Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 15 de abril de 2025
Concede la tutela
La impetrante de tutela denuncia como lesionados los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral, al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa, fundamentación, congruencia, principios del ius variandi y legalidad; toda vez que, en conocimiento del recurso jerárquico contra la decisión que confirmó la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 21/2023, consecuentemente el Memorándum de “Rotación” U.RR.HH. 381/2023, mediante la RA de Recurso Jerárquico 01/2024, incurriendo en vulneración del derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral, al tomar una determinación irrazonable y unilateral sobre la transferencia de su cargo, sin previo consenso, cambiando el modo de prestación de trabajo en el Hospital Gineco Obstétrico y Neonatal "Jaime Sánchez Porcel" donde las funciones son exclusivamente clínicas, asistencial y de especialidad en Ginecología, Obstetricia y Neonatal que no posee, vulnerando el principio de ius variandi; falta de fundamentación y congruencia al emitir la RA de Recurso Jerárquico 01/2024, tanto en la parte considerativa como en la resolutiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 056/2024 de 19 de marzo, cursante de fs. 125 a 129, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada; por consiguiente, se deja sin efecto la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico 01/2024 de 5 de febrero, por ende, el Memorándum de Transferencia U.RRHH 381/2025 de 7 de julio; asimismo, se dispone la inmediata restitución de la accionante al anterior cargo de LICENCIADA EN ENFERMERÍA DE DIRECCIÓN CENTRAL, PROFESIONAL TÉCNICO COMPONENTE ADOLESCENTE SSR/ADULTO MAYOR, DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD CHUQUISACA.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0308/2025-S4 Sucre, 15 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 62763-2024-126-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 056/2024 de 19 de marzo, cursante de fs. 125 a 129, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Patricia Barrera Bellido, contra Juan José Fernández Murillo, Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Chuquisaca.
Por memorial presentado el 23 de febrero de 2024, cursante de fs. 61 a 70 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 23 de junio de 2010, la accionante fue designada en el cargo de Responsable del Área Salud Integral de la Mujer Dependiente del SEDES Chuquisaca, mediante Memorándum U. RRHH 077*/2010 de 23 de junio, con Ítem 71668 TGN; posteriormente, a través del Memorándum U.RRHH 663/2019 de 25 de octubre de 2019, fue designada en el cargo de Licenciada en Enfermería de Dirección Central, Profesional Técnico Componente Adolescente SSR/Adulto Mayor, dependiente del SEDES Chuquisaca, tiempo completo, con el mismo ITEM, como resultado de haber ganado el Concurso de Méritos y Examen de Competencia Abierta Institucional Departamental, con un puntaje de 100/100, habiendo desempeñado esas funciones en dicho cargo a cabalidad, conforme dispone el Manual de Funciones del SEDES Chuquisaca y cumpliendo todas las instrucciones emanadas de sus superiores, razón por la que mereció reconocimiento y felicitación por Memorándum SECC.CAP 39/2022 de 6 de junio.
El 13 de julio de 2023, el Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) Daniel Junior Siles Chávez, de manera sorpresiva, a través de Memorándum U. RRHH 381/2023 de 7 de julio, le comunicó su TRANSFERENCIA, al cargo de Licenciada en Enfermería del Hospital Gineco Obstétrico y Neonatal “Dr. Jaime Sánchez Porcel”, Dependiente del SEDES Chuquisaca, pasando por alto la estabilidad e inamovilidad laboral prevista en el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), y la institucionalización de su cargo, vulnerando el principio de ius variandi que pone límites al empleador respecto al cambio de residencia del trabajador. Con ese antecedente, presentó recurso de revocatoria contra el memorándum impugnando esa transferencia, que fue rechazada mediante Resolución Administrativa (RA) U.A.J./A.G.J. 21/2023 de 25 de agosto; por lo que, interpuso recurso jerárquico y solicitó a su vez la aplicación de medidas cautelares para continuar desempeñando sus funciones habituales hasta la emisión de la resolución jerárquica, que fue rechazada por RA de 4 de septiembre de 2023, emitida por el Director Técnico del SEDES Chuquisaca; razón por la cual, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca para denunciar acoso laboral, entidad que emitió Auto de Medidas de Protección de Derechos Laborales JDTCH-MANV-004/2023 de 6 de noviembre, disponiendo la preservación de derechos laborales en favor de la ahora peticionante de tutela, en sentido que no podría ser sujeto de despido injustificado ni sujeto a transferencias o cambios de lugar de trabajo, tomando en cuenta que las mismas no podían dificultar u obstruir la correcta prosecución y actuación del proceso. Posteriormente, fue notificada con la RA de Recurso Jerárquico 01/2024 de 5 de febrero, que confirmó la Resolución Administrativa 21/2023; y en consecuencia, el Memorándum 381/2023, que dispuso la transferencia, vulnerando el principio ius variandi, porque las funciones que tenía que realizar en el nuevo cargo, como enfermera de planta son clínicas de alta especialidad, diferentes a las que estaba capacitada, que son funciones meramente administrativas, porque era especialista en salud pública y no clínica. Que, al tener calidad de servidora pública de carrera, goza de prerrogativas protegidas constitucionalmente; por lo que, no está sometida a la libre determinación o decisión de una autoridad; añadió que, las funciones laborales en el Hospital donde le transfirieron se realiza función exclusivamente clínica, operativa, asistencial y de especialidad en Ginecología y Neonatal. En cambio, las funciones que desempeñó durante catorce años son exclusivamente administrativas, que no tienen ninguna relación con las nuevas funciones que pretenden que realice, en el Hospital Gineco Obstétrico y Neonatal “Jaime Sánchez Porcel” de Tercer Nivel, que demanda de una profesional de especialidad; es decir, las funciones que pretende efectúe, son ajenas al desempeño administrativo que realizaba en el anterior cargo, vulnerando su derecho de inamovilidad y estabilidad laboral; por lo cual, la mencionada transferencia generaría un perjuicio en su modo de trabajo, además que atenta contra sus derechos laborales adquiridos.
