Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de abril de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la vida y a la salud; toda vez que, i) El 5 de septiembre de 2022, interpuso solicitud de aclaración, enmienda y complementación respecto al Auto de Vista 586/2022 de 18 de agosto, empero hasta la fecha de formulación de la presente acción de libertad, la Vocal demandada no lo resolvió, procediendo a devolver el legajo de apelación sin adjuntar dichos actuados procesales, lo cual impidió que pueda solicitar la modificación de la medida cautelar al encontrarse incompleto dicho fallo; ii) Por memoriales de 23 de septiembre de 2022, presentados ante el Juez demandado solicitó: a) Orden de salida por razones de salud para el 23 y 26 de igual mes y año, empero pese a que la misma fue aceptada se le notificó a destiempo; es decir, cuando habría vencido el horario para el cual estaba programada su cita médica, ocasionando que su salida no se materialice; y, b) Se emita resolución de conminatoria dirigida al Fiscal Departamental de La Paz para que la representante del Ministerio Público asignada al caso presente su requerimiento conclusivo, en mérito a que transcurrió veintitrés meses desde el inicio de investigación, sin embargo, hasta la data de formulación de esta acción de libertad, no fue atendida, omitiendo de esa forma cumplir con su deber de controlar los plazos procesales; y, iii) Pese a encontrarse delicado de salud conforme al certificado médico de 20 de septiembre de 2022, que fue puesto a conocimiento de la autoridad fiscal demandada, la prenombrada insistió en recabar su declaración i…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 81 a 89, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0306/2025-S3 Sucre, 30 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51751-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 81 a 89, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrés La Hera Fuentes contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia; y, Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto, ambos del departamento de La Paz; y, Natividad Castro Flores, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 14 a 16 vta., el accionante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Daniela Fernanda Salas Chávez, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a través de Auto Interlocutorio 187/2022 de 9 de junio, se determinó su detención domiciliara, que fue objeto de apelación incidental siendo confirmado mediante Auto de Vista 527/2022 de 3 de agosto; último fallo que a consecuencia de una acción de libertad que interpuso fue dejado sin efecto, pronunciándose el Auto de Vista 586/2022 de 18 de agosto; ante esa situación, dentro de plazo formuló solicitud de explicación, complementación y enmienda, el cual hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa no fue resuelto por la Vocal demandada, quien habría devuelto los antecedentes del recurso de apelación al Juzgado de origen sin adjuntar el memorial de solicitud de enmienda ni la correspondiente resolución, afectando de esa forma sus derechos; toda vez que, no puede interponer una nueva petición de modificación de medidas cautelares, en razón a que, el Auto de Vista 586/2022 se encuentra incompleto. Por otro lado refirió que, habiendo sufrido una descompensación en su salud, por un cuadro clínico de dos días con dolor abdominal y constipación, a través de certificado médico de 20 de septiembre de 2022 se le diagnosticó hernia inguinal y permanente infección de tracto urinario a DC, siendo puesto a conocimiento de la Fiscal de Materia demandada; sin embargo, pese a ello la aludida autoridad lesionando sus derechos a la vida y a la salud insistió en que preste su declaración sin importarle que todavía está delicado de salud y por ende debe priorizar la atención de los derechos mencionados a través de estudios, laboratorios y valoraciones médicas, lo cual hace latente la amenaza de que en cualquier momento emita una orden de aprehensión en su contra, además de darse la tarea de realizar un seguimiento al médico que le atendió a través de sus requerimientos y solicitudes inadecuados. Finalmente indicó que, el “22” -lo correcto es 23- de septiembre de 2022, solicitó autorización de salida judicial ante el Juez demandado, la cual si bien se aceptó, empero fue puesta a su conocimiento en forma tardía; es decir, cuando el horario para el cual pidió salir había vencido. Por otra parte, también habría impetrado que emita una conminatoria al Fiscal Departamental de La Paz a fin de que presente requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria; toda vez que, el proceso ya estaba con veintitrés meses de investigación; no obstante, hasta la data de formulación de esta acción de libertad su petitorio no fue atendido por la autoridad judicial demandada, quien extrañamente en su lugar le notificó con la orden de salida judicial para que se apersone ante el Ministerio Público a prestar su declaración, advirtiéndose de ello que el Juez de instancia no está cumpliendo con su deber de controlar los términos y plazos procesales dado que no emitió ni notificó a la autoridad jerárquica fiscal con la citada conminatoria de acuerdo a lo previsto en el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la vida y a la salud, citando al efecto los arts. 15, 18 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, ordene: a) A la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita el auto que resuelva su solicitud de explicación, complementación y enmienda, remitiéndolo al Juzgado de origen; b) El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del mismo departamento, en resguardo de sus derechos a la vida y salud, atienda en el día sus solicitudes de salida médica y cumpla con el control de plazos procesales; y, c) La autoridad fiscal, respete sus derechos mencionados y evite la persecución indebida a los médicos que le atendieron. Sea con costas y sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.
Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 64 a 67 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda tutelar y ampliándolo señaló que: 1) El 2 de septiembre de 2022, fue notificado con el Auto de Vista 586/2022, en tal sentido, en virtud del art. 125 del CPP dentro de plazo solicitó explicación, complementación y enmienda, que no fue resuelto, ya que habiéndose apersonado el 15 de idéntico mes y año al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, evidenció que el legajo de apelación fue devuelto sin el memorial que interpuso ni su respectiva resolución; por consiguiente, al no haber sido de conocimiento del Juez de la causa y no constar en antecedentes, el citado Auto de Vista 586/2022 se encontraría incompleto, lo cual impidió que pueda solicitar la modificación de las medidas cautelares; 2) Cinco minutos antes que se instale la audiencia de garantías fue notificado con el Auto Complementario de 6 de septiembre de 2022, que resuelve su solicitud de explicación, complementación y enmienda, lo cual acredita que la Vocal demandada incurrió en una dilación indebida; por cuanto, no observó el plazo para resolver dicho recurso, además que no debió devolver los antecedentes de la apelación incidental de forma incompleta, como lo hizo; 3) Con referencia a la Fiscal demandada, de las literales adjuntas a la acción de libertad, se puede colegir que se encuentra diagnosticado con hernia inguinal reductible e infección del tracto urinario DC, habiéndosele recomendado que este en reposo; sin embargo, pese a que dicho extremo fue puesto a conocimiento de la citada autoridad fiscal, en lugar de considerar su estado de salud se dio a la tarea de realizar un persecución al médico que le atendió en forma voluntaria en su domicilio, pretendiendo a toda costa recabar su declaración informativa por una ampliación de investigación por los delitos de violencia económica y patrimonial que se efectuó después de veintitrés meses de haberse iniciado la investigación; es decir, cuando la etapa preparatoria concluyó; 4) “…voy a confesar ayer hemos presentado nuevamente un certificado médico que acredit[a] que el señor Andrés la Hera sigue mal de la salud y la señora fiscal ha aceptado este certificado médico actuó con lealtad procesal y por verdad material sin embargo lo que vamos a pedir es que cesa la persecución a él o los médicos, la fiscal actué siempre respetando el derecho a la salud y a la vida…” (sic); 5) El 23 de septiembre de 2022 aproximadamente a horas 10:00 solicitó ante el Juez demandado salida judicial para que pueda recibir atención médica en la Caja Bancaria Estatal de Salud; no obstante, pese a que se le dio curso a su petitorio, “…recién el día lunes 26 de septiembre pasado el medio día se nos ha notificado con la autorización para que él pueda ir el viernes pasado es decir el día 23 y el mismo lunes 26 a partir de la 8 de la mañana (…) totalmente a destiempo…” (sic [las negrillas nos pertenecen]); y, 6) Por memorial de 23 del señalado mes y año, también impetró al Juez de la causa, realice el control jurisdiccional respecto a la actuación del Ministerio Público.
Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, por informe escrito presentado el 28 de septiembre de 2022, cursante a fs. 80 y vta., indicó que: i) El Auto de Vista 586/2022, así como los Autos Complementarios de 2 y 6 de septiembre fueron emitidos dentro de los plazos y en cumplimiento a los parámetros y límites de competencia establecidos por el Código de Procedimiento Penal; por lo cual, no puede alegarse la conculcación de los derechos invocados como lesionados; ii) En el caso concreto no se advirtió un indebido procesamiento por cuanto no se adjuntó documental que establezca que el Juez demandado haya negado alguna solicitud relacionada a la modificación de su situación jurídica, no pudiendo basar sus argumentos en meras suposiciones; y, iii) El proceso penal cuenta con una autoridad encargada de ejercer el control jurisdiccional, quien debe conocer todas las incidencias que puedan suscitarse en la causa, como ser las salidas judiciales, modificaciones de medidas cautelares, etc., más aun cuando el Auto Complementario extrañado ya fue emitido y el mismo no modificó el fondo del Auto de Vista 586/2022. Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 28 de septiembre de 2022, cursante a fs. 95, y en audiencia manifestó que: a) Las solicitudes de salida judicial presentadas por el accionante, fueron tramitadas de manera oportuna, bajo ese entendido, “…la notificaciones que reclama la defensa o la interoperabilidad estos actos también se cargan al sistema y como consecuencia ni bien se atienden estas solicitudes, es de conocimiento de las partes puesto que no [se] encuentra en un centro penitenciario (…) sino con una detención domiciliaria…” (sic); y, b) Mediante Auto de 26 de septiembre de 2022, se realizó la conminatoria para la conclusión de la etapa preparatorio, el cual fue remitido a la Oficina Gestora de Procesos y “…al presente se encuentra notificado a la Fiscalía Departamental…” (sic). Natividad Castro Flores, Fiscal de Materia mediante informe escrito presentado el 28 de septiembre de 2022, cursante a fs. 63 y vta., y en audiencia expresó que: 1) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Daniela Fernanda Salas Chávez contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se solicitó la ampliación de la investigación a instancia de la víctima por la supuesta comisión de ilícito de violencia económica y patrimonial; razón por la cual, se procedió a la citación del imputado a efecto que brinde su declaración informativa el 9 del referido mes y año, a horas 14:30, actuado procesal que fue suspendido debido a que el aludido mediante memorial -no señaló data- hizo conocer que se encontraba con detención domiciliaria, de allí que se reprogramó para el 15 de igual mes y año, acto procesal al que el accionante asistió sin su abogado, lo que conllevó a que se suspenda para el 21 del señalado mes y año, empero tampoco se pudo efectivizar porque el prenombrado no asistió por hallarse delicado de salud, aspecto que fue puesto a su conocimiento adjuntado un certificado médico, empero sin acompañar los estudios de laboratorio; en tal sentido, solicitó al médico forense de turno del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se constituya al domicilio del sindicado y verifique dicha situación; empero no pudo hacerlo debido a que el progenitor del accionante que se encontraba en la puerta de la vivienda no lo dejó pasar arguyendo que debería estar presente su abogado defensor; 2) El 27 de septiembre de 2022, el impetrante de tutela nuevamente solicitó la suspensión de su declaración informativa adjuntando copias simples del informe ecográfico de 7 de noviembre de 2017, hoja de referencia del 13 de agosto de 2021 y una ecografía de 10 de similar mes y año, reprogramándose para el 3 de octubre de 2022 a horas 15:00 a desarrollarse en el domicilio del prenombrado, con la finalidad de no poner en peligro su salud y vida; y, 3) Ante la negativa por parte del peticionante de tutela para que el médico forense del IDIF realice su valoración médica, aunado a que no adjuntó documentación actualizada respecto a la enfermedad que padecería y justifique la recomendación de reposo absoluto de tres o cuatro días recomendada por el galeno particular que le atendió, requirió que el mencionado médico remita copia legalizada de la historia clínica del accionante con el fin de verificar si evidentemente se encuentra delicado de salud en razón a que “…el 15 de septiembre se constituyó ante el Ministerio Público y (…) físicamente se encontraba estable el Sr. y posteriormente ya aparece con esa enfermedad…” (sic).
