B.IA.LEGAL

SCP 0309/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de abril de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51592-2022-104-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad por dilación indebida, toda vez que: a) La Jueza demandada pese haber tomado conocimiento de manera reiterada de las solicitudes de cesación a la detención preventiva, encontrándose el expediente en el Juzgado a cargo, no programó audiencia, sino hasta después de su reiteración. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/22 de 14 de agosto de 2022, cursante de fs. 41 vta. a 48 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, en los mismos términos y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por no haber celebrado las audiencias programadas, así como no haber reprogramado dicho acto procesal, conforme establecen los arts. 113 y 239 del Código de Procedimiento Penal. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Tania Katerine Fernández Ugarte Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos Octava del mismo departamento, conforme lo señalado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3º Exhortar a la Jueza demandada, que en el futuro actúe con celeridad en la tramitación y resolución de audiencias de consideración de medidas sustitutivas a la detención preventiva, así como verificar las actuaciones del personal dependiente de su despacho en todas las diligencias, principalmente las referentes, a las notificaciones con todos los actuados a las partes procesales dentro de cada proceso.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  3. III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia
  4. III.4. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0309/2025-S3 Sucre, 30 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51592-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 36/22 de 14 de agosto de 2022, cursante de fs. 41 vta. a 48 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Walter Rafael Antezana Lora en representación sin mandato de Liliana Deniz contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Tania Katerine Fernández Ugarte Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos Octava del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de agosto de 2022, cursante de fs. 21 a 28 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, de oficio por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, mediante Auto Interlocutorio de 25 de junio de 2022, Livia Santa Alarcón Aranda Jueza de Instrucción Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-, dispuso la extrema medida de la detención preventiva en su contra por un lapso de ciento ochenta días. Por memorial de 27 de julio de 2022, solicitó la cesación a la detención preventiva, con la finalidad de demostrar la inexistencia de riesgos procesales; sin embargo, el referido memorial no fue decretado, tampoco se señaló audiencia, por la Jueza demandada, limitándose a remitir su memorial a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cuando lo que correspondía era solicitar se remita el expediente al Juzgado de Instrucción Decimotercera de la capital del referido departamento, habiendo con dicho acto generado dilación indebida. Por lo que, el 29 de julio de 2022, presentó memorial ante la citada Sala Penal, a objeto de que se remita el cuaderno procesal al Juzgado de origen y pese a que dicha instancia realizó la devolución del mismo, la autoridad demandada tampoco señaló audiencia, más al contrario esperó a que su persona presente otro memorial a objeto de fijar audiencia para consideración de la cesación a la detención preventiva; por lo que, el 3 de agosto del mismo año, reiteró su solicitud y mediante decreto de 4 de igual mes y año, señaló audiencia para el día sábado 6 de idéntico mes y año a horas 10:00, inobservando que era feriado nacional, motivo por el que no se llevó a cabo la citada audiencia, generando nuevamente dilación indebida, vulnerando su derecho a una justicia pronta y efectiva. Posteriormente por tercera vez, el 8 de agosto de 2022, presentó memorial solicitando audiencia de cesación a la detención preventiva, por lo que, mediante decreto de 9 de idéntico mes y año, programó audiencia para el 12 de igual mes y año a horas 10:30, encargándose las notificaciones a los sujetos procesales; sin embargo, según refiere, la auxiliar de dicho Juzgado, al día siguiente generó las notificaciones, recayendo la misma en la Oficina Gestora de Procesos Octava -ahora codemandada-. Instalada la audiencia programada, no obstante la presencia de las partes, la autoridad fiscal solicitó la suspensión de la audiencia, debido a que no fue notificado con los nuevos elementos que demuestren la existencia de los fundamentos que motivaron la detención preventiva, solicitud que fue objetada por su abogado, quién en su intervención, señaló que debe cumplirse lo establecido en la Ley de Abreviación Procesal y Fortalecimiento de Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (Ley 1173), en lo referente a las notificaciones, las que deben realizarse de manera digital, en el buzón de notificaciones de ciudadanía digital, intervención que fue coartada de manera abusiva y prepotente por la Jueza demandada, quién manifestó que, tenía que darle dinero al auxiliar de su Juzgado, para que saque fotocopias de los documentos y notifiquen al Fiscal de Materia; por lo que con dicho argumento suspendió la audiencia, sin señalar una nueva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de su derecho a la defensa, a la libertad, al debido proceso, a una tutela judicial pronta y efectiva, a los principios de celeridad, inmediatez y gratuidad; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.1 de la Convención América sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) La Jueza demandada señale audiencia de cesación a la detención preventiva, dentro de las cuarenta y ocho horas; y, b) La Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos Octava, realice las notificaciones al representante del Ministerio Público a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital con las pruebas digitalizadas como establece el procedimiento penal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 41 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia virtual ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, señaló que: 1) Las notificaciones al Ministerio Público, Policía Boliviana y demás instituciones estatales, se realizará en su respectivo control de notificaciones, disponibles mediante ciudadanía digital, conforme lo establecido en la Ley 1173 y el Protocolo de Actuación de las Oficinas Gestoras; 2) En la audiencia debió subsanarse la notificación con los documentos que no se realizaron oportunamente, habiendo la Jueza demandada incumplido el principio de oralidad, inmediación, continuidad, establecidos en el art. 103 del Código Procesal Penal (CPP); y, 3) Si bien, el art. 113 del adjetivo penal establece que excepcionalmente ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, el Juez debe señalar audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 30. Sin embargo, remitió el expediente de manera digital al WhatsApp de la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la capital del referido departamento. Tania Katerine Fernández Ugarte, Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos Octava del departamento de Santa Cruz, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) La accionante solo hizo referencia a que la auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero generó la notificación, pero no adjuntó reporte de las notificaciones generadas y recepcionadas; ii) Tampoco mencionó qué número de notificación no fue realizada; iii) Las notificaciones por ciudadanía digital, son realizadas por los gestores, como establece el Código de Procedimiento Penal y el Protocolo de Actuación de las Oficinas Gestoras y no así por su persona; y, iv) Revisado el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) de las notificaciones generadas dentro del proceso penal seguido contra la solicitante de tutela, la auxiliar del aludido Juzgado, no generó ni envió a la Oficina Gestora de Procesos, ninguna notificación dentro de dicho proceso, por lo que el gestor no podía efectivizar la notificación.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante la Resolución 36/22 de 14 de agosto de 2022, cursante de fs. 41 vta. a 48 vta., concedió en parte la tutela solicitada, respecto a la Jueza demandada y denegó la tutela en relación a la Coordinadora codemandada, con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad judicial demandada, incumplió lo establecido en el art. 113.II del CPP, por el que se establece, que excepcionalmente ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia, señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, en el caso presente, ante la suspensión por causales no atribuibles a la solicitante de tutela, la autoridad jurisdiccional estaba obligada a señalar audiencia de manera inmediata conforme lo establecido en el art. 239 del adjetivo penal, a objeto de considerarse la cesación de la detención preventiva; y, b) De acuerdo con el informe escrito emitido por la Coordinadora codemandada y los documentos contrastados en el expediente, no se tiene reporte para evidenciar que se haya generado las notificaciones para el Ministerio Público, por parte de la auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la capital del departamento de Santa Cruz, para que la gestora pueda realizar la respectiva notificación conforme establece el Código de Procedimiento Penal y el Protocolo de Actuación de las Oficinas Gestoras, por lo que no se constató responsabilidad de Tania Katerine Fernández Ugarte codemandada. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el representante sin mandato de la accionante solicitó: 1) Se disponga que la jueza demandada, en el plazo de cuarenta y ocho horas, conforme establece el Código de Procedimiento Penal, programe audiencia de cesación a la detención preventiva; 2) Asimismo, ante el informe que no se habría generado debidamente las notificaciones, se complemente la Resolución, para que se emplace a sus funcionarios o a la auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero del departamento de Santa Cruz, para que realice su trabajo de manera correcta, digitalizando la prueba; y, 3) La Coordinadora codemandada, realice las notificaciones con la documentación o la prueba presentada, una vez este digitalizada.

