Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 17 de julio de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a la impugnación, a la debida fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del fenecido proceso familiar sustanciado entre sus padres: 1) Planteó una tercería de dominio excluyente en relación a cuatro terrenos registrados a su nombre, que su padre alegó hubiesen sido adquiridos con dineros gananciales, tercería, que fue resuelta por Resolución de 9 de febrero de 2018 declarándola improbada y confirmada en su integridad por Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019, que no le fue notificada pese a haber señalado domicilio procesal; 2) El Auto de 3 de septiembre de 2020 emitido por el Juez Público Sexto de Familia de la Capital del departamento de Cochabamba no lo toma en cuenta para ejercitar distintas acciones y oponerse inclusive al objeto del proceso como terceristas excluyentes, restringiéndole el derecho a la impugnación establecida en el art. 180.II de la CPE, al no habérsele notificado con dicho Auto; 3) Se permitió que varios inmuebles pasen a manos de Primitivo Terceros López –su padre– como ser la volqueta y el inmueble, los cuales fueron excluidos por el Juez a quo, al ser bienes gananciales se transgredió los arts. 115 y 119 en relación al art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 078/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 499 a 503 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0304/2024-S1 Sucre, 17 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 50585-2022-102-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 078/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 499 a 503 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Boris Salinas Terceros en representación legal de José David Terceros Morales contra Gualberto Terrazas Ibáñez y Juan Edgar Balderrama Balderrama –convocado–, Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 9 de septiembre de 2022, cursante de fs. 403 a 411; la parte accionante expresó lo siguiente:
El 19 de agosto de 2022, interpuso acción de amparo constitucional que al ser de conocimiento de la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mereció el Auto SCII-CBB NP-017/2022 de 30 de agosto, declarando por no presentada la acción tutelar al ser difuso y confuso, por cuanto, no explicó los motivos del porqué no se cumplió con los requisitos de forma y fondo; ante esa determinación, solicitó la aclaración, enmienda y complementación, a tal efecto, la indicada Sala mediante Auto de 6 de septiembre de 2022, manifestó “…toda vez que una solicitud de aclaración enmienda o complementación corresponde su planteamiento respecto de lo resuelto en una sentencia o resolución constitucional que se pronuncia sobre cuestionamientos de fondo de una acción de defensa constitucional, conforme establece el art. 36.9 del CPCo., y siendo que, en el memorial que antecede, se plantea esta solicitud respecto de Auto que determina por no presentada la demanda de acción de amparo constitucional de fecha 30.08.2022 interpuesta por esta parte, no corresponde pronunciamiento alguno por no estar acorde a la normativa procesal constitucional…” (sic); con lo que, quedaron suspendidos los plazos procesales, reanudándose nuevamente con la notificación del citado Auto de 6 de septiembre de 2022, que fue notificado el 7 del mismo mes y año; y, con la presentación de la acción de amparo se cumple con los seis meses establecidos en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE). Dentro del fenecido proceso de divorcio suscitado entre Primitivo Terceros López y Honorina Morales Carvajal –ahora terceros interesados–, en ejecución de sentencia tramitaron la división y partición de bienes gananciales, en el entonces Juzgado de Partido de Familia Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba –ahora Juzgado Público de Familia Sexto–; ejecución en la que su padre Primitivo Terceros López presentó memorial el 10 de septiembre de 2015 pidiendo se incluya cuatro terrenos registrados a nombre de su persona, alegando que los mismos hubiesen sido adquiridos con dineros gananciales; posteriormente, junto a su hermano Wilger Bladimir Terceros Morales, presentaron tercería de dominio excluyente la misma fue resuelta por Resolución de 9 de febrero de 2018 declarándose improbada y confirmada en su integridad por Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019, el cual no le fue notificado pese a señalar domicilio procesal mediante memorial de 10 de febrero de 2016 vulnerándosele su derecho a la defensa, omitiéndose la aplicación de los arts. 25, 50 y 89 del Código Procesal Civil (CPC); y, 313 y 314 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); asimismo, por Auto de 3 de septiembre de 2020 emitido por el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, se resolvió el incidente de división y partición de bienes gananciales; excluyendo de la masa ganancial una volqueta y un terreno ubicado en la zona de Esmeralda de la ciudad de Cochabamba, omitiendo prueba presentada oportunamente; no obstante, dicho actuado tampoco le fue notificado; por lo tanto, no pudo ejercitar distintas acciones y oponerse al objeto del proceso, no existiendo igualdad de condiciones. Posteriormente, mediante memorial de 3 de diciembre de 2021 planteó incidente de nulidad de obrados ante la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, debido a la falta de notificaciones con los actuados procesales referidos y al restringirse su derecho a la impugnación, a tal efecto, se emitió el Auto de Vista de 27 de enero de 2022, indicando que su progenitora sabia del proceso y por medio de ella conocían los actuados procesales, lo cual vulnera su derecho a la personalidad establecido en el art. 2 del Código Civil (CC) ya que su derecho a la defensa no puede ser suplido por terceras personas siendo nulo de acuerdo de acuerdo al art. 15 del CC, porque al permitir que varios bienes pasen a manos de su padre Primitivo Terceros López, no hace más que transgredir los arts. 115, 119 y 180 de la CPE, conculcando su derecho a la impugnación ya que se lo excluyó en todos los actos procesales pese a señalar domicilio procesal en la Av. San Martin y Jordán 429 edificio Chávez, siendo inclusive que tampoco fue notificado en Secretaria del Juzgado, del que no corre plazo de acuerdo a los arts. 319 del CFPF; y, 25.3 del CPC, el cual está vinculado al art. 89 del CPC y que dispone que debe realizarse las notificaciones con el “Auto” de 21 de noviembre de 2019 según lo determinado en los arts. 82 del CPC; y, 313, 314 y 319 del CFPF, por lo que, dichos actos fueron omitidos por los Vocales ahora demandados al proferir el Auto de Vista de 27 de enero de 2022, vulnerando su derecho a la comunicación y la aplicación taxativa de los arts. 313 y 314 del CFPF, los cuales son de cumplimiento obligatorio y cuya omisión de falta de notificaciones suprimen lo previsto por los arts. 313, 314 y 319 del mencionado Código familiar, sobre el comienzo de plazos para impugnar con la aclaración, complementación y enmienda del “Auto de 21 de del 2019” (sic) como con la “…Notificación de la resolución de 08 de mayo de 2018 de fs 653 y el Auto de Fs 655 a fs 664 vlta como Litisconsorcio Necesario Pasivo de acuerdo al art 48 y 49 del C.Pr.C. siendo su deber establecido en el art 50-I del C.Pr.C. disponiendo lo determinado en el art 25 num 3 del C.Pr.C.” (sic). En ese sentido, en el Auto de Vista de 27 de enero de 2022 se omitió lo determinado en los arts. 313, 314 y 319 del CFPF, y se transgredió lo previsto en el art. 2.I. del CC, siendo nula dicha determinación de aplicar de oficio o por medio de terceros de acuerdo al art 15 del CC, cuando se afecta a la personalidad de actuar en juicio, para que se proceda con la “…IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES del Auto del 21 de noviembre de 2019, resolución del 08 de mayo de 2018 y el Auto del 3 de septiembre del 2020 restableciéndose así el art 319 de la ley 603 y restableciendo lo determinado en el art 2 del C.C. que como persona tiene derecho al debido proceso y derecho a la defensa establecido en el art 115, 119 y 180 de la C.P.E. y se permita acceder a los actuados procesales del que nos omitieron con las notificaciones y que sea personal de acuerdo a lo determinado en el art 2 del C.C.” (sic); por lo que, el Auto de Vista de 27 de enero de 2022, carece de falta de motivación y fundamentación en relación a la valoración de la prueba y respeto a las normas legales, como terceristas excluyentes habilitados para todos los efectos de acuerdo al a los arts. 48 y 49 del CPC.
La parte peticionante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos a la defensa, a la impugnación, a la fundamentación y motivación en relación a la falta de comunicación; citando al respecto los arts. 115, 119 y 180 de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, “Dejando sin Efecto el auto de Vista del 27 de enero del 2022 del que carece de falta de motivación y fundamentación de acuerdo a la valoración de la prueba y respetar las normas legales, como Terceristas Excluyentes habilitados para todos los efectos de Ley de acuerdo al art 48 y 49 de el C.Pr.C. Otorgando la Tutela de Amparo, ordenando a las Autoridades recurridas a que emitan un nuevo Auto de Vista, de acuerdo a la prueba que son la OMISION Y RESTRICCION de la NOTIFICACION de los actuados procesales de acuerdo al art. 313 Y 314 de la Ley 603 para que de acuerdo al art. 319 de la ley 603 se proceda con la IMPUGACION DE LAS RESOLUCIONES del Auto del 21 de noviembre del 2019 resolución del 08 de mayo del 2018 y el Auto del 3 de septiembre del 2020 restableciéndose así el art 319 de la ley 603 y restableciendo lo determinado en el art 2 del C.C. que como persona tiene derecho al debido proceso y derecho a la defensa establecido en el art 115, 119 y 180 de la C.P.E. y se permita acceder a los actuados procesales del que nos omitieron con las notificaciones y que sea personal de acuerdo a lo determinado en el art 2 del C.C.” (sic).
Habiéndose instalado la audiencia el 19 de septiembre de 2022 cursante de fs. 496 a 498, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente los extremos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando los mismos refirió: a) Los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista de 27 de enero de 2022 lesionando su derecho al debido proceso en relación a su derecho a la defensa por cuanto habiendo cuestionado mediante incidente de nulidad la falta de notificación con resoluciones emitidas en la división y partición dentro del fenecido proceso de divorcio instaurado por Honorina Morales Carvajal contra Primitivo Terceros López –los cuales son sus padres–, en el que intervino como tercero; así, la notificación con el “Auto” de 21 de noviembre de 2019, inobservó lo establecido por los arts. 313 y 314 del CFPF, con relación al art. 85 del CPC, impidiéndole activar medios de impugnación por falta de notificación con los indicados actuados procesales, que le hubiesen permitido presentar solicitudes de aclaración, enmienda y complementación, y demostrar tales actos ilegales denunciados; b) Al no ser notificado como tercero, no pudo reclamar sobre sus bienes propios que son objeto del proceso de división y partición, respecto de la exclusión de una volqueta y un bien inmueble ubicado en la zona de Esmeralda de la ciudad de Cochabamba; y, c) Solicitó que se conceda la tutela y se revoque el Auto de Vista de 27 de enero de 2022, no solo por vulneración al derecho a la defensa de su persona sino también de Wilger Bladimir Terceros Morales y Honorina Morales Carvajal. En mérito a lo previsto en el art. 36.6, la Sala Constitucional preguntó en qué estado está el proceso. Al respecto, la parte accionante manifestó que se encuentra con apelación de uno de los terceros interesados.
Gualberto Terrazas Ibáñez y Juan Edgar Balderrama Balderrama –convocado–, Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 16 de septiembre de 2022, cursante de fs. 422 a 424, solicitaron se deniegue la tutela solicitada, manifestando al efecto: 1) En la acción de amparo constitucional se denuncia la vulneración de los arts. 115, 119 y 180 de la CPE, 25, 50 y 89 del CPC; 313, 314 y 319 del CFPF, en relación al principio de seguridad jurídica, debido proceso en su elemento falta de fundamentación y motivación, derecho a la defensa, derecho a la personalidad establecido en el art. 2 del CC, principio de legalidad, de transcendencia y derecho a la comunicación; 2) En relación a los requisitos de admisibilidad, antes de admitir la acción de amparo constitucional, se debe observar lo establecido en la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, en ese sentido, el accionante debe exponer de manera adecuada, precisa y debidamente fundamentada su acción tutelar, expresando que derechos fundamentales fueron lesionados; empero, de la lectura del memorial de la acción de defensa, se concluye que el mismo carece de carga argumentativa, limitándose a narrar de forma confusa y desordenada los hechos acontecidos, tampoco fundamenta de manera adecuada las vulneraciones de derechos; por lo que, la vía constitucional fue activada de forma incorrecta; 3) La acción de amparo constitucional no se constituye en un recurso casacional ni se constituye en una instancia de impugnación de lo resuelto por otras jurisdicciones; conforme lo sostuvo la SCP 0718/2015-S3 de 3 de julio, al señalar que la acción de amparo constitucional no es un recurso casacional que forma parte de las vías legales ordinarias, y que solo se activa ante la restricción de derechos fundamentales o garantías constitucionales, y no así para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivos debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas; 4) En el Auto de Vista de 27 de enero de 2022 cumple con la debida fundamentación y motivación; toda vez que, expone de forma clara y precisa las razones por las cuales el tribunal consideró no ha lugar a la nulidad planteada por el accionante, sustentada en doctrina, jurisprudencia y disposiciones legales vigentes, citando el lineamiento contenido en la “SCP 0367/2022-S2” que indica cuales son los requisitos que debe contener una resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso; y, 5) El Auto de Vista de 27 de enero de 2022 consideró los aspectos legales, explicando los motivos por los cuales se arribó a la decisión asumida en el mismo, concluyéndose que no se vulneró ningún derecho ni garantía que tenga relevancia constitucional.
Serafina Terceros Morales, en audiencia, identificándose como hermana del accionante, intento hacer uso de la palabra; empero, la Sala Constitucional le indicó: “…que la misma esta en este acto representada por sus dos abogados patrocinantes, tomando en cuenta que no se trata de un proceso ordinario” (sic).
La abogada de Primitivo Terceros López, en audiencia, indicó que: i) Su cliente no se encuentra presente porque vive en el campo; asimismo, señala que el apersonamiento del peticionante de tutela nunca fue admitido en el proceso familiar, el cual, al presente se encuentra a la espera de resolución de recurso de apelación, y que tiene que ver con la determinación de los bienes gananciales objeto de la división y partición, entre ellos una volqueta y un bien inmueble precisados por la parte impetrante de tutela; y, ii) Algunos bienes fueron promovidos mediante proceso civil de nulidad por la parte demandante respecto de la venta de los bienes, encontrándose a la espera de resolución. Honorina Morales Carvajal y Wilger Bladimir Terceros Morales a través de su abogado, en audiencia, señalaron que el Auto de Vista de 27 de enero de 2022 también les incumbe por cuanto al desfavorable afecta sus derechos a la defensa y al debido proceso, previstos en los arts. 115, 119 y 180 de la CPE; además, no hubiesen sido notificados con las resoluciones en cuestión a efecto de asumir su defensa; por lo que, de otorgarse la tutela también se estuviese restableciendo sus derechos a defenderse en relación al indicado proceso; en ese sentido, solicitaron se emita una nueva resolución fundamentada y motivada que posibilite esos extremos.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 078/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 499 a 503 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Sobre el principio de inmediatez corresponde precisar que el accionante de manera previa interpuso una acción de amparo constitucional que mereció el Auto de 30 de agosto de 2022, a través del cual, se determinó dar a dicha acción tutelar por no presentada al no dar cumplimiento a las observaciones realizadas; y, habiendo interpuesto nuevamente la indicada acción de defensa y del análisis de la inmediatez, además de considerar la suspensión de plazos en relación a la anterior acción de defensa planteada la cual lo realizo dentro de los seis meses según lo previsto por el art. 129 de la CPE; es decir, a escasos días de su vencimiento, se determinó su admisión a efectos de escuchar los argumentos orales a exponerse en audiencia; b) El Auto de Vista de 27 de enero de 2022 –que resolvió el incidente de nulidad de obrados planteado por el impetrante de tutela– contiene la debida motivación, y fundamentación de hecho y de derecho; por cuanto, responde al análisis que realiza de manera razonada a los actuados que involucran la petición de nulidad y los actos suscitados respecto al impetrante de tutela; c) Los criterios emitidos en el Auto de Vista de 27 de enero de 2022 responden a los antecedentes del proceso, puesto que una resolución debidamente motivada y fundamentada, no implica una exposición ampulosa o de consideraciones de citas legales, sino que debe ser concisa, clara y fundamentalmente satisfacer los puntos que fueron cuestionados, en este caso en el memorial del incidente interpuesto; y, d) La parte accionante no dio cumplimiento a la debida carga argumentativa; es decir, por una parte de establecer el nexo causal entre los hechos, los derechos que se alega vulnerados y fundamentalmente la petición de tutela realizada; por cuanto, de los argumentos expuestos de manera escrita en la acción tutelar, ratificados y reiterados oralmente en audiencia, teniendo cuestionado incumplimiento al contenido taxativo de los arts. 313, 314 y 319 del CFPF, respecto de las notificaciones a realizarse dentro de una causa en el ámbito familiar “…cual el cuestionamiento respecto de la interpretación realizada por los Vocales a tal normativa y fundamentalmente respecto de la aplicación normativa sobre las nulidades determinadas por los demandados, en relación a los principios de interpretación establecidos en la normativa ordinaria y constitucional, y explicar de qué manera en función a esa interpretación resultare lesivo a sus derechos el no haberse dado curso a la nulidad de obrados pretendida, y consecuentemente materialmente hubieren sido lesionados los derechos alegados, y por otra no haber otorgado consecuentemente elementos necesarios a efecto de determinar cuál la relevancia constitucional a efecto de ingresar a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, que conforme la Constitución Política del Estado le corresponde a la judicial; por lo que en función a ello, sin haberse cumplido con tales presupuestos, y no incurrir en desequilibrio entre ambas jurisdicciones, cuando a su vez se precisa afectación o conculcación a su derecho a la impugnación y consiguientemente derecho a la defensa; por cuanto al no haberse dispuesto la nulidad a efecto de cumplirse con la notificación observada, conforme se argumenta en la acción tutelar, no hubiere tenido la posibilidad de interponer recurso de aclaración, enmienda o complementación, cuando tal recurso no permite modificación sustancial a lo resuelto en el fondo, conforme la normativa existente al respecto, no solo en el ámbito familiar sino en la normativa ordinaria general. En tal sentido por lo precedentemente expuesto, de manera razonada se concluye, que al no haberse verificado vulneración a derecho y garantía constitucional, menos a los precisados por la parte accionante, ante la falta de la debida carga argumentativa a efecto de ingresar a revisar la legalidad ordinaria, cuando a su vez los cuestionamientos vinculados a bienes gananciales precisados respecto a un vehículo e inmueble, que entre otros aspectos incumbe a las partes del proceso de división y partición de bienes gananciales, es decir a los ex cónyuges o ex esposos, Primitivo Terceros y Honorina Morales, padres del mandante del ahora accionante, mientras estuviere pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesta contra la resolución que determino los bienes gananciales y a su vez, tomando en cuenta la petición de dejarse sin efecto el Auto de 27.01.2022 y se disponga se emita uno nuevo que permita la notificación con las resoluciones precedentemente precisadas como si la jurisdicción constitucional fuere una instancia adicional de la vía ordinaria en la pretensión de determinar una nulidad, corresponde denegar la tutela solicitada.” (sic). En mérito a lo previsto en el art. 13 del CPCo, el accionante solicitó la aclaración y enmienda de la Resolución 078/2022, refiriendo que, en el Auto de Vista de 27 enero de 2022, se lo excluye del proceso como hijo; empero, se involucra sus propios bienes. En ese sentido, la Sala Constitucional responde señalando que la Resolución 078/2022 emitida contiene la debida fundamentación, motivación además resulta congruente con lo alegado en la acción tutelar, lo expuesto por los demandados y los terceros interesados, sustentado en lineamiento jurisprudencial; por lo que, siendo la misma clara y precisa en sus fundamentos, no advierte elemento alguno que deba ser objeto de enmienda y aclaración, más aun cuando se pretende se acoja el criterio de la parte accionante sobre lo sustanciado en el proceso judicial en relación; respecto de las notificaciones realizadas a su representado dentro del indicado proceso, consecuentemente, corresponde determinar no ha lugar a la enmienda y aclaración solicitada, manteniéndose incólume la resolución emitida.
Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Mediante Memorial presentado el 28 de diciembre de 2015, José David y Wilger Bladimir ambos Terceros Morales –el primero ahora accionante–, plantean tercería de dominio excluyente ante el entonces Juzgado de Partido de Familia Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba (fs. 71 a 72), mereciendo decreto de 29 de similar mes y año, el cual dispone traslado a las partes (fs. 72 vta.). II.2. Por memorial de 12 de febrero de 2016 presentado ante la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Wilger Bladimir Terceros Morales y Lody Andrónico Mareño Sánchez adjuntan Testimonio 595/2015 de 21 de diciembre, suscrito ante la Notaria de Fe Pública 9 de precitado departamento, el cual les otorga poder de representación de José David Terceros Morales –ahora accionante– (fs. 106 a 107 vta.); y, por decreto de 12 de febrero de 2016 se los tiene por apersonados (fs. 108).
Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, declara improbado el incidente de tercería de dominio excluyente, bajo el siguiente fundamento:
“…los terceristas tienen registrado un derecho propietario y dominio sobre los siete lotes de terreno objeto de litis, así como inscripción de sus derechos en DD.RR.; sin embargo de todo ello lo que no se advierte es que exista la inscripción de un embargo o título contra el cual existiere oposición, es decir, que el derecho propietario de los ahora terceristas no se encuentra afectado con un embargo emergente de esta causa; si bien existe una pretensión de reconocimiento de la calidad ganancial de los dineros utilizados para la adquisición de lotes a favor de los terceristas por parte de sus padres, no es menos cierto que esta autoridad no ha pronunciado resolución alguna que afecte sus derechos.
Para una mayor comprensión se hace necesario puntualizar que la finalidad de la TDE es el levantamiento de un embargo u otro gravamen que afecte la exclusiva propiedad de un tercero ajeno al proceso, y de acuerdo a los datos que informa el proceso no se advierte que se haya trabado embargo alguno en contra de los siete lotes de terreno objeto de litis, se tiene que comprender que la pretensión efectuada por el demandante es solamente eso una deberá ser objeto de análisis conforme las pretensión que alegaciones y producida para emitir pronunciamiento y prueba correspondiente que conceda o no el supuesto derecho pretendido.
De todo lo analizado y visto se arriba a la convicción de que la pretensión de los terceristas no se puede subsumir a los supuestos fácticos previstos como presupuestos legales de procedencia particularmente sobre la inexistencia de gravamen alguno sobre los siete lotes de terreno de referencia, es decir, por lo que corresponde resolver la pretensión de referencia conforme argumentado precedentemente.” (sic [fs. 145 a 150 vta.]).
Resolución de 9 de febrero de 2018 notificada a Honorina Morales Carvajal el 21 de igual mes y año (fs. 152). II.4. Cursa memorial presentado el 6 de marzo de 2018, por el cual, Honorina Morales Carvajal y Wilger Bladimir Terceros Morales en representación legal de José David Terceros Morales interponen recurso de apelación contra la Resolución de 9 de febrero de 2018 (fs. 154 a 159 vta.). II.5. Por Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019, Elisa Sánchez Mamani y Diomedes Javier Mamani, Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia de la Capital del departamento de Cochabamba, confirman la Resolución de 9 de febrero de 2018 (fs. 204 a 206). Auto de Vista que fue notificado a Honorina Morales Carvajal y Primitivo Terceros López el 28 de enero de 2020 (fs. 207). II.6. Mediante Resolución de 3 de septiembre de 2020, declara probada en parte la división y partición de bienes gananciales en etapa de ejecución de sentencia dentro del fenecido proceso de divorcio de Primitivo Terceros López y Honorina Morales Carvajal, tramitado ante el Juzgado Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba. (fs. 265 a 274 vta.) en ese sentido, se tiene diligencia de notificación, por los que, se notifica a Honorina Morales Carvajal y Primitivo Terceros López el 3 de septiembre de 2020 (fs. 275 y 276). Por memorial presentado el 24 de septiembre de 2020, Honorina Morales Carvajal, solicita la ejecutoria de sentencia (fs. 277); empero, Primitivo Terceros López presenta recurso de apelación (fs. 279); por lo que, mediante Auto de 20 de octubre de 2020 se concede la apelación (fs. 285); y, mediante decreto de 23 de igual mes y año, se dispone su radicatoria en la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 292). II.7. A través de memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, ante la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Lody Andrónico Mareño Sánchez en representación legal de José David Terceros Morales formula incidente de nulidad de obrados, (fs. 483 a 487); dicho incidente fue admitido y corrido en traslado mediante decreto de 6 de diciembre de 2021 (fs. 488).
II.8. Cursa Auto de Vista de 27 de enero de 2022, a través del cual, Gualberto Terrazas Ibáñez y Juan Edgar Balderrama Balderrama – convocado–, Vocales Vocal Presidente de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba – ahora demandados–, rechazan el incidente de nulidad en base a los siguientes fundamentos:
“VISTOS: Con el pronunciamiento de las partes al traslado de 6 de diciembre de 2021 de fs. 773, se pasa a resolver el incidente de nulidad de obrados planteado por José David Terceros Morales representado por Lody Andrónico Mareño Sánchez por memorial cursante a fs. 749 a 753 de obrados en los términos siguientes: El incidente de nulidad de obrados planteado en esta instancia por el incidentista, dentro del fenecido proceso de Divorcio (División y Partición de Bienes seguido por Primitivo Terceros López contra Honorina Morales Carbajal, demás antecedentes procesales; y,
CONSIDERANDO I: Que, por memorial de Fs. 749 a 753 José David Terceros Morales mediante su apoderado plantea ante este Tribunal incidente de nulidad de obrados bajo los siguientes términos.
Que, sintetizando lo acontecido durante la tramitación de la tercería de dominio excluyente manifiesta que se ha omitido su notificación con el Auto de Vista de fecha 21 de noviembre de 2019, el Auto de fecha 03 de septiembre de 2020 y el Auto de 11 de noviembre de 2021 lo que hace aplicable lo dispuesto por el Art. 105 del CPC; asimismo refiere que, con dicha omisión se vulnera su derecho a la defensa, los Arts, 115, 119 y 180 de la CPE y el principio de legalidad, igualmente se omite aplicar lo dispuesto por los Arts. 25, 50, 82 y 89 de la norma adjetiva civil con la falta de comunicación procesal que alega.
Argumentos en base a los cuales solicita se declare nulo los actos procesales hasta Fs. 600 de obrados, esto es, hasta la legal notificación con el Auto de Vista de fecha 21 de noviembre de 2019 a efectos de lo determinado en el Art. 89 del C.Pr.C.
CONSIDERANDO II. Para la determinación de la problemática planteada corresponde efectuar el siguiente análisis:
Sobre las nulidades procesales
Al respecto, el Código de las Familias y del Proceso Familiar prevé reglas de nulidad procesal, así el Art. 248 de dicho cuerpo normativo señala: ‘I. Todo acto procesal será válido cuando ha logrado su finalidad y eficacia prevista, siempre y cuando no cause de manera directa indefensión. II. La autoridad jurisdiccional tiene la responsabilidad de declarar de oficio la nulidad de actos procesales expresamente previstos en la Ley. Por su parte el Art. 249-II Id refiere: "No podrá declararse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. Constituye confirmación tácita el no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil’.
Asimismo, respectos a las nulidades el Auto Supremo 516/2017 de 17 de mayo de 2017 establece: ‘Los principios que rigen las nulidades procesales, rigen en afán de precautelar el derecho a la defensa y la indefensión, no se aplican para sanear pruritos formales, sobre estos principios ha sido desarrollados en distintos fallos emitidos por este Tribunal hasta podemos citar los Autos Supremos N° 158/2013 de 11 de abril, N° 169/2013 de 12 de abril, N° 411/2014 de 4 de agosto, N° 84/2015 de 6 de febrero, entre otros, en las que se expuso lo siguiente: ‘Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 105-I del Código Procesal Civil, en virtud a él ‘no hay nulidad sin ley especifica que la establezca’ (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los' posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal. Principio de finalidad del acto,-Partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad especifica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad. Principio de Conservación.- Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto. Principio de Trascendencia. Si ben resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio ‘pas de nullite sans grieg’; es decir, que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: ‘No existe impugnación da Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale." Principio de Convalidación.- Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de utilidad. Principio de preclusión. Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr, Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: ‘En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia, de ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes. De dichos principios y concordante con lo desarrollado en el anterior numeral, se deduce que los jueces y Tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios expuestos supra, es decir que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115-II de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I de la referida norma, cuyo texto señala: "La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez.’
Bajo ese entendido y previo a resolver el incidente de nulidad de obrados corresponde efectuar las siguientes puntualizaciones:
Que, de antecedentes se desprende que los terceristas Wilger Bladimir Terceros Morales y José David Terceros Morales, se apersonaron al presente proceso por memorial de fs. 376 a 377 solicitando la exclusión de los bienes que serían de su propiedad de la división y partición pretendida por las partes principales, posteriormente por memorial de fs. 465 a 466 plantearon incidente de tercería de domicilio excluyente patrocinados por el profesional abogado Dr. Lody A. Mareño Sánchez quien suscribe los diferentes escritos presentados por los mismos en ejercicio de su derecho a la defensa, luego el prenombrado profesional por memorial cursante a fs. 500 adjuntando el Testimonio de Poder N° 595/2015 se apersonó al proceso junto con el tercerista Wilger Bladimir Terceros Morales en representación de José David Terceros Morales y Serafina Terceros Morales cuya representación fue aceptada por decreto de fecha 12 de febrero de 2016 cursante a fs. 501 de obrados y a partir de ello ambos fungieron como apoderados del ahora nulidicente dentro del proceso. Asimismo, la demandada Honorina Morales Carbajal que resulta ser la progenitora de los prenombrados terceristas fue la que solicitó en ejecución de sentencia la división y partición de bienes, que conforme a los datos del proceso inicialmente fue asesorada por la profesional abogada Dra. Andrea Choque Guzmán quien posteriormente le otorgó el pase profesional que consta a fs. 412 y tomó también los servicios del nombrado profesional que patrocina a los terceristas.
Por otro lado a Fs. 595 a 597 cursa el Auto de Vista de fecha 21 de noviembre de 2019 pronunciado por este Tribunal por el que se confirmó en su integridad la resolución de fecha 09 de febrero de 2018 que declara improbada la demanda incidental de tercería de dominio excluyente planteada por el nulidicente y Wilger Bladimir Terceros Morales; asimismo a Fs. 598 cursa la diligencia de notificación con la referida resolución a: Honorina Morales Carbajal y Primitivo Terceros López, no así a los terceristas Wilger Bladimir Terceros Morales y José David Terceros Morales.
Por último, a Fs. 615 a 664 vlta. y 745 a 747 respectivamente cursan los Autos de fechas 09 de septiembre de 2020 y 11 de noviembre de 2021, el primero define la ganancialidad de los bienes demandados y el último rechaza el incidente de nulidad planteado por Wilger Bladimir Terceros Morales.
Ahora bien, es menester precisar que el incidentista plantea la nulidad de obrados hasta fs. 60 alegando básicamente que no fue notificado con el Auto de Vista de fecha 21 de noviembre de 2019, Auto de 09 de septiembre de 2020 y Auto de 11 de noviembre de 2021 y que ello no le permitiría ejercitar en su defensa las distintas acciones. Al respecto, conforme la jurisprudencia constitucional se tiene que: "En cuanto a la nulidad de los actos procesales, complementando el entendimiento establecido en la Sc 0731/2010-R 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional afirmó: <...el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad. Dichas condiciones deberán ser explicadas, además, por el incidentista en su solicitud, señalando, en forma concreta, clara y precisa, la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado; deberá mencionar demostrar expresamente, los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer de resolución (..)». (Subrayado y negrillas nuestras). Criterio que a su vez fue recogido por la Ley No 603 que establece reglas para que opere la nulidad de obrados. Así en su Art. 248-I remarca: "Todo acto procesal será válido cuando haya logrado su finalidad y eficacia prevista, siempre y cuando no cause de manera indirecta indefensión (..)". A su vez el Art. 249-II de la citada norma establece que no podrá declararse la nulidad del acto por el quien ha consentido.
En el sub lite, si bien resulta evidente que el incidentista no fue notificado con el Auto de Vista de fecha 21 de noviembre de 2019; sin embargo, no se advierte que hubiera reclamado dicha omisión de forma oportuna sino 2 años después de su emisión alegando genéricamente vulneración a su derecho a la defensa, sin especificar que recursos se ha visto impedido de ejercitarlos y cómo dicha omisión le ha causado un perjuicio real irreparable, que hace ver que el incidente planteado solo tiende a retrotraer etapas procesales precluidas y evitar la continuidad del proceso. Pues de considerar necesaria su regularización, se reitera debió solicitarlo oportunamente en esta causa, tanto más si es obligación de las partes concurrir a estrados a fin de interiorizarse de estado de la causa y notificarse con las resoluciones que se hubieran emitido: no obstante ello, dicha omisión tampoco era óbice para que el incidentista dándose Por notificado en su momento haga valer sus derechos que ahora alega como vulnerados y al no haber procedido de esa manera ha validado dicha omisión y consiguiente precluido su derecho a impugnar en esta causa.
Por otra parte, interesa anotar que respecto a la procedencia del recurso de casación contra resoluciones pronunciadas en ejecución de sentencia el Auto Supremo N° 286/2015 -L de 30 de abril de 2015 citado por el Auto Supremo N° 40/2018-RI, efectuó un razonamiento en sentido de que por la naturaleza de la fase de ejecución, ésta no puede ser suspendida por ningún recurso ordinario ni extraordinario o solicitud que tienda a rechazar o dilatar dicha ejecución y que no resulta factible la interposición del recurso de casación contra resoluciones pronunciadas en esa fase, lo que en el caso aconteció, toda vez que el Auto de Vista de fecha 21 de noviembre de 2019, confirmó el rechazo de la tercería de dominio excluyente planteada en ejecución de sentencia de Divorcio que se encuentra sujeta al trámite extraordinario conforme prevé el Art. 434 inc. a) de la Ley N° 603.
Por último, tampoco es aceptable el argumento del incidentista en sentido de que hubiera desconocido la existencia del merituado Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019, toda vez que, su progenitora quien es asesorada por el mismo profesional abogado que patrocina a su persona fue notificada con dicha resolución en Secretaría de este Tribunal conforme consta de la diligencia cursante a fs. 598, de donde se infiere que si adquirió conocimiento de las resultas del Auto de Vista tantas veces citado, sin que se pueda advertir vulneración a las disposiciones constitucionales y legales ni al principio de legalidad que invoca el nulidicente.
En ese contexto, en base a los argumentos expuestos precedentemente corresponde a este Tribunal adoptar la siguiente determinación.
La Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, RECHAZA el incidente de NULIDAD DE OBRADOS planteado por José David Terceros Morales mediante su Apoderado Dr. Lody Andrónico Mareño Sánchez por memorial de Fs. 749 a 753, debiendo el nulidicente estarse a los datos del proceso. A efecto de contar con el quórum necesario, se convoca al Dr. Juan Edgar Balderrama Balderrama - Vocal Presidente de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.” (sic [490 a 493]).
21 de febrero de 2022, se puso en conocimiento el memorial de 20 de enero de similar año y el Auto de Vista de 27 de igual mes y año; enviando copia de ley a través de WhatsApp al número de celular 72700600 de Lody Andrónico Mareño Sánchez (fs. 494).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a la impugnación, a la debida fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del fenecido proceso familiar sustanciado entre sus padres: 1) Planteó una tercería de dominio excluyente en relación a cuatro terrenos registrados a su nombre, que su padre alegó hubiesen sido adquiridos con dineros gananciales, tercería, que fue resuelta por Resolución de 9 de febrero de 2018 declarándola improbada y confirmada en su integridad por Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019, que no le fue notificada pese a haber señalado domicilio procesal; 2) El Auto de 3 de septiembre de 2020 emitido por el Juez Público Sexto de Familia de la Capital del departamento de Cochabamba no lo toma en cuenta para ejercitar distintas acciones y oponerse inclusive al objeto del proceso como terceristas excluyentes, restringiéndole el derecho a la impugnación establecida en el art. 180.II de la CPE, al no habérsele notificado con dicho Auto; 3) Se permitió que varios inmuebles pasen a manos de Primitivo Terceros López –su padre– como ser la volqueta y el inmueble, los cuales fueron excluidos por el Juez a quo, al ser bienes gananciales se transgredió los arts. 115 y 119 en relación al art. 180 de la CPE; 4) Al plantear incidente de nulidad ante el Tribunal de alzada –ahora demandado– donde radicaba la causa –en etapa de apelación–, se cuestionó la falta de notificación con el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019 y otras resoluciones emitidas dentro del referido proceso, porque no se le permitió reclamar sobre sus bienes inmuebles propios que son objeto del proceso de división y partición y sobre la exclusión de una volqueta y un bien inmueble ubicado en la zona de Esmeralda de la ciudad de Cochabamba; por lo que, dicho Tribunal al emitir el Auto de Vista de 27 de enero de 2022, el cual es carente de toda fundamentación y motivación respecto a las normas legales y la valoración de la prueba como terceristas excluyentes habilitados para todos los efectos de acuerdo a los arts. 48 y 49 del CPC, sustentando el rechazo del incidente, alegando que su progenitora sabia del proceso y por medio de ella conocían los actuados procesales, vulnerando así su derecho a la personalidad establecido en el art. 2.I del CC, ya que, no puede ser suplido por terceras personas su derecho a la defensa, siendo nulo de acuerdo de acuerdo al art. 15 del CC. Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se tomarán en cuenta los siguientes ejes temáticos: i) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; ii) Sobre el principio de inmediatez; iii) Sobre la legitimación pasiva en acción de amparo constitucional; y, iv) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0044/2020-S1; 0045/2020-S1; 0049/2020-S1; todas del 13 de julio; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
La Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía), concretamente como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.
En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia. (el resaltado es añadido)
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.
78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).
Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…
En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la CADH, y art. 14 del PIDCP, lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2020-S1 de 18 de agosto; 0405/2021-S1 de 9 de septiembre; 0382/2022-S1 de 3 de junio; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras).
Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que:
“ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).
I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace” (el resaltado es nuestro).
El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que:
…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos.
Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo.
De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosas sentencias constitucionales plurinacionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.4, respecto al doble efecto de este principio, señaló que:
El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.
…no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado. (las negrillas son ilustrativas).
Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2 de 22 de mayo, que expresa textualmente: “En resumen, corresponde puntualizar que, en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0405/2022-S1 de 15 de junio; 0484/2022-S1 de 4 de julio; 1354/2022-S1 de 15 de noviembre –entre otras– que formularon el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva, es importante establecer que la misma recae en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho.
En ese sentido, para la procedencia de una acción tutelar es imprescindible que esté dirigida contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la vulneración de derechos; en concreto, la legitimación pasiva, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, también es preciso aclarar que la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados.
Sobre la temática, las SSCC 0255/2001-R, 0829/2001-R, 1349/2001-R, entre otras, determinaron que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; y así también las Sentencias Constitucionales 0325/2001-R y 0863/2001-R establecieron que para que el recurso sea admitido es imprescindible que el recurso sea dirigido contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, es decir el agraviante. Una definición clara, se extrae de la SCP 0442/2012 de 22 de junio, cuando concluye que la legitimación pasiva es la capacidad jurídica otorgada al particular, autoridad o servidor público, a efecto de que pueda responder por los supuestos actos ilegales endilgados en su contra.
En ese sentido, se puede inferir que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, entendimiento que la jurisprudencia constitucional ha sostenido en el tiempo.
Ahora bien, en el ámbito de tutela constitucional, para activar una acción de defensa como es el amparo constitucional, deben cumplirse lineamentos procesales al efecto establecidos en el art. 33 del CPCo, que establece los requisitos de forma y contenido que deben observarse para la presentación de la acción; siendo que, conforme reza el mencionado precepto, es imprescindible acreditar la personería del accionante, el nombre y domicilio de la parte demandada o su representante legal (si fuera una persona jurídica), efectuar una relación fáctica de los hechos motivo de la acción relacionado con la presunta vulneración de los derechos y/o garantías constitucionales, adjuntar los elementos de prueba sobre las que se funda la acción, así como establecer con precisión la tutela requerida, requisitos de cuyo cumplimiento dependerá que tanto el juez o tribunal de garantías así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional puedan compulsar sobre la base de criterios objetivos, la legitimación de las partes, así como la veracidad de los hechos reclamados y los derechos lesionados, para en definitiva otorgar o negar el amparo expresamente solicitado; a su vez tiende a garantizar también que con tales precisiones puedan estar a derecho para asumir defensa en debida forma.
En esa línea la SCP 1060/2014 de 10 de junio, concretamente refiriéndose a la acción de amparo constitucional, señaló que:
Establecida la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, es importante hacer referencia a los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para activar éste mecanismo de defensa; el art. 33 del CPCo, establece requisitos de forma y contenido, que deben ser observados por la autoridad en el momento de la presentación de la acción; el numeral 2 de la citada norma señala que entre los requisitos que debe contener la acción debe contemplar: `Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los derechos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar donde pueda ser notificado´, haciendo referencia a la legitimación pasiva, de donde se concluye que se trata de la persona que con probabilidad incurrió en la vulneración de derechos y/o garantías constitucionales, pudiendo ser una o más personas, en tal sentido, la acción de amparo constitucional debe dirigirse contra todos los sujetos que probablemente con sus actos u omisiones hubiesen vulnerado derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. (las negrillas nos pertenecen). Consiguientemente, para que el recurso sea admitido o concedido, si es el caso, contra determinadas personas es imprescindible que éste sea dirigido contra todos los que cometieron el acto ilegal o la omisión indebida; es decir los agraviantes, con la finalidad de asegurar el derecho a la defensa de la parte demandada, aspecto que es plenamente coherente con la naturaleza procesal de la acción de amparo constitucional, toda vez que al ser este mecanismo un verdadero proceso de naturaleza constitucional, le son aplicables las reglas de un debido proceso, en mérito de las cuales, se debe asegurar el principio de igualdad procesal expresamente reconocido por el art. 119 de la CPE. Finalmente se debe precisar que, en consideración a que siendo la legitimación pasiva en el ámbito procesal constitucional, una carga procesal para la parte accionante, quien tiene la obligación de identificar de manera precisa al particular, funcionario público, autoridad judicial o administrativa a quien se le atribuya la vulneración de derechos y/o garantías constitucionales, en caso de omitirse el cumplimiento de este requisito en esta etapa inicial; se impone como obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional en fase de revisión denegar la acción sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, precautelando de esta manera las reglas del debido proceso en sujeción al art. 119 de la CPE.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a la impugnación, a la debida fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del fenecido proceso familiar sustanciado entre sus padres: a) Planteó una tercería de dominio excluyente en relación a cuatro terrenos registrados a su nombre, que su padre alegó hubiesen sido adquiridos con dineros gananciales, tercería, que fue resuelta por Resolución de 9 de febrero de 2018 declarándola improbada y confirmada en su integridad por Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019, que no le fue notificada pese a haber señalado domicilio procesal; b) El Auto de 3 de septiembre de 2020 emitido por el Juez Público Sexto de Familia de la Capital del departamento de Cochabamba no lo toma en cuenta para ejercitar distintas acciones y oponerse inclusive al objeto del proceso como terceristas excluyentes, restringiéndole el derecho a la impugnación establecida en el art. 180.II de la CPE, al no habérsele notificado con dicho Auto; c) Se permitió que varios inmuebles pasen a manos de Primitivo Terceros López –su padre– como ser la volqueta y el inmueble, los cuales fueron excluidos por el Juez a quo, al ser bienes gananciales se transgredió los arts. 115 y 119 en relación al art. 180 de la CPE; d) Al plantear incidente de nulidad ante el Tribunal de alzada –ahora demandado– donde radicaba la causa –en etapa de apelación–se cuestionó la falta de notificación con el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019 y otras resoluciones emitidas dentro del referido proceso, porque no se le permitió reclamar sobre sus bienes inmuebles propios que son objeto del proceso de división y partición y sobre la exclusión de una volqueta y un bien inmueble ubicado en la zona de Esmeralda de la ciudad de Cochabamba; por lo que, dicho Tribunal al emitir el Auto de Vista de 27 de enero de 2022, el cual es carente de toda fundamentación y motivación respecto a las normas legales y la valoración de la prueba como terceristas excluyentes habilitados para todos los efectos de acuerdo a los arts. 48 y 49 del CPC, sustentando el rechazo del incidente, alegando que su progenitora sabia del proceso y por medio de ella conocían los actuados procesales, vulnerando así su derecho a la personalidad establecido en el art. 2.I del CC, ya que, no puede ser suplido por terceras personas su derecho a la defensa, siendo nulo de acuerdo de acuerdo al art. 15 del CC.
De los antecedentes venidos en revisión y plasmados en las Conclusiones de este fallo constitucional se tiene que dentro del fenecido proceso de divorcio entre Primitivo Terceros López y Honorina Morales Carvajal – ahora terceros interesados–, en ejecución de sentencia tramitaron la división y partición de bienes gananciales por ante el Juzgado Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, proceso dentro del cual, el ahora accionante y su hermano Wilger Bladimir Terceros Morales, mediante memorial de 28 de diciembre de 2015, plantearon tercería de dominio excluyente, siendo el mismo decretado el 29 del mismo mes y año disponiendo su traslado a las partes (Conclusión II.1); asimismo, por memorial de 12 de febrero de 2016, Wilger Bladimir Terceros Morales y Lody Andrónico Mareño Sánchez, adjuntando Testimonio 595/2015 de 21 de diciembre suscrito ante la Notaria de Fe Pública 9 de Cochabamba, se apersonan en representación del ahora accionante ante la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, por decreto de 12 de febrero de 2016 se los tiene por apersonados (Conclusión II.2). Por Resolución de 9 de febrero de 2018 emitida por el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, se declaró improbada el referido incidente de tercería de dominio excluyente (Conclusión II.3); ante ello; el 6 de marzo de 2018, Honorina Morales Carvajal y Wilger Bladimir Terceros Morales en representación legal de José David Morales Terceros –ahora accionante– interpusieron recurso de apelación contra la Resolución de 9 de febrero de 2018 (Conclusión II.4); y, por Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019, emitido por Elisa Sánchez Mamani y Diómedes Javier Mamani, Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se confirmó la Resolución de 9 de febrero de 2018, siendo notificado a las partes el 28 de enero de 2020 (Conclusión II.5); posteriormente, por Resolución de 3 de septiembre de 2020 en la tramitación de la división y partición de bienes gananciales, el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba declaró probada en parte la demanda de división y partición, y por memorial presentado el 24 de septiembre de 2020, Honorina Morales Carvajal solicitó la ejecutoria de Sentencia; empero, Primitivo Terceros López presentó recurso de apelación, el cual fue concedido por Auto de 20 de octubre de 2020, remitiéndose al Tribunal de alzada, motivo por el que a través del decreto de 23 de similar mes y año, se dispone su radicatoria en la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (Conclusión II.6); asimismo, en apelación, el accionante plantea incidente de nulidad de obrados ante la citada Sala, la cual es admitida y corrida en traslado mediante decreto de 6 de diciembre de 2021 (Conclusión II.7); y, por Auto de Vista de 27 de enero de 2022, emitido por los Vocales ahora demandados rechazan el citado incidente de nulidad (Conclusión II.8); el cual, fue notificado al impetrante de tutela el 21 de febrero de 2022, a través de la aplicación WhatsApp al número de celular 72700600 del abogado Lody Andrónico Mareño Sánchez (Conclusión II.9). Bajo esos antecedentes en forma previa al análisis de las problemáticas planteadas, se analizará si dentro de esta acción de amparo constitucional concurre alguna de las causales de improcedencia; por lo que, se verificará el principio de inmediatez característica de esta acción tutelar, el cual fue considerado por la Sala Constitucional:
Sobre la inmediatez
En ese sentido, antes de ingresar a considerar las problemáticas planteadas dentro de la presente acción de defensa, y conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación al Principio de Inmediatez, se establece que:
…la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.
Ahora bien, en el caso presente es necesario realizar dicho análisis, respecto a que si la parte accionante haya dado cumplimiento en haber interpuesto la acción de amparo constitucional dentro del plazo de los seis meses, de la siguiente manera: a) De la compulsa de antecedentes, se tiene que, el 21 de febrero de 2022, se notificó al accionante con el Auto de Vista de 27 de enero de 2022 (fs. 494); por lo que, a partir del 22 de citado mes y año corría su plazo y fenecía el 21 de agosto de 2022, tiempo en que el impetrante de tutela tenía la jurisdicción constitucional aperturada para hacer valer sus derechos y reclamar la tutela de los mismos. b) En ese contexto, el ahora accionante interpuso una acción de amparo constitucional el 19 de agosto de 2022, la cual radico en la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, que emitió el Auto SCII-CBB NP-017/2022, declarando por no presentada dicha acción tutelar al no explicar los motivos del porqué no se cumplió con los requisitos de forma y fondo; ante ello, el accionante solicitó aclaración, enmienda y complementación que fue resuelta por la citada Sala mediante Auto de 6 de septiembre de 2022, indicándole que no corresponde su pronunciamiento alguno por no estar acorde a la normativa procesal constitucional, fallo que fue notificado el 7 del citado mes y año. c) De los antecedentes se tiene que el peticionante de tutela interpuso nuevamente esta acción de amparo constitucional el 9 de septiembre de 2022 siendo admitida y emitiéndose la Resolución 078/2022 traída en revisión; consecuentemente, se verifica que la acción de defensa fue presentada dentro del plazo de los seis meses.
Por lo que aplicando dicho razonamiento, y computando los seis meses en los cuales debe interponerse la presente acción de defensa, se establece que el 21 de febrero de 2022, se notifico al accionante con el Auto de Vista de 27 de enero de 2022; por lo tanto, su plazo fenecía el 21 de agosto de igual año, tiempo en que el impetrante de tutela tenía la jurisdicción constitucional aperturada para hacer valer sus derechos; ante ello, se tiene que, el impetrante de tutela interpuso la acción de amparo constitucional el 19 de agosto de 2022 –dos días antes del vencimiento del plazo– y desde ese momento se suspendió el mismo hasta el 7 de septiembre de 2022 –fecha de notificación con el Auto de 6 de similar mes y año– al habérsela declarada por no presentada; ante ello, el 9 de igual mes y año, nuevamente presentó la acción tutelar ahora venida en revisión con los mismos argumentos; por lo que, se concluye que el plazo del accionante fue suspendido desde el 19 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2022, teniendo dos días de plazo todavía, y al interponerse la acción tutelar el 9 del mencionado mes y año, se establece que estaba dentro de plazo para su planteamiento; por lo que, corresponde ingresar a la compulsa de las problemáticas planteadas; en ese orden, se tiene lo siguiente: Respecto a la primera problemática planteada
El accionante alega que dentro del proceso familiar sustanciado entre sus padres, su persona planteo una tercería de dominio excluyente en relación a cuatro terrenos registrados a su nombre, que su padre alegó hubiesen sido adquiridos con dineros gananciales, tercería, que fue resuelta por Resolución de 9 de febrero de 2018 declarándola improbada y confirmada en su integridad por Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019, que no le fue notificada pese a haber señalado domicilio procesal. En ese sentido, a fines de su compulsa constitucional, conforme a los antecedentes descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que la Resolución de 9 de febrero de 2018 declaró improbado el referido incidente de tercería de dominio excluyente, y si bien esta no fue notificada al ahora impetrante de tutela por no constar la respectiva diligencia; sin embargo, se entiende que fue de su conocimiento en mérito a que Honorina Morales Carvajal, Wilger Bladimir Terceros Morales, en representación del accionante interpusieron recurso de apelación el 6 de marzo de 2018, bajo el siguiente contenido: “Habiendo sido notificado con la resolución del 09 de febrero del 2018, el 21 de febrero del 2018, declarando IMPROBADO la Tercería de Dominio Excluyente, sobre el derecho de propiedad de bienes ajenos al proceso de DIVISION Y PARTICION dentro del plazo legal del art. 261 del C.Pr.C. por causar AGRAVIO y atentando a la PROPIEDAD PRIVADA dentro del proceso AJENO de parte de DIVISION Y PARTICION” (sic). Recurso que fue resuelto por Elisa Sánchez Mamani y Diómedes Javier Mamani, Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través del Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019; por el que, confirmaron la Resolución de 9 de febrero de 2018; actuado procesal fue notificado de forma personal a Honorina Morales Carvajal, quien conforme se precisó líneas arriba actuó en representación legal del ahora impetrante de tutela al momento de interponer el referido recurso de apelación (Conclusión II.5); por lo que, bajo esos elementos fácticos, la denuncia del ahora peticionante de tutela respecto a que no habría sido notificado con el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019 en su domicilio procesal, no resulta evidente, ya que la misma le fue notificada a su progenitora quien conforme se lo refirió ostentaba su representación, conforme consta de la diligencia que cursa a fs. 207, la cual indica: “En Cochabamba a horas 16:25 del día martes (28) veintiocho de enero de 2020 años notifique a: HONORINA MORALES CARBAJAL, con Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019 quien impuesto de su tenor se dio por notificado entregado copia de ley personalmente en secretaria de esta Sala Familiar Niñez y Adolescencia quien firma en señal de constancia. Doy fe.” (sic); por tales aspectos establecidos, corresponde denegar la tutela sobre esta problemática planteada. Respecto a la segunda problemática planteada
El peticionante de tutela, denuncia que el Auto de 3 de septiembre de 2020 emitido por el Juez Público Sexto de Familia de la Capital del departamento de Cochabamba no lo toma en cuenta para ejercitar distintas acciones y oponerse inclusive al objeto del proceso como terceristas excluyentes, restringiéndole el derecho a la impugnación establecida en el art. 180.II de la CPE, al no habérsele notificado con dicho Auto. De la compulsa de los antecedentes del presente legajo constitucional, se establece que el cuestionado Auto de 3 de septiembre de 2020, que resolvió el incidente de división y partición de bienes gananciales, fue emitido por Helmut Balderrama Torrez, Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, autoridad judicial que no fue demandada en la presente acción tutelar, configurando con ello una falta de legitimación pasiva; en ese marco, resulta pertinente remitirnos al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que con referencia a dicha figura procesal preciso que en el ámbito procesal constitucional, el accionante tiene la obligación de identificar de manera precisa al particular, funcionario público, autoridad judicial o administrativa a quien se le atribuya la vulneración de derechos y/o garantías constitucionales, en caso de omitirse el cumplimiento de este requisito en esta etapa inicial; se impone como obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional en fase de revisión denegar la acción sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; premisa normativa que corresponde en subsunción a la presente problemática, ya que conforme se lo preciso el referido Auto de 3 de septiembre de 2020, fue emitido por una autoridad judicial que no fue demandada, siendo que la misma fue dirigida contra Gualberto Terrazas Ibáñez y Juan Edgar Balderrama Balderrama –convocado–, Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y quienes no emitieron el mencionado Auto; en consecuencia, este Tribunal se encuentra impedido de emitir pronunciamiento por la concurrencia de falta de legitimación pasiva; por lo que, corresponde denegar la tutela reclamada, con la aclaración de que no se ingreso al fondo de la problemática planteada.
En relación a la tercera problemática planteada
El accionante denuncio que se permitió que varios inmuebles pasen a manos de Primitivo Terceros López –su padre– como ser la volqueta y el inmueble, los cuales fueron excluidos por el Juez a quo, al ser bienes gananciales se transgredió los arts. 115 y 119 en relación al art. 180 de la CPE. De la problemática planteada, y de los antecedentes del presente legajo constitucional se establece que la autoridad que “presuntamente” excluyo de la masa ganancial el lote ubicado en “Esmeralda Pucara Sacaba” y la Volqueta marca Nissan, bienes disputados dentro del trámite de división y partición de bienes gananciales, es Helmut Balderrama Tórrez, Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, ya que al emitir el Auto de 3 de septiembre de 2020, considero los citados aspectos denunciados mediante la presente acción de defensa; sin embargo, la presente acción de amparo constitucional fue planteado contra los Vocales ahora demandados; quienes no emitieron el Auto de 3 de septiembre de 2020, ante ello opera y configura la falta de legitimación pasiva de los indicados Vocales y como lo considerado en la anterior problemática expuesta, se establece que la acción de amparo constitucional es imprescindible que dicha acción tutelar esté dirigida contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida; es decir, que exista coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración al derecho enunciado y aquélla contra quien se dirige la acción tutelar conforme al Fundamento Jurídico III.3; en tal sentido, debe considerarse que, la inconcurrencia de la legitimación pasiva neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo del hecho denunciado; por lo que corresponde denegar la tutela no ingresando al fondo de la problemática planteada.
Respecto a la cuarta problemática planteada El peticionante de tutela alega que plantear incidente de nulidad ante el Tribunal de alzada –ahora demandado– donde radicaba la causa –en etapa de apelación–, se cuestionó la falta de notificación con el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019 y otras resoluciones emitidas dentro del referido proceso, porque no se le permitió reclamar sobre sus bienes inmuebles propios que son objeto del proceso de división y partición y sobre la exclusión de una volqueta y un bien inmueble ubicado en la zona de Esmeralda de la ciudad de Cochabamba; por lo que, dicho Tribunal al emitir el Auto de Vista de 27 de enero de 2022, el cual es carente de toda fundamentación y motivación respecto a las normas legales y la valoración de la prueba como terceristas excluyentes habilitados para todos los efectos de acuerdo a los arts. 48 y 49 del CPC, sustentando el rechazo del incidente, alegando que su progenitora sabia del proceso y por medio de ella conocían los actuados procesales, vulnerando así su derecho a la personalidad establecido en el art. 2.I del CC, ya que, no puede ser suplido por terceras personas su derecho a la defensa, siendo nulo de acuerdo de acuerdo al art. 15 del CC. Siendo esos los aspectos denunciados por la parte accionante, de donde se tiene que esencialmente tiene que ver con la falta de fundamentación y motivación del referido Auto de Vista de 27 de enero de 2022, a efecto de su verificación constitucional concierne remitirnos inicialmente a los entendimientos constitucionales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, que ha referido que la fundamentación es la labor argumentativa por el cual la autoridad competente en la resolución de un caso está impelido de citar las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además en casos específicos y necesarios tiene la obligación interpretar la norma aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional; cuya motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; por lo que, en base a estos parámetros jurisprudenciales, corresponde proceder con el examen constitucional del Auto de Vista de 27 de enero de 2022, a través del cual los Vocales ahora demandados, determinaron rechazar el incidente de nulidad de obrados presentado por el accionante ante la falta de notificación con el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019, que rechazo su tercería de dominio excluyente, bajos los argumentos contenidos a partir del Considerando II, en el cual luego de citar la normativa legal sobre la nulidades procesales establecidas en los arts. 248 y 249 del CFPF, así como, doctrina de autores, doctrina legal aplicable al respecto y principios inmersos en la Norma Fundamental, refirió:
“Bajo ese entendido y previo a resolver el incidente de nulidad de obrados corresponde efectuar las siguientes puntualizaciones:
Que, de antecedentes se desprende que los terceristas Wilger Bladimir Terceros Morales y José David Terceros Morales, se apersonaron al presente proceso por memorial de fs. 376 a 377 solicitando la exclusión de los bienes que serían de su propiedad de la división y partición pretendida por las partes principales, posteriormente por memorial de fs. 465 a 466 plantearon incidente de tercería de domicilio excluyente patrocinados por el profesional abogado Dr. Lody A. Mareño Sánchez quien suscribe los diferentes escritos presentados por los mismos en ejercicio de su derecho a la defensa, luego el prenombrado profesional por memorial cursante a fs. 500 adjuntando el Testimonio de Poder N° 595/2015 se apersonó al proceso junto con el tercerista Wilger Bladimir Terceros Morales en representación de José David Terceros Morales y Serafina Terceros Morales cuya representación fue aceptada por decreto de fecha 12 de febrero de 2016 cursante a fs. 501 de obrados y a partir de ello ambos fungieron como apoderados del ahora nulidicente dentro del proceso. Asimismo, la demandada Honorina Morales Carbajal que resulta ser la progenitora de los prenombrados terceristas fue la que solicitó en ejecución de sentencia la división y partición de bienes, que conforme a los datos del proceso inicialmente fue asesorada por la profesional abogada Dra. Andrea Choque Guzmán quien posteriormente le otorgó el pase profesional que consta a fs. 412 y tomó también los servicios del nombrado profesional que patrocina a los terceristas.
Por otro lado a Fs. 595 a 597 cursa el Auto de Vista de fecha 21 de noviembre de 2019 pronunciado por este Tribunal por el que se confirmó en su integridad la resolución de fecha 09 de febrero de 2018 que declara improbada la demanda incidental de tercería de dominio excluyente planteada por el nulidicente y Wilger Bladimir Terceros Morales; asimismo a Fs. 598 cursa la diligencia de notificación con la referida resolución a: Honorina Morales Carbajal y Primitivo Terceros López, no así a los terceristas Wilger Bladimir Terceros Morales y José David Terceros Morales. Por último, a Fs. 615 a 664 vlta. y 745 a 747 respectivamente cursan los Autos de fechas 09 de septiembre de 2020 y 11 de noviembre de 2021, el primero define la ganancialidad de los bienes demandados y el último rechaza el incidente de nulidad planteado por Wilger Bladimir Terceros Morales.
Ahora bien, es menester precisar que el incidentista plantea la nulidad de obrados hasta fs. 60 alegando básicamente que no fue notificado con el Auto de Vista de fecha 21 de noviembre de 2019, Auto de 09 de septiembre de 2020 y Auto de 11 de noviembre de 2021 y que ello no le permitiría ejercitar en su defensa las distintas acciones. Al respecto, conforme la jurisprudencia constitucional se tiene que: "En cuanto a la nulidad de los actos procesales, complementando el entendimiento establecido en la Sc 0731/2010-R 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional afirmó: <...el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad.
Dichas condiciones deberán ser explicadas, además, por el incidentista en su solicitud, señalando, en forma concreta, clara y precisa, la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado; deberá mencionar demostrar expresamente, los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer de resolución (..)». (Subrayado y negrillas nuestras). Criterio que a su vez fue recogido por la Ley No 603 que establece reglas para que opere la nulidad de obrados. Así en su Art. 248-I remarca: "Todo acto procesal será válido cuando haya logrado su finalidad y eficacia prevista, siempre y cuando no cause de manera indirecta indefensión (..)". A su vez el Art. 249-II de la citada norma establece que no podrá declararse la nulidad del acto por quien ha consentido.
En el sub lite, si bien resulta evidente que el incidentista no fue notificado con el Auto de Vista de fecha 21 de noviembre de 2019; sin embargo, no se advierte que hubiera reclamado dicha omisión de forma oportuna sino 2 años después de su emisión alegando genéricamente vulneración a su derecho a la defensa, sin especificar que recursos se ha visto impedido de ejercitarlos y cómo dicha omisión le ha causado un perjuicio real irreparable, que hace ver que el incidente planteado solo tiende a retrotraer etapas procesales precluidas y evitar la continuidad del proceso. Pues de considerar necesaria su regularización, se reitera debió solicitarlo oportunamente en esta causa, tanto más si es obligación de las partes concurrir a estrados a fin de interiorizarse de estado de la causa y notificarse con las resoluciones que se hubieran emitido: no obstante ello, dicha omisión tampoco era óbice para que el incidentista dándose Por notificado en su momento haga valer sus derechos que ahora alega como vulnerados y al no haber procedido de esa manera ha validado dicha omisión y consiguiente precluido su derecho a impugnar en esta causa.
Por otra parte, interesa anotar que respecto a la procedencia del recurso de casación contra resoluciones pronunciadas en ejecución de sentencia el Auto Supremo N° 286/2015 -L de 30 de abril de 2015 citado por el Auto Supremo N° 40/2018-RI, efectuó un razonamiento en sentido de que por la naturaleza de la fase de ejecución, ésta no puede ser suspendida por ningún recurso ordinario ni extraordinario o solicitud que tienda a rechazar o dilatar dicha ejecución y que no resulta factible la interposición del recurso de casación contra resoluciones pronunciadas en esa fase, lo que en el caso aconteció, toda vez que el Auto de Vista de fecha 21 de noviembre de 2019, confirmó el rechazo de la tercería de dominio excluyente planteada en ejecución de sentencia de Divorcio que se encuentra sujeta al trámite extraordinario conforme prevé el Art. 434 inc. a) de la Ley N° 603. Por último, tampoco es aceptable el argumento del incidentista en sentido de que hubiera desconocido la existencia del merituado Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019, toda vez que, su progenitora quien es asesorada por el mismo profesional abogado que patrocina a su persona fue notificada con dicha resolución en Secretaría de este Tribunal conforme consta de la diligencia cursante a fs. 598, de donde se infiere que si adquirió conocimiento de las resultas del Auto de Vista tantas veces citado, sin que se pueda advertir vulneración a las disposiciones constitucionales y legales ni al principio de legalidad que invoca el nulidicente.” (sic). Estando descritos los fundamentos contenidos en el Auto de Vista de 27 de enero de 2022, se puede advertir que las autoridades ahora demandadas, efectuaron su revisión y análisis sobre el incidente de nulidad de obrados, planteado por el ahora accionante, del cual en el Considerando I sintetizan su denuncia señalando que durante la tramitación de la tercería de dominio excluyente se hubiese cambiado o suprimido las notificaciones de oficio a las notificaciones a sus progenitores según lo determinado en el art. 319 del CFPF, pese a haber señalado su domicilio procesal; simultáneamente se tiene la verificación de los antecedentes del proceso fenecido de divorcio a efectos de establecer la relación de hechos, actos y el procedimiento desarrollado en el mismo, labor en la cual, en su Considerando II, procedieron a la fundamentación legal citando la normativa aplicable al caso concreto, entre ellos, los arts. 248.I y II; y, 249.II del CFPF los cuales se refiere específicamente sobre la nulidad procesal en los trámites familiares; asimismo, cita el Auto Supremo 516/2017 de 17 de mayo, que refirió específicamente sobre las nulidades procesales que está previsto en el art. 105.I del CPC y los propios que rigen a esta como son los principios de finalidad de acto, de conservación, y de convalidación; también invoca jurisprudencia constitucional, como la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, la cual toma el razonamiento de la SC 0731/2010-R de 26 de julio, que versa sobre las condiciones que rigen sobre la nulidad procesal presupuestos, premisa normativa que luego de compulsados los antecedentes, los Vocales ahora demandados concluyeron que al tratarse de normativa, doctrina legal y jurisprudencia específica en materia de nulidades en la tramitación de los procesos familiares, es aplicable para justificar la determinación; asimismo, citando los Autos Supremos 40/2018-RI y 286/2015-L de 30 de abril de 2015, referidos a que por la naturaleza de la ejecución de sentencia, la misma no puede ser suspendida por otros procesos y que al haber sido rechazada su tercería de dominio excluyente el tramite extraordinario debe estar sujeto conforme a lo previsto por el art. 434 inc. a) del CFPF, de donde se advierte que el indicado Auto de Vista de 27 de enero de 2022, justifica suficientemente el criterio argumentativo jurídico expresado por los Vocales ahora demandados al invocar la normativa legal que rige para la tramitación de incidentes de nulidad procesal; cumpliendo así, con su labor de la fundamentación. Sobre la denuncia de la falta de motivación, debido a que el Auto de Vista de 27 de enero de 2022, se hubiese cambiado o suprimido por actuaciones de oficio a las notificaciones a sus progenitores aplicando lo determinado en el art. 319 del CFPF, pese a haber señalado su domicilio procesal; de la revisión de los antecedentes, se establece que el accionante planteó el incidente de nulidad de obrados (Conclusión II.2), indicando que no fue notificado con el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019, Auto de 3 de septiembre de 2020 y que ello, no le permitió ejercitar su defensa; por lo que, solicitó que se declare nulo hasta la notificación con el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019; al respecto, es evidente que estando establecidas las reglas para invocar la nulidad procesal, en los arts. 248.I y 249.II del CFPF para que opere la nulidad de obrados, el peticionante de tutela al denunciar la nulidad de obrados necesariamente tenía que cumplir estas reglas, lo cual fue desarrollado y explicado en el Auto de Vista ahora impugnado, el cual indica, que todo acto procesal será válido cuando haya logrado su finalidad y eficacia prevista siempre y cuando no cause indefensión; por lo que, no podrá declararse la nulidad del acto por el que lo ha consentido; en este caso que si bien el impetrante de tutela no fue notificado con el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019; sin embargo, dicha omisión no fue reclamada en su oportunidad sino dos años después y lo cual fue aclarado en el Auto de Vista de 27 de enero de 2022 efectuándose su revisión y análisis sobre el incidente de nulidad de obrados. En ese sentido, sobre el reclamo de que se hubiese cambiado o suprimido las notificaciones de oficio a las notificaciones a su progenitora según lo determinado en el art. 319 del CFPF, pese a haber señalado su domicilio procesal; empero, el art. 314 del citado Código indica que: “…todas las notificaciones se practicarán en la secretaría del juzgado, excepto aquellas que la autoridad judicial disponga fundadamente se practiquen en domicilio procesal fuera de estrados” (sic); por lo que, de la verificación de los antecedentes del proceso fenecido de divorcio se establece que Honorina Morales Carvajal y Wilger Bladimir Terceros Morales (madre y hermano) en representación legal del ahora accionante presentaron memorial interponiendo recurso de apelación contra la Resolución de 9 de febrero de 2018 que rechaza su solicitud de tercería de dominio excluyente; ante ello, se emitió el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2019 que fue notificado a Honorina Morales Carvajal de forma personal (Conclusión II.5), siendo ella que interpuso recurso de apelación en representación legal del ahora accionante; este aspecto fue desarrollado en el Auto de Vista impugnado, donde se le indicó que: “…su progenitora quien es asesorada por el mismo profesional abogado que patrocina a su persona fue notificada con dicha resolución en Secretaría de este Tribunal conforme consta de la diligencia cursante a fs. 598, de donde se infiere que si adquirió conocimiento de las resultas del Auto de Vista tantas veces citado...” (sic); y, que al indicar que debió cumplirse el art. 319 del CFPF, lo cual no es evidente ya que a la Conclusiones II.5 y II.6 se establece que se notificó a Honorina Morales Carvajal –madre del accionante– con las citadas resoluciones habiéndose cumplido la finalidad del citado artículo al aperturarle el plazo para presentar medios o recursos para hacer valer sus derechos, quien conforme se tiene de los antecedentes descritos fue la que interpuso el recurso de apelación en representación del ahora peticionante de tutela, no resultando evidente lo denunciado en la presente problemática, en ese marco, se concluye que los Vocales ahora demandados justificaron su decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, desarrollando los motivos y razones, precisando y determinando el marco fáctico y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, manteniendo una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por los Vocales ahora demandados al momento de efectuar la fundamentación y motivación del Auto de Vista de 27 de enero de 2022, brindando las razones que arribaron a su decisión; por lo que, no se evidencia ninguna vulneración de sus derechos a la defensa, a la impugnación y comunicación, por cuanto, durante todo el trámite procesal el accionante presentó diferentes memoriales a través de sus apoderados y los cuales fueron respondidos por las autoridades jurisdiccionales, mismos que fueron puestos a su conocimiento a través también de sus apoderados; en consecuencia, de los aspectos señalados, corresponde denegar la tutela solicitada. Por lo precedentemente argumentado, la Sala Constitucional, al denegar la tutela, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 078/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 499 a 503 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0304_2024-S1.pdf · páginas 1 a 33.
Huella digital del PDF (SHA-256): fabd9e949d40c0e014cbcb06f55507ca24c9497c371d5beb3fe70cd70303bc0c
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