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 09/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 81 a 89, denegó la tutela impetrada; disponiendo que el accionante en caso de sentirse afectado en su salud acuda a la autoridad competente que tiene el control jurisdiccional del proceso penal para hacer valer sus derechos con la documentación pertinente; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Respecto a la supuesta lesión de derechos por parte de la Vocal demandada, de la revisión de antecedentes se tiene que el 5 de septiembre de 2022, el accionante presentó solicitud de complementación y enmienda, que fue respondida oportunamente a través de Auto Complementario de 6 del señalado mes y año, debiéndose tener presente que, conforme determina el art. 125 del CPP la solicitud de explicación, enmienda y complementación no puede modificar el fondo de la decisión; por consiguiente, el argumento utilizado por el impetrante de tutela en sentido que no pudo solicitar la modificación de las medidas cautelares al encontrarse el Auto de Vista 586/2022 incompleto, no es evidente, ya que no afecta el fondo de la decisión asumida; ii) El peticionante de tutela en la audiencia de garantías refirió que “hoy” se le notificó con el Auto Complementario de 6 de septiembre de 2022, siendo pertinente destacar que la SCP 0304/2020-S3 de 15 de julio, estableció la improcedencia de la acción de libertad cuando exista sustracción de materia o pérdida de objeto procesal; es decir, cuando desaparezcan los hechos que originaron la interposición de la acción de defensa y el petitorio devenga en insubsistente, de allí que al haberse notificado con el mencionado Auto Complementario al peticionante de tutela, desapareció el acto que motivo la interposición de esta acción de libertad respecto a ese extremo denunciado; iii) Conforme indicó la autoridad fiscal, se citó al peticionante de tutela para que el 9 de idéntico mes y año preste su declaración informativa, lo cual ocasionó que presente memorial informando que se encuentra con detención domiciliaria; por lo que, se reprogramó para el 15 del mismo mes y año, empero al señalado actuado asistió sin su abogado defensor, generando a que se suspenda y señale nueva data para el 21 del mencionado mes y año, oportunidad en la que interpuso memorial indicando que se hallaba delicado de salud, adjuntando certificado médico de 20 del mes y año señalado, por el cual se le diagnosticó con hernia inguinal permanente e infección de tracto urinario DC; conllevando a que la representante del Ministerio Público fije nueva fecha para el 27 del referido mes y año y solicite al médico forense del IDIF se apersone al domicilio del imputado a fin de realizar su valoración médica; empero no pudo cumplirse dicha orden debido a que el progenitor del accionante no le dejó ingresar a su domicilio. Mediante memorial de 27 de septiembre de 2022, nuevamente impetró la suspensión de la declaración informativa, presentando nuevo certificado médico y otros estudios; por lo que, se reprogramó ese actuado procesal para el 3 de octubre del referido año a horas 15:00 a realizarse en el domicilio del accionante a fin de garantizar sus derechos a la salud y la vida; iv) Todo lo expuesto, evidenció la conducta del imputado de obstaculizar que se lleve a cabo la audiencia de declaración informativa, por cuanto los documentos presentados al ser de una data antigua generaron duda respecto a su estado de salud actual, siendo obligación del prenombrado presentar prueba idónea y coherente con la fecha que se debía realizar su declaración, a fin de otorgar certeza; v) Al encontrarse delicado de salud el impetrante de tutela debió solicitar a la autoridad fiscal que le tome su declaración informativa en su domicilio, por cuanto el certificado médico de 20 de septiembre de 2022, solo tiene una duración de cuatro días; evidenciándose de ello que, no existe lesión a los derechos a la vida o salud que fueron invocados como vulnerados y en caso de sentir dicha afectación debe acudir ante la autoridad judicial que tiene el control jurisdiccional para obtener las salidas judiciales; vi) Tampoco se observó una conculcación al derecho a la libertad del peticionante de tutela, habida cuenta que no existe mandamiento de aprehensión alguno emitido en su contra; y, vii) Finalmente en cuanto a los actos vulneratorios presuntamente cometidos por el Juez demandado, de acuerdo al informe presentado por la señalada autoridad judicial ya se habría emitido el Auto de 26 septiembre de 2022 conminando al Fiscal Departamental de La Paz, el cual inclusive esta notificado, aspecto que no fue observado por el peticionante de tutela. Por otra parte, las salidas judiciales fueron otorgadas de acuerdo a lo impetrado por el accionante, circunstancia por la cual, ante esos dos hechos descritos, también resulta aplicable la jurisprudencia desarrollada relacionada a la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de materia o pérdida de objeto procesal. En vía de aclaración, enmienda y complementación, el accionante solicitó se aclare: a) Si bien se hizo referencia a la SCP 0304/2020-S3, empero esa sustracción de materia no tiene “sintaxis” respecto a lo previsto en el art. 49 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que determina que aun hubiese cesado los efectos de los actos denunciados deberá realizarse la audiencia en el día y hora señalados a efectos de establecer las responsabilidades correspondientes; b) Respecto a la Vocal demandada no se denunció la existencia o no del Auto Complementaria que resolvió el recurso de aclaración, enmienda y complementación que formuló el 5 de septiembre de 2022, en la vía ordinaria, sino que dicho actuado procesal juntamente con el señalado escrito no fueron devueltos al Juez de primera instancia con el legajo de apelación incidental; c) Con relación al Juez demandado reclamó que si bien concedió la autorización de salida empero le fue notificada a destiempo; y, d) “…Su autoridad ha confundido al valorar pruebas de años pasados y esa prueba solamente se ha presentado únicamente para demostrar que el señor Andrés La Hera ya tenía antecedentes de temas médicos, no para acreditar que hoy está enfermo y el día de ayer se ha presentado uno nuevo que la señora fiscal, también se ha informado…” (sic). En sustanciación y resolución de dicha petición, el Juez de garantías señaló que: 1) El art. 49 del CPCo, es claro al indicar que aun cesen los efectos del acto reclamado se debe realizar la audiencia de garantías en el día y hora programados, a efecto de establecer la responsabilidad corresponda, por lo que “…esta audiencia SI SE HA LLEVADO A CABO Y SE HA DETERMINADO SI EXISTE O NO RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL, es decir en el presente caso se ha denegado la tutela, por no que no puede existir responsabilidad en las autoridades accionadas…” (sic); 2) El impetrante de tutela en su memorial de acción de libertad reclamó que habiendo presentado solicitud de complementación y enmienda, la Vocal demandada no se habría pronunciado, lo cual fue desvirtuado por la prenombrada autoridad; más aun, cuando el abogado del peticionante de tutela expresó que recién habría sido notificado con el Auto Complementario de 6 de septiembre de 2022, por lo que, no existiría vulneración alguna. Ahora bien, el hecho observado referente a que no se devolvió dichos actuados conjuntamente el legajo de apelación al Juzgado de origen debió ser reclamado a la Vocal demandada; 3) La Resolución emitida es clara al aplicar la SCP 0304/2020-S3 para resolver dicha denuncia; y, 4) Se valoró los documentos que fueron presentados por el accionante, aclarando que si bien adjuntó el certificado de 20 de septiembre de 2022, el mismo tenía solo una duración de cuatro días, llegando a la conclusión que no es un documento idóneo para demostrar su actual delicado estado de salud.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Constan hojas de referencia de 13 de agosto de 2021, por el cual el médico general de la Caja Bancaria Estatal de Salud trasfirió a Andrés La Hera Fuentes -ahora accionante- a las especialidades de Cirugía General y Urología a fin de que realice su valoración y conducta (fs. 10 y 13). II.2. Se tiene ecografía e informe de ecografía de “ESCROTO Y TESTÍCULOS” de 10 de agosto de 2021 perteneciente al impetrante de tutela (fs. 11 a 12).
II.3. A través de memorial de 17 de agosto de 2022, Natividad Castro Flores, Fiscal de Materia -ahora demandada- solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado- la ampliación de investigación por nuevos hechos contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de violencia economía y patrimonial tipificados en los arts. 250 bis y 250 ter del Código Penal (CP). Por lo que se emitió la orden de citación para que el prenombrado preste su declaración informativa el 9 de septiembre de igual año a horas 14:30 (fs. 26 y 28). II.4. Mediante Auto de Vista 586/2022 de 18 de agosto, la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada- determinó declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental formulado por Daniela Fernanda Salas Chávez; y procedente en parte de los agravios expuestos por el peticionante de tutela, a cuyo efecto revocó en parte el Auto Interlocutorio 187/2022 de 9 de junio, emitido por el Juez inferior y por ende dispuso la detención domiciliaria del imputado sin salida laboral, su arraigo, presentación ante el representante del Ministerio Público cada quince días y la fianza económica de Bs15 000.- (quince mil bolivianos [fs. 77 a 79]). II.5. El 5 de septiembre de 2022, el impetrante de tutela solicitó a la Vocal demandada explicación, complementación y enmienda respecto al Auto de Vista 586/2022 (fs. 3 a 4). II.6. Cursa Auto Complementario de 6 de septiembre de 2022, por el cual la Vocal demandada resolvió la solicitud de complementación y enmienda formulado por el accionante (fs. 76 y vta.). II.7. Se tiene acta de suspensión de declaración informativa de 9 de septiembre de 2022, debido a que el accionante a través de escrito presentado el 8 del señalado mes y año, hizo conocer que se encuentra con detención domiciliaria, por lo que, se reprogramó el actuado procesal para el 15 del indicado mes y año (fs. 29). II.8. El 15 de septiembre de 2022, se suspendió la audiencia de declaración informativa porque el peticionante de tutela se presentó sin la asistencia de su abogado de confianza, reprogramándose para el 21 del mencionado mes y año (fs. 31). II.9. Cusa certificado médico de 20 de septiembre de 2022, por el cual Joseph Antony Gorena Cordero, Médico Cirujano realizó una valoración médica al peticionante de tutela diagnosticándole hernia inguinal reductible e infección del tracto urinario a DC, estableciendo el tratamiento correspondiente y recomendado “…reposo absoluto de 3 a 4 días” (sic [fs. 6]).
II.10. A través de memorial de 21 de septiembre de 2022 el accionante puso en conocimiento de la Fiscal de Materia demandada su delicado estado de salud para lo cual adjuntó el certificado médico de 20 del mismo mes y año, solicitando se suspenda la audiencia programada (fs. 34). Mediante acta de verificación de declaración informativa de “16” del referido mes y año se reprogramó la audiencia para el 27 del citado mes y año a horas 8:30, ordenando la emisión del requerimiento a objeto que el médico forense del IDIF se constituya al domicilio del accionante y realice su valoración médica (fs. 38). II.11. Se tiene requerimiento de 21 de septiembre de 2022, por el cual la representante del Ministerio Público asignada al caso requirió al médico forense de turno realizar la valoración médico forense del peticionante de tutela, para lo cual debía trasladarse a su domicilio ubicado en la av. Velódromo 72 de la zona Koani de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (fs. 37). II.12. Cursa informe de 22 de septiembre de 2022, emitido por Tamara Solano Gonzales, Médico Forense del IDIF, por el cual puso en conocimiento de la representante del Ministerio Público que se constituyó al domicilio del prenombrado con el objeto de efectuar la valoración médico forense impetrada, es así que estando en la puerta de su vivienda se encontró con Orlando La Hera que se identificó como padre del aludido, a quien luego de explicarle el motivo de su visita, le pidió ingresar al domicilio, no obstante recibió como respuesta que “…no está presente abogado de señor Andres La Hera Fuentes. Y solicita que para valoración medica forense, este presente su abogado” (sic), ante esa situación manifestó su intención de consultar en forma directa al accionante si estaba en desacuerdo con la valoración médica forense o no, mereciendo como respuesta que no era posible ingresar a domicilio porque no tenía llaves, extremo que fue transcrito en un acta de igual data firmando en constancia el padre del impetrante de tutela (fs. 36 y vta.). II.13. Mediante memorial presentado el 23 de septiembre de 2022, el accionante solicitó al Juez ahora demandado que emita la conminatoria correspondiente dirigida al Fiscal Departamental de La Paz, con el fin que la Fiscal de Materia asignada al caso pronuncie la resolución conclusiva de la etapa preparatoria (fs. 8). II.14. Por memorial presentado el 23 de septiembre de 2022, a horas 10:24, en plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el impetrante de tutela hizo conocer al Juez demandado su delicado estado de salud adjuntando copia del certificado médico de 20 de igual mes y año, por lo que, pidió autorice su salida con el fin de realizar el correspondiente tratamiento y análisis en la Caja Bancaria Estatal de Salud el “…viernes 23 de septiembre de 2022 y lunes 26 de septiembre de 2022 de hrs 08:00 a.m. en adelante hasta la conclusión de [su] valoración médica…” (sic).
