Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 24 de abril de 2023
Deniega la tutela
El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones y a la razonable valoración de la prueba, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al trabajo, por cuanto a su turno tanto el Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz como el Tribunal Disciplinario Superior Permanente, ambos de la Policía Boliviana emitieron Resoluciones sin la debida y suficiente fundamentación y motivación, determinando su retiro y baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación, a partir de la defectuosa labor valoración realizada sobre el Certificado Médico particular y de la omisión valorativa respecto a su solicitud de homologación y el informe de la visitadora social. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2021 de 17 de “diciembre” -lo correcto es septiembre-, cursante de fs. 275 vta. a 279, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración de no haber ingresado al fondo de la problemática planteada. 1° Exhortar a Jimmy Fernando López Rojas y Alaín Núñez Rojas, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a que en posteriores actuaciones remitan ante esta instancia de revisión los actuados completos del trámite desarrollado dentro de la acción tutelar interpuesta, y asimismo observen los plazos procesales establecidos en el Código Procesal Constitucional y la Constitución Política del Estado, de conformidad a los fundamentos expuestos ut supra.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0309/2023-S3 Sucre, 24 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47012-2022-95-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 137/2021 de 17 de “diciembre” -lo correcto es septiembre-, cursante de fs. 275 vta. a 279, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Vladimir Machaca Triguero contra Juan Percy Frías Cardozo, Fernando Erwin Barrientos Benítez, Gunther Luis Agudo Mendoza, Cándido Asillanes Padilla y Freddy Rolando Calsina Guachalla, actuales miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente; José Antonio Barrenechea Zambrana, Jhonny Omar Chávez Bascope, Franz Javier Choque Mamani y Dora Herrera Bazán, ex miembros del señalado Tribunal; Neil Rodolfo Hurtado Herrera, Abelardo Moruno Crespo y Alberto Arcaya Marzo, actuales miembros del Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz; y, Marco Antonio Tapia Mendoza, Gustavo Alberto Villlafuerte Beltrán y Nemecio Darío Mamani Calle, ex miembros del citado Tribunal, todos de la Policía Boliviana.
Por memoriales presentados el 20 y 31, ambos de agosto de 2021, cursantes de fs. 203 a 215, y de 218 a 220 vta., el accionante manifestó que:
A denuncia de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI) de Santa Cruz, respecto a la inasistencia a su fuente de servicio los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015, se le instauró un proceso disciplinario por supuestamente incurrir en la falta grave sancionada con retiro o baja definitiva prevista en el art. 14.9 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011- (incurrir en deserción, conforme lo establecido en el art. 15 de la mencionada Ley relativo a la deserción), dentro del cual se emitió la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Santa Cruz de la Sierra 078/2017 de 16 de noviembre, que lo sancionó con su baja definitiva sin derecho a reincorporación, decisión frente a la cual interpuso recurso de apelación mismo que fue declarado probado a través de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 169/2018 de 3 de septiembre, revocando la decisión del Tribunal a quo.
No obstante, y a través de la Resolución Administrativa de Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz 053/2018 de 16 de octubre, el señalado Tribunal nuevamente lo sancionó con el retiro y baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación, decisión que fue confirmada por la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 023/2020 de 12 de marzo, emitida a propósito del recurso de apelación interpuesta de su parte.
Refiere que la nueva Resolución de primera instancia no dio cumplimiento a la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 169/2018, pues no aplicó los arts. 64, 66, 68 y 86 de la LRDPB, y los principios de imparcialidad, objetividad, obligatoriedad, el derecho a la duda razonable y la verdad material insertos en los arts. 115.I y 116.I -no refiera norma específica-; tampoco valoró las pruebas de descargo presentadas en juicio, ni observó los principios de fundamentación, motivación y congruencia, y finalmente que no fue oportunamente protegido al haberse emitido una resolución que vulnera los principios de los arts. 35 y 37 -no señala norma-, el derecho a la salud y el art. 180 -no refiere norma- la verdad material, y el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) así como el derecho a la duda razonable.
