a que el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, mediante Memorándum GAD-BENI DRRHH A-611/2022, proceda a su destitución del cargo.

III.3.1. Cuestiones previas a) Sobre la legitimación pasiva de la codemandada

Marisol Fernández Arza, entonces Directora de Procedimientos Jurídicos Administrativos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, codemandada en esta acción de tutela constitucional, en su informe manifestó que no cuenta con legitimación pasiva para ser demandada en la causa; debido a que, ya no fue designada como autoridad sumariante para la gestión 2023 en el Gobierno Autónomo Departamental de Beni; dado que, ante una eventual tutela de los derechos demandados, no tendría la posibilidad de cumplir lo que se disponga al respecto, al no ser ya funcionaria de la gobernación. Por disposición del art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional tiene lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos reconocidos en la Constitución Política del Estado y la Ley; de manera que, la legitimación pasiva no es más que la aptitud legal que adquiere la persona natural o jurídica, para ser demandada en una acción tutelar, por haber incurrido en un acto u omisión ilegal o indebida, denunciada por la parte impetrante de tutela, deviniendo en la existencia plena de correspondencia entre el acto denunciado como lesivo y la persona sea individual o colectiva que la generó. Si bien es evidente que, en el caso de análisis, la indicada persona fue objeto de agradecimiento de sus servicios el 6 de enero de 2023 por el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, conforme consta por el Memorándum GAD-BENI DRRHH S.D.JU. 60/2021-F de 6 de enero, no es menos evidente que fue dicha autoridad la que suscribió la Resolución de Inicio de Apertura de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2021, y la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2022, actos que ahora son demandados como lesivos a los derechos fundamentales de la hoy solicitante de tutela constitucional; de modo que, aun sea cierto que no pueda cumplir lo determinado por la justicia constitucional, ello ante una eventual tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales alegados como lesionados en esta causa, es evidente que la hoy co-demandada cuenta con legitimación pasiva para ser demandada, al existir la debida correspondencia entre los actos denunciados como lesivos de los derechos fundamentales de la accionante y la persona individual que los emitió.

b) Principio de subsidiariedad De otro lado, tanto las autoridades demandadas como la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, refirieron en sus informes e intervenciones en audiencia, que la parte impetrante de tutela no hubiera agotado los recursos ordinarios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico vigente, al no haber interpuesto los recursos de revocatoria y jerárquico contra la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2022; razón por la cual, alegan la improcedencia de la acción por subsidiariedad. Al respecto, debe considerarse que el argumento central de la presente acción de tutela constitucional tiene que ver con la ausencia de notificación personal a la ahora solicitante de tutela con la Resolución de Inicio de Apertura de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2021, y la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2022; es decir, la presunta indefensión generada por falta de notificación personal a la procesada. Siendo así, es evidente que lo argumentado por la parte demandada y el tercero interesado al respecto carece de razonabilidad; tomando en cuenta, que no podría exigirse el agotamiento de los recursos de impugnación en sede administrativa (revocatoria y jerárquico) cuando lo alegado por la parte accionante es precisamente la emisión de las indicadas resoluciones en total desconocimiento de la procesada; de modo que, no es aplicable el principio de subsidiariedad en el caso.

III.3.2. Resolución de la problemática de fondo

De la revisión de los antecedentes que se acompañan al legajo constitucional y conforme con las conclusiones del presente fallo, se establece que la ahora impetrante de tutela es servidora pública del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, ocupando diferentes funciones, como: Técnico I – Recursos Humanos dependiente de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas conforme a memorándum de 19 de mayo de 2020; Analista III – Recursos Humanos dependiente de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas, de acuerdo a memorándum de 11 de marzo de 2021; y, finalmente como servidora pública del Servicio Departamental Autonómico Agropecuario (SEDAG), dispuesto por memorándum de 20 de junio de 2022; aclarando que la funcionaria gozaba de inamovilidad laboral debido a ser persona con discapacidad física mayor al 50%.

