B.IA.LEGAL

SCP 0307/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 17 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
17 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50574-2022-102-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de legalidad, igualdad y seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva; toda vez que las autoridades demandadas mediante el Auto de Vista 17/2022, no profirieron respuesta a cada uno de los agravios planteados respecto a los principios de convalidación y preclusión por cuanto el demandante no objetó la planilla anulada; tampoco se consideraron los principios que regulan las nulidades, menos se consideraron los métodos sistemático y teológico establecidos en los arts. 16 y 17 de la LOJ, omitiendo observar que los jueces a momento de considerar nulidades deben cumplir con ciertos criterios interpretativos, entre ellos exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos en la interpretación que considera lesiva a sus derechos, por lo que existiría una falta de motivación. Por esa razón solicitó se conceda la tutela dejándose sin efecto el Auto de Vista mencionado, disponiendo que los Vocales de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija dicten una nueva resolución, resolviendo el recurso de reposición de fs. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 91/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 154 a 160, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2024-S1 Sucre, 17 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 50574-2022-102-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 91/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 154 a 160, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sandra Romero Pantoja en representación legal de la empresa Molina & Ávila Construcciones Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Marcos Ramiro Miranda Guerrero y Jorge Horacio Paredes Carranza, Vocales de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única; y, Yenny Cortez Baldiviezo, Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera; todos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 13 y 19 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 113 a 126 vta.; y, 136 a 137 vta., la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señaló que el 19 de febrero de 2014, Sergio Iván Ávila Castellanos, inició una demanda por Reliquidación de Beneficios Sociales contra la empresa Molina & Ávila Construcciones S.R.L., el cual se encontraba radicado en el entonces Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Segundo de la Capital del departamento de Tarija, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201401783; pronunciándose la Sentencia el 11 de septiembre de ese año, declarando probada en parte la demanda; el cual, fue recurrida de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 22/2020 de 24 de julio, mediante el cual se resolvió confirmar la indicada Sentencia. Posteriormente, se interpuso recurso de casación, por lo que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia dictó el Auto Supremo 677/2020 de 7 de diciembre, casó en parte el Auto de Vista impugnado, disponiendo que no se tome en cuenta en la liquidación de los beneficios sociales, el periodo de mayo de 2012 al 17 de diciembre de 2013; así también, se tenga para efectos de la liquidación de beneficios sociales a favor del actor, el salario promedio indemnizable de Bs6 500.- (seis mil quinientos bolivianos), conforme se fundamentó en la parte considerativa de dicho Auto Supremo, derechos y beneficios que deben calcularse en ejecución de sentencia. En ese sentido, se exhibió a las partes la planilla de actualización de beneficios sociales, la cual fue dejada sin efecto mediante Resolución Judicial de 13 de mayo de 2021. Es así que se puso en conocimiento del demandante el 8 de marzo de 2021 y al demandado el 8 de septiembre de ese año, la correspondiente planilla de actualización de beneficios sociales y habiendo transcurrido el plazo de tres días hábiles, sin que ninguna de las partes haya procedido a objetar u observar la misma, quedó ejecutoriada y por ende aprobada. Percatándose el “demandado” -siendo correcto tercero interesado- de su negligencia, mediante memorial de 14 de septiembre de 2021, interpuso un forzado incidente de nulidad contra la mencionada planilla, señalando que para la elaboración de la misma, se incumplió con la Resolución de 13 de mayo de 2021, no habiéndose realizado la revisión de ésta para su publicación. En ese marco, ante dicha formulación de incidente, contestaron el mismo mediante memorial de 23 de septiembre de 2021, bajo los siguientes puntos: La actual planilla de liquidación de beneficios sociales fue notificada a la parte demandante, por lo que tenía la facultad procesal de observarla y objetarla; sin embargo, no lo hizo, debiéndose considerar que actualmente estaría ejecutoriada; por lo que, el demandante pretende de mala fe evadir la preclusión procesal y sustituir la objeción y observación a la planilla, planteando el incidente de nulidad objeto de la presente acción tutelar; más aún, cuando el motivo por el cual pretende la nulidad de dicha planilla es el -incumplimiento a la Resolución de 13 de mayo de 2021-, siendo una cuestión que debe ser conocida mediante la objeción u observación dentro del plazo procesal antes señalado; la falta de estos dos aspecto dentro de las formas y plazos procesales idóneos, impide volver a considerar su elaboración, por ningún medio o por ninguna razón, incluida la propia negligencia de la parte demandante, pues dicha etapa procesal se encuentra precluida y la planilla ejecutoriada; en ese entendido, cualquier incidente de nulidad debe denunciar un acto procesal que vulnere el debido proceso en su elemento al derecho a la defensa y la igualdad de las partes, lo que no ocurrió en el caso.

