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SCP 0303/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
10 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
69693-2024-140-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral por encontrarse en estado de gestación, toda vez que el 5 de junio de 2024, a través del Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 223/2024 se dispuso la cesación de sus funciones y su desvinculación laboral de la DAF del Órgano Judicial, pese a encontrarse en estado de embarazo, siendo inducida a suscribir un contrato eventual por tres meses, el cual considera simulado, al haberse suscrito cuando ya gozaba de protección constitucional reforzada. Por su parte, la autoridad demandada refiere que la desvinculación de la impetrante de tutela fue legal, toda vez que la misma ocupaba un cargo de designación provisional. Al momento de emitir el Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 223/2024 de cesación no tenía conocimiento del embarazo, puesto que la prenombrada informó formalmente su estado recién en agosto de 2024. Asimismo, no existe contrato simulado, ya que el Contrato Administrativo 143/2024 de Prestación de Servicios Eventuales fue suscrito voluntariamente, y percibió la remuneración correspondiente, lo que constituye un acto consentido. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0205/2024 de 4 de diciembre, cursante de fs. 51 a 54 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Inamovilidad laboral de madres y padres progenitores hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0303/2026-S2 Sucre, 10 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 69693-2024-140-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0205/2024 de 4 de diciembre, cursante de fs. 51 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juana Javier Cruz contra Noel Carlos Blacutt Peredo, entonces Director General Administrativo a.i. de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del Órgano Judicial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2024, cursante a fs. 1; y, 23 a 27 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Trabajó durante seis años en el “Consejo de la Magistratura”, inicialmente como Auxiliar de Servicios de la Unidad Nacional Administrativa, dependiente de la DAF del Órgano Judicial, designada mediante Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 454/2018 de 31 de agosto. Posteriormente, a través de Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 185/2023 de 18 de julio, fue reasignada como Portera de la Unidad de Enlace Administrativa y Financiera del Consejo de la Magistratura, dependiente de la DAF del Órgano Judicial, con el ítem 7324; sin embargo, a través de Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 223/2024 de 5 de junio, fue retirada de su fuente laboral sin ninguna justificación, indicándole que debía desocupar de forma inmediata la portería donde vivía junto a sus dos hijas menores de edad, logrando que se le otorgue un plazo de cuatro días para su traslado.

Frente a lo cual, acudió ante sus “superiores” solicitando se le explique el motivo de su desvinculación laboral, llegando a comunicarse con la “…Encargada del Control de Enlace…” (sic), a quien le dio a conocer su estado de gestación y su necesidad de trabajar por contar con deudas en entidades financieras; por lo que, sin estar consciente de su derecho a la inamovilidad laboral por embarazo, fue inducida a firmar un contrato de prestación de servicios eventuales por tres meses, con el mismo cargo de Auxiliar de Limpieza, el cual “es simulado”, ya que tiene la finalidad de evadir responsabilidades laborales. El 28 de agosto y 25 de octubre ambos de 2024, mediante notas dirigidas a la autoridad demandada solicitó la “reasignación de [su] Ítem” y el reconocimiento de su inamovilidad laboral, y de manera verbal acudió también ante la Oficina Jurídica del “Consejo de la Magistratura”; no obstante, las mismas fueron rechazadas mediante informe, bajo el argumento de que no interpuso recurso de revocatoria ni jerárquico, los cuales no le eran exigibles por contar con protección constitucional reforzada derivada de su estado de embarazo.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral por encontrarse en estado de embarazo, citando al efecto el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada cumplir con la garantía de inamovilidad laboral dispuesta por el art. 48 de la CPE, debiendo dejar sin efecto el Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 223/2024, la “RESTITUCIÓN DE [su] ITEM”, y consiguientemente la reincorporación a su fuente laboral en el cargo que desempeñaba, más el pago de sueldos devengados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de diciembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 50 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa; y, ampliando en audiencia, señaló que: a) El 5 de junio de 2024, recibió de manera intempestiva un memorándum de conclusión de servicios, quedando prácticamente en la calle junto a sus hijas menores de edad, por lo que comunicó verbalmente a sus superiores que se encontraba embarazada, conforme al control de maternidad iniciado el 28 de mayo de igual año. En consecuencia, al momento de su despido ya gozaba de inamovilidad laboral por su estado de gestación, en ese contexto invoca el art. 48.VI de la CPE, que garantiza la inamovilidad laboral de la mujer embarazada, así como la SC 0434/2010 de 28 de junio, que reafirma la protección de la maternidad y la irrenunciabilidad de los derechos laborales de la mujer gestante, siendo además nulos los contratos temporales suscritos bajo presión o en vulneración de derechos fundamentales; b) Citó el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre protección de la maternidad y del Convenio 111 relativo a la prohibición de discriminación en el empleo, al haber sido discriminada por su estado de embarazo, siendo inducida a firmar un contrato simulado como eventual para determinar una relación laboral temporal. Invocó además la SC 0738/2015-S2 de 3 de julio, señalando que es válida la comunicación verbal del estado de gravidez a sus empleadores; y, c) Pide que, bajo criterios de protección reforzada, perspectiva de género y situación de vulnerabilidad, se deje sin efecto el Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 223/2024 y su inmediata reincorporación, así como el pago de sueldos devengados, a objeto de que pueda gozar de las prestaciones sociales y demás derechos colaterales que le corresponden.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Ronny Velarde Mercado, Director General Administrativo a.i. de la DAF del Órgano Judicial, a través de su representante legal, por informe escrito cursante de fs. 37 a 41 vta., manifestó lo siguiente: 1) La accionante fue reasignada en sus funciones mediante Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 185/2023, en el cargo de Portera de la Unidad de Enlace Administrativa y Financiera del Consejo de la Magistratura, dependiente de la DAF del Órgano Judicial, documento en el que se estableció de manera textual que su designación era provisional, por lo que fue cesada en sus funciones en virtud de lo establecido por los arts. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP); y, 230 numerales 1, 4 y 5 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); 2) Es falso que al momento del retiro de la impetrante de tutela hubiera tenido conocimiento de su embarazo, puesto que la Unidad Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.), mediante CITE: UND.NAL.RR.HH. 1281/2024 de 30 de agosto, informó que la misma señaló encontrarse en el tercer mes de gestación, solicitando la restitución a su puesto; sin embargo, se desconocía ese hecho, lo que se corrobora del contenido de la acción de amparo constitucional y la documentación adjunta, en la que reconoce haber presentado notas el 28 de agosto y 25 de octubre ambos de 2024, por lo tanto resulta incoherente sostener que se le habría hecho firmar un contrato de prestación de servicios eventuales simulado para eludir responsabilidades, cuando el Contrato Administrativo 143/2024 de Prestación de Servicios Eventuales fue firmado voluntariamente el 22 de julio de ese año, lo que también constituye actos consentidos, ya que la misma suscribió dicho contrato de manera voluntaria y percibió la remuneración correspondiente, por lo cual no puede alegarse posteriormente su invalidez, en ese marco no hubo vulneración de derechos; y, 3) En cuanto a la denuncia relacionada a su estabilidad laboral por embarazo, si bien el Código Civil no utiliza expresamente la denominación de “contrato simulado”, en su art. 543 regula los efectos de la simulación, distinguiendo entre simulación absoluta y relativa.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 0205/2024 de 4 de diciembre, cursante de fs. 51 a 54 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada proceda a la reincorporación laboral de la accionante, dando continuidad al último contrato suscrito, entendiendo que el mismo feneció el 20 de octubre de 2024, así como al pago de haberes devengados; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La SCP 0222/2012 de 24 de mayo, entre otras, estableció que en materia laboral los actos consentidos no constituyen causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, debido al carácter irrenunciable de los derechos laborales, por lo que la suscripción del Contrato Administrativo 143/2024 de Prestación de Servicios Eventuales, por la accionante luego de su desvinculación no puede interpretarse como aceptación voluntaria de la cesación, sino como una decisión adoptada ante la necesidad económica y su situación de embarazo; ii) Respecto a que la entidad empleadora desconocía del estado de gravidez de la impetrante de tutela hasta la presentación de las notas de 28 de agosto y 25 de octubre ambos de 2024, la SCP 0771/2010-R de 2 de agosto, determinó que no es requisito el aviso previo al empleador para que opere la protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada, garantizada por el art. 48 de la CPE; iii) De la revisión de los antecedentes se constata que la accionante cumplió funciones en la DAF del Órgano Judicial desde la gestión 2018 como Auxiliar de Servicios y posteriormente como Portera, habiendo sido cesada mediante Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 223/2024. Asimismo, cursan en el expediente certificados médicos y de control prenatal que acreditan su estado de gravidez y la realización de controles médicos regulares, lo que evidencia que se encuentra embarazada y, por tanto, goza de protección reforzada; y, iv) Si bien no corresponde pronunciarse sobre la naturaleza definitiva o eventual del vínculo laboral, o si la solicitante de tutela goza de estabilidad laboral, aspecto propio de la jurisdicción ordinaria, se constata que la nombrada mantenía una relación laboral con la entidad demandada y que, al encontrarse embarazada, no podía ser desvinculada de su fuente laboral, mereciendo la prosecución de su contrato, independientemente de que su situación de gravidez haya sido de conocimiento oportuno o del contrato eventual o a plazo fijo, en resguardo del interés superior del ser por nacer. Lo que no implica un reconocimiento de una relación laboral indefinida solo una prolongación excepcional temporal del vínculo contractual. En vía de enmienda y aclaración, la accionante a través de su abogado solicitó se disponga la reasignación del ítem que detentaba antes de su despido injustificado, dado que el último contrato suscrito comprende una remuneración menor, lo que vulnera su derecho a la inamovilidad laboral; asimismo, que los sueldos devengados se computen desde el 5 de junio de 2024, fecha en que se produjo su despido hasta el momento de su efectiva reincorporación y se ordene su afiliación al seguro médico que fue dado de baja tras su desvinculación laboral, ya que al encontrarse en el séptimo a octavo mes de gestación, requerirá atención médica urgente. Ante lo cual los Vocales de la Sala Constitucional resolvieron no ha lugar a la complementación solicitada, al considerar que los aspectos planteados ya fueron debidamente explicados en la Resolución emitida. No obstante, a manera de aclaración, precisaron que lo concerniente a la otorgación del ítem y la “inamovilidad laboral” corresponde ser dilucidado por la jurisdicción ordinaria en la vía pertinente. Determinando además su afiliación al seguro médico, en el tiempo más breve posible.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección (fs. 57 a 62); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 454/2018 de 31 de agosto, Roger Gonzalo Palacios Cuiza, ex Director General Administrativo de la DAF del Órgano Judicial, designó provisionalmente a Juana Javier Cruz -hoy accionante- en el cargo de Auxiliar de Servicios de la Unidad Nacional Administrativa de la citada institución (fs. 3). II.2. Mediante Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 185/2023 de 18 de julio, Alberto Freddy Ruiz Gómez, entonces Director General Administrativo de la DAF del Órgano Judicial, reasignó provisionalmente a la impetrante de tutela en el puesto de Portera de la Unidad de Enlace Administrativa y Financiera del Consejo de la Magistratura, dependiente de la DAF del Órgano Judicial, con el ítem 7324 y un haber mensual de Bs3 622.- (tres mil seiscientos veintidós [fs. 4]). II.3. Por Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 223/2024 de 5 de junio, Noel Carlos Blacutt Peredo, Director General de la DAF del Órgano Judicial -hoy demandado-, en previsión del art. 230.1 y 5 de la LOJ dispuso la cesación de funciones de la accionante (fs. 5). II.4. Cursa Contrato Administrativo 143/2024 de Prestación de Servicios Eventuales de 22 de julio, suscrito por la autoridad demandada y la peticionante de tutela, mediante el cual se contrató los servicios de la nombrada como personal eventual para desempeñar las funciones de Auxiliar de Limpieza y Servicio de la Unidad Nacional Administrativa de la DAF del Órgano Judicial, con vigencia del 22 de julio hasta el 20 de octubre de 2024, con una remuneración de Bs3 730.- (tres mil setecientos treinta bolivianos [fs. 9 a 10 vta.]). II.5. Mediante nota presentada el 28 de agosto de 2024, dirigida a la autoridad demandada, la impetrante de tutela dio a conocer que se encontraba en el tercer mes de gestación, por lo que solicitó la restitución al “cargo anterior” del cual fue cesada el 5 de junio del citado año. Solicitud que fue reiterada a través de la nota presentada el 25 de octubre de igual año (fs. 11 a 12). II.6. Consta certificado médico de 30 de septiembre de 2024, emitido por la Médico Familiar de la Caja Nacional de Salud (CNS), a través del cual se certifica que la accionante cuenta con dieciséis semanas de gestación (fs. 6). Asimismo, cursa certificado de atención prenatal 2587 de 28 de octubre del mismo año, de la CNS, respecto del quinto mes de embarazo de la nombrada.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral por encontrarse en estado de gestación, toda vez que el 5 de junio de 2024, a través del Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 223/2024 se dispuso la cesación de sus funciones y su desvinculación laboral de la DAF del Órgano Judicial, pese a encontrarse en estado de embarazo, siendo inducida a suscribir un contrato eventual por tres meses, el cual considera simulado, al haberse suscrito cuando ya gozaba de protección constitucional reforzada. Por su parte, la autoridad demandada refiere que la desvinculación de la impetrante de tutela fue legal, toda vez que la misma ocupaba un cargo de designación provisional. Al momento de emitir el Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 223/2024 de cesación no tenía conocimiento del embarazo, puesto que la prenombrada informó formalmente su estado recién en agosto de 2024. Asimismo, no existe contrato simulado, ya que el Contrato Administrativo 143/2024 de Prestación de Servicios Eventuales fue suscrito voluntariamente, y percibió la remuneración correspondiente, lo que constituye un acto consentido. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Inamovilidad laboral de madres y padres progenitores hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad

La SCP 0330/2025-S2 de 5 de mayo, refirió en cuanto al tópico: “El art. 48.VI de la Norma Suprema, determina que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. En ese contexto, también se tiene la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 en su art. 1, estableció que: ‘Toda mujer en período de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas’; por su parte, el DS 0012 respecto a la inamovilidad laboral, en su art. 2 preceptúa que: ‘La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo’. No obstante, el art. 5.II del mismo Decreto Supremo establece la siguiente excepción a la precitada regla: ‘La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio’. Ahora bien y respecto a situaciones en las cuales la madre o padre progenitor cuentan con un contrato a plazo fijo los mismos tienen derecho a la contratación preferente; es decir, que la parte empleadora, en caso de que continúe requiriendo de dicho trabajo y efectúe una nueva contratación, está obligada a la recontratación preferente en atención a la inamovilidad laboral dispuesta por el art. 48.VI de la Constitución Política del Estado y su interpretación extensiva”.

III.2. Análisis del caso concreto

Previamente corresponde recordar que, si bien la acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad conforme a lo dispuesto por el art. 128 de la CPE, la misma admite una excepción en casos de protección del derecho a la inamovilidad laboral reforzada de los padres, hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad, no siendo necesario agotar previamente la vía administrativa u ordinaria, así lo establece la SC 0530/2010-R de 12 de julio. En ese contexto, de la revisión de los antecedentes se advierte que consta certificado médico de 30 de septiembre de 2024, emitido por la Médico Familiar de la CNS, a través del cual se acreditó que la accionante contaba con dieciséis semanas de gestación; asimismo, cursa certificado de atención prenatal 2587 de 28 de octubre del mismo año, respecto al quinto mes de embarazo de la nombrada (Conclusión II.6); por lo que, dada la excepción al principio de subsidiariedad en casos como el presente, corresponde a este Tribunal ingresar al análisis de fondo en relación a los hechos reclamados.

Ahora bien, de obrados se advierte que la relación laboral de la impetrante de tutela se originó a través del Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 454/2018 de 31 de agosto, mediante el cual fue designada provisionalmente en el cargo de Auxiliar de Servicios de la Unidad Nacional Administrativa de la DAF del Órgano Judicial, en previsión del art. 230.1 y 4 de la LOJ con el ítem 5909 “…mientras se desarrollen los procesos de selección de personal por medio de concurso de méritos y examen de competencia…” (sic); siendo reasignada igualmente de manera provisional mediante Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 185/2023 de 18 de julio, en el puesto de Portera de la Unidad de Enlace Administrativa y Financiera del Consejo de la Magistratura, dependiente de la DAF del Órgano Judicial con el ítem 7324 (Conclusiones II.1 y II.2). No obstante, a través de Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 223/2024 de 5 de junio, la autoridad demandada, dispuso la cesación de funciones de la impetrante de tutela (Conclusión II.3); sin que exista prueba alguna que acredite que la parte empleadora conocía la situación de embarazo como asegura la solicitante de tutela, la cual además alega que fue inducida a suscribir el Contrato Administrativo 143/2024 de Prestación de Servicios Eventuales de 22 de julio, por el cual se contrató sus servicios como personal eventual para desempeñar las funciones de Auxiliar de Limpieza y Servicio de la Unidad Nacional Administrativa de la DAF del Órgano Judicial, con vigencia del 22 de julio hasta el 20 de octubre de 2024 (Conclusión II.4); es decir, se alega manifestación viciada por error, lo que tampoco acredita. En efecto, consta la nota presentada el 28 de agosto de 2024; es decir, luego de casi tres meses de la destitución de la accionante mediante la cual la nombrada recién “…hace conocer a su distinguida autoridad que mi persona se encuentra en el tercer mes de gestación…” (sic [Conclusión II.5]); en ese marco, esta Sala no puede recriminar de indolente, ni tener por acreditada la supuesta inducción en la conversión del tipo de contratación de la impetrante de tutela por la entidad demandada. Bajo lo referido no puede darse curso a la solicitud de la nombrada en sentido de que se deje sin efecto el Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 223/2024 y la “RESTITUCIÓN DE [su] ÍTEM”, y consiguientemente la reincorporación a su fuente laboral en el cargo que desempeñaba, más el pago de sueldos devengados. No obstante de ello, se tiene que posterior a la referida desvinculación laboral, el 22 de julio de 2024, la autoridad demandada suscribió junto a la accionante el Contrato Administrativo 143/2024 de Prestación de Servicios Eventuales, con vigencia del 22 de julio hasta el 20 de octubre del citado año; en cuya vigencia de la relación laboral a plazo fijo -el 28 de agosto de igual año-, la impetrante de tutela puso a conocimiento formalmente su condición de embarazo; sin embargo, la parte demandada no dio continuidad a la misma, lo que motivó a la prenombrada a interponer esta acción de defensa, pues conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en aplicación directa de lo dispuesto por el art. 48.VI de la CPE y su interpretación extensiva, los progenitores que cuentan con un contrato a plazo fijo tienen derecho a la contratación preferente, encontrándose reatada a esta obligación la parte empleadora, así como al cumplimiento de la prestación de asignaciones familiares y otros beneficios laborales, hasta que su hijo cumpla un año de edad, máxime cuando la autoridad demandada no acreditó que las funciones desempeñadas hubiesen dejado de ser necesarias, lo que conlleva a conceder la protección impetrada, hasta el cumplimiento del primer año de vida del hijo (a) de la accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, aunque en parte con otros argumentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0205/2024 de 4 de diciembre, cursante de fs. 51 a 54 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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