En sustanciación y resolución de lo impetrado, la Jueza de garantías, con respecto al primer punto señaló que: i) La resolución dictada fue clara, ya que se estableció el cumplimiento del art. 239 del CPP, que establece que planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la Jueza, el Juez o Tribunal, deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas; ii) Al segundo punto, la autoridad jurisdiccional como director de juzgado, está obligado a ser asistido por el personal de apoyo jurisdiccional y con personal de la gestora; por lo que, en relación a las notificaciones, también se estableció en la Resolución, cuando se hizo alusión al art. 160 del CPP y Ley 1173, puesto que la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de verificar si esas actuaciones se llegan a concretar, por el personal coadyuvante de dicho Juzgado, realizando las notificaciones conforme a sus responsabilidades y la normativa precedentemente detallada; y, iii) Al tercer punto, señaló que se encuentra establecido en la última parte de la Resolución emitida por su autoridad, en lo concerniente al procedimiento para las notificaciones que se deben realizar de acuerdo al Código de Procedimiento Penal y el Protocolo de Actuación de las Oficinas Gestoras, existente para este efecto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 27 de julio de 2022, Liliana Deniz -ahora accionante-, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, solicitó a Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora autoridad demandada-, el señalamiento de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva (fs. 2 a 3). II.2. Por memorial -sin fecha- el accionante reiteró su solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 4), ante lo cual, la Jueza demandada mediante decreto de 4 de agosto de 2022, señaló audiencia virtual para el sábado 6 del mismo mes y año, que fue suspendida por ser día feriado nacional (fs. 5). II.3. A través del memorial de 8 de agosto de 2022, la solicitante de tutela, reiteró su solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 6 a 10), mereciendo el decreto de 10 del mismo mes y año, señalando audiencia virtual para el 12 del igual mes y año (fs. 11). II.4. La auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del referido departamento de Santa Cruz, no generó ni envió a la Oficina Gestora, notificación alguna para el Ministerio Público, según informe de 14 de agosto de 2022, que no fue desvirtuado por la autoridad demandada (fs. 34 a 35).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad por dilación indebida, toda vez que: a) La Jueza demandada pese haber tomado conocimiento de manera reiterada de las solicitudes de cesación a la detención preventiva, encontrándose el expediente en el Juzgado a cargo, no programó audiencia, sino hasta después de su reiteración. Posteriormente programó dicho actuado procesal para el 6 de agosto de 2022, inobservando que es feriado nacional, y sin ningún justificativo no instaló la referida audiencia, menos aún reprogramó la misma, sino esperó a la presentación de nuevo memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, para programar la consideración de su solicitud para el 12 del mismo mes y año; y, en dicho acto, una vez instalada la audiencia, la suspendió, debido a que no se cumplió con la notificación con la prueba al Ministerio Público, actuado en él que tampoco se reprogramó nueva de audiencia; y, b) La Coordinadora codemandada, no realizó la notificación al Ministerio Público con los medios de prueba, para la audiencia programada para el 12 de agosto de 2022, por lo que solicitó se conceda la tutela, y consecuentemente: 1) Se ordene a la Jueza demandada, programe audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas; y, 2) La Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos Octava, realice la notificación al Ministerio Público, con todos los documentos mediante la plataforma de ciudadanía digital. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras. En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se 1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

