B.IA.LEGAL

SCP 0305/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
44553-2022-90-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante por intermedio de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la vida y a la integridad física; en virtud a que, la autoridad judicial demandada: i) El 24 de noviembre de 2021, se constituyó en su vivienda para efectuar la inspección judicial sin las medidas de bioseguridad necesarias, la cual al no encontrarse en su domicilio, fue suspendida para el 3 de diciembre del mismo año a las 14:30, sin ordenar medidas de bioseguridad que es un imperativo para la autoridad judicial debido a la propagación y contagio por el COVID-19 y sin considerar que se encuentra fuera de la ciudad; y, ii) Por Auto 578/2021, designó como su tutor interino a Rosendo Ernesto Barbery Paz, sin conocer ni haber inspeccionado la situación actual de los cuidados que recibe en razón a su edad, dando por hecho y declarando su interdicción, aplicando erróneamente el art. 38 de la Ley 223. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 5 de diciembre de 2021, cursante de fs. 925 a 931 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Requisito de tutela del derecho a la vida mediante la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0305/2023-S4 Sucre, 17 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 44553-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 5 de diciembre de 2021, cursante de fs. 925 a 931 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Winter Rómulo Hinojosa Téllez en representación sin mandato de Nelly Paz Vda. de Barbery contra Coralí Silvia Raquel Cuéllar Rodríguez de López, Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 4 de diciembre de 2021, cursantes de fs. 21 a 27 vta.; la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso judicial de declaratoria de interdicción seguido en su contra y otros por Diego Barbery Coca; Coralí Silvia Raquel Cuéllar Rodríguez de López, Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Santa Cruz –hoy demandada–, el 10 de noviembre de 2021, por Auto 533/2021, dispuso la realización de la inspección judicial a su vivienda para el 24 del indicado mes y año, a objeto de que la mencionada Jueza pueda conocer la situación actual de los cuidados que recibe acorde a una vejez digna con calidad y calidez humana. Empero, el 24 de noviembre de 2021, su abogado presentó memorial ante la citada autoridad; por el cual, le dio a conocer que no pudo comunicarse con su patrocinada Ana Karen Barbery Paz, para informarle sobre la referida audiencia de inspección judicial y que ella se encontraba fuera de la ciudad por motivo de viaje con toda su familia incluyendo su persona (Nelly Paz Vda. de Barbery), que fue llevada por razones del “paro organizado” y por precautelar su salud y su integridad física, considerando que ella es una persona adulta mayor. Sin embargo de ello, el 24 de noviembre de 2021, la autoridad jurisdiccional sin las medidas de bioseguridad necesarias, se constituyó en su vivienda para efectuar la inspección judicial, la misma que no pudo llevarse a cabo al no encontrase en su domicilio; por lo que, la Jueza de la causa dispuso la suspensión del citado acto procesal, señalando nueva audiencia para el 3 de diciembre del mismo año a las 14:30, sin considerar que se encontraba fuera de la ciudad y sin ordenar medidas de bioseguridad que es un imperativo para la autoridad judicial debido a la propagación y contagio por el COVID-19. Asimismo, el 29 de noviembre de 2021, la indicada Jueza, emitió el Auto 578/2021; por el que, designó como su tutor interino a Rosendo Ernesto Barbery Paz, sin conocer ni haber inspeccionado la situación actual de los cuidados que recibe en razón a su edad, dando por hecho y declarando su interdicción, aplicando erróneamente el art. 38 de la Ley General para Personas con Discapacidad –Ley 223 de 2 de marzo de 2012–, cuando el objeto de la inspección y del proceso judicial de origen, es precisamente para establecer si existe la incapacidad o no, dejando en evidencia de esta manera, el indebido procesamiento al determinar la incapacidad previa a la sentencia, con la agravante de no conocer, ni haber inspeccionado judicialmente la situación actual del cuidado que recibe.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante a través su representante sin mandato, señaló como lesionados sus derechos a la vida y a la integridad física; citando al efecto los arts. 15.I y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, disponiendo la nulidad del Acta de 24 de noviembre de 2021; así como, del Auto 578/2021 de 29 de noviembre, ordenando a la autoridad demandada, abstenerse de realizar la inspección judicial sin normas de bioseguridad necesarias y respetando los derechos fundamentales dentro del proceso judicial.