En consecuencia, después de agotar la vía administrativa está habilitada para recurrir a la acción de amparo constitucional, por la arbitraria e ilegal TRANSFERENCIA.
La accionante, señaló como lesionados los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral, al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa, fundamentación, congruencia, principios de ius variandi y legalidad, invocando los arts. 46.I.2, 48.II.III, 49.III, 115.II, 117.I, 180.I y 233 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Dejar sin efecto la RA de Recurso Jerárquico 01/2024; y, b) Dejar sin efecto el Memorándum de Transferencia CITE: U.RRHH 381/2023, por vulnerar derechos y garantías constitucionales, disponiéndose la inmediata restitución al anterior puesto y cargo laboral de Licenciada en Enfermería de Dirección Central, Profesional Técnico Componente Adolescente SSR/Adulto Mayor, dependiente del SEDES Chuquisaca. En consideración, de la flagrante vulneración de derechos fundamentales, por la autoridad demandada, sea con la condena en costas procesales, en el marco del art. 113 de la CPE, y Sentencia Constitucional Plurinacional de mayor estándar 0019/2018-S2 de 28 de febrero, teniendo la prerrogativa la institución pública del SEDES Chuquisaca y la Gobernación del referido departamento de realizar la acción de repetición para sus funcionarios públicos conculcadores de derechos fundamentales.
Celebrada la audiencia pública el 19 de marzo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 117 a 124 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda de acción amparo constitucional plurinacional, además manifestó los siguientes extremos: el cambio sin consulta previa, básicamente condena a la trabajadora y pone en peligro su estabilidad e inamovilidad laboral, la accionante estaba pensando en renunciar porque no tiene especialidad para poder trabajar en el lugar; por consiguiente, en virtud de los argumentos enervados y expuestos en los fundamentos de hecho y derecho que potencia el principio de interpretación progresiva extensiva y libre de formalismos a partir de criterios constitucionalizados como el de favorabilidad y pro homine reglados en los arts. 13.4 y 256 de la CPE.
Juan José Fernández Murillo, Director Técnico del SEDES Chuquisaca, a través de sus apoderadas y abogadas en audiencia ratificaron los términos de su informe escrito presentado el 18 de marzo de 2024, cursante de fs. 112 a 116 vta., y manifestaron: 1) Que tiene como ámbito de aplicación el art. 3 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, que abarca a todos los servidores públicos que prestan servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración, igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación los servidores públicos que presten servicios en las entidades púbicas autónomas autárquicas y descentralizadas, el art. 30 de la mencionada norma establece la movilidad de los funcionarios de carrera a puestos de similar valoración, observará las modalidades, requisitos y procedimientos establecidos en el art. 31 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- referente a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NBSAP) que señala: ”el proceso de transferencia es el cambio permanente de un servidor público de su unidad de trabajo a otra unidad de la misma entidad y otra enditad, se efectuará entre puestos similares o afines. No necesariamente implica incremento de remuneración y debe prevalecer el consenso entre el servidor público y las entidades involucradas”, en ese contexto añadió, que la accionante se encuentra dentro de la jurisdicción y competencia del EFP; 2) no se vulneró derechos de estabilidad laboral, habiéndose cancelado todos los meses su sueldo y el aguinaldo correspondiente, desde que se efectivizó el memorándum de transferencia de 7 de julio de 2023 y solicitó vacaciones en varias oportunidades; 3) Que mediante Cite RR.HH.HGO 107/2023 de 15 de junio, la Jefatura de RR.HH. realizó solicitud de personal clínico y no clínico, especificó la necesidad de contar con personal no clínico, que conforme manual descriptor de cargos o puestos de funciones del Hospital Gineco Obstétrico y Neonatal “Dr. Jaime Sánchez Porcel”, con horario de seis horas análogas a la del cargo del SEDES Chuquisaca, esto no altera el salario de la accionante, no efectúa funciones clínicas, no requiere especialización; por lo que, no será pasible a responsabilidad o mala praxis en el desempeño laboral; en consecuencia, se encuentra debidamente calificada para el cargo administrativo señalado; y, 4) No se tiene vulneración al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia, que el Memorándum U.RR.HH. 381/2023, que dispuso la transferencia al Hospital referido precedentemente, se realizó en el marco de la Constitución Política del Estado y otras normas, por existir necesidad institucional, solicitando se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 056/2024 de 19 de marzo, cursante de fs. 125 a 129, denegó la tutela, con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien el empleador tiene el derecho al cambio de condiciones “ius variandi”, en virtud del cual puede modificar las condiciones laborales, esas variaciones deben ser consentidas por estos. Las condiciones no podrán ser exigidas si los cambios no son de gran significación que conlleven a una afectación del núcleo familiar o personal del trabajador; ii) En este caso la transferencia del cargo de la accionante es a otro establecimiento, ubicado en el mismo municipio y a distancia corta de donde se encontraría desempeñando sus funciones anteriormente; por lo cual, no es un cambio que conlleve riesgos; iii) La aplicación de normativa señalada responde a las exigencias que marcan los agravios y no constituyen médula que resuelva la problemática jurídica; y, iv) No es evidente la denuncia respecto a deficiencias de fundamentación, motivación congruencia, porque se expuso los mimos describiendo la normativa aplicable al caso y se desarrolló el respectivo nexo de causalidad entre ambos.
