Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de mayo de 2023
Concede la tutela
El accionante, alegó lesionado el debido proceso en su vertiente de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculados con su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, la autoridad demandada; además, de dilatar en resolver su solicitud de cesación preventiva, fuera de los plazos procedimentales, misma que por Auto Interlocutorio 62/2021-E, fue rechazada; empero, habiendo interpuesto el 17 diciembre de 2021, recurso de apelación contra la citada Resolución, hasta la presentación de su acción tutelar (27 de igual mes y año), tanto la aludida autoridad, como su personal subalterno (últimos que le exigieron cumplir con los recaudos de ley), no remitieron dicha impugnación al Tribunal de alzada, dentro de las veinticuatro horas establecidas en la norma, pues no fue notificado con ninguna providencia al respecto. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 21/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, únicamente en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, debiendo la autoridad demandada, que por el transcurso del tiempo no lo hubiera realizado, remitir la apelación incidental de Freddy Orellana Sandi contra el Auto Interlocutorio 62/2021-E de 16 de diciembre, ante un Tribunal de alzada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, Exhortar a la Jueza demandada, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2023-S4 Sucre, 17 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 44973-2022-90-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 21/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Freddy Orellana Sandi contra Liliana Romero Espinoza, Jueza de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Tercero ambos del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 21 a 25; el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por el presunto delito de incumplimiento de deberes previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP); a pesar que por Auto Interlocutorio de 13 de agosto de 20219, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Cochabamba, se dispuso detención preventiva en el Centro Penitenciario de “San Antonio” del citado departamento; empero, aprovechando que se encontraba recluido por otro proceso, recién el 23 de igual mes y año, fue notificado con dicha Resolución, y cumpliendo desde la referida fecha detención en el precitado Centro; al margen de ello, habiendo transcurrido más de dos años y tres meses de su detención, mediante memorial de 7 de diciembre de 2021, solicitó la cesación de dicha medida, conforme al art. 239.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, pese que la Jueza de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta –ahora demandada– en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Tercero ambos del departamento de Cochabamba, mediante decreto de 8 del mencionado mes y año, fijo audiencia para la señalada fecha a las 15:00; la citada autoridad, ante un recurso de reposición, por Resolución de la aludida fecha, dejó sin efecto el decreto mencionado, y de forma antiprocedimental dispuso que la otras partes respondan la solicitud de cesación en el plazo de tres días, cuando el art. 239 del CPP, establece que la misma sea contestada en cuarenta y ocho horas; no obstante a ello, y a pesar que las partes tenían hasta el 10 de diciembre de 2021, para otorgar su respuesta, y la autoridad demandada, con o sin contestación hasta el 12 de igual mes y año, debía de emitir y resolver su requerimiento de cesación, conforme al art. 130 del citado Código; empero, la Jueza demandada, incumpliendo dicho precepto legal, recién el 16 de diciembre de 2021, después de cuatro días de vencido el plazo, emitió el Auto Interlocutorio 62/2021-E, negándole su solicitud de cesación, de forma infundada, motivada, incongruente, y vulnerando su derecho al debido proceso y libertad de locomoción; pese que tuvo conocimiento, que la mencionada autoridad, sin notificar a su abogado defensor, por Resolución de 7 de igual mes y año, habría fijado audiencia para el 15 del referido mes y año a las 15:00, misma que dejó sin efecto, demostrando una falta de conocimiento y manejo del procedimiento penal vigente y con la firme intención de perjudicarlo. Finalmente alegó, que contra la determinación del Auto Interlocutorio 62/2021-E, a través de memorial de 17 de diciembre de 2021, interpuso recurso apelación, misma que en cumplimiento de la normativa legal vigente y la jurisprudencia, dicha apelación debía de haberse remitido al Superior Jerárquico dentro de las veinticuatro horas, y considerando que la mencionada fecha caía viernes, máximo el lunes (20 de igual mes y año) debía de enviarse a dicha instancia; empero, hasta el 21 del señalado mes y año, de forma irresponsable e incumpliendo deberes, y con la intención de perjudicarlo, el personal del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta del departamento de Cochabamba, no efectúo dicho procedimiento, arguyendo que debería proveer los recaudos ley, para la remisión de todos los antecedentes del cuaderno cautelar, incluyendo los actuados del proceso principal, últimos que no tendrían relación con el referido cuaderno; no obstante que requirió, que los antecedentes sean remitidos en originales, los aludidos funcionarios, el 22 del aludido mes y año, ante su apersonamiento de su hermana, insistieron que provea de fotocopias de algunos actuados que ellos iban a seleccionar, y que volviera al día siguiente; sin embargo, (el 23 de diciembre de 2021) los mismos, le indicaron a su hermana, que ante la presentación de recurso de apelación de una de las presuntas víctimas de “DIRCABI”, recién el lunes (27 de igual mes y año) serían remitidos los antecedentes del cuaderno de apelación; es decir, desde la presentación de su recurso de apelación el 17 del referido mes y año, contra el Auto Interlocutorio 62/2021-E, hasta la presente hubieran trascurrido nueve días que no fueron remitidos al Tribunal de alzada para la revisión de la citada Resolución, generando de esa forma que continúe con una detención ilegal y arbitraria, pues no se lo notificó con ninguna providencia al respecto.