Entendimiento extraído de la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el 2El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 3El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo- Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad. La sistematización precedentemente anotada fue extraída de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril.

III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia

La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239 que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numerales 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas SCP 0110/2012 de 27 de abril; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a Ley 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas). 5 El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código”. En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud. Entendimiento extraído de la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto.

III.4. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia reiterada en numerosos fallos constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto.

Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R. Razonamiento jurídico extraído de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril.

III.5. Análisis del caso concreto

Dentro del presente caso, la parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad por dilación indebida, considerando que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, la autoridad demandada no resolvió su solicitud de cesación a la detención preventiva. En ese contexto, con carácter previo corresponde referirse a la ausencia del informe de la autoridad judicial demandada, su inasistencia a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, así como a la no remisión de antecedentes del caso, que debieron ser enviados para que la Jueza de garantías y este Tribunal Constitucional Plurinacional tengan los elementos de convicción necesarios para resolver la causa. Ante esta omisión, la jurisprudencia constitucional invocada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional ha establecido la aplicación del principio de presunción de veracidad, cuando las autoridades demandadas no presentan informes para desvirtuar las afirmaciones de la demanda tutelar, tampoco acuden a la audiencia de consideración de la acción de libertad; vale decir, se tienen por ciertas las afirmaciones realizadas por la solicitante de tutela; lo cual acontece en el caso de autos; por lo que la presente causa se analizará en el marco del principio de presunción de veracidad de lo denunciado por la accionante y los elementos probatorios adjuntados por ella. Tomando en cuenta que la acción de libertad ha sido dirigida contra dos servidores públicos, se analizará la causa de la siguiente manera: a) Respecto a la Jueza demandada

Conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, identificada la problemática traída en revisión, se advierte que la accionante solicitó la cesación a la detención preventiva el 27 de julio de 2022 (Conclusión II.1), memorial que no tuvo pronunciamiento por parte de la Jueza demandada, incumpliendo lo establecido en el art. 239 del CPP, que señala: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”, por lo que con este accionar, la Jueza demandada incumplió lo establecido en el adjetivo penal, contraviniendo de igual forma lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, referente al plazo de señalamiento y celebración de la audiencia de consideración de cesación la detención preventiva, puesto que no programó dicha audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas establecido para este efecto, fijo señalamiento después de más de siete días de haberse solicitado la cesación a la detención preventiva por el accionante. Posteriormente, ante la reiteración de la indicada solicitud, la Jueza demandada programó tal acto procesal para el 6 de agosto de 2022 (Conclusión II.2); sin embargo, no llevó adelante el mismo, contraviniendo lo establecido en el art. 113.II del CPP, que establece “…En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación”, evidenciándose que la Jueza demandada al no instalar la audiencia programada para la citada fecha, inobservó lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el cual señala que una solicitud de cesación a la detención preventiva, debe tramitarse con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación de tal solicitud, ello en concordancia con lo establecido en la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, referente a la aplicación del principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares, debiendo la autoridad demandada tomar en cuenta tales aspectos a efecto de realizar las diligencias judiciales con la mayor celeridad posible. Finalmente, ante la reiteración de señalamiento de audiencia efectuada a través de memorial de 8 de agosto de 2022 por la impetrante de tutela, la Jueza demanda mediante decreto de 10 de agosto de 2022, programó audiencia de consideración de la misma para el 12 de similar mes y año (Conclusión II.3), acto procesal que fue suspendido sin justificación legal alguna, porque no se habría notificado al Ministerio Púbico con los medios de prueba para este acto procesal, tampoco reprogramó este actuado para otra fecha, advirtiéndose que incurrió en la inaplicación de lo dispuesto en el art. 113.II del CPP, que establece “…Excepcionalmente ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la Juez, el Juez o el tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas…”; asimismo, corresponde precisar que ante la falta de presentación de informe e inasistencia a la audiencia de la presente acción tutelar de la autoridad demandada, se presume la veracidad del acto lesivo denunciado por la accionante; conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, puesto que la Jueza demandada no desvirtuó los mismos, máxime si en su condición de autoridad judicial demandada tenía la obligación y deber de elevar informe con la prueba suficiente a objeto de que la misma sea considerada por la Jueza de garantías. Por todo lo expuesto, resulta evidente que la Jueza demandada dilató indebidamente la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva de la accionante, en el señalamiento de la audiencia, posteriormente en la no instalación de la primera audiencia programada y en la suspensión de la última audiencia sin causa justificada, conforme lo establecido en los arts. 113 y 239 del CPP, incumpliendo lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el entendido que la autoridad jurisdiccional que conoció la solicitud de cesación a la detención preventiva, no la tramitó con la celeridad debida y dentro del plazo establecido, por lo que en el marco de la jurisprudencia glosada, corresponde conceder la tutela solicitada en relación a la Jueza demandada. b) En cuanto a la Coordinadora codemandada Por otra parte, en cuanto a la denuncia referente a que la Coordinadora codemandada, no efectivizó la notificación con los medios de prueba al Ministerio Público, se debe tomar en cuenta que de acuerdo al informe emitido por la referida funcionaria, señaló que las notificaciones por ciudadanía digital son realizadas por los gestores, ello conforme establece el Protocolo de Actuaciones de la Oficina Gestora, aclarando que el personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado de la causa, no generó ni envió notificación alguna para el Ministerio Público (Conclusión II.4); en ese sentido, es responsabilidad de la autoridad demandada en su condición de directora del proceso, realizar el control del personal de apoyo jurisdiccional a su cargo, a objeto que se realicen las notificaciones conforme a normativa vigente y protocolo existente para este efecto, teniéndose como ciertos lo alegado por la parte accionante en aplicación de la jurisprudencia constitucional invocada en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, ello ante la ausencia de informe de la autoridad demandada y su inasistencia a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, que conlleva no haber desvirtuado lo aseverado por la parte accionante, no acreditándose responsabilidad alguna de la funcionaria codemandada, correspondiendo denegar la tutela al respecto.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obro de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/22 de 14 de agosto de 2022, cursante de fs. 41 vta. a 48 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, en los mismos términos y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por no haber celebrado las audiencias programadas, así como no haber reprogramado dicho acto procesal, conforme establecen los arts. 113 y 239 del Código de Procedimiento Penal. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Tania Katerine Fernández Ugarte Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos Octava del mismo departamento, conforme lo señalado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3º Exhortar a la Jueza demandada, que en el futuro actúe con celeridad en la tramitación y resolución de audiencias de consideración de medidas sustitutivas a la detención preventiva, así como verificar las actuaciones del personal dependiente de su despacho en todas las diligencias, principalmente las referentes, a las notificaciones con todos los actuados a las partes procesales dentro de cada proceso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

(…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 4La detención preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.

6 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

7 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0309_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): f0b46145a3686606abd7172f987dec22a347f498daaf77171d3c88faeb473612

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