B.IA.LEGAL

SCP 0308/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
47085-2022-95-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante consideró lesionado su derecho a la propiedad privada; toda vez que, al encontrarse en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se enteró que su bien inmueble ubicado en Sacaba del departamento de Cochabamba, fue avasallado por personas desconocidas, quienes construyeron un muro con ladrillos que también son de su propiedad; por lo que, se apersonó al sitio para hacerles conocer que tiene su derecho propietario acreditado, dado que cuenta con la escritura de compraventa y su respectivo registro en la Oficina de DD.RR., no pudiendo ejercer su derecho propietario. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 54/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 76 a 79 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento Cochabamba; y en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho a la propiedad privada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela respecto a la remisión de antecedentes al Ministerio Público, no estando el caso en ejecución de sentencia, de acuerdo a lo establecido por el art. 18 del Código Procesal Constitucional. 3º Disponer que el demandado José Herrera Ramos y presuntos ocupantes, por la naturaleza de las medidas de hecho, restituyan de manera inmediata el predio de propiedad de Olga Calle Ruiz, ubicado en la zona de Mosoj Llajta de la provincia Sacaba del departamento de Cochabamba, registrado en la Oficina de Derechos Reales bajo la Matrícula 3101010020099, Asiento A-1 de 14 de enero de 1999, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En caso de resistencia, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, hará cumplir éste fallo constitucional con todos los efectos y consecuencias, incluso con el auxilio de la fuerza pública, de acuerdo a lo previsto en el art. 17.I del Código Procesal Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Protección de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. El derecho a la propiedad privada y su contenido esencial
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0308/2023-S2 Sucre, 9 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 47085-2022-95-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 54/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 76 a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Olga Calle Ruiz contra José Herrera Ramos.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de marzo de 2022, cursante de fs. 37 a 43 vta., la accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En uno de los espacios libres de su propiedad ubicada en Sacaba del departamento de Cochabamba tiene una construcción precaria que data desde el 2014, la cual se encontraba resguardada por su cuidador quien en la primera ola por la pandemia del COVID-19, se ausentó del lugar, debido a que falleció su madre. Desde entonces, de vez en cuando el mismo suele ir desde la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; por lo que, les pidió a los vecinos que le informarán por teléfono de cualquier cosa que tenga que ver con el resto libre de su inmueble. Es así que el 1 de febrero de 2022, vía telefónica se enteró que el 29 y 30 de enero de ese mismo año, de la noche a la mañana desapareció material de construcción en parte de su propiedad, donde tenía las edificaciones para su cuidador. Posteriormente tuvo conocimiento que un grupo de personas a partir del 3 al 7 de febrero del indicado año, estaban construyendo un muro perimetral cerrando un espacio que daba a una esquina en una superficie de 500 m² aproximadamente, quedando en su interior la construcción para su cuidador. El 9 de febrero de 2022, arribó a Sacaba, donde tiene una vivienda de 300 m. hacia el lado Oeste de la puerta del Cementerio Municipal, y después de realizar averiguaciones respecto a su inmueble, tomó conocimiento que parte del mismo ya estaba cerrado con ladrillos y columnas de hormigón, y que un grupo de una docena más o menos de personas armadas de palos, vigilaban día y noche la construcción clandestina. Al día siguiente se apersonó al lugar del avasallamiento para preguntar quiénes eran y el motivo por el cual ingresaron a su propiedad, llegando hasta el interior del mismo ya que la puerta de garaje ubicada en plena esquina estaba abierta, donde después de identificarse, llevada por su impotencia frente a