B.IA.LEGAL

SCP 0305/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 9 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
9 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
48745-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante señala la vulneración del derecho a la libertad, debido proceso en lo que respecta a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra fue dispuesta en primera instancia “medidas sustitutivas” a la detención preventiva; sin embargo, de manera irregular dicha determinación fue revocada en alzada por la autoridad ahora demandada, pues: i) No se realizó una notificación efectiva, pues de acuerdo al contenido del acta de audiencia de apelación, se señaló que la misma fue realizada vía WhatsApp al número “6093000”, siendo este inválido pues las líneas cuentan con ocho dígitos; por lo que, desconoce la veracidad de dicho diligenciamiento, pues además conforme la jurisprudencia constitucional, por ese medio solo es aceptable cuando las distancias son considerables, lo que no sucede en el caso; por lo que, no justificaba enviar un simple mensaje de WhatsApp para una audiencia que posiblemente cambiaría su situación jurídica; ii) Se desarrolló la audiencia de apelación sin su presencia ni la de su abogado, lo que le causó indefensión, pues no se respetó el procedimiento contenido en el art. 87 con relación al art. 89 del adjetivo penal, concordante con el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 09/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 109 vta. a 112, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la segunda problemática, referida a la errada tramitación de la audiencia de 21 de diciembre de 2021, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad demandada reponga dicho verificativo en el cual garantice el derecho a la defensa del imputado, salvo que por el transcurso del tiempo su situación jurídica hubiera sido modificada o el proceso hubiera concluido; y, 2º DENEGAR, respecto a las problemáticas primera, tercera y cuarta, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación en el marco de la Ley 1173; así como, respecto a la inasistencia o demora del imputado a la audiencia programada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0305/2024-S4 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48745-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/2022 de 22 de junio de 2022, cursante de fs. 109 vta. a 112, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Néstor Antonio Higa Rodríguez y Romel Leonardo Ipamo Saravia en representación sin mandato de Juan Carlos Cedeñó Catacora contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de junio de 2022, cursante de fs. 1 a 8 vta., el representante del accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y conducción peligrosa de vehículo, en audiencia cautelar presentó documentación que acreditaban familia, domicilio y trabajo; por lo que, el Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de Santa Cruz, dispuso medidas “sustitutivas” a la detención preventiva, y la condición que, en el plazo de treinta días pague la suma de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) de fianza o que dicho monto sea entregado a la persona afectada para cubrir los gastos de su recuperación, determinación que fue apelada tanto por el Ministerio Público como por su persona, en lo que respecta a su parte cuestionó que la tipificación sobre la autoría de los hechos dolosos, no correspondía porque en realidad habría sido un accidente de tránsito, el cual era considerado como un hecho culposo, pues además dentro de las veinticuatro horas del suceso se realizó una prueba de sangre, que probará científicamente que no se encontraba en estado de ebriedad como se pretende hacer creer. Añadió que, durante ese ínterin se acordó con la parte civil vender su vehículo para cumplir con la pretensión de la persona afectada, venta que debió realizarse el 21 de diciembre de 2021, fecha en la que también tenía que llevarse a cabo la audiencia de apelación; por lo que, horas antes debía cumplirse con el pago para presentar el acuerdo transaccional y desistimiento de la acción penal y civil; no obstante, dicha venta no pudo ser realizada porque el abogado de la parte civil habría solicitado la anotación preventiva del vehículo, aspecto que les fue advertido a las 8:30 por los funcionarios de la citada Notaría; por lo que, en el afán de lograr se concrete la negociación acudió a la “Fiscalía los Tusequis” en busca de la autoridad fiscal, a quién no encontró; por lo que, ante los intentos fallidos se hizo presente en el Palacio de Justicia, ya que el verificativo de referencia debía ser celebrado a las 10:00; sin embargo, junto a su abogado –Néstor Antonio Higa Rodríguez– escucharon a Andrés Gandarilla, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que se suspendería la misma y se notificaría con el nuevo señalamiento; procediendo a retirarse para realizar el desgravado del vehículo o conseguir el dinero. Después de constantes contactos y acercamientos, finalmente logró cancelar la suma de $us6 000.- (seis mil dólares americanos) “y muchos otros pagos más” (sic), llegándose a firmar un acuerdo transaccional y el desistimiento del proceso; por lo cual, con su presentación a la Fiscalía asumió que concluiría esa lamentable historia; no obstante, grande fue su sorpresa cuando de manera informal se enteró que la audiencia de apelación fue llevada a cabo, donde de forma ilegal fue revocado el fallo de primera instancia, disponiendo su detención preventiva por el plazo de cinco meses en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, con una serie de actos irregulares, ya que se consignó en el acta que dicho verificativo inició a las 10:00, cuando con su defensa y testigos se retiraron del juzgado a las 10:45, conforme podrá evidenciarse de cámaras. Asimismo aduce, que no se realizó una notificación efectiva; sin embargo, en el acta de audiencia se señaló que fue diligenciada de manera correcta vía WhatsApp al número “6093000”, siendo este inválido pues las líneas cuentan con ocho dígitos, desconociendo la veracidad de dicha notificación; por lo que, la autoridad ahora demandada debió tener presente que no sólo se debe cumplir con las formalidades por un mero compromiso, sino que se tiene que garantizar el debido proceso y la finalidad de dicho acto; máxime, cuando de acuerdo a la SCP 325/2018-S2, la notificación por ese medio solo es aceptable cuando las distancias son considerables, lo que no sucede en el caso, pues su domicilio se halla cercano al Palacio de Justicia dentro del segundo anillo, y su domicilio procesal frente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) central, donde los notificadores realizan sus diligenciamientos sin mayor problema, por lo que no justificaba enviar un simple mensaje de WhastApp para una audiencia que posiblemente cambiaría su situación jurídica. Po otro lado, cuando se encontraba desarrollando el verificativo de referencia, la autoridad fiscal solicitó se declare su rebeldía conforme los arts. 