B.IA.LEGAL

SCP 0306/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
10 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
76296-2025-153-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; a la propiedad y “al juez ordinario, competente y predeterminado por Ley”; así como, a los principios de seguridad jurídica y legalidad; puesto que, en la demanda ordinaria iniciada por su padre ya fallecido, se ordenó a sus herederos el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el causante, así como el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia; luego de ello, el 2018 y dentro del plazo de diez años que establece el art. 1053 del CC, renunció a la herencia que pudiera corresponderle, planteando un incidente en ese sentido que derivó en la emisión del Auto Interlocutorio 1130/2022 de 24 de agosto, por la Jueza en suplencia legal, quien dispuso su exclusión del pago de las obligaciones que recayeron en su causante por falta de legitimación pasiva; sin embargo, esa decisión fue revocada por Auto de Vista 257/24 de 30 de octubre de 2024, pronunciada por los entonces Vocales ahora accionados; lo que ocasionó la ejecución de un mandamiento de desapoderamiento sobre un bien de su propiedad, sin ser parte del proceso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto; se desarrollarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación como elementos de derecho al debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 107/25 de 1 de agosto de 2025, cursante de fs. 317 a 322, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 257/24 de 30 de octubre de 2024, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo emitirse un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la defensa, al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; a la propiedad y “al juez ordinario, competente y predeterminado por Ley”; así como, a los principios de seguridad jurídica y legalidad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0306/2026-S2 Sucre, 10 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 76296-2025-153-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 107/25 de 1 de agosto de 2025, cursante de fs. 317 a 322, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María del Carmen Masanés de Chazal contra José Ernesto Aponte Ribera y Reynaldo Sánchez Flores, ex Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memorial presentado el 2 de julio de 2025, cursante de fs. 81 a 95, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la demanda ordinaria de nulidad de contratos y enriquecimiento ilegítimo instaurada por su padre José Masanés Solé que fue reconvenida por Jorge Córdova Serrudo -hoy tercero interesado-, demandando el cumplimiento de obligaciones, enriquecimiento ilícito, daños y perjuicios, el Juez de Partido en lo Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia de 27 de mayo de 2013, que inicialmente favoreció a su padre, la cual fue revocada por Auto de Vista 434 de 27 de noviembre del mismo año, pronunciada por los Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de igual departamento, misma que declaró improbada la demanda principal y probada la reconvencional, disponiendo la validez y eficacia de los contratos cuestionados, ordenando a los herederos forzosos de su padre, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el nombrado, así como el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia, decisión que fue confirmada por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto Supremo (AS) 181/2014 de 24 de abril, el cual declaró infundado el recurso interpuesto por la cónyuge supérstite. Luego, el 2 de mayo de 2018, en calidad de hija de José Masanés Solé, quien falleció el 15 de septiembre de 2010, dentro del plazo de los diez años establecido por el art. 1053 del Código Civil (CC), formalizó ante Notario de Fe Pública 113 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Escritura Pública 036/2018 de 2 de mayo, su renuncia expresa, unilateral e irrevocable a la herencia que pudiera corresponderle de su causante, con los efectos retroactivos previstos por el art. 1022 del CC, que tuvo como efecto directo, ser considerada como si nunca hubiese sido heredera; motivo por el cual, en ejecución de sentencia, por la vía incidental, solicitó a la Jueza Pública Civil y Comercial “Decimoprimera” de la Capital del departamento de Santa Cruz, su exclusión de la referida demanda ordinaria, emitiéndose el Auto Interlocutorio 1130/2022 de 24 de agosto, por la Jueza en suplencia legal de dicho Juzgado, la cual ordenó su exclusión del pago de las obligaciones que recayeron en su causante, por carecer de legitimación pasiva al haber renunciado a la herencia. Contra el Auto Interlocutorio 1130/2022, el reconvencionista -ahora tercero interesado- formuló recurso de apelación, pronunciando los entonces Vocales ahora accionados el Auto de Vista 257/24 de 30 de octubre de 2024, que revocó el referido Auto Interlocutorio, ignorando la renuncia a la herencia de su causante y sus efectos -jurídicos-; argumentando, entre