Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de abril de 2023
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad y a la posesión; por cuanto el 15 de febrero de 2021, pudo verificar que personas particulares rompiendo los candados de la puerta de ingreso, con la excusa de que no vivía en el terreno, avasallaron su lote ubicado en la Av. Piña, Manzano U-21, Lote 15, Zona E, Distrito 5, con Código Catastral 9-141, Urbanización Sorpresa II de Riberalta del departamento del Beni, inscrita en Derechos Reales bajo la Matrícula 8.02.1.01.0003816, por lo que una vez conversado con Shirley Roca Saavedra accionada- y miembros de su directiva, simplemente le explicaron que como Presidenta del barrio ordenó que Miguel Ángel Nunta Beyuma -coaccionado-ingrese a su lote a tomar posesión; empero una vez que les mostró sus papeles que acreditan su derecho propietario, solo le dijeron que se reuniría con la directiva para tomar una decisión, siendo que “hasta la fecha” siguen ocupando de forma ilegal su propiedad. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El Estado Constitucional de Derecho y las vías de hecho. Finalidad de la tutela constitucional y presupuestos de activación; b) El derecho a la propiedad privada y su contenido esencial; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 9 de noviembre, cursante de fs. 75 a 78, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial y de Familia Tercero de Riberalta del departamento de Beni, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la propiedad y posesión y la denuncia de medidas de hecho, otorgándose al efecto la tutela definitiva respecto al inmueble reclamado, conforme los argumentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que los demandados desalojen la misma en el plazo de 48 horas a partir de su legal notificación con la presente Resolución Constitucional, bajo alternativa de emitirse mandamiento de lanzamiento que deberá ser cumplida incluso con el auxilio de la fuerza pública, sea todo conforme los fundamentos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0303/2023-S1 Sucre, 24 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 46355-2022-93-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 06/2021 de 9 de noviembre, cursante de fs. 75 a 78 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Janneth Vargas Jiménez contra Shirley Roca Saavedra y Miguel Ángel Nunta Beyuma.
A través de memorial presentado el 17 de septiembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 32 a 36, la parte accionante expresó los siguientes fundamentos:
Es propietaria de un lote de terreno, colindando al Norte con la propiedad de Sixto Aguilera, al Este con la propiedad de Luz Ejuro, al Sur con la propiedad de María Duri y al Oeste con la Av. Piña; con una superficie de 500 m2, ubicado en la zona Este, Urbanización Sorpresa II, Distrito 5, Manzano U-21, Lote 15 de la ciudad de Riberalta del departamento de Beni, con Código Catastral 9-14 y con matrícula computarizada 8.02.1.01.0003816, documentación que le da fuerza probatoria conforme los arts. 1287, 1289 y 1538 del Código Civil (CC). Asimismo, del folio real actualizado emitida por la Oficina de Derechos Reales (DDRR) de la provincia Vaca Diez del departamento de Beni, conforme a los antecedentes de la propiedad se demuestra que adquirió el referido inmueble, de buena fe a su anterior propietario Alex Hurtado Yanamo mediante compra venta el 5 de octubre de 2010, demostrando de esa forma su propiedad legítima y posesión del bien inmueble en forma legal.
En ese contexto, resulta que el 15 de febrero de 2021, pudo verificar que personas particulares invadieron o avasallaron su lote de terreno; por lo que, se dirigió a conversar con la Presidenta del barrio Shirley Roca Saavedra la cual juntamente con otros miembros de la directiva le explicaron que con la potestad que tenía como Presidenta del barrio había ordenado a Miguel Ángel Nunta Beyuma que pueda ingresar a su lote a tomar posesión, rompiendo los candados de la puerta de ingreso con la excusa de que no vivía en el terreno, que no tenía documentación y que su persona no pertenecía a la junta vecinal; empero, una vez que les mostró sus papeles que acreditan su derecho propietario, sólo le dijeron que se reunirá con la directiva para tomar una decisión, siendo que “hasta la fecha” siguen ocupando de forma ilegal e irregular su propiedad.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad y a la posesión; citando al efecto los arts. 13.I; 14.III, IV y V; 56.I y II, 128; y, 129 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y se ordene el desalojo del inmueble ocupado por todas las personas en este caso Shirley Roca Saavedra y Miguel Ángel Nunta Beyuma, sea mediante la fuerza pública.
Celebrada la audiencia pública el 9 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 68 a 74, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional y ampliándola manifestó que: a) La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, señala que las vías de hecho constituye una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por lo que el control tutelar se activa sin necesidad de agotar previamente los mecanismos ordinarios de defensa; b) Se violentó el art. 56 de la CPE, en sus componentes de uso, goce, disfrute y la disposición siendo que demostró su titularidad del derecho propietario con la matrícula computarizada; c) Se tiene un acta notarial y placas fotográficas donde se levantó un inventario del bien inmueble y la identificación de las personas que estaban transgrediendo su derecho, lo cual se verificara en la inspección ocular; y, d) Se tiene como prueba un “Flash” y 2 videos donde la Presidente del barrio de su libre y espontánea voluntad colocó a Miguel Ángel Nunta Beyuma, en la cual además les exigieron documentación, como si ella fuera la dueña.
Shirley Roca Saavedra y Miguel Ángel Nunta Beyuma, a través de su abogado manifestaron que: 1) El folio real enunciado por la parte accionante como es la matricula 8.02.1.01.0003816, no coincide con su demanda porque la misma habla del lote 39 distrito 9, siendo que en su demanda señala el lote 15, código catastral 9-141, es decir no están demostrando legalmente la propiedad; 2) Si bien es cierto y evidente que el derecho a la propiedad está protegido por el art. 56 de la CPE esta debe cumplir una función social, el terreno fue abandonado hace 11 años, por el cual es supuesto propietario nunca se apersonó, ni se lo conoció; y, 3) Se habla de un desalojo que debe ser por la fuerza pública; siendo que, no se encuentra en el inmueble denunciado, por lo que solicita se niegue la tutela.
La audiencia de Inspección Ocular, se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2021, conforme acta cursante de fs. 70 vta. a 71, refiriendo las partes los siguiente:
JUEZ.- En la inspección judicial se puede evidenciar una casa rustica (madera y calamina) un patio amplio con árboles frutales y en el fondo una letrina rustica a simple vista recién hecha.
ACCIONADO (MIGUEL ANGEL NUNTA BEYUMA).- señora juez quiero manifestarle que yo no ingrese por la fuerza como manifiesta el abogado de la señora, no suscribí ningún documento con nadie ni le di dinero a alguien aquí vivimos 7 personas mis hijas, mi esposa y yo.
ACCIONADA (SHIRLEY ROCA SAAVEDRA).- señora juez, yo nunca he vivido aquí, yo soy la presidenta del barrio como ya lo dijeron los abogados ya aquí, este lote estaba monte y los malvivientes se metían aquí por eso mi persona y los vecinos lo apoyamos a él para ingrese, este lote estuvo 11 años abandonado era un pajonal este lote, le pedí una copia de su documento y él se negó, no sabía que tenía dueño porque años estuvo abandonado. Eso es toda señora juez.
ABOGADO DE LA ACCIONANTE.- con la palabra señora juez.- señor juez, su autoridad tiene en su poder los videos donde claramente ella sabe quién es el dueño, puede mentir ahorita pero hay la objetividad de la prueba, a petición de la señora se va embardar y poner cuidante el señor ha ido donde mi cliente a exigir 4.000 bs. Y quien lo limpia el terreno es la vecina del lado izquierdo, la que da la potestad para que ingresen en la presidente, entonces no es su primera vez que hace eso ya que tiene varios procesos por lo mismo, una vez se revise el video Ud. vera señora juez la objetividad. Eso es toda señora juez.
JUEZ.- se tiene presente la manifestado por ambas partes, se evidencia que no existe algún acto violento que hubieran tumbado, quemado, plantas frutales o barda, si no si se demuestra la construcción reciente que se hubiera realizado, no habiendo más que acotar nos trasladamos al juzgado para dictar la parte resolutiva (sic).
El Juez Público Civil y Comercial y de Familia Tercero de Riberalta del departamento de Beni, por Resolución 06/2021 de 9 de noviembre, cursante de fs. 75 a 78 concedió la tutela solicitada en relación a Shirley Roca Saavedra; la que, si bien no ocupa el bien inmueble, pero se dio la orden para que pueda ingresar a tomar posesión conociendo que tenía un derecho propietario, por lo cual se dispone que Miguel Ángel Nunta Beyuma en el término de 10 días calendario desocupe el inmueble, advirtiéndose que en caso de no procederse así se efectuara al desalojo con el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose obrados al Ministerio Publico, bajo los siguientes fundamentos: i) La jurisprudencia constitucional determinó una excepción al principio de subsidiariedad, prescindiendo de esa naturaleza supletoria ante una lesión al o los derechos y garantías invocados y por consiguiente, de un daño irreparable e irremediable provocado por vías o medidas de hecho, que merecen protección inmediata porque de lo contrario resultaría ineficaz, de manera que, a pesar de existir vías legales ordinarias, es posible activar inmediatamente esta vía tutelar para que, compulsando los antecedentes y verificando los hechos ilegales o indebidos, se otorgue una tutela provisional; ii) En el caso de la inspección notarial y el muestrario fotográfico, se pudo evidenciar que en el lote de terreno, existe una construcción de una vivienda precaria con techo de calamina y que al fondo existe otra construcción de madera que Miguel Ángel Nunta Beyuma menciona que utiliza como baño; y que, en el momento de la inspección se apersonaron un grupo de personas entre mujeres y hombres manifestando que no iban a dejar que desocupe porque el terreno llevaba años abandonado; por consiguiente, se tendría por sentado que el no ingresar a analizar la problemática planteada, podría generar un daño irremediable en contra del impetrante de tutela; iii) De acuerdo a los fundamentos jurídicos corresponde al accionante la carga de la prueba; en consecuencia, la misma asegura ser legítima propietaria de un lote de terreno urbano con una superficie de 500 m2, con las colindancias al Norte con la propiedad de Sixto Aguilera, al Este con la propiedad de Luz Ejuro, al Sur con la propiedad de María Duri y al Oeste con la Av. Piña, Numero de Manzano U-21, Lote 15, Zona E, Distrito 5, con Código Catastral 9-141, Urbanización Sorpresa II e inscrita en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 8.02.1.01.0003816, así como la transferencia de uso de suelo, plano de ubicación, comprobantes de pago de impuestos, con lo que la accionante acredita su derecho propietario sobre el lote denunciado de avasallado; iv) Conforme se tiene del Acta Notariada de verificación de 23 de julio de 2021, suscrito por Milton Mayk Moruno Suxo, Notario de Fe Pública Dos del municipio de Riberalta, se acredita que del inmueble, corresponde al mismo lote de terreno que la impetrante de tutela denuncia como avasallado, así como también que cuenta con construcciones precarias; v) En ese contexto, ante una denuncia de vías de hecho que se encontraría acreditada la titularidad dominial y el derecho propietario, corresponde pronunciarse respecto al supuesto avasallamiento al que hubiera sido objeto, quedando demostrado por el Acta Notariada de verificación de 23 de julio de 2021, donde se da Fe pública mediante verificación in situ, que al interior de los terrenos existe una vivienda precaria de madera y como baño de madera con una carpa y tela; vi) Ante la alegación de los demandados que están prestos a cualquier negociación y el Acta Notarial que indica que el bien inmueble objeto de litigio se encuentra ocupado por terceras personas y no por la propietaria, se advierte que la accionante cumplió con la carga probatoria respecto a la perturbación y amenaza de su derecho a la propiedad en ese sentido se puede determinar que efectivamente existe un daño inminente a la propiedad del accionante; en consecuencia, corresponde conceder la tutela impetrada; y, vii) Corresponde precisar que si bien la peticionante de tutela identificó únicamente el nombre de dos de los demandados que cometieron las vías de hecho contra su propiedad, estableció que existían otras personas que no pudieron ser reconocidas que también se encontraban en su inmueble; razón por la que en aplicación de la flexibilización de la legitimación pasiva en medidas de hecho cuando resulta imposible observar a todos los demandados por las particularidades del caso como en el presente, igualmente la tutela conferida debe ser cumplida por aquellos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Consta Testimonio 0156/2010 de 5 de octubre sobre Protocolización de Minuta de Compra Venta de un inmueble urbano ubicado en el Manzano 21 lote 15, zona E, Código catastral 6-191 Distrito 9, barrio Integración, Urbanización Sorpresa II, de la ciudad de Riberalta que otorga Alex Hurtado Yanamo y María Delia Naba Beyuma a favor de Janneth Vargas Jiménez -ahora accionante- (fs. 8 a 10). II.2. Se tiene Folio Real 8.02.1.01.0003816 de 12 de mayo de 2011, correspondiente al inmueble ubicado en el zona Este, urbanización Sorpresa II, Distrito 5, Manzano U-21, Lote 15 de la ciudad de Riberalta del departamento de Beni, con una extensión de 500 m2, en cuyo Asiento A-2 -titularidad sobre el dominio- está inscrito el nombre de Janneth Vargas Jiménez en mérito a la Escritura Pública 0156/2010 de 5 de octubre (fs. 2 y vta.). II.3. Cursa copia de boleta de pago de impuestos de 9 de julio de 2021, correspondiente al inmueble ubicado en la Av. Piña, zona Este, Urbanización Sorpresa II, Distrito 5, de la ciudad de Riberalta, de una extensión de 500 m2, con código catastral 009-0191-000-000 de Janneth Vargas Jiménez (fs. 7); asimismo, consta plano de ubicación con sus respectivas coordenadas y código catastral (fs. 8). II.4. Mediante Acta 208 de 23 de julio de 2021 de “NOTORIEDAD SOBRE VERIFICACION DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ENUMERATIVO Y DESCRIPTIVO DE UN BIEN INMUEBLE, MISMO QUE ES REALIZADO EN FECHA 23 DE JULIO DEL 2021. A SOLICITUD DE LA PROPIETARIA JANNETH VARGAS JIMENEZ C.I. N° 3795735 COCHABAMBA; QUIEN SOLICITA MI INTERVENCIOON NOTARIAL EN LA VERIFICACION DE UN BIEN INMUEBLE CUAL FUERA TOMADO POR PERSONAS QUE NO ACREDITAN SU DERECHO PROPIETARIO” (sic), elaborado por Milton Mayk Moruno Suxo, Notario de Fe Publica 2 de Riberalta, en la que señala:
(…).
…, el Suscrito Notario de Fe Pública No. 2 del Municipio de Riberalta, junto con la PROPIETARIA JANNETH VARGAS JIMENEZ C.I. N° 3795735 COCHABAMBA, nos constituimos en el inmueble citado líneas arriba, una vez en el lugar, se advierte que: existen personas de nombres: Miguel Angel Nunta Beyuna y familiar, que viven, ocupan y se encuentran apostados en el Inmueble citado líneas arriba, existe además una construcción precaria rustica de Madera aproximadamente de 3 por 4 metros de construcción, techo de calamina, asimismo de un baño con inferiores condiciones de construcción (nylon y listones de madera); al ingreso un patio y escombros (basura), En la parte trasera del inmueble a un costado se encuentra el referido baño antes mencionado; además que en el patio se encuentran algunos árboles. Claramente se puede observar que existe afectación en la propiedad de la Solicitante y propietaria del Bien Inmueble ya que estas personas habrían ingresado a su propiedad sin su consentimiento y de forma violenta, construyendo una habitación rustica de madera y destruyendo los alambrados. {…(sic.[fs. 3 a 6])}. II.5. Se tiene placas fotográficas de la inspección ocular realizada el 9 de noviembre de 2021 (fs. 66 a 67).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad y a la posesión; por cuanto el 15 de febrero de 2021, pudo verificar que personas particulares rompiendo los candados de la puerta de ingreso, con la excusa de que no vivía en el terreno, avasallaron su lote ubicado en la Av. Piña, Manzano U-21, Lote 15, Zona E, Distrito 5, con Código Catastral 9-141, Urbanización Sorpresa II de Riberalta del departamento del Beni, inscrita en Derechos Reales bajo la Matrícula 8.02.1.01.0003816, por lo que una vez conversado con Shirley Roca Saavedra accionada- y miembros de su directiva, simplemente le explicaron que como Presidenta del barrio ordenó que Miguel Ángel Nunta Beyuma -coaccionado-ingrese a su lote a tomar posesión; empero una vez que les mostró sus papeles que acreditan su derecho propietario, solo le dijeron que se reuniría con la directiva para tomar una decisión, siendo que “hasta la fecha” siguen ocupando de forma ilegal su propiedad. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El Estado Constitucional de Derecho y las vías de hecho. Finalidad de la tutela constitucional y presupuestos de activación; b) El derecho a la propiedad privada y su contenido esencial; y, c) Análisis del caso concreto.
Es innegable que la concepción de “Estado de Derecho” fue evolucionando de sobremanera, pues de ser un Estado desarrollado bajo cánones legales en el que prevaleció el principio de legalidad paso a ser un “Estado Constitucional de Derecho” en el que la Constitución llegó a tener predominancia sobre otras normas; de ahí que, esta última concepción supone no solo respetar un conjunto de procedimientos para tomar decisiones, sino que los contenidos de dichas decisiones deben estar ajustados a los derechos, garantías, valores y directrices contenidas en la Constitución Política del Estado; en tal sentido, el o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, que afectan derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad (denominados vías o medidas de hecho), merecen la tutela inmediata que brinda la acción de amparo constitucional por vulnerar derechos fundamentales; toda vez que, a través de dicha acción de defensa se pretende evitar: a) Abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) El ejercicio de la justicia por mano propia. Así lo entendió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre
La amplia jurisprudencia constitucional señaló al respecto que frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, se 1 La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en su FJ III.1 establece: “…el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como ‘Estado de derecho legislativo’ o ‘Estado legal de Derecho’, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad. Actualmente, el Estado de derecho, se configura como ‘Estado constitucional de Derecho’, que es ‘…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación’, o en palabras de Prieto Sanchís ‘…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización’. Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de ‘Estado de derecho’, debido a que en esta última fórmula ‘Estado Constitucional de Derecho’: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas. 2 La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, en su FJ III.1 sostuvo que: “…la SCP 0085/2012 de 16 de abril, acorde con la doctrina del drittwirkung, asumió para el ámbito de control tutelar de constitucionalidad la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, visión a partir de la cual, debe entenderse que en el Estado Plurinacional de Bolivia, los derechos fundamentales, informan de contenido no solamente la esfera pública, sino también todos los actos, cláusulas y contenidos de ámbitos privados o corporativos, en cualquiera de sus formas o constitución jurídica, por lo tanto, en esta perspectiva, cualquier vulneración a derechos fundamentales, a partir de la estructuración de la teoría del drittwirkung, puede ser oponible también a particulares, siendo en este caso la petición de amparo constitucional, un mecanismo idóneo para el resguardo de derechos fundamentales en esferas no públicas” (las negrillas pertenecen al texto original). 3 El F.J. III.2 señala: “…es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.”
establecieron subreglas de activación de la acción de amparo constitucional; en tal sentido, la SCP 0988/2012 determinó que: 1) La excepción a la aplicación de subsidiariedad, por lo cual, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa 2) La carga probatoria debe ser realizada por el accionante, acreditando de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. 3) Existe flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva, toda vez que, para peticiones de tutela vinculadas con vías de hecho, la parte impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero, este presupuesto, debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren un derecho al debido proceso, tanto para la parte accionante como para la parte demandada a través de este mecanismo tutelar de defensa.
Ahora bien, la SCP 0988/2012 respecto específicamente a la carga probatoria que debe ser realizada por el peticionante de tutela, señaló que tratándose de avasallamientos que afecten a la propiedad:
“…la parte accionante, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros; además, para este supuesto, es decir, para “avasallamientos”, como carga argumentativa, será necesario probar por cualquier medio legítimo, los actos o medidas circunscritos a las vías de hecho. Por lo señalado, al margen de estas cargas probatorias, para asegurar un real acceso a la justicia constitucional frente a vías de hecho por avasallamiento, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional, ya que un razonamiento contrario, podría afectar una tutela constitucional efectiva” (las negrillas son agregadas).
Al respecto, la SCP 0042/2018-S2 de 6 de marzo, estableció que independientemente de la acción de defensa que se interponga (acción de amparo, acción de libertad o acción popular) por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos, de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: i) Una tutela definitiva únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio y la inobservancia y fractura del principio de Estado Constitucional de Derecho; y, ii) Una tutela provisional y transitoria (con efectos preventivos o reparadores) con relación al derecho sustantivo en cuestión (derecho a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.) hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme su titularidad. En ese marco, la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional respecto a los alcances (preventivo o reparadores) de la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, señaló que:
“Por ejemplo ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponerse la desocupación inmediata de la propiedad incluso con el auxilio de fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que corresponda, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento y, por tanto, se tiene por cumplida en la medida (transitoriedad) de lo determinado. (…)
Es decir, la tutela sea preventiva y/o reparadora en el marco de la provisionalidad tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de la sentencia constitucional, que inicia con la notificación legal del fallo constitucional a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medias o vías de hecho y cesa con la apertura de la competencia de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina o, en su caso, reafirme su titularidad, toda vez, que se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión sino simplemente es de manera provisional y transitoria” (las negrillas son nuestras).
El derecho a la propiedad es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el art. 56 de la CPE, el cual expresamente establece que “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social”; asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 17 determina “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”; de igual manera, el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), establece que “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes (…) 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. Sobre este punto, la vasta jurisprudencia constitucional desarrolló la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir del cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos, para cumplir así con los estándares axiomáticos rectores del principio de razonabilidad; en tal sentido, la SCP 0054/2013 de 11 de enero, sostuvo que en el núcleo duro del derecho a la propiedad se identifican tres elementos esenciales: a) El derecho de uso –usus– ; b) El derecho de goce; y, c) El derecho de 6 La SC 0050/2001 de 21 de junio, en el Considerando VI, sostuvo que: “…la propiedad privada entendida como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para poseer usar y gozar de un bien, sea de carácter material, intelectual, cultural o científico. Sin embargo, la misma Constitución establece como condición al ejercicio del derecho de propiedad privada, que la misma cumpla una función social. 7 El FJ III.4 establece: “La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos, para cumplir así con los estándares axiomáticos rectores del principio de razonabilidad. (…) deben establecerse los elementos constitutivos del contenido esencial del derecho de propiedad, en ese sentido, este derecho fundamental, cuya génesis se encuentra no solamente en el texto constitucional sino también en el bloque de convencionalidad, en su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales: 1) El derecho de uso; 2) El derecho de goce; y, 3) El derecho de disfrute. Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad y justicia. Por su parte, es imperante además, precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: i) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, ii) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad.”
disfrute –fructus–. Asimismo, la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que:
“En el orden de ideas señalado, se establece que todo acto de particular o funcionario público realizados al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes que priven o limiten arbitrariamente el derecho a la propiedad, afectando los elementos componentes de su núcleo duro, se configurará como vías de hecho que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, pueden ser resguardados a través de la acción de amparo constitucional, por ser esta un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de este derecho fundamental” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad y a la posesión; por cuanto el 15 de febrero de 2021, pudo verificar que personas particulares rompiendo los candados de la puerta de ingreso, con la excusa de que no vivía en el terreno, avasallaron su lote ubicado en la Av. Piña, Manzano U-21, Lote 15, Zona E, Distrito 5, con Código Catastral 9-141, Urbanización Sorpresa II de Riberalta del departamento del Beni, inscrita en Derechos Reales bajo la Matrícula 8.02.1.01.0003816, por lo que una vez conversado con Shirley Roca Saavedra accionada- y miembros de su directiva, simplemente le explicaron que como Presidenta del barrio ordenó que Miguel Ángel Nunta Beyuma -coaccionado-ingrese a su lote a tomar posesión; empero una vez que les mostró sus papeles que acreditan su derecho propietario, solo le dijeron que se reuniría con la directiva para tomar una decisión, siendo que “hasta la fecha” siguen ocupando de forma ilegal su propiedad. Conforme a las Conclusiones desglosadas en este fallo constitucional se tiene Testimonio 0156/2010 de 5 de octubre sobre Protocolización de Minuta de Compra Venta de un inmueble urbano ubicado en el manzano 21 lote 15, zona E, Código Catastral 6-191, Distrito 9, barrio Integración, Urbanización Sorpresa II, de la ciudad de Riberalta que otorga Alex Hurtado Yanamo y María Delia Naba Beyuma a favor de Janneth Vargas Jiménez, al efecto, cursa Folio Real 8.02.1.01.0003816, en cuyo Asiento A-2 está inscrito el nombre de Janneth Vargas Jiménez en mérito a la Escritura Pública 0156/2010, asimismo consta copia de boleta de pago de impuestos de 9 de julio de 2021 y plano de ubicación (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Mediante Acta 208 de notoriedad sobre verificativo de levantamiento de inventario enumerativo y descriptivo de 23 de julio de 2021, el Notario de Fe Pública 2 de Riberalta señala que, a solicitud de la accionante, se constituyó en el inmueble precitado, en la cual entre otros advirtió que vive y ocupa dicho inmueble Miguel Ángel Nunta Beyuma y familia, donde existe una construcción rustica de madera de aprosimadamente de 3 x 4 metros con techo de calamina, en la parte trasera y a un costado está un baño con inferiores condiciones de construcción, al efecto concluye que existe una afectación a la propiedad, conforme anexos consistentes en placas fotográficas; finalmente se tiene placas fotográficas de la inspección ocular realizada el 9 de noviembre de 2021 (Conclusiones II.4 y II.5). Ahora bien, previo a abordarse la problemática planteada, cabe referirse a la flexibilización del principio de subsidiariedad así como del presupuesto de legitimación pasiva sobre las personas demandadas; al respecto corresponde precisar que en las acciones de amparo constitucional en la cual se denuncia las vías de hecho, conforme a la aludida jurisprudencia, este principio se flexibiliza en mérito a la necesidad de otorgar una tutela pronta y oportuna, lo propio sucede en relación al reclamo de la falta de legitimación pasiva el cual de manera excepcional se flexibiliza en casos de medidas de hecho. En este contexto, respecto a las medidas de hecho de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se establece dos presupuestos para abrir este mecanismo de protección constitucional que consiste en: i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, en la que debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros. En ese marco, a fin de abordar la problemática principal, en principio se analizará el presupuesto referido a que la parte accionante demostró o no su titularidad o dominialidad del bien sobre el cual supuestamente se ejercieron las vías de hecho. Al respecto, en primera instancia cabe aclarar que la impetrante de tutela acreditó su derecho propietario sobre el inmueble de 500 m2, con pago de impuestos hasta la gestión 2021, ubicado en la Av. Piña, Manzano U-21, Lote 15, Zona E, Distrito 5, con Código Catastral 9-141, Urbanización Sorpresa II de la ciudad de Riberalta, con el Testimonio 0156/2010 de 5 de octubre por el que Alex Hurtado Yanamo y María Delia Naba Beyuma transfirieron en favor de la Janneth Vargas Jiménez –accionante– el citado inmueble debidamente registrado en Derechos Reales el 12 de mayo de 2011, bajo la matrícula computarizada 8.02.1.01.0003816 Asiento A-2, por consiguiente se tiene acreditado la titularidad de la parte accionante sobre el referido bien inmueble, por tanto es oponible frente a terceros porque está debidamente registrado en Derechos Reales. En relación al segundo presupuesto por el cual se exige a la parte accionante, acreditar de manera objetiva o con prueba irrefutable la existencia de las vías o medidas de hecho en el predio sobre el cual se ejerce titularidad o derecho propietario, conforme los antecedentes como el Acta 208 de notoriedad de 23 de julio de 2021 y placas fotográficas emitido por el Notario de Fe Pública a solicitud de la impetrante de tutela, en la cual se advierte que dicho servidor público constató entre otros aspectos, que el citado inmueble de una extensión de 500 m2, ubicado en la zona este, Urbanización Sorpresa II, Distrito 5, Manzano U.21, lote 15, de la ciudad de Riberalta con matrícula 8.02.1.01.0003816 estaba ocupado por el demandado Miguel Ángel Nunta Beyuma y familia con una construcción rústica de madera de 3 x 4 mts., con un techo de calamina y en la parte trasera y a un costado un baño, ´por lo que se concluye la existencia de la afectación a la propiedad; asimismo, conforme el Acta de Inspección Ocular de 9 de noviembre de 2021, a través del cual el Juez de garantías pudo cerciorarse que en el lote de terreno había una casa rustica de madera y calamina, un patio con árboles frutales y una letrina al fondo “recién hecha”, en la cual vivían el demandado junto a su familia de 6 personas y que conforme al testimonio de la demandada Shirley Roca Saavedra juntamente a los vecinos habrían apoyado para que el codemandado ingrese en ese lote abandonado por más de 11 años; es decir que, tanto el Notario de Fe Pública, y el propio Juez de garantías constataron que el inmueble fue ocupado por Miguel Ángel Nunta Beyuma, antes del 15 de febrero de 2021 con el pretexto de un supuesto abandono por 11 años y con el apoyo de la Presidenta del barrio Shirley Roca Saavedra y vecinos; aspectos que lógicamente hacen entrever que hubo justicia por mano propia, en prescindencia de mecanismos legales establecidos en la normativa legal en vigencia, tal como también se confirma de las placas fotográficas y el Acta de Inspección Ocular referidos supra, donde el demandado sin negar los hechos, se limita en señalar no haber ingresado por la fuerza ni haber dado dinero o suscrito documento con nadie; en cuanto a la demandada Shirley Roca Saavedra de igual forma no negó los hechos denunciados circunscribiéndose en afirmar que ella y los vecinos apoyaron para que el codemandado ingrese a ese lote abandonado, siendo que no sabía que dicho terreno tenia dueño. En consecuencia, al haberse cumplido los dos presupuestos previstos por la jurisprudencia respecto a las medidas de hecho y la titularidad o dominialidad sobre el bien inmueble de 500 m2, ubicado en la zona este, Urbanización Sorpresa II, Distrito 5, Manzano U.21, lote 15, de la ciudad de Riberalta del departamento de Beni, corresponde conceder la tutela impetrada por haberse vulnerado el núcleo del derecho a la propiedad previsto y desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 9 de noviembre, cursante de fs. 75 a 78, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial y de Familia Tercero de Riberalta del departamento de Beni, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la propiedad y posesión y la denuncia de medidas de hecho, otorgándose al efecto la tutela definitiva respecto al inmueble reclamado, conforme los argumentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que los demandados desalojen la misma en el plazo de 48 horas a partir de su legal notificación con la presente Resolución Constitucional, bajo alternativa de emitirse mandamiento de lanzamiento que deberá ser cumplida incluso con el auxilio de la fuerza pública, sea todo conforme los fundamentos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
4 La Ley 477de 30 de diciembre de 2013, en su art. 3 define al avasallamiento como as invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales.
5 La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, establece que: “…el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión.” (las negrillas nos corresponden).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0303_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): bb0bad1f6c6f5a55afc4b54e25748b47c595eea28f628f6f0a08baa91263c510
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