Escrito que conforme al cargo de recepción del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto, fue remitido por la Gestora de Procesos 2 del aludido Tribunal, en la data indicada a horas 13:07 (fs. 93 y vta.). II.15. Por decreto de 26 de septiembre de 2022, el citado Juez concedió la salida judicial del imputado para que “…se constituya a la CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD para la realización de TRATAMIENTO Y ANÁLISIS MEDICO EL DÍA 23 Y 26 DE SEPTIEMBRE A HORAS 08:00 AM…” (sic [fs. 93 vta.]). II.16. Cursa certificado médico de 26 de septiembre de 2022, por el cual Joseph Antony Gorena Cordero, Médico Cirujano realizó nueva valoración médica al peticionante de tutela diagnosticándole hernia inguinal reductible e infección del tracto urinario a DC, estableciendo el tratamiento correspondiente y recomendado con urgencia valoración por especialidad (fs. 41). II.17. El 27 de septiembre de 2022, el impetrante de tutela solicitó la suspensión de la declaración informativa en razón a que todavía estaba delicado de salud, debido a que no pudo obtener la autorización de salida judicial para que reciba atención en un centro hospitalario, adjuntando a dicho efecto certificado médico descrito precedentemente (fs. 40 y vta.). II.18. Cursa acta de suspensión de declaración informativa de 27 de septiembre de 2022, que establece que habiéndose hecho conocer su delicado estado de salud, con la finalidad de no vulnerar los derechos a la libertad y a la defensa del accionante, se reprogramó ese actuado para el 3 de octubre del señalado año, para lo cual se constituirían la Fiscal de Materia, Investigador asignado al caso y personal del laboratorio del IDIF al domicilio del impetrante de tutela (fs. 46).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la vida y a la salud; toda vez que, i) El 5 de septiembre de 2022, interpuso solicitud de aclaración, enmienda y complementación respecto al Auto de Vista 586/2022 de 18 de agosto, empero hasta la fecha de formulación de la presente acción de libertad, la Vocal demandada no lo resolvió, procediendo a devolver el legajo de apelación sin adjuntar dichos actuados procesales, lo cual impidió que pueda solicitar la modificación de la medida cautelar al encontrarse incompleto dicho fallo; ii) Por memoriales de 23 de septiembre de 2022, presentados ante el Juez demandado solicitó: a) Orden de salida por razones de salud para el 23 y 26 de igual mes y año, empero pese a que la misma fue aceptada se le notificó a destiempo; es decir, cuando habría vencido el horario para el cual estaba programada su cita médica, ocasionando que su salida no se materialice; y, b) Se emita resolución de conminatoria dirigida al Fiscal Departamental de La Paz para que la representante del Ministerio Público asignada al caso presente su requerimiento conclusivo, en mérito a que transcurrió veintitrés meses desde el inicio de investigación, sin embargo, hasta la data de formulación de esta acción de libertad, no fue atendida, omitiendo de esa forma cumplir con su deber de controlar los plazos procesales; y, iii) Pese a encontrarse delicado de salud conforme al certificado médico de 20 de septiembre de 2022, que fue puesto a conocimiento de la autoridad fiscal demandada, la prenombrada insistió en recabar su declaración informativa por la ampliación de investigación interpuesta por la víctima, cuando en resguardo de sus derechos a la vida y salud debe priorizar su atención y valoración médica, habiéndose dado a la tarea de perseguir al médico particular que le atendió en su domicilio a través de requerimientos y solicitudes innecesarios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a este acápite, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los presupuestos de activación de la acción de libertad cuando se invoca procesamiento indebido, señaló que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (el resaltado nos pertenece). Más adelante, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, realizó una modulación, respecto a la exigencia del segundo requisito referente al absoluto estado de indefensión, mismo que en caso de medidas cautelares de carácter personal no resulta exigible, señalando sobre el particular lo siguiente: “Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa” (las negrillas son nuestras). En ese entendido, de la jurisprudencia desglosada se establece que, para activar una acción de libertad por procesamiento indebido, necesariamente se debe cumplir con los dos presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional, es decir que el acto lesivo sea la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción y que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión, último requisito que no es exigible cuando se trata de medidas cautelares.
Sobre el particular, la SCP 0488/2023-S2 de 6 de junio precisa que: “Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad; y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada, las que a su vez lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’.
A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: ‘…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Siendo exigible igualmente, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, eviten retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, de pedidos vinculados a los derechos a la vida y a la salud; estando dichos derechos también bajo el alcance de la presente acción de defensa, conforme se advirtió en el Fundamento Jurídico anterior, incluso independientemente de una vinculación con la libertad; resultando con mayor obligación, por ende, la resolución pronta y oportuna de solicitudes de los privados de libertad, sobre el particular” (las negrillas nos pertenecen).
Sobre el intitulado, la SCP 0312/2019-S4 de 29 de mayo, citando a su vez la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, refirió que: «“…el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridagd física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud’. En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales”» (énfasis añadido). Ahora bien, en cuanto a la protección del derecho a la salud a través de la presente acción de defensa, la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, en lo pertinente señaló: “Inicialmente conviene remarcar que uno de los fines del Estado, es garantizar el bienestar las personas, lo que se traduce en el reconocimiento del derecho no sólo a la vida sino también a la salud, pues el vivir bien no sólo supone reparar en que la vida es consustancial al hombre y la naturaleza que debe resguardarse la salud de las personas de modo que ésta no ponga en riesgo la vida. De un modo general, en el ámbito de los instrumentos internaciones sobre derechos humanos, el art. 3 de la Declaración de Derechos Humanos, establece que: ‘Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona’, concordante con el art. 25.I, que prescribe: ‘Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…’. Con relación al derecho a la salud, y sin que éste sea objeto de protección directa por la vía de la acción de libertad, salvo que este derecho esté vinculado con el peligro de muerte o riesgo de vida, corresponde también señalar que el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’, suscrito por Bolivia el 17 de noviembre de 1988, ratificado por Ley 3293 de 12 de diciembre de 2005, dispone en el art. 10 que: ‘1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad’”.
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la vida y a la salud, refiriendo en lo esencial que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica: 1) El 5 de septiembre de 2022, interpuso solicitud de aclaración, enmienda y complementación respecto al Auto de Vista 586/2022 de 18 de agosto, empero hasta la fecha de formulación de la presente acción de libertad, la Vocal demandada no lo resolvió, procediendo a devolver el legajo de apelación sin adjuntar dichos actuados procesales, lo cual impidió que pueda solicitar la modificación de la medida cautelar al encontrarse incompleto dicho fallo; 2) Por memoriales de 23 de septiembre de 2022 presentados ante el Juez demandado solicitó: i) Orden de salida por razones de salud para el 26 de igual mes y año, empero pese a que la misma fue aceptada se le notificó a destiempo; es decir, cuando habría vencido el horario para el cual estaba programada su cita médica, ocasionando que su salida no se materialice; y, ii) Se emita resolución de conminatoria dirigida al Fiscal Departamental de La Paz para que la representante del Ministerio Público asignada al caso presente su requerimiento conclusivo, en mérito a que transcurrió veintitrés meses desde el inicio de investigación, sin embargo, hasta la data de formulación de esta acción de libertad, no fue atendida, omitiendo de esa forma cumplir con su deber de controlar los plazos procesales; y, 3) Pese a encontrarse delicado de salud conforme al certificado médico de 20 de septiembre de 2022 que fue puesto a conocimiento de la autoridad fiscal demandada, la prenombrada insistió en recabar su declaración informativa por la ampliación de investigación interpuesta por la víctima, cuando en resguardo de sus derechos a la vida y salud debe priorizar su atención y valoración médica, habiéndose dado a la tarea de perseguir al médico particular que le atendió en su domicilio a través de requerimientos y solicitudes innecesarios. En ese entendido, habiéndose identificado que en la presente acción de libertad, se denunciaron problemáticas diferentes relacionadas con la actuación de la Vocal, Juez y autoridad fiscal demandados, corresponde resolver cada una de ellas de forma individual. a) Con relación a la actuación de la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia De la revisión de antecedentes, se colige que dentro de la causa penal descrita precedentemente la Vocal demandada a través del Auto de Vista 586/2022 determinó declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental formulado por Daniela Fernanda Salas Chávez; y, procedente en parte respecto a los agravios expuestos por el peticionante de tutela; por lo que, revocó en parte el Auto Interlocutorio 187/2022 de 9 de junio, emitido por el Juez inferior, disponiendo la detención domiciliaria del imputado sin salida laboral, arraigo, presentación ante el representante del Ministerio Público cada quince días y la fianza económica de Bs15 000.- (Conclusión II.4), en tal sentido, el prenombrado mediante escrito de 5 de septiembre de 2022, solicitó explicación, complementación y enmienda del indicado Auto de Vista (Conclusión II.5), siendo resuelta por la Vocal ahora demandada a través del Auto Complementario de 6 de septiembre de 2022, (Conclusión II.6). Ahora bien, en cuanto a la denuncia referente a que dicha solicitud de explicación, complementación y enmienda no hubiese sido resuelta por la Vocal demandada hasta la data de interposición de la presente acción de libertad, quien además procedió a la devolución del legajo de apelación incidental sin adjuntar dichos actuados procesales, lo cual lesionaría su derecho a la libertad, en virtud a que el Auto de Vista 586/2022 se encontraría incompleto, lo cual impidió a que pueda solicitar la modificación de las medidas cautelares; es pertinente considerar lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta fallo constitucional referente a que no todas las lesiones al debido proceso pueden ser tuteladas vía acción de libertad, sino solo aquellas en las que se cumplan con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional, consistentes en que el acto reclamado se constituya en la causa directa de la restricción de la libertad y que exista absoluto estado de indefensión. Sin embargo, en el asunto de examen dichos presupuestos jurisprudenciales no concurren, dado que, la privación de libertad de locomoción que cumple el impetrante de tutela responde al Auto Interlocutorio 187/2022 que fue confirmado en parte por el Auto de Vista 586/2022 donde se dispuso su detención domiciliaria sin salida laboral (Conclusión II.4); de allí que, la solicitud de explicación, complementación y enmienda, presentada por el prenombrado que conforme al art. 125 del CPP tiene por objeto aclarar los conceptos oscuros, suplir alguna omisión o corregir cualquier error material o de hecho, no puede cambiar el fondo del Auto de Vista 586/2022; es decir, no modificará su situación jurídica, motivo por el que, la supuesta dilación en la resolución de esa solicitud y remisión al Juzgado de origen, no tiene una vinculación directa con la libertad del accionante. Por otra parte, tampoco consta un absoluto estado de indefensión; toda vez que, al contrario, se evidencia que el peticionante de tutela tenía conocimiento en todo momento de la causa penal seguida en su contra; razón por la que, presentó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 187/2022, solicitud de enmienda y complementación del Auto de Vista 586/2022 y los escritos de 8 de septiembre de 2022, a través del cual puso en conocimiento de la autoridad fiscal que se encontraba con detención domiciliaria y no podía asistir al acto convocado; así como los presentados el 21 y 27 de igual mes y año, mediante los cuales pidió a la representante del Ministerio Público suspenda la audiencia de declaración informativa programada por encontrarse delicado de salud, y el formulado ante el Juez demandado el 23 del referido mes y año, pidiendo salida judicial y la emisión de la conminatoria al Fiscal Departamental de La Paz para que se presente el requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria (Conclusiones II.7, II.10, II.13, II.14 y II.17), razones por las cuales, al no cumplirse con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia para que vía acción de libertad se pueda tutelar el procesamiento indebido, corresponde denegar la tutela solicitada. b) Respecto a la actuación del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz Con relación a la denuncia referida por el impetrante de tutela consistente en que habiendo solicitado orden de salida judicial por razones de salud, la respuesta le fue notificada en forma extemporánea; es decir, cuando ya hubiese vencido el horario para el cual pidió la autorización, ocasionando que su salida no se materialice, de la revisión de antecedentes este Tribunal colige que a través de memorial presentado en plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 23 de septiembre de 2022, a horas 10:24, el impetrante de tutela adjuntando copia del certificado médico de 20 de igual mes y año, pidió al Juez demandado autorice su salida con el fin de realizar el correspondiente tratamiento y análisis en la Caja Bancaria Estatal de Salud el “…viernes 23 de septiembre