Ese incidente fue resuelto mediante Auto Interlocutorio de 30 de septiembre de 2021, por el que la autoridad judicial declaró “con lugar en parte” el mismo, disponiendo la anulación de la planilla “de fs. 670” y la elaboración de una nueva; contra el cual, se interpuso el recurso de reposición bajo alternativa de apelación y resuelto como fue, se dispuso mantener la resolución impugnada, admitiéndose y concediéndose el correspondiente recurso de apelación en efecto devolutivo. Finalmente, radicado el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista 17/2022 de 18 de febrero, dispuso confirmar totalmente la Resolución apelada, vulnerando el debido proceso y constituyéndose un acto lesivo a sus derechos. En ese sentido, el indicado Auto de Vista 17/2022, no se pronunció sobre los principios de convalidación y preclusión; puesto que en el recurso de reposición con alternativa de apelación, señaló que el demandante no objetó la planilla que su autoridad anuló, debiéndose aplicar dichos principios; en ese entendido, se debe desarrollar el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva; al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional, indicó que no resolver los puntos de apelación y contestación resulta una motivación insuficiente, así entre otros precedentes, se tiene la SCP 2141/2012 de 8 de noviembre. Al respecto ese Auto de Vista desvió el debate a cuestiones del principio de transcendencia y derecho a la igualdad, mas no puso en evidencia cual el juicio que tomó con relación al principio de preclusión y convalidación; empero, no se posee una respuesta de si es evidente o no cada uno de los agravios planteados de manera explícita y expresa, tal como señala la SCP 1380/2016-S de 2 de diciembre, entre otras. El citado Auto de Vista 17/2022, lesionó su derecho a una resolución motivada, al no haber considerado los principios que regulan las nulidades y que marcan el equilibrio entre los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad; por lo que, al no haber hecho la construcción de la premisa normativa de manera completa para la solución del caso concreto, hizo que exista falta de motivación. De igual manera también se lesionó el debido proceso por una arbitraria interpretación de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), por cuanto, toda exégesis de norma por parte de un Juzgador, debe estar ajustado a los derechos, garantías, valores y principios, tal como lo estableció la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, entre otras. Las autoridades demandadas al emitir el citado Auto de Vista no consideraron los métodos sistemático y teológico establecidos en los arts. 16 y 17 de la LOJ, teniéndose determinado por la SCP 0552/2019-S4 de 25 de julio, que los jueces a momento de considerar las nulidades, deben cumplir con ciertos criterios interpretativos; entre ellos, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos en la interpretación que considera lesiva a sus derechos, siendo insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas. Tampoco se respetó el principio de legalidad pues no se observó la normativa al caso concreto en su verdadera dimensión sustantiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de legalidad, igualdad y seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 115.I de la CPE; y, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 17/2022 de 18 de febrero, disponiendo que los Vocales de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dicten una nueva resolución, resolviendo el recurso de reposición “de fs. 694 a 697”, respetando el debido proceso, de manera inmediata y sin esperar turno, con costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 149 a 153 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de sus abogados, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: a) El Auto Supremo 677/2020, dispuso en su parte resolutiva que se haga un nuevo cálculo de los beneficios sociales, estableciendo un periodo y los medios necesarios; y, b) El Auto de Vista objeto de la presente acción tutelar, señaló que la vulneración de los beneficios sociales del trabajador de manera ilegal habría descontado un monto de Bs38 887,07.- (treinta y ocho mil ochocientos ochenta y siete 07/100 bolivianos), ahora este descuento no existió; puesto que, la Sentencia en una parte reconoció que se habría pagado por adelantado ese monto como parte de beneficios sociales; empero, el Auto de Vista en ningún momento reconoció, descontó o hizo alguna mención respecto a ese monto, entonces reiteró que la planilla no vulneró los derechos laborales del trabajador, porque ese descuento tenía que haber sido con un objeto, sirviéndose aclarar ese extremo.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marcos Ramiro Miranda Guerrero, Vocal de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única y Yenny Cortez Baldiviezo, Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 146 a 147 vta., manifestaron que: 1) La parte accionante cuestionó el Auto de Vista 17/2022, pretendiendo dejarlo sin efecto, alegando la vulneración del debido proceso en sus elementos de motivación, “valoración integral de la prueba”, congruencia, tutela judicial efectiva e igualdad, al no haberse pronunciado en lo que respecta al principio de convalidación y preclusión, y los requisitos establecidos por la Ley del Órgano Judicial y la jurisprudencia para la procedencia de las nulidades procesales. Al respecto actuaron como Tribunal de alzada pronunciando dicho Auto, cumpliendo con la obligación de motivación y fundamentación como elementos componentes del debido proceso previsto en el art. 115 de la CPE; toda vez que, dieron respuesta a los agravios expuestos por el entonces recurrente, llegando a las siguientes conclusiones: i) El proceso laboral en cuestión, se encuentra con Sentencia ejecutoriada en fase de ejecución de sentencia, habiendo procedido a la elaboración de la planilla de liquidación de beneficios sociales, conforme lo dispuso la Jueza de la causa, la cual fue puesta en conocimiento de las partes, misma que no fue objetada oportunamente; empero, se advirtió que en dicha planilla se descontó el monto de Bs38 887,07.- que fue cancelado por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2012 y 13 de diciembre de 2013, suma que no debió tomarse en cuenta en la liquidación de beneficios sociales, tal como lo dispuso el Auto Supremo 677/2020 de 7 de diciembre, que casó parcialmente el Auto de Vista; ii) Que si bien la parte demandante no objetó oportunamente dicha planilla; sin embargo, presentó incidente de nulidad debido a los vicios insubsanables y la afectación a derechos laborales irrenunciables que se evidencian en la planilla al haberse descontado Bs38 887,07.-, que no correspondía, aspecto que fue considerado por la autoridad judicial al momento de decretar la nulidad de la planilla de fs. 670 y ordenar la elaboración de una nueva; y, iii) Ante la impugnación a dicha Resolución y al emitirse el Auto de Vista 17/2022, se pudo constatar que la Juzgadora dio respuesta al incidente de nulidad y a la contestación que alegaba preclusión y convalidación, habiéndose señalado en el citado Auto de Vista, que es evidente lo manifestado por la empresa demandada en el sentido de que el trabajador no objetó oportunamente la planilla de liquidación de beneficios sociales; empero, se debe resaltar que la parte demandada únicamente se limitó a cuestionar aspectos formales que hacen a la preclusión y a la convalidación, sin negar que efectivamente no correspondía descontarse el monto de Bs38 887,07.-; por lo que, no existía duda del error cometido por la funcionaria del juzgado en la elaboración de la planilla, en tal sentido, en virtud de los principios de saneamiento, dirección procesal y verdad material, correspondía la nulidad de la planilla, máxime si consideramos lo dispuesto por el art. 48.III de la CPE, lo que implica que independientemente de la preclusión y convalidación que alega la parte demandada por no haberse objetado la planilla, no es un óbice para negar la nulidad ante la vulneración de derechos laborales consolidados que fueron reconocidos por el Auto Supremo 677/2020. Inclusive si no hubiese incidentado la nulidad el trabajador, en forma posterior igual podía activar un nuevo proceso, solicitando la reliquidación por haberse realizado descuentos arbitrarios a los beneficios sociales que son irrenunciables, dado el carácter de imprescriptibilidad; 2) Si bien la parte accionante refirió la vulneración de los arts. 16 y 17 de la LOJ; empero, tal como se indicó en el Auto de Vista en cuestión, la nulidad de la planilla podría haber sido decretada incluso de oficio dadas las facultades de la Juzgadora para la revisión de las actuaciones procesales, tomando en cuenta que la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no deben constituirse en simples enunciados formales -justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales-sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos -justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos-; y, 3) Por lo manifestado, el mencionado Auto de Vista expuso de manera clara y fundamentada las razones por las cuales correspondía confirmarse la resolución impugnada, consecuentemente solicitó se deniegue la tutela solicitada. Jorge Horacio Paredes Carranza, Vocal de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pese a su notificación cursante a fs. 145, no asistió a la audiencia ni presentó informe escrito alguno.