B.IA.LEGAL

SCP 0306/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 17 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
48228-2022-97-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, incorrecta aplicación de la norma y valoración de la prueba; y a los principios de verdad material y legalidad incorrecta aplicación de la norma y valoración de la prueba; y los principios de principios de verdad material y legalidad; toda vez que, los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental –ahora demandados– al emitir el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, desestimaron su demanda agraria de devolución de ganado vacuno al partido o aparcería, por no existir contrato al partido o aparcería por escrito como exigiría el art. 10 de la Ley 80 y su Reglamento, así como el DS 29215, desconociendo el contrato verbal pactado con Nicomedes Flores Suárez –hoy tercero interesado– pese a la confesión espontánea y provocada de éste, respecto de la existencia del contrato verbal, sin tomar en cuenta el principio de verdad material, y omitiendo de forma absoluta y de manera arbitraria valorar la prueba, basando su decisión solamente en un elemento formal. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 058/2022 de 6 de junio, cursante de fs. 343 a 348, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022 de 18 de marzo; y, se dicte nuevamente resolución resolviendo en su integridad el recurso de casación, conforme a los lineamientos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. El principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0306/2023-S4 Sucre, 17 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 48228-2022-97-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 058/2022 de 6 de junio, cursante de fs. 343 a 348, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Marco Antonio Mostajo Flores contra Ángela Sánchez Panozo y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de abril de 2022, cursante de fs. 1; y, 175 a 181 vta.; el accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Inició un proceso agrario de cumplimiento de contrato y devolución de dos mil quinientas (2500) cabezas de ganado vacuno dadas al partido o en aparcería más su múltiplo por once años de parición, relación contractual verbal efectuada con Nicomedes Flores Suárez –ahora tercero interesado– desde el 3 de agosto de 2007 hasta el 10 de noviembre de 2018, demanda que fue declarada probada en parte por la Jueza Agroambiental de San Borja del departamento de Beni, mediante Sentencia 08/2021 de 3 de noviembre, decisión ante la cual, el perdidoso presentó recurso de casación, resuelto por Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022 de 18 de marzo, el cual determinó casar la Sentencia indicada, declarando en el fondo improbada su demanda de cumplimiento de contrato de devolución de ganado vacuno al partido o aparcería.