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 5 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 920 a 925, presente el accionante, los terceros intervinientes Luis Fernando, Ronelo Felipe y Ana Karen, todos Barbery Paz; y en ausencia de la autoridad demandada y de la tercera interviniente María Elena Osinaga Martínez, Directora de Género y Generacional del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo del departamento de Santa Cruz; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela, ratificó in extenso los argumentos expuestos en la presente acción de defensa, y ampliándolo, señaló que, para la designación de un tutor interino, necesariamente se deben cumplir con ciertos requisitos, pero la autoridad judicial no tomó en cuenta los mismos ni las formalidades como ser que la persona que vaya ser designada como tutor, acredite una buena conducta moral con relación a su estado de salud, que no tenga antecedentes de consumo de drogas y principalmente que no cuente con antecedentes policiales, pero no se demostró si existe proceso judicial o proceso que tenga vinculación de deuda con el Estado; por lo que, la ausencia de todas estas formalidades, permiten establecer que se generó una vulneración flagrante al quitarse la tutela voluntaria que hace más de ocho años tiene Ana Karen Barbery Paz.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Coralí Silvia Raquel Cuéllar Rodríguez de López, Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 5 de diciembre de 2021, cursante de fs. 918 a 919, manifestó lo siguiente: a) Diego Barbery Coca (nieto de la accionante), en noviembre de 2020, interpuso demanda para la declaración de interdicción de Nelly Paz Vda. de Barbery, quien contaría con una edad aproximada de noventa años, mencionando su incapacidad y estado de salud, solicitó se designe tutor interino de acuerdo al art. 63 del Código de las Familiar y del Proceso Familiar (CFPF) –Ley 603 de 19 de noviembre de 2014–; atendiendo lo solicitado, se ordenó la inspección judicial para el 24 de noviembre de 2021, con la intervención de la Directora de Género y Generacional de Servicios Legales Integrales y Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo del citado departamento, siendo el acto procesal suspendido por no encontrarse en el domicilio Nelly Paz Vda. de Barbery, al haber sido llevada al campo por Ana Karen Barbery Paz; por lo que, se señaló nueva audiencia para el “30” –siendo lo correcto 3– de diciembre del dicho año, que también fue suspendida al no encontrarse la hoy impetrante de tutela en su vivienda; b) El 29 de noviembre de 2021, atendiendo lo solicitado en la demanda, procedió a designar como tutor interino a Rosendo Barbery Paz; c) De acuerdo a los supuestos hechos descritos, se tiene que sería los señalamientos de audiencia de inspección judicial y la designación de tutor interino lo que generaron la presente acción de libertad; empero, las audiencias de 24 y 30 de igual mes y año, fueron suspendidas; ya que, a la fecha de la audiencia de esta acción de defensa, las mismas carecen de vigencia al haber cesado y quedado en tiempo anterior; en consecuencia, no se constituyen en actos que generen inferencia en los derechos a la vida y seguridad de la ahora solicitante de tutela; d) En cuanto a la designación del tutor interino efectuada por Auto 578/2021, el cual se hubiera efectuado sin haberse probado ni declarado judicialmente la interdicción de Nelly Paz Vda. de Barbery, el mismo es un “abrupto” de la parte accionante, por cuanto es precisamente el art. 63 del CFPF que en su parágrafo I, establece la designación interina, la cual tiende a la protección personal y patrimonial de la mencionada, que más bien mediante esta acción de libertad se pretende despojarla con inferencias de los derechos y poniendo en grave riesgo el derecho a la vida y dignidad humana garantizado por el art. 22 de la CPE, al pedirse dejar sin efecto la designación de tutor interino efectuada mediante Auto 578/2021; y, e) Del texto de la acción de libertad, se tiene que en ningún momento se expuso el lugar donde se encontraría Nelly Paz Vda. de Barbery y cómo hubiera llegado a conocer de tales circunstancias, contrariamente se expuso supuestos de una iniciativa que precisamente son personales de quien hubiera asumido dicha decisión de traslado de la ciudad al campo, así como ingresar a otros hechos que inducen a estar orientada a inferir con el proceso de declaración de interdicto, más cuando se pretende paralizar el proceso entre tanto se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es mantener en mayor riesgo la salud, integridad y dignidad humana de Nelly Paz Vda. de Barbery. Por lo expuesto precedentemente, solicitó la denegatoria de la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de los terceros intervinientes