El impetrante de tutela, alegó como lesionado el debido proceso, en su vertiente de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculados con su derecho a la libertad de locomoción; sin citar norma constitucional alguna.
El accionante solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se disponga que la autoridad demandada, en el día remita su recurso de apelación ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, b) Se llame severamente la atención a la referida autoridad, por imprimir un trámite diferente al previsto en el art. 239.3 de CPP, ante la presentación de su cesación preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 34 y vta., presente la parte accionante; y, ausentes la autoridad demandada, como el Ministerio Público; se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó in extenso su demanda de acción de libertad, y ampliándola manifestó que: 1) Respecto a lo señalado por la Jueza demandada en su informe, en ningún momento solicitó la “revicción” del proceso, si no requirió la inmediata remisión (de su recurso de apelación); sin embargo, se realizó la remisión en diez días; por lo que, dicho extremo vulneratorio de sus derechos, devendría de falta de control de la citada autoridad de su personal; puesto que, el Secretario del Juzgado de Partido, encargado de remitir su apelación, conforme al art. 56 del CPP modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, sería responsable de su impugnación, y la notificación con la resolución que concediese la misma; empero, nunca fue notificado tanto a él como a su abogado defensor con la referida providencia de concesión; pese que, el 21 de diciembre de 2021, ante el apersonamiento de su defensa técnica, solo le indicaron que remitirían su apelación, y (el 23 de igual mes y año) a su hermana le solicitaron nuevas copias del cuaderno procesal; sin embargo, además de no ponerles en conocimiento de la resolución de concesión, tampoco fue remitido su recurso; y, 2) Tanto el aludido Secretario y la autoridad demandada, fueron dilatando su proceso; toda vez que, la norma establecería cuarenta y ocho horas; sin embargo, emitieron dos requerimientos para la audiencia de (cesación) de medidas cautelares, donde fue notificado a otro abogado defensor, y con el proveído de 7 de diciembre de 2021 al Centro Penitenciario de “San Antonio” de Cochabamba; por lo que, solicitó se llame severamente la atención tanto a la Jueza demandada como a su personal jurisdiccional.