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que denota la importancia de su presencia, por lo que no correspondía haber llevado a cabo dicho acto; no obstante, con falta de entendimiento, abuso de autoridad y actuando de forma ultra petita hizo caso omiso a los solicitado, e ingresando al fondo estableció en el primer considerando de su fallo que, el apelante no hizo mención a las disposiciones legales que fueron vulneradas o erróneamente aplicadas, por cuanto aludiendo a la SCP 0077/2012, que hace referencia a los alcances del art. 398 del CPP, concluyó que sus agravios en torno a la normativa legal, se limitaron a simples enunciaciones sin elemento objetivo para acreditar las mismas. Bajo ese entendido señala que, se suponía que dicha autoridad debía basarse en lo solicitado por la parte presente; es decir, en el pedido de declaratoria de rebeldía y posterior orden de aprehensión “De manera contradictoria contradice dicha solicitud y hace caer en error a la autoridad mencionada al indicar que a pesar de que No se encuentra presente el imputado pero es necesaria su presencia (al solicitar la declaratoria de rebeldía) que se debía continuar con la audiencia” (sic), pese a que también podía imponerse una multa a su abogado por su inasistencia; no obstante, extralimitándose prosiguió con su desarrollo, y determinó “alegremente” su detención preventiva por el plazo de cinco meses, lo que constituye un acto ilegal, pues no respetó el procedimiento contenido en el art. 87 con relación al art. 89 del adjetivo penal, concordante con el art. 113 del mismo cuerpo legal, que establece que las audiencias realizaran con la presencia ininterrumpida de las partes, si el imputado no comparece o se retira deberá librarse mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia; por lo tanto, la autoridad hoy demandada no podía simplemente saltarse el procedimiento a discreción y de forma ultra petita. El fallo emitido por la autoridad demandada contiene un defecto de congruencia, pues lo que considera, pondera y resuelve no tiene coherencia, ya que manifiesta que no se desvirtuó los riesgos procesales contenidos en el art. 234 y 235 del CPP, sin compulsar todas las pruebas que fueron arrimadas, consistentes en certificado de nacimiento de su familia y de su persona, carnet de identidad que indica su domicilio, antecedentes penales, certificado del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y Servicio del Servicio Cívico (CERECI), memorial en que solicitó se realice la prueba de alcoholemia, títulos profesionales de abogado y sociólogo, credencial del colegio de abogados, credencial Registro Público de la Abogacia (RPA), tarjeta personal que acredita la dirección de su oficina, certificado emitido por la Policía a través del cual se le agradece sus servicios de voluntariado y apoyo institucional gratuito, certificado de agradecimiento del Ilustre Colegio de Abogados por sus servicios a la sociedad y acta de la policía “donde indica las mismas direcciones tanto en domicilio o en su oficina así también su profesión de abogado” (sic), olvidando que en una audiencia cautelar la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. Se soslayó su formación profesional como abogado, al indicar que puede influenciar a las personas, y se inobservaron las Sentencias Constitucionales Plurinacional 0056/2014-R, 0185/2018 y 0377/2019-S2 de 14 de junio, mencionadas en audiencia y mismas que establecen que el peligro efectivo debe ser materialmente verificable “no por las circunstancias que es aprehendido debe determinar el peligro de fuga” (sic); asimismo, la aludida autoridad se basó en una simple relación de los hechos sin revisar el acta de audiencia cautelar para hacer una valoración integral del relato de ambas partes y las pruebas de las mismas, donde claramente se hace una explicación de que los hechos no sucedieron como relata el Ministerio Público, siendo el ahora accionante quien solicitó las ambulancias que llegaron al lugar de forma casi inmediata, tampoco se quiso dar a la fuga, sino que atendió desde el primer momento a las personas afectadas, menos se mencionó que presentó memorial solicitando la toma de muestra de sangre, para desvirtuar la falsa acusación que se encontraba en estado de ebriedad. En relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.2 del CPP, desconoció toda una línea jurisprudencial sobre el arraigo, pues realizando una mezcla indebida de los hechos sin hacer una valoración integral del caso, da por hecho que la solicitud formal de la presencia de su abogado para la toma de sangre es un acto de fuga, “aberración” que atenta el principio de verdad material, por otro lado el señalar que su profesión como abogado y sociólogo puede persuadir a las personas de menor grado de formación como son los policías, es un atentado grave de discriminación, ya que por un lado presupone que por ese hecho puede lograr cambiar la forma de pensamiento de cualquier otra persona, emitiendo un juicio de valor injusto y fuera de todo contexto legal; por otro lado también discrimina a las autoridades policiales en relación a su formación haciendo notar que por no tener una formación académica como la suya, cualquier otra persona puede influenciar negativamente en ellos, “suponiendo que todo es Estado Plurinacional se encuentra en indefensión porque según esta autoridad la Policía Nacional No tiene la capacidad mental y académica suficiente para imponer su autoridad” (sic), lo cual resulta ridículo, pues pretende hacer ver que tiene capacidades sobrenaturales no sólo de persuasión sino económicos para de manera insólita abandonar el país, desconociendo que todos esos extremos debieron ser acreditados por el Ministerio Público que tiene la carga de la prueba, por lo que no corresponde lo dispuesto, ya que sin revisar ni compulsar íntegramente el acta de audiencia ni el cuaderno de investigación dio por hecho lo expuesto por sus “inquisidores”, desconociendo su arraigo natural.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato alegó como lesionado su derecho a la libertad, al debido proceso en lo que respecta a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 21.7, 23.I y III de la Constitución Política del Estado (CPP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se disponga la inmediata restitución de su derecho a la libertad, ordenando el cese de su detención preventiva y arraigo, vigentes de manera ilegal y arbitraria, al no existir una debida resolución, ya que ni siquiera se evaluó el acta de audiencia, y con base a presunciones estableció la concurrencia del peligro de obstaculización, desconociendo lo valorado con relación a familia, domicilio y trabajo, que acreditaban su arraigo natural.