B.IA.LEGAL

SCP 0300/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de abril de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de abril de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
44767-2022-90-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad, a la defensa, a la impugnación; a la libertad y a la “seguridad jurídica”; puesto que, la Vocal ahora accionada no resolvió su recurso de apelación, a pesar de que señaló fecha de audiencia para su celebración; empero, instalando la misma la suspendió observando que no se ejecutó el mandamiento de detención preventiva emitido contra su persona, ordenando la devolución de obrados al Juzgado de origen para el cumplimiento del Auto Interlocutorio 324/2021 de 23 de noviembre. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de celeridad, a la defensa y a la impugnación, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho a la “seguridad jurídica”. 3° EXHORTAR al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, que en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento otorgue el trámite procesal correspondiente de manera diligente, así como también observe el cumplimiento de la normativa citada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2023-S3 Sucre, 24 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 44767-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Omar Mamani Mamani contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 41 a 43 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de robo, robo agravado y concusión previstos y sancionados por los arts. 331, 332 y 151 del Código Penal (CP), el Juez de la causa le impuso medidas cautelares a través del Auto Interlocutorio 78/2021 de del 27 de agosto, disponiendo su detención preventiva; posteriormente, por Auto Interlocutorio 138/2021 de la citada fecha, dispuso la cesación de su detención preventiva, determinando su detención domiciliaria, arraigo, registro biométrico, no acercamiento a la víctima, fianza de cuatro garantes y no concurrir al lugar de los hechos. Es así que, mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2021, solicitó audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares, señalándose fecha para la celebración de dicha audiencia el 23 de noviembre de ese año, oportunidad en la cual expuso sus pruebas y solicitó se modifique la medida cautelar de detención domiciliaria con salida laboral; sin embargo, a través del Auto Interlocutorio 324/2021 de la señalada fecha, el Juez de la causa rechazó su solicitud, determinando la revocatoria de las medidas cautelares, y en consecuencia su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el plazo de dos meses, encomendando su ejecución al investigador asignado al caso; determinación ante la que interpuso recurso de apelación, la cual radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalándose audiencia de consideración de su recurso de apelación para el 6 de diciembre de igual año, la cual fue suspendida a pesar de encontrarse presentes todos los sujetos procesales, alegando la Vocal hoy accionada que su persona se encontraba en su domicilio cumpliendo detención domiciliaria y no así guardando detención preventiva; por lo que, dispuso la devolución de obrados al Juzgado de origen a efectos de que se ejecute la detención preventiva. De esa manera la Vocal ahora accionada no cumplió con su deber de resolver el recurso de apelación formulado por su persona; puesto que, el cumplimiento del Auto Interlocutorio 324/2021 le correspondía al Juez de primera instancia o al investigador asignado al caso, por consiguiente, la Vocal hoy accionada debió limitarse a permitir que se expongan los agravios y resolver el mencionado recurso de conformidad a lo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que al radicar la causa tenía la competencia jurisdiccional para ello, y no para hacer ejecutar el señalado Auto Interlocutorio.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad, a la defensa y a la impugnación; y en audiencia de consideración de la acción tutelar señaló la vulneración de sus derechos a la libertad y a la “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. “16”, 22, 23.I y II, “24”, 115, 116.I, 117.I, 119.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2; y 25 de la Convención Americana sobre Derechos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene a la Vocal ahora accionada, que dentro del plazo de veinticuatro horas resuelva el recurso de apelación que formuló contra el Auto Interlocutorio 324/2021 de 23 de noviembre, “…inclusive identificando la posible comisión de ilícitos a momento de la emisión…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 7 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 47 a 49 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) En la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares, se dispuso ilícitamente la revocatoria de las medidas impuestas con anterioridad y consecuentemente su detención