Liliana Romero Espinoza, Jueza de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Tercero ambos del departamento de Cochabamba, a través del informe escrito presentado el 28 de diciembre de 2021, cursante de fs. 31 a 32 vta., refirió que: i) Conforme al art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, donde establecería las funciones y atribuciones de los secretarios y el personal de apoyo subalterno, se debería tomar en cuenta que tenía la obligación de dictar resolución de forma escrita en el plazo de veinte cuatro horas (de la solicitud de cesación a la detención preventiva), a partir de la última notificación de las partes con la misma, aspecto que ocurrió en el presente caso, conforme cursa en el Auto Interlocutorio 62/2021-E; ii) Del mismo modo y según el “art. 56-3), 8), 1) del código de procedimiento penal” (sic), de forma taxativa la obligación de los secretarios sería de emitir decretos de mero trámite, control de personal, plazos y notificaciones; además, de tramitar las apelaciones y remitirlas dentro de plazo; empero, no se le puso en conocimiento el reclamo efectuado por el accionante; por lo que, no tuvo oportunidad de poder corregir el procedimiento o llamar la atención al personal de apoyo sobre el extremo señalado; toda vez que, que no sería su responsabilidad de remitir los cuadernos procesales o emitir decretos; razón por el cual, no tendría legitimación “activa” –siendo lo correcto pasiva– para ser demandada; iii) Referente a la falta de remisión al Tribunal de alzada del recurso de apelación del solicitante de tutela –actuación ahora cuestionada– por informe del Secretario de su Juzgado, la misma fue remitida el “27 de diciembre en horas de la mañana” (sic); es decir, antes de la notificación con la presente acción de libertad, y conforme a los plazos de remisión y formularios de notificación; por lo que, al haber cumplido con los aspectos señalados por el impetrante de tutela en su demanda de acción tutelar, se aplicaría la sustracción de materia, al identificar que el acto lesivo denunciado ya no existiría; y, iv) Los reclamos efectuados por el accionante en su demanda de acción de defensa, se encontrarían confusos; puesto que, no estaría relacionado con la acción de libertad, más al contrario corresponderían al fondo de un asunto –proceso penal– y se estaría confundiendo a la jurisdicción constitucional con una etapa más del ámbito jurisdiccional; por lo que, el atender su petición crearía disfunción procesal, en contrario sensu del orden jurídico establecido; solicitando de esa forma, se deniegue la tutela solicitada, por no haber vulnerado ningún derecho, conforme los argumentos esgrimidos.
La Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 21/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 35 a 37, denegó la tutela impetrada, con base a los siguientes fundamentos: a) Conforme el informe presentado por el Secretario del Juzgado de Partido y la documentación adjunta como respaldo, se tiene que la apelación formulada por el accionante, se materializó en fecha 27 de diciembre de 2021 a las 09:44, siendo sorteada a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; es decir, que el hecho denunciado como lesivo o vulneratorio de derechos por el mismo, hasta la citada fecha desapareció; b) Si bien, la denuncia de falta de emisión del decreto que dispuso la remisión del proceso ante el superior en grado y la consiguiente falta de remisión de actuados en apelación no sería evidente; empero, cursaría el decreto de 20 de igual mes y año, emitido por el referido funcionario, donde el mismo fue debidamente fue notificado a todos los sujetos procesales; además, que la remisión de la apelación ya fue efectuada; c) Es así que, tanto la citada providencia –que ordenaría la remisión de la apelación– ni la remisión del expediente –en fecha 27 de diciembre– serían tareas de la autoridad demandada; puesto que, serían obligaciones de los secretarios de juzgados, conforme el art. 56-1) y 3) del CPP; por lo que, la Jueza demandada, no tendría legitimación activa en la presente acción de defensa; y, d) Si bien sería cierto que conforme a la jurisprudencia, el juez sería la autoridad, que revestida de su potestad, no podría dejar al desamparo la dirección del juzgado y por ende tendría la responsabilidad del seguimiento correspondiente por ser la autoridad principal del despacho; empero, en el presente caso, la Jueza demandada, al no al haber decretado el memorial de apelación del impetrante de tutela, y si el Secretario de su Juzgado, se entendería que no tuvo conocimiento de la demora ahora denunciada por el mismo; más aún, cuando no cursa ningún actuado de dicha dilación, para que ordene al citado Secretario reconduzca su actuar y se agilice tal remisión; por lo cual, en consecuencia no se podría conceder la tutela impetrada, en su modalidad innovativa y responsabilizar a la Jueza por la demora en la remisión del recurso de apelación del impetrante de tutela, ante el Tribunal de alzada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2021, ante la Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Cochabamba, Freddy Orellana Sandi –ahora accionante–, dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por el presunto delito de incumplimiento de deberes; solicitó cesación a su detención preventiva, por haber sobrepasado el plazo legal de cumplimiento de dicha medida, y la sanción mínima de la pena que se le atribuiría por el referido delito (fs. 2 a 7). II.2. Por decreto de 7 de diciembre de 2021, la Jueza de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta –hoy demandada– en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Tercero ambos del departamento de Cochabamba, ante la señalada solicitud de cesación a la detención preventiva, fijó audiencia virtual de consideración para el 15 de igual mes y año, a las 15:00; y, por providencia de 8 del citado mes y año, con el mismo fin, programó el acto procesal para la citada fecha y hora (fs. 8 y 12). II.3. Por Auto Interlocutorio 62/2021-E de 16 de diciembre, la autoridad demandada, en aplicación del art. 239.3 del CPP, declaro improcedente el requerimiento de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela;
mismo que fue notificado con la citada Resolución, en la referida fecha (fs. 9 a 10 vta.; y, 11). II.4. A través del escrito presentado el 17 de diciembre de 2021, ante la Jueza demandada, el solicitante de tutela, interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 62/2021-E (fs. 14 a 19). II.5. Mediante Informe de 28 de diciembre de 2021, el Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinto del departamento de Cochabamba, informó que el recurso de apelación del impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 62/2021-E, fue remitida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 27 de igual mes y año, en horas de la mañana; que si bien, ante la referida impugnación de 17 de igual mes y año, el solicitante de tutela, tuvo respuesta por decreto de 20 de igual mes y año, misma que al ser puesta en conocimiento de las partes, se tendría como última notificación el 23 del referido mes y año; empero, ante la apelación también planteada por DIRCAVI el 24 del aludido mes y año, mereció el proveído de 27 del citado mes y año, “mismo que fue notificado y sorteado para la apelación, tomando conocimiento de la apelación al Sala Penal Tercera” (sic [fs. 33]).
El accionante, alegó lesionado el debido proceso en su vertiente de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculados con su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, la autoridad demandada; además, de dilatar en resolver su solicitud de cesación preventiva, fuera de los plazos procedimentales, misma que por Auto Interlocutorio 62/2021-E, fue rechazada; empero, habiendo interpuesto el 17 diciembre de 2021, recurso de apelación contra la citada Resolución, hasta la presentación de su acción tutelar (27 de igual mes y año), tanto la aludida autoridad, como su personal subalterno (últimos que le exigieron cumplir con los recaudos de ley), no remitieron dicha impugnación al Tribunal de alzada, dentro de las veinticuatro horas establecidas en la norma, pues no fue notificado con ninguna providencia al respecto. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0998/2021-S4 de 6 de diciembre, reiterando el entendimiento de la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyó que: “‘La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’. Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal de alzada en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: ‘En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito (ahora Tribunal Departamental) en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones». A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: «…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero»’. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: ‘Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló: Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado’. Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. (…) Por otra parte, con relación al plazo previsto en el art. 251 del CPP, en los supuestos de impugnación oral, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, entendió que ‘Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’. Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con los arts. 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del PIDCP, que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. De acuerdo a la jurisprudencia descrita, todas las solicitudes relacionadas a la libertad del imputado deben ser tramitadas y resueltas, sin ninguna demora o dilación, atendiendo al principio de celeridad que obligan a toda autoridad jurisdiccional a sujetar su accionar a los plazos establecidos en la norma adjetiva penal’” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0958/2021-S4 de 29 de noviembre, al respecto precisó: “El art. 251 del CPP, señaló que: ʽLa resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulteriorʼ. Según la norma procesal penal citada, las actuaciones del recurso de apelación interpuesto contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, deben ser remitidos ante el tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas. Así también lo señaló la línea jurisprudencia de la SCP 0187/2014 de 30 de enero, cuando expreso que: ʽEn este entendido, se reitera, la inobservancia de la parte procesal en proporcionar inmediatamente los recaudos necesarios no faculta convalidar una actitud dilatoria que entorpezca el tratamiento rápido y oportuno que deben merecer las solicitudes vinculadas con la libertad personal; ante estos supuestos corresponde a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice la remisión de actuados y de manera inmediata se tramite la apelación presentada, debiendo la autoridad judicial dar la continuidad inmediata al trámite de