La Resolución dictada en recurso de casación, es absolutamente injusta, ilegal y lesiva de derechos, principios y garantías constitucionales; toda vez que, la única explicación extraíble del Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, es que, el contrato al partido o aparcería solo sería posible por escrito, cumpliendo las exigencias, formalidades y requisitos, sin los cuales el mismo no tendría validez; es decir que, según la interpretación y explicación realizada por los Magistrados ahora demandados, un contrato verbal de ese tipo no es posible reconocerlo; por cuanto, de acuerdo a la Ley 80 de 5 de enero de 1961, se exigen formalidades que dan validez a ese tipo de contratos, pese a que se presentaron pruebas concluyentes e irrefutables, incluyendo la propia confesión espontánea y provocada del demandado, respecto de la acreditación de la existencia del contrato verbal, que fue re direccionado en contra de la línea jurisprudencial trazada, negando en consecuencia la tutela jurídica demandada, en razón a la carencia de supuestas formalidades que afectan la validez del contrato, sin tomar en cuenta que, desde la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, rige el principio de verdad material, que emerge de todas las pruebas del proceso. Se advirtió vulneración del debido proceso en su elemento de incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico y valoración probatoria lesiva de los marcos de razonabilidad y equidad; toda vez que, el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, afirmó que la Jueza de instancia no aplicó el art. 10 de la Ley 80, cuyo contenido dispone que: “Los contratos de aparcería ganadera para que surtan efecto legal, deben ser registrados en las Asociaciones, Cooperativas o cámaras Departamentales de Ganadería en las que se registrarán los distintivos a usarse” (sic); no obstante, los registros a los que se refiere dicho artículo, no existen en Bolivia y esto debido a que en el art. 11 de la citada ley, se estableció que el Poder Ejecutivo –ahora Órgano Ejecutivo– reglamentaría la ley, cosa que nunca sucedió hasta el presente, y prueba de ello son los certificados expedidos por la Federación de Ganaderos del Beni y la Asociación de Ganaderos de la Provincia Yacuma Integrada a la Federación de Ganaderos del Beni y Pando Afiliada a la Confederación Interamericana que acreditan dicho extremo, de manera que no se puede condicionar para la validez de un contrato de aparcería ganadera, la inscripción en un registro que no existe; consecuentemente no concurrió la contravención del art. 10 de la Ley 80. Siendo el único argumento para desestimar la demanda, el incumplimiento de esa “supuesta” formalidad contractual; empero, no se consideró que el demandado, en la contestación a la demanda, en su confesión provocada y en general a lo largo de todo el proceso, nunca negó la existencia de tal contrato verbal, oponiéndose solo a la cantidad de ganado que exige sea devuelto; contraviniendo los presupuestos jurisprudenciales trazados por los propios Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental demandados. En ese orden se tiene que, en el memorial de contestación a la demanda se evidenció que el demandado formuló una confesión judicial espontánea al tenor del art. 157.III del Código Procesal Civil (CPC), a tiempo de reconocer que recibió ganado al partido, pero solo en la cantidad de mil setecientos cuarenta y dos (1742) cabezas, confesión judicial espontánea que al tenor del art. 156 del adjetivo civil, tiene los alcances de veracidad de lo declarado y los efectos de plena prueba establecidos en el art. 162.II del CPC, quedando plenamente probada la relación contractual verbal sobre ganado al partido; y corroborada con el documento de 10 de noviembre de 2018, con el que se probó y acreditó la devolución del contrato verbal de ganado al partido en la cantidad de 1742 cabezas por Nicomedes Flores Suárez; es decir que, la Jueza a quo en su Sentencia, valoró la prueba tanto de cargo como de descargo de manera integral, no existiendo por ello lesión en esa Resolución de normas legales adjetivas, sustantivas y constitucionales. El allanamiento parcial a la demanda por parte del hoy tercero interesado, tiene los alcances previstos en los arts. 127.II y 162.II ambos del CPC; es decir que, se tiene probado en el proceso agroambiental la existencia del contrato verbal de ganado al partido, pero solo en la cantidad de 1742 cabezas de ganado según Sentencia, de manera que al haber omitido voluntariamente los ahora demandados la valoración de esas pruebas, lesionaron la norma sustantiva y adjetiva civil como también la Constitución Política del Estado; toda vez que, no entraron a valorar la prueba de la confesión en la contestación a la demanda como la producida en juicio, corrompiéndose la realidad y verdad material, mediante una indebida interpretación y aplicación del art. 10 de la Ley 80 y de la Disposición Final Vigésimo Primera del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 –Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria, Ley 35465 de 28 de noviembre de 2006–, que establece que, el contrato de aparcería sobre propiedades agrarias debe ser acreditado por contrato escrito, en el que deben establecerse mínimamente las partes, el derecho propietario, el objeto, la individualización del predio, el plazo y la distribución del producto, quedando claro que el contrato de aparcería regulado por el Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) –Ley 1715 de 18 de octubre de 1996– es sobre el uso del suelo y no sobre ganado bovino, de manera que al no estar regulados los contratos de aparcería de ganado bovino y otros por la Disposición Final Vigésima Primera del Reglamento de la Ley 1715, esta normativa no puede ser aplicada al contrato de aparcería de ganado vacuno que tiene sus propias peculiaridades por costumbres ancestrales en el departamento de Beni, como que el mismo puede ser verbal o escrito y siempre con un mínimo de cinco años de duración, prescindiendo por esta razón legal de realizar valoración de las previsiones contenidas en el DS 29215 al contrato al partido, aplicándose las reglas del Código Civil. Señalo que, la norma descrita precedentemente que, en definitiva tiene relación con el art. 10 de la Ley 80, fue utilizada de manera innoble a la sana administración de justicia y al principio de legalidad para justificar la resolución impugnada; puesto que, la exigencia de contrato escrito, por parte de los Magistrados demandados, como única fuente de derechos, obligaciones y deberes entre las personas, sin duda corresponde a tiempos pretéritos, en los cuales las formas valían más que los derechos en sí mismos, pues se consideraba más importantes las formalidades que la verdad material; sin embargo, al presente, los juzgadores no están limitados por formalidades y rigurosidades para hacer justicia. Finalmente, refirió que, el art. 10 de la Ley 80 y la Disposición Final Vigésimo Primera del DS 29215, que aparentan exigir contrato escrito para el contrato de aparcería, deben ser comprendidos como no excluyentes de la demostración del contrato por otras vías, como la confesión, ya que sin duda la confesión ofrece la auténtica e indiscutible verdad material; empero, la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, mediante Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, omitió