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SCP 0300/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 10 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
10 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57316-2023-115-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, en audiencia de consideración de ampliación de detención preventiva e incidente de actividad procesal defectuosa de 21 de abril de 2022, se dispuso el cese de la medida extrema; y, en su lugar la aplicación de medidas cautelares de carácter personal conforme establece el art. 231 bis del CPP, pese a que cumplió con la presentación de la documentación pertinente para beneficiarse con la detención domiciliaria, señalando que existe una dilación indebida y que se encuentra en estado de incertidumbre, además alega que la Secretaria del Juzgado no le entregó las respectivas fotocopias legalizadas para que pueda tramitar su arraigo; por lo que, activó la presente acción de defensa. Ante ello, el Juez demandado señaló que, el accionante no cumplió con la presentación de dos fiadores personales que reúnan las condiciones del art. 243 del CPP; es decir, tener solvencia y patrimonio independiente, ya que uno de los garantes incumplió con lo antes señalado, en cuanto al arraigo del impetrante de tutela no presentó documental que acredite la tramitación de dicha medida, e indica que todas estas medidas no fueron observadas de manera oportuna por el impetrante tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 167 a 170 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2026-S2 Sucre, 10 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57316-2023-115-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 11/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 167 a 170 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Pantaleon Moya Mamani contra Yerick José Luis Núñez, Juez de Sentencia Penal Tercero de Villazón del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de julio de 2023, cursante a fs. 1; y, 14 a 15 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, aduce que existe dilación indebida por parte de la autoridad judicial, misma que sobrepasa los dos años y medio, pues pese a que cumplió con la presentación de documentos para así beneficiarse con la detención domiciliaria, dicha autoridad deslinda responsabilidad en “ventanilla de su despacho” para recabar recaudos de rigor así poder completar con las condiciones impuestas; toda vez que, el 21 de abril de 2022 se llevó a cabo audiencia de cesación de la detención preventiva, dejándolo en total incertidumbre, ya que no se consignó plazo alguno para realizar los mencionados trámites.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene al “servidor judicial” señale día y hora de audiencia para su consideración, dentro las veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 165 a 167, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando, señaló que: a) El 21 de abril de 2022 en audiencia “…de cesación o en su defecto de ampliación…” (sic) de la detención preventiva se logró la cesación de la misma, transcurriendo un año y medio -hasta la presentación del memorial de acción de libertad- que se indica que no cumplió con las medidas impuestas por el Juez cautelar con respecto a la fianza personal; y, con el mandamiento de arraigo, aspecto que fue negado; toda vez que, el art. 245 del Código de Procedimiento Penal (CPP) indica que “…para la efectividad de la Libertad solamente tienen que efectivizarse el haberse otorgado la fianza…” (sic); sin embargo, de manera “oficiosa” se observó que a uno de los garantes, atribución que corresponde al Ministerio Público y no así al Juez de garantías; y, b) Cuando intentó tramitar el arraigo para poder cumplir con las medidas cautelares, la Secretaria del Juzgado le indicó que no era competencia de ese juzgado el tramitar o dar fotocopia legalizadas; a su vez, Yerick Jóse Luis Núñez, Juez de Sentencia Penal Tercero de Villazón del departamento de Potosí -ahora demandado-, limitó “…este tipo de medidas impuestas a unos tramites demasiado burocráticos…” (sic) teniendo el conocimiento que se encontraba indebidamente detenido.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Yerick José Luis Núñez, Juez de Sentencia Penal Tercero de Villazón del departamento de Potosí, por informe escrito cursante a fs. 21 y vta., sostuvo que: 1) Mediante Auto de 1 de diciembre de 2022, se ordenó que el accionante, al igual que los fiadores deben demostrar una abonabilidad mínima de Bs50 000.-(cincuenta mil bolivianos), es ese sentido el impetrante de tutela presentó documentación referente a bienes inmuebles, tomando en cuenta que dicha documentación debe cumplir ciertos requisitos como la “…presentación de título de propiedad, avaluó catastral y certificado del registro real…” (sic), para acreditar que sobre ese bien no pesa ningún gravamen; 2) Los documentos antes señalados puede ser presentados en original o fotocopias legalizadas por el funcionario competente, conforme lo previsto por el art. 1311 del Código Civil (CC), salvo el certificado de registro en Derechos Reales (DD.RR.), el cual debe ser presentado en original, ya que no se emiten fotocopias legalizadas del mismo; y, 3) En cuanto a las medidas sustitutivas como la presentación de dos o más garantes solventes con patrimonios independientes como dispone el art. 243 del CPP, en consecuencia, no cumplió en cuanto a la solvencia del patrimonio independiente de uno de los garantes, con relación al arraigo no existe documentación alguna que acredite la tramitación de dicha medida, puesto que la misma debe realizar el impetrante de tutela.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 11/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 167 a 170 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) El impetrante de tutela refiere que la autoridad demandada fue demasiado burocrática a sabiendas que se encontraba detenido indebidamente; sin embargo, debe tomarse en cuenta el principio de subsidiariedad excepcional, pues si bien la acción de libertad es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión a los derechos a la vida y libertad, previo a interponer la misma se debe apelar para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir lo observado; ii) El 21 de abril de 2022 el peticionante de tutela solicitó se libre mandamiento de detención domiciliaria siendo que, era el quien debía dar seguimiento a los fines de dar conclusión al proceso penal que se le está siguiendo, y que el descuido del mismo no puede ser utilizado como eximente para que plantee acción de libertad, de igual modo, en cuanto al Auto de 1 de diciembre de 2022 el accionante no planteó “reposición apelación”; y, iii) Antes de librarse el mandamiento de libertad debe verificarse si efectivamente el accionante dio cumplimiento a las exigencias impuestas en el Auto Interlocutorio de 21 de abril de 2022, advirtiéndose que el nombrado no cumplió con lo dispuesto en dicha Resolución.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 184 a 188); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de consideración de ampliación de detención preventiva e incidente de actividad procesal defectuosa de 21 de abril de 2022, acto procesal en el cual, mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, dispuso la cesación de la detención preventiva de Luis Pantaleon Moya Mamani -ahora accionante-, disponiendo en su lugar se aplique medidas cautelares de carácter personal (fs. 10 a 13.). II.2. Consta folio real registrado en la oficina de DD.RR. con Matrícula 5.15.1.01.0000958, de un inmueble ubicado en “ZONA: EL MOLINO, CALLE: JUAN BAUTISTA SAGARNAGA MANZANA N° 53B, PREDIO N° 8…” (sic) de Villazón del departamento de Potosí, cuya titularidad corresponde a Leonardo Parraga Cruz y Teófila Moya Mamani (fs. 138 y vta.). II.3. Por Auto de 1 de diciembre de 2022, Yerick José Luis Núñez, entonces Juez Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Villazón del departamento de Potosí -hoy demandado-, señaló que dentro las medidas sustitutivas está la presentación de dos o más garantes solventes con patrimonios independientes, en razón al art. 243 del CPP, aspecto que la fiadora -Teófila Moya Mamani- no cumplió debido a que el bien inmueble que propone como abonable tiene un copropietario de nombre Leonardo Parraga Cruz (fs. 141 vta. a 142 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, en audiencia de consideración de ampliación de detención preventiva e incidente de actividad procesal defectuosa de 21 de abril de 2022, se dispuso el cese de la medida extrema; y, en su lugar la aplicación de medidas cautelares de carácter personal conforme establece el art. 231 bis del CPP, pese a que cumplió con la presentación de la documentación pertinente para beneficiarse con la detención domiciliaria, señalando que existe una dilación indebida y que se encuentra en estado de incertidumbre, además alega que la Secretaria del Juzgado no le entregó las respectivas fotocopias legalizadas para que pueda tramitar su arraigo; por lo que, activó la presente acción de defensa. Ante ello, el Juez demandado señaló que, el accionante no cumplió con la presentación de dos fiadores personales que reúnan las condiciones del art. 243 del CPP; es decir, tener solvencia y patrimonio independiente, ya que uno de los garantes incumplió con lo antes señalado, en cuanto al arraigo del impetrante de tutela no presentó documental que acredite la tramitación de dicha medida, e indica que todas estas medidas no fueron observadas de manera oportuna por el impetrante tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes, se observa que el impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, en audiencia de consideración de ampliación de detención preventiva e incidente de actividad procesal defectuosa de 21 de abril de 2022, se determinó la cesación de la detención preventiva disponiendo en su lugar medida cautelar de carácter personal conforme establece el art. 231 bis del CPP (Conclusión II.1). Ante ello uno de los garantes fue Teófila Moya Mamani quien presentó folio real registrado en la oficina de DD.RR. con la Matrícula 5.15.1.01.0000958 de un inmueble ubicado en “ZONA: EL MOLINO, CALLE: JUAN BAUTISTA SAGARNAGA MANZANA N° 53B, PREDIO N° 8…” (sic), de Villazón del departamento de Potosí; (Conclusión II.2); en ese entendido, por Auto de 1 de diciembre de ese año, la autoridad demandada observó dicho folio real en razón al art. 243 del referido Código, ya que el inmueble que propone como abonable tiene un copropietario de nombre Leonardo Parraga Cruz (Conclusión II.3). Con dicha base fáctica, el peticionante de tutela promovió la presente acción de libertad, indicando que hubo una dilación indebida; puesto que presentó todos los documentos exigidos por el Juez contralor para acceder a la detención domiciliaria; sin embargo, transcurrió dos años y medio -hasta la presentación de este mecanismo de defensa-, quedando en un estado de incertidumbre, ya que no accedió a dicha medida; toda vez que, el Juez demandado observó a uno de los garantes que propuso el accionante, en ese entendido este último a través de su abogado indica que no se puede condicionar su libertad a trámites “netamente burocráticos”. Al respecto debe resaltarse que el accionante si bien cuestiona la tramitación posterior a la emisión de la resolución, en realidad manifiesta su disconformidad con el contenido de dicha resolución, así refiere en el acta de audiencia indicando lo siguiente: “…que hubo un montón de dilaciones como cursa en el dossier procesal y me remito a fecha primero de abril del 2022 donde ya este cuaderno estaba a disposición del tribunal de sentencia y extemporáneamente el señor representante del ministerio público ha presentado la ampliación para la detención…” (sic); en ese entendido, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, sí se consideraba que la Resolución cuestionada vulneraba sus derechos y garantías constitucionales, correspondía agotar la vía ordinaria, mediante la interposición del recurso de apelación establecido en el art. 251 del CPP en concordancia con el art. 403.3 del mismo cuerpo normativo, ambos modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, relativos a la resolución o sustitución de medidas cautelares; sin embargo, no se hizo uso de dicho mecanismo y se activó directamente la presente acción de libertad, omitiendo el agotamiento del mecanismo intraprocesal previsto por el legislador; motivo por el cual, corresponde denegar la tutela impetrada, dejando constancia que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Finalmente, respecto a que la Secretaria no le entregaría fotocopias legalizadas para tramitar su arraigo, dicha denuncia simplemente es una alegación no sustentada por ningún medio probatorio; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada; asimismo, debió acreditar su reclamo ante el Juez de control jurisdiccional. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 167 a 170 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0300_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

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