En cuanto a la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 023/2020, manifestó que dentro del proceso existían tres pruebas documentales que justificaban las causas de su inasistencia a su fuente laboral consistentes en el Certificado Médico particular, el Oficio de solicitud de homologación y el Informe de la Visitadora Social dependiente del Comando Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana; respecto al primer certificado refiere que no fue correctamente valorado pues a través del mismo se le indicó que por el estado de salud que presentaba mantenga absoluto reposo durante setenta y dos horas; sin embargo, se consideró que el mismo no establecía días de incapacidad, en función a lo cual se realizó una defectuosa valoración de la prueba dando lugar a que a partir de esa labor valorativa defectuosa se estableciera su baja definitiva; en cuanto al Oficio de solicitud de homologación, no se consideró que el trámite tarda varios días, meses y hasta años dependiendo del ente gestor cuya visitadora social es quien debía efectuar el seguimiento y completar dicho trámite, tal cual lo refiere la citada profesional a través de su informe que tampoco fue valorado, pese a que en el mismo se establecía que su persona presentó un informe médico con un diagnóstico de “chinkunguya” y que se hizo atender en Montero del departamento de Santa Cruz, además de la referencia acerca del trámite de homologación y baja médica que estaba realizando ante el ente gestor, falta de valoración de estos dos últimos documentos que le causó indefensión.
Asimismo, denuncia que la Resolución emitida no contó con la debida fundamentación y motivación, pues la misma debió ser expresa, clara, legítima y lógica habiendo únicamente referido que el Tribunal a quo valoró objetiva e imparcialmente las pruebas de descargo, que su resolución se encuentra debidamente fundamentada y valorada y que en ningún momento se vulneró su derecho a la salud, verdad material y duda razonable, lo que dio lugar a que se estableciera su baja definitiva y con ello vulnerando su derecho al trabajo y a la tutela judicial efectiva.
El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones y a la razonable valoración de la prueba, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al trabajo; citando al efecto los arts. 46.I y II, 115, 116, 117.I y 119 de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se anule y deje sin efecto legal alguno la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz 053/2018 y la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 023/2020, y se ordene que el Tribunal de primera instancia emita una nueva resolución con base a los fundamentos expresados en la sentencia constitucional a emitirse.
Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de septiembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 268 a 275.; presente el peticionante de tutela asistido por su abogado, los actuales Presidentes del Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz, y del Tribunal Disciplinario Superior Permanente, ambos de la Policía Boliviana, acompañados por sus respectivos abogados y los Fiscales Policiales Alex Beto Montaño Moreira y Luis Fernando Galeas Cabrera, ausentes el resto de las autoridades accionadas, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó y reiteró los argumentos expuestos en su memorial de interposición de la acción de amparo constitucional. Respecto al informe presentado por la parte accionada, señaló que se debe considerar que su persona fue notificado con la baja definitiva el 23 de febrero de 2021, por lo que se encuentra dentro del término legal para la interposición de la presente acción tutelar, habiendo cumplido con el principio de inmediatez, y que además en el caso es aplicable la excepción en cuanto a este plazo en atención a la situación irregular que se vive a partir de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19) por cuanto a raíz de la misma no se habría podido llevar con normalidad todas las audiencias programadas de la gestión, por otra parte también mencionó: “…debemos hacer notar las autoridad que la fotocopia legal que hemos obtenido para la presente Acción de Amparo Constitucional que es del 2 de agosto, recientemente nos han proporcionado por lo tanto es aplicable el principio de excepción al principio de inmediatez porque la vulneración de los derechos fundamentales son alegada son actuales y permanentes, porque ha sido dado de baja el hoy accionante (…) el 23 de febrero del año 2021…” (sic).