María Elena Osinaga Martínez, Directora de Género y Generacional de Servicios Legales Integrales y Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo del departamento de Santa Cruz, no presentó escrito alguno, así como tampoco se hizo presente en audiencia pública virtual de esta acción de defensa, pese a su legal notificación, cursante a fs. 38. Ana Karen Barbery Paz, a través de su abogado en audiencia virtual de la presente acción de libertad, manifestó que, el indebido procesamiento existe desde que la Jueza conoce la primera demanda seguida por “Diego Wolverine Coca El 21 de septiembre” donde el mencionado presentó su demanda ante la “juez número quinto”, quien observó la misma y para no cumplir la observación presentó su demanda ante “la juez número 14 de Familia de la villa” con los mismos argumentos. Así también, con la “resolución Del 29 de noviembre”, se lesionó el derecho a la vida y a un debido proceso de la impetrante de tutela; por lo que, debía concederse la tutela solicitada. Luis Fernando Barbery Paz, por intermedio de su abogado en audiencia pública virtual de esta acción tutelar, refirió que, corresponde conceder la tutela solicitada, ordenando se restablezcan los derechos a la vida y a la integridad física de Nelly Paz Vda. de Barbery, declarando la nulidad el Acta de 24 de noviembre y del Auto 578/2021, por cuanto “entre gallos y medianoche” la Jueza demandada, procedió a nombrar tutor interino sin cumplir las formalidades conforme manda el procedimiento, ya que no responde a la capacidad que el art. “69” del CFPF determina, pues sin convocar a sus hijos se pretende ejecutar un acto fraudulento; toda vez que, el tutor interino tiene deudas pendientes con su madre hoy accionante, incapacidad que se encuentra en el mencionado Código; pues correspondía que la Jueza recabar pruebas en mérito a sus facultades, situación que debe ser corregida.

Ronelo Felipe Barbery Paz, mediante su abogado en audiencia virtual, señaló que, Ana Karen Barbery Paz, tiene desde hace aproximadamente ocho años a su cargo los cuidados de su madre Nelly Paz Vda. de Barbery, apoyando en todas las actividades diarias con la anuencia de sus hermanos que en definitiva entienden que con el proceso de declaración de interdicción judicial se pretende de alguna manera despojarla de esa responsabilidad. Asimismo, se tiene que la autoridad judicial, cometió una serie de atropellos, arbitrariedades, emitiendo actos procesales que en gran medida ponen en riesgo la vida, la libertad y la integridad física de Nelly Paz Vda. de Barbery, pues en cuanto a la inspección judicial, lamentablemente la Jueza no garantizó las condiciones mínimas para poder optar por las medidas de bioseguridad que permitan proteger la integridad y la salud de su madre.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de 5 de diciembre de 2021, cursante de fs. 925 a 931 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto 578/2021, bajo los siguientes fundamentos: 1) El Auto 578/2021, generó vulneración a los derechos a la salud y a la vida de la accionante, tomando en cuenta que la Jueza demandada, identificó un vicio consistente en haber omitido la designación de tutor interino quien debe asumir la representación legal de la persona y ser sujeto de la demanda de declaración de interdicción, pero la autoridad judicial, no cumplió con su deber de sanear el proceso, pues debió retrotraer el proceso hasta el Auto de Admisión; por cuanto se determinaron medidas cautelares provisionales como son la anotación preventiva de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias, situación que tiene incidencia con la vida y la salud, por ser una persona de noventa años, en condición de vulnerabilidad; por lo que, se anula el Auto 578/2021, instando a la Jueza a emitir un nuevo auto que garantice el proceso, observando las normas de bioseguridad; 2) En cuanto a la solicitud de reparación de daños y perjuicios, dispusieron declarar no ha lugar, al no haber vinculación de los actos vulneratorios con la Jueza demandada, ya que no fue quien dictó el Auto de Admisión de demanda; y, 3) Con relación a la petición de aplicación de medidas cautelares, éstas ya se encuentran coordinadas por la autoridad demandada, resolviendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada. Habiendo la parte accionante solicitado complementación de la precitada Resolución, respecto a la inejecutabilidad del Acta de 24 de noviembre de 2021 y del Auto 578/2021, el mencionado Tribunal de garantías, dispuso no ha lugar respecto al acta de 24 de noviembre de 2021, por carecer de efectos jurídicos en el fututo de la tramitación de la causa; por lo que, no corresponde ordenar su inejecutabilidad en tanto “Quiera cosa juzgada constitucional” (sic).