otros aspectos: a) La existencia de una sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada; b) La notificación por edictos de prensa a los herederos quienes debieron cumplir con el pago de la obligación; c) Que no cursaba algún incidente de nulidad de esa notificación por edictos; d) La Escritura Pública 36/2018 de renuncia a la herencia era posterior al Auto Supremo 181/2014; e) Que la declaración de exclusión del proceso resultaba errada; ya que, la documentación presentada, fue emitida y presentada de manera posterior a la emisión del “Auto de Vista” que ordenó el cumplimiento de la obligación por parte de los herederos de José Masanés Solé en favor del ahora tercero interesado; y, f) La exclusión dispuesta no correspondía por encontrarse la causa en fase de ejecución de sentencia. Esa decisión ocasionó que la autoridad judicial a cargo de la causa, mediante “Resolución de 29 de abril de 2025”, ejecutara de manera abusiva un mandamiento de desapoderamiento sobre un bien de su propiedad, sin que sea parte del proceso. Los entonces Vocales hoy accionados, no comprendieron la institución de la renuncia a la herencia, prevista como un derecho individual, por los arts. 1016, 1019.II, 1022, 1052 y 1053 del CC, ni el alcance de las reglas de su impugnación por la vía ordinaria, prevista por el art. 477.II del Código Procesal Civil (CPC); en ese sentido, no realizaron una correcta interpretación y aplicación de esas disposiciones legales y sin mayor análisis se apartaron de su naturaleza; y, de la garantía del proceso ordinario de impugnación, sobre la base además de una incorrecta aplicación de la norma establecida por el art. 1451 del CC.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

La accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, a la propiedad y “al juez ordinario, competente y predeterminado por Ley”; así como, a los principios de seguridad jurídica y legalidad; citando al efecto los arts. 14.IV, 56, 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela solicitada; y, en consecuencia, se anulen: 1) El Auto de Vista 257/24 de 30 de octubre de 2024; 2) Los actos de desapoderamiento consumados en ejecución del citado Auto de Vista; 3) Todos los actos posteriores emergentes de los actos ilegales cuya nulidad se pide; así como, todos aquellos actos que afectaron su propiedad y posesión sobre sus bienes; 4) A objeto de una reparación integral de sus derechos, se ordene la restitución inmediata y sin mayor trámite de los bienes inmuebles de los que fue privada con las vías de hecho “obradas” por los entonces Vocales ahora accionados y por “el Juez ejecutor”; dejándose sin efecto cualquier acto o registro sobre dichos inmuebles; y, 5) Se determine la responsabilidad penal de los referidos Vocales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 1 de agosto de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 311 a 317, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Jaime Pérez Viviani y Julio Nelson Alba Flores, actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 25 de julio de 2025, cursante a fs. 227 y vta., señalaron que el Auto de Vista 257/24 -hoy impugnado- fue pronunciado por los entonces Vocales hoy accionados de la señalada Sala y no por sus personas; por lo que, no les corresponde emitir un criterio o indicar que fundamentos fueron aplicados al momento de resolver dicho Auto de Vista. José Ernesto Aponte Ribera y Reynaldo Sánchez Flores, entonces Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones, cursantes de fs. 223 a 224.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Jorge Córdova Serrudo, mediante memoriales presentados el 11 y 25 de julio de 2025, cursantes de fs. 210 a 214 y de 245 a 247 vta., y en audiencia, manifestó que: i) El argumento de la accionante, respecto a que no debe ser parte del proceso y que no se le afecte su patrimonio, fue expuesto por séptima vez. Ese aspecto ya se dilucidó mediante Auto 942/18 de 15 de junio de 2018, que negó su exclusión del proceso y no fue objeto de apelación, ni motivo de una acción de amparo constitucional y por Auto 935/18 que tampoco recurrió, se determinó que adquirió la calidad de heredera tácita y expresamente; y, que su incidente tiene carácter dilatorio. Así también, el 28 de enero de 2019, se resolvió por segunda vez su pedido y a pesar de que impugnó la decisión -que negó el mismo- no proveyó los recursos para su tramitación, quedando firme -la negativa-. La tercera solicitud de exclusión fue rechazada por Auto 539/21 de 19 de mayo de 2021, que fue apelada extemporáneamente. El 5 de noviembre de 2021, nuevamente planteó su exclusión; esa sí que, ignorando resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada, en la sexta vez consiguió que se emita el Auto Interlocutorio 1130/2022, el cual al ser recurrido por su persona, se pronunció el Auto de Vista 257/24, que impidió el abuso procesal y el abuso del derecho; ii) El proceso ordinario acabó hace once años atrás, con la ejecutoria -dispuesta- por Resolución de 21 de julio de 2014, que no fue