Juan Percy Frías Cardozo, Presidente del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, en audiencia a través de su abogado manifestó lo siguiente: a) El accionante refiere que habría sido notificado con la última resolución el “22” -lo correcto es 23- de febrero de 2021, siendo esta el Memorándum de baja de la institución policial, mismo que fue otorgado por la Dirección Nacional de Personal y no así por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana; b) Contra la Resolución de primera instancia el accionante formuló apelación, emitiéndose la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 023/2020, que fue notificada al accionante el 27 de julio de 2020, y a efectos de cumplir con el principio de subsidiariedad, posteriormente presentó un memorial de aclaración, complementación y enmienda, cuya respuesta fue notificada al accionante el 25 de noviembre de ese año, fecha a partir del cual corresponde iniciar el cómputo de los seis meses que establece el art. 129 de la CPE; c) El accionante pretende hacer incurrir en error al referirse a la aplicación del principio de excepcionalidad por los temas relacionados con el COVID-19, cuando dicha instancia llevó adelante incluso audiencias virtuales, no habiéndose causado perjuicio; y, d) En cuanto a la extensión de fotocopias legalizadas, las mismas fueron solicitadas el 2 de septiembre de 2020 y fueron entregadas el 18 de diciembre de ese año conforme consta del acta de entrega realizado a Gladys Pérez Hayata. Respecto a Fernando Erwin Barrientos Benítez, Gunther Luis Agudo Mendoza, Cándido Asillanes Padilla y Freddy Rolando Calsina Guachalla, actuales miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana; y, José Antonio Barrenechea Zambrana, Jhonny Omar Chávez Bascope, Franz Javier Choque Mamani y Dora Herrera Bazán, ex miembros del señalado Tribunal, no se advierten las correspondientes citaciones practicadas; no obstante, el Secretario en suplencia legal de la Sala Constitucional Cuarta a tiempo de brindar su informe respecto a la notificación de las partes, informó que todas fueron debidamente diligenciadas. Neil Rodolfo Hurtado Herrera, Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, mediante informe cursante de fs. 260 a 267, y ratificado en audiencia, manifestó lo siguiente: 1) La Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 023/2020, fue notificada al accionante el 27 de julio de ese año, quien posteriormente presentó una solicitud de complementación y enmienda cuya respuesta fue notificada al impetrante de tutela el 25 de noviembre de 2020, siendo esta la última determinación asumida en sede administrativa que el accionante no la menciona, advirtiéndose a partir de ello que el caso no observa el principio de subsidiariedad; y, 2) No obstante, de que el peticionante de tutela compute el plazo a partir de la notificación con otro acto administrativo como es el Memorándum de Desvinculación laboral u otros actuados externos al ente disciplinario, debe aclararse que en el marco de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, dicho memorándum se constituye en un medio de cumplimiento de la determinación disciplinaria emitida, pero no así en la resolución misma del proceso disciplinario al que el mencionado fue sometido. Abelardo Moruno Crespo y Alberto Arcaya Marzo, actuales miembros del Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz; y, Marco Antonio Tapia Mendoza, Gustavo Alberto Villlafuerte Beltrán y Nemecio Darío Mamani Calle, ex miembros del citado Tribunal, todos de la Policía Boliviana, no asistieron a la audiencia ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes de fs. 231 a 236, y de 241 a 242.
Luis Fernando Galeas Cabrera, Fiscal Policial, en audiencia manifestó que en su condición de Fiscal Policial únicamente cumplió su función procediendo a emitir la respectiva acusación ya que existían suficientes elementos para determinar que el accionante incurrió en una falta administrativa. Alex Beto Montaño Moreira, Fiscal Policial en audiencia refirió que por su cambio de destino participó en la audiencia de juicio oral en el presente caso, donde únicamente se limitó a respaldar la acusación formulada por el anterior Fiscal Policial.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 137/2021 de 17 de “diciembre” -lo correcto es septiembre-, cursante de fs. 275 vta. a 279, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Mediante la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 023/2020, se confirmó la Resolución de primera instancia donde se determinó sancionar al accionante con la baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación; asimismo, de manera posterior se presentó una solicitud de aclaración, complementación y enmienda que fue “resuelta” -lo correcto es notificada- el 25 de noviembre de 2020, correspondiendo iniciar el cómputo de la inmediatez desde la última notificación; ii) El impetrante de tutela no debió computar el plazo desde la notificación con el Memorándum de baja definitiva realizada el 23 de febrero de 2021, pues dicho cómputo se realiza desde la última resolución, debiendo entenderse que el señalado Memorándum deviene como consecuencia de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 023/2020; y, iii) Consta también que el proceso seguido contra el accionante alcanzó ejecutoria el 10 de diciembre de 2020, correspondiendo al respecto tener en cuenta lo establecido en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), y en ese sentido considerando que la presente acción tutelar fue interpuesta el 20 de agosto de 2021 se advierte que la misma se encuentra fuera de plazo.