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Sergio Iván Ávila Castellanos, a través de su abogado en audiencia, manifestó que: a) Se debe recordar a la parte accionante lo previsto en el art. 48.III de la CPE, que estableció que los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, asimismo el parágrafo IV determinó que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados, tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, son inembargables e imprescriptibles. Ese es el derecho fundamental que se le vulneró desde que dejó de trabajar en esa empresa, puesto que se trató de evadir el pago de sus derechos laborales; ya que, desde el momento que se termina la relación de un trabajador con una empresa, nace el derecho a la indemnización y a sus derechos laborales, ese es el momento en el que se debe cumplir con ello y no seguir dilatando; puesto que, con el único fin de poder recibir de esa empresa dichos recursos acudieron a un contencioso en la ciudad de Sucre, los que no pueden hacerse efectivos, pretendiendo la parte accionante dilatar aún más y evadir lo que ordenó la justicia, encontrándose en esa situación desde el año 2014; b) Dichos derechos laborales fueron totalmente reconocidos y confirmados por el Auto Supremo, al margen de haber disminuido y reducido en mucho el monto y la cuantía real que le corresponde como beneficios sociales y derechos laborales, por lo que considerando el derecho a la eficacia del cumplimiento de la emisión de las resoluciones constitucionales o judiciales que están absolutamente reconocidos por la constitución y por todos los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional, este es un derecho fundamental que emerge del derecho al acceso a la justicia constitucional o jurisdiccional, previsto en los arts. 115.I de la CPE y 8.1 y 25 de la CADH, que se constituye en el derecho protector de los demás derechos e implica no solamente el acceso propiamente a la justicia constitucional sin obstáculos ni limitaciones, pues lo que buscan es lograr que el Auto Supremo se ejecutoríe en la medida que fue emitido; c) Una planilla de liquidación no es más que un instrumento de control y apreciación numérica de lo que es el fallo o la decisión emitida por el tribunal competente que alcanzó la calidad de cosa juzgada, la cual como indicaron las autoridades demandadas en su informe, podría haber sido incluso declarada nula de oficio por la Jueza o por el Tribunal de apelación al haberse incumplido, entiéndase que en la Sentencia ejecutoriada, al tomar la calidad de cosa juzgada ya es una norma y de obligatorio cumplimiento, entonces un fallo o una decisión, una planilla no es más que un instrumento de control numérico, que no puede estar sobre lo dispuesto; d) La jurisprudencia constitucional estableció que el cumplimiento de resoluciones judiciales debe ser en la medida de lo determinado, así se tiene de la SCP 0994/2001 de 6 de diciembre; entonces la planilla que inicialmente elaboró la Secretaria del juzgado, incumplió ese precepto; es decir, lo que determinó el Auto Supremo, por lo tanto es absolutamente susceptible de nulidad, porque no puede haber una disposición de menor jerarquía como una planilla que contradiga lo que el Auto Supremo determinó, por lo que la citada Secretaria no es más que una operadora administrativa, quien incumplió dicha determinación, dando lugar a la nulidad; e) “¿En qué momento el recurrente de apelación con alternativa de apelación ha hecho mención alguna a porque no se debería considerar en la planilla corregida los datos emergentes del auto supremo? ¿en qué momento se ha observado?, la veracidad, la legitimidad, la legalidad de incorporar el monto de 38.000,00 a la planilla que hoy ya está ejecutoriada” (sic), de ninguna manera se motivó o fundamentó sobre eso; la alegación que realiza es sobre una presunta preclusión, una convalidación que no existe en materia laboral, ya que precisamente lo que se vela, es el cumplimiento del derecho fundamental reconocido en el art. 48.III y IV de la CPE; es decir, el pago de sus beneficios sociales y laborales, si los accionantes hubieran tenido la voluntad de cumplir la ley que hoy dicen que se les está vulnerando, por qué no hicieron el pago de sus beneficios sociales y derechos laborales en su momento; vale decir, al emitirse la Sentencia o el Auto Supremo, evadiendo su cumplimiento hasta la fecha; f) Se solicitó al “Juzgado Laboral Segundo” los antecedentes del proceso, en el cual, se evidencia que ante el pedido de una provisión ejecutoria por su parte, para que se pueda lograr el cobro efectivo de los derechos y beneficios sociales del ahora accionante, sin mencionar la acción de amparo que a oscuras la presentaron, que hace menos de veinticuatro horas nos enteramos de la misma, resulta que nuevamente observan la planilla que pide se actualice, porque hubo una nueva actualización de la misma para pedir su ejecutoria, volviendo a través de esta acción a presentar una objeción a dicha planilla, con los mismos argumentos que fueron presentados anteriormente; g) No existe un nexo de causalidad entre los hechos que puedan ser imputados objetivamente hacia el Auto de Vista cuestionado, mismo que evidentemente cumple con el deber de fundamentación, motivación y congruencia, por cuanto el derecho del cual emerge todo esto es un derecho laboral, tal cual dispone la Constitución que lo refiere como derechos imprescriptibles e irrenunciables; más aún, cuando fueron reconocidos en el Auto Supremo, debiéndose considerar que la acción objeto de análisis, es una copia de doctrina y jurisprudencia de anteriores acciones que fueron presentadas, sin demostrar el nexo causal y por la imputación y calificación de la conducta de los Vocales en relación a los derechos y garantías que denuncian como vulnerados, tomándose en cuenta que en la incorporación de la teoría de imputación objetiva y su criterio de la teoría general de la responsabilidad de las autoridades que emiten fallos, se tuvo la virtud de entrar a una especie de distinción o diferencia entre la relación de causalidad propiamente y la imputación objetiva, no existiendo esa conditio sine qua non de establecer el resultado nocivo o el resultado que estaría contrario a la norma en relación al Auto de Vista, no se hizo referencia porque no es congruente, la motivación está absolutamente clara al referir que en materia laboral esa planilla que pudo o no ser objetada por la parte, fue pedida de nulidad, toda vez que existía un incumplimiento absoluto del Auto Supremo, por lo que la fundamentación y motivación es absolutamente clara, referida a la eficacia de las resoluciones judiciales, no pudiendo concebirse que la planilla quiera versar de distinta manera a lo que se ha resuelto; h) En ese sentido, la fundamentación y motivación es clara con relación a la eficacia de las resoluciones judiciales, “…no puede ser, como hemos hace un momento la planilla quiera versar de distinta manera a lo que se ha resuelto…” (sic), por lo que los Vocales demandados no vulneraron ningún derecho, siendo más bien que la entidad accionante incumplió con el primer paso “…para ver si se cumple el requisito causal…” (sic), si la conducta o actividad del sujeto eventual responsable representa un antecedente material o jurídico del “hecho dañoso” y eso no se demostró por ningún medio; e, i) Lo referido debería haber sido previo a la audiencia, constituyendo una cuestión presentada y por lo tanto al carecer de fundamento debió ser rechazada; sin embargo, al no haber advertido cuales son los elementos que hacen a la falta de congruencia, motivación o fundamentación del Auto de Vista cuestionado, solicitaron el reconocimiento de pago de beneficios sociales y derechos laborales a los que tienen derecho, siendo reconocidos no solo por la Constitución sino por el Auto Supremo con calidad de cosa juzgada; por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada y se confirme el Auto de Vista.