Mediante memorial presentado el 19 de julio de 2024 (fs. 138 a 143) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la accionante solicitó el adelanto de sorteo, la misma que fue resuelta por AC 216/2024-CA/S de 7 de agosto (fs. 147 a 149) declarando ha lugar la solicitud; por lo que, la presente causa fue sorteada el 6 de febrero de 2025. Por Decreto Constitucional de 6 de marzo de 2025 cursante a fs.153, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria, habiéndose obtenido la misma, se dispuso su reanudación por Decreto Constitucional de 9 de abril de igual año (fs. 165); por lo que, la presente Resolución es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de Memorándum Cite U.RRHH-D 077*/2010 de 23 de junio, emitido por Juan Batallanos Santos, Jefe de la Unidad de RR.HH. del SEDES Chuquisaca, dirigido a Patricia Barrera Bellido -hoy accionante-, comunicando su designación en el cargo de Responsable Área Salud Integral de la Mujer Dependiente del SEDES Chuquisaca, con ÍTEM 71668 TGN (fs. 3). II.2. Cursa Memorándum U.RRHH 663/2019 de 25 de octubre, emitido por -Mariela F. Polo Hurtado-, dirigido a la accionante comunicando que fue ganadora de la Convocatoria a Concurso de Méritos y Examen de Competencia Abierta Institucional Departamental y en consecuencia designando al cargo de Licenciada en Enfermería de Dirección Central Profesional Técnico Componente SSR/Adulto Mayor, Dependiente del SEDES Chuquisaca, con ITEM 71668 TGN tiempo completo (fs. 5).
II.3. Consta Certificados de Institucionalización en favor de Patricia Barrera Bellido de 25 de octubre de 2025 emitido por el Gobierno Autónomo de Chuquisaca del Servicio Departamental de Saluda, y Certificado U.RRHH 649/2022 de 10 de febrero, a la peticionante de tutela al haber sido ganadora a concurso de méritos y examen de competencia abierta, emitido por Marco Antonio Ugarte Cuba, Jefe de la Unidad de RR.HH. y Juan José Fernández Murillo, Director Técnico del SEDES Chuquisaca (fs. 6 y 7). II.4. Mediante Memorándum U.RRHH 381/2023 de 7 de julio, emitido por Daniel Junior Siles Chávez, Jefe de RR.HH. del SEDES Chuquisaca, dirigido a Patricia Barrera Bellido, comunicando la TRANSFERENCIA al cargo de Licenciada en Enfermería del Hospital Gíneco Obstétrico y Neonatal “Dr. Jaime Sánchez Porcel” Dependiente del SEDES Chuquisaca, Memorándum que fue notificado a la interesada el 13 de julio de 2023 (fs. 10).
II.5. Por memorial de 17 de julio de 2023, dirigido al Jefe de Unidad de RR.HH.