De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental
- Santa Cruz 053/2018 de 16 de octubre, mediante la cual el señalado Tribunal, emitiendo un nuevo pronunciamiento a raíz de un recurso de apelación interpuesto contra la anterior Resolución de primera instancia -078/2017 de 16 de noviembre- de igual manera determinó emitir una Resolución sancionatoria contra Franz Vladimir Machaca Triguero -ahora accionante- por incurrir en la falta grave inserta en el art. 14.9 relacionada con el art. 15 ambos de la LRDPB, estableciendo su retiro y baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación (fs. 150 a 159). II.2. Mediante memorial presentado el 21 de mayo de 2019, el impetrante de tutela contra la Resolución descrita ut supra interpuso recurso de apelación (fs. 163 a 165 vta.), mismo que fue resuelto a través de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 023/2020 de 12 de marzo, por la cual los entonces miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana -ahora accionados-declararon improbado el recurso interpuesto, determinando en el fondo confirmar la Resolución de primera instancia sancionando al accionante con el retiro y baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación, misma que fue notificada al accionante el 27 de julio de 2020 (fs. 244 a 250). II.3. Por escrito presentado el 24 de julio de 2020, el peticionante de tutela, solicitó aclaración, complementación y enmienda de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 023/2020, petición que fue resuelta a través del Auto de 1 de septiembre de 2020, por la que el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana considerando que los términos expuestos en la Resolución emitida de su parte fueron claros, concretos y precisos, determinó que no corresponde conferir lo solicitado por el “impetrante” debiendo estarse a la Resolución señalada, decisión que fue notificada al accionante el 25 de noviembre de 2020 (fs. 251 a 257).
El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones y a la razonable valoración de la prueba, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al trabajo, por cuanto a su turno tanto el Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz como el Tribunal Disciplinario Superior Permanente, ambos de la Policía Boliviana emitieron Resoluciones sin la debida y suficiente fundamentación y motivación, determinando su retiro y baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación, a partir de la defectuosa labor valoración realizada sobre el Certificado Médico particular y de la omisión valorativa respecto a su solicitud de homologación y el informe de la visitadora social. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Sobre la temática aludida, la SCP 0539/2021-S3 de 30 de agosto, haciendo mención a la SCP 0376/2019-S1 de 12 de junio, que asume a su vez los entendimientos jurisprudenciales establecidos al respecto manifestó que: «Precisando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional respecto al plazo de caducidad en la interposición del amparo constitucional, la SCP 1098/2016-S3 de 10 de octubre, señaló: “El art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: ‘La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’.
La jurisprudencia constitucional en su SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: ‘La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida.
En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio ‘pacta sunt servanda’.
Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada’.
Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: ‘Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa’”.
Sobre el principio de la inmediatez, el art. 129.II de la CPE prescribe que “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”, concordante con dicha disposición constitucional, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.
Bajo ese marco legal, la SCP 0871/2014 de 12 de mayo -entre otras-recogiendo el criterio uniforme emitido por la justicia constitucional, sobre el principio de inmediatez estableció que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías, así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses'.
Similar criterio contiene la SC 0852/2010-R de 10 de agosto, haciendo referencia a la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, al señalar que: '...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos'.
Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada’”.
Por otro lado, la SCP 1677/2012 de 1 de octubre, sobre la extemporaneidad de la presentación de la acción de amparo constitucional como causa para la denegatoria de la tutela, sostuvo que: “El principio de inmediatez, que debe ser observado en la esfera del derecho constitucional, entre otros aspectos a tiempo de deducir esta acción tutelar, responde a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, así como la finalidad de conceder la tutela -cuando corresponda-, en términos de eficacia y oportunidad, por cuanto la inmediatez de resguardar y proteger derechos constitucionales, podría resultar ineficaz, si se deja transcurrir demasiado tiempo.
Es así que, el legislador a efectos de que la ciudadana o el ciudadano boliviano obtenga una efectiva administración de justicia constitucional, ha previsto este presupuesto constitucional, cual es la de presentar su demanda en un plazo no mayor a los seis meses a computarse desde la comisión del hecho lesivo o desde el momento en que se notificó la última decisión en sede judicial o administrativa.