apelada ni accionada, conformándose con lo resuelto; además, el derecho sustantivo debe defenderse dentro del proceso y no después de once años; ya que, la naturaleza de la -etapa de- ejecución de sentencia es para ejecutar lo resuelto y no para “re - controvertir” los derechos ya resueltos, haciendo interminable el juicio; iii) La accionante no completó el trámite para su exclusión del proceso, al no haber acudido ante el Juez de la causa para que acepte o rechace la renuncia a la herencia, sino ante un Notario de Fe Pública, quien emitió la Escritura Pública 36/2018, que solo se constituye en un presupuesto que se debe adjuntar en el escrito para acudir ante un juez; además, acudió a la vía notarial el 2 de mayo de 2018, cuando ya tenía la calidad de deudora por sentencia firme, declarada por la “Resolución de 21 de julio de 2014”; iv) La controversia radica en la reutilización de un derecho; toda vez que, el incidente de exclusión en virtud a la renuncia de herencia ya fue presentada y resuelta por Resolución de 15 de junio de 2018 -que rechazó su exclusión-, cuya decisión no fue apelada, consolidándose -su ejecutoria- el 29 del mismo mes y año; por lo que, a partir de ese momento comenzó a computarse el plazo de seis meses previsto por el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), luego de esa situación, reutilizó su derecho, presentando una segunda pretensión el 29 de marzo de 2021, que fue rechazada por Resolución de 19 de mayo de igual año, sin haber apelado; v) El “tercer” incidente de exclusión fue resuelto el 24 de agosto de 2022 y revocado por Auto de Vista 257/24, el cual motiva esta acción tutelar, que al margen de estar fuera del plazo de seis meses, se está juzgando nuevamente lo que no fue apelado, dejando precluir su derecho; por lo que, la señalada Sala, no puede intentar reabrir una pretensión incidental que ya fue juzgada ni se puede exponer argumentos contra una situación notoria de acuerdo a lo establecido por el art. 137 del CPC; vi) La calidad de deudora de la accionante dentro del proceso y posterior a la muerte -de su causante- no es discutible, por la fecha de la Sentencia de 27 de mayo de 2013 y el fallecimiento de 15 de septiembre de 2010; en ese sentido, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no puede modificar criterios ya resueltos; vii) Mediante la presente acción tutelar, la accionante pretende se reconsidere por una cuarta vez, su exclusión del proceso; ocultando información que conlleva abuso de derecho y abuso procesal; y; viii) La accionante planteó varias veces el incidente de exclusión, dejando precluir su derecho a la apelación; por lo cual, no puede acudir o saltar de manera directa a una “corte” de amparo; debido a que el per saltum no está habilitado como un derecho básico, situación que se aplica al caso de autos. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada. Salvador Ric Riera, mediante memorial presentado cursante de fs. 331 a 336 vta., a través de su abogado en audiencia, manifestó que: a) Tiene registrado el derecho propietario sobre el bien inmueble que obtuvo por compra a Jorge Córdova Serrudo ahora tercero interesado, quien lo adquirió mediante adjudicación judicial en el proceso ordinario de referencia, siendo privado de ese derecho por mucho tiempo; por lo que, tuvo que ejecutar un mandamiento de desapoderamiento para hacer prevalecer el mismo; b) La accionante pretende dejar sin efecto o anular su derecho propietario; cuyos argumentos expuestos en la acción de amparo constitucional contra el Auto de Vista 257/24, ya fueron planteados y resueltos en el citado proceso ordinario; c) La nombrada pudo oponerse al remate del bien inmueble y posterior adjudicación, a través de la tercería de dominio excluyente y al no hacerlo, consintió tácitamente todo lo actuado, inacción que no puede ser subsanada por la vía constitucional; d) Ante el fallecimiento del padre de la accionante, que se produjo antes de que se emita la Sentencia de 27 de mayo de 2013, se aplica lo establecido por el art. 31.II del CPC, referido a la sucesión procesal, convocando a los herederos por edictos de prensa; en ese sentido, la accionante fue citada para que comparezca al proceso antes de emitirse la señalada Sentencia, la cual quedó consolidada con el Auto de Vista “de 2013” -434- y después del mismo, recién hizo su renuncia a la herencia; e) Su persona no intervino en el proceso ordinario como demandante ni demandado, tampoco es heredero de alguna de las partes; solo adquirió un bien inmueble de buena fe, mediante una venta judicial; f) Las pretensiones consignadas en el petitorio de la acción tutelar, no pueden afectar su derecho propietario que se encuentra -debidamente- registrado; más aun, si nadie demandó la nulidad o anulabilidad de la transferencia -efectuada en su favor-; g) No se puede a través de la acción de amparo constitucional, definir derechos controversiales sobre la propiedad; y, h) Se pretende vulnerar el principio de seguridad jurídica que adquiere el comprador cuando registra su derecho propietario y resulta oponible frente a terceros, siendo su persona el propietario legítimo del bien inmueble -rematado en el proceso ordinario-; por consiguiente, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debe proteger su derecho a la propiedad privada, cuya decisión no debe afectar los derechos del tercero de buena fe, más aun tratándose de un bien inmueble adquirido en una subaste pública, no impugnada y plenamente vigente.