preventiva, la que debió ser ejecutada por el investigador asignado al caso desde el 23 de noviembre de 2021; sin embargo, no fue cumplida sino hasta el 6 de diciembre de ese año, fecha en la que debió celebrarse la audiencia de consideración y resolución de su recurso de apelación y a la que se presentó ante la Vocal ahora accionada junto a su abogado guardando detención domiciliaria, así como también la víctima, ausente el Fiscal de Materia encargado de la investigación, ocasión en la que la Vocal hoy accionada aplicando el art. 5 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia de Materia Penal -aprobado el 10 de junio de 2020, por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia-, suspendió la audiencia y dispuso devolver obrados al Juzgado de origen para que se ejecute la detención preventiva, decisión ante la cual su persona reiteró en vía de complementación y enmienda, que se resuelva su recurso de apelación, en virtud a la competencia establecida por el art. 398 del CPP, alegando que la ejecución de una detención preventiva no estaba dentro de sus facultades o exigencias para celebrar o suspender la audiencia, detención que debió ser ejecutada por el investigador asignado al caso o por el Juez de la causa, quienes no lo hicieron; por lo que, su persona continuó el conducto regular de la audiencia de consideración del recurso de apelación; es así que, cumpliendo con las formalidades se apersonó a la audiencia; empero, la Vocal ahora accionada sin considerar que se encontraba guardando detención domiciliaria, suspendió la audiencia vulnerando su derecho a la defensa y al principio de celeridad, a ser oído antes de las vacaciones judiciales; b) El art. 5 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia de Materia Penal, debe ser aplicado para adoptar providencias ordenadoras y disciplinarias, no así para ordenar y establecer medidas disciplinarias si la audiencia no fue iniciada, en razón a que la finalidad de dicho artículo es mantener el adecuado desarrollo de las audiencias con base al comportamiento de los sujetos procesales, limitando la intervención de las partes a lo estrictamente necesario, disposición que no autoriza suspender audiencias por falta de cumplimiento de una “resolución primigenia”; puesto que, conforme a la previsión establecida por el art. 398 del CPP, según su competencia, la Vocal hoy accionada debió permitir que se expongan los agravios y resolverlos mediante un Auto de Vista; empero, no lo hizo, a pesar de que tuvo la oportunidad de ese extremo con la emisión del decreto de 3 de diciembre de 2021 -de señalamiento de audiencia de consideración de su recurso de apelación- y devolver obrados, no esperar a que se instale la audiencia y se cumplan las formalidades; por lo que, obrando de esa manera contravino lo dispuesto por los 12 y 13 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, vulnerando sus derechos al debido proceso y a la defensa; c) El día de la audiencia de consideración del recurso de apelación se encontraban presentes la víctima y los “imputados”, teniéndose establecido por el art. 25 del mencionado Reglamento, que inclusive ante la inasistencia del imputado no se suspende la audiencia si se cuenta con la presencia de su abogado, consecuentemente, “…era mejor que (…) no lo haga conectar al detenido domiciliario a la audiencia era mejor que (…) demuestre un irrespeto…” (sic) y así con su ausencia se celebraría dicha audiencia, aclarando que la falta de cumplimiento al Auto Interlocutorio 324/2021 no era atribuible a su persona, por lo cual se vulneró su derecho a la impugnación, encontrándose indebidamente procesado; y, d) La acción de libertad formulada debe reparar la vulneración que generó la Vocal ahora accionada a efectos de evitar una detención ilegal dispuesta por el Auto Interlocutorio 324/2021, ya que la misma fue determinada en audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares solicitada por su persona, disponiéndose la revocatoria de dichas medidas, cuando no se solicitó ese extremo, actuando el Juez de la causa ultrapetita, en ese sentido solicita se conceda la tutela de los derechos al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 23.I y II, “24”, 115, 116.I, 117.I y 119.I de la CPE; 8.1 y 25 de la CADH; y, 14 núm. 1 del PIDCP, debiéndose ordenar a la Vocal ahora accionada a “reinstalar la audiencia”, escuchar a su defensa con la presencia de su persona o no; asimismo, sea con llamada de atención en razón a que la Vocal hoy accionada debió celebrar y resolver la audiencia de consideración de su recurso de apelación.