I.2.4. Participación del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no asistió a la audiencia virtual de consideración de esta acción ni presentó escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 140 vta.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija, mediante Resolución 91/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 154 a 160, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante señala que el 19 de febrero de 2014, Sergio Iván Ávila Castellanos, inició una demanda de reliquidación de beneficios sociales en su contra y que esta fue declarada probada en parte, interponiéndose recurso de apelación, siendo resuelto por el Auto de Vista 22/2020, confirmando la Sentencia; posteriormente, se planteó recurso de casación, resuelto por el Auto Supremo 677/2020, el cual dispuso casar en parte y en ejecución a la misma se elabora la planilla de actualización de beneficios sociales, habiéndose puesto en conocimiento esa circunstancia tanto al demandante como al demandado, y que al no haber sido objeto de observación alguna dentro del plazo de tres días hábiles establecidos conforme a ley, dicha planilla quedo ejecutoriada y por ende aprobada; sin embargo, el demandante al advertir su negligencia interpuso un incidente de nulidad contra la mencionada planilla y resuelto éste por la Juzgadora, se declaró con lugar en parte, disponiendo en consecuencia la anulación de la planilla, ordenando la elaboración de una nueva, y ante tal emergencia el demandado, ahora accionante, consideró interponer el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, siendo resuelto por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija a través del Auto de Vista 17/2022, el cual dispuso confirmar totalmente la Resolución, por lo que la parte accionante considera que ese Auto de Vista lesiona sus derechos y garantías constitucionales, denunciando falta de motivación e incongruencia, puesto que no se pronunció respecto a los principios de convalidación y preclusión, de igual manera se encontraría insuficientemente motivada, pues no consideró los principios que rigen para la aplicación de las nulidades procesales, existiendo una arbitraria interpretación de los arts. 16 y 17 de la LOJ y 48.III de la CPE; 2) La jurisdicción constitucional no puede ser considerada como una instancia casacional o de revisión extraordinaria de las decisiones judiciales o administrativas que puedan ser objeto de revisión con respecto a la actividad jurisdiccional de otros tribunales, teniéndose en ese sentido la SCP 1631/2013-S3 de 4 de octubre; 3) Asimismo a objeto de las consideraciones para el análisis en el fondo de una resolución emitida por la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su oportunidad se refirió con relación a la doctrina de las auto restricciones a través de la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, la cual inhibe evidentemente a la jurisdicción constitucional a que pueda ingresar a un análisis de las decisiones de otros tribuales o de la justicia ordinaria, estableciendo también las excepciones para el caso de abrirse esta competencia, cuando se avizora la vulneración de los derechos y garantías en las resoluciones, y que estas pueden afectar al debido proceso, al no ser congruentes, motivadas y materialmente perturben derechos fundamentales, por lo cual en base a las mismas, en el caso concreto, a objeto de considerar si ese colegiado puede ingresar o no al análisis de fondo, se debe efectuar una verificación del acto procesal cuestionado; teniéndose al Auto de Vista 17/2022, como el vulnerador de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, el acceso a la justicia, correspondiendo en primera instancia efectuar esa verificación para así disponer lo que corresponda conforme a la norma constitucional; 4) Es así que el Auto de Vista mencionado, bajo las formalidades se encuentra distribuido en cuatro considerandos y una parte resolutiva, señalando en su considerando primero los antecedentes relevantes, en el segundo el recurso de apelación interpuesto, en el tercero la contestación al memorial del recurso y en el cuarto el análisis y estudio del caso concreto, del cual básicamente es lo que implica a lo reclamado en la presente acción de defensa, correspondiendo verificar esos extremos; del cual, se tiene que las autoridades demandadas establecen que la Resolución de 30 de septiembre de 2021 emitida por la Juzgadora que lleva el caso, establece de manera precisa las razones fácticas y jurídicas por las cuales viabiliza la nulidad y también que consideran dentro del sistema procesal el principio de preclusión, habiéndose expuesto de manera clara, estableciendo además que dentro de los fundamentos en ese Auto de Vista, considera entre otros el principio de verdad material instituido en la Constitución, que debe ser aplicado con preferencia frente a las demás normas y que también garantiza la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, asimismo efectuaron el análisis de los arts. 16 y 17 de la LOJ, indicando que en todo caso se conciba el proceso no como un fin en sí mismo, sino como un medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, refiriéndose así a los derechos del trabajador y al debido proceso, por cuanto también hizo referencia al art. 48.III de la CPE, en el entendido de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que lo que se advierte es el cumplimiento del Auto Supremo que lleva a la ejecución de la Sentencia, por lo que bajo esos parámetros consideran que ameritaba esa nulidad a objeto de restituir los derechos sustanciales; y, 5) En cuanto a la supremacía de la Constitución se tiene establecido en el art. 410 y en ese razonamiento también lo vertido en el art. 48.II y III, que de manera enfática establecen entre otros, que las normas laborales se interpretaran aplicando los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras, como principal fuerza productiva de la sociedad, así también que los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse; ya que, resultan nulas cualquier convenciones contrarias a las mismas y que tiendan a burlar sus efectos, siendo de ese articulado que se plasmó la Resolución que se aduce vulneradora de aquellos derechos referentemente citados por el recurrente, se tiene que si bien las nulidades procesales como tal implícitamente son de última ratio y deben cumplir ciertos principios, también la propia norma constitucional estableció que a objeto de esa consideración, donde impliquen derechos sociales reconocidos en favor de los trabajadores, estos no pueden renunciarse y que también resultan nulas las convenciones contrarias a los mismos; es decir, las resoluciones que puedan ser contrarias a esas, y de la actividad analizada tanto en la planilla plasmada y establecida también a momento del planteamiento de la acción de amparo constitucional, ese se instituye respecto a una aprobación de la planilla que en su momento no hubiera sido objetada; sin embargo, fue impetrada una nulidad, la cual fue resuelta por la Juzgadora y los Vocales ahora demandados, emitiéndose el Auto de Vista 17/2022; y que, de la verificación se advirtió que estos en tal interpretación de la norma fundamental motivaron y fundamentaron esa Resolución, más aun considerando la Constitución al momento de concebir lo reclamado por el accionante con respecto a los arts. 16 y 17 de la LOJ, estableciendo los alcances de la misma, también implican la observancia del principio de verdad material, que conforme al nuevo texto constitucional superó la verdad formal, que anteriormente fue concebida como tal, siendo uno de los principios que deben ser advertidos dentro de la jurisdicción ordinaria conforme el art. 180.I de la CPE; por lo que, bajo esos recaudos se advierte que esa resolución ahora cuestionada y verificada se encuentra suficientemente motivada, fundamentada y que no lesiona derecho alguno, al contrario se concibió todos esos principios, habiéndose cumplido todos los aspectos considerados como elementos del debido proceso, por lo que no se advierte de forma material esa vulneración a los derechos denunciados, con respecto a la motivación, valoración integral de la prueba y congruencia, así también la tutela judicial efectiva, por el contrario esa Resolución efectuó un análisis y fue suficientemente explicativo, y en el particular donde se tiene como Litis los derechos sociales, advirtiendo el principio en favor de los trabajadores, por lo que bajo ese análisis no se observó lesión de derechos y garantías, considerando además que las resoluciones administrativas o judiciales no deben ser necesariamente extensas, teniendo por finalidad en la motivación y fundamentación al tramitarse un conflicto jurídico, “…esta debe ser únicamente estableciéndose de las consideraciones para el caso, las citas legales y los argumentos que puedan llevar a que los integrantes de un proceso” (sic), puedan conocer con claridad los motivos y las razones por los cuales se llegó a esa decisión, esto también advertido en la Resolución verificada precedentemente. Ante la solicitud de complementación y enmienda efectuada en audiencia por el ahora tercero interesado, en cuanto a que se fije la cancelación de honorarios en favor de su abogado, toda vez que se denegó la tutela; la Sala Constitución declaró no ha lugar lo peticionado. Posteriormente, la parte accionante, mediante memorial presentado el 22 de septiembre de 2022, cursante de fs. 168 a 169, solicitó aclaración y complementación en relación que si se consideraron los principios y precedentes respecto a los límites de la nulidad contenidos en la SCP 0552/2019-S4 de 25 de julio, a tiempo de emitirse la Resolución precedentemente citada; en ese sentido, la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija mediante el Auto 212/2022 de 22 de septiembre, cursante a fs. 170 y vta., declaró no ha lugar dicha solicitud.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia de 11 de septiembre de 2014, pronunciada por el entonces Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de Tarija, mediante la cual se declaró probada en parte la demanda de pago de beneficios sociales presentada por Sergio Iván Ávila Castellanos -ahora tercero interesado- contra la empresa Molina & Ávila Construcciones S.R.L., ésta última representada entonces por Enrique Eduardo Molina Mitru, en consecuencia ordenó que la citada empresa debía cancelar a la parte demandante la suma de Bs464 649,80.-(cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve 80/100 bolivianos [fs. 27 a 33]). II.2. Por Auto de Vista 22/2020 de 24 de julio, la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmó la Sentencia precedentemente citada en todas sus partes y con costas (fs. 48 a 51 vta.). II.3. Mediante Auto Supremo 677/2020 de 7 de diciembre, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, casó en parte el mencionado Auto de Vista, no debiendo tomarse en cuenta en la liquidación de los beneficios sociales el periodo de mayo de 2012 al 17 de diciembre de 2013, correspondiéndose tomar en cuenta también para efectos de la liquidación de beneficios sociales a favor del actor, el salario promedio indemnizable de Bs6500.-, conforme se fundamentó en su parte considerativa, derechos y beneficios sociales que deben calcularse en ejecución de sentencia (fs. 77 a 79 vta.). II.4. Cursa una Planilla de Actualización de Beneficios y Derechos Sociales de Conformidad al DS 28699, de 3 de septiembre de 2021, procediéndose a faccionar la planilla de actualización de los beneficios sociales, según el Auto Supremo 677/2020, el Auto de Vista 22/2020 y la Sentencia de 11 de septiembre de 2014, arrojando un total a cancelar Bs157 060,16.-(ciento cincuenta y siete mil sesenta 16/100 bolivianos [fs. 80]). II.5. Sergio Iván Ávila Castellanos, ahora tercero interesado, por memorial de 14 de septiembre de 2021, pidió la nulidad de la planilla por incumplimiento de resolución judicial, ante la Jueza de la causa (fs. 85 a 86). II.6. Sandra Romero Pantoja, en representación de la empresa Molina & Ávila Construcciones S.R.L., por memorial de 23 de septiembre de 2021, contestó el incidente de nulidad precedentemente señalado (fs. 89 a 91 vta.).

