Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 15 de abril de 2025
Concede la tutela
La solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, alegó la lesión al derecho a la libertad, y al principio de celeridad; en virtud a que, habiendo sido imputada el 13 de diciembre de 2018, por la supuesta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc 1) del CP, se ordenó su detención preventiva en el CERPROM en la mencionada fecha; luego ante la presentación de requerimiento conclusivo por parte del Fiscal de Materia, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, presidido por el Juez ahora demandado, por Sentencia 18/2020 de 8 de octubre, dispuso treinta años de privación de libertad sin derecho a indulto en su contra; ante lo cual, interpuso apelación restringida el 15 de diciembre del mismo año, y por decreto de 17 del mismo mes y año el Juez ahora demandado, habría ordenado a la Secretaria del indicado Tribunal notificar a las partes con el recurso; es decir, desde su detención –13 de diciembre de 2018– habrían pasado tres años y nueve meses que cumple sentencia, sin que la misma sea ejecutoriada; y, desde el 15 de diciembre que interpuso Recurso de apelación restringida habría pasado un año y nueve meses, que el mencionado Tribunal no habría realizado las notificaciones pertinentes de la Sentencia ni del Recurso de apelación restringida , tampoco habría remitido actuados al Tribunal de alzada, vulnerando de este modo su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2022 de 28 de octubre y Auto Complementario de misma fecha, cursantes de fs. 51 a 54 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos que dispuso la Jueza de garantías, exhortando a la parte demandada a no incurrir nuevamente en dilación, advertida bajo apercibimiento de evidenciar una conducta reitera se remitirán antecedentes ante la autoridad disciplinaria a los fines de que se establezca la responsabilidad que corresponda.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0302/2025-S4 Sucre, 15 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51480-2022-103-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 24/2022 de 28 de octubre y Auto Complementario de misma fecha, cursantes de fs. 51 a 54 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Darly Franco, en representación sin mandato de Verónica Céspedes Medina contra Juan Pablo Olmos Tapia, Juez, y Patricia Salvatierra Luán, Secretaria, ambos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 27 de octubre de 2022, cursante de fs. 1; y, 27 a 29 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
El 13 de diciembre de 2018, Verónica Céspedes Medina –hoy impetrante de tutela– fue imputada por la supuesta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 1) del Código Penal (CP), ordenándose su detención preventiva en la misma fecha en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (CERPROM) del departamento de Santa Cruz; luego el 26 de junio de 2019 el Fiscal de Materia presentó requerimiento conclusivo de acusación, causa con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70193994; posteriormente, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del citado departamento, presidido por el Juez ahora demandado, por Sentencia 18/2020 de 8 de octubre, dictó 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto en su contra, a ello interpuso apelación restringida el 15 de diciembre de 2020, a lo cual el 17 del mismo mes y año el Juez ahora demandado ordenó a la Secretaria del indicado tribunal notificar a las partes con el recurso, notificación realizada por ciudadanía digital el 7 de abril de 2021; es decir, desde su detención –13 de diciembre de 2018– han pasado tres años y nueve meses que cumple sentencia, sin que la misma sea ejecutoriada; y, desde el 15 de diciembre de 2020 que interpuso Recurso de apelación restringida ha pasado un año y nueve meses que; el mencionado Tribunal no ha realizado las notificaciones pertinentes de la Sentencia ni del Recurso de apelación restringida, peor aún no fue remitido al Tribunal de alzada.
La accionante, a través de su representante sin mandato, alegó la lesión a la libertad, y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 8.II, 24, 125, 126, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 2, 3, 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, a) Se ordene que, en el plazo de veinticuatro horas se notifique a todos los sujetos procesales con la Sentencia y el Recurso de apelación restringida, además cumplido el plazo procesal se remita de forma inmediata el Recurso de apelación “incidental” al Tribunal de alzada; y por consiguiente, se restablezcan los derechos conculcados como vulneración al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, b) Se determine las responsabilidades civil y penal a los funcionarios ahora demandados.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 50; presentes la Solicitante de tutela asistida por su abogada y la parte demandada; se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela asistida por su abogada se encontraba presente en audiencia, sin embargo no intervino en la misma; ante lo cual, la Jueza de garantías ordenó dar lectura a la demanda de acción de libertad interpuesta.
Juan Pablo Olmos Tapia, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en audiencia de consideración de la presente acción de defensa; refirió que: 1) El Tribunal a su cargo pasó por situaciones diversas que lógicamente repercuten en atrasos de diligencias que se tenía que realizar; 2) En relación a las actas faltantes del proceso se verifica que la Secretaria titular del Tribunal de la época habría fallecido, teniendo varias bajas médicas anteriormente, lo que repercutió en el trabajo, y tras su fallecimiento el Tribunal tuvo diferentes suplencias legales, teniéndose a la fecha a la ahora codemandada fungiendo en dicho cargo como titular; 3) Se tuvo que realizar un trámite administrativo, solicitando al soporte técnico de los equipos de computación, a fin de acceder a las grabaciones de las audiencias de juicio oral y finalmente reponer dichas actas; y, 4) Con relación a las notificaciones extrañadas por la accionante; se tiene que, a la fecha ya han sido cumplidas y tomando en cuenta que, en relación a la Sentencia condenatoria el plazo de quince días para que presenten algún recurso de apelación y el plazo de diez días otorgados por la norma procesal a efecto de que contesten la apelación restringida, se encuentran vencidos, se ha realizado el sorteo respectivo y esta causa penal se encuentra sorteado en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por lo que, nos encontramos ante una situación de pérdida o sustracción del objeto de la presente acción de libertad; toda vez que, los agravios que refirió la impetrante de tutela, a la fecha se encuentran cumplidos por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del citado departamento y no existe ninguna situación que perjudique a la accionante en relación a su petitorio; por lo cual, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Patricia Salvatierra Luán, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en audiencia de la presente acción tutelar; señaló que: Se han extremado esfuerzos para poder lograr obtener las grabaciones que se encontraban en el equipo de la Secretaria de entonces, y ello les perjudicó de gran manera para poder recabar las actas que faltaban en el expediente; empero, las actas se encuentran adjuntas, las notificaciones han sido realizadas por su persona y ya se ha realizado el respectivo sorteo a la Sala Penal; y, siendo que ya están cumplidas todas las formalidades para que el expediente sea remitido, no hay motivo para la presente acción.
La Jueza de Sentencia Penal Décima del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 24/2022 de 28 de octubre y Auto Complementario de la misma fecha, cursantes de fs. 51 a 54 vta., concedió la tutela impetrada y dispuso que; toda vez que, se encuentra vencido el plazo y que ya se encuentra sorteado el proceso penal, de manera inmediata se remita los actuados ante el Tribunal de alzada, para que se proceda a la resolución de la apelación restringida que ha sido presentada por la solicitante de tutela; y no estableció responsabilidad civil y penal por ser excusable. Determinación con base a los siguientes fundamentos: i) De la documentación adjuntada se tiene que, se ha dictado una Sentencia en contra de la hoy accionante el 8 de octubre de 2020, a raíz de ello cursa el respectivo Recurso de apelación restringida presentada el 15 de diciembre del citado año; al respecto, el Código de Procedimiento Penal, evidentemente establece un plazo para las notificaciones y contestaciones cuando se trate de apelaciones restringidas; es decir, estamos casi a dos años que no se han cumplido con las formalidades legales; ii) Si bien la autoridad demandada ha señalado que, las partes se encontrarían legalmente notificadas el 16 de septiembre de 2022, y al Fiscal de Materia el 8 del mismo mes y año, la suscrita Juez no tiene certeza de lo manifestado; sin embargo, haciendo un cómputo de los plazos de dichas notificaciones, se tiene que esta falta de notificación ha sobrepasado más allá de los dos años, tanto con la Sentencia como del Recurso de apelación restringida, que ha impedido que dicha apelación sea remitida ante el Tribunal de alzada; y por ende, no pueda ser resuelta, siendo que se encuentra de por medio una persona privada de libertad personal dentro del presente proceso penal; iii) Del informe de la autoridad demandada se evidencia negligencia de una anterior Secretaria, y ahora cuenta con una nueva funcionaria; y que, mediante providencia de 25 de agosto de 2022, ordenó que se ejecuten dichas notificaciones; empero, a la realización de la presente audiencia ha pasado más de dos meses y no se tiene certeza de ello, ya que debió darse la celeridad correspondiente al cumplimiento de la referida providencia; por lo cual, su autoridad consideró que más allá de que ha existido una negligencia por una funcionara anterior, esta falta de celeridad repercute sobre el derecho a la libertad de la hoy impetrante de tutela; y, iv) Respecto a la responsabilidad civil y penal de los demandados no accederá por ser excusable.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Sentencia 18/2020 de 8 de octubre; en la que, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz dictó Sentencia condenatoria contra Verónica Céspedes Medina –ahora solicitante de tutela– declarándola autora y culpable del delito de asesinato previsto y sancionado por el art 252 inc. 1) y 2) del CP y se le condena a cumplir la pena de treinta años de privación de libertad sin derecho a indulto, pena a cumplir en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 10 a 17 vta.). II.2. Se tiene memorial presentado el 15 de diciembre de 2020, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; por el cual, la hoy accionante presentó apelación restringida en contra de la Sentencia 18/2020, pidiendo se remita al Tribunal Departamental de Justicia de dicho distrito, para que posteriormente este Tribunal de alzada dicte resolución declarando anulada la Sentencia y disponga el reenvío del proceso ante otro Tribunal para que se efectúe un nuevo juicio, donde se dicte una nueva Sentencia absolutoria. Mismo que, mereció Decreto de 17 del mismo mes y año; por el que, el Juez ahora demandado, ordenó a la Secretaria del Tribunal notificar a las partes con el Recurso de apelación restringida para que en el término de diez días contesten de manera fundamentada (fs. 18 a 23). II.3. Mediante informe de 24 de agosto de 2022, Patricia Salvatierra Luan, ahora codemandada, en referencia al proceso penal de la ahora impetrante de tutela, refirió que se tenían actuados faltantes, tales como actas de audiencias y notificaciones; a ello, el Juez hoy demandado por providencia de 25 del indicado mes y año, ordenó que por secretaría se proceda a realizar la búsqueda de los audios de las audiencias en el equipo de computación que ocupaba la extinta Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal de Montero del departamento de Santa Cruz y se proceda a la transcripción de los mismos; y en cuanto a las notificaciones con la Sentencia y Recurso de apelación restringida, se notifique a la totalidad de las partes restantes (fs. 25 y 26).
La solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, alegó la lesión al derecho a la libertad, y al principio de celeridad; en virtud a que, habiendo sido imputada el 13 de diciembre de 2018, por la supuesta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc 1) del CP, se ordenó su detención preventiva en el CERPROM en la mencionada fecha; luego ante la presentación de requerimiento conclusivo por parte del Fiscal de Materia, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, presidido por el Juez ahora demandado, por Sentencia 18/2020 de 8 de octubre, dispuso treinta años de privación de libertad sin derecho a indulto en su contra; ante lo cual, interpuso apelación restringida el 15 de diciembre del mismo año, y por decreto de 17 del mismo mes y año el Juez ahora demandado, habría ordenado a la Secretaria del indicado Tribunal notificar a las partes con el recurso; es decir, desde su detención –13 de diciembre de 2018– habrían pasado tres años y nueve meses que cumple sentencia, sin que la misma sea ejecutoriada; y, desde el 15 de diciembre que interpuso Recurso de apelación restringida habría pasado un año y nueve meses, que el mencionado Tribunal no habría realizado las notificaciones pertinentes de la Sentencia ni del Recurso de apelación restringida , tampoco habría remitido actuados al Tribunal de alzada, vulnerando de este modo su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0696/2019-S4 de 28 de agosto, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad‟ (las negrillas son nuestras).
En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3., estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. De la jurisprudencia glosada ut supra, se tiene que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto reparar las lesiones al derecho a la libertad, ante dilaciones indebidas en actuados procesales relacionados con el derecho a la libertad, buscando la efectividad del principio de celeridad, previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE; en concordancia con los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.
La accionante a través de su representante sin mandato, alegó la lesión al derecho a la libertad, y al principio de celeridad; en virtud a que, habiendo sido imputada el 13 de diciembre de 2018, por la supuesta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc 1) del CP, se ordenó su detención preventiva en el CERPROM en dicha fecha; luego ante la presentación de requerimiento conclusivo por parte del Fiscal de Materia, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, presidido por el Juez ahora demandado, por Sentencia condenatoria 18/2020 de 8 de octubre, dispuso treinta años de privación de libertad sin derecho a indulto en su contra; ante lo cual, interpuso Recurso de apelación restringida el 15 de diciembre del mismo año, y por Decreto de 17 del citado mes y año el Juez hoy demandado, habría ordenado a la Secretaria del indicado Tribunal notificar a las partes con el recurso; es decir, desde su detención –13 de diciembre de 2018– habrían pasado tres años y nueve meses que cumple sentencia, sin que la misma sea ejecutoriada; y, desde el 15 de diciembre de 2020 que interpuso Recurso de apelación restringida habría pasado un año y nueve meses, que el mencionado Tribunal no habría realizado las notificaciones pertinentes de la sentencia ni del Recurso de apelación, tampoco habría remitido actuados al Tribunal de alzada, vulnerando de este modo su derecho a la libertad. Ahora bien, precisada la problemática de la presente acción tutelar, del desarrollo efectuado en Conclusiones de este fallo constitucional, y lo argumentado por las partes; se tiene que, dentro del proceso penal seguido en contra de Verónica Céspedes Medina –ahora impetrante de tutela– se dictó Sentencia 18/2020; por la que, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, hoy demandado, dictó Sentencia condenatoria en su contra, hallándola autora y culpable del delito de asesinato previsto y sancionado por el art 252 inc. 1) y 2) del CP, condenándole a cumplir la pena de treinta años de privación de libertad sin derecho a indulto, pena a cumplir en el Centro penitenciario Palmasola de Santa Cruz (Conclusiones II.1.). La solicitante de tutela, por memorial presentado el 15 de diciembre de 2020, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; interpuso apelación restringida en contra de dicha Sentencia condenatoria, pidiendo se remita el mismo al Tribunal Departamental de Justicia de dicho distrito, para que posteriormente este tribunal de alzada dicte resolución declarando anulada la Sentencia condenatoria y disponga el reenvío del proceso ante otro Tribunal para que se efectúe un nuevo juicio, donde se dicte una nueva Sentencia, esta vez absolutoria. Y mediante decreto de 17 del mismo mes y año, el Juez ahora demandado, ordenó a la Secretaria del Tribunal notificar a las partes con el recurso de apelación restringida para que en el término de diez días contesten de manera fundamentada (Conclusiones II.2). Por informe de 24 de agosto de 2022, Patricia Salvatierra Luán, Secretaria de dicho Tribunal, hoy codemandada, en referencia al proceso penal de la accionante, refirió que se tenían actuados faltantes, tales como actas de audiencias y notificaciones; a ello, el Juez demandado por providencia de 25 del mismo mes y año, ordenó que por secretaría se proceda a realizar la búsqueda de los audios de las audiencias en el equipo de computación que ocupaba la extinta Secretaria del citado Tribunal y se proceda a la transcripción de los mismos; y en cuanto a las notificaciones con la Sentencia y Recurso de apelación restringida, dispuso que se notifique a la totalidad de las partes restantes (Conclusiones II.3.). Entonces; se tiene que, la impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, formula la presente acción de defensa, en contra de Juan Pablo Olmos Tapia, Juez; y, Patricia Salvatierra Luán, Secretaria, ambos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, alegando que dentro del proceso penal instaurado en su contra se dictó detención preventiva en su contra y luego el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, presidido por el Juez ahora demandado, por Sentencia 18/2020, la condena a cumplir una pena de treinta años de privación de libertad sin derecho a indulto a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; ante lo cual, interpuso apelación restringida el 15 de diciembre del mismo año, y pese a que por decreto de 17 del mismo mes y año el Juez hoy demandado, ordenó a la Secretaria notificar a las partes, para que contesten en el término de diez días; dichas notificaciones se habrían efectuado de manera parcial; es por ello que, ante informe de 24 de agosto de 2022, elevado por la Secretaria codemandada, en el cual hizo constar que, en cuanto a dicho proceso penal faltaba actuados tales como actas de audiencias y notificaciones, el Juez hoy demandado ordenó que por secretaría se proceda a realizar la búsqueda de los audios de las audiencias en el equipo de computación que ocupaba la extinta Secretaria del Tribunal y se proceda a la transcripción de los mismos; y, en cuanto a las notificaciones con la Sentencia y recurso de apelación restringida, se notifique a la totalidad de las partes restantes; empero, hasta la fecha de la presentación de la presente acción tutelar, las notificaciones con la apelación restringida no se observa que hayan sido realizadas y tampoco que el proceso haya sido remitido al tribunal de alzada; pues, se evidencia que desde la detención preventiva de la solicitante de tutela –13 de diciembre de 2018– en el CERPROM, misma que luego fue sentenciada a cumplir una pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto por la comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252 inc. 1) y 2) y habiendo presentado apelación restringida contra dicha Sentencia; hasta la fecha de presentación de la presente acción de defensa –27 de octubre de 2022–, transcurrió más de tres años, incurriéndose de ese modo en dilación indebida por parte del Juez y la Secretaria, ambos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, ahora demandados. De acuerdo a Jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, en la que nos habla de la acción de libertad traslativo o de pronto despacho, a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; se concluye que la autoridad demandada, al haberse dictado Sentencia en contra de la accionante y ésta haber interpuesto apelación restringida, mediante providencia de 17 de diciembre de 2020, dicho Juez ordenó que por Secretaría se proceda a notificar a las partes con el Recurso de apelación restringida, para que en el término de diez días contesten de manera fundamentada; sin embargo, por inconvenientes suscitados en dicho Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en circunstancias que la Secretaria de entonces había fallecido y se tuvo en dicho cargo varias suplencias legales, habrían imposibilitado dar la debida continuidad al proceso penal de la impetrante de tutela estos argumentos no justifican la mora incurrida en el diligenciamiento y tramitación del Recurso de apelación restringida; incurriendo de esta forma la autoridad demandada en dilación indebida; y, en relación a la Secretaria codemandada, se tiene que elevó informe de 24 de agosto de 2022, en el que refirió que en el proceso penal de la solicitante de tutela se tenían actuados faltantes, tales como actas de audiencias y notificaciones; a ello, el Juez hoy demandado por providencia de 25 del indicado mes y año, ordenó que por Secretaría se proceda a realizar la búsqueda de los audios de las audiencias en el equipo de computación que ocupaba la extinta Secretaria del prenombrado Tribunal y se proceda a la transcripción de los mismos; y en cuanto a las notificaciones con la Sentencia y Recurso de apelación restringida, se notifique a la totalidad de las partes restantes; mismas que, hasta la fecha de la presentación de la presente acción tutelar no fueron cumplidas, pues si bien la autoridad judicial informó que estas hubieran sido cumplidas, no se presentó ante la autoridad constitucional ningún elemento de prueba que respalde lo informado. Debemos tomar en cuenta que el adjetivo penal, en referencia a la interposición de apelación restringida en su art. 409 señala que, una vez interpuesto el recurso se pondrá en conocimiento de las otras partes, para que dentro del término de diez días lo contesten fundadamente, y vencidos los plazos con contestación o sin ella, establece que se remitirán las actuaciones en el término de tres días ante el Tribunal de alzada. Por lo expuesto, la parte demandada ha incurrido en dilación indebida, y de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico citado supra, de cuyo razonamiento se extrae que toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de los plazos razonables; por cuanto, es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos, observar los plazos procesales y cumplirlos de manera responsable, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas; corresponde en consecuencia, en el presente caso, conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2022 de 28 de octubre y Auto Complementario de misma fecha, cursantes de fs. 51 a 54 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos que dispuso la Jueza de garantías, exhortando a la parte demandada a no incurrir nuevamente en dilación, advertida bajo apercibimiento de evidenciar una conducta reitera se remitirán antecedentes ante la autoridad disciplinaria a los fines de que se establezca la responsabilidad que corresponda. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0302_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 962f4d5302f25a023af2f639dbb0f736006b644ed018edb3f4b4bc5345ad129c
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