de 2022 y lunes 26 de septiembre de 2022 de hrs 08:00 a.m. en adelante hasta la conclusión de [su] valoración médica…” (sic); el cual, conforme consta del cargo de recepción del Juzgado del cual es titular la autoridad demandada fue remitido por la Gestora de Procesos 2 del mencionado Tribunal, el 23 de septiembre de 2022 a horas 13:07, mereciendo el decreto de la misma fecha por el cual el citado Juez concedió la salida judicial del imputado para que “…se constituya a la CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD para la realización de TRATAMIENTO Y ANÁLISIS MEDICO EL DÍA 23 Y 26 DE SEPTIEMBRE A HORAS 08:00 AM…” ( sic [fs. Conclusión II.14). En ese entendido, este Tribunal observa que el Juez demandado actuó con la debida diligencia al encontrarse el pedido realizado vinculado con el derecho a la salud del imputado, aplicando el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional que determina la obligación que tienen las autoridades judiciales de tramitar con la mayor diligencia posible o dentro de los plazos razonables las peticiones que estén relacionados con el mencionado derecho a la salud; dado que, de los actuados cursantes en el expediente se tiene que por decreto de 26 de septiembre de 2022 se autorizó el permiso para que el prenombrado “…se constituya a la CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD para la realización de TRATAMIENTO Y ANÁLISIS MEDICO EL DÍA 23 Y 26 DE SEPTIEMBRE A HORAS 08:00 AM…” (sic [Conclusión II.15]), providencia que, de acuerdo a lo expresado por el abogado del accionante en la audiencia de garantías, fue puesto a su conocimiento “…el día lunes 26 de septiembre pasado el medio día se nos ha notificado con la autorización para que (…) pueda [salir]…” (sic [las negrillas nos pertenecen]), denotándose de ello que si bien dicha petición fue presentada a destiempo, ya que fue formulada el 23 de septiembre de 2022 -impetrando la orden de salida para ese mismo día y el 26 del indicado mes y año- siendo recibida en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto el 23 de septiembre de 2022 a horas 13:07, se resolvió dentro del plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 132 inc. 2) del CPP, en ese entendido, no se advierte una dilación o demora por la autoridad demandada al momento de tramitar la orden de salida judicial, máxime cuando el Juez demandado en audiencia de garantías informó que esa “…notificaci[ón] que reclama la defensa o la interoperabilidad estos actos también se cargan al sistema y como consecuencia ni bien se atienden estas solicitudes, es de conocimiento de las partes puesto que no [se] encuentra en un centro penitenciario (…) sino con una detención domiciliaria…” (sic [las negrillas son nuestras]); concluyendo que no existió una actitud negligente por parte de la señalada autoridad judicial y por ende no se lesionó el principio de celeridad vinculado con la salud; por lo que, corresponde denegar la tutela. Ahora bien, con referencia a la denuncia consistente en que mediante escrito de 23 de septiembre de 2022, se hubiere solicitado emita resolución de conminatoria dirigida al Fiscal Departamental de La Paz para que la representante del Ministerio Público asignada al caso presente su requerimiento conclusivo, en mérito a que transcurrió veintitrés meses desde el inicio de investigación, empero, hasta la data de formulación de esta acción de libertad, no fue atendida, omitiendo de esa forma cumplir con su deber de controlar los plazos procesales; es pertinente puntualizar que el Tribunal Constitucional al resolver un caso con similar problemática a la expuesta ahora en revisión a través de la SC 1257/2003-R de 28 de agosto, razonó que: “Conforme lo expresado en la SC 1036/2002-R, el proceso penal comienza con la notificación al sindicado con la imputación formal realizada por el Fiscal. De modo tal que en el caso de autos, existe un proceso penal iniciado contra el representado del recurrente; sin embargo, las presuntas irregularidades que según el actor se habrían cometido en dicho proceso -tales como el supuesto vencimiento de los seis meses de la etapa preparatoria sin que exista requerimiento conclusivo, la falta de conminatoria de la Jueza para que el Fiscal presente el mismo, y la designación de un abogado defensor de oficio sin declaratoria de rebeldía previa- no son las que han motivado la detención preventiva de Rodolfo Sánchez Muñoz…” (las negrillas son nuestras). Por consiguiente, se concluye que al no estar vinculado en forma directa con la libertad el reclamo realizado por el impetrante de tutela relacionado a la presunta falta de respuesta al memorial presentado el 23 de septiembre de 2022, por el cual pidió al Juez de la causa, la emisión de la conminatoria dirigida al Fiscal Departamental de La Paz, así como la inobservancia de sus deberes de contralor de garantías constitucionales, este Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido de pronunciarse al respecto, en virtud a que esas probables irregularidades procesales denunciadas no son la causa directa para la restricción de la libertad del accionante, habiéndose evidenciado que el mismo se encuentra con detención domiciliaria a consecuencia del Auto Interlocutorio 187/2022 que fue confirmado en parte por el Auto de Vista 586/2022, además que tampoco se encuentra en absoluto estado de indefensión por las razones expuestas líneas arriba. Con base en lo expuesto se colige que no se cumplen con los presupuestos procesales previstos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo para que la justicia constitucional revise el procesamiento indebido a través de la acción de libertad, correspondiendo denegar la misma. c) Respecto a la actuación de la Fiscal de Materia demandada Sobre el particular, es pertinente enfatizar que en denuncias relacionadas con la lesión del derecho a la vida, se puede realizar una abstracción del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, en razón al carácter primario y básico del derecho a la vida, cuyo goce es un prerrequisito para disfrutar de los demás derechos, conllevando a que el mismo sea resguardado ante un peligro real; consiguientemente, en el caso en revisión no se puede exigir al impetrante de tutela que acuda con carácter previo ante el juez que ejerce el control jurisdiccional denunciando los hechos que ahora se cuestionan. Asimismo, con relación al derecho a la salud, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, determinó que no puede ser protegido de manera autónoma a través de esta acción de defensa, solo procediendo su tutela cuando tenga relación directa con la posible afectación del derecho a la vida, por ende, corresponde a la jurisdicción constitucional establecer si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida, por cuanto su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción de defensa. En ese entendido, de los antecedentes aparejados al proceso se colige que el 17 de agosto de 2022, la Fiscal de Materia demandada solicitó al Juez de la causa la ampliación de investigación por nuevos hechos contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de violencia economía y patrimonial tipificados en los arts. 250 bis y 250 ter del CP, a cuyo efecto emitió la orden de citación para que el prenombrado preste su declaración informativa el 9 de septiembre de igual año a horas 14:30 (Conclusión II.3) suspendiendo ese actuado procesal debido a que el accionante a través de escrito presentado el 8 del señalado mes y año, hizo conocer que se encuentra con detención domiciliaria, reprogramándolo para el 15 del indicado mes y año (Conclusión II.7), no obstante, dicho acto tampoco se llevó a cabo en razón a que el peticionante de tutela se presentó sin la asistencia de su abogado de confianza, fijándose una nueva fecha para el 21 del mencionado mes y año (Conclusión II.8). Ante esa situación, por escrito de 21 de septiembre de 2022, el accionante puso en conocimiento de la Fiscal de Materia demandada su delicado estado de salud solicitando se suspenda la audiencia programada para lo cual adjuntó certificado médico de 20 del mismo mes y año, emitido por Joseph Antony Gorena Cordero, Médico Cirujano diagnosticándole hernia inguinal reductible e infección del tracto urinario a DC, estableciendo el tratamiento correspondiente y recomendado “…reposo absoluto de 3 a 4 días” (sic [Conclusiones II.9 y II.10]), razón por la que, la autoridad fiscal reprogramó ese actuado para el 27 del citado mes y año a horas 8:30, el cual nuevamente fue reprogramado para el 3 de octubre del mencionado año a desarrollarse en el domicilio del accionante en virtud a que por escrito de 27 de septiembre de idéntico año, el impetrante de tutela solicitó la suspensión de su declaración informativa en razón a que todavía estaba delicado estado (Conclusiones II.17 y II.18). De conformidad a lo expuesto este Tribunal determina que a pesar que el accionante en la demanda tutelar denunció que su vida y salud se encontraría en peligro debido a que pese a su delicado estado de salud la fiscal de materia demandada en lugar de priorizar su atención médica está insistiendo en recabar su declaración informativa, además que se habría dado a la tarea de perseguir al médico que le atendió a través de requerimientos y solicitudes inadecuadas; no obstante, de la documentación cursante en el proceso constitucional consistente en las hojas de referencia de 13 de agosto de 2021, por el cual el médico general de la Caja Bancaria Estatal de Salud trasfirió al impetrante de tutela a las especialidades de Cirugía General y Urología con el objeto de que realice su valoración y conducta, así como la ecografía e informe de ecografía de “ESCROTO Y TESTÍCULOS” de 10 de agosto de 2021 perteneciente al impetrante de tutela (Conclusiones II.1 y II.2), este Tribunal establece que esos documentos no constituyen una prueba objetiva del riesgo al derecho a la vida y salud del prenombrado al ser de data antigua, extremo que fue reconocido por el propio accionante al momento de solicitar la aclaración y complementación de la Resolución emitida por la Jueza de garantías al expresar “…Su autoridad ha confundido al valorar pruebas de años pasados y esa prueba solamente se ha presentado únicamente para demostrar que el señor Andrés La Hera ya tenía antecedentes de temas médicos, no para acreditar que hoy está enfermo…” (sic [énfasis añadido]); más aun cuando ante la falta de certeza respecto al estado de salud actual del impetrante de tutela que fue identificada por la Fiscal demandada en virtud a que únicamente se habría presentado el certificado médico de 20 de septiembre de 2022, sin acompañar ningún estudio complementario y que el accionante “…el 15 de septiembre se constituyó ante el Ministerio Público y (…) físicamente se encontraba estable el Sr. y posteriormente ya aparece con esa enfermedad…” (sic), la aludida demandada en resguardo del derecho a la salud y vida del imputado emitió requerimiento de 21 del mes y año referidos, para que el médico forense de turno del IDIF se constituya en su domicilio ubicado en la av. Velódromo 72 de la zona Koani de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, con el fin de realizar su valoración médica (Conclusión II.11). No obstante, a través de informe de 22 de septiembre de 2022, Tamara Solano Gonzales, Médico Forense del IDIF, puso en conocimiento de la representante del Ministerio Público que se constituyó el 21 del indicado mes y año en el domicilio del accionante con el objeto de realizar la valoración médico forense impetrada; sin embargo, en la puerta de esa vivienda se encontró con Orlando La Hera que se identificó como padre del aludido, a quien luego de explicarle el motivo de su visita, le pidió permiso para ingresar al domicilio, recibiendo como respuesta que “…no está presente abogado de señor Andres La Hera Fuentes. Y solicita que para valoración medica forense, este presente su abogado” (sic [Conclusión II.12]), actuación con la que se genera una duda razonable en este Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la existencia de una situación de emergencia o riesgo inminente en la vida o salud del accionante; toda vez que, en coherencia con los hechos denunciados vía acción de libertad, lo lógico era que el progenitor del impetrante de tutela permita el ingreso de la galena del IDIF para que se practique la valoración médica al imputado, a fin que su hijo reciba la atención y tratamiento médico oportuno en resguardo de su derecho a la vida y salud que ahora reclama. Lo cual aunado a que ante la insistencia de la médico forense del IDIF para ingresar al domicilio y consultar en forma directa al accionante si estaba en desacuerdo con la valoración médica forense o no, el prenombrado ni siquiera la dejó ingresar manifestando que no tenía llaves, extremo que fue transcrito en un acta de igual data, firmando en constancia el mismo, por lo que, con dicha actuación se evidencia que no se trataría de una situación de emergencia y de riesgo, lo cual no puede ser superado pese a que a través del certificado médico de 26 de septiembre de 2022, Joseph Antony Gorena Cordero, Médico Cirujano realizó nueva valoración médica al peticionante de tutela reiterando el mismo diagnóstico de 20 del señalado mes y año, estableciendo el tratamiento correspondiente y recomendado con urgencia valoración por especialidad (Conclusión II.16), elemento probatorio que por las razones descritas anteriormente no permiten asumir la necesaria convicción de que la actuación realizada por la autoridad fiscal para recabar su declaración informativa estaría provocando una posible amenaza del derecho a la vida interrelacionada con el derecho a la salud. Por consiguiente, este Tribunal Constitucional Plurinacional se halla impedido de pronunciarse sobre la problemática denunciada, en razón a que de los elementos probatorios aportados no se pudo determinar la existencia de una situación de emergencia y/o riesgo inminente de los derechos a la vida y salud del accionante, presupuestos que conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico precedente aperturan su tutela vía acción de libertad, correspondiendo denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 81 a 89, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Magistrado Ángel Edson Dávalos Rojas es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0306_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): e7693392d6bf6653d21a56c7e60b2ce7a0397e9d50e6ea06bfa5a1d8853b8354
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