apelación en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad física. En cuyo mérito, a fin de evitar dilaciones indebidas en el tratamiento de la remisión de actuados por parte del Juez a quo ante el Tribunal de alzada, cumple a la autoridad judicial competente la observancia de lo siguiente: i) Remitir al Tribunal ad quem, en el término de veinticuatro horas, conforme previene el art. 251 del CPP, las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de apelación que corresponda. En caso que no haberse proporcionado los recaudos necesarios, mínimamente deberán ser remitidos al Tribunal de apelación: a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del Auto que disponga las medidas cautelares; y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados, a efectos de dar continuidad inmediata al trámite de apelación; y, ii) Sin perjuicio de cualquier determinación que viabilice la continuidad con el trámite de apelación, adoptar la diligencia necesaria a efectos de dar curso a la tramitación de la apelación formulada de manera inmediata, independientemente de las medidas a adoptarse para exigir el cumplimiento de los recaudos de ley por parte del apelanteʼ. Según la norma procesal penal y línea jurisprudencial, citadas precedentemente, las actuaciones pertinente respecto a un recurso de apelación sobre resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares, deben ser remitidos por el juez ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; y, en aquellos casos donde el apelante no haya provisto los recaudos necesarios, mínimamente debe remitir copias del acta de audiencia de medida cautelar, del auto que dispuso las medidas señalada y el mandamiento de detención preventiva, a efectos de dar continuidad al trámite de la apelación” (las negrillas son nuestras). En ese mismo orden, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP, referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, la SC 0542/2010-R de 12 de julio, estableció que: “…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…ˊ. En este trámite destaca la brevedad del plazo previsto, respecto al cual la SC 0612/2004-R de 22 de abril, señaló: ˋ… si bien es corto se justifica por la necesidad de que la situación procesal del imputado sea definida a la brevedad posible en caso de estar privado de libertad y para garantizar la celeridad en la aplicación de una medida cuando haya sido rechazada por el Juez de Instrucción…” (las negrillas nos corresponden).
El impetrante de tutela, alegó lesionado el debido proceso en su vertiente de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculados con su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, la autoridad demandada; además, de dilatar en resolver su solicitud de cesación preventiva, fuera de los plazos procedimentales, misma que por Auto Interlocutorio 62/2021-E, fue rechazada; empero, habiendo interpuesto el 17 diciembre de 2021, recurso de apelación contra la citada Resolución, hasta la presentación de su acción tutelar –27 de igual mes y año–, tanto la aludida autoridad, como su personal subalterno (últimos que le exigieron cumplir con los recaudos de ley), no remitieron dicha impugnación al Tribunal de alzada, dentro de las veinticuatro horas establecidas en la norma, pues no fue notificado con ninguna providencia al respecto. Identificada la problemática planteada y la pretensión del accionante, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar una síntesis de los antecedentes del proceso penal de origen; en el que, se habrían suscitado las actuaciones hoy cuestionadas de lesivas de derechos vía acción de libertad; de lo que se tiene, que dentro del proceso penal seguido en contra de Freddy Orellana Sandi –ahora accionante–, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes; por memorial presentado el 7 de diciembre de 2021, ante la Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Cochabamba, el impetrante de tutela, solicitó cesación a su detención preventiva, por haber sobrepasado el plazo legal de cumplimiento de dicha medida, y por la sanción mínima de la pena que se le atribuiría por el referido delito; en virtud a ello, la Jueza de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta –hoy demandada– en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Tercero ambos del citado departamento, mediante decreto de la aludida fecha, fijó audiencia virtual de consideración de cesación de dicha medida, para el 15 de igual mes y año, a las 15:00; y, por providencia de 8 del citado mes y año, con el mismo fin, programó el acto procesal para la citada fecha y hora (Conclusiones II.1 y II.2); que a decir del accionante, el citado decreto fue dejado sin efecto por la autoridad demandada, ante la presentación de un recurso de reposición, y de forma antiprocedimental dispuso que la otras partes respondan la solicitud de cesación en el plazo de tres días, cuando el art. 239 del CPP, establece que la misma sea contestada en cuarenta y ocho horas (Antecedentes I.1.1). Posteriormente, por Auto Interlocutorio 62/2021-E, la Jueza demandada, en aplicación del art. 239.3 del CPP, declaro improcedente el requerimiento de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela; que al haber sido fue notificado en la referida fecha con la citada Resolución; el impetrante de tutela, a través del escrito de 17 de diciembre de 2021, interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 62/2021-E (Conclusiones II.3 y II.4).
A decir del solicitante de tutela, tanto en su demanda y audiencia de acción tutelar, manifestó que a pesar que interpuso recurso de apelación incidental el 17 de diciembre de 2021, contra el Auto Interlocutorio 62/2021-E, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; empero, hasta la fecha de interposición de su acción defensa –27 de igual mes y año–, tanto la Jueza demandada, como su personal subalterno (últimos que le exigieron cumplir con los recaudos de ley), los antecedentes de su recurso no fueron remitidos al Tribunal de alzada; y, si bien, conforme al informe de la señalada autoridad, su apelación fue remitida al Superior en grado; sin embargo; además, de realizar la remisión después de diez días, el Secretario del Juzgado de Partido, encargado de remitir su apelación, nunca les notificó, tanto a él como a su abogado defensor, con la providencia de concesión de apelación; puesto que, el 21 de diciembre de 2021, ante el apersonamiento de su defensa técnica, solo le indicaron que remitirían su recurso, y (el 23 de igual mes y año) a su hermana le solicitaron nuevas copias del cuaderno procesal; por lo que, ante lo expuesto, a través de esta acción defensa, solicitó efectivizar la referida remisión. Por otra parte, la Jueza demandada, mediante informe, manifestó que, al no haberle puesto en conocimiento de la dilación de remisión del recurso de apelación del accionante, por parte del Secretario de su Juzgado, mismo que conforme a los arts. 94 de la LOJ, y 56.I. 1, 3, y 8 del CPP, sería responsable de emitir decretos de mero trámite, control de personal, plazos y notificaciones, asimismo de tramitar las apelaciones y remitirlas dentro de plazo; no tuvo la oportunidad de poder corregir el procedimiento o llamar la atención al personal de apoyo jurisdiccional, sobre el extremo señalado; por lo que, al no ser responsable de remitir los cuadernos de apelación, no tendría legitimación pasiva para ser demandada en esta acción de defensa; sin embargo, según el informe del referido Secretario, el recurso de apelación del impetrante de tutela, fue remitida el “27 de diciembre en horas de la mañana” (sic); es decir, antes de la notificación con la presente acción de libertad, y conforme a los plazos de remisión y formularios de notificación; por lo cual, al haber cumplido con los aspectos denunciados por el accionante en su demanda de acción tutelar, se aplicaría la sustracción de materia, al identificar que el acto lesivo denunciado ya no existiría (Antecedentes I.2.2). Por último, mediante Informe de 28 de diciembre de 2021, el Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinto del departamento de Cochabamba, informó que el recurso de apelación del impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 62/2021-E, fue remitida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 27 de diciembre de 2021, en horas de la mañana; puesto que, si bien la referida impugnación de 17 de igual mes y año del solicitante de tutela, tuvo respuesta por decreto de 20 de igual mes y año, misma que al ser puesta en conocimiento de las partes, se tendría como última notificación el 23 del referido mes y año; empero, ante la apelación también planteada por DIRCAVI el 24 del aludido mes y año, mereció el proveído de 27 del citado mes y año, “mismo que fue notificado y sorteado para la apelación, tomando conocimiento de la apelación al Sala Penal Tercera” (sic[Conclusión II.5)].
Ahora bien, conforme a lo precedentemente señalado, se tiene que el 17 de diciembre de 2021 de forma escrita, el hoy accionante, planteó recurso de apelación incidental, contra el Auto Interlocutorio 62/2021-E; sin embargo, habiendo transcurrido casi diez días, su apelación no fue remitido al Tribunal de alzada; puesto que, la falta de remisión, se debería principalmente a la solicitud a ultranza de “fotocopias” y “recaudos” para remitir el expediente en alzada, propiciados por el personal de apoyo jurisdiccional de la Jueza demandada; por lo que, ante lo expuesto, se incurrió en dilaciones indebidas y estos aspectos vulneraron sus derechos y repercutieron negativamente en el solicitante de tutela, sin que se haya observado la privación de libertad que estaría sometido; y, si bien la autoridad demandada, mediante informe, manifestó, que no advirtió el incumplimiento del Secretario y puntualizó que de todas maneras la misma –la apelación incidental– fue remitida el 27 de diciembre de 2021, antes de la notificación con esta acción de libertad, recayendo por sorteo en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; empero, la citada autoridad, no observó que en el trámite cuestionado se debía imprimir mayor celeridad, para definir una solicitud vinculada al derecho a la libertad física y de locomoción del imputado –hoy solicitante de tutela–; puesto que, se tiene que a la fecha de presentación de esta acción tutelar –de la precitada fecha–, el accionante no fue notificado con la remisión de la apelación incidental; por lo que, en ese sentido, corresponde aplicar la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, por cuanto tomando en cuenta que la interposición del señalado recurso de apelación incidental data del 17 de diciembre de 2021, y la presentación de esta acción tutelar es de 27 de igual año mes y año, se tiene que transcurrió súper abundantemente el plazo de veinticuatro horas que establece el art. 251 del CPP; toda vez que, una vez interpuesto el recurso de apelación, las actuaciones pertinentes debieron ser remitidas ante el Tribunal superior, para resolver sin más trámite y audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibida la misma. Del mismo modo la supuesta inobservancia de la parte procesal en proporcionar los recaudos necesarios, no faculta a convalidar una actitud dilatoria que entorpezca el tratamiento rápido y oportuno que deben merecer las solicitudes vinculadas con la libertad personal; motivo por el cual, la actitud desplegada por el personal de apoyo jurisdiccional, no resulta válido como justificativo, para no remitir el recurso de apelación del accionante ante el Superior en grado; puesto que, aunque el Secretario del Juzgado mediante informe, manifestó que dio por subsanada esta inobservancia, con la presunta remisión el 27 de diciembre de 2021, del expediente de apelación ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, antes de la audiencia de esta acción de libertad (misma que no constaría en obrados); sin embargo, no le eximirían a la Jueza demandada, como directora del proceso y responsable del seguimiento de su personal subalterno, de controlar las actuaciones de los mismos; toda vez que, la aludida autoridad ante la actuación de la citada funcionaria, no la eximiría de la responsabilidad de considerar y cumplir, cuando tenga conocimiento de procesos judiciales vinculados con el derecho a la libertad de una persona privada de dicho derecho, con los plazos procesales previstos en el Código de Procedimiento Penal, conforme se detalla en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.
En este sentido, la Jueza demandada ante la conducta asumida, y la falta de control de su personal de apoyo jurisdiccional, al no haber remitido la apelación y los antecedentes ante el Tribunal de alzada dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP, que si bien la misma conforme al informe del Secretario de su Juzgado, manifestó que dicho recurso fue remitido recién el 27 de diciembre de 2021 ante la referida instancia; empero, al no constar en obrados lo aseverado, ya que fue ratificada por el accionante en la audiencia de acción tutelar; la señalada actuación resultaría contraria al principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y en los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; 8.1 de la CADH; 14.3 inc. c) del PIDCP, en consonancia con el 30.3 de la LOJ; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tipología de la acción de libertad, que buscaría acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentren de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas.
Finalmente corresponde aclarar que la concesión de tutela únicamente se encuentra dentro del ámbito de protección de una justicia pronta y oportuna a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, sin que exista pronunciamiento alguno respecto del fondo de la situación jurídica del accionante respecto de su libertad, decisión que corresponde ser asumida por la autoridad ordinaria que conoce de la causa. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 21/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, únicamente en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, debiendo la autoridad demandada, que por el transcurso del tiempo no lo hubiera realizado, remitir la apelación incidental de Freddy Orellana Sandi contra el Auto Interlocutorio 62/2021-E de 16 de diciembre, ante un Tribunal de alzada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, Exhortar a la Jueza demandada, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0307_2023-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): e8f2b0e492c94f45b3fc589531a6fdb5fc01bd729c5a430f76f8840142a77339
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