B.IA.LEGAL

SCP 0307/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 15 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
15 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51546-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su elemento de celeridad; así como, su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se encontraba cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; y, habiendo sido beneficiado con detención domiciliaria, con permiso laboral, le correspondía cumplir en el plazo de tres días, con las medidas impuestas por la autoridad jurisdiccional en suplencia legal; no obstante, por negligencia de la funcionaria y autoridad codemandadas, se retrasó el cumplimiento de las mismas, afectando directamente en la obtención inmediata de su libertad, a pesar de haber cumplido con las disposiciones establecidas. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 534/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, recomendando al Juez y Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, que en otras situaciones similares procedan con la celeridad que el caso amerita; y en caso de volver a incurrir en las dilaciones y malos tratos al mundo litigante, se dispondrá la remisión a la Unidad Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, a sola denuncia de la parte accionante o de su abogada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2025-S4 Sucre, 15 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51546-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 534/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Ramos Pardo contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez y Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 5 a 9 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como consecuencia del proceso penal iniciado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Así, el 10 de octubre de 2022 se llevó a cabo una audiencia de consideración de su situación jurídica; en la que, se dispuso su detención domiciliaria con salida laboral, otorgándole el plazo de tres días para constituir un domicilio distinto al de la víctima, arraigo por medio del servicio de Migración, presentación ante el biométrico del Ministerio Público, terapia psicológica en el centro terapéutico correspondiente y una fianza económica Bs8 000.- (ocho mil bolivianos), entre otras medidas. Con la finalidad de cumplir con las medidas impuestas, en horas de la mañana del 11 de octubre de 2022, su abogada defensora se hizo presente en el Juzgado a cargo del proceso; sin embargo, la Secretaria del mismo –ahora demandada–, le pidió que regresara por la tarde; alegando que, en ese momento todos los funcionarios y pasantes se encontraban recargados de trabajo; por lo que, la citada profesional retornó a las 14:00, cuando uno de los subalternos, le informó que la mencionada funcionaria gozaba de asueto y que en ese momento se encontraba físicamente en la oficina; empero, atendiendo otros asuntos pendientes; y, al ser cuestionada la misma, ésta manifestó que los oficios y demás documentos necesarios para el cumplimiento de las medidas ordenadas, estarían listos para el día siguiente en la mañana. Es así que el 12 de octubre de 2022, su abogada e hija se presentaron nuevamente en el Juzgado a efectos de recoger la documentación solicitada, para cumplir con las medidas impuestas por la Jueza; de manera que, la Secretaria les pidió una fotocopia de la cédula de identidad y que regresaran en una hora, pero cuando volvieron únicamente se les entregó el mandamiento de arraigo, quedando pendientes el certificado de depósito y otros documentos necesarios; ante ello, la precitada les señaló que no contaba con los formularios requeridos en ese momento, y que no podía asegurar cuándo los obtendría; lo que, generó incertidumbre sobre la posibilidad de obtener su libertad y alargó su condición de detenido, más allá del plazo establecido; además de lo cual, intentaron entregar la documentación correspondiente, para la verificación domiciliaria; sin embargo, la funcionaria de apoyo jurisdiccional se negó a recibirla bajo el argumento que debía presentarse con memorial. El jueves 13 de octubre de 2022, ante los constantes retrasos administrativos, presentó memorial ante el Juzgado titular de su causa; en el que, expuso todas las irregularidades y entregó la documentación relacionada con el arraigo y la verificación domiciliaria; no obstante, la Secretaria codemandada le recibió los documentos a las 14:00 y se negó a entregarle el certificado de depósito judicial; indicando que, ya cursaba en obrados y que el mandamiento de detención domiciliaria sería despachado sin problema; no obstante, al finalizar ese mismo día, cuando se cumplía el plazo otorgado por la Jueza, el certificado de depósito judicial aún no había sido entregado; lo que, se cumplió recién al mediodía del viernes 14 de igual mes y año; día en que, se le entregó el comprobante de depósito y cuando se solicitó el despacho del mandamiento correspondiente, la funcionaria jurisdiccional respondió de manera grosera, levantando la mano desde su escritorio en señal de negativa. Ante lo acontecido, su defensora solicitó audiencia con el Juez hoy demandado, a fin de informarle sobre las irregularidades en el cumplimiento de las medidas judiciales, y tuvo que aguardar hasta las 18:07 para ser atendida; sin embargo, este se negó a escucharla, argumentando que estaban fuera de horario y le pidió que regresara el lunes por la mañana, aun cuando ella le recordó la urgencia del caso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela denunció como lesionado el debido proceso en su elemento de celeridad y derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Cese la indebida restricción a su derecho a la libertad; b) Se materialice el cumplimiento de la detención domiciliaria con salida laboral, de la cual fue beneficiario; c) Se ordene a la autoridad demandada firmar a primera hora del lunes 17 de octubre de 2022 el mandamiento de detención domiciliaria y ordene a la funcionaria codemandada firme y remita dicho mandamiento a la oficina gestora inmediatamente en el día; y, d) Le entreguen el oficio para el centro de terapia correspondiente con su copia legalizada y una más para la presentación biométrica ante el Ministerio Público.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 18, presente la parte solicitante de tutela asistido de su abogada; y, ausentes los demandados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante presente en audiencia virtual, a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro de su demanda de acción de libertad planteada.

