B.IA.LEGAL

SCP 0302/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 15 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
15 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
45045-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante alega como lesionados sus derechos al debido proceso vinculado al principio de celeridad, a la libertad y a la vida; toda vez que: 1) Habiendo presentado el 15 de diciembre de 2021, solicitud de señalamiento de audiencia para la resolución de su situación jurídica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, que hasta la fecha de presentación de la acción de libertad no fue atendida, aludiendo no contar con el cuaderno de control jurisdiccional ya que se remitió en originales ante el Tribunal de alzada y no fue devuelto hasta la fecha; 2) La Secretaria del mismo Juzgado, no ingresó a despacho el citado memorial de manera oportuna; que al apersonarse la defesa técnica el 27 del citado mes y año y no advertir el decreto de respuesta a dicha solicitud, hizo constar la queja en el libro de remisiones que le fue proporcionado; y, 3) Por su parte, la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al haber sido resuelto el recurso de apelación planteado por su parte, pese a tenerlo ordenado no devolvió al Juzgado de origen los antecedentes en originales de manera pronta; con tales actuaciones se puso en riesgo su salud ya que es de la tercer edad y ante el encapsulamiento por COVID-19 no recibe visitas de su familia. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2021 de 29 de diciembre, cursante de fs. 28 a 30, emitida por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del mismo departamento, en la modalidad innovativa y pronto despacho respectivamente; y, 2° DENEGAR la tutela con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada
  2. III.2. Activación simultánea del recurso de apelación y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria
  3. III.3. Sobre la acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0302/2023-S4 Sucre, 15 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45045-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2021 de 29 de diciembre, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Tonconi Quisbert en representación sin mandato de Carmelo Yapu Apaza contra Ximena Jiménes Chura, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; René Eduardo Foronda Escobar, Juez; y, Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del mismo departamento. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 28 de diciembre 2021, cursante de fs. 5 a 9, el accionante a través de su representante sin mandato manifestó que: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, ante el rechazo de su solicitud de cesación de la detención preventiva que viene cumpliendo en el Centro Penitenciario San Pedro, planteó recurso de apelación “en el mes de noviembre” y otorgó los recaudos necesarios para la remisión de antecedentes en fotocopias ante el Tribunal de alzada; dicho recurso fue resuelto en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó la Resolución apelada; empero, la Secretaria de dicha Sala Penal no devolvió hasta la fecha los antecedentes en originales al Juzgado de origen, pese a la orden de hacerlo de manera inmediata, lo que le generó indefensión; toda vez que, se puso a conocimiento que se tenía en curso una solicitud de audiencia para definir su situación jurídica. El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de medidas cautelares por Auto Interlocutorio 194/2021 de 12 de octubre, señaló día y hora de audiencia para considerar su situación jurídica para el 13 de diciembre de igual año; empero, ya trascurrió más de quince días que se encuentra injustamente detenido; dado que, no fue convocado a dicho acto procesal ni se puso a conocimiento del Centro Penitenciario para estar presente. Ante lo cual, el 15 de dicho mes y año, presentó memorial solicitando señalamiento de audiencia para resolver su situación jurídica, considerando que el Ministerio Público no requirió ninguna ampliación; sin embargo, el Juez ahora demandado, pese a no convocar a la audiencia correspondiente en la fecha establecida, tampoco atiende o señala audiencia al efecto pese a la solicitud realizada por su parte, provocando con ello su injusta detención, poniendo en riesgo su salud al ser de la tercera edad y ante la nueva cepa de COVID 19, sin poder ver a su familia al encontrarse encapsulado. Asimismo, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no ingresó a despacho su memorial presentado el 15 de diciembre de 2021, cuando es su obligación realizarlo de manera inmediata y tener una respuesta en el plazo de veinticuatro horas, de lo contrario es posible plasmar una queja en el libro de seguimientos del litigante; que habiendo acudido su defensa técnica para revisar el expediente el 27 del referido mes y año, la Secretaria del Juzgado refirió que no se devolvió obrados de la Sala Penal señalada, ante el reclamo recién ordenó su búsqueda al personal sub alterno ejerciendo malos tratos; otorgándole otro libro para hacer su queja, situación que merece una sanción disciplinaria; toda vez que, no solo generó dilación dentro de ese proceso, sino incumple en notificar a las partes procesales, no remite los memoriales al superior y una serie de aspectos que generan su detención ilegal e indebida. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados La parte accionante alega como lesionado el debido proceso vinculado al principio de celeridad, a la libertad y a la vida, citando al efecto los arts. 21, 115.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene el cese de la persecución ilegal e indebida; y, se remita antecedentes ante la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Magistratura área disciplinaria, Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia virtual el 29 de diciembre de 2021, conforme al acta cursante de fs. 26 a 27 vta., presente la parte accionante y ausente las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad y ampliando la misma señaló que: a) Su abogada de la defensa ingresó a la sala de audiencias el 13 de diciembre de 2021 a horas 9:30; empero, se encontraba cerrada e inhabilitada en dicho horario, así lo corroboran las grabaciones, que como dispuso el Tribunal Departamental de Justicia deben estar registradas, no existiendo tales; toda vez que, nunca se instaló dicha audiencia para considerar su situación jurídica; se tiene cinco acciones de libertad contra el Juez de la causa ahora demandado, porque pese a existir ampulosa evidencia que nunca estuvo presente en el hecho por el que se le investiga, testigos e incluso informes, es que el Juez toma represalias en su contra generándole un perjuicio, siendo la razón por la que no señaló la audiencia en la referida fecha; b) En su Informe manifiesta que los antecedentes se encontrarían en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, con la finalidad de dar celeridad a la apelación se cubrió los gastos necesarios para las copias simples y para un CD que se les pidió en un monto de Bs10 (diez bolivianos), y los pasajes para el traslado a la Sala de apelación, no se comprende él porque de la remisión en originales, incurriendo en una falta grave dentro de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010– y también su personal de apoyo jurisdiccional, que más adelante se pondrá en conocimiento una vez se levante la vacación judicial; c) El 20 de diciembre de 2021, se llevó adelante la audiencia de apelación, donde se ratificó la Resolución impugnada, y se dispuso que en el plazo de veinticuatro horas se remita los actuados, ya que de manera verbal se indicó que el 13 de igual mes y año, se debía llevar a cabo la audiencia para definir su situación jurídica; además que el 15 del citado mes y año se presentó un memorial solicitando el señalamiento de audiencia al efecto; por su parte, la Secretaria manifestó en su Informe que el 16 del mismo mes y año, ya habría respuesta a su memorial; empero, ello es falso ya que habiéndose apersonado al referido Juzgado el “28” de igual mes y año y tomando fotografías que demuestran que no cursa respuesta alguna al memorial, incurriendo en incumplimiento de deberes; d) A la fecha, el Juez responde y manifiesta que no se puede disponer nada mientras el cuaderno en original no sea remitido al citado Juzgado de Instrucción, sin que ello se encuentre previsto en nuestra normativa, es más el art. 24 de la CPE señala que todo derecho de petición individual o colectivo, oral o escrita merece una pronta respuesta, lo que no se tuvo en el caso presente; y, e) El impetrante de tutela es de la tercera edad, y al no haber participado en el hecho, de acuerdo a prueba testifical e informe de la Directora del establecimiento donde supuestamente sucedió el hecho delictivo, está siendo procesado y detenido injustamente; la Ley 1173 establece que, el Ministerio Público tiene un tiempo oportuno para presentar un requerimiento conclusivo o solicitar la ampliación de la investigación; por lo que, se pidió sea remitido el cuaderno de investigación; toda vez que, al no resolverse su situación jurídica pese al cumplimiento del término dispuesto para su detención preventiva por el mismo Juez ahora demandado, encontrándose detenido sin fundamento, lo que atenta el debido proceso y su vida; toda vez que, es de la tercera edad y fueron encapsulados en tres oportunidades debido a la pandemia, no recibe visitas, tampoco atención médica, ante los constantes enfermos al interior del penal, siendo aislado, lo que le genera enfermedad física y psicológica; razón por la cual, se planteó esta acción de libertad reparadora, debiendo instruir a las autoridades demandadas emitan no solo informe sino prueba idónea de la respuesta al memorial señalado; incluso se puede disponer la detención domiciliaria, más cuando cursa prueba suficiente que no fue participe del hecho que se le acusa. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Ximena Jiménez Chura, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Informe de 29 de diciembre de 2021, cursante a fs. 25 señaló que: 1) Por Circular 23/2021 se dispuso que la referida Sala ingrese de turno, resolviendo en el día dieciséis audiencias, teniéndose bastante carga procesal al igual que los Juzgados de turno; 2) Evidentemente el 20 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de apelación de medida cautelar contra el impetrante de tutela; empero, el 21 de igual mes y año se entregó a la auxiliar dactilógrafa los audios descargados; asimismo, el 24 del mismo mes y año por Comunicado 047/2021 se dispuso Jornada de Trabajo hasta las horas 13:00; y, 3) No existe legitimación pasiva; toda vez que, se remitió al Juzgado de origen el legajo de apelación; por lo que, ya no cuenta con los antecedentes y no se lesionó ningún derecho o garantía del accionante. Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Informe presentado el 29 de diciembre de 2021, cursante a fs. 21 y vta., señaló que: i) Mediante Resolución 194/2021 de 12 de octubre, se señaló audiencia de situación jurídica para el 13 de diciembre de 2021, estando todos notificados para tal acto; empero, al no encontrarse presente las partes en sala virtual y por Secretaria se informó que el cuaderno de control jurisdiccional en original se encontraba en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y hasta la fecha no fue remitido a su despacho judicial; por lo que, el nuevo señalamiento sería hasta que se remita dichos antecedentes; y, ii) La presente acción de libertad es improcedente; toda vez que, no se agotó la vía legal, es decir “la subsidiariedad e inmediatez”, considerando que, el cuaderno de control jurisdiccional no fue devuelto de la citada Sala, y se desconoce la determinación del Tribunal de alzada, así como se respondió lo que corresponde al memorial presentado el 15 de diciembre de 2021; por lo que, no se lesionó ningún derecho o garantía del impetrante de tutela, considerando además que se investiga un hecho que se juzga con perspectiva de género, debiéndose denegar la tutela impetrada. Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por Informe presentado el 29 de diciembre de 2021, cursante a fs. 22 y vta., refirió que, el 15 del citado mes y año, el impetrante de tutela presentó memorial y el 16 del citado mes y año, salió la providencia como corresponde; por lo que, le extraña las afirmaciones indicadas por el accionante que no estuviera cumpliendo sus labores; debiendo hacer saber que toda providencia pasa a auxiliatura para su correspondiente notificación y remitir a Gestoría de Procesos; además se debe considerar que se tratan de memoriales sueltos ya que el cuaderno de control jurisdiccional en original se encuentra en Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y no fue devuelto hasta la fecha. I.2.3. Resolución El Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 24/2021 de 29 de diciembre, cursante de fs. 28 a 30, concedió la tutela solicitada, considerando que ya se cumplió con la devolución de los actuados al Juzgado de origen, se conminó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, que en el plazo de veinticuatro horas convoque a una audiencia, en la que resuelva la situación jurídica del impetrante de tutela; y, exhortó a la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no consienta la remisión de actuados originales y completos de los procesos en los que se interpusieren apelaciones incidentales y que una vez resuelto los recursos, sean devueltos los antecedentes al Juzgado de origen en el plazo de dos días. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Se debe considerar que la parte accionante interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva, siendo una cuestión accesoria al proceso principal; por lo que, no podía ser suspendido; lo que, el Juez demandado permitió tácitamente al firmar el oficio de remisión de actuados originales a la referida Sala Penal Cuarta, en contravención a lo determinado en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece “ante la apelación de medidas cautelares, deben remitirse actuaciones pertinentes al Tribunal Departamental de Justicia” (sic), es decir únicamente las actuaciones relacionadas con la apelación y no todo el cuaderno como ocurrió en el caso; de dicha situación derivó que, el 13 de diciembre de 2021 en la que debía considerarse la situación jurídica del impetrante de tutela no se cuente con los antecedentes para resolver al respecto, suspendiendo dicho acto de manera indefinida; asimismo, de la revisión del cuaderno, se advierte del acta, que la suspensión fue por inasistencia de las partes; empero, al tratarse de una audiencia donde se debía tratar la situación jurídica del accionante, el Juez demandado no debió limitarse a la suspensión del acto por no contar con actuados del cuaderno, sino señalar nueva fecha y hora de audiencia al respecto, y oficiar a la Sala Penal respectiva a fin que devuelvan dichos antecedentes; omitió pronunciarse sobre la celebración de la audiencia de consideración jurídica del accionante, tal como lo solicitó aquel en su memorial del 15 de diciembre de 2021, limitándose solo a solicitar al Fiscal de Materia respecto a una posible resolución conclusiva, permitiendo nuevamente que la situación jurídica del impetrante de tutela sea incierta e indefinida, situación que tiene directa relación con su derecho a la libertad; b) Respecto a la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se tiene que consintió la errónea remisión del cuaderno de apelación, pues al advertir que se trataba de un proceso con detenido preventivo a fin de no limitar la posibilidad que se efectúen otras solicitudes ante el Juez que ejerce control jurisdiccional debía devolver los actuados originales al Juzgado de origen y que en cumplimiento al art. 251 del CPP, solo se remitan actuados relacionados con el objeto de apelación en fotocopias legalizadas; asimismo, incurrió en dilación indebida al no remitir con prontitud el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Instrucción a cargo, no constituye justificativo que el audio se haya entregado un día después y que el 24 de diciembre de 2021 se haya trabajado hasta las 13:00, ya que la demora fue de siete días hábiles; y, c) Con relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no se evidencia que haya incumplido alguna de sus funciones que afecte el debido proceso y el derecho a la libertad del impetrante de tutela; si la parte considera lo contrario debe acudir a la vía administrativa con los elementos suficientes para probar tal extremo y dichos incumplimientos sean sancionados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene el Auto Interlocutorio 194/2021 de 12 de octubre, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz –ahora demandado– dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se dispuso la detención preventiva de Carmelo Yapu Apaza –ahora accionante– por el plazo de dos meses y señaló audiencia para considerar su situación jurídica procesal para el 13 de diciembre de 2021 a horas 09:30 (fs. 2 a 3). II.2. Cursa impresión fotográfica, en el que se observa al final de un cuaderno “201502022102934 MP/Carmelo Yapu Apaza Lunes 27 de Diciembre de 2021 y memorial de fecha 15 de igual mes y año, el cual a la fecha no cuenta con decreto a la petición del libro de seguimientos, secretaria refiere no está a la vista y traslada libro de remisiones arguyendo que sea en este libro la queja que corresponda” (sic [fs. 4]). II.3. Por Oficio presentado el 29 de diciembre de 2021 a horas 08:45, Ximena Jiménez Chura, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora codemandada– remite obrados en originales ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso peal seguido contra el impetrante de tutela por el presunto delito de abuso sexual (fs. 23 a 24). Asimismo, se tiene el Informe presentado en igual fecha dentro de la acción de libertad refiere que: “…evidentemente en fecha 20 de diciembre de 2021 se lleva a cabo audiencia de apelación de medida cautelar contra CARMELO YAPU APAZA por el delito de ABUSO SEXUAL (…) los audios son descargados y entregados a la auxiliar dactilógrafa en fecha 21 de diciembre de 2021, así también es necesario hacer conocer que en fecha 24 de diciembre de 2021 por COMUNICADO 047/21 se habría dispuesto una JORNADA DE TRABAJO hasta 13:00 P.M. (…) el legajo de apelación fue remitido a su Juzgado de Origen, motivo por el cual ya no contamos con los antecedentes de apelación…” (sic [fs. 25]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante alega como lesionados sus derechos al debido proceso vinculado al principio de celeridad, a la libertad y a la vida; toda vez que: 1) Habiendo presentado el 15 de diciembre de 2021, solicitud de señalamiento de audiencia para la resolución de su situación jurídica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, que hasta la fecha de presentación de la acción de libertad no fue atendida, aludiendo no contar con el cuaderno de control jurisdiccional ya que se remitió en originales ante el Tribunal de alzada y no fue devuelto hasta la fecha; 2) La Secretaria del mismo Juzgado, no ingresó a despacho el citado memorial de manera oportuna; que al apersonarse la defesa técnica el 27 del citado mes y año y no advertir el decreto de respuesta a dicha solicitud, hizo constar la queja en el libro de remisiones que le fue proporcionado; y, 3) Por su parte, la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al haber sido resuelto el recurso de apelación planteado por su parte, pese a tenerlo ordenado no devolvió al Juzgado de origen los antecedentes en originales de manera pronta; con tales actuaciones se puso en riesgo su salud ya que es de la tercer edad y ante el encapsulamiento por COVID-19 no recibe visitas de su familia. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada

La SCP 0679/2018-S4 de 25 de octubre, enunciando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyó que: “'La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas'. Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal de alzada en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: 'En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito (ahora Tribunal Departamental) en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones». A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: «…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero»' (el resaltado es nuestro). La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: 'Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló: Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado'. Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

(…)

Por otra parte, con relación al plazo previsto en el art. 251 del CPP, en los supuestos de impugnación oral, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, entendió que 'Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación'. En consecuencia conforme al entendimiento desarrollado en la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en detrimento de la persona privada de libertad, es así que la importancia de este medio de defensa constitucional se encuentra en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE y en consonancia con los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. Actuar contrariamente a este principio, supone una vulneración del derecho a la libertad inmerso en el art. 23.I de la CPE” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Activación simultánea del recurso de apelación y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria

La SCP 1902/2014 de 25 de septiembre, haciendo mención a la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad señalando que: “…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata…” (las negrillas son nuestras) sosteniendo respecto al recurso de apelación incidental contra medidas cautelares de carácter personal que: “No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su resolución (tres días)” (las negrillas son agregadas).

Entendimiento confirmado en las SSCC 0008/2010-R de 6 abril y 0080/2010-R de 3 de mayo, que además amplió la siguiente causal de improcedencia: “Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.

Por otra parte cabe precisar que las medidas cautelares son de carácter provisional toda vez que inclusive pueden modificarse de oficio así la SCP 1126/2013 de 17 de julio, con relación al carácter provisional de dichas medidas, estableció que:

'…por su propia naturaleza las medidas cautelares tienen un carácter netamente instrumental porque su objetivo es el de efectivizar la presencia del imputado durante toda la tramitación del proceso y en su caso efectivizar una sanción penal y por ello mismo el art. 250 del CPP, prescribe que: 'El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio', en este sentido, además se tiene que la jurisprudencia constitucional refirió que: «De allí, deriva que la resolución por la que se impone una medida cautelar no causa estado, precisamente, porque durante la tramitación de la causa es posible que el condicionamiento fáctico concluya o se modifique y por tanto, extinga el sustento de su imposición, o bien, la viabilice…» (SC 1964/2011-R de 28 de noviembre).

En este sentido, las medidas cautelares por su carácter instrumental deben tramitarse y aplicarse de manera flexible, sin rigorismos procesales justamente por la finalidad que persiguen, así un sospechoso de la comisión de un delito puede modificar sucesivamente su situación jurídica con la urgencia que requiere el caso ello impide tener una concepción rígida de las tramitación y aplicación de las medidas cautelares'.

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de solicitar cesaciones a una detención preventiva cuando la misma parte imputada tiene pendiente de resolución una apelación incidental de medida cautelar corresponde observar la falta de claridad en la jurisprudencia constitucional así la SC 1500/2011-R de 11 de octubre, indica:

'…cuando la autoridad jurisdiccional, en uso de la atribución conferida por el art. 250 del CPP, rechaza un petitorio de cesación a la detención preventiva, al afectado le queda expedito el recurso de apelación incidental, lo que implica la exteriorización irrefutable de su desacuerdo con la decisión del aquo y, precisamente por ello, acude a una instancia superior del órgano jurisdiccional para solicitar la revisión de la ponderación realizada por el inferior; por lo tanto, como se señaló, una vez activada la vía de impugnación ante el tribunal de alzada, deberá continuarse hasta obtener una resolución final, de otro modo, se estaría movilizando inútilmente todo el aparato judicial.

Por lo tanto, mientras no exista un desistimiento o renuncia expresa al recurso de alzada presentado por el agraviado, al órgano jurisdiccional no le cabe la posibilidad de atender una nueva petición de cesación a la detención preventiva, cuando la primera aún no fue resuelta, porque significaría restarle competencia a la instancia revisora. En consecuencia, si bien, como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1, las medidas cautelares tienen el carácter de modificables y por ende, pueden ser presentadas cuantas veces el imputado considere pertinente, ello no implica que sea posible activar dos vías en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación y de darse, inviabilizaría la segunda solicitud al activar en forma paralela dos peticiones con idéntica finalidad, para que ambas conozcan y resuelvan en el fondo, creando una disfunción procesal contraria al orden jurídico, dando lugar a la emisión de varias resoluciones relacionadas a la misma problemática y que podrían ser contrarias, lo que provocaría un problema jurídico a tiempo de su cumplimiento' (las negrillas nos corresponden).

Dicho entendimiento es concordante con las SSCCP 1779/2013 y 1866/2013 por las cuales en trámites de apelación incidental de medidas cautelares se concedió tutela por la falta de remisión de resoluciones y antecedentes que en grado de apelación mantenían la detención preventiva bajo la idea de que los accionantes no podrían nuevamente solicitar cesación a la detención preventiva mientras no se efectúe dicha devolución.

De lo anterior se concluye que por el carácter provisional de las medidas cautelares una detención preventiva puede apelarse únicamente por la parte imputada y la misma debe resolverse de manera oportuna y si en ese ínterin el imputado presenta una solicitud de cesación a la detención preventiva el Juez de la causa no puede resolver ambas solicitudes paralelamente con el fin de evitar la duplicidad de fallos que ocasionen disfunciones procesales −v.gr. que vocales en apelación revoquen la detención preventiva y que el juez o tribunal emita resolución denegando la tutela una solicitud de cesación a la detención preventiva en la cual incluso pudo acompañarse nuevos elementos de convicción que también es apelable−“ (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Sobre la acción de libertad innovativa

La SCP 0604/2021-S4 de 29 de septiembre, reitero que el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, refirió lo siguiente: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa– permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

De la documental cursante se tiene que el accionante es procesado penalmente por el presunto delito de abuso sexual, que por Auto Interlocutorio 194/2021 de 12 de octubre, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz –ahora demandado– se dispuso su detención preventiva por el plazo de dos meses, señalándose audiencia a efectos de resolver su situación jurídica para el 13 de diciembre de 2021, a horas 09:30 (Conclusión II.1) Dentro de la presente acción de tutela, el impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso vinculado al principio de celeridad, a la libertad y a la vida; en consecuencia, con la finalidad de resolver la problemática planteada, se analizará el caso concreto identificando la actuación de cada uno de los demandados. Con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz La parte accionante refiere que, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz –ahora demandado–, en la Resolución de medidas cautelares y señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 13 de diciembre de 2021, la que no se llevó a cabo, ya que no fueron convocados ni se puso a conocimiento del Centro Penitenciario al efecto encontrándose la sala cerrada e inhabilitada a dicha fecha y hora; por tal razón, el 15 de dicho mes y año presentó nueva solicitud de señalamiento de audiencia para que se resuelva su situación jurídica, lo que hasta la fecha no fue atendido; por otra parte, “en el mes de noviembre” planteó recurso de apelación contra la Resolución que rechazó su pretensión de cesación de la detención preventiva, siendo remitidos los actuados en originales ante el Tribunal de alzada; circunstancia que el Juez demandado usa para no desarrollar la audiencia donde se deba resolver su situación jurídica, el no contar con los antecedentes al efecto. Sin embargo, conforme se tiene expresado por el accionante y los actuados que cursan en obrados, si bien el impetrante de tutela mediante memorial de 15 de diciembre de 2021, solicito al Juez demandado señale audiencia donde se resuelva su situación jurídica y que tal pretensión no fue atendida; empero, es importante considerar que dicha solicitud se la efectuó mientras se encontraba pendiente de resolución su recurso de apelación interpuesto frente al rechazo de su pretensión de cesación de su detención preventiva; en consecuencia, es razonable la posición del Juez ahora demandado, ya que el mismo no podía resolver la situación jurídica del accionante mientras se encontraba pendiente una evaluación también de su situación jurídica; toda vez que, el recurso de apelación fue remitido al Tribunal de alzada el 9 de diciembre de 2021 y la audiencia de apelación recién se llevó a cabo el 20 del mismo mes y año, no siendo devueltos los actuados al Juzgado de origen; en consecuencia, no podría reprocharse al Juez codemandado la no atención de la solicitud del accionante, pues de haberlo hecho, se hubiera generado una disfunción procesal por la cual se emitan de forma paralela dos fallos sobre una misma problemática, cual es, la situación jurídica del procesado hoy accionante, con el eventual riesgo de que las mismas pudieran resultar contradictorias; así se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional que establece que: “…por el carácter provisional de las medidas cautelares una detención preventiva puede apelarse únicamente por la parte imputada y la misma debe resolverse de manera oportuna y si en ese ínterin el imputado presenta una solicitud de cesación a la detención preventiva el Juez de la causa no puede resolver ambas solicitudes paralelamente con el fin de evitar la duplicidad de fallos que ocasionen disfunciones procesales…”; por lo que, considerando que, la posición de la autoridad ahora demandada es razonable; dado que, ante el planteamiento de solicitud de cesación de la detención preventiva la cual fue rechazada, se interpuso recurso de apelación incidental, encontrándose pendiente de resolución el accionante solicito el señalamiento de audiencia ante el Juez de la causa a efectos de que se resuelva su situación jurídica; lo contrario implicaría una innecesaria e irregular duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto, que generaría inseguridad jurídica a las partes procesales; por lo que, es pertinente denegar la tutela impetrada. Con relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz Con relación a la Secretaria del mismo Juzgado, el imperante de tutela denunció que no ingresó a despacho el citado memorial de manera oportuna; que al apersonarse la defensa técnica el 27 del citado mes y año y no advertir el decreto de respuesta a dicha solicitud, hizo constar la queja en el libro de remisiones que le fue proporcionado y no en el libro de seguimientos como corresponde; al respecto, la Secretaria demandada refirió en su Informe dentro de la presente acción de libertad, que cumplió con sus funciones, que toda providencia pasa a auxiliatura para su correspondiente notificación y remitir a Gestoría de Procesos y que se tratan de memoriales sueltos. Ahora bien, se tiene de obrados (Conclusión II.2), que la parte accionante refiere que se apersonó el 27 de diciembre de 2021, en el que solicitó información respecto a la respuesta del memorial presentado el 15 de igual mes y año; empero, no le fue proporcionado, realizando su queja en el libro de remisiones que le fue proporcionado, en el que precisamente hizo constar que no cursa el decreto correspondiente; si bien la referida funcionaria refiere que el decreto hubiese sido emitido dentro de plazo y que se pasó a la auxiliar a efectos de que se remita a Gestoría de Procesos para su correspondiente notificación, se tiene que, trascurrieron diez días sin que ponga a conocimiento de las partes; situación que generó el reclamo por el impetrante de tutela mediante su defensa técnica; ya que desconocía el contenido de dicho decreto, más cuando conforme se tiene del art. 94 de la LOJ, una de sus obligaciones de la Secretaria es “12. Supervisar y controlar las labores de las y los servidores de apoyo judicial”; por lo que debió percatarse que hasta el momento no se procedió a notificar porque una de sus funciones es supervisar al personal a su cargo, más cuando se trataba de un privado de libertad y de la tercera edad que solicitaba se resuelva su situación jurídica, conforme se tiene de la SCP 0047/2023-S4 de 22 de marzo, respecto a la activación de la acción de libertad en su modalidad de traslativo o pronto despacho “…a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; en consecuencia, se advierte que la referida funcionaria incurrió en una dilación indebida, correspondiendo conceder la tutela impetrada en su modalidad de pronto despacho. Con relación a la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz El impetrante de tutela refiere que al haber sido resuelto el recurso de apelación dentro del recurso de apelación incidental, se hizo conocer que se tiene en curso una solicitud de señalamiento de audiencia para resolver su situación jurídica ante el Juez de la causa; por lo que, se tenía ordenado la devolución de los antecedentes de manera pronta; empero, dicha funcionaria no lo hizo hasta la fecha de presentación de la acción de libertad. De obrados se tiene que por memorial presentado el 29 de diciembre de 2021 a horas 08:45 –antes de la audiencia de acción de libertad– Ximena Jiménez Chura, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora codemandada– remitió obrados en originales ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela por el presunto delito de abuso sexual; en igual fecha, presentó su Informe dentro de la acción de libertad en el que refiere: “…evidentemente en fecha 20 de diciembre de 2021 se lleva a cabo audiencia de apelación de medida cautelar contra CARMELO YAPU APAZA por el delito de ABUSO SEXUAL (…) los audios son descargados y entregados a la auxiliar dactilógrafa en fecha 21 de diciembre de 2021, así también es necesario hacer conocer que en fecha 24 de diciembre de 2021 por COMUNICADO 047/21 se habría dispuesto una JORNADA DE TRABAJO hasta 13:00 P.M. (…) el legajo de apelación fue remitido a su Juzgado de Origen, motivo por el cual ya no contamos con los antecedentes de apelación…” (Conclusión II.3). Conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el objetivo principal y fundamental de acción de libertad innovativa, es evitar que otros actos que atenten o amenacen su restricción contra los derechos a la libertad, a la vida y locomoción, se repitan en el futuro; por lo que es posible su activación, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En el caso de autos, se tiene que la referida Secretaria demandada, evidentemente incurrió en una dilación indebida vinculada al derecho del accionante, ya que al no cumplir su responsabilidad de manera oportuna, y devolver actuados o antecedentes ante el Juzgado de origen, permitió que otros actos conlleven a la tardanza en resolver su situación jurídica; dado que, conforme se tiene del mismo informe ésta refiere que, los actuados ya fueron devueltos; empero, recién el 29 de diciembre de 2021 minutos antes a desarrollarse la audiencia de acción de libertad, es decir nueve días después de la audiencia de apelación; toda vez que, si bien cumplió con la remisión al Juzgado de origen del cuaderno de control jurisdiccional pertinente al caso, es necesario que en futuras actuaciones no se repitan tales actos, en los cuales se hallan involucrados derechos fundamentales como es la libertad del accionante; corresponde conceder la tutela impetrada en su modalidad innovativa. Además, la parte impetrante de tutela refiere que también se lesionó su derecho a la vida; al ser de la tercera edad y que las actuaciones de la parte demandada se pone en riesgo su salud ya que es de la tercera edad y ante el encapsulamiento por COVID-19 no recibe visitas de su familia; empero, no señala de qué manera se puso en riesgo tales derechos; toda vez que, se debe individualizar como es que se llega a lesionar tales derechos, situación que no se advierte en el caso presente; como tampoco presentó prueba alguna que haga advertir la lesión de tales derechos. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2021 de 29 de diciembre, cursante de fs. 28 a 30, emitida por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del mismo departamento, en la modalidad innovativa y pronto despacho respectivamente; y, 2° DENEGAR la tutela con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0302_2023-S4.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 75f356f802852e0983e8caceff08de7679d5003f5676563da8dcb13a7c2e76fa

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