semejante abuso, empezó a gritar que quienes eran y por qué ingresaron a su propiedad privada, dado que tiene Títulos registrados en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), oponible a terceros en la forma prevista por el art. 1538 del Código Civil (CC); ante lo cual, salió una persona que dijo ser quien había cerrado la propiedad, entregándole una simple fotocopia de un plano del lote sin nombres ni firmas, señalando que Héctor Benitez Chambi le había vendido la propiedad; empero, cuando le pidió que le muestre el documento de venta, dijo que aún no tenía la minuta, porque el supuesto vendedor la condicionó previamente a que cerrara el lote dentro de un plazo de quince días, para después recién hacerle la minuta traslativa de dominio, cuyo monto de la venta no quiso decir. Ante esa situación le señaló que era la verdadera dueña; por lo que, le iba a demandar; puesto que, parte de su propiedad fue objeto de avasallamiento y como producto de aquello, se encuentra cercada con muro de ladrillo construido inclusive en horas de la noche. Refirió también que el 11 de febrero de 2022, puso en conocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del departamento de Cochabamba, la construcción ilegal a efecto que se paralice cualquier obra al interior del lote de terreno amurallado, conforme la facultad que tiene el Alcalde por mandato del art. 26.23 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM). En ese sentido, los actos de avasallamiento dirigidos por el demandado con la ayuda de un grupo de trabajadores jornaleros, se materializó a través de esta medida de hecho; por lo que, actualmente se encuentra en posesión clandestina e ilegal, habiendo inclusive violentado el candado del ambiente destinado para el cuidador, utilizando las herramientas que guardaba en ese lugar.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionado su derecho a la propiedad privada, citando al efecto el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar: a) El restablecimiento por parte del demandado y terceros no identificados en su favor el respeto a la propiedad privada en sus componentes de uso, goce y disposición; y, consecuentemente, instruyendo al demandado y a los interesados desconocidos, retirarse junto a los materiales de construcción que aún se encuentran en su inmueble; b) Se le permita ejercer el derecho de la propiedad privada sobre el inmueble objeto del presente “recurso” -lo correcto es acción de amparo constitucional-, sea en el plazo de veinticuatro horas de concedida la tutela, ordenando el uso de la fuerza pública en caso de no reestablecerse el derecho de uso, goce y disposición que le asiste sobre su inmueble; para dicho fin, pidió se disponga que cualquier notario de fe pública del asiento judicial de Sacaba, proceda al verificativo sobre el restablecimiento o no del ejercicio de su derecho patrimonial señalado; c) Se establezca en ejecución de resolución la averiguación de daños y perjuicios causados por haber cerrado ilegalmente su propiedad, impidiéndole realizar trabajos en ejercicio de su derecho de propiedad; y, d) Se remita antecedentes ante el Ministerio Público para el procesamiento penal de los responsables, tanto material e intelectual por los actos de avasallamiento, que fueron efectuados con pleno conocimiento de su ilegalidad, con el uso de la fuerza y amenaza.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 31 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 74 a 75, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que: 1) Presentó como prueba documental la fotocopia simple de su cédula de identidad; y el testimonio notarial “163/1998” en original que demostraría que su derecho propietario está legalmente inscrito en la Oficina de DD.RR. y con base en el art. 1538 del CC; adjuntando los folios reales de su inmueble -motivo de avasallamiento-; 2) También acompañó la Ordenanza Municipal (OM) 055-A/2008 de 16 de octubre de 2008, estudio fotográfico del área avasallada, acta notariada con muestrario fotográfico de verificación física de construcciones clandestinas de 19 de febrero de 2022, e información rápida, por lo cual, solicitó se restituya la propiedad avasallada por el demandado y sea en el plazo de veinticuatro horas; y, 3) Por otra parte, pidió medidas cautelares para que el demandado no proceda a registrar su propiedad en el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del departamento de Cochabamba.

