B.IA.LEGAL

SCP 0302/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
79935-2025-160-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante, denuncia la lesión de los derechos a la identidad y personalidad jurídica, a la nacionalidad, educación, salud, participación social y a la dignidad humana, del adolescente AA; toda vez que, siendo hijo de madre de nacionalidad boliviana y padre brasileño -naturalizado boliviano-, nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; y, fue identificado desde su nacimiento como AA Zambrana Dos Santos, nombre con el que desarrolló su vida personal, educativa y social, contando además con documentación de identificación en la República Federativa de Brasil bajo aquel nombre; sin embargo, al solicitar su inscripción de la partida de nacimiento, el SERECÍ rechazó su trámite, exigiendo la modificación del orden de sus apellidos y la presentación de un certificado de nacido vivo con dichos cambios, requisito de imposible cumplimiento lo que lo mantiene en una situación de indocumentado, impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos fundamentales como ciudadano boliviano. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 270/25 de 12 de noviembre de 2025, cursante de fs. 72 a 76, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer dejar sin efecto la Resolución Administrativa SERECI.SCZ/DDSRC/R.A.I. 241/2025 de 13 de agosto; que el Servicio de Registro Cívico, a través de sus autoridades competentes, en el plazo máximo de cinco días hábiles, computables a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional:

a) Proceda a la inscripción de la partida de nacimiento del adolescente AA, reconociendo su calidad de ciudadano boliviano por nacimiento, conforme al art. 144 de la Constitución Política del Estado, b) Efectúe el registro respetando la identidad con la que el adolescente ha desarrollado su vida, en particular el nombre y el orden de sus apellidos, al constituir la expresión de su identidad personal y social; y, c) Se abstenga de exigir requisitos de imposible cumplimiento o formalismos no previstos de manera expresa y excluyente en la normativa aplicable, debiendo aplicar los principios de informalidad, verdad material, favorabilidad e interés superior del niño; 3° Exhortar al Servicio de Registro Cívico, a que, en adelante, adecúe sus actuaciones a los principios constitucionales y reglamentarios que rigen la materia, evitando la imposición de barreras administrativas que restrinjan el acceso al registro civil, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño
  2. III.2. La identidad dentro de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0302/2026-S3 Sucre, 26 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 79935-2025-160-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 270/25 de 12 de noviembre de 2025, cursante de fs. 72 a 76., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario André Meruvia Peña en representación de Kristel Eurania Zambrana García y Alfredo Dábalos Dos Santos, padres del adolescente AA contra Adolfo Ernesto Freire Bustos, Director Departamental del Servicio de Registro Cívico (SERECI) de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 4 y 11 de noviembre de 2025, cursantes de fs. 32 a 41 y 55 a 64, respectivamente, los accionantes, a través de su representante, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su hijo AA, nació el 13 de febrero de 2009, en el hospital “Guaracachi” de la Caja Petrolera de Salud (CPS), en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; nosocomio en el que se le extendió el Formulario Único de Nacido Vivo 303161, debidamente rubricado y certificado por la CPS, en cuya casilla de nombres y apellidos se consignó al recién nacido como “RN Zambrana Dos Santos”, descripción que constituye el primer registro oficial y nombre del ahora adolescente. Al ser el progenitor de nacionalidad brasileña y la madre boliviana, el adolescente AA, tiene nacionalidad boliviana por nacimiento, así como la nacionalidad brasileña por vínculos de filiación con su padre; en ese marco, cuenta también con un certificado de nacimiento expedido por autoridades brasileñas -debidamente apostillado- en el que consta su nacimiento en Bolivia; bajo esa doble condición, ha desarrollado íntegramente su vida en Bolivia, con el nombre “Paulo Daniel Zambrana Dos Santos”, conforme consta la documentación de su vida civil, en su carnet de vacunación, carnet de seguro de la CPS, certificado de bautizo, libretas escolares, certificados deportivos y diplomas, consolidando así su identidad personal y social bajo dicha denominación. Ante la situación de indocumentación del menor, sus progenitores solicitaron la inscripción de la partida de nacimiento de su hijo, ante el Servicio de Registro Cívico (SERECI) -para posteriormente obtener su cédula de identidad-; Entidad que observó el orden de los apellidos consignados en el Formulario de Nacido Vivo, señalando que debía adecuarse al orden “Dábalos Zambrana”; no obstante, pese a que los padres aceptaron dicha modificación con la finalidad de viabilizar el registro de su hijo, la referida Entidad, posteriormente, condicionó la inscripción de la partida de nacimiento, a la presentación de un nuevo Formulario Único de Nacido Vivo, sin apellidos. Dicha exigencia resulta de cumplimiento imposible; toda vez que, la CPS certificó que el Formulario Único de Nacido Vivo, es un documento irrepetible, emitido únicamente al momento del nacimiento, existiendo únicamente el registro correspondiente a “AA Zambrana Dos Santos” y no así bajo el nombre exigido por el SERECI; situación que también, fue corroborada por el centro médico antes referido, que confirmó la inexistencia de registros con identidad distinta a la antes señalada. En ese contexto, mediante Resolución Administrativa (RA) SERECI.SCZ/DDSRC/R.A.I. 241/2025 de 13 de agosto, el SERECI rechazó la solicitud de inscripción de la partida de nacimiento, manteniendo una exigencia materialmente imposible y desconociendo el documento base, el Formulario Único de Nacido Vivo, que acredita el nacimiento de AA, generando su situación de indocumentación. Como consecuencia de dicha negativa, el menor no cuenta con certificado de nacimiento ni cédula de identidad, viéndose impedido de ejercer plenamente sus derechos fundamentales como ciudadano boliviano, afectando su acceso a la educación superior, al ámbito sanitario y social, así como limitaciones a su participación en actividades deportivas, habiéndose visto imposibilitado de asistir y representar al país en un torneo internacional de karate, pese a haber sido seleccionado por mérito propio, no pudo participar, únicamente por no contar con documento de identidad, situación que lo coloca en un estado de vulnerabilidad. Finalmente, se advierte que sus hermanos, nacidos de los mismos progenitores, se encuentran debidamente inscritos con los apellidos “Zambrana Dos Santos”, lo que evidencia un trato administrativo inconsistente y arbitrario por parte del SERECI en el caso del menor accionante.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de los derechos a la identidad y personalidad jurídica, a la nacionalidad, educación, salud, participación social y a la dignidad humana, del adolescente AA, citando al efecto los arts. 14, 17, 18, 21, 22 y 141 de la Constitución Política del Estado (CPE); 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la RA SERECI.SCZ/DDSRC/R.A.I. 241/2025; y b) Que el SERECI proceda de manera inmediata a la inscripción de la partida de nacimiento de adolescente AA con el nombre de “Paulo Daniel Zambrana Dos Santos”, conforme a los datos consignados en el Formulario Único de Nacido Vivo 303161 y la correspondiente expedición inmediata del Certificado de Nacimiento.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de noviembre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 69 a 76, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalaron que: 1) El adolescente AA se encuentra en situación de indocumentación forzada, debido a la negativa del SERECI de inscribir su nacimiento, pese a existir el Formulario Único de Nacido Vivo, que acredita su identidad, habiendo desarrollado toda su vida en Bolivia bajo el nombre “AA Zambrana Dos Santos”, consolidando su identidad en el ámbito educativo, sanitario, deportivo y social; y, 2) La falta de documentación impide al menor ejercer derechos fundamentales, afectando su acceso a educación, salud, participación deportiva y reconocimiento como ciudadano boliviano, lo que además le genera sentimientos de incertidumbre, desvalorización y vulnerabilidad, incompatibles con el deber del Estado, de respeto a la dignidad humana; así como la inobservancia del interés superior del niño y de la Convención sobre los Derechos del Niño. En audiencia de garantías, la accionante, Kristel Eurania Zambrana García -madre del adolescente AA-, ante las preguntas de la Sala Constitucional, señaló que: i) Su hijo, durante toda su vida usó el nombre AA Zambrana Dos Santos, desde que ingresó al kínder, contando inclusive con el Registro Único de Estudiante (RUDE) bajo ese nombre; ii) Es campeón, en su categoría, en la disciplina de kárate; sin embargo, por la falta de su certificado de nacimiento y cédula de identidad, no pudo participar en el campeonato Panamericano en el que debía representar a nuestro país; iii) Realizó su registro en el Consulado de Brasil, porque no quería que sus datos de identidad del adolescente AA sean diferentes a los de sus hermanos; y, iv) Cuenta con certificado de nacimiento y cédula de identidad brasilera, documentación que consigna su nacimiento en Bolivia.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Adolfo Ernesto Freire Bustos, Director Departamental del SERECI de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 68.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 270/25 de 12 de noviembre de 2025, cursante de fs. 72 a 76, denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Sobre la subsidiariedad, refirió que, si bien los accionantes no agotaron los recursos administrativos previos, tratándose de un adolescente, correspondía considerar la posibilidad de flexibilizar dicho principio, en atención a los estándares de protección reforzada derivados de la Constitución Política del Estado, la Convención sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia internacional; b) En el fondo, señaló que, si bien los estándares internacionales obligan al Estado a garantizar la inscripción de los niños desde su nacimiento, incluso de forma tardía, para asegurar el ejercicio de sus derechos fundamentales, estos resultan aplicables cuando exista ausencia absoluta de registro o identidad; situación que, no concurre en el caso concreto, pues el adolescente cuenta con registro de nacimiento y documentación de identidad emitidos por la República Federativa de Brasil -en virtud de la nacionalidad de su progenitor- lo que le ha permitido ejercer sus derechos como a la educación, identidad y personalidad jurídica o nacionalidad; y, c) Asimismo, la problemática planteada no revestía relevancia constitucional, al no tratarse de una negativa de registro, sino de una cuestión vinculada a la obtención de la nacionalidad boliviana, que debía ser canalizada a través de los mecanismos correspondientes para la obtención de la doble nacionalidad, correspondiendo a los accionantes acudir a las instancias administrativas pertinentes, para tal efecto.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio de 2021, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso la priorización en el sorteo de casos que involucren la presunta vulneración de derechos fundamentales de Niñas, Niños y Adolescentes, que se encuentren en trámite y pendientes de sorteo en la Comisión de Admisión de este Tribunal; en ese marco, al encontrarse comprometida la situación de un adolescente, en el presente caso, se procedió a su sorteo anticipado. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Formulario Único de Nacido Vivo 303161, emitido por Salomon Mesias Eid Villagomez, Ginecólogo Obstreta, el cual, en lo esencial, certifica que: “Kristel Eurania Zambrana García, dio a luz el 13 de febrero de 2009 a “RN Zambrana Dos Santos” en el Hospital CPS 115 del departamento de Santa Cruz, consignado como su lugar de nacimiento Santa Cruz de la Sierra (fs. 3). II.2. Cursa Certificado de Bautismo 044133 de AA, emitido por el párroco de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, de 12 de febrero de 2011, en el que se consigna a sus padres como Alfredo Dábalos Dos Santos y Kristel Eurania Zambrana García (fs. 24). II.3. Consta Certificado de Nacimiento, emitido el 14 de septiembre de 2022, de AA y carnet de identidad, ambos emitidos por la República Federativa de Brasil (fs. 14 y 23). II.4. Cursa RA SERECI.SCZ/DDSRC/R.A.I. 241/2025 de 13 de agosto, emitida por Adolfo Ernesto Freire Bustos, Director Departamental del SERECI de Santa Cruz, que dispone: “PRIMERO: RECHAZAR LA INSCRIPCIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO CON DATOS PATERNOS SUPUESTOS Y FILIACIÓN MATERNA PROBADA, PUESTO QUE EL VÍNCULO FILIAL EXISTE RESPECTO A AMBOS PADRES, de acuerdo a certificado de matrimonio. Al no adecuarse a normativa vigente y de conformidad a lo establecido en el Reglamento específico de Inscripción de Nacimientos aprobado por Resolución No 616/2004, código de las familias y procedimiento familiar arts. 17, 18, 19, 20 y 21 del Código de las Familias y art. 10 del Código Civil” (sic [fs. 7 a 8]). II.5. Mediante nota ALD-NOT/MVP 2155/2025 de 13 de octubre, Verónica Zachetti Saavedra, asesora legal de la CPS, en respuesta a la solicitud de “certificado de nacido vivo del menor” AA, refirió que en los archivos de la institución, “figura como beneficiario el Sr. Paulo Daniel Zambrana Dos Santos y no así Paulo Daniel Dávalos Zambrana, concluyendo que la gestión de documentación debe realizarse a través de autoridad competente, a fin que la CPS pueda proceder conforme a procedimiento legal (fs. 11). II.6. Figura Carnet de Seguro de afiliación a la CPS de AA, como beneficiario, siendo el asegurado titular Alfredo Dábalos Dos Santos (fs. 17). II.7. Cursa diploma de estudio, libretas escolares, certificado deportivo y carnet de vacuna, del adolescente AA, consignando su nombre como Paulo Daniel Zambrana Dos Santos (fs. 17 a 21 y 27). II.8. Figura Cedula de Identidad de Kristel Eurania Zambrana García, de nacionalidad boliviana y de Alfredo Dábalos Dos Santos, ciudadano brasileño, naturalizado boliviano (fs. 15 y 16). II.9. Cursa Certificado de Nacimiento de BB, hijo de Alfredo Dábalos Dos Santos y Kristel Eurania Zambrana García (fs. 25).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante, denuncia la lesión de los derechos a la identidad y personalidad jurídica, a la nacionalidad, educación, salud, participación social y a la dignidad humana, del adolescente AA; toda vez que, siendo hijo de madre de nacionalidad boliviana y padre brasileño -naturalizado boliviano-, nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; y, fue identificado desde su nacimiento como AA Zambrana Dos Santos, nombre con el que desarrolló su vida personal, educativa y social, contando además con documentación de identificación en la República Federativa de Brasil bajo aquel nombre; sin embargo, al solicitar su inscripción de la partida de nacimiento, el SERECÍ rechazó su trámite, exigiendo la modificación del orden de sus apellidos y la presentación de un certificado de nacido vivo con dichos cambios, requisito de imposible cumplimiento lo que lo mantiene en una situación de indocumentado, impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos fundamentales como ciudadano boliviano. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0555/2024-S1 de 17 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento:

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2021-S1 de 21 de julio; 0699/2021-S1 de 23 de noviembre; 0074/2022-S1 de 18 de abril; 0703/2022-S1 de 21 de julio; 1509/2022-S1 de 5 de diciembre; 0042/2023-S1 de 13 de marzo; 0907/2023-S1 de 17 de agosto; y, 1265/2023-S1 de 12 de diciembre, entre otras, que establecieron el siguiente razonamiento:

Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; en ese marco el art. 60 de la CPE siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Ahora bien, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto analizó que:

…En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos… Posteriormente este Tribunal, en la SCP 0125/2017 de 9 de marzo, reiterada entre otros por la SCP 0172/2018-S1 de 3 de agosto, señaló que: 1 Al respecto el FJ III.2 señala: “En torno a la naturaleza jurídica del proceso penal juvenil, convergen posiciones encontradas; algunos autores se muestran de acuerdo en señalar que se trata de un auténtico proceso de naturaleza penal, materialmente sancionador-educativo, tanto en procedimiento como en las medidas aplicables al menor. No obstante dicha apreciación, es importante destacar que en efecto, penal es la causa que da origen al procedimiento, la que emergió de la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, cometidos por ciudadanos mayores de doce y menores de dieciséis años de edad, y penal, es también su consecuencia, porque se materializa en la imposición coactiva de medidas privativas o restrictivas de derechos fundamentales; sin embargo, dicho proceso, al mismo tiempo es especial, habida cuenta que el sujeto, objeto de su procesamiento, es un adolescente que goza de específica protección de la Constitución y de las normas vigentes nacionales como internacionales; y especiales son las medidas penales que pudieran aplicarse, dado que persiguen la finalidad educativa y resocializadora…”. 2 El FJ III.2 señala: “concluye que por este principio, entendido como el conjunto de acciones tendientes a resguardar y por ende a garantizar por parte del Estado el desarrollo integral y el acceso a una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a la niñez y adolescencia alcanzar el máximo bienestar posible, es obligación de …Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna. Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es “el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar”, asimismo, para Gatica y Chaimovic “debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña», por otra Zermatten señala que «el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia”.

En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño…’” (Las negrillas son nuestras).

Al respecto, también es pertinente señalar lo establecido por el Código Niña Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-establece la necesidad de que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como:

…toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas. En ese sentido, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, en relación a la temática del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente señala:

A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de su necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica.

Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida. Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia.

De acuerdo a dicho marco legal y jurisprudencial señalado en forma precedente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera, ya que ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma, en este caso en lo que respecta a los menores de edad y su protección reforzada en respeto del interés superior de los mismos, y, finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar el Código Niño, Niña y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio.

Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrán en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad.

III.2. La identidad dentro de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0676/2024-S3 de 19 de agosto, asumió el siguiente entendimiento:

La SC 0917/2010-R de 17 de agosto, citando a la SC 1763/2003-R de 1 de diciembre, sobre el derecho a la identidad, señaló que: “‘…es el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Entonces el derecho a la identidad supone la exigencia del derecho a la propia biografía, es la situación jurídica subjetiva por la cual el sujeto tiene derecho a ser fielmente representado en su proyección social. Es el derecho a ser conocido como «alguien», con nombres y apellidos que lo diferencien de los demás. En la identidad de la persona se encuentra la específica verdad personal que es el conocimiento de aquello que se es realmente, lo que el sujeto anhela conocer y desentrañar (verdad de origen), como así también comprende una multiplicidad de elementos de carácter cultural y espiritual. En suma, es el derecho al respeto de «ser uno mismo» y ser conocido en la sociedad como tal’”. Por su parte, la SCP 0072/2015-S1 de 10 de febrero, estableció que: “Este derecho proviene de los derechos a la vida y a la dignidad, por ello está reconocido en el Capítulo Quinto, Sección V, relativa a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, el derecho a la identidad debe ser materializado inmediatamente al nacimiento dada su naturaleza, a través de la identidad es que el ser humano puede interrelacionarse el hecho de que la Norma Suprema no lo reconozca como derecho fundamental expresamente, y únicamente el Código Civil, así como las normas que tratan del registro cívico, hagan mención a todo cuanto implica registrar a una persona y al nombre, esto no supone que el derecho a la identidad no tenga categoría de derecho fundamental, pues el art. 59.IV de la Ley Fundamental precisamente considerando coexistente al nacimiento de todo ser humano, garantiza ‘Todo niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado’. Este derecho se extiende a la vida adulta e incluso se extiende después de la muerte, para efectos de sucesión en el campo jurídico, de ahí que aun dejando de existir la persona no puede privársela de su identidad como derecho, porque este derecho se extiende a sus sucesores. El Código Civil, como regulador de este derecho a partir de los preceptos de la Constitución, establece en su libro primero, art. ‘9 (DERECHO AL NOMBRE) I. Toda persona tiene derecho al nombre que con arreglo a la ley le corresponde. El nombre comprende el nombre propio o individual y el apellido paterno y materno, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente». Luego en el art. 12 del sustantivo civil intitulado PROTECIÓN DEL NOMBRE dispone: «La persona a quien se discuta el derecho al nombre que lleva o sufra algún perjuicio por el uso indebido que de ese nombre haga otra persona, puede pedir judicialmente el reconocimiento de su derecho o la cesación del uso lesivo. El juez puede ordenar que la sentencia se publique por la prensa’.

A decir del Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0379/2013 de 25 de marzo, luego de hacer referencia a las citadas normas del Código Civil y a Bonnecase citado por Morales Guillén establece: ‘…el nombre es un atributo de la personalidad, que designa a la persona y la distingue de las demás, y el apellido la individualiza, para que no exista equivocación, ya que el nombre y el apellido establecen la identidad de un determinado sujeto’. Esta interpretación ya fue manifestada en la SC 0175/2011-R de 11 de marzo que dice: ‘Respecto de la identidad como instituto jurídico, que se encuentra como parte de los derechos de la personalidad, la SC 0027/2010-R de 16 de abril, señaló que: «…El art. 9.I del Código Civil (CC), determina que toda persona tiene derecho al nombre que le corresponde con arreglo a la ley y comprende el nombre propio o individual y el apellido paterno y materno; ahora bien, conforme lo señala Morales Guillén: ‘El nombre y el apellido establecen la identidad de un sujeto determinado como tal, ya que de ellos depende su personalidad en concreto y el status correspondiente. La identidad es así, el elemento más importante de la personalidad. Cumple una función individualizadora y constituye la manifestación principal del derecho subjetivo a la identificación que se exterioriza frente a todos y en cualquier contingencia de la vida social’ (Carlos Morales Guillén. Código Civil Concordado y Anotado); de lo expuesto, se concluye entonces que el nombre y apellido de la persona forman un todo que la individualizan; es decir, hacen a la identidad de la persona como un atributo específico de la personalidad». Esta posición se respalda también en la doctrina, decía que: ‘…la identidad personal, vale decir el ser sí mismo con los propios caracteres y acciones, constituyendo la misma verdad de la persona, no puede, en sí y por sí, ser destruida, porque la verdad, por ser la verdad, no puede ser eliminada. Sin embargo, por sí mismo significa serlo aparentemente, también en el conocimiento y en la opinión de otros; significa serlo socialmente’. Haciendo alusión a su legislación, el citado jurista italiano citado por Cifuente (idem) destacando siempre el derecho subjetivo a la identidad, señala que ‘configura un derecho de la personalidad, porque es una cualidad, un modo de ser de la persona, para los otros igual a sí misma, en relación con la sociedad en que vive; como tal es un derecho esencial, y concedido para toda la vida -vitalicio-. Derecho que es innato, con el nacimiento, la individualidad propia tiene a mirarse exactamente en el conocimiento de otros…’” (el resaltado y las negrillas nos corresponden). El art. 65 de la CPE, señala: “En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación”

De la jurisprudencia y normativa señalada, es posible establecer que los niños, niñas y adolescentes, son también titulares del derecho a la identidad, el cual debe ser entendido conforme a las medidas de protección especial establecidas en el ámbito interno de conformidad a lo previsto por el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)“Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” en concordancia con el art. 18 del mismo instrumento normativo “Derecho al Nombre toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”.

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes procesales y de las conclusiones arribadas; se puede establecer que, el adolescente AA, nació el 13 de febrero de 2009 en el hospital “Guaracachi” de la CPS de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, conforme consta en el Formulario Único de Nacido Vivo 303161, en el que se lo identifica como “RN Zambrana Dos Santos”, hijo de Kristel Eurania Zambrana García (Conclusión II.1); posteriormente, el 12 de febrero de 2011, fue bautizado en la Arquidiócesis de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, registrándose su identidad como AA Zambrana Dos Santos, consignándose como sus progenitores a Alfredo Dábalos Dos Santos y Kristel Eurania Zambrana García (Conclusión II.2). A lo largo de su desarrollo personal, educativo y social, el accionante ha sido identificado de manera constante con dicho nombre, tal como se evidencia en la diversa documentación, entre ella, certificados de estudio, libretas escolares, diplomas, certificados deportivos, carnet de vacunas y registro de afiliación al seguro de la CPS, donde figura como beneficiario de su padre (Conclusiones II.6 y II.7); asimismo, en razón de que su padre es brasileño, cuenta con certificado de nacimiento y documento de identidad emitidos por la República Federativa de Brasil, por vínculo de filiación paterna, en los que igualmente figura con el nombre de AA Zambrana Dos Santos (Conclusión II.3). En el intento de regularizar la inscripción de la partida de nacimiento en el Estado boliviano, los padres solicitaron el mismo al SERECI; sin embargo, mediante RA SERECÍ.SCZ/DDSRC/R.A.I. 241/2025, dicha Entidad rechazó la solicitud, argumentando que al encontrarse establecida la filiación por vínculo materno y paterno, conforme certificado de matrimonio de los padres, la identidad del adolescente debía consignarse como AA Dábalos Zambrana y no como AA Zambrana Dos Santos (Conclusión II.4); a efectos de subsanar las observaciones realizadas, los accionantes gestionaron la obtención de documentación complementaria ante la CPS; no obstante, mediante nota de 13 de octubre de 2025, dicha institución señaló que, en sus registros el beneficiario figuraba como AA Zambrana Dos Santos, no siendo posible emitir documentación con distinta identificación, remitiendo la solución a determinación de autoridad competente (Conclusión II.5). Como consecuencia de la referida negativa respuesta administrativa, el accionante no cuenta con registro de nacimiento en el Estado boliviano, pese a haber nacido en su territorio, lo que le impide acceder a documentación oficial y ejercer plenamente sus derechos como ciudadano boliviano. En esa medida, corresponde determinar si la autoridad demandada vulneró los derechos fundamentales a la identidad, personalidad jurídica, nacionalidad e interés superior del adolescente, al rechazar su inscripción en el registro civil, supeditándola a la exigencia de requisitos de imposible ejecución y a la modificación del orden de sus apellidos, pese a contar con elementos suficientes para acreditar su nacimiento y filiación. En ese contexto, con carácter previo al análisis de fondo, corresponde establecer que si bien en el presente caso, los representantes del accionante no interpusieron los recursos administrativos de revocatoria y jerárquico, conforme al entendimiento seguido por este Tribunal Constitucional Plurinacional, la subsidiariedad no es un requisito absoluto, siendo posible su flexibilización, cuando se encuentren comprometidos derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes; situación concurrente el caso de estudio al encontrarse comprometida la situación de un adolescente, cuya falta de registro le impide ejercer plenamente sus derechos fundamentales, generando una afectación actual y continua. La Constitución Política del Estado, en sus arts. 58, 59.I y 144, reconoce el derecho a la identidad, filiación y nacionalidad, estableciendo que son bolivianas y bolivianos por nacimiento las personas nacidas en territorio nacional, entendiéndose el registro civil un acto declarativo y no constitutivo. La jurisprudencia constitucional conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico II.2 del presente fallo constitucional, ha reconocido que el derecho a la identidad no se agota en la asignación formal de un nombre o en su registro en documentos oficiales, sino que comprende una multiplicidad de elementos de carácter cultural, social y espiritual, constituyéndose en el derecho de toda persona a ser quien es y a ser reconocida como tal en la sociedad; por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la identidad y a la nacionalidad no puede ser restringido mediante obstáculos administrativos irrazonables, debiendo el Estado garantizar su reconocimiento efectivo -caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”-. En ese entendido, el nombre -incluyendo la estructura y orden de los apellidos- no constituyen un dato meramente administrativo, sino un elemento esencial de la identidad personal, en la medida que permite la individualización del sujeto en su entorno familiar y social, reflejando además sus vínculos de filiación y pertenencia. Bajo ese marco, cuando se trata de registros tardíos, el derecho a la identidad, adquiere una dimensión reforzada, en tanto la persona ya ha desarrollado una trayectoria vital bajo una determinada identificación, siendo conocida, reconocida y vinculada socialmente con un nombre específico; en tales supuestos, la actuación del Estado no puede orientarse a imponer una identidad distinta bajo criterios estrictamente formales, sino que, ante las pruebas materiales, debe reconocer y respetar la identidad efectivamente construida por la persona a lo largo de su vida, siempre que la misma no genere incertidumbre sobre su filiación ni afecte derechos de terceros. Así, en el caso presente, dicho entendimiento se ve además reforzado por el principio del interés superior del niño, consagrado en el art. 60 de la CPE y desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el cual se establece que, todas las autoridades tienen el deber de adoptar decisiones que garanticen el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, priorizando la materialización del ejercicio pleno de sus derechos por sobre consideraciones formales o administrativas; en este sentido, cualquier decisión que implique la alteración de la identidad de un menor debe ser evaluada bajo un estándar estricto de necesidad y proporcionalidad, debiendo evitarse medidas que generen incertidumbre, desarraigo o afectación a su entorno social y personal. En ese marco, el SERECI al contar con elementos probatorios materiales que comprobaban la nacionalidad y filiación del adolescente AA, bajo una interpretación extensiva del Reglamento para Inscripción de Nacimientos aprobado por Resolución 616/2004 de 29 de diciembre de 2014, debió adoptar las medidas necesarias positivas para garantizar que el mismo acceda al procedimiento de inscripción sin exigencias formales y en condiciones de igualdad y no discriminación, respetando el nombre que había usado hasta ese momento, como un reconocimiento jurídico de una identidad preexistente; al efecto debe mencionarse que si bien el art. 49 inciso c) de la referida norma, prevé expresamente el respeto a la identidad asumida en el caso de hijos bolivianos nacidos en el exterior, una interpretación sistemática, conforme a la Constitución Política del Estado y al principio pro persona, permite concluir que dicho criterio no constituye una regla excepcional, sino la expresión de un principio general del sistema registral, orientado a preservar la identidad personal de quien solicita su inscripción; entendido bajo el cual, limitar su aplicación únicamente a supuestos específicos implicaría un entendimiento restrictivo y discriminatorio incompatible con el derecho a la identidad y el interés superior del niño, máxime cuando se tiene plena evidencia que el adolescente, es de nacionalidad boliviana por nacimiento, que tiene establecida su filiación materna y paterna y ha desarrollado su vida con una identificación determinada, con la cual inclusive se identifica en su entorno familiar con su hermano y sus padres, por cuanto la alteración que pretende imponer la Entidad demandada no responde a una finalidad constitucionalmente legítima. En mérito a lo expuesto, se concluye que la actuación del SERECI, al rechazar la inscripción del nacimiento del adolescente AA y supeditarla al cumplimiento de exigencias formales, constituye una restricción irrazonable y desproporcionada de sus derechos fundamentales a la identidad, filiación, nacionalidad y al interés superior del niño, al desconocer que su nacionalidad boliviana se encuentra constitucionalmente consolidada por el solo hecho de haber nacido en territorio nacional, siendo el registro civil un acto meramente declarativo. Asimismo, se evidencia que la autoridad demandada, pese a contar con suficientes elementos probatorios que acreditan tanto la filiación como la identidad del adolescente, no aplicó los principios de informalidad, verdad material y favorabilidad que rigen la actividad registral, ni realizó una interpretación sistemática y conforme a la Constitución Política del Estado del referido Reglamento para la Inscripción de Nacimientos, incurriendo en un formalismo excesivo, desconociendo que dicha norma reconoce un sistema probatorio amplio, flexible y no taxativo orientado a garantizar el acceso al registro civil, no existiendo requisitos únicos, indispensables ni excluyentes para dicho fin. En ese entendido, corresponde establecer que el registro del nacimiento del ahora adolescente, en el marco de su interés superior, debe efectuarse respetando la identidad con la que ha desarrollado su vida, en particular el nombre y orden de apellidos que ha utilizado de manera constante, al constituir la expresión de su identidad personal y social, debiendo la autoridad administrativa limitar su actuación a verificar la correspondencia de su filiación mediante los medios probatorios existentes, sin imponer requisitos irrazonables ni alterar su identificación. En consecuencia, la negativa de inscripción resulta contraria a la Norma Suprema y a los estándares de protección de derechos fundamentales e interés superior de las niñas, niños y adolescentes, siendo procedente disponer el registro de AA en el Estado boliviano, como reconocimiento jurídico de una identidad preexistente. En consecuencia, la Sala Constitucional Segunda al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 270/25 de 12 de noviembre de 2025, cursante de fs. 72 a 76, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer dejar sin efecto la Resolución Administrativa SERECI.SCZ/DDSRC/R.A.I. 241/2025 de 13 de agosto; que el Servicio de Registro Cívico, a través de sus autoridades competentes, en el plazo máximo de cinco días hábiles, computables a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional:

a) Proceda a la inscripción de la partida de nacimiento del adolescente AA, reconociendo su calidad de ciudadano boliviano por nacimiento, conforme al art. 144 de la Constitución Política del Estado, b) Efectúe el registro respetando la identidad con la que el adolescente ha desarrollado su vida, en particular el nombre y el orden de sus apellidos, al constituir la expresión de su identidad personal y social; y, c) Se abstenga de exigir requisitos de imposible cumplimiento o formalismos no previstos de manera expresa y excluyente en la normativa aplicable, debiendo aplicar los principios de informalidad, verdad material, favorabilidad e interés superior del niño; 3° Exhortar al Servicio de Registro Cívico, a que, en adelante, adecúe sus actuaciones a los principios constitucionales y reglamentarios que rigen la materia, evitando la imposición de barreras administrativas que restrinjan el acceso al registro civil, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

todos los administradores de justicia, quienes tienen el deber de sustanciar una causa en la que se encuentren involucrados la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se deberá reforzar su protección frente a otros derechos”.

3 El art. 9 del CNNA señala: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0302_2026-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3fc2786c564bb2ab030ee0569d14be1ceefb4ecca45ab655453fd027fd327c55

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