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 107/25 de 1 de agosto de 2025, cursante de fs. 317 a 322, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 257/24 y ordenando a los entonces Vocales ahora accionados la emisión de un auto de vista conforme con los fundamentos jurídicos de la Resolución 107/25; bajo los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo a la documentación cursante en el cuaderno procesal y del contenido del Auto Interlocutorio de 18 de octubre de 2018, que resolvió el incidente de exclusión del proceso -presentado por la accionante-, referido al primer incidente interpuesto por la nombrada y resuelto en junio de igual año; en octubre del mismo año, fue dejado sin efecto dicho Auto Interlocutorio, disponiéndose que se lo vuelva a presentar; por lo que, no resulta evidente la cosa juzgada de aquel incidente. El segundo incidente fue resuelto en marzo de 2021. En virtud de un recurso de queja por incumplimiento de 21 de septiembre de ese mismo año, presentado luego de la formulación y resolución del segundo incidente de exclusión, se emitió un Auto -Constitucional- por el Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, que dejó sin efecto el Auto de Vista de 23 de julio de 2023; es decir, el citado Auto de Vista que en la resolución del primer incidente el Juez de la causa mantuvo vigente; disponiendo además, que los Vocales emitan un nuevo auto de vista; lo que implica que bajo ese Auto, se dejó sin efecto la Resolución de marzo de 2021, que resolvió el segundo incidente de exclusión planteado; en ese sentido, según los actuados procesales revisados, los incidentes primero y segundo fueron dejados sin efecto; por consiguiente, la resolución del tercer incidente de exclusión que fue apelado -y resuelto por Auto de Vista 257/24- se encuentra sometido a control tutelar; motivo por el cual, no concurren los principios de subsidiariedad ni de inmediatez; puesto que, con el señalado Auto de Vista, la accionante fue notificada el 7 de enero de 2025, habiendo interpuesto la acción tutelar dentro del plazo de los seis meses previsto por el Código Procesal Constitucional; 2) Al existir actuaciones procesales que dejaron sin efecto las resoluciones de los incidentes de exclusión probatoria primero y segundo, por esa misma razón en el referido Auto de Vista, se establece que llama la atención y les resulta extraño a los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, que después de intentar la exclusión, la “Jueza en suplencia legal” disponga la aceptación de esa exclusión, lo que implica que efectivamente se intentó plantear por tercera vez la misma; ya que, las actuaciones procesales fueron anuladas; por esa razón, se volvió a presentar el incidente; en ese sentido, no resulta evidente que exista cosa juzgada respecto a dicho incidente de exclusión del proceso; por lo que, al haber emitido el citado Auto de Vista, un criterio no fundado en las actuaciones procesales que fueron antes precisadas, concurre la incongruencia externa; puesto que, los entonces Vocales ahora accionados, no se pronunciaron en los aspectos cursantes en el expediente ordinario y que fueron solicitados por las partes; 3) Resulta evidente la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia externa, al no considerarse los Autos que dejaron sin efecto las resoluciones y los incidentes de exclusión ya anulados; 4) Sobre la motivación, el indicado Auto de Vista al momento de resolver la exclusión, no precisa sobre la naturaleza, el objeto y el alcance de la sucesión, que la herencia puede ser aceptada o renunciada; y, que es voluntaria, aspectos que no fueron valorados en el mencionado Auto de Vista, a pesar de su alegación por la incidentista -hoy accionante-; por lo que, concurre una motivación insuficiente y si bien se refiere al instituto de la renuncia de la herencia; sin embargo, no analiza, valora, interpreta ni decide respecto a su objeto, naturaleza y su alcance; y, 5) En cuanto a la valoración probatoria, se señaló que no existe duda sobre la declaración de renuncia de herencia formal -Escritura Pública- realizada ante un Notario de Fe Pública 113 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ni fue declarado -ni sometido a trámite de- nulidad o anulabilidad; por lo que, se presume la -buena- fe del Estado y la legalidad del mismo y al no ser valorado conforme a la buena fe y la sana crítica del juzgador, no se puede direccionar la manera en que debe ser valorada, sino ordenar su valoración; al existir omisión de valoración probatoria de ese instrumento notarial que contiene la renuncia de la herencia. En vía de aclaración, complementación y enmienda, Salvador Ric Riera -ahora tercero interesado-, solicitó a la Sala Constitucional que, al ser ajeno a la litis, se lo excluya de los efectos de la Resolución 107/25; puesto que, su derecho -propietario- deviene de una subasta judicial, no pudiendo perjudicarse al ser comprador de buena fe y al no tener ningún interés en que se conceda o deniegue la tutela solicitada. En mérito a esa solicitud, los Vocales Constitucionales, dando curso a esa solicitud señalaron que al ser evidente que el hoy tercero interesado no forma parte del proceso principal del cual deviene la acción tutelar, se reservan sus derechos, entre tanto la jurisdicción ordinaria no emita un pronunciamiento al respecto.