Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 9 de julio de 2024
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus propios derechos y los de su hijo en gestación a la salud y la vida, en mérito que los funcionarios del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, hoy demandados: i) Pese a ser transferida al Hospital de la Mujer de La Paz (de tercer nivel), para la atención urgente de su embarazo en riesgo, no remitieron la historia clínica de su condición de salud, ya que inicialmente fue atendida en dicho Hospital; y, ii) No responden los requerimientos fiscales respecto a su estado de salud, dentro del proceso en el cual se constituye en víctima de los presuntos delitos de violencia familiar o doméstica y tentativa de aborto. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente y en su caso, si amerita conceder o no la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11/2024 de 29 de mayo, cursante de fs. 40 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en relación a la omisión de remisión de la historia clínica de la solicitante al Hospital de la Mujer de La Paz; empero, se mantienen los efectos dispuestos por el Juez de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2024-S4 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 64780-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2024 de 29 de mayo, cursante de fs. 40 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Maidana Ramos en representación sin mandato de AA y Susan Emilia Peláez Lizon contra Rosalin Ustarez Martínez, Directora; Juan Yujra Quispe, Responsable de Ginecología; y, Ligia Meliza Escobar Vargas, Ginecóloga Obstetra, todos del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz.
Por memorial presentado el 28 de mayo de 2024, cursante de fs. 4 a 6 vta., la parte accionante, a través de su representante sin mandato manifestaron lo siguiente:
Susan Emilia Peláez Lizon, encontrándose en gestación (AA), fue víctima de los presuntos delitos de violencia familiar o doméstica y tentativa de aborto, realizando la respectiva denuncia de estos hechos, se aperturó un proceso penal contra el presunto agresor Giorgio Bertozzi; toda vez que, debido a esa agresión; el 27 de mayo de 2024, acudió de manera pronta y oportuna, a ser atendida en el Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; empero, ante un diagnóstico de preclamsia (riesgo en el embarazo), los profesionales de dicha institución hospitalaria, le indicaron que debía ser atendida en un Hospital de Tercer Nivel, mismo que contaría con las instalaciones y el personal médico adecuado para atender estas complicaciones.
Informada de su condición clínica, en busca de resguardad su salud y la de su hijo en gestación, acudió al Hospital de la Mujer de La Paz, para la asistencia médica especializada; no obstante, en dicho centro médico le indicaron que no podían realizar estudios más precisos, sin que antes el Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, remita su historia clínica, aspecto que hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutela no ha ocurrido. Al margen de ello, también denunció que ante los requerimientos de información respecto a la salud de la –hoy accionante– emitidas por el Ministerio Público, los funcionarios –hoy demandados– del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, no remitieron ningún informe.
La accionante denunció la lesión de sus propios derechos y los de su hijo en gestación a la salud y a la vida, sin citar norma constitucional alguna para el efecto.
Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se ordene a los funcionarios del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, – hoy demandados–: a) Remitan de forma inmediata su historia clínica al Hospital de la Mujer de La Paz; y, b) Respondan a todos los requerimientos impetrados por el Ministerio Público.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de mayo de 2024, conforme consta en el acta cursante de fs. 35 a 39 vta.; presentes la impetrante de tutela y los funcionarios del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, hoy demandados, se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela, ratificó de manera íntegra su memorial de acción de libertad, y ampliándolo en audiencia señaló que: 1) La impetrante tiene veintidos años de edad, y cuenta con 15 semanas de gestación, misma que fue atendida en el Hospital de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, desde el 20 de febrero de 2024, y ante los hechos de violencia producidos por su expareja, quien pretendía que ésta pierda al ser gestación, presentó sangrados y por Certificado Médico se terminó la existencia de golpes en el vientre, que determinó tres días de incapacidad médico legal; 2) La representante del Ministerio Público, dentro de la investigación por los presuntos delitos de violencia familiar y tentativa de aborto, solicitó el 25 de marzo de 2024 a Juan Yujra Quispe, Responsable de Ginecología –hoy demandado– informe si la situación de salud producto de los golpes genera un embarazo traumático, pero dicho funcionario no respondió conforme a lo solicitado, lo propio ocurrió con Ligia Meliza Escobar Vargas, Ginecóloga Obstetra, quien ante un nuevo requerimiento de igual manera no respondió si los hematomas producidas por su expareja generan un embarazo traumático; 3) Ante una tercera solicitud de informes psicológico, médico y de radiología, los funcionarios hoy demandados únicamente remitieron certificados, que no responden lo solicitado; 4) Encontrándose internada en el Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz y ante la situación de riesgo del embarazo fue remitida al Hospital de la Mujer de La Paz, el 27 de mayo de 2024 en horas de la noche, pero sin historial clínico, tampoco ninguna documentación sobre su atención hospitalaria; y, 5) Cuando ingresó al Hospital de la Mujer de La Paz, se tiene en poder un formulario por el cual se evidencia que la hoy accionante tiene 27.5 semanas de gestación.