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 8 de abril de 2022, cursante a fs. 937, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 15 de mayo de 2023 (fs. 979); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal establecido.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de declaratoria de interdicción y designación de tutor, seguido por Diego Berbery Coca (nieto de la accionante) contra Nelly Paz Vda. de Barbery –hoy impetrante de tutela– y otros, la Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Santa Cruz –ahora demandada–, debido a la solicitud de inspección judicial efectuada por Rosendo Ernesto Barbery Paz (hijo de la accionante) ante la aparente prohibición de visitas a Nelly Paz Vda. de Barbery, por parte de Ana Karen Barbery Paz –hoy tercera interesada–, dispuso la realización de inspección judicial, señalando al efecto audiencia en su vivienda para el 24 de noviembre de 2021 a las 14:30 (fs. 2 y vta.). II.2. Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2021, Gustavo Leonardo Delfín Espinoza, abogado de Ana Karen Barbery Paz, comunicó a la mencionada Jueza, que su clienta y toda su familia incluido su madre Nelly Paz Vda. de Barbery, por motivos de viaje no se encontraban en su domicilio (fs. 3 y vta.). II.3. Cursa Acta de inspección judicial de la indicada fecha, mediante la cual la Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Santa Cruz, suspendió la mencionada audiencia señalando una nueva para el 3 de diciembre de 2021 a las 14:30, ello ante la falta de presencia de Nelly Paz Vda. de Barbery (fs. 4 a 5 vta.). II.4. Consta el Auto 578/2021 de 29 de noviembre, mediante el cual la citada autoridad jurisdiccional, observando la omisión de designación de tutor interino, con el fundamento de evitar posible vulneración de derechos y otorgar protección integral, corrigiendo procedimiento y a objeto de continuar con la presente causa, de conformidad al art. 63 del CFPF, designó en calidad de tutor interino de Nelly Paz Vda. de Barbery a Rosendo Ernesto Barbery Paz (fs. 6 y vta.). II.5. Contra dicha determinación, mediante memorial presentado el 2 de diciembre de 2021, ante la citada Jueza Pública de Familia Quinta, Ana Karen Barbery Paz, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, solicitando la revocatoria del Auto 578/2021 (fs. 911 a 916 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante por intermedio de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la vida y a la integridad física; en virtud a que, la autoridad judicial demandada: i) El 24 de noviembre de 2021, se constituyó en su vivienda para efectuar la inspección judicial sin las medidas de bioseguridad necesarias, la cual al no encontrarse en su domicilio, fue suspendida para el 3 de diciembre del mismo año a las 14:30, sin ordenar medidas de bioseguridad que es un imperativo para la autoridad judicial debido a la propagación y contagio por el COVID-19 y sin considerar que se encuentra fuera de la ciudad; y, ii) Por Auto 578/2021, designó como su tutor interino a Rosendo Ernesto Barbery Paz, sin conocer ni haber inspeccionado la situación actual de los cuidados que recibe en razón a su edad, dando por hecho y declarando su interdicción, aplicando erróneamente el art. 38 de la Ley 223. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0025/2022-S4 de 4 de abril, reiterando el razonamiento de la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló que: “ʽ…La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como «recurso de habeas corpus», encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los 5 derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: «Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad». Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión’” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Requisito de tutela del derecho a la vida mediante la acción de libertad

Respecto al derecho a la vida, la SCP 1433/2022-S4 de 31 de octubre, señaló que: “…el derecho a la vida, se entendió que la protección de éste deriva del carácter importantísimo que posee esta prerrogativa de las personas frente a las demás; y por ello, será protegido cuando exista un real peligro o amenaza al mismo. Así lo refirió la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, en la que también se concluyó lo siguiente: ‘…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro», sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. (…) empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acciónʼ. Por ello, se concluye que el impetrante que reclame la lesión o amenaza a su derecho a la vida, debe demostrar razonablemente el riesgo o amenaza que sufre, no siendo suficiente la sola alegación de tal vulneración; así lo estableció también la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, que indica: ‘Este derecho, así como tiene que ver con la vida de un ser humano, desde la gestación, está vinculada también al desarrollo de la persona y la forma de cómo el Estado puede tutelar dicho derecho cuando se encuentre en peligro por una amenaza cierta o requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar daños irreparablesʼ. Bajo el mismo criterio, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto estableció que: ‘Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal” (las negrillas nos corresponden). Conforme a los razonamientos jurisprudenciales y normativos expuestos, se tiene que la acción de libertad tiene un amplio ámbito de protección que incluye el derecho a la libertad en sus esferas física y de locomoción; asimismo, protege de manera directa el fundamentalísimo derecho a la vida e integridad personal; empero, a efecto de que la tutela vía acción de libertad proceda, el peligro que se alega con respecto a la vida no debe limitarse a una simple enunciación, sino que corresponde que guarde las características de real, directa e inminente.