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Auto Constitucional (AC) 550/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 375 a 378, ante la solicitud de adelanto de sorteo efectuada por Jorge Córdova Serrudo -tercero interesado- (fs. 373 a 374 vta.), por encontrarse dentro de un grupo vulnerable al ser una persona de la tercera edad; en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el requerimiento referido. Al no existir concenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar a la Presidenta de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 1130/2022 de 24 de agosto, emitida por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Décima, dispuso la exclusión de María del Carmen Masanés de Chazal -ahora accionante- del pago de las obligaciones que pudiera tener su causante -José Masanés Solé-, por haber acreditado que carece de legitimación pasiva al no tener la condición de heredera por los efectos de la renuncia de la herencia conforme lo establecido por el art. 1022 del CC (fs. 15 a 19 vta.). II.2. Cursa el Auto de Vista 257/24 de 30 de octubre de 2024, emitida por José Ernesto Aponte Ribera y Reynaldo Sánchez Flores, Vocales la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionados-, a través del cual, entre otras determinaciones, revocaron el Auto Interlocutorio 1130/2022, declarando no ha lugar a la exclusión del proceso solicitado por la accionante (fs. 1 a 11). II.3. Mediante memorial presentando el 8 de enero de 2025, ante los entonces Vocales ahora accionados, la accionante solicitó aclaración, complementación y enmienda contra el Auto de Vista 257/24 (fs. 22 a 23), dicho memorial mereció en respuesta el Auto de 9 de enero de 2025, mediante el cual rechazaron dicha solicitud (fs. 22 a 25).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; a la propiedad y “al juez ordinario, competente y predeterminado por Ley”; así como, a los principios de seguridad jurídica y legalidad; puesto que, en la demanda ordinaria iniciada por su padre ya fallecido, se ordenó a sus herederos el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el causante, así como el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia; luego de ello, el 2018 y dentro del plazo de diez años que establece el art. 1053 del CC, renunció a la herencia que pudiera corresponderle, planteando un incidente en ese sentido que derivó en la emisión del Auto Interlocutorio 1130/2022 de 24 de agosto, por la Jueza en suplencia legal, quien dispuso su exclusión del pago de las obligaciones que recayeron en su causante por falta de legitimación pasiva; sin embargo, esa decisión fue revocada por Auto de Vista 257/24 de 30 de octubre de 2024, pronunciada por los entonces Vocales ahora accionados; lo que ocasionó la ejecución de un mandamiento de desapoderamiento sobre un bien de su propiedad, sin ser parte del proceso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto; se desarrollarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación como elementos de derecho al debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso

La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, estableció lo siguiente: «“ʽ…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradasʼ (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; a la propiedad y “al juez ordinario, competente y predeterminado por Ley”; así como, a los principios de seguridad jurídica y legalidad; puesto que, en la demanda ordinaria iniciada por su padre ya fallecido, se ordenó a sus herederos el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el causante, así como el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia; luego de ello, el 2018 y dentro del plazo de diez años que establece el art. 1053 del CC, renunció a la herencia que pudiera corresponderle, planteando un incidente en ese sentido que derivó en la emisión del Auto Interlocutorio 1130/2022 de 24 de agosto, por la Jueza en suplencia legal, quien dispuso su exclusión del pago de las obligaciones que recayeron en su causante por falta de legitimación pasiva; sin embargo, esa decisión fue revocada por Auto de Vista 257/24 de 30 de octubre de 2024, pronunciada por los entonces Vocales ahora accionados; lo que ocasionó la ejecución de un mandamiento de desapoderamiento sobre un bien de su propiedad, sin ser parte del proceso.