(…)
Concluyendo podemos manifestar, que por regla general el transcurso del tiempo, tiene vital importancia en los diversos campos del derecho, así por ejemplo en el derecho civil el dejar transcurrir el tiempo puede tener dos efectos, la extinción de un derecho cuando su titular no los ejerce en el tiempo previsto por ley art. 1492 del Código Civil (CC) o la constitución de un derecho por el transcurso del tiempo art. 134 del CC; por otro lado, en la jurisdicción penal el transcurso del tiempo también tiene un rol importante, así se advierte en el instituto jurídico de la prescripción art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Del mismo modo en el ámbito del derecho constitucional, también tiene sus efectos, como ocurre en el caso que se analiza, sobre el momento en que se presentó esta acción de defensa respecto del momento en que se hubo causado la vulneración de derechos; en consecuencia, el plazo previsto por ley que reviste a esta acción tutelar tiene dos componentes uno positivo y otro negativo, el primero con la finalidad conceder la tutela, en términos de eficacia y oportunidad y el segundo entendido como un principio que sanciona la dejadez y descuido del accionante”» (las negrillas nos corresponden).
El accionante identifica como los actos lesivos de sus derechos fundamentales tanto a la Resolución, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz como del Tribunal Disciplinario Superior Permanente, ambos de la Policía Boliviana, considerando que ambas resoluciones fueron emitidas sin la debida y suficiente fundamentación y motivación, además de incurrir en defectos de la valoración por cuanto a su turno ambos Tribunales valoraron defectuosamente el Certificado Médico particular que presentó e incurrieron en una omisión valorativa respecto a la solicitud de homologación que realizó y al informe de la Visitadora Social, lo que dio lugar a que se determine su retiro y baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación, lesionando su derecho al trabajo y a la tutela judicial efectiva.
Teniendo en cuenta el reclamo constitucional efectuado, y toda vez que, las autoridades accionadas fueron reiterativas y enfáticas al sostener el incumplimiento por parte del accionante del principio de inmediatez, corresponde en inicio verificar si el impetrante de tutela observó o no dicho principio inherente a la presente acción de defensa, no sin antes referir que conforme se establece del entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que el principio de inmediatez responde a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, así como la finalidad de conceder la tutela solicitada en términos de eficacia y oportunidad, por cuanto la inmediatez de resguardar y proteger derechos constitucionales, podría resultar ineficaz, si se deja transcurrir demasiado tiempo, habiéndose establecido por otra parte la importancia de que el agraviado presente su reclamos dentro de término, pues lo contrario implicaría que el mismo no tiene interés a que sus derecho y garantías les sean restituidos, constituyéndose la inobservancia al plazo establecido como una sanción a la dejadez y descuido del interesado.
En ese marco, de los datos del proceso se tiene que el mismo fue instaurado ante la inasistencia del accionante a su fuente laboral los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015, circunscribiendo su conducta en la falta grave sancionada con retiro o baja definitiva prevista en el art. 14.9 de la LRDPB (incurrir en deserción, conforme lo establecido en el art. 15 de la menciona Ley relativo a la deserción), dentro del cual primero se emitió la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Santa Cruz de la Sierra 078/2017 de 16 de noviembre, que siendo recurrida en apelación dio lugar a la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 169/2018 de 3 de septiembre, que anuló el fallo impugnado, y que posteriormente dio origen a la nueva Resolución de primera instancia, siendo esta la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Santa Cruz 053/2018 de 16 de octubre, y siendo esta a su vez apelada, finalmente se emitió la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 023/2020 de 12 de marzo, que en el fondo confirmó la decisión de sancionar al accionante con el retiro y baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación (Conclusiones II.1 y II.2).
Ahora bien, una vez notificada al accionante esta última Resolución de segunda instancia lo cual se suscitó el 27 de julio de 2020, el mismo planteó una solicitud de complementación, aclaración y enmienda, siendo resuelta mediante Auto de 1 de septiembre de ese año, pero notificada el 25 de noviembre de igual año, tal cual consta de la diligencia cursante a fs. 257 (Conclusión II.3).
En ese escenario de orden fáctico, se advierte que no obstante, de que la última Resolución de fondo fuera notificada el 27 de julio de 2020, a efectos de realizar un correcto cómputo del término de la inmediatez conforme lo establece el art. 55.II del CPCo, el mismo debe iniciarse desde la notificación con la resolución que conceda o rechace la solicitud de complementación, aclaración y enmienda; en el caso, teniendo en cuenta que dicha diligencia se practicó el 25 de noviembre de 2020, corresponde a partir de la misma computar los seis meses establecidos a fin del planteamiento y consideración de la acción de amparo constitucional.
Así, en consideración a lo puntualizado precedentemente y toda vez que, la presente acción tutelar fue interpuesta el 20 de agosto de 2021, puede percibirse claramente que la acción formulada en efecto deviene en extemporánea habiendo trascurrido nueve meses desde que el accionante fue notificado con el rechazo a su solicitud de complementación, aclaración y enmienda, lo que en el presente caso conlleva a determinar su improcedencia en consideración al incumplimiento del término de la inmediatez establecida constitucionalmente para la acción de amparo constitucional.
Por otra parte, en relación al cómputo efectuado por el accionante, quien inició el mismo a partir del 23 de febrero de 2021, cuando fue notificado con el Memorándum de su baja definitiva, cabe aclarar que dicho cómputo es incorrecto por cuanto el señalado documento no concierne a la resolución identificada como acto lesivo, siendo este únicamente el que hizo efectiva la ejecución de la sanción impuesta dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra y a partir de las determinaciones asumidas en primera y segunda instancia, por lo cual de modo alguno podría ser considerado a efectos de la observancia del cumplimiento del principio de la inmediatez que como se tiene dicho en el presente caso fue inobservado.
En ese marco de orden fáctico, normativo y jurisprudencial, teniendo claro que en el presente caso el accionante no observó el principio de inmediatez que es característico de la acción de amparo constitucional y de inexcusable cumplimiento, resta únicamente determinar la denegatoria de tutela con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Resuelta como se encuentra la presente acción tutelar, corresponde realizar algunas consideraciones a la actuación de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el trámite desplegado en la presente acción de amparo constitucional.
Así, cabe referir que no obstante, de que a partir del acta de audiencia desarrollada dentro de esta acción de defensa se refiriera que las partes fueron debidamente notificadas, de actuados no se advirtió las diligencias practicadas a los actuales y ex miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, y si bien en el presente caso se anticipaba la denegatoria de tutela en función al incumplimiento del principio de inmediatez, no siendo necesario a partir de ello verificar la existencia de dichas citaciones; sin embargo, corresponde exhortar para futuros casos que la remisión de los antecedentes ante esta instancia de revisión cuente con los actuados completos a fin de verificar el correcto tratamiento de las acciones tutelares interpuestas.
Por otra parte, en lo que concierne a los plazos establecidos para la presente acción tutelar, se advierte que habiendo sido la misma admitida el 3 de septiembre de 2021, contrariamente a lo establecido en el art. 56 del CPCo, la audiencia fue fijada luego de nueve días hábiles cuando dicho actuado debía tener lugar dentro de las cuarenta y ocho horas, término señalado que no condice con la previsión normativa antes citada que fue establecida precisamente en función a la naturaleza de la acción de amparo constitucional cuyo trámite por los derechos que protege debe ser rápido y sumario a fin de la reparación inmediata de los derechos considerados vulnerados.
Asimismo, resuelta la causa el 17 de septiembre de 2021, se aprecia que los antecedentes de la presente acción tutelar recién fueron remitidos ante esta instancia de revisión el 14 de abril de 2022 como se aprecia en el descargo del courier (fs. 282), cuando el art. 129.IV de la CPE, concordante con el art. 38 del CPCo establece que tal remisión debe suscitarse dentro de las veinticuatro horas, ello precisamente a partir del trámite sumario otorgado a las acciones tutelares. Por lo antes expuesto y en consideración a la normativa citada, corresponde exhortar a la mencionada Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que para futuras actuaciones además de observar los plazos establecidos en la Constitución Política el Estado y la norma adjetiva de la materia, se cerciore de que las diligencias practicadas sean efectivamente adjuntas dentro de antecedentes. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, con similar criterio, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2021 de 17 de “diciembre” -lo correcto es septiembre-, cursante de fs. 275 vta. a 279, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración de no haber ingresado al fondo de la problemática planteada. 1° Exhortar a Jimmy Fernando López Rojas y Alaín Núñez Rojas, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a que en posteriores actuaciones remitan ante esta instancia de revisión los actuados completos del trámite desarrollado dentro de la acción tutelar interpuesta, y asimismo observen los plazos procesales establecidos en el Código Procesal Constitucional y la Constitución Política del Estado, de conformidad a los fundamentos expuestos ut supra. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0309_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): bceeb1ba22b15313afc634b3f7e2246b09981ec9d156bcca2f3fb4da26bf0f04
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