del SEDES Chuquisaca, promoviendo recurso de revocatoria al Memorándum U.RRHH 381/2023, la impetrante de tutela manifestó que en su condición de madre trabajadora, servidora pública de carrera con trece años de antigüedad en el SEDES Chuquisaca, puesto al cual accedió como resultado de un concurso de méritos y examen de competencia a un determinado ITEM cargo denominado LICENCIADA EN ENFERMERÍA DE DIRECCIÓN CENTRAL, PROFESIONAL TÉCNICO COMPONENTE ADOLESCENTE SSR/ADULTO MAYOR, DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD CHUQUISACA. No obstante, haber sido reconocida y felicitada, por su buen desempeño en ese cargo el 13 de julio de 2023; y, sorpresivamente, pasando por alto su institucionalización, de forma unilateral sin su consentimiento o consenso previo, fue trasladada para desempeñar otras funciones al cargo de Licenciada en Enfermería del Hospital Gíneco Obstétrico y Neonatal “Dr. Jaime Sánchez Porcel” dependiente del SEDES Chuquisaca, vulnerando sus derechos de inamovilidad funcionaria, estabilidad laboral, a un trabajo digno, sin discriminación y los principios de seguridad jurídica y ius variandi, además de haberse cometido en su contra acoso laboral y violencia institucional. A este efecto, invocó el art. 410.I de la CPE; por el cual, todas las personas naturales, jurídicas, así como los órganos públicos e instituciones se encuentran sometidas y al mandato de la Norma Suprema, su apartamiento significa resoluciones contrarias a las leyes, además de vulnerar el art. 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Por lo que, no puede permitirse la transferencia de un funcionario de carrera sin previo consentimiento; en ese contexto, dentro del plazo establecido por el art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, presentó recurso de revocatoria al Memorándum de trasferencia, pidiendo se revoque totalmente y se deje sin efecto el citado Memorándum (fs. 11 a 16 vta.). II.6. A través de la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria U.A.J./A.G.J. 21/2023 de 25 de agosto; por el cual, Rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la accionante y determina confirmar el Memorándum con cite U.RRHH 381/2023, que dispuso la transferencia, emitido por el Jefe de RR.HH. del SEDES Chuquisaca (fs. 18 a 21). II.7. Cursa memorial de Recurso Jerárquico de 31 de agosto de 2023, dirigido al Jefe de la Unidad de RR.HH. del SEDES Chuquisaca, presentado por la peticionante de tutela, que a tiempo de interponer recurso jerárquico contra la Resolución que resolvía el recurso de revocatoria, paralelamente solicitó la aplicación de medida cautelar de suspender la ejecución del acto recurrido, y conforme establece el art. 65 de la LPA, solicitó que a tiempo de resolver el recurso jerárquico se disponga dejar sin efecto cualquier intento de transferencia y permitan trabajar en el puesto al cual accedió a través de un proceso de institucionalización de concurso de méritos y examen de competencia en el cargo de Licenciada en Enfermería de Dirección Central, Profesional Técnico Componente Adolescente SSR/Adulto Mayor con ITEM 71668 a tiempo completo dependiente del SEDES Chuquisaca (fs. 22 a 28). II.8. Por Auto de Medida de Protección de Derechos Laborales emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de Chuquisaca JDTCH-MANV-004/2023 de 6 de noviembre, en favor de Patricia Barrera Bellido, que en la parte dispositiva Resuelve: Artículo Único: “1.- No podrá ser sujeto de despido injustificado ni sujeto a transferencia o cambios de lugar de trabajo, tomando en cuenta que las mismas no deben dificultar y obstaculizar en la correcta prosecución y actuación en el proceso penal existente. 2.- No podrá ser sujeto a actos de violencia laboral, discriminación ni acoso laboral. 3.- No podrá ser sujeto a desmejoras o disminuciones de las condiciones laborales. 4.- No podrá ser sujeto a rebaja o disminución salarial injustificada. 5.- Podrá gozar de flexibilidad y tolerancia para asistencia a audiencias judiciales, hacer seguimiento de las mismas y demás actuaciones requeridas en el proceso. 6.- No podrá ser limitado en el ejercicio de sus derechos laborales. 7.- Deber del empleador de proteger los datos personales de la persona protegida, manejando de manera correcta la reserva de los mismos, recordando que el incumplimiento de la reserva dará lugar a las sanciones establecidas en la Ley 458 y demás normas conexas” (sic [fs. 31 a 33]). II.9. Consta RA de Recurso Jerárquico 01/2024 de 5 de febrero, emitida por Juan José Fernández Murillo Director Técnico del SEDES Chuquisaca -ahora accionado-, que resolvió Confirmar la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 21/2023; y en consecuencia, el Memorándum de Rotación U.RRHH 381/2023 (fs. 35 a 42).
La impetrante de tutela denuncia como lesionados los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral, al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa, fundamentación, congruencia, principios del ius variandi y legalidad; toda vez que, en conocimiento del recurso jerárquico contra la decisión que confirmó la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 21/2023, consecuentemente el Memorándum de “Rotación” U.RR.HH. 381/2023, mediante la RA de Recurso Jerárquico 01/2024, incurriendo en vulneración del derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral, al tomar una determinación irrazonable y unilateral sobre la transferencia de su cargo, sin previo consenso, cambiando el modo de prestación de trabajo en el Hospital Gineco Obstétrico y Neonatal "Jaime Sánchez Porcel" donde las funciones son exclusivamente clínicas, asistencial y de especialidad en Ginecología, Obstetricia y Neonatal que no posee, vulnerando el principio de ius variandi; falta de fundamentación y congruencia al emitir la RA de Recurso Jerárquico 01/2024, tanto en la parte considerativa como en la resolutiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada
Sobre la jurisprudencia constitucional que aborda el debido proceso, señalamos la SCP 133/2024 S3 de 2 de mayo, que a su vez citar la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, en la que se estipuló que: “El art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en su inc. 1) manda: ‘Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’; asimismo, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ordena: ‘Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…´; mientras que el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: ‘Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal’, en tanto que el art. 115.II de la CPE, estatuye: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, como el art. 117.I de la Norma Suprema, menciona: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada’.
Todas estas disposiciones normativas fundamentales que integran el bloque de constitucionalidad al tenor del art. 410.II de la Ley Fundamental, denotan que el debido proceso se halla reconocido como un derecho que tienen las personas; sin embargo, por otro lado, se manifiesta como una garantía jurisdiccional, conforme se advierte del análisis del art. 171 de la Norma Suprema, cuando dispone: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso’.
El debido proceso, consagrado, conforme lo anotado, como garantía constitucional y como derecho humano, ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional como: ‘…el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también administrativo’ (SC 0788/2010-R de 2 de agosto).(…).