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 108 a 109, el abogado del impetrante de tutela, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato ratificó los términos de la demanda, y ampliándola señalo: a) Debe considerarse en virtud al principio de verdad material, un memorial de desistimiento de 20 de diciembre – no precisa el año– el cual debía ingresar para ser de conocimiento en esta audiencia, a objeto de que se tenga presente que el mismo fue firmado de forma posterior a la audiencia –no precisa cual– habiéndose cubierto todos los daños, en la suma de $us6 000.- (seis mil dólares americanos) ; b) El acto que lesiona su derecho al debido proceso, es la notificación ilegal que vulnera su derecho a la defensa, porque según el acta de audiencia la Vocal demandada para evitar nulidades, pidió se informe por secretaria los diligenciamientos, informándose que fue notificado vía WhatsApp al “760-9300” faltando un número, por lo que no le llegó la notificación, mérito por el cual no asistió; sin embargo, pese a ello fue llevada a cabo, lo que le causó indefensión, habiendo la autoridad demandada incurrido en “automotivación” arbitraria y ultra petita, ya que el Ministerio Público solicitó sea declarado rebelde, pero sin que nadie se lo pida revocó el fallo primigenio, y dispuso su detención preventiva por el plazo de cinco meses; c) Se soslayó que existe un acuerdo de desistimiento, y que al ser un delito culposo no procede la detención preventiva para el delito endilgado; y, d) Finalizó solicitando se lleve a cabo una nueva audiencia de apelación, debiendo tomarse en cuenta la característica del delito y la existencia de un desistimiento ya que se reparó el daño, habiéndose pagado la suma de referencia.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe ni se apersonó a la audiencia pese a su notificación vía WhatsApp cursante a fs. 41.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 22 de junio, cursante a fs. 109 vta. a 112, concedió la tutela impetrada, disponiendo que la Jueza demandada, emita nueva resolución “es decir que se anula la resolución dictada por la señora vocal, según el acta de fecha martes 21 de diciembre de 2022, previa notificación legal a las partes, así también la parte accionante está en la obligación de dar a conocer en secretaria de la sala su dirección exacta o hasta ubicación donde puede hacer legalmente notificado” (sic); con base en los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada, pese a haber sido legalmente notificada no se hizo presente tampoco remitió ningún informe; y, 2) No se probó que el impetrante de tutela fuera notificado de manera errónea; sin embargo, el art. 87 del CPP, establece que el imputado será declarado rebelde cuando no comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad a lo previsto esa norma, por cuanto la autoridad demandada desarrolló la audiencia cautelar sin tomar en cuenta que si bien en el hipotético caso de haber sido legalmente notificado el accionante y no estar presente, no podía llevar a cabo el verificativo, ya que el régimen de medidas cautelares establece que el imputado debe estar presente en audiencia, y peor aún una audiencia cautelar, ya que no se verificó si fue o no correctamente notificado.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de audiencia de apelación de aplicación de medidas cautelares, desarrollada el 21 de diciembre de 2022, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, compuesta por la Vocal – ahora demandada–, donde fue emitido el Auto de Vista 520 de la misma fecha, a través del cual se declaró admisible y procedente la apelación interpuesta por el Ministerio Público y por la parte civil María Rosario Méndez, en consecuencia se revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 379/21 de 3 de diciembre de 2021, disponiendo su detención preventiva por el plazo de cinco meses (fs. 10 a 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante señala la vulneración del derecho a la libertad, debido proceso en lo que respecta a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra fue dispuesta en primera instancia “medidas sustitutivas” a la detención preventiva; sin embargo, de manera irregular dicha determinación fue revocada en alzada por la autoridad ahora demandada, pues: i) No se realizó una notificación efectiva, pues de acuerdo al contenido del acta de audiencia de apelación, se señaló que la misma fue realizada vía WhatsApp al número “6093000”, siendo este inválido pues las líneas cuentan con ocho dígitos; por lo que, desconoce la veracidad de dicho diligenciamiento, pues además conforme la jurisprudencia constitucional, por ese medio solo es aceptable cuando las distancias son considerables, lo que no sucede en el caso; por lo que, no justificaba enviar un simple mensaje de WhatsApp para una audiencia que posiblemente cambiaría su situación jurídica; ii) Se desarrolló la audiencia de apelación sin su presencia ni la de su abogado, lo que le causó indefensión, pues no se respetó el procedimiento contenido en el art. 87 con relación al art. 89 del adjetivo penal, concordante con el art. 113 del mismo cuerpo legal, que establece que las audiencias realizaran con la presencia ininterrumpida de las partes, si el imputado no comparece o se retira deberá librarse mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia, por lo que la autoridad demandada no podía simplemente saltarse el procedimiento a discreción y de forma ultra petita; iii) El Auto de Vista ahora cuestionado contiene un defecto de congruencia, pues lo que considera, pondera y resuelve no tiene coherencia, ya que manifiesta que no se desvirtuaron los riesgos procesales contenidos en el art. 234 y 235 del CPP, sin compulsar todas las pruebas que fueron arrimadas, consistentes en certificado de nacimiento de su familia y de su persona, carnet de identidad que indica su domicilio, antecedentes penales, certificado del SEGIP y CERECI, memorial que solicitó se realice la prueba del tés de alcoholemia, títulos profesionales de abogado y sociólogo, credencial del colegio de abogados, credencial RPA, tarjeta personal que acredita la dirección de su oficina, certificado emitido por la Policía Boliviana a través del cual se le agradece sus servicios de voluntariado y apoyo institucional gratuito, certificado de agradecimiento del Ilustre Colegio de Abogados por sus servicios a la sociedad y acta de la policía “donde indica las mismas direcciones tanto en domicilio o en su oficina así también su profesión de abogado” (sic); y, iv) En relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.2 del CPP, sin revisar ni compulsar íntegramente el acta de audiencia ni el cuaderno de investigación dio por hecho lo expuesto por sus “inquisidores”, desconociendo su arraigo natural. En consecuencia, corresponde en revisión analizar si lo alegado es evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación en el marco de la Ley 1173; así como, respecto a la inasistencia o demora del imputado a la audiencia programada