El indicado Gobierno Autónomo Departamental, a través de la entonces autoridad sumariante, mediante Resolución de Inicio de Apertura de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2021, dispuso el inicio de proceso administrativo interno contra Rosangela Sejas Suarez, “Técnico I de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni” (sic.), por presunta contravención al ordenamiento jurídico administrativo interno; resolución con la que se procedió a notificar a la ahora accionante, en el tablero de notificaciones de la Gobernación de Beni, el 29 de agosto de 2022. La misma autoridad sumariante, a través de Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2022, declaró la existencia de responsabilidad administrativa de la sumariada Rosangela Sejas Suarez, disponiendo su destitución del cargo por contravenir la normativa administrativa interna de la entidad; resolución con la cual la ahora impetrante de tutela fue notificada el 20 de septiembre de 2022, igualmente en el tablero de notificaciones de la Gobernación. Cabe aclarar que, de acuerdo a la precitada resolución final, la sumariada no presentó prueba de descargo alguna durante el periodo probatorio dispuesto por la autoridad competente. Igualmente, por Auto de Ejecutoria de 26 de septiembre de 2022, la indicada autoridad declaró ejecutoriada la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2022; acto con el cual no cursa en antecedentes notificación a la hoy solicitante de tutela constitucional, sino solo a la repartición de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni. Con base en lo señalado, mediante Memorándum GAD-BENI DRRHH A-611/2022 de 8 de diciembre, la ahora accionante fue desvinculada del cargo de Analista III - Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni. Ante tal determinación, la hoy accionante, a través de memorial presentado el 16 de diciembre de 2022, denunció a la Dirección de Procedimientos Jurídico-Administrativos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, vicios en el procedimiento administrativo seguido en su contra, por no haberse procedido a su notificación personal con la Resolución de Inicio del Proceso Interno y la Resolución Final del mismo, acusando que tal omisión le causó indefensión, solicitando en consecuencia la nulidad de la notificación y otros actos procesales, hasta el vicio más antiguo; pretensión que mereció como respuesta, el Auto de 21 de diciembre de 2022; por el que, se ratificó la Resolución Inicial del Proceso Interno; así como, la Resolución Final y el Auto de Ejecutoria, consolidándose con ello su destitución de la entidad. Conforme fue señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la notificación es el acto de comunicación más importante del proceso, porque permite el ejercicio del derecho a la defensa y hace efectivo el principio de contradicción, que prohíbe a las autoridades judiciales o administrativas, emitir una resolución sin que previamente las partes hubieran tenido oportunidad de ser oídas; de manera que, el acto de comunicación, para tener validez, debe ser realizado de tal manera que se asegure su recepción por el destinatario; pues, cuando se evidencia que el sujeto procesal no conoció del proceso seguido en su contra, y consiguientemente de así resoluciones pronunciadas dentro del mismo, se infiere que estuvo en total estado de indefensión y desconoció el inicio, tramitación y determinación judicial o administrativa. En el caso de examen, es evidente que la ahora impetrante de tutela fue notificada con la Resolución de Inicio de Apertura de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2021–proceso que en los hechos corresponde a la gestión 2022– y la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo S.JU.-GAD-BE 033/2022, en el tablero de notificaciones del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, hecho que no solo quedó establecido de las diligencias que cursan en antecedentes, sino también de lo informado por las autoridades demandadas en esta acción de tutela constitucional. La indicada forma de comunicación, si bien constituye un medio válido previsto en el art. 38 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, conforme explican los demandados, es evidente que no fue aplicado en el marco del deber de garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado a la ahora accionante; es decir, que dicho medio logre la efectiva comunicación al destinatario del acto, que en tratándose de la Resolución de Inicio del proceso, al ser el primer actuado o resolución dentro del proceso administrativo de responsabilidad por la función pública, correspondía a la autoridad sumariante proceder con la notificación personal del sumariado; dado que, solo de esa manera podrá garantizarse la recepción o conocimiento por el procesado; y, en tratándose de la Resolución Final del sumario, la misma debió ser realizada también de forma personal a la procesada, salvo que la autoridad sumariante hubiera establecido una forma de notificación diferente en razón a solicitud expresa de la interesada, o cuando la forma señalada por esta última no hubiera sido aceptada por la autoridad administrativa y notificada personalmente tal decisión a la procesada; todo conforme al razonamiento contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. La falta de efectividad del acto de comunicación procesal en el caso, realizado mediante notificación en tablero de la entidad, generó precisamente que la ahora impetrante de tutela no tome conocimiento de los hechos que se acusaban en su contra, y con ello, asumir defensa en el sumario interno, ya sea presentando argumentos o alegatos, o aportando la prueba correspondiente si así lo consideraba pertinente. No se tienen razones de hecho sobre el porqué la autoridad sumariante procedió a notificar y dar por válidas las notificaciones a la ahora solicitante de tutela mediante tablero de notificaciones, cuando resulta que la misma es funcionaria de la propia entidad, independientemente de la repartición a la cual fue rotada de manera previa al inicio del proceso administrativo interno seguido en su contra; más aún, si la procesada era una persona con discapacidad física, lo que permite razonar que su desplazamiento se encontraba limitado; por lo que, se hacía necesario garantizar el efectivo conocimiento de los hechos por los que se decidió iniciar el proceso interno en su contra; así como, la decisión final pronunciada dentro del mismo. Es por ello que, bajo los indicados razonamientos, la falta de efectividad del acto de comunicación procesal con las resoluciones pronunciadas dentro del proceso administrativo interno seguido en contra de la ahora accionante, ha conllevado la lesión al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, al haber sido sancionada con la destitución de su cargo, en completo estado de indefensión, lo que a su vez afectó, los derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la remuneración y a la seguridad social, al haberse procedido a destituirla del cargo que venía desempeñando, con inamovilidad laboral dado su condición de persona con discapacidad, hasta que previo debido proceso, se determine lo que corresponda por los hechos que se acusan en su contra. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, efectuó un análisis correcto de los antecedentes.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 355 a 361, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional. Todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADO MAGISTRADA

Notas al pie

1 Derecho Administrativo, 2015, Argentina, Hispania Libros, tomo 2, pág. 444.

2 Tratado de Derecho Administrativo, 2003, Lima-Perú, ARA Editores, Tomo 2, pág. IX-18

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0309_2025-S4.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1bccda637b35fd3a324b8c6e6092960fc958ebd95fef6ddeb53ba31f022fc539

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