Conforme a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en la SC 0136/2003-R de 6 de febrero, al señalar que: ‘…la Constitución Política del Estado (CPE), consagra la garantía del debido proceso, expresando que «Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en proceso legal», de lo que se extrae que la Ley Fundamental del país, persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan tales derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, alcanza a toda clase de procesos judiciales o administrativos…´, de donde se colige que el derecho del debido proceso no se limita al ámbito jurisdiccional solamente, sino que se extiende a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad, entre ellas en el ámbito laboral, donde se debe respetar, entre otros, el derecho a la defensa, a ser sometido a un proceso, a presentar sus pruebas, los cuales no pueden ser evadidos”. (el subrayado es nuestro).
Al respecto la SCP 0907/2024-S3 de 8 de noviembre, indico que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativa, como elementos del debido proceso, señaló en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: `El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. (…)
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras…‴.
Al respecto, la SCP 0028/2022-S2 de 30 de marzo, citando a su vez a la SC 0486/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…)
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia’.
Razonamiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de febrero y 0704/2014 de 10 de abril.
Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, expresó que: ‘El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: «Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes. Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento…». En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
Sin embargo de lo expuesto, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, en similar sentido que lo expresado en la SC 1335/2010-R de 20 se septiembre, enfatizó que: ‘…el cumplimiento de los principios de congruencia y pertinencia pueden ser pasados por alto en un solo caso, y es el referido a la obligatoriedad que tienen las autoridades que conocen un asunto en alzada, de revisar de oficio las actuaciones procesales a efectos del saneamiento del proceso, atribución conferida por el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); en virtud al cual, cuando se adviertan vulneraciones de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, queda plenamente justificada la falta de pronunciamiento sobre los puntos impugnados por el apelante, de lo resuelto por el inferior en grado, porque si en cumplimiento de la labor fiscalizadora, constata la presencia de las lesiones, entonces aún de oficio, podrá determinar nulidades de acuerdo a los límites establecidos en la ley; a contrario sensu, cuando dicha autoridad no advierta causales expresas de nulidad a tiempo de pronunciar el auto de vista, entonces le corresponderá circunscribirse a los puntos resueltos por el a quo y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación por el afectado’. Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0153/2018-S3, 0090/2020-S4 y 0387/25021-S2, entre otras.
De lo referido se concluye que, el juez o tribunal superior en grado, puede apartarse del cumplimiento de los principios de congruencia y pertinencia, cuando en su labor fiscalizadora, al momento de revisar las actuaciones procesales a efectos del saneamiento procesal, advierta la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, pudiendo determinar de oficio nulidades, conforme a los límites establecidos, sin que ello signifique la transgresión de dichos principios”.
Sobre este tema, la SCP 0221/2022-S2 de 3 de mayo, señaló que: “El Capítulo Cuarto del Título V de la Norma Suprema, establece la composición de los servidores públicos de la administración, previendo los principios orientadores que los rigen, y efectuando a la vez una primera definición en su art. 233, expresando que: 'Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento' (el resaltado y subrayado fueron añadidos), precisando posteriormente los requisitos para su acceso, obligaciones, prohibiciones y causas de incompatibilidad, entre otras particularidades.
En ese sentido, debiendo el marco legal guardar estricta relación con el contenido dispositivo de la Constitución Política del Estado, el art. 4 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), prevé que: 'Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración…'.
(…)
Con relación a los servidores públicos de carrera, el art. 5 inc. d) del EFP, los define como trabajadores que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa que se establecen en dicho Estatuto, estando los puestos que ocupan previstos en la estructura orgánica de la institución, de acuerdo a un proceso de dotación de personal, desempeñando sus funciones según lo establecido por el Estatuto y su Reglamento -art. 12 inc. d)-.
La jurisprudencia constitucional precisó a través de la SC 0474/2011-R de 18 de abril, refiriendo que gozan del: '…derecho a la inamovilidad laboral y en su caso a impugnar toda determinación relacionada con su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios; de otra parte, el art. 57 del DS 26115 de 16 de marzo de 2001,dispone quienes son los funcionarios reconocidos en la carrera administrativa, estableciendo para ello requisitos como el cumplimiento de determinada cantidad de años de servicio ininterrumpidos, registro en la Superintendencia del Servicio Civil y la renuncia voluntaria a su cargo'. De modo que, para su remoción, se le deberá especificar la falta por la cual es destituido de su fuente laboral previo el inicio de un proceso administrativo interno”.
Respecto a este tema, la SCP 0221/2022-S2 de 3 de mayo, desglosó que: “Con el objeto de otorgar una efectiva protección jurídica al trabajador, fue establecida la estabilidad laboral tanto en el ámbito público y privado como derecho y garantía, encontrándose reconocida en el art. 48.II de la CPE, previendo: ‘Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador’.