de forma absoluta y de manera arbitraria valorar la misma, basando su decisión solamente en un elemento formal, sin analizar ni valorar adecuadamente la prueba existente en el proceso, lesionando con ello el debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, a la incorrecta aplicación de la norma y valoración de la prueba; y a los principios de verdad material y legalidad, citando al efecto los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, y se dicte nuevamente resolución al recurso de casación, efectuando una interpretación constitucional de las normas aplicables, así como, valorando correcta y congruentemente las pruebas ofrecidas y la confesión del demandado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 6 de 2mayo” –siendo lo correcto junio– de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 314 a 342, presentes el solicitante de tutela, los demandados y el tercero interesado, todos asistidos de sus abogados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los extremos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; y ampliando el mismo, añadió que: a) La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental en el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 088/2021, dictado anteriormente, reconoció implícita y tácitamente la posibilidad de existencia y validez de un contrato verbal de aparcería ganadera, supeditando su existencia a la valoración que realizó la Jueza a quo del recibo de 10 de noviembre de 2018, existiendo en consecuencia contradicción con el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, objeto de la presente acción tutelar; b) La valoración de la prueba respecto a un recibo, permitió establecer en el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 088/2021, la existencia del contrato verbal; por lo que, solamente tenía que haberse acreditado la cantidad de ganado que recibió Nicomedes Flores a Suárez y la que tendría que haber sido devuelta; c) Los contratos agrarios, ahora denominado agroambientales, contemplan características muy especiales que los distinguen de los contratos civiles, que cuentan y se encuentran regulados por el Código Civil, mismos que son aplicados en materia agroambiental pero con las connotaciones y distinciones propias de la materia, debiéndose distinguir los contratos de aparcería agrarios y los contratos de aparcería ganaderos mismos que tienen elementos comunes y específicos previstos en la normativa especializada y deben cumplir con las características previstas en la Disposición Final Primera del DS 29215; d) Los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, hoy demandados, conocieron y resolvieron una acción agroambiental concerniente al cumplimiento de un contrato de aparcería ganadera celebrada de manera verbal entre el demandante y el demandado, debiendo hacer hincapié en relación a ello, que los contratos de aparcería ganadera están regulados y normados por el art. 80 de la Ley 80; y el DS 28303 de 26 de agosto de 2005, que lo reglamenta; e) La ley especial no exige como requisito de validez legal que los contratos de aparcería ganadera sean celebrados por escrito, al igual que el DS 28303, en ninguna parte de su texto legal contempla esa exigencia; consiguientemente, un contrato de aparcería ganadera celebrado verbalmente tendría toda validez legal conforme lo disponen los arts. 492 y 493 del Código Civil (CC); f) La exigencia de que un contrato de aparcería ganadera deba materializarse por escrito, es una formalidad que no puede ser establecida sino por la ley; g) El DS 29215 de manera clara y precisa señala que los contratos de arrendamiento y aparcería deben ser acreditados mediante contrato escrito, lo que demuestra que lo establecido en los arts. 492 y 493 del CC, en relación con art. 14.IV de la CPE, no queda en una expresión o solamente declaración lírica sin ninguna eficacia jurídica, ya que en los contratos de aparcería agrícola, la ley impone que dichos contratos deben celebrarse o acreditarse por escrito para que tengan validez; sin embargo, esta exigencia de validez no estaría establecida en ninguna ley ni Decreto Supremo; h) Los Magistrados hoy demandados, al casar la Sentencia 08/2021, dispusieron que todo contrato de aparcería ganadera sometido a control jurisdiccional debe necesariamente estar constituido en documento escrito; siendo que, esta exigencia o formalidad no se encuentra prevista en ninguna norma, lo que demostraría de manera irrefutable que el Auto hoy cuestionado resulta ser manifiestamente contrario a la ley respecto de los arts. 452, 453, 492 y 493 del CC, en relación a lo dispuesto con la Ley 80 y DS 29215; e, i) En ninguna parte del Auto observado ni en el informe presentado por los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental hoy demandados, se han referido a la confesión espontánea del ahora tercero interesado.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ángela Sánchez Panozo y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, mediante informe escrito presentado el 1 de junio de 2022, cursante de fs. 307 a 312, y en audiencia, a través de su abogado, refirieron lo siguiente: 1) En el aludido Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, se concluyó que la obligación establecida en el documento base, fue pactada de forma verbal y que dicho documento estaría acreditado por declaración jurada de 1 de febrero de 2019 y la Escritura Pública 14/2019 de 25 de febrero, ambas sobre declaración voluntaria prestadas por el tercero interesado Guido Galindo Portales, quien sostuvo la entrega del hato de ganado consistente en 2500 cabezas a Nicomedes Flores Suárez, por encargo del ahora accionante José Marco Antonio Mostajo Flores; no obstante, que los contratos de aparcería ganadera sometidos a control jurisdiccional agroambiental, deben estar necesariamente constituidos por documento escrito de conformidad a lo establecido en el art. 10 de la Ley 80 y su Reglamento; 2) El solicitante de tutela no acreditó los presupuestos requeridos para que la justicia constitucional, de manera excepcional ingrese analizar la valoración de la prueba; 3) Respecto de las medidas cautelares dictadas en Sentencia por parte de la autoridad judicial de instancia, el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, estableció que dichas medidas carecen de fundamentación y motivación que expliquen las razones jurídicas por las que se hubiese acreditado la verosimilitud del derecho y el peligro de perjuicio, que necesariamente debió haberse justificado documentalmente, conforme previsión del art. 311.III del CPC, resultando extremas dichas medidas aplicadas, por cuanto no se hubiese considerado que los semovientes al cumplir un ciclo vital se constituyen en bienes fungibles, sobre los cuales no correspondería la aplicación de tales medidas debido a la gravosidad y perjuicio que se podría ocasionar a las partes; 4) El Auto Agroambiental Plurinacional S2a 18/2022, no vulneró derechos fundamentales o garantías constitucionales del hoy impetrante de tutela, quien no demostró en ningún momento, conforme a la normativa aplicable al caso concreto, posible lesión o quebrantamiento al ordenamiento jurídico vigente dentro de la sustanciación del recurso de casación planteado y resuelto con el referido Auto Agroambiental, no siendo posible, por lo tanto, deducir la existencia de argumentos lo suficientemente