De la revisión de antecedentes se tiene que dentro la demanda ordinaria instaurada por José Masanés Solé -padre de la accionante-, y que fue reconvenida por Jorge Córdova Serrudo -ahora tercero interesado- por el cumplimiento de obligaciones, enriquecimiento ilícito y daños y perjuicios, se emitió Sentencia 27 de mayo de 2013 que declaró probada en parte dicha demanda e improbada la demanda reconvencional; decisión que fue apelada por ambas partes, emitiéndose el Auto de Vista; por el cual, la entonces Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocó parcialmente la referido Sentencia, declarando improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional, disponiendo la validez de los contratos cuestionados y ordenando a los herederos forzosos de José Masanés Solé, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el nombrado, así como el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia (fs. 26 a 27); decisión que al ser recurrida vía recurso de casación, el mismo fue declarado infundado por los entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia por AS 181/2014 (fs. 28 a 32); quedando así, firme la decisión asumida por el Tribunal de apelación en el citado Auto de Vista. A raíz del pronunciamiento de la SCP 0789/2018-S4 de 26 de noviembre, la queja por incumplimiento de ese fallo constitucional y la anulación de determinaciones emitidas dentro de la referida demanda ordinaria, la accionante, por memorial presentado el 13 de junio de 2022, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, formuló incidente de exclusión de dicho proceso, bajo el argumento de haber renunciado a la masa hereditaria dejada por su causante José Masanés Solé, sustentado en el Testimonio de Escritura Pública 36/2018, sobre renuncia de herencia sobre todos los bienes, derechos y acciones dejados al fallecimiento del nombrado; solicitando se declare probado dicho incidente, siendo excluida de la mencionada demanda ordinaria (fs. 180 a 182 vta.); que fue resuelto por Auto Interlocutorio 1130/2022, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Décimo, disponiendo la exclusión de la accionante del pago de las obligaciones que pudiera tener su causante -José Masanés Solé-, por acreditar que carece de legitimación pasiva al no tener la condición de heredera por los efectos de la renuncia de la herencia conforme lo establecido por el art. 1022 del CC (Conclusión II.1.). Contra el Auto Interlocutorio 1130/2022, el hoy tercero interesado planteó recurso de apelación; pronunciando los entonces Vocales hoy accionados el Auto de Vista 257/24; por el cual, entre otras determinaciones, revocaron el Auto Interlocutorio 1130/2022, declarando no ha lugar a la exclusión del proceso solicitada por la accionante (Conclusión II.2.); quien presentó solicitud de aclaración, complementación y enmienda que fue rechazada por Auto de 9 de enero de 2025 (Conclusión II.3.). Establecidos los antecedentes procesales y considerando que una de las principales denuncias expuestas por la accionante recae en la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 257/24; con la finalidad de resolver esa problemática identificada en la presente acción de defensa, corresponde referirse a los argumentos consignados por los entonces Vocales hoy accionados en ese fallo de segunda instancia -hoy impugnado-, que guarden relación con los aspectos denunciados en la presente acción tutelar y verificar si resulta evidente o no que los mismos vulneran el derecho al debido proceso. Así se tiene que, en el Auto de Vista 257/24, los entonces Vocales ahora accionados consignaron los siguientes argumentos: a) Se logró notificar mediante edicto de prensa a los herederos del demandante, quienes debieron cumplir con el pago de la obligación. En el proceso -ordinario- se emitió Sentencia el 27 de mayo de 2013, que fue recurrida y resuelta a través de sus distintas instancias; la cual se encuentra ejecutoriada y con la calidad de cosa juzgada y no puede ser modificada por ningún recurso, solicitud o motivo, siendo de estricto cumplimiento; b) En la tramitación de la causa, no cursa incidente de nulidad opuesto por la accionante, a efectos de declarar la nulidad de la notificación mediante edictos de prensa dirigida a los herederos forzosos de José Masanés Solé; por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia, ninguna autoridad judicial puede declarar la simple nulidad por nulidad; por lo que, al acusar de errada esa notificación resulta una apreciación incorrecta por parte de la Jueza de primera instancia, lo que no resulta válida para la declaración de exclusión del proceso; c) La Escritura Pública 36/2018 de renuncia a la herencia, es de 2018 y el AS 181/2014, que da por ejecutoriado el Auto de Vista 434, es de 24 de abril de 2014; es decir, que la resolución que ordenó a los herederos forzosos de José Masanés Sole, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el nombrado y el pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia, es anterior a la emisión de la citada Escritura Pública;

d) La declaración de exclusión del proceso -de la accionante- resulta errada; ya que, la documentación que motivó dicha decisión fue emitida y presentada posterior a la emisión del Auto de Vista 434, que ordenó el cumplimiento de las obligaciones, en favor del reconvencionista -hoy tercero interesado-; y, e) La exclusión del proceso vulneró el derecho al debido proceso; en ese sentido, la Jueza de primera instancia cometió un error que vulneró ese derecho, lo que no puede pasar por alto; ya que, el argumento principal fue la Escritura Pública 36/2018 de renuncia emitida tiempo después de obtener una resolución debidamente ejecutoriada; por lo que, no corresponde que suceda la modificación de dicha resolución, sino únicamente su cumplimiento.