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, según la representación efectuada por el Gestor de la Oficina Gestora de Procesos del citado Tribunal, cursante a fs. 46; el Auto de admisión de la acción de libertad y señalamiento de audiencia, fue remitido a ese despacho el 7 de diciembre de 2021, a las 12:48 horas; es decir, 12 minutos antes del inicio de la audiencia de consideración de la acción tutelar fijada para esa fecha a las 13:00 horas, tiempo insuficiente para poner en conocimiento de la Vocal ahora accionada la mencionada diligencia; sin embargo, envió la misma vía WhatsApp al número 76759649 para cumplir con la citación a la Vocal hoy accionada; empero, la misma no fue visualizada; asimismo, informó que llamó a ese número de celular, no logrando contactarse, puesto que no le contestaron la llamada, por lo cual, no existía certeza de si el número de celular citado pertenecía a la nombrada. De conformidad al acta de audiencia de consideración de la acción tutelar cursante a fs. 49, se permitió la intervención del “SECRETARIO DE LA SALA PENAL SEGUNDA” (sic) quien manifestó que: 1) Conoció respecto a la existencia de la acción de libertad interpuesta por el accionante a las 13:20 horas, cuando la audiencia fue señalada para las 13:00 horas; es decir, a “destiempo”, extremo que fue representado por el funcionario de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2) Se debió tomar en cuenta que los Juzgados, Tribunales y Salas en materia Penal se encontraban de vacaciones, situación que imposibilitó que se puedan contactar con la Vocal ahora accionada; 3) El legajo de apelación que fue remitido a la Sala Penal Segunda del citado Tribunal fue devuelto “en el día” al Juzgado de origen, para que se subsane la observación efectuada por la Vocal hoy accionada; 4) Conforme al “acta” la Vocal ahora accionada observó que el mandamiento de detención preventiva dispuesto por el Juez de la causa no fue cumplido, situación que hizo que se elabore y se remita “en el día” al Juzgado de origen para que se dé cumplimiento al mismo, y una vez cumplido se pueda devolver a la Sala o remitir a la Sala Penal de Turno; y, 5) Según recuerda, la Vocal hoy accionada observó la existencia de una “resolución” en la que se dispuso la detención preventiva del accionante y de un mandamiento de detención preventiva, en el que únicamente se contaba con el sello de la Oficina Gestora de Procesos y no con el sello de recepción en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, así como también que el accionante estuvo presente en la audiencia; empero, no desde el mencionado Centro Penitenciario, sino mediante un teléfono particular.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 23/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 50 a 52, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la “Sala Penal Segunda” resuelva el recurso de apelación formulado por el accionante conforme a procedimiento, en un plazo prudencial; ello bajo los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes se tiene que el accionante se encuentra procesado penalmente por la presunta comisión de los delitos de -robo-, robo agravado y concusión, siendo sujeto a una detención preventiva, la cual cesó mediante Auto Interlocutorio 138/2021, determinando su detención domiciliaria, por lo que mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2021, el nombrado solicitó la modificación de la medida cautelar, emergiendo de ello el Auto Interlocutorio 324/2021, emitido por el Juez de primera instancia, quien rechazó su solicitud y ante el incumplimiento del numeral 1 del Auto Interlocutorio 138/2021 -de detención domiciliaria sin salida laboral-, revocó las medidas cautelares, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo que, interpuso recurso de apelación, el cual fue sorteado al despacho de la Vocal hoy accionada sin que la misma celebrara la audiencia de consideración del señalado recurso, que a decir del accionante fue en virtud a lo dispuestos por el art. 5 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia de Materia Penal, cuando debió cumplir con la previsión establecida por el art. 398 del CPP y 25 del señalado Reglamento; y, ii) Conforme dispone el art. 251 del CPP, interpuesto el recurso de apelación contra cualquier medida cautelar de carácter personal, el mismo debe ser tramitado ante el Tribunal de alzada, el que deberá señalar la audiencia dentro del plazo previsto por ley; sin embargo, ante la observación efectuada por la Vocal hoy accionada, los antecedentes fueron devueltos al Juzgado de origen para su subsanación, aspecto que debió ser analizado con anterioridad al señalamiento de audiencia; es decir, de manera previa a que el Tribunal de alzada efectúe la radicatoria correspondiente y señale audiencia; puesto que, tenía la obligación de hacer un control de todas las formalidades, teniendo en cuenta que el art. 113 -se entiende del Código de Procedimiento Penal- modificado por la Ley 1173, es claro y taxativo con relación a la celebración de audiencias en materia penal. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó que se aclare: a) Con relación al plazo razonable tomando en consideración que se encontrarían ante la situación y peligro de una detención preventiva ilícita, dispuesta por el Juez de la causa; se determine cuál es el plazo razonable de acuerdo a la determinación asumida, para evitar la existencia de vacío en la determinación para su ejecución por parte de la Vocal hoy accionada; b) Si el Juez de primera instancia, quien tendría en su poder el legajo de apelación, es quien debería remitir el mismo a la Vocal ahora accionada o a la Sala Penal de Turno; c) Si la disposición de que se considere su recurso de apelación tendría que ser tramitada por la Vocal hoy accionada en su vacación o podría ser resuelta por la Sala Penal Cuarta; y, d) Solicitó se notifique al Juez de la causa para que remita el legajo de apelación formulado contra el Auto Interlocutorio 324/2021, en el plazo que disponga, para su ejecución ante la autoridad que corresponda. En mérito a esa solicitud el Tribunal de garantías determinó con lugar la solicitud de complementación y enmienda, señalando que debía ser en el plazo establecido en el procedimiento, una vez que la causa sea remitida a dicha instancia; y, con relación a la solicitud de notificación al Juzgado de origen, debía ser el accionante quien promueva la misma.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 138/2021 de 27 de agosto, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Juana Mamani contra Omar Mamani Mamani -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de robo, robo agravado y concusión, mediante el cual dispuso la cesación de la detención preventiva del accionante, disponiendo las siguientes medidas cautelares de carácter personal: 1) La detención domiciliaria sin salida laboral, “…domicilio que debe ser verificado por secretaria o apoyo judicial el mismo debe de realizar la verificación del domicilio…” (sic) debiéndose levantar placas fotográficas y efectuar un croquis; 2) El arraigo, debiéndose emitir el correspondiente oficio a la Dirección de Migraciones; 3) La obligación de presentarse ante el Ministerio Público a objeto de registrar su huella digital en el biométrico todos los lunes sin necesidad de custodio u oficio de salida oficial; 4) La prohibición de acercarse a la víctima; 5) Una fianza de cuatro garantes solventes a efectos de que en caso de fuga puedan depositar la suma de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), por su captura y procesamiento correspondiente; y, 6) La prohibición de concurrir al lugar donde sucedió el hecho en el que fue aprehendido. Advirtiendo al accionante que, en caso de incumplimiento a cualquiera de las medidas dispuestas, esas podrían ser revocadas aún de oficio conforme a lo establecido por el art. 250 del CPP (fs. 13 a 14). II.2. Mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2021, dirigido al Juez de la causa, el accionante solicitó la modificación de la medida cautelar impuesta a través del Auto Interlocutorio 138/2021 (fs. 15). II.3. Cursa Auto Interlocutorio 324/2021 de 23 de noviembre, emitida por el Juez de primera instancia, mediante el cual rechazó la modificación de medidas cautelares solicitada por el accionante, y en aplicación a lo dispuesto por el art. 247 del CPP, en virtud al incumplimiento del “…num. 1 de la resolución…” (sic) que dispuso la cesación de la detención preventiva, determinó la revocatoria de las medidas cautelares, y en consecuencia, la detención preventiva del nombrado, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por el plazo de dos meses, señalándose audiencia para resolver su situación jurídica el 24 de enero de 2022, a las 9:30 horas, disponiendo además que el cómputo para el cumplimiento de la detención preventiva se efectuaría desde el ingreso del accionante al señalado Centro Penitenciario, debiendo ser ejecutada por el “…MP por el investigador asignado…” (sic [fs. 17 y vta.]); de esa manera, en audiencia el abogado del accionante formuló recurso de apelación, la cual fue concedida ordenando que por Secretaría se remitan antecedentes ante el Tribunal de alzada (fs. 18 y vta.). II.4. Cursa decreto de 3 de diciembre de 2021, emitido por el “Secretario” de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del cual se señaló audiencia de consideración de recurso de apelación para el 6 de ese mes y año a las 8:30 horas, a celebrarse de manera virtual por el Sistema de audiencias virtuales Cisco Webex (fs. 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad, a la defensa, a la impugnación; a la libertad y a la “seguridad jurídica”; puesto que, la Vocal ahora accionada no resolvió su recurso de apelación, a pesar de que señaló fecha de audiencia para su celebración; empero, instalando la misma la suspendió observando que no se ejecutó el mandamiento de detención preventiva emitido contra su persona, ordenando la devolución de obrados al Juzgado de origen para el cumplimiento del Auto Interlocutorio 324/2021 de 23 de noviembre. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas fueron añadidas).

III.2. La apelación incidental de medidas cautelares

El art. 251 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece: “(APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son nuestras).

A partir del artículo citado, se tiene que cualquiera de las partes procesales que no esté de acuerdo con una resolución de medida cautelar emitida o considere que la misma vulnera sus derechos, puede formular recurso de apelación para que la misma sea revisada por un Tribunal de alzada, existiendo plazos procesales para dicho efecto.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad, a la defensa, a la impugnación; a la libertad y a la “seguridad jurídica”; puesto que, la Vocal ahora accionada no resolvió su recurso de apelación, a pesar de que señaló fecha de audiencia para su celebración; empero, instalando la misma la suspendió observando que no se ejecutó el mandamiento de detención preventiva emitido contra su persona, ordenando la devolución de obrados al Juzgado de origen para el cumplimiento del Auto Interlocutorio 324/2021 de 23 de noviembre. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, consta el Auto Interlocutorio 138/2021 de 27 de agosto, emitido por el Juez de la causa, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Juana Mamani contra el accionante y otros, por la presunta comisión de los delitos de robo, robo agravado y concusión, mediante el cual dispuso la cesación de la detención preventiva del nombrado, disponiendo las siguientes medidas cautelares de carácter personal: i) La detención domiciliaria sin salida laboral, “…domicilio que debe ser verificado por secretaria o apoyo judicial el mismo debe de realizar la verificación del domicilio…” (sic) debiéndose levantar placas fotográficas y efectuar un croquis; ii) El arraigo, debiéndose emitir el correspondiente oficio a la Dirección de Migraciones; iii) La obligación de presentarse ante el Ministerio Público a objeto de registrar su huella digital en el biométrico todos los lunes sin necesidad de custodio u oficio de salida oficial; iv) La prohibición de acercarse a la víctima; v) Una fianza de cuatro garantes solventes a efectos de que en caso de fuga puedan depositar la suma de Bs5 000.-, por su captura y procesamiento correspondiente; y, vi) La prohibición de concurrir al lugar donde sucedió el hecho en el que fue aprehendido. Advirtiendo al accionante que, en caso de incumplimiento a cualquiera de las medidas dispuestas, esas podrían ser revocadas aún de oficio conforme a lo establecido por el art. 250 del CPP (Conclusión II.1.). Posteriormente, por memorial presentado el 29 de octubre de 2021, dirigido al Juez de la causa, el accionante solicitó la modificación de la medida cautelar impuesta a través del citado Auto Interlocutorio (Conclusión II.2.). En ese sentido, mediante Auto Interlocutorio 324/2021 de 23 de noviembre, el Juez de primera instancia, rechazó la modificación de medidas cautelares solicitada por el accionante, y en aplicación a lo dispuesto por el art. 247 del CPP, en virtud al incumplimiento del “…num. 1 de la resolución…” (sic) disponiendo la cesación de la detención preventiva, la revocatoria de las medidas cautelares, y en consecuencia, la detención preventiva del nombrado, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por el plazo de dos meses, señalándose audiencia para resolver su situación jurídica el 24 de enero de 2022, a las 9:30 horas, disponiendo además que el cómputo para el cumplimiento de la detención preventiva se efectuaría desde el ingreso del accionante al señalado Centro Penitenciario, debiendo ser ejecutada por el “…MP por el investigador asignado…” (sic); de esa manera, en audiencia el abogado del accionante formuló recurso de apelación, la cual fue concedida ordenando que por Secretaria se remitan antecedentes ante el Tribunal de alzada (Conclusión II.3.).

Finalmente, por decreto de 3 de diciembre de 2021, emitido por el “Secretario” de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se señaló audiencia de consideración de recurso de apelación para el 6 de ese mes y año a las 8:30 horas, a celebrarse de manera virtual por el Sistema de audiencias virtuales Cisco Webex (Conclusión II.4.). En ese contexto, ingresando a la problemática planteada, conforme se tiene de los antecedentes precedentemente citados, ante la formulación del recurso de apelación efectuada por el accionante contra la el Auto Interlocutorio 324/2021, el Juez de la causa remitió el mismo al Tribunal de alzada para su revisión; por lo que, el “Secretario” de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante decreto de 3 de diciembre de 2021, señaló audiencia de consideración de su recurso de apelación para el 6 de ese mes y año a las 8:30 horas, a celebrarse a través del Sistema de audiencias virtuales Cisco Webex; audiencia que según lo referido por el accionante y corroborado por lo manifestado por el señalado Secretario en audiencia ante el Tribunal de garantías, fue suspendida por la Vocal hoy accionada, debido a que observó la falta de ejecución del mandamiento de detención preventiva emitido contra el accionante a través del Auto Interlocutorio 324/2021 -apelado-, por lo que ordenó que se devuelva el legajo de apelación ante el Juzgado de origen con ese fin. En ese sentido, la Vocal ahora accionada al disponer la suspensión de la audiencia de consideración del recurso de apelación interpuesto por el accionante, no consideró lo previsto por el art. 251 del CPP, citado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, que establece que la Sala Penal que conozca un recurso de apelación incidental de una Resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar debe resolverlo, bajo responsabilidad y sin más trámite en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibido el legajo del recurso de apelación correspondiente, por lo cual en el presente caso, al tratarse de la impugnación de un Auto Interlocutorio que dispuso la revocatoria de las medidas cautelares dispuestas y determinó la detención preventiva del nombrado, la Vocal hoy accionada no debió optar por la suspensión de ese actuado procesal y menos por la devolución de los antecedentes remitidos al Juez de primera instancia, ordenando el cumplimiento del Auto Interlocutorio 324/2021 -apelado-, cuando la audiencia fue instalada con ese fin, encontrándose virtualmente presentes las partes procesales -víctima e imputado-, por lo que debió considerar y resolver dicho recurso. De esa manera, conforme a lo señalado precedentemente, la Vocal ahora accionada actuó de manera negligente, vulnerando el derecho a la libertad del accionante vinculado al debido proceso en sus elementos de celeridad, a la defensa e impugnación; es así que, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad de traslativa o de pronto despacho -Fundamento Jurídico III.1.-, más aun si se considera que toda autoridad judicial tiene el deber de tramitar cualquier asunto vinculado a la libertad de las personas con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos establecidos por la normativa o en un plazo razonable, un actuar contrario implica una dilación injustificada que vulnera directamente la libertad de las personas, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración a la “seguridad jurídica”, cabe aclarar al accionante que el mismo se halla consignado como un principio constitucional por el art. 178 de la CPE, consiguientemente, no puede ser tutelado mediante la acción de libertad de manera independiente, debiéndose considerar que de acuerdo al art. 128 de la mencionada Norma Suprema, la misma tutela derechos y garantías constitucionales.

III.4. Otras consideraciones

Conforme se tiene a partir de la representación efectuada por el Gestor de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante a fs. 46, se tiene que el Auto de admisión de la acción de libertad objeto de autos y su consiguiente señalamiento de audiencia fue remitido el 7 de diciembre de 2021, a las 12:48 horas a esa dependencia; es decir, 12 minutos antes del inicio de la audiencia que se fijó para la referida fecha a las 13:00 horas; y que a pesar de ello, enviaron la misma vía WhatsApp al número de celular 76759649 para cumplir con la citación a la Vocal ahora accionada; empero, la misma no fue visualizada; así como también no le contestaron las llamadas realizadas a dicho número de celular.

Ahora bien, de la revisión del acta de audiencia de consideración de la acción de libertad (fs. 47 a 49 vta.) se advierte que se puso en conocimiento del Tribunal de garantías la representación emitida por el Gestor de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; empero, dicho Tribunal advirtiendo los extremos señalados en la citada representación, no los consideró, al contrario prosiguió con la celebración de la audiencia, teniendo por cumplida la citación a la Vocal hoy accionada, cuando no existía constancia de que las diligencias efectuadas cumplieron con su finalidad; es decir, que la Vocal ahora accionada tenga conocimiento de la acción tutelar formulada contra su persona, apartándose de lo establecido por los arts. 126.I de la CPE y 49.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Sin embargo, de lo mencionado, conforme se tiene del acta de audiencia de consideración de la acción de libertad, mientras se celebraba la misma, justamente cuando debía intervenir la Vocal ahora accionada para emitir su informe, hizo uso de la palabra el “SECRETARIO DE LA SALA PENAL SEGUNDA” (sic), quien informó al Tribunal de garantías respecto a los motivos que originaron la presentación de la acción tutelar contra la Vocal hoy accionada que según señaló se encontraba en ese momento gozando de su vacación. En ese sentido, la intervención oportuna del mencionado Secretario de alguna manera coadyuvó a que la acción tutelar sea resuelta; puesto que, de no efectuarla correspondía anular obrados, ordenando la citación de Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la acción de libertad formulada contra su persona, justamente precautelando su derecho a la defensa, dejando sin efecto la Resolución 23/2021 objeto de revisión; empero, -se reitera- al acudir el señalado Secretario presentando el informe correspondiente, por razones de economía procesal, corresponde emitir el presente fallo constitucional. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obro de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de celeridad, a la defensa y a la impugnación, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho a la “seguridad jurídica”. 3° EXHORTAR al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, que en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento otorgue el trámite procesal correspondiente de manera diligente, así como también observe el cumplimiento de la normativa citada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0300_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): ec8d654eff9b22ad7be2dcb985d50ebba724673bd9b493ad28d06a6fda91d44c

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