sólidos y valederos, a efectos de conceder la tutela planteada, más cuando los mismos son reiterativos de los aspectos que fueron y merecieron respuesta en la jurisdicción agroambiental; 5) La Resolución confutada no lesionó en ninguna medida los derechos del accionante; toda vez que, se explicó de manera concreta las razones fácticas, los antecedentes, la exposición de citas legales y el análisis de la aplicabilidad de los mismos al caso concreto, interpretando de manera correcta la normativa legal, no habiéndose demostrado la supuesta vulneración al principio de verdad material y al debido proceso en sus vertientes de incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico e indebida y arbitraria valoración probatoria; 6) La Ley 80, fue evidentemente reglamentada por el DS 28303 –Reglamento de registro único de Marcas, Carimbos o Señales como Medio Probatorio del Derecho Propietario Ganadero–; 7) Materializar el registro de las marcas o distintivos a ser usados en los contratos de aparcería ganadera, no constituye un acto ilegal, al contrario apuntalan el franco respeto del debido proceso en su componente de “aplicación objetiva de la Ley” (sic); no acreditando consiguientemente el solicitante de tutela nexo de causalidad en los extremos planteados, careciendo su caso de relevancia constitucional; y, 8) En el “Otrosí 5º” del memorial de amparo se advierte la mención de la esposa e hijo del demandado, ahora tercero interesado, razón suficiente que amerita recordar que los mismos debieron ser incorporados al presente proceso extraordinario y tutelar, conforme previene la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0150/2014-S3 de 20 de noviembre; siendo que, las personas referidas por el impetrante de tutela se constituyen en terceros con interés legítimo, que no obstante de no estar considerados en el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 18/2022, pero que sin embargo son mencionadas por el propio accionante, en ese sentido a fin de garantizar derechos fundamentales, corresponde incorporar al presente proceso tutelar a los referidos terceros con interés legítimo.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Nicomedes Flores Suárez, a través de su abogado, en audiencia señaló que: i) Durante la tramitación del proceso agrario, las actuaciones principales que se dieron de manera irregular fueron corregidas al casar la Sentencia impugnada en el recurso de casación; ii) Se debe tomar en cuenta la inexistencia de un contrato de aparcería o partido de ganado vacuno dentro de la presente causa; es decir, que el proceso nunca debió ni siquiera iniciarse, ya que de manera totalmente ilegal, la parte demandante, desconociendo tanto la Ley 1715 como el Código Procesal Civil, presentó ante el Juez Agroambiental de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, una demanda agroambiental de cumplimiento de contrato sin que exista un contrato suscrito con el demandante, hoy solicitante de tutela, y sin adjuntar el documento base que acredite dicha pretensión; iii) El Juez Agroambiental de Santa Ana del Yacuma del citado departamento, de manera completamente ilegal y parcializada dispuso en su contra las prohibiciones de innovar y contratar respecto al ganado de su propiedad providencia que además de carecer motivación de motivación, no tenía justificación para esa extrema medida cautelar sin que exista un contrato como fuente generadora de derechos y obligaciones, incumpliendo y violentando, en esta instancia procesal, lo establecido en el art. 79 de la Ley 1715; iv) La pretensión de José Marco Antonio Mostajo Flores, era supuestamente acreditar una obligación de 2500 cabezas de ganado y un incumplimiento de once años, sin observar el requisito establecido en la ley especial; v) Al no existir esta prueba documental de contrato de aparcería de ganado vacuno, se incumple también lo establecido en la Ley 80 y su reglamento establecido por el DS 28303; vi) Debe considerarse que el contrato de aparcería debe entenderse como que una de las partes pone tierra, ganado o árboles; vale decir, bienes o capital, para repartir los beneficios que se obtengan por el trabajo o el cuidado de la otra; vii) En cuanto a la supuesta confesión espontánea y confesión provocada que refiere como único supuesto fundamento de violación de la verdad material en el proceso irregular de cumplimiento de contrato de aparcería o al partido, respondió la demanda negándola en todas sus partes, siendo completamente falso que hubiera realizado una confesión espontánea en la contestación o hubiera confesado una deuda, ya que, tanto en la demanda como en la confesión provocada fue claro al manifestar que no adeuda ni una sola cabeza de ganado ni un solo centavo; viii) No existe confesión provocada alguna, y más bien se acreditó que Marco Mostajo Flores recibió mil ochocientas treinta y seis (1836) cabezas de ganado el 10 de noviembre de 2019, en la propiedad “Malambo”; empero, nunca admitió deuda alguna; ix) No existe un allanamiento a la demanda parcial y total, prueba de ello es que la contestación a la demanda la niega en todas sus partes, es más, los hechos en que se funda la demanda no pueden ser probados por confesión; x) Esa ilusión a la cual hace referencia la parte accionante de existir un contrato verbal, no está determinada en ninguna parte de la legislación boliviana a excepción de la legislación laboral que es la única que prevé que el contrato puede ser verbal y escrito; xi) El Tribunal Agroambiental, en el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, manifiesta que, el recibo de entrega de ganado por sí solo no constituye un documento de crédito o un contrato de aparcería ganadera y por ello mismo no es generador de obligaciones, cuya fuente nace de los contratos; es decir, la fuente de las obligaciones son los contratos y no a la inversa como equivocadamente se valoró en la Sentencia recurrida; xii) La Jueza Agroambiental de San Borja del departamento de Beni, en suplencia legal fijó los puntos de hecho a probar, pero lamentablemente se parcializó completamente con la parte accionante, cambiando los mismos, teniendo en Sentencia como hecho probado la existencia de un contrato verbal de ganado al partido entre José Marco Antonio Mostajo Flores y su persona, cuando primero determinó que se demuestre la existencia de la obligación con un documento base, dando por reconocido un supuesto contrato verbal, así como la cantidad de ganado vacuno entregado por Guido Galindo Portales a Marco Mostajo Flores en la cantidad de 2500 cabezas, situación contradictoria, ya que, el propio accionante demanda 750 cabezas de ganado vacuno más su multiplicación, empero, nunca demandó 2500 cabezas; xiii) Las autoridades del Tribunal Agroambiental no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, ya que aplicaron la Ley 1715 y la norma supletoria del Código Procesal Civil, en cuanto a que, necesariamente toda pretensión agroambiental debe estar mínimamente acompañada de prueba documental, lo cual obviamente en el presente caso no se dio; y, xiv) Las autoridades demandadas valoraron correctamente y de manera fundamentada todas y cada una de las pruebas aportadas en el proceso, con base en la interpretación de las normas especiales y de aplicación supletoria, lo establecido por la Disposición Final Decimoprimera de la Ley 1715 y los Decretos Supremos (DDSS) 29215 y 28303, basando su decisión correctamente en la prueba existente y en la falta de prueba documental de contrato de aparcería o partido de ganado vacuno para poder demandar el cumplimiento del mismo, tratando de confundir a los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental para que con base en una supuesta verdad material se pretenda reconocer un contrato verbal de aparcería o partido de ganado vacuno, el cual no está reconocido por la Ley 1715 ni el Código Procesal Civil que claramente establece la obligación de prueba documental para los procesos de cumplimiento de contrato.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 058/2022 de 6 de junio, cursante de fs. 343 a 348, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, debiendo las autoridades demandadas emitir una nueva resolución, con los siguientes razonamientos: a) El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior; puesto que, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, siendo que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de aplicar las normas de derecho sustancial de cualquier manera; b) Lo que persigue el principio de prevalencia del derecho sustancial es el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la competencia del Juez; c) El art. 180.I de la CPE ha previsto el principio de verdad material a ser aplicado de forma obligatoria por los Jueces en los procesos que conocen y resuelven, como un nuevo paradigma destinado a la realización del valor justicia consagrado en el art. 178 de la CPE; por ello, debe primar el derecho sustantivo y la verdad material que demuestra su existencia frente a las formalidades que como ha dicho la jurisprudencia, corresponde a resabios de la justicia formalista y poco justa e irrespetuosa de la verdad de los hechos; d) En el caso, las autoridades demandadas y tercero interesado, insisten en que conforme al art. 10 de la Ley 80, y su Reglamento DS 28303, los contratos de aparcería ganadera para que surtan efecto legal deben ser registrados en las Asociaciones, Cooperativas o Cámaras Departamentales de Ganadería en las que se registraran los distintivos a usarse; asimismo, que conforme a la Disposición Final Vigésima Primera del DS 29215 en su parágrafo I inciso a), para la validez de los contratos y arrendamientos de aparcería, deberá ser acreditado mediante contrato escrito, en el que se establezcan mínimamente: las partes, el derecho propietario, el objeto, la individualización del predio, el plazo y el canon o la distribución del producto según corresponda, lo que conllevaría, a criterio de ellos, a que uno de los requisitos para la formación de dichos contratos, es que tengan que celebrarse por escrito, criterio que sin embargo, no condice con las normas en la que amparan sus fundamentos, pues de la interpretación gramatical de las mismas se tiene que respecto a la primera, los efectos legales tienen relación únicamente al uso de marcas o distintivos respecto al manejo de ganado por un no propietario de la marca (receptor del ganado), y respecto a la segunda, que la forma escrita está destinada a la acreditación de dicho contrato ante una eventual controversia que se suscitare en la vía administrativa en relación al proceso de saneamiento a objeto de demostrar el cumplimiento de la Función Económico Social (FES); situaciones que sin embargo, además no tienen nada que ver con los requisitos de formación de los contratos de aparcería; e) La forma escrita para demostrar la existencia del contrato de aparcería, únicamente sería exigible en caso de existir controversia sobre su existencia, pero que en el caso de autos no sería exigible, pues conforme lo tiene fundamentado el accionante, existe confesión tanto espontánea como judicial de parte del hoy tercero interesado, en sentido de que entre ambas partes existió un contrato verbal de aparcería, lo cual dentro del proceso agroambiental no fue controvertido y por ende, no ha sido objeto de probanza, es decir que la existencia del contrato nunca estuvo en tela de juicio, ya que la controversia giró únicamente en que si fueron 2500 cabezas de ganado las entregadas por el demandante, o en su caso, solamente 1742 conforme a lo confesado por el demandado en el proceso agroambiental, y prueba de ello es que ninguna de las partes interpuso recurso de casación respecto a la cantidad de cabezas de ganado otorgado en aparcería, estando conformes con el reconocimiento judicial expresado en la Sentencia de Primera Instancia, de que las entregadas en dicha calidad fueron 1742, circunscribiéndose por ello la controversia en alzada, definitivamente a establecer si el multiplico que generó dicho contrato de aparcería, fue dividido o no, en el entendido de que el demandado hoy tercero interesado, argumenta que no hay nada que dividir por cuanto aquello ya fue realizado; consiguientemente, la exigencia de un contrato escrito para acreditar una relación contractual verbal plenamente reconocida por confesión espontánea y judicial, resulta un exceso que va en contra del principio de verdad material; y, f) Las autoridades demandadas, al haber emitido el Auto Agroambiental Plurinacional ahora impugnado, mediante el cual declararon improbada la demanda de cumplimiento de contrato de devolución de ganado vacuno al partido o aparcería, bajo el fundamento de la no existencia de un contrato escrito de aparecería ganadera suscrito entre las partes en conflicto, como lo señala el art. 10 de la Ley 80; y, de la Disposición Final Vigésima Primera del DS 29215, los mismos son requisitos formales para la acreditación del contrato, más no para su formación; por lo que, se vuelven innecesarios cuando ambas partes reconocen la existencia del contrato verbal, como ha ocurrido en el presente caso; puesto que, conforme se evidencia del memorial de contestación a la demanda, el demandado hoy tercero interesado de forma espontánea reconoció la existencia de contrato verbal, volviendo a reconocerlo en la confesión provocada conforme se tiene de antecedentes.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 26 de octubre de 2022 (fs. 360), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 9 de mayo de 2023 (fs. 364); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 11 de junio de 2019, “José Marco Antonio Mostajo Flores” –siendo lo correcto José Marco Antonio Mostajo Flores, ahora solicitante de tutela– en la vía agroambiental, demandó la devolución de ganado vacuno al partido o aparcería en la cantidad de 758 cabezas más su multiplico de once (11) años, en contra de Nicomedes Flores Suárez –ahora tercero interesado– en virtud al contrato verbal al partido por 2500 cabezas de ganado pactado con el prenombrado (fs. 24 a 25 vta.). Admitida que fue por Auto de 25 de mismo mes y año (fs. 26) y corrida en traslado, fue contestada por el demandado, quien refirió no estar de acuerdo con la demanda, ya que el trato de palabra que tuvieron con el impetrante de tutela, fue cumplido a cabalidad, señalando a su vez que no existiría contrato a través de documento suscrito entre las partes que determine la relación contractual (fs. 63 a 66 vta.). II.2. Cursa confesión judicial provocada ofrecida como prueba de cargo de Nicomedes Flores Suárez –ahora tercero interesado– en el que expresamente señaló que: “14.- en ganadería no hay costumbre de hacer documento, es la palabra de los dos” (sic [fs. 83 a 84]).

II.3 Consta Auto Agroambiental Plurinacional S2a 088/2021 de 12

de octubre, dictado en mérito al recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el hoy tercero interesado contra la Sentencia 04/2021 de 9 de julio, emitida por la Jueza Agroambiental de San Borja del departamento de Beni, en suplencia legal de su similar de San Ignacio de Moxos del citado departamento, Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, –hoy demandado– determinaron Anular obrados disponiendo que la Jueza Agroambiental de San Bojar del departamento de Beni, emita una nueva resolución motivada previa evaluación y valoración fundamentada de toda la prueba de manera integral (fs. 86 a 92 vta.).

II.4. El 3 de noviembre de 2021, se dictó la Sentencia 08/2021, a

través de la cual, la Jueza Agroambiental de San Borja del departamento de Beni, en suplencia legal de su similar de San Ignacio de Moxos del departamento de Beni, declaró probada en parte la demanda con relación a la existencia del contrato verbal al partido entre José Marco Antonio Mostajo Flores –accionante– y el ahora tercero interesado, Nicomedes Flores Suárez, sobre 1742 cabezas de ganado vacuno y la entrega de su multiplico de once años de contrato, e improbada la demanda con relación a la devolución de 758 cabezas de ganado con costas y costos (fs. 93 a 101). Resolución recurrida de casación en el fondo y en la forma por el hoy tercero interesado (fs. 102 a 138 vta.). II.5. A través de Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022 de 18 de marzo, Ángela Sánchez Panozo y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental –ahora demandados– dispusieron casar la Sentencia 08/2021, declarando improbada la demanda de devolución de ganado vacuno al partido o aparcería interpuesta por el hoy impetrante de tutela, ante la inexistencia de contrato escrito de aparcería de ganado, con costas y costos; dejando sin efecto las medidas cautelares y sancionando a la Jueza Agroambiental de San Borja del departamento de Beni, por haber incurrido en responsabilidad inexcusable (fs. 139 a 163).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, incorrecta aplicación de la norma y valoración de la prueba; y a los principios de verdad material y legalidad incorrecta aplicación de la norma y valoración de la prueba; y los principios de principios de verdad material y legalidad; toda vez que, los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental –ahora demandados– al emitir el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, desestimaron su demanda agraria de devolución de ganado vacuno al partido o aparcería, por no existir contrato al partido o aparcería por escrito como exigiría el art. 10 de la Ley 80 y su Reglamento, así como el DS 29215, desconociendo el contrato verbal pactado con Nicomedes Flores Suárez –hoy tercero interesado– pese a la confesión espontánea y provocada de éste, respecto de la existencia del contrato verbal, sin tomar en cuenta el principio de verdad material, y omitiendo de forma absoluta y de manera arbitraria valorar la prueba, basando su decisión solamente en un elemento formal. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La motivación, así como la fundamentación entre otros, son elementos que componen el debido proceso, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional y deben ser observados por las y los juzgadores al momento de emitir sus resoluciones; en este sentido, la Sobre esta temática, en la SCP 0461/2019-S4 de 12 de julio, se señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de un fallo tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 752/2002-R y 1369/01-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere’” (las negrillas son nuestras). Asimismo, respecto a la congruencia, la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, estableció que, la misma se entiende como: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…)

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional

Al respecto, la SCP 0841/2017-S2 de 14 de agosto, precisó que: “…efectuando una integración jurisprudencial respecto a la doctrina de las autorestricciones con relación a la valoración probatoria efectuada en sede ordinaria refirió ‘…respecto a la valoración de la prueba: «…la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique: 1) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 2) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…; 3) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final». Entendimientos que mediante la indica Sentencia Constitucional Plurinacional, fueron complementados respecto a la exigencia de revisión de la fundamentación, motivación y congruencia de los fallos judiciales o administrativos, impugnados en instancia constitucional, en los cuales se hubiera incurrido en errónea interpretación de la ley o indebida valoración de la prueba, estableciéndose que: «…en los casos en los cuales se impugnen resoluciones judiciales o administrativas, denunciando la falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o, defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional, se verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las auto restricciones para que esta instancia revise la labor de la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente.

(…) No obstante lo expresado precedentemente, se hace preciso complementar esta doctrina de las auto restricciones, estableciendo que, en los casos en los cuales no se hayan observado y cumplido los presupuestos para que esta jurisdicción ingrese a la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria; de la valoración de la prueba y de la fundamentación, motivación y congruencia vinculada con ambas, y cuando de la revisión de antecedentes se advierta que la lesión a los derechos y garantías fundamentales sea grosera y evidente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, dados los fines propios de la justicia constitucional, traducidos en el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales, podrá en revisión ingresar al análisis de la problemática planteada, aclarándose expresamente que esta, es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional, y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien, en párrafos precedentes, conforme establece la jurisprudencia emanada de esta instancia, se han establecido determinados presupuestos que deben cumplir a objeto de que la jurisdicción constitucional pueda revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, la valoración de la prueba, y la fundamentación, motivación y congruencia»’” (las negrillas nos corresponden).

III.3. El principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo

El art. 180.I de la CPE, establece la verdad material como un principio jurisdiccional que debe ser considerado por el juzgador a tiempo de emitir sus resoluciones; entendimiento que no solo resulta aplicable al ámbito jurisdiccional, siendo extensible a todos aquellos ámbitos en los cuales se emiten resoluciones que afectan derechos subjetivos de la persona o que resuelven recursos en el marco de sus competencias. La SC 0713/2010-R de 26 de julio, precisó el siguiente razonamiento sobre la verdad material: “…abarca la obligación del juzgador, al momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos pertenecen).

A su vez, la SC 0747/2010-R de 2 de agosto, refiriéndose a este principio, indicó: “Empero, siempre partiendo de un equilibrio, debe tenerse en cuenta que dicha autoridad o tribunal de garantías está supeditada al principio de certeza o de verdad material, lo cual implica que para conceder o denegar la tutela, debe partir de la revisión y análisis de los aspectos fácticos, en base a las pruebas objetivas, para luego establecer la norma constitucional, legal o jurisprudencia aplicable, y en definitiva llegar a una determinación no sólo correcta sino justa” (las negrillas son nuestras); así también la SC 1125/2010-R de 27 de agosto, refiere: “El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad fáctica sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de los hechos, sobre el conocimiento de las formas” (las negrillas nos corresponden). En ese mismo sentido, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, señaló que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez” (las negrillas nos pertenecen). Se puede sostener entonces, que la verdad material busca la materialización del valor supremo “justicia”, procurando la realización de la justicia material como objetivo axiológico y último de la razón de ser del sistema judicial en general, el cual incluye no solo a la institucionalidad creada al efecto, sino también de las normas sustantivas que reconocen los derechos y las normas adjetivas destinadas a resolver los conflictos jurídicos suscitados en la sociedad. Por otra parte y complementando lo anteriormente dicho, se tiene al principio de prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo, respecto al cual la SC 0897/2011-R de 6 de junio, estableció el siguiente razonamiento: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de 'verdad material', debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos. En este sentido, debe considerarse que la Constitución Política del Estado, en el art. 9 inc. 4), establece como fines y funciones esenciales del Estado, 'Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución'. En coherencia con dicha norma, el art. 13.I de la CPE, establece que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos. Por otra parte, el art. 196, establece que: 'El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales'. (…) no debe de olvidarse que una de las finalidades de la justicia constitucional es precautelar el respeto y la vigencia de derechos y garantías constitucionales" (las negrillas son nuestras). En este contexto, la aplicación del principio de primacía del derecho sustantivo sobre el adjetivo cobra mayor relevancia en el ámbito constitucional, tomando en cuenta que este Tribunal tiene el deber de velar por la supremacía de la Norma Suprema, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas; por lo cual, a tiempo de emitir sus resoluciones debe buscar siempre la aplicación preferente del derecho material antes que el formal, conforme fue razonado en la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, que establece que el principio de justicia material o verdaderamente eficaz: “se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, a la incorrecta aplicación de la norma, a la valoración de la prueba; y a los principios de verdad material y legalidad; toda vez que, los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental –ahora demandados– al emitir el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022 de 18 de marzo, desestimaron su demanda agraria de devolución de ganado vacuno al partido o aparcería, por no existir contrato al partido o aparcería por escrito que exigiría el art. 10 de la Ley 80 y su Reglamento así como el DS 29215, desconociendo el contrato verbal pactado con Nicomedes Flores Suárez –ahora tercero interesado–, pese a la confesión espontánea y provocada de este, respecto de la existencia del contrato verbal, sin tomar en cuenta el principio de verdad material, y omitiendo de forma absoluta y de manera arbitraria valorar la prueba, basando su decisión solamente en un elemento formal. A efectos de resolver la presente acción de defensa y a fin de dotar de una mejor comprensión de la decisión a ser asumida por los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, es preciso realizar una necesaria contextualización de los antecedentes adjuntos a la demanda constitucional, en ese sentido, conforme a lo desarrollado en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, mediante memorial de 11 de junio de 2019, José Marco Antonio Mostajo Flores – ahora solicitante de tutela– en la vía agraria demandó la devolución de ganado vacuno al partido o aparcería en la cantidad de 756 cabezas más su multiplico, en contra de Nicomedes Flores Suárez –hoy tercero interesado– en virtud a contrato verbal al partido por 2500 cabezas de ganado pactado con el prenombrado; admitida que fue mediante Auto de 25 de junio de 2019 y corrida en traslado, fue contestada por el demandado, quien manifestó no estar de acuerdo con la demanda, ya que el trato de palabra que tuvieron con el impetrante de tutela, fue cumplido a cabalidad, señalando a su vez que no existiría contrato a través de documento suscrito entre las partes que determine la relación contractual.

Así también, de la confesión judicial provocada ofrecida como prueba de cargo del prenombrado, el hoy tercero interesado señaló expresamente que: “…en ganadería no hay costumbre de hacer documento, es la palabra de los dos” (sic). Posteriormente, por Auto Agroambiental Plurinacional S2a 088/2021 de 12 de octubre, dictado en mérito al recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el hoy tercero interesado contra la Sentencia 04/2021 de 9 de julio, emitida por la Jueza Agroambiental de San Borja del departamento de Beni, en suplencia legal de su similar de San Ignacio de Moxos del citado departamento, Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasgido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, –hoy demandado– determinaron Anular obrados, disponiendo que la Jueza a quo pronuncie una nueva resolución motivada previa evaluación y valoración fundamentada de toda la prueba de manera integral; así entonces, el 3 de noviembre de 2021, se dictó la Sentencia 08/2021; a través de la cual, la Jueza Agroambiental de San Borja del departamento del Beni, en suplencia legal de su similar de San Ignacio de Moxos del mismo departamento, declaró probada en parte la demanda con relación a la existencia del contrato verbal al partido entre José Marco Antonio Mostajo Flores –accionante– y el ahora tercero interesado, Nicomedes Flores Suárez, sobre 1742 cabezas de ganado vacuno y la entrega de su multiplico de once años de contrato, e improbada la demanda con relación a la devolución de 758 cabezas de ganado con costas y costos. Resolución recurrida de casación en el fondo y en la forma por el hoy tercero interesado, y resuelto el recurso a través de Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, Ángela Sánchez Panozo y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental –ahora demandados– dispusieron casar la Sentencia 08/2021 declarando improbada la demanda de devolución de ganado vacuno al partido o aparcería interpuesta por el hoy solicitante de tutela, ante la inexistencia de contrato escrito de aparcería de ganado, con costas y costos; dejando sin efecto las medidas cautelares y sancionando a la Jueza Agroambiental de San Borja del departamento de Beni, por haber incurrido en responsabilidad inexcusable. Ahora bien, expuesta como está la problemática, la pretensión del impetrante de tutela en la acción tutelar, es la anulación del Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022; toda vez que, a través del mismo las autoridades demandadas desestimaron su demanda agraria de devolución de ganado vacuno al partido o aparcería por no contar con un contrato escrito de aparcería, sin considerar que el demandado –tercero interesado– reconoció la existencia de un contrato verbal, y que por la falta de dicho aspecto formal se contravendría el art. 10 de la Ley 80 y su Reglamento así como el DS 29215, haciendo inviable su demanda.

Bajo ese orden, atendiendo el problema concreto, es necesario inicialmente señalar que de conformidad con el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, debiendo entenderse a las razones de la determinación contenida en una resolución, exigencia a ser cumplida por las autoridades judiciales o administrativas a tiempo de emitir sus fallos, citando los motivos de hecho y de derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, en la que los motivos sean expuestos de forma concisa y clara, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales ni tampoco ser una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una estructura de forma y de fondo que permita la comprensión de los fundamentos de la decisión asumida. También es pertinente precisar, que la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de revisar la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria; sin embargo, sí puede pronunciarse respecto a dicha labor cuando se evidencie el apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir o cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, conforme así se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta fallo constitucional. Así entonces, bajo el marco jurisprudencial precedentemente demarcado, de la revisión del Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022, se tiene que las autoridades demandadas hacen referencia a que conforme al art. 10 de la Ley 80 y su Reglamento DS 28303, los contratos de aparcería ganadera para que surtan efecto legal deben ser registrados en las Asociaciones, Cooperativas o Cámaras Departamentales de Ganadería en las que se registraran los distintivos a usarse; asimismo, que conforme a la Disposición Final Vigésima Primera del DS 29215 en su parágrafo I inciso. a), para la validez de los contratos y arrendamientos de aparcería, estos deberán ser acreditados mediante contrato escrito, implicando taxativamente que uno de los requisitos para la formación de dichos contratos, es que tengan que celebrarse por escrito. No obstante, los hoy demandados no explican razonadamente por qué el hecho de que al contestar la demanda agraria incoada por el accionante, el hoy tercero interesado reconoció que tuvo un “trato de palabra” con el accionante que “…ha sido cumplido a cabalidad, honrando conforme las características, costumbres…” (sic), y que este extremo resultaría irrelevante en el caso concreto y cuál la razón por la que dicho trato de palabra no tendría validez, considerando que en los contratos de aparcería, una de las partes se compromete a entregar a la otra un inmueble o ganado para su explotación y ésta, a su vez, se compromete a entregar a la otra parte de los frutos obtenidos, es decir, que en realidad busca facilitar el acceso a la tierra, sin necesidad de comprar o pagar una renta por ella, para que los aparceros alcancen un nivel de vida digno y que las tierras que no producen se aprovechen eficientemente, promoviendo además el desarrollo económico. Tampoco se explica en la Resolución confutada, cómo –con precisión– en el caso concreto, se aplican las normas antes mencionadas, siendo que la Ley 80 del Registro Único de Marcas, Carimbos o Señales como medio probatorio del derecho propietario ganadero y su Reglamento (DS 28303), y el DS 29215 que es el Reglamento de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que tiene por objeto “…establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A.) y el régimen de distribución de tierras; garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria” (sic), cuando en realidad la demanda agraria, origen de esta acción de amparo constitucional, pretende la devolución de cabezas de ganado entregados en aparcería; vale decir, que a través de la indicada demanda agraria, en realidad no se cuestiona la existencia de un contrato en sí, sino la cantidad de cabezas de ganado a devolver por aparcería; por lo que, se debió explicar en el contenido del Auto Agroambiental cuestionado, el enfoque dado al mismo en el caso concreto. Sumado a ello, y como ya se dijo líneas arriba, los Magistrados hoy demandados omitieron pronunciarse sobre los antecedentes del caso concreto y sus circunstancias; toda vez que, no consideraron tanto la confesión espontánea que el hoy tercero interesado vierte en su memorial de contestación a la demanda agraria incoada en su contra, haciendo referencia al “trato verbal” efectuado con el accionante y también el reconocimiento de haber recibido las cabezas de ganado en aparcería, como la confesión judicial provocada en la que señala que “…en ganadería no hay costumbre de hacer documento, es la palabra de los dos” (sic); es decir, que a efectos de la demanda agraria en realidad no se cuestiona la existencia de un contrato en sí, sino la cantidad de cabezas de ganado a devolver por aparcería; omisión valorativa que además vulnera el principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, desarrollado en el Fundamento Jurídico II.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, por cuanto el mismo establece que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE; por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente; por lo cual, el principio de justicia material o verdaderamente eficaz se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley, y exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales. De todo lo anteriormente expresado, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1, 2 y 3 del presente fallo constitucional, se advierte que, la exigencia de fundamentación, motivación y valoración de la prueba producida en el proceso agroambiental, no fue cumplida por las autoridades demandadas; toda vez que, no explicaron de manera clara y precisa las razones que sustentan su decisión respecto a haber inferido que la inexistencia de un contrato escrito de aparcería ganadera entre el ahora impetrante de tutela y el tercero interesado, resulta ser un requisito exigible para solicitar el cumplimiento del contrato, lo que dio lugar que ante su inexistencia se declare improbada la demanda de devolución de ganado, siendo que existen antecedentes y confesiones de que se hizo entrega de una cantidad de ganado al partido y aparcería, a través de un contrato verbal que fue reconocido por el entonces demandado como válido entre partes; aspectos que expresamente no fueron considerados en el Auto Agroambiental Plurinacional observado que determinó que la falta de dicho requisito formal, la demanda de devolución de ganado resultaba inviable, generando a todas luces un perjuicio para el accionante, que de acuerdo a los antecedentes sí procedió a la entrega de una cantidad de cabezas de ganado al partido o en aparcería que fueron efectivamente recibidas por el entonces demandado –hoy tercero interesado–. Consiguientemente a criterio de este Tribunal los razonamientos expuestos en el Auto ahora impugnado, resultan ser insuficientes, en virtud a que no se dio una concreta y cabal respuesta que garantice la comprensión de las partes del por qué se tomó aquella decisión, bajo el contexto de que todo fallo debe exponer de forma clara las razones que justifican su determinación, precisando los hechos y su fundamentación jurídica, aplicando no solo sus preceptos, sino observando los principios y valores supremos orientadores de la administración de justicia, alcanzando el convencimiento necesario de que se obró de forma correcta; toda vez que, actuar de manera contraria, constituye vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia, en el presente caso inescindiblemente vinculados a la adecuada valoración de la prueba y a una debida interpretación de la normativa aplicable al caso concreto; correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 058/2022 de 6 de junio, cursante de fs. 343 a 348, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 018/2022 de 18 de marzo; y, se dicte nuevamente resolución resolviendo en su integridad el recurso de casación, conforme a los lineamientos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0306_2023-S4.pdf · páginas 1 a 23.

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