La SCP 0525/2023-S4 de 22 de junio, al respecto precisó: ”A partir de la puesta en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 03 de mayo de 2019–, el Código de Procedimiento Penal y las disposiciones conexas al mismo han tenido cambios trascendentales que tienen como finalidad efectivizar la tramitación de las causas penales; en ese contexto, por su pertinencia se debe precisar que uno de los institutos procesales que mereció modificaciones sustanciales, en cuanto a su tramitación, es el referido al régimen de la apelación incidental contra resoluciones concernientes a las medidas cautelares de carácter personal, respecto al que la disposición legal referida en su Disposición Adicional Segunda, modificando el art. 58 de la LOJ, estableció que: ‘II. Las apelaciones de las medidas cautelares de carácter personal (…), serán resueltas por el Vocal de Turno de la Sala a la cual sea sorteada la causa’.

En relación a la ausencia del imputado en la audiencia de apelación a la cesación a la detención preventiva y su derecho a asumir defensa material la SC 1698/2005-R de 19 de diciembre, precisó que: ‘…debe recordarse que el representado impugnó de la resolución que dispuso su detención preventiva, la cual supone que se encuentra detenido; consiguientemente su concurrencia a la audiencia no dependerá de él únicamente sino de la orden que emita el Tribunal ad quem y del cumplimento a dicha orden de parte de los funcionarios del recinto donde se encuentre detenido el imputado, situación que debe considerar dicho Tribunal para celebrar la audiencia y para determinar el rechazo si el apelante no concurriera’.

En esta misma línea jurisprudencial la SC 1234/2006-R de 1 de diciembre, estableció los siguientes aspectos:

‘a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa.