Rosalin Ustarez Martínez, Directora del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en audiencia tutelar sostuvo que, ante la solicitud de cinco requerimientos por parte del Ministerio Público, por medio de la Jefatura Médica, se remitieron los informes solicitados. Juan Yujra Quispe, Responsable de Ginecología del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en audiencia de acción de libertad, señaló que, evidentemente conoce la situación de la hoy accionante, que aunque no fue internada por él, si observó problemas en su salud, en particular una amenaza de aborto por agresiones físicas; empero, la existencia de estas agresiones las conoce solo por referencia, y dicha amenaza de aborto era multifactorial, es decir, no existía algo concreto que permita establecer dicha afección, además de haber conocido por análisis de laboratorio que la accionante tenía una infección urinaria; fue atendida durante dos meses, y el 27 de mayo de 2024, cuando el médico de guardia notó que la paciente presentaba cifras elevadas en su función hepática, sin conocer cual el origen, fue trasferida a un hospital de tercer nivel, con mayor capacidad de resolución sobre estos cuadros clínicos. Ligia Meliza Escobar Vargas, Ginecóloga Obstetra del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en audiencia tutelar, señaló que, la hoy accionante fue atendida por su persona, remitiendo los informes solicitados por Jefatura Médica en el lapso de entre treinta minutos a una hora, es decir con bastante premura; con relación a que se cuestiona que los informes no establezcan que la amenaza de aborto es producto de un trauma en el vientre, ello no puede ser afirmado, pues la amenaza de aborto puede deberse a muchos factores, como por ejemplo infecciones urinarias, vaginales y otras complicaciones. Una vez que la paciente –hoy accionante– fue remitida al Hospital de la Mujer de La Paz, mediante Jefatura Médica, se coordinó toda actuación con el “Dr. Cárdenas” del referido hospital comentándoles los hallazgos de laboratorio y las posibles causas de la amenaza de aborto.
Patricia Lizón, madre de la hoy accionante, en audiencia tutelar sostuvo que, el 27 de mayo de 2024, habló con “la Dra. Escobar”, quien muy ajetreada, le dijo que debían transferir a su hija a un Hospital de tercer nivel, porque existe el riesgo de un parto prematuro, y dado que el ser en gestación tiene veintiocho semanas, necesita de una atención especializada, además que se mostró nerviosa y enojada porque le indicó que respecto a su hija, existen muchas solicitudes de informe que no puede responder por las tantas ocupaciones que tiene. No es evidente que en la transferencia al Hospital de la Mujer de La Paz, le hayan colocado sueros y medicamentos a su hija, pues señalaron que ella pagó con su dinero incluso el traslado en ambulancia. Daniel Cárdenas, en audiencia a través de su abogado, señaló que no tienen ningún interés en la presentación tutelar. María Elena Valle y Rosmery Peñaranda, no presentaron escrito alguno ni se hicieron presentes en la audiencia pública de esta acción de libertad, pese a su legal notificación, cursantes a fs. 13 y 15.
