Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia lesión de los derechos al trabajo digno y una fuente laboral estable, alegando que fue despedida de manera indirecta debido a la falta de pago de salarios por COTEAUTRI Ltda., situación que además afectó su tratamiento médico para el cáncer que padece; y, pese a que el “Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social” -se comprende la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni-, el 17 de octubre de 2022, emitió en su favor la Conminatoria de Reincorporación 026/2022 PAD-JDTEPS BENI, la parte demandada sólo cumplió con el pago parcial de los salarios devengados, no habiendo honrado de manera íntegra dicha determinación, razón por la cual, al persistir la situación de despido indirecto, impide se presente a su fuente laboral. Al respecto, la parte demandada indicó que, después de haberse dispuesto la reincorporación laboral, se procedió a dar cumplimiento a la misma; sin embargo, la impetrante de tutela no retornó a su puesto de trabajo a pesar de todas las notificaciones realizadas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 004/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 98 a 102 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente en lo que respecta al cumplimiento íntegro de la Conminatoria de Reincorporación 026/2022, con el pago de salarios devengados, el cual deberá ser honrado conforme a lo dispuesto en dicha resolución administrativa; así como gestionar la afiliación de la accionante al ente gestor de la Seguridad Social de Corto Plazo, trámite que deberá efectuarse de acuerdo con la normativa vigente; 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a Rolando Nogales Arnez, por carecer de legitimación pasiva; así como en lo concerniente a la estabilidad laboral, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional; y, 3° Se exhorta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que, en el plazo de seis meses de conocer el presente fallo constitucional, revise y adecue los requisitos para el ejercicio del cargo de Inspector o Inspectora del Trabajo, de forma tal que se garantice que quienes asuman dicha función sean profesionales idóneos, con formación académica pertinente y experiencia laboral suficiente que les permita valorar adecuadamente las pruebas y fundamentar de manera individualizada cada uno de los derechos laborales solicitados. Asimismo, se exhorta a que dichos cargos sean institucionalizados, a fin de dotar de estabilidad, imparcialidad y objetividad a las decisiones que emitan en el ejercicio de sus funciones.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0304/2025-S2 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 54016-2023-109-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 004/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 98 a 102 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mariela Moreno Vaca contra Yaskara Cuellar Roca, Presidenta del Consejo de Administración y Rolando Nogales Arnez, Gerente General, ambos de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos Trinidad Limitada (COTEAUTRI Ltda.).
Por memorial presentado el 10 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 31 a 37, la accionante manifiesta lo siguiente:
Después de haber desempeñado funciones en COTEAUTRI Ltda. por más de dieciocho años, dicha institución dejó de cancelarle sus salarios correspondientes a los últimos once meses que trabajó; por tal razón, presentó una denuncia por despido indirecto ante el “Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social” -se entiende ante la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni de esa Cartera Ministerial-, la cual emitió la Conminatoria de Reincorporación 026/2022 PAD-JDTEPS BENI de 17 de octubre, disponiendo su reincorporación al mismo cargo con la misma remuneración que percibía, el pago de los salarios devengados y demás derechos pendientes hasta el momento de su emisión. Ante tal determinación, la referida Cooperativa demandada realizó un pago parcial de los salarios devengados; sin embargo, al quedar aún pendientes varias remuneraciones, solicitó inspección por el incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación -se comprende a la Jefatura de Trabajo-, donde se emitió el Informe Legal MTEPS-JDTB-HAA 14/2022 de 26 de octubre, el cual fue complementado mediante el Informe Legal MTEPS-JDTB-HAA 15/2022 de 28 de igual mes, en el que se informó que COTEAUTRI Ltda. no dio cumplimiento total a la señalada Conminatoria de Reincorporación 026/2022, por estar pendiente la cancelación de salarios devengados. Asimismo, debido a su padecimiento de cáncer, tuvo que correr con gastos elevados para su tratamiento médico; por lo que, el despido indirecto y la falta de pago de salarios atentaron contra sus derechos al trabajo, salud y vida.
La impetrante de tutela, alega la lesión de los derechos al trabajo digno y una fuente laboral estable; citando a tal efecto los arts. 46.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Ordenar el cumplimiento expreso de la conminatoria de reincorporación; b) Se proceda con la cancelación de salarios devengados de marzo a octubre de 2022, hasta la fecha de su efectiva reincorporación; y, c) Se imponga el pago de costas procesales por parte de la cooperativa demandada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 94 a 97, se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción tutelar y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que la Cooperativa donde trabajaba “…desde hace 4 años atrás no le brinda ni siquiera la seguridad social ni a corto plazo…” (sic), lo que afectó su salud, ya que padece de cáncer.
Yaskara Cuellar Roca, Presidenta del Consejo de Administración de COTEAUTRI Ltda., mediante informe escrito cursante a fs. 93 y vta., y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela, con base a los siguientes argumentos: 1) Rolando Nogales Arnez -ahora demandado- no cuenta con legitimación pasiva, ya que dejó de ser representante legal de la cooperativa al haber renunciado a su cargo el 28 de diciembre de 2022, misma que fue aceptada el 3 de enero del 2023; 2) La peticionante de tutela no se presentó a trabajar y, desde que la cooperativa fue notificada con la Conminatoria de Reincorporación 026/2022, “…CUMPLIMOS CON LA MISMA, LA QUE NO CUMPLIO CON SU DEBER DE REINCORPORARCE Y TRABAJAR FUE LA ACCIONANTE (…) NO SE HA PRESENTADO A TRABAJAR DESDE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, HASTA EL PRESENTE, por lo que se tuvo que pagar a otra persona para que ocupe su puesto de trabajo” (sic); y, 3) La accionante pretende el pago de los salarios correspondientes al periodo en el que no prestó servicios, pese a su notificación de reincorporación a sus funciones, lo cual resulta improcedente, toda vez que el pago por periodos no trabajados constituiría un cobro indebido.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante la Resolución 004/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 98 a 102 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando el cumplimiento íntegro de la Conminatoria de Reincorporación 026/2022, en lo referente al pago de sueldos devengados, y denegó la tutela respecto a Rolando Nogales Arnez por falta de legitimación pasiva, imponiendo además condena en costas, con base en los siguientes argumentos: i) Si bien COTEAUTRI Ltda., realizó un pago parcial a favor de la ahora accionante, aún subsisten salarios devengados que no han sido cancelados, motivo por el cual la conminatoria debe cumplirse en su integridad; y, ii) De las documentales presentadas, se evidencia que la peticionante de tutela padece de cáncer, circunstancia que no fue impugnada ni desconocida por la parte demandada, por lo que este hecho debe ser valorado para aplicar los estándares de protección reforzada a los grupos más vulnerables. En vía de complementación y enmienda, la impetrante de tutela pidió aclarar si la Conminatoria de Reincorporación 026/2022 debía cumplirse únicamente en lo relativo a los salarios devengados y no sobre la reincorporación, en virtud de que esta ya se cumplió mediante Memorándum de 17 de octubre de 2022. En respuesta, la Sala Constitucional señaló que el cumplimiento de la conminatoria debía ser de manera íntegra.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Conminatoria de Reincorporación 026/2022 PAD–JDTEPS BENI de 17 de octubre, emitida por Paulina Arancibia Durán, Jefa Departamental de Trabajo del Beni, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante la cual se dispone la reincorporación de Mariela Moreno Vaca -accionante- al mismo cargo y con la misma remuneración que venía percibiendo, el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales pendientes (fs. 4 a 7 vta.). II.2. Cursa Memorándum RRHH-M-023/2022 de 17 de octubre, emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la COTEAUTRI Ltda., donde se conmina a la impetrante de tutela a reincorporarse a su fuente laboral, cobrar su sueldo y justifique su ausencia (fs. 83). II.3. Se tiene Memorándum RRHH-M-026/2022 de 18 de octubre, emitido por la Unidad de Recursos Humanos de COTEAUTRI Ltda., que pone en conocimiento de la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, que la accionante no retornó a sus funciones, pese su notificación con el memorándum que disponía el cumplimiento de la reincorporación laboral solicitada (fs. 85). II.4. Mediante Memorándum RRHH-M-027/2022 de 19 de octubre, se solicita a la peticionante de tutela, el retorno