(…)

Al respecto, la SCP 2200/2013 de 16 de diciembre, haciendo referencia a la precitada SC 1234/2006-R, señaló que:

‘Dicho precedente constitucional, más adelante, afirma que cuando el imputado fue legalmente notificado con el decreto de señalamiento de audiencia, y no comparece para su realización, no puede alegar estado de indefensión, porque esta fue provocada por voluntad propia; sin embargo, precisa, que ello no es aplicable a los imputados detenidos en los recintos carcelarios, sosteniendo que ellos merecen un análisis diferenciado por cuanto si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia de apelación, por ende, el ejercicio de su derecho a la defensa material reconocida por el art. 8 del CPP, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, sea o no el apelante’.

La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres con el objeto dinamizar en desarrollo de las audiencias durante la tramitación de todo el proceso penal, en su Disposición Transitoria Décima Tercera determinó que:

‘Dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes a la publicación de la presente Ley, el Tribunal Supremo de Justicia deberá establecer en reglamento las conductas y las medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario, previsto en el Artículo 339 del Código de Procedimiento Penal’.

En ese entendido, el Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento a ese mandato legal el 10 de junio de 2019 emitió el ‘Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal’, en cuyo art. 25 en cuanto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que:

‘I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal. II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente’.

Respecto a la normativa precitada la SCP 0583/2020-S3 de 24 de septiembre, desarrolló el siguiente entendimiento:

‘De la disposición reglamentaria citada, se tiene que el legislador a través del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, instituyó parámetros para el desarrollo de la audiencia de vista y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, estableciendo que ante una situación de inconcurrencia del imputado o acusado a esa actuación procesal pero sí de su abogado defensor, dicho extremo no es causal de suspensión, debiendo el abogado defensor exponer los alegatos correspondientes; sin embargo de aquello, este Tribunal considera pertinente establecer que la disposición de referencia, corresponde ser aplicada en el marco de lo establecido por el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho a la defensa de todo imputado o acusado, derecho que no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también a la defensa material que es una garantía fundamental que se encuentra latente durante todo el cauce procesal, cuyo ejercicio no puede ser coartado al procesado bajo ningún concepto pues una actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración de la citada disposición constitucional y lo dispuesto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual estipula que toda persona inculpada tiene derecho de ‘…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor’.

(…)

Asimismo, en cuanto a la inconcurrencia del abogado de la defensa a la audiencia, este aspecto se halla regulado por el art. 24 del Reglamento señalado anteriormente; es así que, la Oficina Gestora asignará inmediatamente un abogado defensor estatal, en el caso de que el mencionado abogado antes de las cuarenta y ocho horas de tal audiencia haya hecho conocer su inconcurrencia a la misma; sin embargo, cuando no asista a ese acto procesal por caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente, y haya dado a conocer tal impedimento a la citada Oficina Gestora, excepcionalmente se señalara otra audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, garantizando de esta forma el derecho a la defensa técnica del imputado.

Ahora bien, de la jurisprudencia y normativa desarrollada en forma precedente relativo a la incomparecencia o demora del imputado a la audiencia en materia de medidas cautelares y el derecho de asumir su defensa técnica y material, en primera instancia se tiene establecido que en esos casos no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; empero, el mismo si es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse pese a su ausencia; sin embargo, ausente el imputado, es exigible la concurrencia del abogado, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa, en cambio respecto a la situación de los imputados con detención preventiva se llega a la conclusión de que los mismos merecen un análisis distinto, tomando en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia para el ejercicio del derecho a la defensa material, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia programada, sea o no el apelante.

En relación a lo dispuesto por el art. 25.II del ‘Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal’ emitido el 10 de junio de 2019, por el Tribunal Supremo de Justicia; en la cual, se prevé que ante una situación de inconcurrencia del imputado o acusado a las audiencias de recurso de apelación incidental y restringida, pero sí de su defensa técnica, dicho extremo no es causal de suspensión, debiendo el abogado exponer los alegatos correspondientes; al respecto este Tribunal consideró que en el caso de personas con detención preventiva, su concurrencia a un acto procesal –tal como se tiene precisado supra– no depende únicamente de su voluntad, sino está condicionada a la actuación de la autoridad jurisdiccional y administrativa, este último encargado del Centro Penitenciario; por lo que, en una audiencia de apelación de medidas cautelares, si el Tribunal de alzada no ordena su conducción o, pese a existir dicha orden, el director del Centro Penitenciario no lo presenta ante la autoridad que lo solicita, dicha situación no puede surtir efectos procesales en desmedro del propio privado de libertad, pues su inasistencia no obedece a su voluntad sino a la desidia o problemas internos de organización del propio sistema penal.

En ese contexto, en el caso de los privados de libertad, no es pertinente aplicar de manera imperativa y literal lo previsto en el art. 25.II del aludido Reglamento, sino que la autoridad jurisdiccional a fin de no lesionar el derecho a la defensa material del imputado, debe realizar un análisis particular; i) En el caso de los imputados que están en libertad debe verificarse que la ausencia o cierta demora a la audiencia programada, no se debió a una deficiencia y/o negligencia del sistema judicial o penal; y, ii) en caso de los privados de libertad, igualmente se verifique cual el impedimento que generó su inasistencia, si se debe a su negligencia, a motivos de falta de emisión de orden de salida y traslado, o en el caso de audiencias virtuales, si el privado de libertad contaba con el medió informático para acceder a la misma” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante señala la vulneración sus derechos invocados en esta acción tutelar, alegando que en primera instancia fue dispuesta en su contra “medidas sustitutivas” a la detención preventiva; sin embargo, de manera irregular dicha determinación fue revocada en alzada por la autoridad ahora demandada, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) No se realizó una notificación efectiva, pues de acuerdo al contenido del acta de audiencia de apelación, se señaló que la misma fue realizada vía WhatsApp al número “6093000”, siendo éste inválido pues las líneas cuentan con ocho dígitos; por lo que, desconoce la veracidad de dicho diligenciamiento, ya que además conforme la jurisprudencia constitucional, por ese medio solo es aceptable cuando las distancias son considerables, lo que no sucede en el caso, por lo tanto, no justificaba enviar un simple mensaje de WhatsApp para una audiencia que posiblemente cambiaría su situación jurídica; b) Se desarrolló la audiencia de apelación sin su presencia ni la de su abogado, inobservando el procedimiento contenido en el art. 87 con relación al art. 89 del adjetivo penal, concordante con el art. 113.II del mismo cuerpo legal, que establece que las audiencias realizaran con la presencia ininterrumpida de las partes, si el imputado no comparece o se retira deberá librarse mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia, por lo que, la autoridad hoy demandada no podía simplemente saltarse el procedimiento a discreción y de forma ultra petita; c) El Auto de Vista ahora cuestionado contiene un defecto de congruencia, pues lo que considera, pondera y resuelve no tiene coherencia, ya que manifiesta que no se desvirtuaron los riesgos procesales contenidos en el art. 234 y 235 del CPP, sin compulsar todas las pruebas que fueron arrimadas, consistentes en certificado de nacimiento de su familia y de su persona, carnet de identidad que indica su domicilio, antecedentes penales, certificado del SEGIP y CERECI, memorial que solicita se realice la prueba de alcoholemia, títulos profesionales de abogado y sociólogo, credencial del colegio de abogados, credencial RPA, tarjeta personal que acredita la dirección de su oficina, certificado emitido por la Policía a través del cual se le agradece sus servicios de voluntariado y apoyo institucional gratuito, certificado de agradecimiento del Ilustre Colegio de Abogados por sus servicios a la sociedad y acta de la policía “donde indica las mismas direcciones tanto en domicilio o en su oficina así también su profesión de abogado” (sic); y d) En relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.2 del CPP, sin revisar ni compulsar íntegramente el acta de audiencia ni el cuaderno de investigación dio por hecho lo expuesto por sus “inquisidores”, desconociendo su arraigo natural.

En ese contexto, se tiene con relación a la primera problemática, a través de la cual se denuncia que presuntamente no se realizó una notificación efectiva, pues de acuerdo al contenido del acta de audiencia de apelación, se señaló que la misma fue realizada vía WhatsApp al número “6093000”, lo que resulta inválido pues las líneas cuentan con ocho dígitos, por cuanto desconoce la veracidad de dicho diligenciamiento, pues además conforme la jurisprudencia constitucional, por ese medio solo es aceptable cuando las distancias son considerables, lo que no sucede en el caso, por lo que no justificaba enviar un simple mensaje de WhatsApp para una audiencia que posiblemente cambiaría su situación jurídica; al respecto, se evidencia que el accionante actúa con deslealtad procesal, pues de acuerdo al relato expuesto en el memorial de acción de libertad, éste sostuvo que junto con su abogado se hicieron presentes en Palacio de Justicia, el 21 de diciembre de 2021, ya que conocían que debía celebrarse audiencia de apelación a las 10:00, afirmando que escucharon al Secretario de la Sala Penal Segunda, manifestar que se suspendía dicho verificativo y que serían notificados con el nuevo señalamiento, extremo que en virtud al principio de verdad material hace evidente el conocimiento que tenía de que, el referido acto se llevaría a cabo la mencionada fecha a la hora citada; no obstante, dicho aspecto tendrá que ser puesto a conocimiento del Juez de la causa, a través de los mecanismos procesales idóneos a objeto de que sea resuelto conforme a derecho, situación que impide a esta jurisdicción constitucional pueda ingresar al fondo de lo denunciado, correspondiendo por ello sin mayores consideraciones denegar la tutela impetrada. En cuanto al segundo problema jurídico planteado, relativo a que presuntamente se desarrolló la audiencia de apelación sin su presencia ni la de su abogado, causándole indefensión, pues no se respetó el procedimiento contenido en el art. 87 con relación al art. 89 del adjetivo penal, concordante con el art. 113 del mismo cuerpo legal, que establece que las audiencias realizaran con la presencia ininterrumpida de las partes, si el imputado no comparece o se retira deberá librarse mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia, por lo que la autoridad demandada no podía simplemente saltarse el procedimiento a discreción y de forma ultra petita; al respecto, debe tenerse presente que, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, sobre el trámite y resolución del recurso de apelación incidental, estableció la necesidad de desarrollar las audiencias de apelación de medidas cautelares contando siempre con la presencia del imputado y su defensa, agregando que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación incidental propia del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; no obstante, ante la inasistencia de dicho causídico, el Tribunal debe designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio, lo que supone una suspensión excepcional de la audiencia y el señalamiento de otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que éstos preparen su defensa; en ese orden, no está permitido que las autoridades jurisdiccionales en instancias de apelación, desarrollen las audiencias sin la presencia de los abogados defensores. A los efectos de verificar lo alegado, conforme la Conclusión II.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene consignado en el acta de audiencia, lo siguiente: “En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 10:10 a.m. del día Martes Veintiuno (21) de Diciembre del año Dos Mil Veintiuno (2.021) se reunió la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, compuesta por la Presidente VOCAL DE TURNO MSc. ARMINDA MÉNDEZ TERRAZAS (…) a objeto de considerar y resolver el recurso de apelación incidental a la audiencia de aplicación de medidas cautelares interpuesto por la por la parte civil María Rosario Méndez y Ministerio Público contra el Auto Interlocutorio N° 379/21 de fecha 03 de Diciembre del 2.021 dictado por el Juzgado Noveno de Instrucción en lo Penal, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Cedeño Catacora por la presunta comisión del delito de: LESIONES GRAVES Y GRAVÍSIMAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y CONDUCCIÓN PELIGROSA DE VEHÍCULO previsto y sancionado en los Arts. 210 y 261 del C.P. SECRETARIO DE CÁMARA, Abg. Andruw M. Gandarilla Ríos.- Informo a su Autoridad que para el presente acto todas las partes han sido debidamente notificadas. Encontrándose presentes en sala de audiencia el representante del Ministerio Público Dr. Néstor Torres Tapia, la parte civil María Rosario Méndez Surubí asistida de sus abogados defensores Dr. Jhonny Ribera Álvarez y el Dr. Juan Carlos Tolay, NO encontrándose presente la parte imputada Juan Carlos Cedeño Catacora, pese a su legal notificación; es en cuanto informo a su autoridad. PRESIDENTE, MSc. Arminda Méndez Terrazas. Por el informe de Secretaría de Cámara se evidencia que las partes han sido debidamente notificadas, encontrándose presentes en sala de audiencia el representante del Ministerio Público Dr. Néstor Torres Tapia, la parte civil María Rosario Méndez Surubí asistida de sus abogados defensores Dr. Jhonny Ribera Álvarez y el Dr. Juan Carlos Tolay, se tiene también que el imputado Juan Carlos Cedeño Catacora no se encuentra presente en audiencia. Se debe aclarar que este Tribunal apertura su competencia en base al Art. 396 núm. 3) y el Art. 398 del C.P.P. cual establece que los agravios expresados ante este Tribunal deben ser concretos, precisos y claros de la resolución, es decir, del Auto Interlocutorio venido en apelación. Se cede la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie con relación a la inasistencia de la parte imputada a la presente audiencia. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, Dr. Néstor Torres Tapia. -Gracias señora Vocal, del informe del secretario se ha establecido que el imputado ha sido notificado legalmente y ha desobedecido la concurrencia para esta audiencia, entonces el Ministerio Público conforme al Art. 89 del C.P.P., con relación al Art. 87 del C.P.P. pide que se declare la rebeldía del imputado, por inasistencia y haber injustificado la misma a este acto procesal y no siendo un impedimento legal la inasistencia del imputado a esta audiencia, pido se instale la misma a efecto de considerar la apelación del Ministerio Público y parte civil. PRESIDENTE, MSc. Arminda Méndez Terrazas.- Se tiene presente y se cede la palabra a la parte civil para que se pronuncie con relación a la inasistencia de la parte imputada a la presente audiencia. ABOGADO PATROCINANTE DE LA PARTE CIVIL (MARÍA ROSARIO MÉNDEZ SURUBÍ) Dr. Jhonny Ribera Álvarez. - Gracias señora Vocal, de igual manera la parte civil se adhiere a la petición del Ministerio Público y pedimos que ordene lo que corresponde por derecho. PRESIDENTE, MSc. Arminda Méndez Terrazas.- Aclare en cuanto a su solicitud, primero el Ministerio Público pide la rebeldía y luego dice que continuemos con el proceso. ABOGADO PATROCINANTE DE LA PARTE CIVIL (MARÍA ROSARIO MÉNDEZ SURUBÍ) Dr. Juan Carlos Tolay. - Señora Vocal, habiendo sido notificados todos los sujetos procesales, tal cual se ha establecido en el señalamiento de audiencia que este acto procesal se desarrollará aun sin la presencia de las partes, por lo que pido que el mismo se lleve adelante, se instale y se considere la apelación del Ministerio Público y parte civil. PRESIDENTE, MSc. Arminda Méndez Terrazas. Para evitar nulidades, infórmese por secretaría con relación a la notificación de la parte imputada. SECRETARIO DE CÁMARA, Abg. Andruw M. Gandarilla Ríos. Se informa a su autoridad que conforme cursa el formulario de notificación, se procedió a notificar al señor Juan Carlos Cedeño Catacora que está en el presente proceso en calidad de imputado, a su número de teléfono Nº 6093000. PRESIDENTE, MSc. Arminda Méndez Terrazas.- Se tiene presente e informe el oficial de diligencia con relación a la notificación realizada al imputado, si la misma fue realizada al imputado de manera persona o si fue realizada a su abogado. OFICIAL DE DILIGENCIA.- Se informa a su autoridad, que la notificación al imputado fue notificado de manera personal a su número de whatsapp del señor Juan Cedeño Catacora que es el numero Nº 6093000, también a su abogado que lo representa el Dr. Ronald Chávez Fernández, el cual acepta la notificación. PRESIDENTE, MSc. Arminda Méndez Terrazas. Se tiene presente el informe del oficial de diligencia, se tiene que el imputado fue notificado de manera personal, si no está presente es porque no está dando respuesta a la autoridad, así también su abogado, este informe no impide que se continúe con la audiencia, toda vez que se cumplió con la publicidad de este acto procesal, en ese sentido se instala la presente audiencia y se cede la palabra al representante del Ministerio Público apelante para que fundamente su recurso de apelación” (sic). Bajo estos antecedentes es posible colegir que, la Vocal ahora demandada emitió el Auto de Vista 520 de 21 de diciembre de 2021, que revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 379/21, resolución de primera instancia, utilizando como argumento central para instalar la audiencia y proseguir con su consecución, que el imputado hoy accionante fue notificado de manera personal, “si no está presente es porque no está dando respuesta a la autoridad, así también su abogado”, situación en que aclaró que no resultaba un impedimento al haberse cumplido con la publicidad de dicho acto procesal; por lo que, cedió la palabra al representante del Ministerio Público para que fundamente su recurso de apelación; en ese contexto, si bien el impetrante de tutela refiere que en la fecha señalada se encontraba junto con su defensa técnica esperando inicie dicho verificativo, “escucharon” al Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, manifestar que se suspendía el mismo y se notificaría con el nuevo señalamiento, por lo que procedieron a retirarse a las 10:45; no obstante, el acta de audiencia reflejaba que dicha audiencia fue instalada a las 10:00; al respecto, si bien no se tiene mayor elemento probatorio para ingresar a dilucidar los aspectos esgrimidos, no puede perderse de vista que el punto principal de la denuncia traída a materia, se enfoca en el procedimiento aplicado por la autoridad demandada. En ese contexto, es evidente que dicha autoridad pese a que advirtió que tanto el imputado hoy accionante como su abogado defensor no se encontraban presentes en audiencia de apelación de medida cautelar, prosiguió con el desarrollo de la misma, en plena inobservancia al precedente jurisprudencial referido, que estableció que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación incidental propia del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; no obstante, ante la ausencia de dicho causídico, el Tribunal debe designar un defensor estatal o uno de oficio, para garantizar su derecho a la defensa técnica, no siendo permisible que se desarrolle dicho acto sin la presencia del abogado defensor; no obstante, la actuación desplegada por la autoridad ahora demandada hace evidente la vulneración del derecho a la defensa vinculado a la libertad del impetrante de tutela, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto el acta de audiencia de 21 de diciembre de 2021 y por ende, el Auto de Vista 520 de la misma fecha, debiendo la autoridad demandada reponer dicho acto tomando como directrices los lineamientos esgrimidos en el presente fallo constitucional, salvo que por el transcurso del tiempo su situación jurídica hubiera sido modificada o el proceso hubiera concluido. Con relación a las problemáticas tercera y cuarta, no corresponde su tratamiento debido a la forma de resolución del punto anterior. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque en otros términos obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 09/2022 de 22 de junio, cursante de fs. 109 vta. a 112, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la segunda problemática, referida a la errada tramitación de la audiencia de 21 de diciembre de 2021, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad demandada reponga dicho verificativo en el cual garantice el derecho a la defensa del imputado, salvo que por el transcurso del tiempo su situación jurídica hubiera sido modificada o el proceso hubiera concluido; y, 2º DENEGAR, respecto a las problemáticas primera, tercera y cuarta, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0305_2024-S4.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8c65e1eec600932fcf2d259ccfa12de46e5a7236e91b390e50faf0ce97b7f3dc

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