Teniendo en cuenta la denuncia de falta de fundamentación y motivación efectuada por la accionante, corresponde señalar que, sobre esos elementos del derecho al debido proceso, la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que la fundamentación y motivación de las resoluciones implica que éstas deban contener las razones que sustentan la decisión asumida, la exposición de los hechos, así como el sustento jurídico, lo que no significa una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que debe ser clara y concisa, además de integrar todos los puntos demandados, debiendo exponerse los argumentos y las razones que justifiquen la determinación basada en los hechos y las normas que sostienen la parte dispositiva del fallo, con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso. Bajo ese contexto jurisprudencial, se advierte que los entonces Vocales hoy accionados, al revocar el Auto Interlocutorio 1130/2022, que dispuso la exclusión de la accionante del pago de las obligaciones que pudiera tener su causante fallecido, por carecer de legitimación pasiva al no tener la condición de heredera por los efectos de la renuncia de la herencia conforme lo establecido por el art. 1022 del CC; alegaron que la misma fue notificada mediante edicto de prensa y que por ese motivo debió cumplir con el pago de la obligación; además que, en la tramitación de la causa, no cursa incidente de nulidad opuesto por la accionante, a efectos de declarar la nulidad de la notificación mediante edictos de prensa dirigida a los herederos forzosos de José Masanés Solé. De esa inicial alegación y de la documentación aparejada por el ahora tercero interesado, se advierte que los entonces Vocales hoy accionados fundaron la revocatoria asumida en el Auto de Vista 257/24, en aspectos carentes de veracidad; ya que, no consideraron en dicho argumento, que la accionante a través del memorial presentado el 25 de mayo de 2018, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 146 a 152 vta.), si planteó el incidente de nulidad de notificación -citación- practicado vía edicto de prensa sobre su persona, solicitando se disponga la realización de una nueva citación en observancia de la ley. En ese sentido, la decisión asumida por los entonces Vocales hoy accionados, al fundarse en circunstancias que no resultan evidentes y que denotan un desconocimiento manifiesto y exprofeso de la documental que forma parte del expediente de la demanda ordinaria, se constituye en una determinación carente de certidumbre, así como de motivación y fundamentación; ya que, no contiene las razones suficientes para disponer válidamente la revocatoria del Auto Interlocutorio 1130/2022, cuya exposición de los hechos tampoco encuentra un sustento normativo adecuado, al desconocer los verdaderos acontecimientos que se suscitaron en la tramitación de dicha demanda. Además, tampoco se evidencia que los entonces Vocales ahora accionados hubiesen tomado en cuenta ni se pronunciaron sobre la falta de legitimación pasiva de la accionante identificada por la Jueza en suplencia legal, por no tener la condición de heredera como consecuencia de los efectos de la renuncia de la herencia conforme lo establecido por el art. 1022 del CC; puesto que, renunció expresamente a esa herencia que le podía corresponder de su causante fallecido, dentro del plazo de diez años que establece el art. 1053 del mismo Código, computables desde que se abrió la sucesión con el deceso de dicho causante. En definitiva, los extremos examinados denotan la vulneración del derecho al debido proceso de la accionante, al haberse desconocido de manera flagrante el planteamiento de su incidente de nulidad de citación, y en función a esa omisión fundar sus determinaciones en perjuicio de los intereses de la nombrada; así como al no emitir un pronunciamiento sobre los aspectos relevantes que fueron considerados por la Jueza de primera instancia en suplencia legal, para excluirla de la demanda ordinaria instaurada por su causante; motivo por el que corresponde conceder la tutela solicitada con relación a lo antes expuesto, debiendo los entonces Vocales hoy accionados emitir un nuevo auto de vista, que refleje la verdad de lo sucedido. Así también, los entonces Vocales ahora accionados, indicaron que la declaración de exclusión del proceso de la accionante resultaba errada; debido a que la documentación consistente en la Escritura Pública 36/2018 de renuncia a la herencia y que motivó esa exclusión, fue emitida y presentada con posterioridad a la emisión del Auto de Vista 257/24, que ordenó a los herederos -forzosos- el cumplimiento de las obligaciones asumidas por José Masanés Solé en favor del hoy tercero interesado. De lo expuesto, se advierte que los entonces Vocales ahora accionados en dicha aseveración, simplemente basan su argumento en consideración a la fecha de emisión y presentación de la Escritura Pública 36/2018; sin exponer un sustento normativo ni un razonamiento claro que permita comprender porque solo la fecha de emisión y su presentación resulta suficiente para no validar ni considerar el contenido estructural de ese documento público y concluir que la exclusión dispuesta por la Jueza de primera instancia