II.7. Por Auto Interlocutorio de 30 de septiembre de 2021, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributaria Segunda de la Capital del departamento de Tarija, declaró con lugar en parte el incidente de fs. 675 a 676 y anuló la planilla de fs. 670, ordenando a la Secretaria del Juzgado, elabore en el día nueva planilla de actualización en la cual no se descuente la suma de Bs38 887,07.- (fs. 93 a 94 vta.). II.8. Sandra Romero Pantoja, en representación de la empresa Molina & Ávila Construcciones S.R.L., por memorial de 8 de octubre de 2021, dirigido a la autoridad judicial titular de la causa, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 30 de septiembre de ese año, señalando los siguientes agravios:

“A) VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN SU ELEMENTO A UNA RESOLUCIÓN CONGRUENTE, DEBIDO A QUE EN LA RESOLUCIÓN RECURRIDA NO HA RESUELTO LOS PUNTOS PUESTOS EN CONSIDERACIÓN EN EL MEMORIAL DE FECHA 23/09/2021. (…) …en mi memorial de fecha 30/09/2021 he puesto en consideración no solo que el DEMANDANTE no ha objetado la planilla que su autoridad ha anulado; sino también que de be aplicarse el principio de preclusión y el principio de convalidación. (…) Y de aplicación directa a las nulidades procesales, ya que de forma expresa que: ‘Finalmente, hacer referencia al principio de preclusión de las nulidades procesales, desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha señalado que: Principio de convalidación.- Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmado. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar e mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad’. Con solo aplicar dichos principios al presente caso claramente se puede resolver la problemática planteada por el DEMANDATE; SIN EMBARGO, SU AUTORIDAD HA OMITIDO CONSIDERAR LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS LINEAS ARRIBA, LO QUE CLARAMENTE ES UNA VULNERACION AL DEBIDO PROCESO EN SU ELEMENTO A UNA RESOLUCION CONGRUENTE. Por otra parte, tampoco se ha manifestado respecto a lo señalado por mi persona en el memorial de fecha 23/09/2021: ‘(…) En ese entendido, cualquier incidente de nulidad debe denunciar un acto procesal que vulnere el debido proceso en su elemento al derecho a la defensa y a la igualdad de parte (…)’” (fs. 97 a 100). II.9. Sergio Iván Ávila Castellanos, por memorial de 18 de octubre de 2021, presentado ante la Jueza de la causa, respondió el recurso de reposición bajo alternativa de apelación (fs. 104 a 106). II.10. A través del Auto de Vista 17/2022 de 18 de febrero, la Sala Social,

Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmó totalmente la Resolución apelada, manifestando que:

“…de la lectura integra del Auto Interlocutorio de fecha 30 de septiembre de 2021 se tiene que la juzgadora expuso las razones fácticas jurídicas que viabilizan la nulidad impetrada por el actor; asimismo, reconoció que en el sistema procesal rige el principio de preclusión, en mérito al cual la parte demandante tendría que haber objetado la planilla (criterio acorde a la contestación del demandado), empero, expuso que el hecho de no haber objetado, no hace inviable la nulidad, ya que la misma procede cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención del fin, por lo que terminó la aplicación del principio de saneamiento, para finalmente disponer la nulidad de la planilla de actualización. En mérito a lo precedentemente expuesto, se advierte con claridad que la juzgadora si consideró lo referido por la empresa demandada al momento de contestar el incidente (el hecho de no haber objetado la planilla implica la preclusión), sin embargo, al evidenciar errores insubsanables en la elaboración de la planilla por parte de la funcionaria del juzgadora, advirtió una flagrante vulneración del Auto Supremo emitido en la causa, aspecto que atenta contra el principio de verdad material, seguridad jurídica y los derechos del trabajador. Por otro lado, a efectos de dar una respuesta que satisfaga las dudas y cuestionantes de la empresa demandada, es menester referir que en todos los procesos se debe cuidar ciertas formalidades señaladas por ley, empero, ello no implica desconocer ante todo, el principio de verdad material instituido en la CPE, norma suprema que debe ser aplicada con preferencia frente a las demás normas, misma que además garantiza la irrenunciabilidad de los hechos de los trabajadores. Asimismo, en terna de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes (principio de trascendencia); sólo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, que: ‘Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)’. Dicho ello, si bien resulta ser cierto que el demandante no objeto la planilla de liquidación dentro del plazo previsto por ley, empero, tampoco se puede obviar el hecho de que la planilla elaborada por la Secretaria del juzgado respecto a la cual se impetró la nulidad, es visiblemente contraria al contenido del Auto Supremo 677/2020 de 07 de diciembre de 2020, ello en el sentido de que esta resolución judicial determinó que no debe tomarse en cuenta en la liquidación de beneficios sociales, el periodo de mayo de 2012 al 17 de diciembre de 2013, lo que implica que el pago parcial de Bs.38.887,07 que fue realizado por el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2012 al 17 de diciembre de 2013, no debía ser descontado en la liquidación final, lo contrario implicaría ir en contra del Auto Supremo de referencia, además de incurrir en un flagrante vulneración de los derechos laborales del actor, mismos que según lo previsto por el art. 48.III son irrenunciables. Por todo lo expuesto, se aclara a la recurrente que, incluso si el actor no hubiese interpuesto el incidente de nulidad, la juzgadora de igual manera se encontraba facultada para declarar la nulidad en virtud del principio de dirección y saneamiento, ya que se reitera, la planilla de actualización es contraria al Auto Supremo 677/2020 de 07 de diciembre de 2020 y vulnera derechos laborales del trabajador” (sic [fs. 108 a 110]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de legalidad, igualdad y seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva; toda vez que las autoridades demandadas mediante el Auto de Vista 17/2022, no profirieron respuesta a cada uno de los agravios planteados respecto a los principios de convalidación y preclusión por cuanto el demandante no objetó la planilla anulada; tampoco se consideraron los principios que regulan las nulidades, menos se consideraron los métodos sistemático y teológico establecidos en los arts. 16 y 17 de la LOJ, omitiendo observar que los jueces a momento de considerar nulidades deben cumplir con ciertos criterios interpretativos, entre ellos exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos en la interpretación que considera lesiva a sus derechos, por lo que existiría una falta de motivación. Por esa razón solicitó se conceda la tutela dejándose sin efecto el Auto de Vista mencionado, disponiendo que los Vocales de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija dicten una nueva resolución, resolviendo el recurso de reposición de fs. 694 a 697, respetando el debido proceso, sea de manera inmediata y sin esperar turno. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de legalidad, igualdad y seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva; toda vez que las autoridades demandadas mediante el Auto de Vista 17/2022, no profirieron respuesta a cada uno de los agravios planteados respecto a los principios de convalidación y preclusión por cuanto el demandante no objetó la planilla anulada; tampoco se consideraron los principios que regulan las nulidades, menos se consideraron los métodos sistemático y teológico establecidos en los arts. 16 y 17 de la LOJ, omitiendo observar que los jueces a momento de considerar nulidades deben cumplir con ciertos criterios interpretativos, entre ellos exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos en la interpretación que considera lesiva a sus derechos, por lo que existiría una falta de motivación. Por esa razón solicitó se conceda la tutela dejándose sin efecto el Auto de Vista mencionado, disponiendo que los Vocales de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija dicten una nueva resolución, resolviendo el recurso de reposición de fs. 694 a 697, respetando el debido proceso, sea de manera inmediata y sin esperar turno.

Ahora bien, considerando los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene la Sentencia de 11 de septiembre de 2014, emitida por la entonces Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de Tarija, declarando probada en parte la demanda de pago de beneficios sociales presentada por Sergio Iván Ávila Castellanos, ahora tercero interesado, contra la empresa Molina & Ávila Construcciones S.R.L., ésta última representada entonces por Enrique Eduardo Molina Mitru; en consecuencia dispuso que la empresa citada debe cancelar a la parte demandante la suma de Bs464 649,80.-(Conclusión II.1); misma que fue confirmada en todas sus partes a través del Auto de Vista 22/2020, dictado por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal de Justicia del mismo departamento (Conclusión II.2); posteriormente, por Auto Supremo 677/2020, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, casó en parte el mencionado Auto de Vista, ordenando que no se tome en cuenta en la liquidación de los beneficios sociales el periodo de mayo de 2012 al 17 de diciembre de 2013, debiéndose considerarse también para efectos de la liquidación de beneficios sociales a favor del actor, el salario promedio indemnizable de Bs6500.-, conforme se fundamentó en su parte considerativa, derechos y beneficios sociales que deben calcularse en ejecución de sentencia (Conclusión II.3); consecuentemente, se procedió a faccionar la Planilla de Actualización de Beneficios y Derechos Sociales de Conformidad al DS 28699, según las Resoluciones citadas supra, arrojando un total a cancelar Bs157 060,16.- (Conclusión II.4). De manera posterior, Sergio Iván Ávila Castellanos, ahora tercero interesado, por memorial de 14 de septiembre de 2021, pidió la nulidad de la planilla por incumplimiento de Resolución Judicial, ante la Jueza de la causa (Conclusión II.5); en ese sentido, Sandra Romero Pantoja, en representación de la empresa Molina & Ávila Construcciones S.R.L., por memorial de 23 de igual mes y año, dirigido al mismo Juzgado, contestó incidente de nulidad precedentemente señalado (Conclusión II.6). Es así que, por Auto Interlocutorio de 30 del mismo mes y año, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributaria Segunda de la Capital del departamento de Tarija, declaró con lugar en parte el incidente de fs. 675 a 676 y anuló la planilla de fs. 670, ordenando a la Secretaria del Juzgado, elabore en el día nueva planilla de actualización en la cual no se descuente la suma de Bs38 887,07.- (Conclusión II.7); consecuentemente, Sandra Romero Pantoja, en representación de la empresa Molina & Ávila Construcciones S.R.L., por memorial de 8 de octubre de 2021, dirigido al referido Juzgado, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 30 de septiembre de ese año (Conclusión II.8). Posteriormente, Sergio Iván Ávila Castellanos, por memorial de 18 de octubre de 2021, respondió el recurso de reposición bajo alternativa de apelación (Conclusión II.9). En ese sentido, a través del Auto de Vista 17/2022, la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmó totalmente la Resolución apelada (Conclusión II.10). Ahora bien, considerando la problemática planteada por la parte accionante a través de esta acción tutelar, justamente para resolver la denuncia de falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 17/2022, emitido por las autoridades demandadas, en cuanto a que no se consideraron los principios que regulan las nulidades, menos se tomaron en cuenta los métodos sistemático y teológico establecidos en los arts. 16 y 17 de la LOJ, omitiendo observar que cuando los jueces a momento de considerar nulidades deben cumplir con ciertos criterios interpretativos, entre ellos exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos en la interpretación que considera lesiva a sus derechos, por lo que existiría una falta de motivación.

En ese sentido, corresponde hacer el contraste entre el recurso de reposición bajo alternativa de apelación planteado por la parte ahora accionante contra el Auto Interlocutorio de 30 de septiembre de 2021 y el Auto de Vista 17/2022, respecto a los puntos denunciados mediante la presente acción de amparo constitucional, teniéndose en ese sentido los siguientes agravios:

“A) VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN SU ELEMENTO A UNA RESOLUCIÓN CONGRUENTE, DEBIDO A QUE EN LA RESOLUCIÓN RECURRIDA NO HA RESUELTO LOS PUNTOS PUESTOS EN CONSIDERACIÓN EN EL MEMORIAL DE FECHA 23/09/2021. (…) …en mi memorial de fecha 30/09/2021 he puesto en consideración no solo que el DEMANDANTE no ha objetado la planilla que su autoridad ha anulado; sino también que de be aplicarse el principio de preclusión y el principio de convalidación. (…) Y de aplicación directa a las nulidades procesales, ya que de forma expresa que: ‘Finalmente, hacer referencia al principio de preclusión de las nulidades procesales, desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha señalado que: Principio de convalidación.- Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmado. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar e mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad’. Con solo aplicar dichos principios al presente caso claramente se puede resolver la problemática planteada por el DEMANDATE; SIN EMBARGO, SU AUTORIDAD HA OMITIDO CONSIDERAR LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS LINEAS ARRIBA, LO QUE CLARAMENTE ES UNA VULNERACION AL DEBIDO PROCESO EN SU ELEMENTO A UNA RESOLUCION CONGRUENTE. Por otra parte, tampoco se ha manifestado respecto a lo señalado por mi persona en el memorial de fecha 23/09/2021: ‘(…) En ese entendido, cualquier incidente de nulidad debe denunciar un acto procesal que vulnere el debido proceso en su elemento al derecho a la defensa y a la igualdad de parte (…)’”.

Al respecto las autoridades ahora demandadas mediante el Auto de Vista 17/2022, confirmaron totalmente la Resolución apelada, sosteniendo que: “…de la lectura integra del Auto Interlocutorio de fecha 30 de septiembre de 2021 se tiene que la juzgadora expuso las razones fácticas jurídicas que viabilizan la nulidad impetrada por el actor; asimismo, reconoció que en el sistema procesal rige el principio de preclusión, en mérito al cual la parte demandante tendría que haber objetado la planilla (criterio acorde a la contestación del demandado), empero, expuso que el hecho de no haber objetado, no hace inviable la nulidad, ya que la misma procede cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención del fin, por lo que terminó la aplicación del principio de saneamiento, para finalmente disponer la nulidad de la planilla de actualización. En mérito a lo precedentemente expuesto, se advierte con claridad que la juzgadora si consideró lo referido por la empresa demandada al momento de contestar el incidente (el hecho de no haber objetado la planilla implica la preclusión), sin embargo, al evidenciar errores insubsanables en la elaboración de la planilla por parte de la funcionaria del juzgadora, advirtió una flagrante vulneración del Auto Supremo emitido en la causa, aspecto que atenta contra el principio de verdad material, seguridad jurídica y los derechos del trabajador. Por otro lado, a efectos de dar una respuesta que satisfaga las dudas y cuestionantes de la empresa demandada, es menester referir que en todos los procesos se debe cuidar ciertas formalidades señaladas por ley, empero, ello no implica desconocer ante todo, el principio de verdad material instituido en la CPE, norma suprema que debe ser aplicada con preferencia frente a las demás normas, misma que además garantiza la irrenunciabilidad de los hechos de los trabajadores. Asimismo, en terna de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes (principio de trascendencia); sólo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, que: ‘Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)’.

Dicho ello, si bien resulta ser cierto que el demandante no objeto la planilla de liquidación dentro del plazo previsto por ley, empero, tampoco se puede obviar el hecho de que la planilla elaborada por la Secretaria del juzgado respecto a la cual se impetró la nulidad, es visiblemente contraria al contenido del Auto Supremo 677/2020 de 07 de diciembre de 2020, ello en el sentido de que esta resolución judicial determinó que no debe tomarse en cuenta en la liquidación de beneficios sociales, el periodo de mayo de 2012 al 17 de diciembre de 2013, lo que implica que el pago parcial de Bs.38.887,07 que fue realizado por el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2012 al 17 de diciembre de 2013, no debía ser descontado en la liquidación final, lo contrario implicaría ir en contra del Auto Supremo de referencia, además de incurrir en un flagrante vulneración de los derechos laborales del actor, mismos que según lo previsto por el art. 48.III son irrenunciables.

Por todo lo expuesto, se aclara a la recurrente que, incluso si el actor no hubiese interpuesto el incidente de nulidad, la juzgadora de igual manera se encontraba facultada para declarar la nulidad en virtud del principio de dirección y saneamiento, ya que se reitera, la planilla de actualización es contraria al Auto Supremo 677/2020 de 07 de diciembre de 2020 y vulnera derechos laborales del trabajador” (sic). En ese contexto, el Auto de Vista 17/2022, confirmó totalmente el Auto Interlocutorio de 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se declaró con lugar en parte el incidente de fs. 675 a 676 y anuló la planilla de fs. 670, ordenando a la Secretaria del Juzgado, elabore en el día nueva planilla de actualización en la cual no se descuente la suma de Bs38 887,07.-. Bajo ese marco, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico precedentemente señalado, la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso no significa una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; es decir, que una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad administrativa o jurisdiccional, exponga de forma clara cuáles son las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas. Por lo señalado y analizando los fundamentos y argumentos señalados por las autoridades demandadas, se tiene que los mismos a momento de resolver el recurso reposición con alternativa de apelación interpuesto por la parte ahora accionante, sostuvo que a partir del Auto Interlocutorio de 30 de septiembre de 2021, se tiene que la Jueza de la causa expuso las razones fácticas jurídicas que viabilizan la nulidad impetrada por el actor; asimismo, reconoció que en el sistema procesal rige el principio de preclusión, en mérito al cual la parte demandante tendría que haber objetado la planilla, extremo acorde a la contestación del demandado -ahora accionante-; empero, el hecho de no haber objetado, no hace inviable la nulidad, ya que la misma procede cuando el acto carece de requisitos formales indispensables para la obtención del fin, razón por la cual terminó la aplicación del principio de saneamiento, disponiendo la nulidad de la planilla de actualización; en ese sentido, concluyeron las autoridades ahora demandadas que se consideró lo referido por la parte ahora accionante al momento de contestar el incidente en cuanto al hecho de que no haber objetado la planilla implicaría la preclusión; empero, ante la evidencia de errores insubsanables en la elaboración de la planilla, advirtió una flagrante vulneración del Auto Supremo 677/2020, atentándose los principios de verdad material, seguridad jurídica y los derechos del trabajador. En ese sentido, aclararon que en todos los procesos se debe cuidar ciertas formalidades señaladas por ley, lo que no implica desconocer el principio de verdad material instituido en la Norma Suprema, misma que además garantiza la irrenunciabilidad de los hechos de los trabajadores. En cuanto a las nulidades, las autoridades demandadas sostuvieron que la doctrina avanzó y superó la vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, interesando en definitiva analizar si se han transgredido las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, extremo que en relación con el principio de trascendencia; pues solamente en caso de darse esta situación se justifica la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones, teniéndose en ese marco el espíritu de los arts. 16 y 17 de la LOJ que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, así como la SCP 0140/2012 de 9 de mayo.

Finalmente, concluyeron las autoridades demandadas que si bien es cierto que el demandante -ahora tercero interesado- no objetó la planilla de liquidación dentro del plazo previsto por ley; no obstante, no se puede obviar que la planilla elaborada respecto a la cual se impetró la nulidad, es visiblemente contraria al contenido del Auto Supremo 677/2020, por cuanto éste último determinó no tomarse en cuenta en la liquidación de beneficios sociales el periodo de mayo de 2012 al 17 de diciembre de 2013, lo que implica que el pago parcial de Bs38.887,07.- que fue realizado por el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2012 al 17 de diciembre de 2013, no debía ser descontado en la liquidación final, lo contrario implicaría ir en contra del Auto Supremo de referencia, además de incurrir en una flagrante vulneración de los derechos laborales del actor, mismos que son irrenunciables, conforme al art. 48.III de la CPE. Bajo ese contexto, aclararon por último que, incluso si el actor no hubiese interpuesto el incidente de nulidad, la Jueza que conoce la causa de igual manera se encontraba facultada para declarar la nulidad en virtud de los principios de dirección y saneamiento, al evidenciar que la planilla de actualización es contraria al Auto Supremo 677/2020 y vulneró derechos laborales del trabajador. En ese sentido, con base en lo señalado precedentemente, las autoridades demandadas cumplieron con su obligación de pronunciar una resolución conforme al debido proceso, exponiendo de forma fundamentada y motivada la razón de su decisión, mencionando los motivos por los cuales confirmó el Auto Interlocutorio de 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se declaró con lugar en parte el incidente de fs. 675 a 676 y anuló la planilla de fs. 670, ordenando a la Secretaria del Juzgado, elabore en el día nueva planilla de actualización en la cual no se descuente la suma de Bs38 887,07.-, sosteniendo que si bien la parte actora no objetó la planilla de liquidación conforme lo establece la norma, reconociendo en ese sentido el principio de preclusión; sin embargo, aclaró que ello no hace inviable la nulidad, ya que la misma procede cuando el acto carece de requisitos formales indispensables para la obtención del fin, razón por la cual determinó la aplicación del principio de saneamiento, disponiendo la nulidad de la planilla de actualización, ello conforme al espíritu de los arts. 16 y 17 de la LOJ que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva; además, citó las normas jurídicas y jurisprudencia que sustentan los motivos de su decisión; de esa manera observó el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada. Por otra parte, en cuanto a la denuncia de que las autoridades demandadas al pronunciar el Auto de Vista 17/2022, no dieron respuesta a cada uno de los agravios planteados respecto a los principios de convalidación y preclusión por cuanto el demandante no objetó la planilla anulada; a partir del contraste precedentemente realizado entre los agravios planteados por la parte ahora accionante a momento de interponer el recurso y la citada Resolución, se tiene que: En efecto la accionante a momento de interponer el recurso de reposición con alternativa de apelación señaló como punto de agravio que al no haber objetado la parte actora la planilla de liquidación objeto de autos, por lo que se deberían aplicar los principios de convalidación y preclusión. Al respecto, tal como se tiene a partir de la jurisprudencia constitucional citada en Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; así también, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, ese pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En ese sentido, sobre la denuncia planteada respecto a que las autoridades demandadas no habrían considerado ni analizado menos resuelto sobre los principios de preclusión y convalidación, se advierte que dicha denuncia no es evidente, por cuanto se tiene del mismo Auto de Vista 17/2022 precedentemente contrastado que ese agravio fue objeto de consideración y resolución, sosteniendo que si bien la parte actora no objetó la planilla de liquidación conforme lo establece la norma, reconociendo en ese sentido el principio de preclusión; sin embargo, aclaró que ello no hace inviable la nulidad, ya que la misma procede cuando el acto carece de requisitos formales indispensables para la obtención del fin, razón por la cual determinó la aplicación del principio de saneamiento, disponiendo la nulidad de la planilla de actualización; consecuentemente, se evidenció una respuesta al agravio denunciado, por lo que corresponde se deniegue la tutela impetrada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 91/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 154 a 160, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0307_2024-S1.pdf · páginas 1 a 28.

Huella digital del PDF (SHA-256): 383e20039bf3ae68ad8dfa6e7fc1c579c0f317284606d5b67827189252137a53

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →