Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de abril de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de los derechos a la vida y a la salud de su hijo, y, sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral; indicando que, Elmer Pozo Oliva, Director General Ejecutivo de NAABOL -demandado-, lo destituyó de forma tácita, arbitraria e ilegal, al no contratarlo para la gestión 2023; no obstante conocer que goza de inamovilidad laboral, al tener a su cargo a su hijo que padece de “Discapacidad Orgánica 1”; además que, como exfuncionario de ASSANA, tenía preferencia a ese efecto. Ante ello, el demandado refirió que el impetrante de tutela no agotó el principio de subsidiariedad; que fue liquidado por el trabajo que prestó en la entonces ASSANA; y, tenía conocimiento que los contratos Administrativos de Personal Eventual NAABOL-DNJ-100/2022 de 3 de enero y NAABOL-DNJ-163/2022 de 1 de junio eran administrativos y eventuales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 008/2023 de 30 de enero, cursante de fs. 67 a 70 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2025-S2 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 54002-2023-109-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 008/2023 de 30 de enero, cursante de fs. 67 a 70 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alejandro Vaca Flores contra Elmer Pozo Oliva, Director General Ejecutivo de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL).
Por memorial presentado el 5 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 19 a 21, el accionante manifiesta lo siguiente:
Trabajó durante más de treinta años en la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (ASSANA); liquidada como fue, mediante Decreto Supremo (DS) 4630 de 30 de noviembre de 2021, se creó NAABOL, la que debía acoger a todos los funcionarios de la citada Administración; en consecuencia, suscribió con NAABOL el Contrato Administrativo de Personal Eventual NAABOL-DNJ-163/2022 de 1 de junio, a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre de igual año, para ejercer el cargo de Observador Meteorológico. Durante el desempeño de sus funciones en las citadas entidades, puso a conocimiento respectivo de los empleadores que su hijo padece de cardiopatía congénita compleja, enfermedad irreversible que le provoca discapacidad funcional física y mental permanente denominada como “Discapacidad Orgánica 1”, hecho que acreditó a través de la documentación pertinente que presentó en su oportunidad conjuntamente al carnet de discapacidad del nombrado; por lo que, su persona goza de estabilidad e inamovilidad laboral; no obstante, Elmer Pozo Oliva, Director General Ejecutivo de NAABOL -hoy demandado-, no lo contrató para la gestión 2023, pese a que había “prometido” que los extrabajadores de ASSANA tendrían prioridad y preferencia en los próximos contratos de trabajo y que tenía conocimiento de su inamovilidad laboral; lesionando así sus derechos constitucionales, pues, la desvinculación le afecta a su subsistencia y salud y también a la de su familia; dado que, su hijo no puede acceder a la atención médica correspondiente.
El accionante denuncia la lesión de los derechos a la vida, a la salud de su hijo; y, sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral; citando al efecto los arts. 15.I, 18, 46.I y II, 48.I, II y III; y, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
conceda la tutela impetrada, disponiendo su inmediata Solicita se reincorporación al cargo de Observador Meteorológico a través de un contrato indefinido.
Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 62 a 66, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, ratificó y reiteró los términos de su memorial de acción de amparo constitucional presentado.
Elmer Pozo Oliva, Director General Ejecutivo de NAABOL, a través de su representante legal, por informe cursante de fs. 58 a 61 y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) El accionante refirió que existe una controversia en relación al Contrato Administrativo de Personal Eventual NAABOL-DNJ-163/2022 que suscribió con la entidad que representa; por lo que, antes de activar este mecanismo tutelar debió agotar la vía administrativa contenida en la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014-; empero, al no hacerlo, incumplió el principio de subsidiariedad; b) NAABOL es una institución pública del Estado Plurinacional de Bolivia, razón por la cual, los contratos que suscribe con el personal a su cargo son administrativos, en el marco del art. 2 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-; razón por la cual, no están regidos por la Ley General del Trabajo; c) El solicitante de tutela se sometió voluntariamente al proceso de liquidación de AASANA; en consecuencia, el 6 de diciembre de 2021, Luis Boris Barroso Arias, Director Liquidador de la citada entidad, le canceló la suma de Bs299 540,55.- (doscientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta 55/100 bolivianos), por el servicio prestado durante veintidós años, nueve meses y veintiocho “años” -lo correcto es días-; asimismo, al firmar el Contrato Administrativo de Personal Eventual NAABOL-DNJ-163/2022, tenía conocimiento de la fecha de su inicio y finalización; d) Suscribió con el impetrante de tutela los Contratos Administrativos de Personal Eventual NAABOL-DNJ-100/2022 de 3 de enero y NAABOL-DNJ-163/2022, ambos de naturaleza administrativa y eventual, hecho que fue reconocido por el nombrado en la presente acción tutelar; el mismo podía o no ser renovado, por lo que, en el caso, aplicó el principio de primacía de la administración; e) El art. 6 del EFP, establece que: “No están sometidos al presente Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios”; igual razonamiento efectuó la SCP 0342/2021-S4 de 26 de julio; en tal sentido, el Contrato Administrativo de Personal Eventual NAABOL-DNJ-163/2022, tenía una vigencia de siete meses; asimismo, su Cláusula Décima Quinta estipuló la extinción del vínculo contractual precisando en el numeral 15.1 por cumplimiento del contrato, misma que fue aceptada por el peticionante de tutela al suscribir; y, f) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0625/2016-S3, 0244/2017-S2 y 0903/2017-S3 de, analizaron problemáticas relacionadas a contratos temporales inherente a padres o madres progenitores de personas con discapacidad, estableciendo que la protección alcanza únicamente hasta que se cumpla el contrato; por lo que, habiendo fenecido el plazo estipulado en el contrato, no se vulneraron sus derechos constitucionales; además, su hijo adquirió la mayoría de edad, no estando comprendido en el alcance del art. 5 del DS 29608 de 18 de junio de 2008.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 008/2023 de 30 de enero, cursante de fs. 67 a 70 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Por previsión contenida en la Constitución Política del Estado y en las SSCC 1132/2000-R de 1 de diciembre y 0883/2010-R de 10 de agosto, el derecho al trabajo consiste en la libertad de toda persona de escoger una actividad lícita que le permita el sostenimiento económico individual o familiar, comprende la prerrogativa de postularse y/o acceder a un trabajo; asimismo, conlleva mantener la fuente laboral de manera que la desvinculación solo adquiere eficacia jurídica si obedece a causas legales o justificadas, garantizando así que la relación laboral tenga la más larga duración conforme al derecho a la estabilidad laboral, glosado en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo; empero, siempre en el marco de la normativa propia que regula al sector público y privado; 2) El año 1990, el accionante ingresó a AASANA para prestar sus servicios; empero, como a él, todos los funcionarios de la misma fueron liquidados ante la creación de NAABOL, quien, de acuerdo a la fotocopia del finiquito que presentó, firmó esa literal en señal de conformidad; de igual modo, suscribió los Contratos Administrativos de Personal Eventual NAABOL-DNJ-100/2022 y NAABOL-DNJ-163/2022 habiendo fenecido este último el 31 de diciembre de 2022; en ese sentido, la inexistencia de un nuevo contrato no constituye un acto lesivo a los derechos reclamados, estando la causa de desvinculación plenamente justificada ante la conclusión del plazo del referido Contrato, considerando que la entidad demandada no se encuentra sujeta al marco normativo de la Ley General del Trabajo y normas reglamentarias, complementarias o conexas; 3) El impetrante de tutela sustenta su pretensión de reincorporación laboral en el hecho de que tiene bajo su dependencia y protección a su hijo menor con “Discapacidad Orgánica 1”, por lo cual, goza de estabilidad e inamovilidad laboral; sin embargo, no fue objeto de un despido injustificado, siendo que su desvinculación laboral obedeció simplemente a la conclusión del plazo del contrato suscrito con NAABOL; y, 4) La SCP 0457/2017-S3 de 26 de mayo citada por el solicitante de tutela como precedente vinculante aplicable al caso concreto, no contiene identidad fáctica, tratándose el mismo de un funcionario al que cambiaron de lugar de trabajo, cargo e ítem.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Carnet de Discapacidad 08-20030215AVW, a nombre de Alejandro Vaca Willy -hijo de Alejandro Vaca Flores, accionante-, expedido por el Comité Departamental de Personas con Discapacidad (CODEPEDIS), con validez del 14 de enero de 2021 al 2025. En el mismo, se evidencia que el mencionado tiene un tipo de discapacidad física, deficiencia física motora, con un porcentaje de 32% (fs. 9). II.2. Consta Certificado DIR./CODEPEDIS _ BENI - OFIC 016/2021 de 4 de febrero, a través del cual la Directora Ejecutiva del CODEPEDIS Beni, reitera los datos contenidos en el supra citado Carnet de Discapacidad (fs. 13). II.3. Por Contratos Administrativos de Personal Eventual NAABOL-DNJ-100/2022 de 3 de enero; y, 163/2022 de 1 de junio, Elmer Pozo Oliva, Director General Ejecutivo de NAABOL -demandado-, contrató los servicios del impetrante de tutela para que cumpla funciones como Observador Meteorológico dependiente de la citada entidad, a partir de esa fecha hasta el 31 de mayo de igual año;
posteriormente, el 1 de junio del referido año, se firmó similar Contrato Administrativo de Personal Eventual NAABOL-DNJ-163/2022, vigente desde esa data hasta el 31 de diciembre del citado año (fs. 52 a 57). II.4. Se tiene cédula de identidad del hijo del solicitante de tutela, expedida el 7 de julio de 2025, donde consta como fecha de su nacimiento el 15 de febrero de 2003 (fs. 8).
El accionante denuncia la lesión de los derechos a la vida y a la salud de su hijo, y, sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral; indicando que, Elmer Pozo Oliva, Director General Ejecutivo de NAABOL -demandado-, lo destituyó de forma tácita, arbitraria e ilegal, al no contratarlo para la gestión 2023; no obstante conocer que goza de inamovilidad laboral, al tener a su cargo a su hijo que padece de “Discapacidad Orgánica 1”; además que, como exfuncionario de ASSANA, tenía preferencia a ese efecto. Ante ello, el demandado refirió que el impetrante de tutela no agotó el principio de subsidiariedad; que fue liquidado por el trabajo que prestó en la entonces ASSANA; y, tenía conocimiento que los contratos Administrativos de Personal Eventual NAABOL-DNJ-100/2022 de 3 de enero y NAABOL-DNJ-163/2022 de 1 de junio eran administrativos y eventuales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0493/2024-S2 de 20 de agosto, señaló: “...es pertinente remitirnos a lo establecido en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, que, específicamente sobre la inamovilidad laboral determina que ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación’, contenido normativo a partir del cual en efecto se incluyen como beneficiarios para acceder a la inamovilidad laboral la madre o padre, cónyuge, tutor o tutora que tengan bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad hasta que la misma cumpla los dieciocho años de edad, o cuando presente un grado de discapacidad grave o muy grave; para cualquiera de estos casos -que la persona con discapacidad sea o no menor de edad- se debe cumplir con la normativa respectiva concerniente a los requisitos para acreditar ambas condiciones; es decir, el grado de calificación de la persona con discapacidad, así como el vínculo relacional existente entre la madre, padre, cónyuge o tutor; y, la persona con discapacidad.
Por su parte, el DS 3437 de 20 de diciembre de 2017, que reglamenta la mencionada Ley, nos otorga mayores luces en cuanto a dichos requisitos, en cuyo art. 4, si bien hace referencia a los requisitos necesarios para las beneficiarias y beneficiarios a fin de la inserción laboral obligatoria, no es menos cierto que estos son presupuestos generales que pueden perfectamente ser considerados como parámetros a momento de verificar la procedencia o no de la inamovilidad laboral, pues a partir de estos se acredita la situación de discapacidad del beneficiario y el vínculo existente entre éste y la persona responsable de su cuidado, aspectos en función a los cuales justamente hace viable la determinación de la inamovilidad laboral en atención a la cual se garantiza la permanencia del trabajador en su fuente laboral, considerando precisamente su condición de discapacidad o que tiene bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad.
Así, para la persona con discapacidad solo se requiere su cédula de identidad y el carnet de discapacidad vigente, registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD); para la madre o padre, certificado de nacimiento original de la hija o hijo con discapacidad; para el tutor o tutora, copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento; y para el cónyuge, certificado de matrimonio o copia legalizada de la resolución judicial de reconocimiento de unión libre que demuestre el vínculo conyugal con la persona con discapacidad” (énfasis agregado).
Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta, tratándose de la presunta lesión del derecho a la inamovilidad laboral de un progenitor que tiene a su cargo un hijo con capacidades diferentes; en el marco de lo glosado en la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, corresponde abstraer el principio de subsidiariedad que caracteriza la presente acción tutelar.
Ahora bien, el accionante considera que el demandado lo destituyó de manera tácita, arbitraria e ilegal, al no contratarlo para prestar servicios como Observador Meteorológico en NAABOL la gestión 2023; pese a que conocía que tiene a su cargo un hijo que padece de “Discapacidad Orgánica 1”; por lo que, lo hace acreedor al derecho a la inamovilidad laboral; además, como exfuncionario de ASSANA, debió ser contratado de manera preferente.
Al respecto, cabe señalar que, conforme se tiene de antecedentes, el impetrante de tutela, para probar su pretensión, adjuntó al efecto: Carnet de Discapacidad de Alejandro Vaca Willy -su hijo-, que demuestra una deficiencia física motora en un 32% (Conclusión II.1); Certificado DIR./CODEPEDIS _ BENI - OFIC 016/2021, a través del cual la Directora Ejecutiva de CODEPEDIS Beni, reitera los datos contenidos en el referido Carnet de Discapacidad (Conclusión II.2), literal que es coincidente en cuanto a que el nombrado es una persona con discapacidad; no obstante, de la fotocopia de cédula de identidad arrimada (Conclusión II.4); se tiene que, Alejandro Vaca Willy nació el 15 de febrero de 2003; por lo que, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar; vale decir, 5 de enero de 2023, contaba con 19 años de edad; de lo que, se puede advertir la inobservancia de lo previsto por el art. 2.V de la Ley 977, desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece con claridad que, cuando se invoca inamovilidad laboral por estar a cargo de una persona mayor que tiene discapacidad, corresponde presentar copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento de tutor o tutora.
En dicho contexto, el solicitante de tutela no cumplió con el supra citado requisito exigido por la normativa vigente; reiterando que, al ser su hijo mayor de dieciocho años, debió acreditar su calidad de tutor a través de la respectiva resolución judicial que le hubiere otorgado dicha calidad o, en su caso, demostrar de manera objetiva que el nombrado depende de él; requisitos sin los cuales no es posible determinar la concurrencia de los presupuestos que configuran el derecho a la inamovilidad, en este caso, por ser responsable o tutor de una persona discapacitada, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 008/2023 de 30 de enero, cursante de fs. 67 a 70 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0300_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8dcac50471679733aa94e0adbe110c33803191431f13623baebdc6860d78dd00
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