I.2.2. Informe del demandado

José Herrera Ramos, presentó informe escrito de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 87 a 89 vta., conocido por la Sala Constitucional de manera posterior a la audiencia, quien refirió lo siguiente i) Con el fin de contar con su vivienda propia llegó a tener contacto con Héctor Benítez Chambi, quien le ofreció terrenos y le llevó a su casa a la vivienda ubicada a pocos metros del inmueble que Olga Calle Ruiz viene reclamando; por lo que, no dudó un solo segundo en la buena fe de esta persona y de su esposa María Julieta Ivon Gutiérrez Solís, quienes le manifestaron que esta última era heredera por cabeza y estirpe de Félix Gutiérrez Ontiveros; es decir, su abuelo por la línea paterna y propietario de dos parcelas de terrenos ubicados en la zona del exfundo Ulincate, Cantón Sacaba de la provincia Chapare del departamento de Cochabamba, adquirido aparentemente a título de dotación la primera parcela de 23,0000 ha y la segunda, de 1,0000 ha, que a decir de sus vendedores promitentes se encontraría registrado en la Oficina de DD.RR. sin ningún problema; ii) Estos datos los tiene recopilados de una fotocopia de un documento que le entregó Héctor Benítez Chambi, y le facilitó fotocopias de sus cédulas de identidad; iii) Consideró haber actuado de buena fe y con la premisa de obtener un techo propio, acordando con el precitado y su esposa, adquirir una propiedad, quienes le mostraron un área de aproximadamente 900 m, en cuyo interior tenía seis cuartos, muy precarios aparentemente habitados porque se veía instalación de luz, ropas viejas, colchas y ventanas tapadas con cortinas de trapos viejos, y ante su pregunta de quien vivía en los mismos, le manifestaron que eran de sus anteriores inquilinos; además, que en este lugar habían cuatro lotes y que por ello, los cuartos tenían puertas de ingreso en sentidos opuestos, vale decir, unos con vista a la calle del lado Este y otros tres, con vista a la calle del lado Oeste. Al ver las construcciones y la data de estos relativamente antiguos, sus dudas sobre cualquier intento de engaño o estafa por parte de sus oferentes, se disiparon porque también le manifestaron que le harían afiliar a la Organización Territorial de Base (OTB); iv) En esas condiciones, el 5 de enero del 2022, decidió adquirir dos lotes de 250 m cada uno, haciendo un total de 500 mcon vista a la calle del lado Este, por cuyo concepto realizó la entrega, en dicha fecha, de una seña o anticipo de precio en la suma de $us9000.- (nueve mil dólares estadounidenses), habiendo acordado que el precio de ambos lotes sería la suma de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses); v) Con la finalidad de que no dude sobre la condición de propietarios de ambos sujetos, le manifestaron que en forma inmediata realice las construcciones porque tenían otros interesados en la compra de esos lotes y que el saldo, pagaría una vez amurallada la propiedad; también le dijeron que use los ladrillos de seis huecos que estaban estocados al interior del inmueble, según estas personas en un aproximado de dos mil quinientas unidades, que posteriormente arreglarían de los ladrillos, ante semejante oferta, hizo los esfuerzos necesarios para poder conseguir dinero y realizar la compra de materiales de construcción, fierro para el hormigón armado de la columnas, agregados de piedras y arenas, ladrillos y cemento; y, vi) Por lo ocurrido en la construcción, reclamaron al “vendedor”, quien señaló que debieron ser los otros interesados, lo importante era que tenga la posesión, después nadie le iba a reclamar, además le dijo que debía tener muros altos y puertas totalmente cerradas.

I.2.3. Intervención del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del departamento de Cochabamba

Milton Escobar Herrera, en representación legal de Pedro Gutiérrez Vidaurre, Alcalde del Gobierno Municipal mencionado, mediante informe escrito presentado el 31 de marzo de 2022, cursante de fs. 68 a 69 en el apartado II inciso B.2, la accionante refirió que: a) De acuerdo a la demanda de acción de amparo constitucional, la accionante refirió que el interés legítimo del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba de ese departamento emergió por la restricción que habría dispuesto esa entidad municipal sobre su propiedad de acuerdo a la promulgación de la OM 055-A/2008 de 16 de octubre, argumento con cual se habrían rehusado a aprobar sus planos de lote, negativa que lamentablemente no acreditó con prueba ni documentación alguna; y, b) Asimismo la impetrante de tutela, indicó o dio a entender que no ocurrió lo mismo con el ahora demandado, quien procedió al cierre y/o amurallado de una parte de su inmueble, a “vista y paciencia” de ese Gobierno Municipal, hechos que carecen de sustento; toda vez que, en ningún momento se autorizó la construcción realizada por parte del demandado, conforme se acreditó por la Comunicación Interna con CITE: CI/SP-DGU-110/2022 de 30 de marzo, dado que no cursa en archivos de urbanismo ni en sistema de seguimiento de trámites de ventanilla única, ninguna solicitud de aprobación o permisos de construcción a nombre de José Herrera Ramos; así como, tampoco el prenombrado presentó solicitud de autorización y/o aprobación de construcciones; por lo que, se procedió a ordenar la paralización de las construcciones irregulares o ilegales, quedando pendiente la tercera notificación con la orden de paralización de obras y en caso de no acreditar documentación de titularidad del inmueble, ni aprobación o autorización de construcciones, posteriormente podrá procederse al inicio del trámite de demolición de construcciones irregulares o ilegales.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 54/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 76 a 79 vta., “otorgó” -lo correcto es concedió- la tutela solicitada, disponiendo: 1) Que el demandado restituya de manera inmediata el predio de propiedad de la accionante Olga Calle Ruiz, ubicado en la zona de Mosoj Llajta de la provincia de Sacaba del referido departamento, registrado en la Oficina de DD.RR., bajo el folio real con matricula computarizada 3101010020099, Asiento A-1, de 14 de enero de 1999, sea en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación legal; y, 2) El cese inmediato de todo tipo amenazas, perturbación, amedrentamiento o cualquier acto de violencia ejercida a través de medidas o vías de hecho en el inmueble de propiedad de la referida accionante, por parte del demandado. Sin costas por ser excusable. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Se evidenció la existencia de avasallamiento al inmueble de propiedad de la accionante, por parte de José Herrera Ramos, quien no negó el hecho, por el contrario, en su informe señaló haber adquirido la propiedad -motivo de avasallamiento- de una tercera persona, sin acompañar ningún elemento probatorio que acredite ese extremo, siendo estos hechos los que constituyen una vía de hecho no consentida por el sistema constitucional vigente en Bolivia, en el que se ha prohibido toda forma de justicia por mano propia y en el que se garantiza el derecho a la propiedad privada consagrado por la Norma Suprema; derecho del que, como se dijo, emanan las potestades de usar, gozar, disfrutar y disponer de los bienes objeto de la potestad propietaria; derecho que se ve perjudicado e impedido, cuando los actos de los particulares demandados impiden que el titular de un bien, haga uso, goce o disponga del bien de su propiedad en la forma que más convenga a sus intereses personales, en uso a su vez, del derecho a la libre determinación de la persona y de sus bienes; ii) Conforme a la doctrina glosada que expone los ámbitos de ejercicio del derecho a la propiedad privada, este derecho constitucional resulta lesionado cuando el titular se encuentra impedido de ejercer las facultades de usar, gozar, disfrutar y disponer de los bienes que corresponden a su patrimonio, como en el de la solución de sus conflictos; excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado; iii) La solicitante de tutela, acreditó la titularidad o dominialidad del bien inmueble, en el que, según denuncia se ejercieron medidas de hecho, esto mediante la Escritura Pública 166/1998 de 28 de septiembre, protocolizada ante la Notaría de Fe Pública de Sacaba 2 del departamento de Cochabamba, documento que goza de la fe probatoria exigida por los arts. 1287 y 1309 del CC, y que se encuentra debidamente registrado en la oficina de DD.RR. bajo el folio real con la matricula computarizada 3101010020099, Asiento A-1 de 14 de enero de 1999, generando con ello, el derecho de oponibilidad frente a terceros, al tenor de lo dispuesto por el art. 1538 del referido Código; demostrando de esa forma, la titularidad del bien inmueble objeto de la presente acción de defensa a su favor; y que es única propietaria del inmueble; consecuentemente la parte accionante cumplió debidamente con la carga probatoria exigida en la SCP 1788/2013 de 21 de octubre, en el punto: c.2) al exhibir el derecho propietario irrebatible sobre el inmueble; además de haber acreditado el derecho propietario sobre el inmueble objeto de esta acción tutelar; iv) La demandante ejerció posesión de su legítimo derecho propietario sobre el referido inmueble, emergente de construcciones precarias donde habitaba su cuidador, extremo que se acreditó con el Acta de verificación física de construcciones clandestinas y el muestrario fotográfico de 19 de febrero de 2022; y, v) La impetrante de tutela probó y demostró los actos de avasallamiento e invasión por medidas o vías de hecho sobre el inmueble de su propiedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Testimonio de la Escritura Pública 166/1998 de 28 de septiembre, sobre la compra de un lote de terreno con extensión superficial de 16,6482 ha, ubicado en la zona de Mosoj Llajta de Sacaba del departamento de Cochabamba, otorgado por Leónidas Morgana Zambrana a favor de Olga Calle Ruiz -ahora impetrante de tutela-, por la suma de Bs70 000.- (setenta mil bolivianos [fs. 3 a 5 vta.]). II.2. Consta fotocopia de folio real con Matricula Computarizada 3.10.1.01.0020099 de un lote de terreno de 166482 m registrado a nombre de Olga Ruiz Calle (fs. 56). Asimismo, formulario de información rápida de 11 de marzo de 2022, del referido inmueble a nombre de la ahora solicitante de tutela (fs. 7). II.3. Por memorial dirigido al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del departamento de Cochabamba, la accionante solicitó la paralización de construcciones clandestinas, consistente en la construcción de un muro perimetral teniendo en el interior del mismo cuatro dormitorios que fueron construidos desde la gestión 2014, por lo que pidió que el inspector verifique in situ dichas construcciones y proceda a la toma de placas fotográficas y recabe información para el proceso administrativo sancionador (fs. 8). II.4. Mediante informe pericial de 18 de febrero de 2022, Fernando Méndez Poma en su calidad de perito de parte de la ahora solicitante de tutela, concluyó que el muro perimetral que existe actualmente no figuraba en el registro de fotos satelitales de google earth porque el mismo tuvo que ser construido a principios de 2022; asimismo, se encontraba el material de construcción, los bloques construidos estaban habitados por la impetrante de tutela, dado que tenía objetos personales dentro de los bloques (fs. 11 a 21). II.5. Cursa muestrario fotográfico de inicio y conclusión de la construcción del muro perimetral (fs. 22 a 24). II.6. Se tiene acta de verificación física de construcciones clandestinas de 19 de febrero de 2022, realizada por la Notaria de Fe Pública 3 de Sacaba del departamento de Cochabamba y muestrario fotográfico (fs. 26 a 32).

II.7. Consta Comunicación Interna con CITE: CI/SP-DGU-110/2022 de 30 de marzo, dirigida al Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del departamento de Cochabamba, que señala que de la revisión de trámites que existen en la Dirección de Gestión Urbana y Territorial, cursa la solicitud presentada por la hoy accionante donde solicita orden de paralización de construcciones clandestinas, en virtud a la cual y previas las coordinaciones; por cuanto dentro de la solicitud no se acompaña un plano georreferenciado del predio en cuestión para poder actuar de forma inmediata, se efectuaron las siguientes actuaciones de paralización de obras: Primera boleta de paralización de obras y citación 0008667 de 17 de febrero de 2022, dirigida contra los presuntos infractores por realizar los trabajos de construcción de la muralla y verja; y, Segunda Boleta de paralización y citación 0008674 de 22 de igual mes y año. Asimismo, se refirió que, de la revisión del sistema de seguimiento de trámites de la Unidad de Ventanilla Única, no se identificó ninguna solicitud de aprobación o permisos de construcción a nombre de José Herrera Ramos. De igual forma, de la revisión de trámites que cursan en la Unidad de Archivos de Urbanismo de esa entidad municipal tampoco se verificó que exista alguna aprobación a nombre de José Herrera Ramos (fs. 53 a 54).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante consideró lesionado su derecho a la propiedad privada; toda vez que, al encontrarse en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se enteró que su bien inmueble ubicado en Sacaba del departamento de Cochabamba, fue avasallado por personas desconocidas, quienes construyeron un muro con ladrillos que también son de su propiedad; por lo que, se apersonó al sitio para hacerles conocer que tiene su derecho propietario acreditado, dado que cuenta con la escritura de compraventa y su respectivo registro en la Oficina de DD.RR., no pudiendo ejercer su derecho propietario. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Protección de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 1038/2021-S4 de 20 de diciembre, estableció que: “La acción de amparo constitucional, conforme establecen los arts. 128 y 129.I de la Constitución Política del Estado (CPE), ha sido instituida como un mecanismo de defensa que otorga protección contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos fundamentales y garantías constitucionales, reconocidos por la Constitución y la Ley, que puede activarse por el afectado, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; salvo la inminencia de un daño irreparable o cuando la vulneración provenga del ejercicio de vías de hecho; circunstancias en las que no es exigible, el agotamiento previo de otros medios o mecanismo legales de defensa. Ahora bien, respecto a las medidas o vías de hecho, han sido definidas en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, como: ‘…los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales…’. Frente a la vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales a través de medidas de hecho, la acción de amparo constitucional se constituye en el mecanismo de protección inmediato e idóneo, para contrarrestar los abusos contrarios al orden constitucional y el ejercicio de la justicia por mano propia, conforme lo entendió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, cuando señaló: ‘En principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas «vías de hecho», a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: …a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencia de vías de hecho’. El Tribunal Constitucional Plurinacional, con referencia a la abstracción del principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, cuando se está frente a medidas de hecho, a través de la SC 0148/2010-R de 17 de mayo, desarrolló el siguiente entendimiento: ’(…) existen situaciones excepcionales en las que el agotamiento de tales vías implicaría la consumación irreversible de la vulneración del derecho, con el consiguiente daño irremediable, en cuyo caso la tutela resultaría ineficaz, en el que por la existencia de acciones de hecho o justicia directa o a mano propia, que puede ser proveniente de parte de autoridades o funcionarios públicos, o de particulares, se hace urgente la tutela inmediata, prescindiendo de las vías legales que pudiesen existir, a efectos de que cesen las ilegalidades y actos hostiles, con la consiguiente afectación inclusive de otros derechos fundamentales, por tanto en esos casos corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada’. Ahora bien, para accionar directamente este mecanismo constitucional de defensa, la citada SC 0148/2010, estableció los presupuestos que deben cumplirse, señalando que: ‘1) Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional. 2) Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas. 3) El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos. 4) En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante. Sin embargo, cuando el agraviado o accionante señale que existen actos de aparente aceptación, pero que son producto de la presión o violencia que vició su voluntad, esta situación debe ser fundamentada y acreditada de manera objetiva, en ese caso, será considerada una prueba de la presión o medida de hecho, inclusive’. Respecto a la aplicación de medidas de hecho, entre particulares, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, concluyó que: ‘De manera general, cuando los particulares o el Estado invocando supuesto ejercicio legítimo de sus derechos o intereses adoptan acciones vinculadas a medidas o vías de hecho en cualesquiera de sus formas: i) Avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la pérdida o perturbación de la posesión o la mera tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos, desconociendo que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas’” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. El derecho a la propiedad privada y su contenido esencial

El derecho a la propiedad es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el art. 56 de la CPE, el cual expresamente establece que: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social”; asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en su art. 17 determina: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”; de igual manera, el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), establece que “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes (…). 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. Sobre este punto, la vasta jurisprudencia constitucional desarrolló la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir del cual la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos, para cumplir así con los estándares axiomáticos rectores del principio de razonabilidad; en tal sentido, la SCP 0054/2013 de 11 de enero, sostuvo que en el núcleo duro del derecho a la propiedad se identifican tres elementos esenciales: i) El derecho de uso -usus-; ii) El derecho de goce; y, iii) El derecho de disfrute -fructus-. Asimismo, la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que: “En el orden de ideas señalado, se establece que todo acto de particular o funcionario público realizados al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes que priven o limiten arbitrariamente el derecho a la propiedad, afectando los elementos componentes de su núcleo duro, se configurará como vías de hecho que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, pueden ser resguardados a través de la acción de amparo constitucional, por ser esta un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de este derecho fundamental…” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante consideró lesionado su derecho a la propiedad privada, toda vez que al encontrarse en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se enteró que su bien inmueble ubicado en Sacaba del departamento de Cochabamba, fue avasallado por personas desconocidas, quienes construyeron un muro con ladrillos que también eran de su propiedad, por lo que se apersonó al sitio para hacerles conocer que tiene su derecho propietario acreditado, dado que cuenta con la escritura de compraventa y su respectivo registro en la Oficina de DD.RR., no pudiendo ejercer su derecho propietario por las medidas de hecho ejercidas. Conocida la problemática, es necesario precisar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional ante la denuncia de medidas o vías de hecho, desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que estableció señalando que la carga probatoria debe ser realizada por el solicitante de tutela, quién debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas de hecho, asumidas sin causa jurídica; en otras palabras, que el o los avasalladores prescindieron de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. Al tratarse de un avasallamiento que afecta el derecho de propiedad privada, únicamente se exige como carga probatoria que la demandante demuestre: a) La titularidad o dominialidad del bien inmueble en relación al que se ejerció medidas o vías de hechos; en el caso concreto, la ahora impetrante de tutela demostró con el registro de propiedad a su nombre que genera el derecho de oponibilidad frente a terceros; b) Por cualquier medio legítimo, los actos o medidas de hecho, no siendo posible exigirse ninguna otra carga procesal adicional, entendiendo además que, la acción tutelar podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; y, c) El daño inminente, irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, por arbitraria restricción y supresión del derecho de propiedad privada por el denunciado y otras personas. Entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 así como por la SC 0148/2010 y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0309/2012 de 18 de junio y 1938/2012 de 12 de octubre, entre otras. En ese marco, de la compulsa de los antecedentes de la acción de defensa, la impetrante de tutela cumplió con los presupuestos para activar la justicia constitucional en relación a las medidas de hecho, de acuerdo a: 1) A través del Testimonio de la Escritura Pública 166/1998 de 28 de septiembre sobre la compra de un lote de terreno con una superficie de 16,6482 ha a nombre de Olga Ruiz Calle ahora solicitante de tutela, registrado en la oficina de DD.RR. con Matrícula 3.10.1.01.0020099 (Conclusiones II.1 y II.2), se acreditó la titularidad del bien inmueble, documento que genera el derecho de oponibilidad frente a terceros de acuerdo al art. 1538 del Código Civil; y, 2) En relación a las medidas de hecho en contra de su propiedad y, de acuerdo a la documental adjunta a la acción de defensa (Conclusión II.3. al II.7), la solicitante de tutela, acreditó que: i) Peticionó al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del departamento de Cochabamba, la paralización de obras clandestinas dentro de su propiedad avasallada por terceras personas; ii) Que, esas personas no tenían derecho que los ampare para construir un muro e impedirle arbitrariamente el ingreso a su propiedad ni restringir su derecho propietario, ya que no contaban con documento idóneo por el que se encontraban poseyendo su inmueble, no tenían autorización para construcción del ente municipal, constituyendo una construcción clandestina y ocupación arbitraria de su inmueble; iii) Desde el momento que se enteró de la ocupación de su propiedad por personas desconocidas solicitó al citado Gobierno Municipal la paralización de la construcción clandestina en su propiedad por terceras personas y del denunciado José Herrera Ramos; así, la inspección realizada y la verificación por el Notario de Fe Pública 3 de Sacaba, evidencian que hasta la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional, la vulneración arbitraria de su derecho propietario, continuaba, pudiendo plantear directamente esta acción tutelar, ante la inminencia del daño ocasionado, pudiendo ser irreparable de no actuarse de manera inmediata (Conclusión II.3 al II.7); y, iv) Acreditó que el denunciado y las otras personas, no solo construyeron un muro para limitar o restringir el acceso a su propiedad, sino que, usaron también su material de construcción -ladrillos-, sin que hubiere autorizado esta utilización arbitraria, de una supuesta venta por otra persona al ahora demandado; es decir, el daño es inminente, irreversible e irreparable, que agrava la lesión al derecho de uso, goce y disfrute de su propiedad, consumado por el precitado, por la arbitraria restricción y supresión del derecho de propiedad privada, que constituyen vías de hecho o avasallamiento de su propiedad, además, esta restricción se torna agresiva por los ocupantes clandestinos de su propiedad. En el informe escrito presentado por el denunciado cursante de fs. 87 a 89 vta., solo señaló que adquirió el bien inmueble de Héctor Benítez Chambi y María Julieta Ivon Gutiérrez Solis, sin acreditar con ningún documento idóneo la compraventa del lote, la autorización de construcción, ni desvirtuar los fundamentos y argumentos de la acción de amparo constitucional en su contra, menos asistió a la audiencia señalada, concurriendo en este caso el entendimiento de la SC 0374/2007-R de 10 de mayo, respecto a la acreditación de las medidas o vías de hecho, que entendió: “…cuando se atribuya a los recurridos haber incurrido en vías de hecho, y más bien existe aceptación de los hechos denunciados por parte de los recurridos, o éstos no los desvirtúan en forma debida, tendrá que concederse la tutela…” (sic [las negrillas y el subrayado nos corresponde]), en el caso bajo examen, el demandado no desvirtuó la acción de defensa con ningún argumento menos con prueba de descargo que lo ampare, al contrario, acreditó la arbitrariedad de la ocupación del inmueble y la ilegalidad de las construcciones efectuadas y reconocidas en el informe escrito. Esta Sala considera que se demostró el avasallamiento de la propiedad privada de la accionante, acto cometido por el demandado y terceras personas, al margen y en prescindencia absoluta de mecanismos institucionales vigentes; es decir, no tienen un título conforme el art. 1538 del CC, menos alguna orden judicial que pueda ampararlos, entendiendo claramente que privó y limitó arbitrariamente el derecho a la propiedad privada de la demandante de tutela, afectando los elementos esenciales de ese derecho fundamental, como es el uso, goce y disfrute del mismo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; consiguientemente, es viable la protección y resguardo al derecho de propiedad privada de la solicitante de tutela, ante las medidas de hecho efectuadas por el demandado, y considerando el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se otorga la tutela provisional y transitoria con relación al derecho a la propiedad de la impetrante de tutela, con efecto reparador, disponiendo que José Herrera Ramos -demandado-, así como los demás ocupantes del inmueble, desocupen inmediatamente la propiedad de Olga Calle Ruiz, hoy accionante, recurriendo inclusive al auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de este fallo constitucional, debiendo librarse los mandamientos y oficios que correspondan, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos dentro de un debido proceso defina o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. En relación a la solicitud de remisión de antecedentes al Ministerio Público para procesamiento penal, corresponde establecer que el art. 18 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que ello, corresponde en etapa de ejecución de sentencia y, ante el incumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional, momento procesal que actualmente no está vigente. Respecto al pago de daños y perjuicios causados, no justificó el mismo; además que, el presente fallo constitucional al conceder la tutela, restableció los derechos denunciados como lesionados. sin lugar al pago de costos y costas; por cuanto, no fueron solicitados en el memorial de acción de amparo constitucional, siendo excusable. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 54/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 76 a 79 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento Cochabamba; y en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho a la propiedad privada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela respecto a la remisión de antecedentes al Ministerio Público, no estando el caso en ejecución de sentencia, de acuerdo a lo establecido por el art. 18 del Código Procesal Constitucional. 3º Disponer que el demandado José Herrera Ramos y presuntos ocupantes, por la naturaleza de las medidas de hecho, restituyan de manera inmediata el predio de propiedad de Olga Calle Ruiz, ubicado en la zona de Mosoj Llajta de la provincia Sacaba del departamento de Cochabamba, registrado en la Oficina de Derechos Reales bajo la Matrícula 3101010020099, Asiento A-1 de 14 de enero de 1999, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En caso de resistencia, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, hará cumplir éste fallo constitucional con todos los efectos y consecuencias, incluso con el auxilio de la fuerza pública, de acuerdo a lo previsto en el art. 17.I del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. CORESPONDE A LA SCP 0308/2023-S2 (viene de la pág. 15)

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0308_2023-S2.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 956d0666ea8d6695a13237c1c1d3fe2a5e706212fea39ba846311f1fb2ad52cf

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →