Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
La parte accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad de oportunidades; y, a los principios de seguridad jurídica, verdad material, legalidad y reserva legal; por cuanto, los Magistrados accionados al declarar en el fondo probada la demanda de entrega de inmueble no consideraron la verdad material referida a la existencia de la obligación de pago emergente de un contrato de anticrético en su favor, reconocido a partir del documento de 28 de mayo de 2018, incurriendo a su vez en incongruencia externa al manifestar que el contrato de anticresis y el documento de reconocimiento de deuda no tienen valor para demostrar la existencia de la obligación pendiente, siendo ello un contrasentido total a los datos del proceso. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 034/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 323 a 325 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en cuanto al debido proceso en sus elementos motivación y congruencia, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 734/2022 de 4 de octubre a efecto de que los Magistrados accionados emitan un nuevo fallo en sujeción a los razonamientos expuestos precedentemente, salvo que por la concesión de tutela establecida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a tiempo de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional ya se cuente con un nuevo pronunciamiento que hubiese considerado los extremos analizados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela impetrada, en relación a los derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y valoración de la prueba, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad de oportunidades y a los principios de seguridad jurídica, legalidad, reserva legal y verdad material; y, 3° Exhortar a Juan Carlos Mendoza García y Julia Jimena Andrade Rendón, Vocales de la Sala Constitucional Segunda y Primera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a que observen el trámite sumario y expedito que requiere la acción de amparo constitucional, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0302/2025-S2 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 54043-2023-109-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 034/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 323 a 325 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Beatriz Ibarra Anagua contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memoriales presentados el 31 de enero y 6 de febrero ambos de 2023, cursantes a fs. 1, 276 a 287; y, 290 a 291 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:
Se suscribió un contrato de anticrético de 6 de enero de 2014, entre Bárbara Balcera Vera -propietaria del bien inmueble objeto del anticrético- y su persona por la suma de $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses), estableciéndose como garante solidaria mancomunada a Gertrudis Yuly Cardozo Balcera, hija de la antes nombrada propietaria. Por otra parte, existe el registro de escritura pública de transferencia de terreno de 10 de junio de 2014, que suscriben por una parte Bárbara Balcera Vera como propietaria y vendedora del inmueble ubicado en la zona San Cristóbal, calle Fray de la Calancha 153 de la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca, quien declara ser la única propietaria del 50% del total de 120 m, vale decir de 60 m, siendo que el otro 50% le corresponde a su ex esposo, Emiliano Cardozo Cruz -ahora tercero interesado-, inmueble registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula 1.01.1.99.0055111, y por otra, su hija Gertrudis Yuly Cardozo Balcera como compradora. Posteriormente, el 28 de mayo de 2018, se suscribió un documento de reconocimiento de deuda y compromiso de pago suscrito entre Gertrudis Yuly Cardozo Balcera -deudora- y su persona por el monto de $us13 000.- (trece mil dólares estadounidenses), en el que si bien se establece que el mismo se suscribe por concepto de anticrético, en ningún momento menciona que se anula o deja sin efecto el documento de 6 de enero de 2014, continuando de esta manera el anticrético, mismo que solo concluiría con la cancelación total de lo adeudado. El 26 de octubre de 2020, su persona interpuso proceso monitorio contra Gertrudis Yuly Cardozo Balcera, a fin de la devolución del dinero que entregó por concepto de anticrético, monto que hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional no fue devuelto. Así, Emiliano Cardozo Cruz -ex esposo de Bárbara Balcera Vera, fallecida-, instauró en su contra y la de su hijo Mijael Cristhian Uño Ibarra -hoy tercero interesado-demanda de entrega de departamento, sin haberse cancelado o devuelto ningún monto, expresando simplemente que su ex esposa fallecida y su hija fueron quienes recibieron el dinero y que existe un proceso ejecutivo contra su hija -Gertrudis Yuly Cardozo Balcera-, desconociendo que el bien inmueble era un bien ganancial y que al fallecimiento de su ex esposa el demandante ingresaría por sucesión hereditaria sobre el 50% del bien referido junto con sus hijos como herederos, además de la transferencia realizada del bien objeto del litigio a Gertrudis Yuly Cardozo Balcera, aduciendo el demandante ser el dueño del 100% del indicado inmueble, cuando lo único que hizo es efectuar una “fusión de propiedades”; es decir, unió el bien inmueble de 120 m con Matrícula 1.01.1.99.0055111 y el de 16 m con Matrícula 1.01.1.99.0086281, haciendo una fusión del inmueble con 136 m registrado en DD.RR. bajo la Matrícula 1.01.1.99.0086330. Demanda que en primera instancia fue declarada probada mediante la Sentencia 028/2022 de 3 de marzo, disponiendo que como demandados desocupen y entreguen dicho departamento -se entiende a la parte demandante-. Frente a lo cual interpuso recurso de apelación dando lugar al Auto de Vista S.C.C.II 194/2022 de 27 de junio, que revocó la Sentencia emitida al no haberse acreditado el cumplimiento efectivo de la devolución del dinero recibido en calidad de anticrético, así como por el derecho de retención que tiene todo anticresista. No obstante, el demandante interpuso recurso de casación, en cuyo mérito los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -hoy accionados-, emitieron el Auto Supremo (AS) 734/2022 de 4 de octubre, que casa el Auto de Vista pronunciado, y en el fondo declaró probada la demanda, disponiendo la desocupación y entrega del departamento en el plazo de treinta días, en favor de Emiliano Cardozo Cruz -hoy tercero interesado-. Dicho fallo lesiona sus derechos toda vez que los Magistrados accionados consideraron que al no inscribir el contrato de anticresis de 6 de enero de 2014, el mismo no surte efectos, olvidando que de acuerdo al art. 519 del Código Civil (CC), todo contrato es ley entre las partes, y no puede ser disuelto sino por el consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley, por ende al no haberse declarado la nulidad de dicho contrato de anticresis mantiene intactas las prestaciones sinalagmáticas pactadas. En ese sentido, la suscripción del documento de 28 de mayo de 2018, mediante el cual se demostró la existencia de una obligación de pago emergente del contrato de anticresis es una verdad material que no puede ser soslayada. En toda relación contractual la ejecución de buena fe e integración del contrato se debe dar en el marco del art. 520 del CC, lo que en la especie no fue aplicado, por lo tanto, al desestimar las autoridades ahora accionadas la verdad material de la existencia de una obligación de pago, procesaron indebidamente los datos del caso, no habiendo realizado una aplicación correcta de las normas adjetivas y sustantivas civiles, limitándose el AS 734/2022, a efectuar un relato de la figura de la anticresis, sin pronunciarse sobre la prueba material de la existencia del documento de reconocimiento de deuda para valorar ya sea positivamente o para discriminar dicho elemento normativo. Asimismo, reclama que la congruencia externa del AS 734/2022 es totalmente ausente puesto que al manifestar que el contrato de anticresis y el documento de reconocimiento de deuda no tienen valor para demostrar la existencia de la obligación pendiente de pago que significa la devolución del capital otorgado en calidad de anticresis es un contrasentido total a los datos del proceso, más aun cuando los Magistrados accionados hicieron notar que conocen de la existencia de ambos documentos; por lo tanto, el negar que su persona tiene derecho a la retención de la cosa como dispone el art. 1435 del CC, significa que no tuvieron la intensión de buscar la verdad histórica de los hechos para consolidar la verdad material imperante, por lo que el debido proceso en su vertiente de legalidad fue claramente vulnerado. Solicita que la resolución de la causa se la enfoque desde la perspectiva de género teniendo en cuenta que es una mujer sola que debe soportar el sacrificio de migrar a otro país para trabajar, abandonando a su familia.
La parte accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y congruencia, infiriéndose asimismo la vertiente motivación; a la defensa; al acceso a la justicia; a la tutela judicial efectiva; a la igualdad de oportunidades; y, a los principios de seguridad jurídica, verdad material, legalidad y reserva legal; citando al efecto los arts. 115, 119 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8.1, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2.1, 14.1 y 3 incs. a) y b); y, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Asimismo, en audiencia identifica como lesionado el elemento del debido proceso, valoración de la prueba.
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el AS 734/2022, disponiendo que las autoridades accionadas dicten otra resolución pronunciándose sobre los extremos traídos a colación en la presente acción tutelar, y los fundamentos a establecerse por el Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 316 a 322; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó y reiteró los argumentos expuestos en la demanda constitucional, y ampliando en audiencia señaló: a) El demandante del proceso de entrega no dio a conocer la fusión de propiedades que realizó, haciendo incurrir en error al juzgador, por cuanto el objeto de la anticresis se estableció respecto a una propiedad de 120 m, del cual su ex esposa era dueña de la mitad, habiéndose determinado en el documento lo siguiente: “En la zona San Cristóbal calle Fray Calancha N° 150 quien declara ser único propietario 50% más 120 m2, vale decir, de 60 m2 que le corresponde al 50% a su ex esposo…” (sic), inmueble de los 120 m en los cuales habita su persona con su hijo y familia; b) En ese sentido, el demandante realizó la fusión de estas propiedades de 120 mcon otra de 16 m, haciendo un total de 136 m, donde la nueva matrícula corresponde ahora al total señalado, cambiando la Matrícula al código 1.01.1.99.0086330, documento a partir del cual plantea su demanda, cuando el 50% del bien ganancial le correspondía a su ex esposa además de existir un documento de transferencia que realizó la misma en favor de su hija, situación que desconoce el demandante y ahora tercero interesado Emiliano Cardozo Cruz; c) Se dio a conocer en instancia casacional que el proceso ejecutivo no concluyó con la cancelación del monto adeudado; d) Se demostró que la ex esposa del demandante, Bárbara Balcera Vera “ahora fallecida”, le hizo la entrega de un documento de transferencia de su 50% de los 120 m, después de hacer el documento de anticrético, siendo esto de conocimiento de Emiliano Cardozo Cruz; empero, el nombrado realizó la fusión de estas dos propiedades saliendo como el único propietario, cuando el inmueble era un bien ganancial, demostrándose que la propiedad está a nombre de la fallecida y que procedió a realizar la transferencia a su hija; e) Todos estos aspectos y documentos no fueron tomados en cuenta por los Magistrados accionados, incurriendo en vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; y, f) En ningún momento se demostró que el patrimonio económico que fue entregado en anticresis haya sido devuelto, pretendiendo el tercero interesado sacarlos a la calle sin contar con el monto para suscribir otro anticrético o conseguir un cuarto en alquiler, cuando como el propio demandante lo manifestó, reconoce que su persona y su hijo son inquilinos, conociéndoles hace muchos años. A las consultas de los Vocales de la Sala Constitucional Segunda, manifestó que el proceso ejecutivo se encuentra ejecutoriado pero que no se procedió a la cancelación del monto, donde la “señora” -se entiende Gertrudis Yuly Cardozo Balcera- habría desaparecido, y que no existe nada registrado para proceder al remate, solo cuentan con el documento de transferencia que realizó Bárbara Balcera Vera a su hija Gertrudis Yuly Cardozo Balcera, aspecto que es de conocimiento del tercero interesado Emiliano Cardozo Cruz, pero que no procedieron al registro en DD.RR., por lo que no se tiene dónde hacer la anotación, habiéndose reconocido por el antes nombrado que el objeto del anticrético era un bien ganancial.
Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe cursante de fs. 313 a 315 vta., -firmado únicamente por el primero-, manifestaron lo siguiente: 1) Bárbara Balcera Vera, ex esposa del propietario Emiliano Cardozo Cruz -ahora tercero interesado-, alegando ser propietaria de un departamento, firmó un contrato privado de anticresis por la suma de $us10 000.- en favor de la ahora accionante el 6 de enero de 2014, en el que también firmó en calidad de garante su hija Gertrudis Yuly Cardozo Balcera; 2) El contrato de 28 de mayo de 2018, fue firmado por la impetrante de tutela y Gertrudis Yuly Cardozo Balcera, en el que esta última reconoce la deuda contraída por su madre, Bárbara Balcera Vera, en el contrato firmado el 6 de enero de 2014, y asume la obligación de pago de $us13 000.- por concepto de anticresis, sobre el mismo departamento; 3) Conforme lo manifestó la propia impetrante de tutela, actualmente se encuentra en trámite un proceso ejecutivo en el Juzgado Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Chuquisaca, con base al documento firmado el 28 de mayo de 2018, instaurado por la peticionante de tutela, en calidad de acreedora contra Gertrudis Yuly Cardozo Balcera, como deudora, encontrándose sustanciando alternamente al proceso de entrega de departamento; 4) Sobre los razonamientos arbitrarios y la falta de valoración del documento de 28 de mayo de 2018, se dejó establecido que la obligación contenida en los documentos de 6 de enero de 2014 y 28 de mayo de 2018, no cumplen con las formalidades y solemnidades esgrimidas en los arts. 1287, 1430 y 1431 del CC para los contratos de anticresis, a fin de que surtan los efectos de derecho de retención y preferencia, propios del contrato de anticresis; 5) El documento de 6 de enero de 2014 denominado de anticresis no fue firmado por el propietario y ahora tercero interesado Emiliano Cardozo Cruz, pero, además fue reconocido por parte de Gertrudis Yuly Cardozo Balcera, quien era la garante, como una deuda propia a través del documento de 28 de mayo de 2018; obligación que, ante su incumplimiento de pago en el plazo convenido, fue sujeto a cobro ejecutivo ante el Juzgado Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Chuquisaca; consecuentemente, no podía generarse un derecho de retención, propio de los contratos de anticresis celebrado mediante escritura pública y por los propietarios del inmueble; y, en ese sentido, de ninguna manera se vertió razonamientos arbitrarios, y tampoco se omitió valorar el documento de 28 de mayo de 2018, como indebidamente señala la accionante; 6) De lo expuesto en el “Considerando IV” del AS 734/2022, se demuestra que la peticionante de tutela no puede retener el departamento debido a que ninguno de los contratos fue suscrito por el tercero interesado Emiliano Cardozo Cruz, como propietario del departamento objeto de litis, por lo que estos contratos no le son oponibles al mismo; y en el presente proceso no estuvo en discusión cuestiones de ganancialidad o de herencia para incidir sobre los mismos; 7) La impetrante de tutela paralelamente busca el pago de una prestación basada en el contrato de 28 de mayo de 2018, realizada contra Gertrudis Yuly Cardozo Balcera “…cuando ya esta cobrando ese mismo crédito en el otro proceso Ejecutivo…” (sic), conforme se explicó supra; 8) Respecto al incumplimiento en el que supuestamente incurre el AS 734/2022 en relación al art. 219 del Código Procesal Civil (CPC), el fallo emitido de su parte se sustenta en los arts. 1287, 1430 y 1431 del CC, dejando claramente sentado, la razón del por qué a través de los documentos de 6 de enero de 2014 y 28 de mayo de 2018 no puede ejercerse el derecho a la retención y preferencia, reclamado por la accionante; habiéndose manifestado en el señalado fallo lo siguiente: “‘…El contrato referido, reconocido en sus firmas el 28 de mayo de 2018, fue suscrito en un documento privado y no fue constituido con las solemnidades y formalidades exigidas por el art. 1287 del Código Civil para ser considerado como un documento público; sin embargo, ese contrato no fue constituido conforme estima el art. 1430 de la misma norma, formalidad requerida para que sea considerado como un contrato de anticresis,…’. (…) ‘…al no haber sido constituido por el propietario del inmueble y elevado a documento público pueda generar derecho de retención y preferencia sobre el departamento a favor de Beatriz Ibarra Anagua, por cuanto dicho documento simplemente constituye un documento privado que surte sus efectos entre los suscribientes únicamente, de ahí que no resulta aplicable lo dispuesto por el art. 1431 del Código Civil…’” (sic). Demostrándose que se explicó de manera coherente, por qué no podía otorgarse el derecho de retención, cumpliendo con la motivación, argumentación y sobre todo congruencia; 9) De ninguna manera se concluyó que los documentos de 6 de enero de 2014 y 28 de mayo de 2018, carecen de valor para demostrar la existencia de la obligación que se exige, siendo lo único que se manifestó que los citados instrumentos no generan un derecho de retención en favor de la anticresista; primero, por no cumplir con las formalidades exigidas por los arts. 1287 y 1430 del CC; y, segundo, porque la obligación contenida en esos documentos firmados por la accionante y Gertrudis Yuly Cardozo Balcera está siendo ejecutada en un proceso ejecutivo paralelo, de lo cual la impetrante de tutela tiene pleno conocimiento, tanto así que en esta acción tutelar fue también expuesto este extremo, haciendo valer de esta manera ese derecho crediticio; 10) La peticionante de tutela no fundamentó qué efectos produciría el proceso ejecutivo que instauró contra Gertrudis Yuly Cardozo Balcera, mismo que fue tramitado y declarado probado respecto a la deuda de anticresis que reconoce Gertrudis Yuly Cardozo Balcera en su favor, pretendiendo la accionante se genere efectos en dos procesos distintos, lo cual no es correcto; y, 11) Por lo expuesto, se advierte que el debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia no fue vulnerado, toda vez que los fundamentos vertidos en el AS 734/2022, se adecuan a los parámetros del debido proceso. Argumentos con base a los cuales solicitaron se deniegue la tutela impetrada.
Emiliano Cardozo Cruz, demandante dentro del proceso ordinario de entrega de departamento, a través de su abogada en audiencia de garantías manifestó que el AS 734/2022, en ningún momento vulneró derecho alguno, por el contrario, contiene la suficiente motivación, fundamentación y congruencia, resguardando el debido proceso conforme a procedimiento, habiéndose valorado conforme a toda la prueba presentada. Ante las consultas de los Vocales de la Sala Constitucional Segunda, refirió que, adquirió el inmueble en 1986 y que quien lo dio en anticrético fue su esposa, que posteriormente se divorciaron pero que dicho aspecto no fue registrado en el Servicio de Registro Civil (SERECI), ni efectuaron la división y partición de bienes gananciales. Afirmó que el bien inmueble en cuestión era ganancial en relación a los 120 m, y que respecto a los 16 m, el mismo se adquirió por anexión forzosa que el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sucre realizó en esa época, emitiendo una escritura pública sobre dichos 16 m, procediéndose a la anexión y fusión, existiendo un solo folio real, inscribiendo los 16m en el mismo folio real.
Finalmente, refirió que no podrían existir dos acciones reclamándose en una la devolución de los $us10 000.- y en otra la devolución de $13 000.-, existiendo el proceso ejecutivo donde la accionante está demandando conforme a normativa legal. Mijael Cristhian Uño Ibarra, demandado dentro del proceso civil de referencia, pese a estar presente en audiencia con la asistencia de su abogado manifestó que no deseaba agregar nada al respecto.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 034/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 323 a 325 vta., concedió en parte la tutela solicitada, en relación al debido proceso en sus elementos fundamentación, congruencia, defensa, derecho sustancial a recuperar el patrimonio entregado, disponiendo dejar sin efecto el AS 734/2022, debiendo las autoridades accionadas emitir una nueva resolución en observancia a los estándares del debido proceso adjetivo y sustantivo y con prevalencia en el derecho sustancial sobre el formal, y la verdad material; y, denegó respecto al principio de legalidad y reserva legal, todo ello bajo los siguientes fundamentos: i) Del contenido de AS 734/2022, se advierte que el mismo es incongruente, pues el recurso de casación planteado por el ahora tercero interesado Emiliano Cardozo Cruz, no contiene la argumentación suficiente para ingresar al análisis de fondo de la interpretación normativa, no habiendo tampoco cumplido con los requisitos; sin embargo, el Tribunal de casación interpretó los arts. 491.3, 549.1, 1430, 1431, 1435.III, 1540.5 y 1398.I del CC, yendo más allá de lo solicitado por las partes, refiriendo que se analizaría el documento de contrato de anticresis de 6 de enero de 2014; empero, solamente examinó el documento de 28 de mayo de 2018, incurriendo en contradicción, para posteriormente concluir que ese documento hubiese modificado el contrato de anticresis de 6 de enero de 2014; ii) Los Magistrados accionados dieron a entender que ese documento de anticresis se había convertido en un reconocimiento de deuda, recurriendo a aspectos formales para dar lugar al desconocimiento del derecho sustancial, dando prevalencia a las formas en perjuicio de lo sustancial, ya que el recurrente de casación en ningún momento negó que quien recibió el dinero y cedió el anticresis era la titular de un bien ganancial, en este caso la ex esposa del ahora tercero interesado; iii) Si bien ese contrato de anticrético no puede afectar a la parte que le corresponde al tercero interesado; sin embargo, quienes heredaron el 50% del inmueble a la muerte de Bárbara Balcera Vera, entre ellos Emiliano Cardozo Cruz están reatados a cumplir ese contrato que se suscribió con la ahora accionante; vale decir, los herederos no pueden desligarse de esa obligación al decir que ellos no fueron los que suscribieron dicho documento y deslindarse del deber de devolver el dinero, lo contrario implica apartarse de los parámetros de la justicia, además que las autoridades judiciales podían aclarar que cuando se restituya ese monto del capital de anticrético, dejará de tener efecto lo resuelto en el proceso ejecutivo, ya que el fin que se persigue es la restitución del dinero entregado; iv) A partir de lo expuesto, las autoridades hoy accionadas estaban obligadas a dar una solución de esa naturaleza a fin de garantizar los derechos de ambas partes, lo que no ocurrió, y más allá de los argumentos formales que expusieron, lesionaron la verdad material y la prevalencia del derecho sustancial al formal que se aplicó con términos precisos en el Auto de Vista S.C.C.II 194/2022, no resultando razonable que se pretenda desalojar a la persona que entregó un dinero sin antes haberle restituido el mismo, simplemente porque se omitió realizar la documentación por escritura pública, puesto que en justicia se debió aplicar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; y, v) Ante la evidente verdad material, siendo que el propio demandante reconoció que el inmueble objeto de la litis era ganancial respecto a su ex esposa que en vida entregó el mismo en calidad de anticresis, afectando un 50% al mismo; entonces, para deslindarse de esa obligación se debe cumplir el contrato honrando la devolución del dinero, aspectos estos que deben ser considerados por el Tribunal de casación conforme lo hizo el Auto de Vista recurrido, debiendo mantenerse la medida cautelar dispuesta.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa demanda de entrega de departamento interpuesta por Emiliano Cardozo Cruz -ahora tercero interesado- el 18 de enero de 2021 contra Beatriz Ibarra Anagua -ahora accionante-; y, Mijael Cristhian Uño Ibarra -ahora tercero interesado- (fs. 16 a 18 vta.), misma que fue declarada probada mediante la Sentencia 028/2022 de 3 de marzo por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Chuquisaca, disponiendo que los demandados desocupen y entreguen el departamento que ocupan y que se encuentra en la primera planta e interior del inmueble sito en calle Fray de la Calancha 153 a su propietario Emiliano Cardozo Cruz en el plazo de treinta días de ejecutoriada la Sentencia (fs. 132 vta. a 134 vta.). II.2. Por memorial presentado el 22 de marzo de 2022, la impetrante de tutela a través de su representante legal, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 028/2022 (fs. 140 a 142 vta.); mismo que fue resuelto a través del Auto de Vista S.C.C.II 194/2022 de 27 de junio, por el que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, revocó la Sentencia antes referida, disponiendo en el fondo declarar improbada la demanda de entrega de departamento, al no haberse acreditado el cumplimiento efectivo de la devolución del dinero recibido y por el derecho de retención que tiene todo anticresista (fs. 164 a 166 vta.).
II.3. Mediante escrito presentado el 14 de julio de 2022, el tercero interesado Emiliano Cardozo Cruz formuló recurso de casación contra el Auto de Vista S.C.C.II 194/2022 (fs. 202 a 203), mismo que fue contestado por la ahora peticionante de tutela, mediante memorial interpuesto el 25 de ese mes y año (fs. 210 a 211 vta.), emitiéndose en consecuencia el AS 734/2022 de 4 de octubre, por el cual Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados- casaron el Auto de Vista impugnado, y en el fondo declararon probada la demanda de entrega de departamento, disponiendo que los demandados desocupen y entreguen el departamento de calle Fray Calancha 153 de la ciudad de Sucre en favor del demandante ahora tercero interesado, sea en el plazo de treinta días (fs. 230 a 234), fallo que fue notificado a la impetrante de tutela el 17 de igual mes y año (fs. 235).
La parte accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad de oportunidades; y, a los principios de seguridad jurídica, verdad material, legalidad y reserva legal; por cuanto, los Magistrados accionados al declarar en el fondo probada la demanda de entrega de inmueble no consideraron la verdad material referida a la existencia de la obligación de pago emergente de un contrato de anticrético en su favor, reconocido a partir del documento de 28 de mayo de 2018, incurriendo a su vez en incongruencia externa al manifestar que el contrato de anticresis y el documento de reconocimiento de deuda no tienen valor para demostrar la existencia de la obligación pendiente, siendo ello un contrasentido total a los datos del proceso. Ante ello, la parte accionada manifestó que, alternativamente a la demanda de entrega de departamento, se sustanció un proceso ejecutivo de cobro de deuda; que no se cumplieron con las formalidades a fin de que la obligación establecida en los documentos de 6 de enero de 2014 y 28 de mayo de 2018, surtan los efectos de derecho de retención y preferencia, propios del contrato de anticresis; que ninguno de los contratos fue suscrito por Emiliano Cardozo Cruz, como propietario del departamento objeto de litis; que en el proceso no estuvo en discusión cuestiones de ganancialidad o de herencia para incidir sobre los mismos; que lo único que se manifestó fue que los citados instrumentos no generan un derecho de retención en favor de la anticresista; primero, por no cumplir con las formalidades exigidas por los arts. 1287 y 1430 del CC; y segundo, porque la obligación contenida en esos documentos firmados por la accionante y Gertrudis Yuly Cardozo Balcera, está siendo ejecutada en un proceso ejecutivo paralelo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, asumiendo los entendimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional, precisó que: «(…) Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática"; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos» (las negrillas nos corresponden).
Por otra parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, desglosó que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas fueron agregadas).
Conforme a los datos del expediente y a fin de contextualizar lo desarrollado en el proceso seguido contra la hoy accionante, se tiene que el ahora tercero interesado Emiliano Cardozo Cruz interpuso contra la misma y su hijo -hoy tercero interesado- demanda de entrega de departamento, que mereció la Sentencia 028/2022 de 3 de marzo, por la cual la autoridad judicial de primera instancia declaró probada la demanda, disponiendo que los demandados desocupen y entreguen el departamento que ocupan en el plazo de treinta días de ejecutoriada la Sentencia, determinación que siendo objeto de apelación dio lugar a la emisión del Auto de Vista S.C.C.II 194/2022 de 27 de junio, que revocó la determinación asumida considerando que no se acreditó el cumplimiento efectivo de la devolución del dinero recibido, así como por el derecho de retención que tiene todo anticresista. Frente a lo cual el entonces demandante formuló recurso de casación en cuya consecuencia se emitió el AS 734/2022 de 4 de octubre, que determinó casar el fallo impugnado, y en el fondo declaró probada la demanda de entrega de departamento, disponiendo que los demandados, entre ellos la impetrante de tutela desocupen y entreguen el departamento en el plazo de treinta días (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Bajo ese contexto y conforme al objeto procesal identificado, toda vez que en función al mismo se cuestiona el sustento argumentativo empleado por las autoridades accionadas a tiempo de emitir el AS 734/2022, corresponde puntualizar el contenido del citado fallo. Así, luego de relatar los antecedentes correspondientes del caso, los Magistrados accionados establecieron el siguiente razonamiento: a) Del documento privado de contrato de “anticresis” de 6 de enero de 2014, Bárbara Balcera Vera, alegando ser propietaria del departamento, recibió de Beatriz Ibarra Anagua el monto de $us10 000.- en calidad del capital de anticresis, entregando aquella el citado departamento en el inmueble de calle Fray de la Calancha 153 de la ciudad de Sucre, con un plazo de dos años a partir de la suscripción del documento. b) “El contrato referido, reconocido en sus firmas el 28 de mayo de 2018, fue suscrito en un documento privado y no fue constituido con las solemnidades y formalidades exigidas por el art. 1287 del Código Civil para ser considerado como un documento público; sin embargo, ese contrato no fue constituido conforme estima el art. 1430 de la misma norma, formalidad requerida para que sea considerado como un contrato de anticresis, ya que, entendiendo que la ley exige que este sea constituido mediante documento público, no sume validez sino mediante esa forma, conforme estipula el art. 493.I de la norma sustantiva de la materia. Entonces, al no haber sido constituido en la forma requerida por ley, ese contrato no goza de los efectos de retención y preferencia, propios del contrato de anticresis, situación que imposibilita que Beatriz Ibarra Anagua, pueda retener el inmueble a su favor hasta el pago del crédito de $us. 10.000 entregado a Bárbara Balcera Vera. De otro lado, resulta también importante observar que, conforme el mismo reclamo en casación, Bárbara Balcera Vera no era propietaria del inmueble otorgado en anticresis y, por tanto, no tenía capacidad de disposición de dicho bien inmueble, incumpliendo con la condición que debe reunir el constituyente, en atención al art. 1399.I del Código Civil que dice: ‘Quien constituye la prenda o la anticresis deber ser propietario de los bienes pignorados y tener capacidad para enajenarlos’, lo que no ocurre en el caso, porque Bárbara Balcera Vera no tenía derecho propietario registrado, a más que no se estaba discutiendo derecho de sucesión o copropiedad del inmueble, sino, las obligaciones emergentes del contrato de 06 de enero de 2014, entre las que está la señalada por el Tribunal Ad quem, el de entender que dicho contrato irradia derecho de retención cual se tratase de un contrato de anticresis constituido por el propietario del inmueble mediante documento público” (sic). c) En ese entendido, resulta errado el argumento del Tribunal de segunda instancia, al referir que la anticresista tendría derecho de retención del inmueble mientras no se haga la devolución del dinero como emergencia del contrato, sin considerar que el contrato de “anticresis” de referencia al no haber sido constituido por el propietario del inmueble y elevado a documento público pueda generar derecho de retención y preferencia sobre el departamento a favor de Beatriz Ibarra Anagua, por cuanto dicho documento simplemente constituye un documento privado que surte sus efectos entre los suscribientes únicamente, de ahí que no resulta aplicable lo dispuesto por el art. 1431 del CC. d) “Otro de los argumentos esgrimidos por el Tribunal de segunda instancia es que el segundo documento de reconocimiento de deuda y compromiso de pago suscrito por Gertrudis Yuli Cardozo Balcera a favor de Beatriz Ibarra Anagua, el 28 de mayo de 2018, se limitó a reconocer la deuda a favor de la anticresista, es decir, que dicho documento no dejó sin efecto el contrato de anticresis o realizó algún tipo de novación objetiva sobre el mismo, por lo que no sería evidente que la suscripción del segundo documento haya sustituido el primer contrato de anticresis; fundamento que tampoco cobra relevancia a objeto de dilucidar el debate en el caso de autos, pues, conforme se manifestó, la controversia no pasa por establecer si las obligaciones que contiene el primer documento fueron o no sustituidas por el segundo documento o este último haya dejado sin efecto el primer documento, sino, si los documentos de referencia pueden o no generar derecho de retención del inmueble a favor de la anticresista mientras no se haga la devolución del dinero, estableciéndose en función de ello, que el primer contrato al no cumplir con las formalidades previstas por ley, no genera derechos de retención y preferencia; sin embargo, se debe aclarar que el hecho que el contrato de 06 de enero de 2014 no haya sido elevado a instrumento público, de ninguna manera implica desconocer la validez y eficacia de las prestaciones otorgadas por las partes, es decir, que la falta de dicha formalidad no implica un desconocimiento de las prestaciones a las que se obligaron las partes por propia voluntad conforme prevé el art. 1288 del Código Civil, obligaciones a las que se encuentran sometidas o reatadas en cuanto a su cumplimiento quienes lo suscribieron, que en el caso resultan ser Bárbara Balcera Vera, Gertrudis Yuli Cardozo Balcera, en su calidad de garante, y Beatriz Ibarra Anagua como anticresista, por consiguiente, dichas obligaciones no pueden ser oponibles al demandante, quien no fue parte de la suscripción de los contratos antes referidos” (sic). e) “…el denominado contrato de ‘anticresis’ de fecha 06 de enero de 2014, fue reconocido como una acreencia a través del documento de 28 de mayo de 2018, bajo la denominación de ‘reconocimiento de deuda y compromiso de pago’, por quien actuó como garante en la suscripción del primer documento (Gertrudis Yuli Cardozo) a favor de la anticresista (Beatriz Ibarra), al señalar en su primera cláusula que: ‘… yo, GERTRUDIS YULY CARDOZO BALCERA, mayor de edad (…) declaro voluntariamente y sin que exista vicio alguno del consentimiento, ADEUDAR a la Sra. BEATRIZ IBARRA ANAGUA en la suma de $US: 13.000, por concepto de Anticrético’ , es decir, que la obligación asumida en el primer contrato privado de ‘anticresis’ por Bárbara Balcera Vera, Gertrudis Yuli Cardozo Balcera a favor de Beatriz Ibarra Anagua, fue reconocida en un segundo documento por la garante Gertrudis Yuli Cardozo; obligación que ante su incumplimiento de pago en el plazo convenido, fue requerida a través de proceso ejecutivo ante el Juzgado Público Civil y Comercial N° 11 de la ciudad de Sucre, conforme da cuenta la literal de fs. 10 a 12 de obrados, de ahí que este segundo documento tampoco puede generar derecho de retención a favor de la anticresista, pues esa obligación está siendo ejecutada en proceso paralelo al presente, haciendo valer la demandada ese derecho de crédito a través del proceso ejecutivo” (sic [las negrillas fueron añadidas]). f) “…los contratos de 06 de enero de 2014 y de reconocimiento de obligación y compromiso de pago de 28 de mayo de 2018, no pueden generar derecho de retención bajo los alcances del art. 1431 del Código Civil, pues conforme se manifestó, el primero de ellos no puede ser considerado como un contrato de anticresis propiamente dicho, al no haber sido constituido por su propietario a través de un documento público y si bien esta falta de formalidad no implica un desconocimiento de las obligaciones asumidas por las partes, dicho contrato no resulta oponible al demandante Emiliano Cardozo Cruz, quien no fue parte de la suscripción, es decir, no formó parte de dicha relación jurídica, más aun si sobre el inmueble no se tiene declaración de ganancialidad y posterior derecho sucesivo, situaciones que no fueron objeto de debate en este proceso. A lo que se debe añadir que la obligación que contienen los contratos de referencia, fue asumida por Gertrudis Yuli Cardozo Balcera, quien actuó en el primer documento como garante de la deuda, obligación que ante su incumplimiento es objeto de ejecución en proceso separado al presente” (sic [las negrillas nos corresponden]). De la lectura del AS 734/2022 se tiene que su principal fundamento radica en la falta de cumplimiento de las solemnidades y formalidades requeridas a tiempo de constituir la anticresis; ello, considerando que, el primer documento concerniente al contrato de 6 de enero de 2014, no fue suscrito por el propietario del inmueble y elevado a rango de documento público a fin de establecer en función al mismo el derecho de retención y preferencia en favor de la ahora accionante a objeto de que la misma pueda retener el inmueble hasta el pago del crédito entregado por dicho concepto; y que, si bien la obligación de la ex esposa -fallecida- del demandante que entregó el inmueble en calidad de anticrético fue asumida por su hija a partir del documento de reconocimiento de deuda de 28 de mayo de 2018, dicha obligación fue requerida a través de proceso ejecutivo por lo que este segundo documento tampoco podría generar derecho de retención en favor de la anticresista ahora impetrante de tutela, toda vez que dicha obligación está siendo ejecutada en proceso paralelo al de entrega de departamento, haciendo valer la ahora peticionante de tutela ese derecho de crédito a través del proceso ejecutivo. Al respecto, cabe manifestar que si bien todo el sustento normativo expuesto por las autoridades accionadas es aplicable al caso, en sentido de que conforme a los arts. 1430 y 491 inc. 3) del CC el contrato de anticresis se constituye por documento público y surte efectos respecto a terceros desde el día de su inscripción en el registro, estableciendo que dicho instituto es formal en su constitución; no obstante, el fallo contiene un defecto en cuanto a los elementos motivación y congruencia, componentes del debido proceso, en consideración a los dos documentos suscritos por la accionante, y que advierten relevancia para la definición del caso. Así, conforme lo explica el propio fallo casacional la impetrante de tutela suscribió dos contratos. El primero, de 6 de enero de 2014, con Bárbara Balcera Vera como propietaria deudora y Gertrudis Yuly Cardozo Balcera como garante solidaria mancomunada; y, el de 28 de mayo de 2018, por el que ésta última asumió la deuda contraída por su madre -fallecida- Bárbara Balcera Vera en razón al anticrético descrito, aspecto determinado en el citado fallo a partir de la consideración de la cláusula primera del señalado documento que establece: “‘…yo, GERTRUDIS YULY CARDOZO BALCERA, mayor de edad (…) declaro voluntariamente y sin que exista vicio alguno del consentimiento, ADEUDAR a la Sra. BEATRIZ IBARRA ANAGUA en la suma de $US: 13.000, por concepto de Anticrético’” (sic [fs. 233]). Ahora bien, este contrato ante su incumplimiento de pago en el plazo convenido, conforme lo establece el AS 734/2022, fue objeto del proceso ejecutivo sustanciado ante el Juzgado Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Chuquisaca, entendiendo las autoridades accionadas que, a partir de tal interposición, dicho documento no puede ser considerado a efectos de que la ahora peticionante de tutela pueda retener el departamento entregado en anticrético a objeto de pretender la devolución del dinero entregado. Entendimiento a partir del cual se advierte la incongruencia y falta de motivación del fallo examinado por cuanto, no puede desconocerse que conforme lo refiere el Auto Supremo señalado, la obligación perseguida y sustentada en el documento de 28 de mayo de 2018, se encuentra siendo ejecutada en el proceso ejecutivo, teniendo conocimiento, tal como lo refieren las autoridades accionadas en el informe remitido dentro de esta acción tutelar, que dicha pretensión fue declarada probada haciendo valer su derecho de crédito, aspecto así también manifestado por la accionante cuando refirió que tal determinación al presente se encuentra ejecutoriada, pero que, no obstante no se pudo proceder a la cancelación del monto; es decir, que al presente judicialmente se cuenta con una determinación en la que se reconoce la existencia de la deuda, misma que supuestamente estaría establecida a partir del reconocimiento del anticrético suscrito. En ese marco, no resulta coherente establecer que en el caso la impetrante de tutela no tiene derecho a la retención del inmueble y por otra reconocer la existencia de un proceso ejecutivo en función al cual la pretensión está siendo ejecutada, persiguiendo el pago de una deuda establecida a partir del reconocimiento del anticrético suscrito entre la accionante y la ex cónyuge del demandante, último que, si bien no suscribió ninguno de los documentos, no es menos cierto que conforme lo reconoció en la audiencia de esta acción de defensa, el inmueble objeto del proceso en efecto se constituía en un bien ganancial, por lo que Bárbara Balcera Vera tenía derecho de disposición respecto a su 50%, correspondiendo que al fallecimiento de la misma sus herederos cumplan con las obligaciones adquiridas en relación a dicho inmueble. En ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia como máximo Tribunal de la justicia ordinaria, a tiempo de fallar en conocimiento del caso, debió advertir la inconsistencia que resulta el establecer que la ahora peticionante de tutela entregue el inmueble objeto de anticresis, cuando en la vía ejecutiva existe un pronunciamiento con calidad de cosa juzgada en el que según el criterio expuesto en el Auto Supremo analizado, se determinó proceder al cobro de lo adeudado, con base al reconocimiento de la existencia de anticrético establecido en el documento a partir del cual se declaró probada la demanda ejecutiva. Asimismo, otro aspecto que advierte la insuficiente motivación en la que incurrió el citado Auto Supremo, se refiere a la falta de consideración de la relevancia en la resolución del caso sobre el propio criterio de los Magistrados accionados en sentido de que incluso el primer documento de anticresis de 6 de enero de 2014, fue posteriormente reconocido en sus firmas el 28 de mayo de 2018, afirmación que no fue de ninguna manera considerada a fin de establecer la generación de efectos respecto al demandante teniendo en cuenta que éste se constituyó en heredero de la suscribiente del primer documento, por lo que no podría alegar desconocimiento. A las inconsistencias advertidas dentro del AS 734/2022, debe añadirse un aspecto que también llama la atención y que no fue negado por el tercero interesado Emiliano Cardozo Cruz, referente a que, desde que se constituyó el anticrético -esto es desde 2014-, el prenombrado conocía la calidad en la que la ahora accionante y sus hijos, entre ellos el ahora tercero interesado, Mijael Cristhian Uño Ibarra, ocupaban el departamento objeto de la anticresis, resultando curioso que durante todo ese tiempo el demandante no haya cuestionado la posesión que los mismos ejercían respecto al bien, consideración que tampoco puede pasar inadvertida. En esa línea de razonamiento, es deber de las autoridades accionadas considerar todos los pormenores ahora expuestos que, en efecto, inciden en la cuestión de fondo, considerando a su vez el reconocimiento que el propio demandante y ahora tercero interesado Emiliano Cardozo Cruz realizó en sentido de que el bien en cuestión, evidentemente era un bien ganancial, con lo que no se puede desconocer los efectos del contrato suscrito por parte de la entonces propietaria justamente en ejercicio de ese derecho, deuda reconocida por su hija en función al primer contrato de anticresis suscrito entre las partes. En función a lo manifestado, y de acuerdo al entendimiento jurisprudencial establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en efecto se advierte que el fallo emitido no contiene la suficiente motivación entendida esta como la justificación razonada de las circunstancias fácticas y probatorias que sustentan el fallo, evidenciándose, asimismo, otro defecto del debido proceso relativo a la incongruencia interna entre los razonamientos esgrimidos en el fallo en función a los cuales en el caso se determinó la entrega del inmueble por parte de la impetrante de tutela, pese al reconocimiento de la existencia de una deuda determinada como cosa juzgada en el proceso ejecutivo seguido por la accionante, aspectos estos que ameritan conceder la tutela solicitada. En relación al elemento fundamentación del debido proceso, de lo expuesto por la peticionante de tutela que hizo una simple referencia a los arts. 520 y 1435 del CC, no se advierte cómo el mismo a partir del entendimiento expresado por las autoridades accionadas fuera lesionado. En ese mérito, en lo que concierne a este elemento del debido proceso relacionado a su vez con los principios de legalidad y reserva legal, no corresponde conceder la tutela impetrada. En cuanto a los derechos, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad de oportunidades y al principio de seguridad jurídica y verdad material, la parte accionante no logró sustentar con claridad cómo los mismos fueron vulnerados por la emisión del AS 734/2022, falta de carga argumentativa que igualmente obliga a denegar la tutela impetrada en cuanto a los mismos. Respecto a la valoración de la prueba, de igual manera la parte peticionante de tutela únicamente se limitó a señalar que no se realizó una adecuada valoración, sin cumplir con los presupuestos exigidos a fin de que este Tribunal excepcionalmente ingrese a revisar tal labor (SCP 1916/2012 de 12 de octubre); por lo que, respecto al mismo corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, en función a la solicitud de la accionante respecto a otorgar al fallo constitucional, el enfoque de perspectiva de género, corresponde aclarar que en el caso en análisis no amerita realizar tal consideración, por cuanto su condición de mujer no influye ni es determinante a tiempo de establecer los efectos del contrato de anticresis.
Resuelta como se encuentra la presente causa, corresponde referirnos al trámite procesal desplegado en la presente acción tutelar. En ese mérito de actuados se advierte que admitida la acción tutelar, el 7 de febrero de 2023, la audiencia fue programada para el 10 de marzo de ese año (fs. 297 y vta.); es decir, para luego de más de un mes, cuando conforme al art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo) la audiencia de acción de amparo constitucional debe desarrollarse dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta la acción, y si bien en el caso la demanda fue observada, la sustanciación de la audiencia debe ser fijada dentro del parámetro otorgado, resolviendo la acción dentro del menor tiempo posible, lo que en el caso no ocurrió. Asimismo, pese al distante señalamiento de audiencia, esta fue reprogramada para el 16 de marzo de 2023, considerando al respecto la equivocación incurrida por la Secretaria de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que consignó erradamente como fecha de audiencia para el 9 de ese mes y año (fs. 309), demorando cuatro días más en desarrollar el referido acto, cuando en función al carácter y la naturaleza de esta acción de defensa correspondía que dicho actuado tenga lugar de forma inmediata. Es en ese sentido, que corresponde exhortar a los miembros de la indicada Sala, a que en posteriores actuaciones consideren la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional que, por el objeto que persigue, requiere de un trámite sumario y resolución inmediata, debiendo observar los plazos establecidos en el Código especial de la materia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros razonamientos, asumió la decisión correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 034/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 323 a 325 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en cuanto al debido proceso en sus elementos motivación y congruencia, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 734/2022 de 4 de octubre a efecto de que los Magistrados accionados emitan un nuevo fallo en sujeción a los razonamientos expuestos precedentemente, salvo que por la concesión de tutela establecida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a tiempo de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional ya se cuente con un nuevo pronunciamiento que hubiese considerado los extremos analizados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela impetrada, en relación a los derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y valoración de la prueba, a la defensa, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad de oportunidades y a los principios de seguridad jurídica, legalidad, reserva legal y verdad material; y, 3° Exhortar a Juan Carlos Mendoza García y Julia Jimena Andrade Rendón, Vocales de la Sala Constitucional Segunda y Primera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a que observen el trámite sumario y expedito que requiere la acción de amparo constitucional, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0302_2025-S2.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 74e53055ee860805d0b489e02bf7d40f541a2c9f17a6d0636c54bc7afa626949
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