I.2.2. Informe de la autoridad y el funcionario público demandados

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 16 de octubre del 2022 cursante de fs. 12 y vta., manifestó lo siguiente: 1) En relación con la causa, y tras revisar el cuaderno de control jurisdiccional, se verificó que el 10 de octubre de 2022, se llevó a cabo la audiencia para considerar la situación jurídica del imputado – ahora accionante–, presidida por Mirian Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del referido departamento en suplencia legal de su autoridad; instancia que, emitió la Resolución 630/2022 de 10 de octubre, y dispuso su detención domiciliaria, entre otras medidas; previo al cumplimiento de los requisitos para la emisión del mandamiento de detención domiciliaria; 2) Desconoce si la parte impetrante de tutela cumplió o remitió lo solicitado por la autoridad en suplencia legal; dado que, al revisar el cuaderno de control jurisdiccional, no se encontró ningún memorial ni documentos solicitados; y, 3) Esta acción de defensa no debería ser interpuesta en su contra; por lo que, solicita que en observancia de lo previsto por el art. 203 de la CPE y en cumplimiento de la SCP 0754/2020-S4, se disponga su improcedencia por encontrarse ilegítimamente demandado.

Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 16 de octubre del 2022 cursante de fs. 14 a vta., expresó lo siguiente: i) Mediante Resolución 630/2022 de 10 de octubre, se dispuso la detención domiciliaria del ahora solicitante de tutela, y la Jueza en suplencia estableció un plazo de tres días para hacer efectiva la medida: mismo que, que no fue acatado; ii) Colaboró para que se llevaran a cabo todas las disposiciones ordenadas por la autoridad judicial, finalizando el proceso el viernes 14 de octubre de 2022; hecho que, quedó respaldado con el depósito de la fianza efectuado ante el Consejo de la Magistratura; y, iii) A pesar de que la parte accionante, ejecutó lo dispuesto fuera del plazo fijado, se le informó que el mandamiento de detención domiciliaria sería remitido el lunes siguiente a las Oficinas de Gestión de Procesos Judiciales de El Alto; no obstante, la abogada del impetrante de tutela se presentó en ventanilla y exigió la entrega directa del mandamiento; alegando que, ella misma se encargaría de trasladarlo, sin considerar que todo mandamiento debe ser tramitado exclusivamente a través de las Oficinas Gestoras, tal como lo establece la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres–, y que su entrega no correspondía ni a familiares ni a la defensa técnica; por tal motivo, solicitó que se rechace la acción tutelar planteada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 534/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 19 a 21, denegó la tutela solicitada, en relación al la autoridad judicial demandada; toda vez que, este no firmó la Resolución 630/2022 de 10 de octubre; y concedió la tutela impetrada, respecto a la Secretaria ahora codemandada; ordenando que, inmediatamente remita a “LAS GESTORAS DE PROCESOS” (sic) el mandamiento de detención domiciliaria del accionante; todo bajo los siguientes fundamentos: a) Mediante Resolución 630/2022 de 10 del mencionado mes, dictada por Mirian Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Lucio Fermín Flores –ahora demandado–, se dispusieron medidas cautelares personales contra el imputado – hoy accionante-; en dicho fallo, se concedió un plazo de tres días para constituir un domicilio distinto al de la víctima; el cual, debía ser verificado por la Secretaria de ese Despacho Judicial, también se dispuso el arraigo ante la Dirección General de Migración, la obligación de presentarse ante el Ministerio Público para el marcado del reloj biométrico, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, el pago de una fianza económica de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos), a ser depositados al Consejo de la Magistratura, y otras medidas; b) Se observó que efectivamente existió una dilación atribuible a la Secretaria, quien demoró aproximadamente una semana en la entrega de los documentos necesarios para hacer efectiva la ejecución de las medidas cautelares dispuestas; dicho retraso se materializó, en última instancia, el viernes por la tarde; momento en el cual, finalmente se realizó el depósito del monto correspondiente a la fianza; además, se evidenció demora en la entrega del mandamiento de arraigo y de las fotocopias legalizadas requeridas para habilitar el registro biométrico del imputado; situación que, derivó en una prolongación indebida de su detención preventiva; toda vez que, pese a existir una orden judicial de liberación, hasta la fecha el imputado no logró recuperar su libertad; y, c) No se presentaron las partes para informar si el mandamiento fue efectivamente remitido a la Oficina Gestora de Procesos para su posterior envío al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; situación que, evidenció nuevas dilaciones atribuibles a la Secretaria hoy demandada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 13 de octubre de 2022; por el cual, el accionante solicitó a la autoridad ahora demandada, la entrega de oficios y verificativo domiciliario (fs. 2 a 4). II.2. Certificado de depósito judicial, efectuado por Ana María Ramos Pairo, correspondiente a la fianza económica del ahora impetrante de tutela, por el monto de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos) realizado el 14 de octubre de 2022 a las 14:00 (fs. 1).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su elemento de celeridad; así como, su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se encontraba cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; y, habiendo sido beneficiado con detención domiciliaria, con permiso laboral, le correspondía cumplir en el plazo de tres días, con las medidas impuestas por la autoridad jurisdiccional en suplencia legal; no obstante, por negligencia de la funcionaria y autoridad codemandadas, se retrasó el cumplimiento de las mismas, afectando directamente en la obtención inmediata de su libertad, a pesar de haber cumplido con las disposiciones establecidas. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar:‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′”. Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'. Además enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”' (las negrillas nos pertenecen).

Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE; en consonancia, con el 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

III.2. Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional

La SCP 0297/2023-S4 de 15 de mayo, señala: “ Respecto a la responsabilidad de los servidores de apoyo jurisdiccional y la consiguiente legitimidad pasiva, la SCP/0961/2019-S4 de 21 de abril, entendió: ʽAcerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, reiteró lo siguiente: «…la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció «…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)». En el contexto, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva; por lo que, es plenamente viable dirigir la demanda en su contra, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; toda vez que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional; sino que, las omisiones de carácter administrativo como la falta o inoportuna recepción de dineros para cubrir las fianzas económicas, elaboración del cuadernillo de apelación, de actas o de notificación a las partes, o el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, tratándose en especial de temas en los que está comprometida la libertad personal, en general, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo jurisdiccional; hechos que, repercuten negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del Juzgado; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad de su Juzgado. Consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccionalʼ»ʼ” (las negrillas nos corresponden). Conforme a la jurisprudencia constitucional precedente, los servidores de apoyo judicial, son susceptibles de responsabilidad cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en la vulneración de derechos fundamentales.

En ese entendido, según determina el art. 83 de la LOJ, “Son servidoras o servidores de apoyo judicial:

1) La conciliadora o el conciliador; 2) La secretaria o el secretario; 3) La o el auxiliar; y 4) La o el oficial de diligencias” Asimismo el art. 94 del mismo cuerpo normativo, establece las obligaciones comunes de las secretarias o secretarios, entre los cuáles se señalan: “I. (…) 1. Pasar en el día, a despacho, los expedientes en los que se hubiera presentado escritos y otros actuados, para su providencia, así como cualquier otro libramiento; (…) 3. Dar fe de los decretos, autos, sentencias, mandamientos, exhortos, cartas acordadas y provisiones que expidan el tribunal, la jueza o el juez; (…) 5. Franquear testimonios, certificados, copias y fotocopias legalizadas que hubieran solicitado las partes; (…)14. Controlar e informar de oficio al tribunal y juzgado, sobre el vencimiento de los plazos para dictar resoluciones, bajo responsabilidad; (…) 17. Otras establecidas por ley (…)”. Por otro lado, el art. 56 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, sostiene que: “I. La jueza, el juez o tribunal será asistido con la debida diligencia en el cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a quien le corresponderá como funciones propias, las siguientes: 1. Controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente a la jueza, juez o tribunal antes de su vencimiento; a tal efecto, deberá proyectar la conminatoria de control jurisdiccional al Ministerio Público, bajo responsabilidad; 2. Asistir a la jueza, juez o tribunal en audiencia para garantizar su desarrollo conforme establece la normativa vigente; 3. Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia; 4. Custodiar los elementos de prueba para la realización de la audiencia, garantizando el orden de la codificación y su inalterabilidad, quedando en resguardo de los objetos y documentos, bajo su exclusiva responsabilidad; 5. Elaborar y mantener un inventario actualizado de los procesos; 6. Coordinar funciones con la Oficina Gestora de Procesos conforme a reglamentos operativos, circulares y protocolos, de conformidad a sus respectivas competencias; 7. Informar a las partes con la debida diligencia y buen trato; 8. Dirigir al personal auxiliar; y, 9. Cumplir con todas las tareas que la jueza, el juez o tribunal ordene en procura de mejorar la gestión del despacho judicial.

II. En ningún caso las secretarias y los secretarios pueden realizar tareas propias de la función jurisdiccional. La delegación de funciones jurisdiccionales en estos funcionarios hará inválidas las actuaciones realizadas y hará responsable directamente a la jueza o al juez”.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su elemento celeridad; así como, de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se encontraba cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; y no obstante, haber sido beneficiado con medidas cautelares personales; la funcionaria y autoridad judicial ahora demandada, retrasaron injustificadamente el cumplimiento de esta medida, impidiéndole obtener su libertad, a pesar de haber cumplido con las disposiciones establecidas en la Resolución 630/2022 de 10 de octubre. Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes de la causa de dónde; se establece que, como consecuencia del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el impetrante de tutela se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; no obstante, mediante Resolución 630/2022 de 10 de octubre, emitida por Mirian Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del mismo departamento, en suplencia legal del Juez ahora demandado, fue beneficiado con la imposición de medidas cautelares personales, disponiéndose su detención domiciliaria con salidas laborales, fianza económica de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos), terapia psicológica, arraigo, presentación en el biométrico del Ministerio Público, entre otras medidas, a cumplirse en el plazo de tres días, para la emisión del correspondiente mandamiento de detención domiciliaria. Asimismo, del contenido del memorial de interposición de la presente acción tutelar; se advirtió que, el 11 de octubre de 2022, en horas de la mañana, la abogada del ahora solicitante de tutela, se constituyó en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, con el propósito de dar cumplimiento a las medidas dispuestas en audiencia celebrada un día antes; sin embargo, la Secretaria hoy codemandada le solicitó que regresara por la tarde, debido a la excesiva carga laboral; razón por la cual, la profesional se apersonó nuevamente a las 14:00 de ese mismo día, cuando uno de los subalternos le informó que la mencionada funcionaria se encontraba gozando de asueto; y, que si bien se encontraba en ese momento en el Juzgado; empero, era para atender otros asuntos, y que los oficios y demás documentos necesarios para la ejecución de las medidas, estarían listos para el miércoles 12 de octubre en horas de la mañana. El día señalado, la hija y la defensora del accionante, se apersonaron al Juzgado; no obstante, a las 14:00 únicamente se les entregó el mandamiento de arraigo, quedando pendientes el certificado de depósito judicial y los otros documentos requeridos para ejecutar las medidas dispuestas. Frente a esta situación, su abogada consultó cuándo podían recoger el resto de la documentación, recibiendo como respuesta que la elaboración sería delegada a un auxiliar; ya que, los documentos debían ir acompañados de la copia de la Resolución; la cual, solo sería firmada por la Jueza en suplencia legal a las 16:30 de ese mismo día –12 de octubre de 2022–; en cuanto al certificado de depósito, la Secretaria explicó que no contaba con los formularios necesarios y que desconocía cuándo estarían disponibles; además, intentaron entregar la documentación correspondiente a la verificación domiciliaria, pero la servidora judicial se negó a recibirla alegando que debía presentarse mediante memorial; sin considerar que, el plazo de tres días vencía al día siguiente; de modo que, solo se entregó el oficio de arraigo. El jueves 13 de octubre de 2022, la parte accionante presentó un memorial mediante el cual, puso en conocimiento del Juez ahora demandado, los hechos ocurridos hasta ese momento en la tramitación de la documentación, solicitó además la entrega de oficios, la programación del verificativo domiciliario y adjuntó la documentación correspondiente; no obstante, fue recién a las 14:00 que, la Secretaria recibió los documentos y coordinó la hora para la verificación, negándose nuevamente a entregar el certificado de depósito judicial, bajo el argumento que ya cursaba en el expediente y que el mandamiento de detención domiciliaria sería despachado sin contratiempos; sin embargo, al finalizar ese mismo día jueves, cuando se cumplía el tercer día otorgado por la autoridad judicial para la ejecución de las medidas, la verificación domiciliaria se encontraba en curso pero el mencionado certificado aún no había sido proporcionado, siendo entregado recién al mediodía del viernes 14 de igual mes y año, cuando la abogada del impetrante de tutela regresó con el comprobante a las 14:50; momento en el cual, pese a su solicitud para que se emitiera el mandamiento correspondiente, la servidora judicial respondió de manera negativa Ante lo señalado, la abogada defensora del impetrante de tutela solicitó entrevistarse con el Juez ahora demandado, con el propósito de poner en su conocimiento lo sucedido durante la tramitación de las medidas; sin embargo, fue recién a las 18:07 que logró hablar con dicha autoridad, quien le manifestó que se encontraban fuera del horario de atención y que debía regresar a las 8:30 del lunes siguiente, sin tomar en cuenta que en ese momento, se le había informado que el caso correspondía a una persona en detención preventiva.

Conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional; las autoridades judiciales o administrativas tienen el deber de atender los trámites a su cargo, en el plazo máximo otorgado por la norma legal en vigencia; máxime, cuando se trata de privados de libertad; y, en caso de éstos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, están facultados para formular la presente acción tutelar, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del actuado procesal impetrado. En la presente causa, Mirian Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, actuando en suplencia legal del Juez titular hoy demandado, celebró la audiencia de consideración de medidas sustitutivas a la detención preventiva el 10 de octubre de 2022; en la cual, mediante Resolución 630/2022 de igual mes y año dispuso la detención domiciliaria con derecho a salida laboral, para el ahora accionante, otorgándole un plazo de tres días para cumplir con los requisitos impuestos, a efectos de la emisión del correspondiente mandamiento de detención domiciliaria. No obstante lo verificado por esta instancia constitucional, la Secretaria ahora codemandada, actuando con evidente negligencia, omitió imprimir los oficios necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución 630/2022 de 10 de octubre, omisión que resulta aún más grave, considerando que mediante memorial presentado el 13 de igual mes y año, el ahora accionante puso en conocimiento los atropellos que venía sufriendo en el curso de la tramitación de su causa, específicamente entre el martes 11 y el jueves 13 del señalado mes y año. Pese a ello, en el informe escrito presentado por la Secretaria codemandada ante el Tribunal de garantías el 16 de octubre del citado año, esta omitió referirse al memorial presentado el 13 anterior, pero tampoco lo refutó, dando por hecha su presentación y demostrando que sí tenía conocimiento sobre su contenido. De esta manera, se concluye que la conducta asumida por la funcionaria de apoyo jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, provocó una lesión en el derecho a la libertad del impetrante de tutela, y constituye un incumplimiento de sus funciones, previstas en los arts. 94 de la Ley 025 de 24 de junio de 2010 –Ley del Órgano Judicial (LOJ)–, y 56 del Código de Procedimiento Penal; lo que, derivó en una prolongación arbitraria e ilegal de la detención preventiva del mencionado. En ese contexto, la falta de diligencia de la Secretaria, al retrasar de forma injustificada y abusiva, la entrega de documentos esenciales para la obtención de la libertad del solicitante de tutela (como el certificado de depósito judicial, el oficio de verificación domiciliaria, entre otros), constituye un incumplimiento de sus obligaciones legales y funcionales; lo que, provocó como consecuencia directa, la prórroga injustificada de la detención preventiva del accionante, vulnerando derechos fundamentales. Respecto al Juez titular ahora demandado; si bien, en su informe presentado dentro de la presente acción de libertad sostuvo que no suscribió la Resolución 630/2022 de 10 de octubre00 y que, en consecuencia, no tendría legitimación pasiva, dicho planteamiento carece de sustento en el presente caso, toda vez que no se cuestiona el contenido de aquella decisión -la cual, efectivamente, no fue firmada por dicha autoridad- empero la denuncia se basa en la demora injustificada en la tramitación de las medidas allí dispuestas, lo que también derivó en una afectación directa al derecho del accionante a recuperar su libertad en los plazos legalmente establecidos. De acuerdo con lo expuesto tanto por la parte solicitante de tutela, como por la demandada, la Resolución en cuestión fue emitida por la Jueza suplente, quien conoció y firmó las causas resueltas durante su suplencia hasta el miércoles 12 de octubre de 2022; sin embargo, las gestiones del accionante continuaron hasta el viernes 14 del mismo mes y año; fecha en la cual, el Juez titular ya había retomado sus funciones; de hecho, el 13 de igual mes y año, el imputado presentó un memorial en el que hizo conocer las irregularidades en la tramitación del mandamiento de detención domiciliaria; mientras que, el 14 de octubre del referido año, su abogada intentó comunicarse directamente con el Juez hoy demandado para denunciar la dilación indebida, pero este se negó a recibirla a pesar de ser plenamente consciente de que se trataba de una persona detenida, con una resolución que ordenaba su detención preventiva con salida laboral. Así pues, aunque el Juez hoy demandado, no firmó la Resolución 630/2022 de 10 de octubre; sin embargo, tenía obligación de tener pleno conocimiento del caso y de su tramitación; ya que, el expediente se encontraba en su Despacho y ya había retomado funciones judiciales; de modo que, su falta de control y supervisión sobre su personal, particularmente sobre la Secretaria codemandada, constituye una conducta omisiva, que contribuyó al mantenimiento de una detención ilegal más allá del plazo establecido por la resolución judicial, vulnerando de manera directa el derecho a la libertad del accionante. Por lo tanto, la autoridad judicial demandada, no atendió la situación urgente, ni ejerció el deber constitucional y funcional de supervisar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, ni de asegurar que su personal, entre ellos, la Secretaria, actuara conforme a la ley, especialmente por tratarse de casos que involucran personas privadas de libertad. Su inacción configura una transgresión al derecho a la libertad personal, al no intervenir frente a una evidente dilación, provocada por negligencia arbitraria de parte de la mencionada funcionaria, que hizo peregrinar a la abogada de la impetrante de tutela, durante varios días, para cumplir con sus funciones, propinándole incluso tratos denigrantes y sometiéndola a tener que hacer seguimiento del trámite constante, ocupando su tiempo de manera abusiva, haciéndole volver con distintos pretexto y evasivas, cuando la documentación requerida correspondía ser extendida por su persona, de manera inmediata, o al menos en un plazo mínimo razonable. Extremos que, no pueden ser convalidados desde el punto de vista constitucional, porque constituyen una lesión, principalmente a la libertad del accionante, pero también a los derechos fundamentales su abogada defensora, a su dignidad profesional; así como, a la hija del mismo, que tuvo que soportar junto a la precitada, los malos tratos y la pérdida de tiempo y desatención en un tema que debió haber sido tratado con prioridad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada solo en relación a la Secretaria codemandada; y, denegar respecto al Juez demandado, evaluó de forma parcialmente incorrecta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 534/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, recomendando al Juez y Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, que en otras situaciones similares procedan con la celeridad que el caso amerita; y en caso de volver a incurrir en las dilaciones y malos tratos al mundo litigante, se dispondrá la remisión a la Unidad Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, a sola denuncia de la parte accionante o de su abogada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0307_2025-S4.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): e582d50ac9090f12e2eef0a78931d477af247606a7ca38619e686a3fa6d5d697

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