La protección de la estabilidad laboral alcanza únicamente a los servidores públicos de carrera, tal cual sostuvo de manera uniforme la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1462/2011 de 10 de octubre, que reiterando el pronunciamiento efectuado por la SC 0474/2011-R de 18 de abril, indicó que, esa clase de servidores públicos, además de gozar ‘…de los derechos establecidos en el art. 70 I. del referido estatuto, tienen derecho a la carrera administrativa y estabilidad laboral, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad, entre otras; además a impugnar, en la forma prevista en el Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos, las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios’. En cuyo marco, gozan plenamente de la aludida garantía, lo cual no ocurre con otro tipo de servidores públicos. Por otro lado, la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre, sostuvo que: ‘…la jurisdicción constitucional también tuteló el derecho a la estabilidad laboral en casos de despidos de trabajadores que padecen enfermedades terminales’; así como la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre, que alude a la protección de trabajadores ‘…que padecen enfermedad terminal como es el caso del cáncer, independientemente que se trate de funcionarios públicos o interinos, garantía que también favorece a los trabajadores provisorios’” .
La SCP 0354/2018-S4 de 20 de julio, efectuando un análisis de la doctrina sobre la estabilidad laboral, y reiterando el entendimiento asumido en la SCP 1025/2013 de 27 de junio, señaló lo que sigue: “La Constitución Política del Estado, consagra derechos fundamentales del trabajador, entre ellos, en el acápite del derecho al trabajo y al empleo, el art. 46.I., señala que: ‘Toda persona tiene derecho: (…)
2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias’.
En ese mismo sentido, el art. 48.II de la Norma Suprema, establece: ‘Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador’. (…)
Ahora bien, la doctrina laboral ha desarrollado el ‘ius variandi’ (el derecho de variación que le asiste al empleador de cambiar las condiciones de trabajo), cuyo ejercicio faculta al empleador variar las modalidades de prestación de las tareas del trabajador; es decir, es una prerrogativa excepcional que le asiste al empleador, para alterar ciertos aspectos del contrato dentro de ciertos límites, lo cual no limita al trabajador a oponerse cuando la misma resulte ser perjudicial, arbitraria y discriminatoria. En este sentido, la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, en la SC 1579/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…conviene en que conforme al principio ius variandi, el empleador tiene la facultad de cambiar el lugar de trabajo del empleado; es decir, puede trasladarlo a otro asiento laboral; sin embargo, esa facultad no es absoluta ni mucho menos se puede utilizar de forma caprichosa y bajo ningún concepto, mucho menos como forma de sanción o como un mecanismo de amedrentamiento…’. Por otro lado, es menester recurrir a la jurisprudencia comparada; así, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-797 de 3 de agosto de 2005, precisó que el ius variandi: ‘es una de las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, y se concreta en la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo’.
Según se acaba de decir, el ejercicio del ‘ius variandi’ no es una prerrogativa discrecional, absoluta ni caprichosa del empleador; es decir, si bien tiene la potestad de instrucción y decisión respecto a ciertos cambios relativos a la modalidad de trabajo, horario, lugar, cantidad o tiempo de trabajo, la misma no debe exceder los marcos de razonabilidad, en el entendido que, la modificación del curso de la relación laboral o las condiciones de trabajo, pueden ser lesivas a los derechos fundamentales del trabajador, si la decisión se adopta en forma arbitraria sin previo consenso ni justificación del por qué se dan los cambios o cuál la necesidad de implementarlos. Así, para ampliar este entendimiento, es menester acudir nuevamente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que en la Sentencia T-483 del 27 de octubre de 1993, estableció: ‘El jus variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas…, así como por los principios mínimos fundamentales… Y, por supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado. En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador deberá apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación que los consulte de manera adecuada y coherente'. En esa línea, la misma Corte, en la Sentencia T-543/09 de 6 de agosto de 2009, retomando los razonamientos de la Sentencia T-483 de 27 de octubre de 1993, señaló: 'frente al ejercicio del ius variandi, en cada caso particular el empleador tiene la carga de observar el conjunto de estos condicionamientos, y en especial de los derechos fundamentales del empleado y tomar una decisión que los consulte de forma adecuada y coherente, teniendo siempre presente que dicha potestad no lo reviste 'de atribuciones omnímodas que toman al trabajador como simple pieza integrante de la totalidad sino como ser humano libre, responsable y digno en quien debe cristalizarse la administración de justicia distributiva a cargo del patrono'.
Ahora bien, se debe dejar claramente establecido que, la estabilidad laboral es un derecho fundamental que asiste al trabajador; por consiguiente, se debe señalar que, el principio de razonabilidad constituye un elemento axiológico que permite la materialización de los derechos fundamentales, entre ellos y en particular los derechos inherentes al trabajador. Así, el entendimiento contenido en la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señaló que: ‘…la validez real y material de la irradiación de los derechos fundamentales y de los valores justicia e igualdad en la vida social, es decir, en actos públicos y privados, está garantizada por el principio de razonabilidad, el cual a su vez constituye un presupuesto esencial para el ejercicio del control de constitucionalidad.
(...)
Entonces, el ejercicio del ‘ius variandi’ también debe ser desplegado en el marco del principio de razonabilidad; es decir, si bien el empleador tiene la atribución de variar las condiciones de prestación de trabajo, ello debe efectuarse en el estricto marco de las disposiciones constitucionales inherentes a los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, lo cual supone el respecto y la observancia de los valores, los principios y, particularmente la vigencia de los derechos laborales, en la medida que las decisiones del empleador no repercutan de manera negativa en el ejercicio de sus derechos -no precisamente laborales o sociales, sino también los conexos con ellos- del trabajador; consiguientemente, en lo concerniente al cambio del lugar y modo de prestación o trabajo, la misma será considerada arbitraria e irrazonable, cuando: sin previo consentimiento, el empleador de manera unilateral y omnímoda decida el desplazamiento del trabajador o cambio del modo de prestación, para el que fue contratado, siendo así que, la nueva asignación o nuevo destino signifique mayores gastos para su subsistencia y disminución en sus ingresos; asimismo, implique un cambio en el modo de vida del trabajador, de manera que, con la nueva forma de prestación o su desplazamiento tenga que trasladarse grandes distancias erogando mayores gastos para ello o, cuando la variación implique mayor esfuerzo a menor compensación, lo cual puede traducirse en mayor costo de transporte debido a que el trabajador para asistir a su nuevo destino tenga que recorrer considerables distancias; asimismo, el desplazamiento o el cambio de asignación signifique la disminución en las horas de descanso, distracción, o implique disgregación familiar para el trabajador. Frente a estas situaciones, el ejercicio del ius variandi será considerado ilegal, arbitrario, caprichoso y lesivo a los derechos del trabajador o de la trabajadora” (las negrillas nos corresponden).
La peticionante de tutela denuncia la vulneración de los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral, al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa, fundamentación, congruencia, principios de ius variandi y legalidad; toda vez que, en conocimiento del recurso jerárquico contra la decisión de rechazo al recurso de revocatoria, asumida por la Resolución Administrativa 21/2023 de 25 de agosto, la autoridad accionada, emitió Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico 01/2024 de 5 de febrero, confirmando la citada Resolución; consecuentemente, el Memorándum de “Rotación” Cite: U.RR.HH. 381/2023 de 7 de julio, incurriendo en: a) Falta de fundamentación, congruencia y defensa al pronunciar la RA de Recurso Jerárquico 01/2024, tanto en la parte considerativa como en la resolutiva; y, b) Vulneración del derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral, así como los principios de ius variandi y legalidad, al tomar una determinación irrazonable y unilateral sobre la transferencia de su cargo, pasando por alto su institucionalidad, sin previo consenso, cambiando el modo de prestación de trabajo en el Hospital Gineco Obstétrico y Neonatal “Jaime Sánchez Porcel” donde las funciones son exclusivamente clínicas, asistencial y de especialidad en Ginecología, Obstetricia y Neonatal que no posee. De la revisión de los antecedentes y las consideraciones realizadas en audiencia pública, se tiene que la ahora accionante, habiendo participado en la Convocatoria de Concurso de Méritos y Examen de Competencia Abierta Institucional Departamental, seria ganadora con un puntaje de 100/100, y designada en el cargo de LICENCIADA EN ENFERMERÍA DE DIRECCIÓN CENTRAL, PROFESIONAL TÉCNICO COMPONENTE ADOLESCENTE SSR/ADULTO MAYOR, DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD CHUQUISACA, se le extendió Certificado de Institucionalización en dicho cargo; razón por la que, considera que goza de estabilidad e inamovilidad laboral; empero, el 13 de julio de 2023, le notificaron con el Memorándum U.RRHH 381/2023 de 7 de julio; por el cual, se dispuso su transferencia al cargo de LICENCIADA EN ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GÍNECO OBSTÉTRICO Y NEONATAL “DR. JAIME SÁNCHEZ PORCEL”, DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD CHUQUISACA, donde se desempeñaban funciones netamente clínicas con especialización, la accionante alega que puede ser pasible a responsabilidad o mala praxis en el desempeño laboral por esas exigencias, por no estar calificada para ese cargo de especialista clínica; por ello, impugnó esa determinación, y agotó la vía administrativa, habiéndose emitido la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico 01/2024, que considera vulnerados los derechos denunciados; por lo que, a través de la presente acción de defensa pretende dejar sin efecto (Conclusiones II. 4, 5 y 6) de este fallo constitucional. De lo referido por la impetrante de tutela y examinada la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico 01/2024 de 5 de febrero, acusada por lesionar el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y congruencia, se advierte que la mencionada Resolución, incurre en incongruencia, por cuanto considerando lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 y 3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la congruencia como elemento componente del derecho al debido proceso, significa que una resolución sea judicial o administrativa, es la estricta correspondencia que tiene que existir entre lo pedido, lo considerado y resuelto; de forma coherente entre la parte considerativa y dispositiva, además de mantenerse en todo su contenido, el hilo conductor efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución, además de conllevar a su vez la cita de las normas o disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a fallar de una determinada forma; en este caso, la autoridad accionada al haber emitido la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico 01/2024, omitió este entendimiento, por cuanto la problemática emerge de la Transferencia dispuesta por el Jefe de la Unidad de RR.HH. del SEDES Chuquisaca, mediante el Memorándum U.RRHH 381/2023, transferencia que fue impugnada, agotando todos los recursos legales administrativos; empero, la resolución jerárquica, no solo cambió y modificó los argumentos de la Resolución de Revocatoria UAJ/AGJ 21/2023 que resolvió la impugnación contra el memorándum de transferencia, como denunció la accionante, además incurrió en incongruencia al haber iniciado considerando la transferencia, y concluyó con resolviendo una rotación, tal como se tiene en Conclusiones II.4 y 6 de este fallo constitucional; por cuanto, se evidencia que la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico 01/2024, en la parte resolutiva o dispositiva literalmente, Resuelve:“…CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 21/2023 Y EN CONSECUENCIA EL MEMORÁNDUM DE ROTACIÓN N° 381/2023” (sic), como se advierte, Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico 01/2024 de 5 de febrero, acusada de vulneradora de derechos y garantías constitucionales por ser incongruente y carecer de fundamentación, resulta ser cierto, por cuanto la misma confirma una supuesta ROTACIÓN, prevista en el art. 30 del DS 26115 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NBSAP), a la letra dice: “La rotación es el cambio temporal de un servidor público de una unidad de trabajo a otra, en una misma entidad para desempeñar un puesto similar. No implica incremento de remuneración ni cambio de residencia. La entidad programará la rotación interna de su personal en la medida de sus necesidades con el propósito de facilitar su capacitación indirecta y evitar la obsolescencia laboral”, como se puede apreciar, la rotación tiene significado diferente, por cuanto el servidor público o trabajador es cambiado temporalmente a una unidad, en la medida de su necesidad y podrá ser programada; en cambio, la transferencia de acuerdo a la normativa aplicada a este caso, el art. 31 de las NBSAP señala: “La transferencia es el cambio permanente de un servidor público de una unidad de trabajo a otra unidad de la misma entidad u otra entidad. Se efectúa entre puestos similares o afines. No necesariamente implica incremento de remuneración y debe prevalecer el consenso entre el servidor público y las entidades involucradas” (sic), conceptos totalmente diferentes, la primera refiere a un cambio temporal del funcionario público y la segunda a un cambio permanente; en el caso de autos, más allá que la transferencia hubiera sido consensuada o no con la accionante, se denuncia lesión al debido proceso en su elemento de la falta de fundamentación y congruencia en la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico 01/2024 de 5 de febrero, lo que resulta ser cierto, por cuanto la parte considerativa de la mencionada resolución, refiere sobre la “transferencia”; empero, contradictoriamente la parte resolutiva a un memorándum de “rotación”, es totalmente diferente a transferencia, conforme se expuso precedentemente, en ese entendido se tiene evidencia de la vulneración al debido proceso en sus elementos fundamentación, congruencia y legalidad, puntualmente expuestos en los Fundamentos Jurídicos III.1, 2 y 3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo conceder tutela. Ahora bien, en cuanto a la denuncia expresada en su acción de amparo constitucional por la accionante respecto a la vulneración del derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral, así como los principios de ius variandi y legalidad, al tomar una determinación unilateral sobre la transferencia de su cargo, pasando por alto su institucionalidad, sin previo consenso, cambiando el modo de prestación de trabajo en el Hospital Gineco Obstétrico y Neonatal “Jaime Sánchez Porcel” donde las funciones son exclusivamente clínicas, asistencial y de especialidad en Ginecología, Obstetricia y Neonatal que no posee, la impetrante de tutela, tiene calidad de servidora pública y se considera dentro de la carrera administrativa con derechos que emergen de la misma como la permanencia en su cargo; al respecto se tiene que el art. 3 de la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 prevé el ámbito de aplicación de dicha Ley a todos a los servidores públicos, y el art. 70 de la misma Ley regula la Incorporación a la carrera en las formas que desarrolla dicha normativa, el parágrafo II del artículo citado prevé la INCORPORACION A LA CARRERA ADMINISTRATIVA para los casos en que las entidades públicas hayan conducido procesos de incorporación de personal durante los últimos 5 años, a través de convocatorias públicas competitivas y evaluación de mérito acordes a principios regulados en la Ley 2027, en el caso en análisis la accionante fue institucionalizada emergente de un concurso Departamental Institucional, para acceder al cargo de LICENCIADA EN ENFERMERÍA DE DIRECCIÓN CENTRAL, PROFESIONAL TÉCNICO COMPONENTE ADOLESCENTE SSR/ADULTO MAYOR, DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD CHUQUISACA, habiendo asumido el mencionado cargo el 25 de octubre de 2019; por lo cual, en ese marco considera la permanencia en su cargo dentro de la carrera administrativa, aspecto sobre el cual esta Sala se ve impedida de pronunciamiento alguno, así como, por la tutela brindada en el presente fallo conforme a los fundamentos precedentes, se colige que será resuelto en el fondo por la Autoridad accionada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 056/2024 de 19 de marzo, cursante de fs. 125 a 129, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada; por consiguiente, se deja sin efecto la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico 01/2024 de 5 de febrero, por ende, el Memorándum de Transferencia U.RRHH 381/2025 de 7 de julio; asimismo, se dispone la inmediata restitución de la accionante al anterior cargo de LICENCIADA EN ENFERMERÍA DE DIRECCIÓN CENTRAL, PROFESIONAL TÉCNICO COMPONENTE ADOLESCENTE SSR/ADULTO MAYOR, DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD CHUQUISACA.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía
MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0308_2025-S4.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): eb178d7dc93e0ac7a28620b75bdc62201b4b0854c7bf2fdc1f163cb76852af3c
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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