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero del departamento de La Paz, constituido en juez de garantías, mediante Resolución 11/2024 de 29 de mayo, cursante de fs. 40 a 47 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Directora del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz: i) En el plazo de veinticuatro horas, remita el historial clínico de la accionante al Hospital de la Mujer La Paz, para su inmediata atención; y, ii) Debe remitir todos los informes requeridos por el Ministerio Público, decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: a) La SCP 0264/2014 de 12 de febrero, ha establecido, la importancia que tiene para el constituyente, el derecho a la vida, como un derecho primario que puede ser tutelado de manera directa, sin que exista una conexión con el derecho a la libertad por la acción de libertad; b) Del mismo modo, siendo un derecho primario, y que sustenta otros derechos fundamentales, también es posible la tutela del derecho a la salud en particular la de una asistencia médica adecuada cuando se encuentre en riesgo la vida del paciente; c) En el caso particular, la accionante ha acudido primero al Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, con la finalidad de resolver sus problemas de salud, máxime si se encuentra embarazada, pero requiriendo un servicio especializado, fue remitida al Hospital de la Mujer La Paz, lugar donde se evidencia no fue derivada su historia clínica, que es fundamental para proceder a su atención prioritaria y urgente; d) Se advierte además que ante la situación particular de que la accionante acudía al Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, producto de violencia de género, los funcionarios demandados no actuaron conforme a la normativa que exige estos casos; y, e) Siendo importante una actuación inmediata para proteger la salud y la vida de la hoy solicitante además del ser en gestación, y no habiendo actuado de dicha manera, corresponde conceder la tutela impetrada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Consta Certificado médico Legal Forense de 18 de febrero de 2024, firmado por Arianna Flores Arcienega, Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), por el cual y luego de proceder con el examen médico a Susan Emilia Peláez Lizon, estableció que, ésta, presenta una contusión traumática directa y tangencial por objeto contundente o contusión traumática sobre superficie contusa, por lo que se otorgó tres días de incapacidad médico legal (fs. 23 a 25). II.2. Por Certificado Médico de 20 de febrero de 2023, firmado por Juan Yujra Quispe, Responsable de Ginecología del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se tiene que, la paciente Susan Emilia Peláez Lizón de 22 años de edad, fue atendida en dicho Hospital a las 01:09 del mismo día, y luego del procedimiento clínico se estableció que la paciente tiene un diagnóstico de: 1) Embarazo de 14.3 semanas de gestación; 2) Amenaza de aborto; 3) Antecedentes de Violencia Física; 4) Colpitis mixta; 5) Infección tracto urinario; y, 6) Hiperémesis gravídica (fs. 20). II.3. Cursa Informe Médico de 10 de mayo de 2024, firmado por Gabriel Herrera, Médico de Radiología e Imagenología del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por el cual se establece que, Susan Peláez Lizon de 22 años de edad, se encuentra embarazada, y presenta un desprendimiento placentario marginal asociado con hematomas retroplacentarios/amniótico de 12 y 10 ml. respectivamente (fs. 34). II.4. Mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2024 a Ronald Vargas Hidalgo, Director del Hospital de la Mujer de La Paz, Rosalín Ustarez Martínez, Directora del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, remitió historia clínica completa y original a fs. 155 de la paciente Susan Emilia Peláez Lizón (fs. 52).
La accionante denuncia la lesión de sus propios derechos y los de su hijo en gestación a la salud y la vida, en mérito que los funcionarios del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, hoy demandados: i) Pese a ser transferida al Hospital de la Mujer de La Paz (de tercer nivel), para la atención urgente de su embarazo en riesgo, no remitieron la historia clínica de su condición de salud, ya que inicialmente fue atendida en dicho Hospital; y, ii) No responden los requerimientos fiscales respecto a su estado de salud, dentro del proceso en el cual se constituye en víctima de los presuntos delitos de violencia familiar o doméstica y tentativa de aborto. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente y en su caso, si amerita conceder o no la tutela solicitada.
Conforme dispone el art. 125 de la CPE: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas nos pertenece). Desarrollando un razonamiento jurisprudencial al respecto, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, sostuvo que: “…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción” Ahora, con relación al derecho a la salud, “…si bien el mismo no encuentra protección como un derecho autónomo a través de la acción de libertad, sí lo hace cuando se halla relacionado directamente con el peligro de muerte o riesgo de vida, por cuanto, como se dijo, el derecho a la salud respecto al derecho a la vida, se encuentra intrínsecamente ligado, por cuanto: ‘La salud reviste la naturaleza de derecho fundamental merced a su relación innegable con el derecho a la vida. La vinculación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud se aprecia con absoluta claridad, ya que la presencia de una patología de tal magnitud como las enfermedades terminales, por ejemplo, además de conducir a la muerte, desmejora la calidad de vida durante el tiempo al que todavía pueda aspirarse’” (SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre [el resaltado nos pertenece]).