resultaba errada. Además, en esa alegación los entonces Vocales hoy accionados no tomaron en cuenta que de conformidad a lo establecido por el art. 1503 del CC, el heredero tiene un plazo de diez años para renunciar a la herencia, computable desde el momento en que se abre la sucesión y que en el presente caso, la accionante hizo pública su renuncia dentro de ese plazo; aspectos que no fueron motivo de análisis en el Auto de Vista 257/24; como tampoco se tuvo en cuenta que, al renunciar a la herencia, según lo dispone el art. 1022 del CC, los efectos de esa renuncia se retrotraen al momento en que se abrió la sucesión, en este caso al 15 de septiembre de 2010, cuando falleció su causante José Masanés Solé; es decir, antes del pronunciamiento del Auto de Vista 434, que ordenó a los herederos forzosos, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el nombrado. Asimismo, entonces Vocales ahora accionados no consideraron en sus argumentos que, al renunciar a la herencia, de acuerdo al citado art. 1022 del CC, la accionante no podría ser tomada en cuenta como una heredera forzosa de su causante; ya que, a quien renuncia a la herencia se le considera no haber sido nunca heredera; en ese sentido, al no tener la condición de heredera no podría cumplir ninguna de las obligaciones asumidas por dicho causante. Por lo expuesto, las situaciones descritas que no forman parte de los argumentos identificados en el Auto de Vista 257/24, vulnera el derecho al debido proceso, lo que conlleva a que dicho Auto de Vista no se encuentre debidamente fundamentado ni motivado en el marco del entendimiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. de ese fallo constitucional; situación que amerita la concesión de la tutela solicitada, debiendo los entonces Vocales hoy accionados emitir un pronunciamiento al respecto, que intente respaldar su análisis y así sustentar su argumento basado en la simple fecha de emisión y presentación de la Escritura Pública 36/2018 y no en su contenido y los efectos que produce normativamente. Finalmente, los entonces Vocales ahora accionados sin exponer ningún argumento valedero, refirieron que la exclusión dispuesta en el Auto Interlocutorio 1130/2022 emitido por la Jueza de primera instancia fue un error que vulneró el derecho al debido proceso; sin explicar a cabalidad en qué consiste el supuesto error que vulneró dicho derecho fundamental, tomando en cuenta el análisis precedentemente realizado con relación al contenido normativo de los arts. 1022 y 1053 del CC y la Escritura Pública 36/2018; en ese sentido, corresponde conceder la tutela solicitada por vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, dejando sin efecto el Auto de Vista 257/24, debiendo dichos Vocales, respaldar adecuadamente sus argumentos, exponiendo las razones que sustenten la decisión que se vaya a asumir, así como la exposición correcta de los hechos y el debido sustento jurídico. Finalmente, debido al examen antes realizado que hizo evidente la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y al no haberse fundamentado adecuadamente la aparente vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; a la propiedad y “al juez ordinario, competente y predeterminado por Ley”; así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, respecto a las actuaciones y determinaciones asumidas por los entonces Vocales hoy accionados, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre los mismos, debiendo denegarse la tutela en cuanto a ellos. Como tampoco corresponde referirse a las demás pretensiones expuestas por la accionante en la acción tutelar, dado que las mismas dependerán de la decisión que emitan los entonces Vocales hoy accionados, al pronunciar un nuevo auto de vista fundamentado y motivado como se tiene ordenado y que consideren los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y debido a que además, dichos Vocales son las encargadas de reparar y reestablecer los derechos que se vieron afectados como consecuencia de las decisiones que asuman. Debiendo, asimismo, acudir en cuanto a la solicitud de determinar la responsabilidad penal de los mencionados Vocales, a la instancia que corresponda. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 107/25 de 1 de agosto de 2025, cursante de fs. 317 a 322, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 257/24 de 30 de octubre de 2024, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo emitirse un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la defensa, al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; a la propiedad y “al juez ordinario, competente y predeterminado por Ley”; así como, a los principios de seguridad jurídica y legalidad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime Paola Verónica Prudencio Candia, Presidenta; siendo de Voto Disidente el Magistrado Boris Wilson Arias López.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

PRESIDENTA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0306_2026-S2.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): be94bb22df9cea877280eff689f1c22ef6261cc1108ba4ece208af87a67863d3

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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