a su fuente laboral, en cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación 026/2022, y se comunica que sus salarios fueron depositados a su cuenta bancaria (fs. 75). II.5. Cursa el acta notarial de 19 de octubre de 2022, en la que el Notario de Fe Pública señala haberse constituido al domicilio de la impetrante de tutela, donde fue atendido por su hija, quien manifestó que aquella no se encontraba, recibiendo el memorándum y firmando en constancia (fs. 70). II.6. A través de memorial de 25 de octubre de 2022, la accionante solicita a la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni inspección laboral por incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación 026/2022 (fs. 8 y vta.). II.7. Por Informe Legal MTEPS-JDTB-HAA 14/2022 de 26 de octubre, emitido por Hassler Arteaga Antezana, Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni, señala que el día de la verificación in situ, la impetrante de tutela se encontraba ausente; además que, respecto al cobro de salarios devengados, se deberá acudir a la instancia judicial correspondiente (fs. 9 a 12). II.8. Mediante memorial de 27 de octubre de 2022, la accionante solicita complementación y enmienda del Informe Legal “MTEPS-JDTB-HAA 14/2022” (fs. 13 y vta.). II.9. Consta Informe Legal MTEPS-JDTB-HAA 15/2022 de 28 de octubre, donde la inspectora de la Jefatura Departamental del Trabajo del Beni, señala que la cooperativa demandada procedió al pago parcial de los salarios adeudados a la peticionante de tutela, pero que aún subsisten sueldos que no fueron cancelados, concluyendo que no se dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación 026/2022 en su totalidad (fs. 15 a 16). II.10. Cursa Oficio GG-0238/2022 de 28 de diciembre, donde Rolando Nogales Arnez -ahora demandado-, comunica al Consejo de Administración de COTEAUTRI Ltda., su renuncia al cargo de Gerente General (fs. 49). II.11. A través de decreto de 10 de enero de 2023, Julio César Suárez Dorado, Juez de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento del Beni, acepta el apersonamiento de Yaskara Cuellar Roca en su calidad de presidenta representante legal del Consejo de Administración de COTEAUTRI Ltda. -ahora demandada-. (fs. 50). II.12. Mediante Nota de 19 de enero de 2023, la Unidad de Recursos Humanos de COTEATRI Ltda., informa a la peticionante de tutela que abandonó sus funciones desde el 12 de octubre de 2022 y no justificó su ausencia (fs. 53). II.13. Cursan informes médicos sobre la situación médica de la accionante (fs. 17 a 30).
La accionante denuncia lesión de los derechos al trabajo digno y una fuente laboral estable, alegando que fue despedida de manera indirecta debido a la falta de pago de salarios por COTEAUTRI Ltda., situación que además afectó su tratamiento médico para el cáncer que padece; y, pese a que el “Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social” -se comprende la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni-, el 17 de octubre de 2022, emitió en su favor la Conminatoria de Reincorporación 026/2022 PAD-JDTEPS BENI, la parte demandada sólo cumplió con el pago parcial de los salarios devengados, no habiendo honrado de manera íntegra dicha determinación, razón por la cual, al persistir la situación de despido indirecto, impide se presente a su fuente laboral. Al respecto, la parte demandada indicó que, después de haberse dispuesto la reincorporación laboral, se procedió a dar cumplimiento a la misma; sin embargo, la impetrante de tutela no retornó a su puesto de trabajo a pesar de todas las notificaciones realizadas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 50 de la CPE establece que: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”. En consonancia con lo señalado y mediante el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 495 de 1 de mayo de 2010, se otorgaron amplios poderes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que se constituyera como un organismo especializado en la resolución de conflictos laborales mediante las Jefaturas de Trabajo; posteriormente, conforme a la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, dicha Cartera de Estado aun continua ejerciendo estas funciones
En efecto, después de que el DS 28699 otorgara atribuciones para resolver conflictos laborales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el DS 495, en su artículo único, parágrafo II, estableció lo siguiente respecto al cumplimiento de las conminatorias emitidas por dicho órgano administrativo especializado: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; es decir, previó la posibilidad de interponer acciones de amparo constitucional para garantizar dicho cumplimiento.
El entonces Tribunal Constitucional, durante las gestiones 2010 y 2011, rechazó el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación emitidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Así, en el Auto Constitucional (AC) 0287/2010-RCA de 21 de septiembre, se estableció que, antes de recurrir a la justicia constitucional, debía agotarse la vía ordinaria laboral; sin embargo, en la SCP 138/2012 de 4 de mayo, se admitió la posibilidad de hacer cumplir las conminatorias, indicando que la norma ut supra referida se presumía constitucional, por lo que era de cumplimiento obligatorio.
A partir de la gestión 2012, comenzaron a evidenciarse deficiencias, particularmente en lo que respecta a la fundamentación en las Conminatoria de Reincorporación. En ese contexto, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, estableció que la justicia constitucional está habilitada para cumplirlas: “…a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales…”, en cuyo caso se entendió que la conminatoria podría volverse inejecutable.
Las observaciones respecto a las conminatorias de reincorporación generaron diferentes criterios en el órgano de control constitucional, lo que derivó -después de varios años de emitir sentencias disimiles- en la emisión de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, la cual determinó que corresponde: “…a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones”; no obstante, la lesión a la garantía de la debida fundamentación de las Conminatorias de Reincorporación emitidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no quedó resuelta.
En ese contexto, la Ley 1468 que abrogó el DS 495 y derogó los parágrafos III, IV y V del art. 10 y el art. 13 del DS 28699, transfirió la responsabilidad de resolver esta problemática de la justicia constitucional a la justicia ordinaria laboral, la cual, actualmente tiene la función de ejecutar las conminatorias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en los casos de reincorporación laboral; dicha norma, además, establece expresamente en su art. 11 que: “…la Inspectora o el Inspector de Trabajo elevará a consideración de la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo informe, valorando los argumentos y documentos expuestos, recomendando la restitución del o los derechos laborales o en su caso el rechazo de la denuncia” (énfasis agregado); asimismo, el art. 12.I señala que: “En conocimiento de dicho informe, luego de analizar y valorar los antecedentes que formen parte del expediente, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, en el plazo de diez (10) días hábiles, emitirá Resolución debidamente fundamentada y motivada” (énfasis añadido). Estas disposiciones reiteran el deber de las Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de fundamentar sus decisiones respecto a cada trabajador y sobre cada derecho laboral invocado.
En ese sentido, considerando lo establecido en los Decretos Supremos 28699 y 495, así como en la Ley 1468, resulta evidente que el informe elaborado por el Inspector o Inspectora de Trabajo constituye la base esencial para la emisión de una conminatoria; por ello, dicho informe debe contener un análisis exhaustivo del caso, a fin de cumplirse con la garantía del debido proceso, principalmente en lo que respecta a la debida fundamentación de cada uno de los aspectos y montos reclamados por el trabajador que acude ante la Jefatura de Trabajo reclamando sus derechos laborales. Esto, debido a que:
a) Los tratados internacionales reconocen el deber de respetar el debido proceso frente a decisiones que crean, modifican o extinguen derechos. En ese sentido, en la sentencia Ricardo Baena y otros vs. Panamá de 2 de febrero de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sostuvo que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, ‘sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales’ a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. Asimismo, dicha Corte estableció que las decisiones deben estar debidamente fundamentadas para evitar que sean arbitrarias; por tal razón, la autoridad administrativa encargada de resolver una solicitud debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, las razones y las normas jurídicas que sustentan su decisión (véase las Sentencias Poggioli Pérez vs. Venezuela y Claude Reyes y otros vs. Chile). b) La emisión de conminatorias de reincorporación sin una adecuada fundamentación incide directamente en su ejecución judicial. Una conminatoria genérica o imprecisa obstaculiza la identificación de elementos esenciales para su cumplimiento, como el cálculo del salario promedio, la existencia o no de descuentos impositivos aplicables, o la determinación del tiempo exacto de reincorporación. La ausencia de este desarrollo puede traducirse en una ejecución parcial, deficiente o incluso de la inejecutabilidad de la conminatoria. c) La falta de fundamentación también vulnera el ejercicio del derecho a la defensa tanto de la parte trabajadora como de la empleadora. Una decisión administrativa carente de este elemento del debido proceso y que deba ser ejecutada por la jurisdicción ordinaria, impide el ejercicio efectivo de derechos fundamentales como el derecho a la réplica y a la impugnación. Si los fundamentos facticos y jurídicos de una conminatoria no son conocidos por las partes, estas se ven imposibilitadas de cuestionarla o controvertirla en sede administrativa o judicial. En este sentido, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de las Jefaturas de Trabajo, tiene la responsabilidad de asegurar que sus determinaciones sean plenamente ejecutables, estableciendo de manera adecuada los alcances y criterios sobre de cada uno de los puntos que se resuelva. Por lo expuesto, también resulta importante que el informe elaborado por la Inspectora o el Inspector de Trabajo -al constituir la base para la emisión o rechazo de una conminatoria de reincorporación laboral-, deba contener una fundamentación clara y una exposición precisa de cada una de sus determinaciones. En consecuencia, su redacción debe estar a cargo de funcionarios que cuenten con un nivel adecuado de formación técnica y experiencia profesional, ya que dicho informe puede prevenir procesos innecesarios, evitar perjuicios a los empleadores y, al mismo tiempo, evitar la generación de falsas expectativas en los trabajadores. Por tanto, corresponde exhortar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a revisar los requisitos de acceso para el ejercicio de estos cargos, de modo que, además de exigir formación profesional y años de experiencia comprobada, se garantice la institucionalización de esos funcionarios. Solo así será posible garantizar que sus decisiones revistan la objetividad necesaria y adquieran un valor jurídico equiparable al de una sentencia que resuelve un caso concreto.
Previamente al análisis del caso concreto, corresponde determinar la normativa aplicable. En este sentido, la Ley 1468 de 3 de octubre de 2022, que entró en vigencia el 3 de noviembre de igual año, establece en su Disposición Transitoria II que: “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo N° 495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación…”; en este sentido, el referido Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Ley 1468, establece en su art. 28.I que: “Todas las denuncias por despidos sin causa justificada y solicitudes de reincorporación que, a la fecha de la vigencia de la Ley N° 1468, se encontrasen en trámite ante las Inspectoras o Inspectores de Trabajo, es decir QUE YA HUBIERAN MERECIDO SE EMITA ÚNICA CITACIÓN Y SE HUBIERA REALIZADO LA AUDIENCIA CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 868/10, DE 26 DE OCTURBE DE 2010, continuarán su tramitación de acuerdo a dicho procedimiento”, ello en atención a su trámite diferente, la posibilidad de presentar prueba, etc. y en virtud a que la ley no permite retrotraer los trámites ya iniciados. En este sentido y en relación con el presente caso, se tiene que conforme la Conminatoria de Reincorporación 026/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni, la audiencia de derechos laborales se efectuó el 12 de octubre de 2022; es decir, que al momento de la solicitud de reincorporación efectuada por la trabajadora, se encontraba en trámite la publicación de Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022, la cual establece en su Disposición Transitoria I que: “La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicación”; así, corresponde seguir el criterio sentado en la SCP 0090/2023-S4 de 6 de abril, que refirió que la Ley 1468 “…no puede ser aplicada de manera retroactiva a las Conminatorias de Reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo con anterioridad a la vigencia de la norma…”. En esa medida, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática, dado que en el caso y como la misma Ley 1468 prevé que, para su aplicación debe tomarse en cuenta la puesta en vigencia, esta no es aplicable a la situación fáctica, que responde más bien en su forma de resolución a la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021. La accionante refiere que trabajó sin percibir salarios por parte de la cooperativa demandada, lo que le impedía continuar con su tratamiento médico para el cáncer que padece. Por esta razón, reclamó que se la despidió de forma indirecta y solicitó ante la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni el pago de los salarios devengados, la cual fue atendida favorablemente mediante la Conminatoria de Reincorporación 026/2022. En respuesta, la señalada cooperativa demandada, realizó un pago parcial de los salarios devengados, motivo por el cual, la impetrante de tutela se negó a reincorporarse a su fuente laboral, alegando que no se dio cumplimiento “integral” de la conminatoria referida. Ahora bien, respecto a la falta de legitimación pasiva alegada por Yaskara Cuellar Roca -ahora demandada-, quien mediante informe indicó que Rolando Nogales Arnez -condemandado- renunció al cargo de Gerente General de COTEAUTRI Ltda. el 28 de diciembre de 2022, y solicitó que fuera excluido de la presente acción; se tiene que la referida se encuentra fungiendo como la máxima autoridad de dicha cooperativa, ejerciendo así su representación legal, quien en consecuencia asume la responsabilidad respecto al personal dependiente conforme con las Conclusiones II.11 y II.12 de este fallo constitucional, que hacen referencia a una providencia judicial que evidencia su apersonamiento como representante en otro proceso laboral seguido contra la misma cooperativa, así como mediante el informe emitido por la Unidad de Recursos Humanos dirigido a su persona en su calidad de Presidenta. En ese sentido, si bien inicialmente el Gerente General asumía la representación legal de la cooperativa y era el obligado a cumplir con la reincorporación de la ahora accionante, ante su renuncia y vacancia del cargo, la legitimación pasiva recae sobre la Presidenta en ejercicio; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela respecto al codemandado Rolando Nogales Arnez. Con relación al fondo de lo alegado, de la revisión de obrados se evidencia que, mediante memorándum RRHH-M-023/2022 (Conclusión II.2), emitido por la Unidad de Recursos Humanos de COTEAUTRI Ltda., se puso en conocimiento de la ahora impetrante de tutela la conminatoria que disponía su retorno a sus funciones laborales y el cobro de sus salarios devengados; posteriormente, el 18 de octubre de 2022, mediante el memorándum RRHH-M-026/2022 (Conclusión II.3), la cooperativa demandada informó a la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni que la peticionante de tutela no retornó a su puesto de trabajo, pese a ser notificada en su domicilio con un memorándum, el cual se rehusó a firmar. En ese contexto, el 19 de octubre del mismo año, se emitió el memorándum RRHH-M-027/2022, reiterando la solicitud de reincorporación a la accionante e informando que parte del pago de sus salarios había sido depositado a su cuenta bancaria. Esta notificación fue realizada mediante acta notarial que da fe de la entrega del citado memorándum en su domicilio; sin embargo, la impetrante de tutela no retornó a su puesto de trabajo, alegando que no se le canceló la totalidad de sus salarios, los cuales requería para el tratamiento contra el cáncer que padecería, considerando que el cumplimiento parcial de la conminatoria le impedía retornar a sus funciones. Ahora bien, si la accionante sostiene que la parte empleadora no cumplió íntegramente con la conminatoria laboral, específicamente en cuanto al pago total de los salarios devengados, invocando la integralidad de la conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni, que ordenó básicamente dos aspectos: primero, que la justicia constitucional debería ejecutar -es decir, la reincorporación y el pago de salarios devengados-, y segundo, que la integralidad no implica que ambos aspectos deban cumplirse al mismo tiempo, cronológicamente hablando, sino que, para su ejecución, cada punto determinado en la conminatoria deba cumplirse necesariamente. Asimismo, si la ahora impetrante de tutela alegó que no podía acceder al tratamiento médico para el cáncer que padece debido a la falta de seguro y recursos económicos para la compra de medicamentos, esta instancia constitucional considera que su decisión de no acudir a su fuente laboral no constituye una medida idónea para exigir el cumplimiento del pago de salarios devengados; en su lugar, pudo haber solicitado las medidas precautorias para su cumplimiento, las cuales se encuentran previstas por la normativa laboral. Por tanto, no corresponde declarar el incumplimiento de la conminatoria en lo referido a la reincorporación; por ello, la accionante debe retornar a su fuente laboral, ya que esa es la finalidad de su pretensión. Respecto a la falta de pago de salarios devengados, se tiene que: 1) La denuncia por despido injustificado se fundamentó en el impago de salarios como causal de desvinculación indirecta; 2) Ambas partes coincidieron en que, después de efectuarse la conminatoria de reincorporación, hubo únicamente un pago parcial, el cual representaba una cuantía mínima de lo adeudado; y, 3) La accionante no justificó por qué no se efectuó el pago íntegro de los salarios dentro del plazo previsto por la normativa. Además, tal como se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se constató que la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni generó dificultades para la ejecución de la conminatoria, pues debió determinar los períodos de suspensión en la relación laboral y, con base en ello, calcular los montos correspondientes, además de realizar otros ajustes indispensables para evitar discrepancias en su materialización. Lo expuesto impele a esta Sala a conceder la tutela, disponiendo el pago de los salarios devengados establecidos en la Conminatoria de Reincorporación 026/2022, la cual -se reitera- debe ser cumplida de manera íntegra. En lo referente al pago de los “…demás derechos que se tienen pendientes de cumplimiento…”, tal como se establece en la conminatoria de reincorporación laboral, se advirtió que esta no especificó el salario promedio, tampoco estableció si debían aplicarse descuentos por impuestos, ni determinó si correspondía el reconocimiento de vacaciones, entre otros aspectos relevantes. Esta omisión evidenció las deficiencias señaladas en el citado Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que conduce a la necesidad de exhortar a la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni a que adopte las medidas pertinentes, conforme al art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), a fin de corregir dicha situación para garantizar una ejecución efectiva y clara de sus resoluciones. Finalmente, respecto a la lesión de los derechos a la vida y la salud reclamados por la hoy impetrante de tutela, esta señaló que la cooperativa no le brindó cobertura del seguro social durante los últimos cuatro años en los que venía ejerciendo funciones, motivo por el cual tuvo que erogar gastos importantes para su tratamiento médico, debido a su padecimiento de cáncer; tal extremo no fue negado ni desvirtuado por la parte demandada en su informe presentado ante la Sala Constitucional. En ese sentido, corresponde realizar el trámite de afiliación ante el ente gestor de la Seguridad Social de Corto Plazo, una vez que la accionante retorne a sus funciones laborales, conforme a lo previsto en el Reglamento de Afiliación, Desafiliación y Reafiliación para la Seguridad Social de Corto Plazo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 004/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 98 a 102 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente en lo que respecta al cumplimiento íntegro de la Conminatoria de Reincorporación 026/2022, con el pago de salarios devengados, el cual deberá ser honrado conforme a lo dispuesto en dicha resolución administrativa; así como gestionar la afiliación de la accionante al ente gestor de la Seguridad Social de Corto Plazo, trámite que deberá efectuarse de acuerdo con la normativa vigente; 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a Rolando Nogales Arnez, por carecer de legitimación pasiva; así como en lo concerniente a la estabilidad laboral, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional; y, 3° Se exhorta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que, en el plazo de seis meses de conocer el presente fallo constitucional, revise y adecue los requisitos para el ejercicio del cargo de Inspector o Inspectora del Trabajo, de forma tal que se garantice que quienes asuman dicha función sean profesionales idóneos, con formación académica pertinente y experiencia laboral suficiente que les permita valorar adecuadamente las pruebas y fundamentar de manera individualizada cada uno de los derechos laborales solicitados. Asimismo, se exhorta a que dichos cargos sean institucionalizados, a fin de dotar de estabilidad, imparcialidad y objetividad a las decisiones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0304_2025-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 60b72d1ffe20033eac0a28c6ea9629085c814fb96d3a8fcce672fc5209ece68d
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