La accionante denunció la lesión de sus propios derechos invocados y los de su hijo en gestación, en virtud a que los funcionarios del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, no remitieron su historia clínica al Hospital de la Mujer de La Paz, lugar donde recibe atención médica especializada, ante el riego que corre su embarazo, en ese marco, de las conclusiones II.1, II.2 y II.3 de este fallo constitucional, se tiene que, efectivamente, Susan Emilia Peláez Lizon –hoy accionante–, se encontraba embarazada y con riesgo de aborto al momento de presentar la presente acción de libertad, debido a complicaciones en su estado de salud, que bien podría deberse a las agresiones físicas que fueron denunciadas en la justicia ordinaria, o por afecciones en salud, que deben ser determinadas con estudios más especializados; precisamente, como señala la propia accionante, con el fin de ser atendida con especialidad y en instalaciones apropiadas a su condición de salud, fue remitida al Hospital de la Mujer de La Paz, centro hospitalario de tercer nivel el 27 de mayo de 2024. No obstante, denuncia, que su historia clínica nunca fue remitida del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, al referido centro hospitalario de tercer nivel, documentación necesaria para proseguir con el diagnóstico y tratamiento que debe seguir para evitar mayores afectaciones a su salud e incluso su vida y la de su hijo, que según fue informado tendría tan solo veintiocho semanas de gestación. En ese contexto, del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que, toda persona que considere que su vida se encuentre en riesgo, puede activar de manera directa la acción de libertad, aun cuando éste derecho –vida– no se encuentre en vinculación con el derecho a la libertad, dado que, para la normativa constitucional, el derecho a la vida, se constituye en un derecho primario y básico, del cual emergen el resto de los derechos; en ese entendido, por conexitud y habiendo demostrado que ante la lesión del derecho a la salud, también corre en riesgo o peligro evidente el derecho la vida, este derecho –salud– también puede ser tutelado por la acción de libertad. En ese marco, y dada la importancia que reclama la solicitante de que los hoy funcionarios demandados, debieron remitir su historia clínica al Hospital de la Mujer de La Paz, aspecto que no fue desmentido o negado por los demandados, además corroborado con la remisión de esta historia clínica recién el 31 de mayo de 2024 (Conclusión II.4) incumbe una lesión al derecho a la salud, ya que se imposibilita un tratamiento adecuado a los hoy accionantes, y dada la condición probada de éstos y el riesgo de aborto certificado, dicha omisión pone en riesgo además, el derecho a la vida de la accionante y del ser en gestación, por lo cual, corresponde conceder la tutela solicitada. Por otro lado, la solicitante refiere también que ante requerimientos de informes sobre el estado de salud de los accionantes emitidos por el Ministerio Público, los funcionarios demandados no remitieron de manera correcta dichos informes médicos; empero, con esta omisión, no existe un riesgo a la salud, mucho menos a la vida de los hoy impetrantes, pues como ya se advirtió, la salud y la vida de éstos depende de una atención pronta y prioritaria en el Hospital de la Mujer de La Paz, por lo cual al no se advierte la lesión del derecho a la vida o la salud de conformidad a esta denuncia, corresponde denegar la tutela solicitada; sin embargo, es pertinente en aplicación de favorabilidad, dada la situación particular, de la accionante, mantener los efectos dispuesto por el Juez de garantías. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en todo, la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11/2024 de 29 de mayo, cursante de fs. 40 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en relación a la omisión de remisión de la historia clínica de la solicitante al Hospital de la Mujer de La Paz; empero, se mantienen los efectos dispuestos por el Juez de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0307_2024-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): e1aab3a49edfa58008bdb95861f9dc5fb1984ee10bf8a925b9d6c94d2de607a6
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