III.3. Análisis del caso concreto

Ahora bien, de la revisión de antecedentes desarrollado en Conclusiones de este fallo constitucional y lo aseverado por las partes; se tiene que, dentro del proceso de declaratoria de interdicción y designación de tutor, seguido por Diego Berbery Coca (nieto de la accionante) contra Nelly Paz Vda. de Barbery –hoy impetrante de tutela– y otros, la Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Santa Cruz –ahora demandada–, debido a la solicitud de inspección judicial efectuada por Rosendo Ernesto Barbery Paz (hijo de la impetrante de tutela) ante la aparente prohibición de visitas a Nelly Paz Vda. de Barbery, por parte de Ana Karen Barbery Paz –hoy tercera interesada–, dispuso la realización de inspección judicial, señalando al efecto audiencia en su vivienda para el 24 de noviembre de 2021 a las 14:30; por lo que, mediante memorial presentado el 24 de igual mes y año, el abogado de Ana Karen Barbery Paz, comunicó a la mencionada Jueza que su clienta y toda su familia incluido su madre Nelly Paz Vda. de Barbery, por motivos de viaje no se encontraban en su domicilio. Por ello, habiéndose constituido en su vivienda y ante la ausencia de la mencionada, por Acta de inspección judicial de la indicada fecha, la Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Santa Cruz, suspendió el mencionado acto procesal, señalando una nueva audiencia para el 3 de diciembre de 2021 a las 14:30 (Conclusiones II.1, 2 y 3). Por otra parte, la citada autoridad jurisdiccional, mediante el Auto 578/2021 de 29 de noviembre, observando la omisión de designación de tutor interino, con el fundamento de evitar posible vulneración de derechos y otorgar protección integral, corrigiendo procedimiento y a objeto de continuar con la presente causa, de conformidad al art. 63 del CFPF, designó en calidad de tutor interino de Nelly Paz Vda. de Barbery a Rosendo Ernesto Barbery Paz (Conclusión II.4). Ante tal circunstancia, la accionante por intermedio de su representante sin mandato, instauró la presente acción de defensa, denunciando la lesión de sus derechos a la vida y a la integridad física; en virtud a que, la Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Santa Cruz: a) El 24 de noviembre de 2021, se constituyó en su vivienda para efectuar la inspección judicial sin las medidas de bioseguridad necesarias, la cual al no encontrarse en su domicilio, fue suspendida para el 3 de diciembre del mismo año a las 14:30, sin ordenar medidas de bioseguridad que es un imperativo para la autoridad judicial debido a la propagación y contagio por el COVID-19 y sin considerar que se encuentra fuera de la ciudad; y, b) Por Auto 578/2021, designó como su tutor interino a Rosendo Ernesto Barbery Paz, sin conocer ni haber inspeccionado la situación actual de los cuidados que recibe en razón a su edad, dando por hecho y declarando su interdicción, aplicando erróneamente el art. 38 de la Ley 223. Por lo que, solicitó se disponga la nulidad del Acta de 24 de noviembre de 2021; así como, del Auto 578/2021 y se ordene a la autoridad demandada, abstenerse de realizar la inspección judicial sin normas de bioseguridad necesarias y respetando los derechos fundamentales dentro del proceso judicial. Ahora bien, previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde precisar que, conforme se explicó en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo constitucional, la acción de libertad tiene un amplio margen de protección, pues además de tutelar de manera directa el derecho a la libertad en sus esferas física y de locomoción, también tutela el derecho a la vida e integridad personal; que por la naturaleza del derecho a la vida, impone la casi eliminación de cualquier tipo de formalismo en su protección; en virtud de lo cual, se suscita la abstracción del principio de subsidiariedad; es decir, que la tutela del derecho a la vida, que se encuentra bajo el ámbito de protección de esta acción de defensa, puede ser solicitada de manera directa ante la justicia constitucional, sin tener que agotar previamente la jurisdicción ordinaria; por lo que, no existe óbice alguno al respecto, para continuar con el estudio del caso de análisis; además, en el presente caso la accionante es una persona de la tercera edad, quien por sus particularidades, cuenta con atención prioritaria y tutela reforzada constitucional.

Sin embargo, deberá tenerse presente que la protección reforzada, especial y preferente que se brinda a los grupos vulnerables, no implica bajo ningún criterio una tutela directa y sin cuestionamientos de lo que se denuncie, sino que implica que la rigurosidad formal de ciertos presupuestos de acceso a la justicia debe ceder en pos de la protección de los derechos de las personas pertenecientes a determinadas comunidades, sectores o grupos que reciben una atención especial en mérito a su especial vulnerabilidad; sin embargo, estas personas se encuentran sujetas al marco constitucional y legal, las consideraciones técnico jurídicas y jurisprudenciales que determinen la resolución de un caso sometido a la justicia constitucional, contando con determinada favorabilidad y atención prioritaria dentro de los marcos referidos; en ese entendido, a efectos de que esta acción de defensa tutele los derechos invocados, es preciso que el riesgo a la vida que se alega sea evidente, directo e inminente; en otras palabras, aquella presunta lesión debe ser real y no una simple enunciación o suposición sin sustento; dado que, la justicia constitucional requiere de un grado de certidumbre sobre la vulneración del derecho alegado para poder tutelarlo y protegerlo; por lo que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción de defensa. En ese contexto, en el caso de análisis; se advierte que, el representante sin mandato de la accionante alega que los actuados cuestionados, lesionaron los derechos a la vida y a la integridad física de su representada, al instalar la Jueza demandada la audiencia de inspección judicial de 24 de noviembre de 2021, sin las medidas de bioseguridad necesarias y señalar una nueva audiencia ante su suspensión sin ordenar medidas de bioseguridad debido a la propagación y contagio por el COVID-19; así como designar mediante el Auto 578/2021, como su tutor interino a Rosendo Ernesto Barbery Paz, sin que se hubiera conocido o inspeccionado la situación actual de los cuidados que recibe en razón a su edad, dando por hecho y declarando su interdicción, aplicando erróneamente el art. 38 de la Ley 223; empero, de la revisión de dichos actos, no es advertible para esta jurisdicción que los mismos, hubieran puesto en riesgo inminente la vida de la accionante; por cuanto, si bien de los certificados médicos adjuntos al expediente se acredita que la accionante se encuentra con problemas de salud; sin embargo, no se fundamentó ni demostró cómo es que el Auto 578/2021 por el que se designó tutor interino de la impetrante de tutela a Rosendo Ernesto Barbery Paz, atentaría contra su derecho a la vida, al igual que el Acta de audiencia de inspección judicial de 24 de noviembre de 2021, del cual también se pide su nulidad, siendo que de la propia aseveración de la parte accionante como de la misma Acta, se tiene que la impetrante de tutela, no se hizo presente en dicho acto procesal al encontrarse fuera de la ciudad; por lo que, no estuvo expuesta al contagio de COVID-19 como se alegó. En ese entendido, es necesario establecer que, en definitiva, no es posible aperturar la protección de la acción de libertad, al no corroborarse que la vida de la accionante esté en peligro real, inminente y directo. En virtud a ello, los actos indebidos en los que presuntamente hubiere incurrido la autoridad judicial demandada según lo denunciado por la impetrante de tutela, serán considerados en la jurisdicción ordinaria en atención al recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto por la ahora tercera interesada Ana Karen Barbery Paz, contra del Auto 578/2021 –motivo de la presente acción tutelar–, pues de ingresarse a su consideración por esta jurisdicción se podría generar una disfunción procesal emergente de la posible emisión de fallos contradictorios (Conclusión II.5). De acuerdo a lo expuesto, al no constituirse la actuación de la autoridad judicial hoy demandada en una lesión directa, evidente, cierta o razonable al derecho a la vida de la accionante; así como, a la integridad física; corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 5 de diciembre de 2021, cursante de fs. 925 a 931 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0305_2023-S4_id62129.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3d5ab78eb32eb00c728d1f2c32838dffd996d400c005d1cf01c714331b5e988d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →