Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la petición; alegando que, por Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-05/0116/2021 de 1 de febrero, ingresó como Técnico de Puesto de Control Fronterizo ACI dependiente de la Jefatura Departamental del SENASAG Tarija, habiendo obtenido dos contratos modificatorios posteriores, puso en conocimiento al Jefe Departamental demandado que tiene a su madre con un 52% de discapacidad y que además la misma es adulto mayor; solicitando se pueda aplicar un criterio de preferencia en la próxima realización de un contrato modificatorio; no obstante, contrario a obtener tal beneficio fue removida de su puesto por Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/DTJA/00193/2021 de 30 de septiembre de 2021, ante el cumplimiento de los términos del último acuerdo laboral con dicha entidad; lo que, le genera un detrimento en el ejercicio de los citados derechos, viéndose desprovista de una fuente de ingresos para su sustento y la manutención de su progenitora. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 112 a 115, pronunciada por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, ante la lesión de los derechos de la accionante al trabajo y a la estabilidad laboral, por su condición de tutora de su madre adulto mayor con 52 % de discapacidad disponiendo dejar sin efecto la Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/DTJA/00193/2021 de 30 de septiembre, y que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria y su representación Departamental de Tarija, dispongan los ajustes necesarios y apliquen la contratación preferente establecida por el art. 4 del Decreto Supremo 27477 de 6 de mayo de 2004, modificado por el Decreto Supremo 29608 de 18 de junio de 2008, con el objeto de efectuar la recontratación de la impetrante de tutela, con el mismo nivel salarial, garantizando su inamovilidad laboral, sea en el plazo de diez días a partir de la notificación con el presente fallo constitucional; salvo que por el transcurso del tiempo, aquello ya hubiese ocurrido; y, 2º DENEGAR la tutela respecto al derecho a la petición y los salarios devengados.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2023-S2 Sucre, 8 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 47051-2022-95-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 01/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 112 a 115, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lucy Marlene Zutara Vega contra Michael Lazaro Choque Molina, Jefe Departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) Tarija.
Por memoriales presentados el 25 y 29 de marzo de 2022, cursantes de fs. 78 a 83 y 85, la accionante señaló que:
Por Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-05/0116/2021 de 1 de febrero, ingresó a trabajar a la Dirección Departamental SENASAG Tarija, en el cargo Técnico Puesto de Control Fronterizo ACI de la ciudad de Bermejo del aludido departamento; posterior a ello, firmó el contrato modificatorio 01 de 30 de abril del mismo año, con vigencia hasta el 31 de julio del indicado año. El 22 del referido mes y año, presentó una nota dirigida a Michael Lázaro Choque Molina, Jefe Departamental SENASAG Tarija -demandado-, a quien hizo conocer que tenía bajo su cuidado a su madre soltera quien está afectada con un 52% de discapacidad, conforme el Carnet de Discapacidad 139525, solicitando estabilidad laboral y que se le dé preferencia a fin de optar a un contrato modificatorio, pretensión que no mereció respuesta alguna; por lo que, acudió ante la Jefatura Regional de Trabajo Bermejo, instancia que expresó no tener competencia y que debía consultar con el prenombrado a efectos de suscribir un nuevo contrato.
La autoridad demandada sin brindar respuesta a la indicada solicitud, recomendó efectuar el contrato administrativo modificatorio 2 de 30 de julio del citado año; posteriormente, fue notificada el 1 de octubre del señalado año, con la Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/JDTJ/DTJA/00193/2021 de 30 de septiembre, disponiéndose la conclusión del contrato expresando gratitud por el trabajo realizado e instruyéndole entregar la documentación pertinente a Recursos Humanos (RR. HH.)
Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la petición, citando al efecto los arts. 24 y 46.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto la Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/JDTJ/DTJA/00193/2021; y, b) La reincorporación al cargo de Técnico Puesto de Control Fronterizo ACI, en la ciudad de Bermejo del departamento de Tarija, manteniendo el mismo sueldo, además de ordenar el pago de salarios devengados desde el 1 de octubre de 2021 “a la actualidad”.
Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de abril de 2022, según consta en acta cursante a fs. 111 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos contenidos en el memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolos señaló que: 1) Al interrumpir su relación laboral, se inobservó los alcances de la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, concerniente a grupos vulnerables específicamente personas con discapacidad y la SCP 282/2013 de 13 de marzo, en relación a la preferencia de contrato a personas de la tercera edad; 2) Presentó el carnet de discapacidad de su madre durante el tiempo que trabajó en el SENASAG Tarija; 3) Pese a que el: “…contrato ha sido firmado por el Jefe Nacional también tengo un memorándum de hacerme cargo del combustible y todo eso pero a mi quien me dio el despido fue el Ing. Michael Choque con su comunicación interna …” (sic); y, 4) Toda la documentación adjunta se acreditó que su madre está bajo dependencia, cubriendo la medicación que requiere con el trabajo que realiza, así se tiene de: “…un informe del personal del adulto mayor…” (sic).
Michael Lázaro Choque Molina, Jefe Departamental del SENASAG Tarija, se apersonó mediante memorial cursante a fs. 110 y vta. y en audiencia de garantías ratificó todo lo manifestado por la abogada de su entidad quien asistió en representación del Director General Ejecutivo del SENASAG.
Javier Ernesto Suarez Hurtado, Director General Ejecutivo del SENASAG en audiencia de garantías, a través de su representante sostuvo que: i) Existe falta de legitimación pasiva del Jefe Departamental demandado; toda vez que, no tendría atribuciones para contratar o despedir personal, las mismas le corresponderían al Director General Ejecutivo de la citada entidad, conforme a la estructura prevista por el art. 14 de la Ley 830 de 6 de septiembre de 2016, y los arts. 9 y 10.j del Decreto Supremo (DS) 25729 de 7 de abril de 2000; ii) La institución que representa suscribió contrato administrativo de personal eventual, con dos ampliaciones suscritos por el Director General Ejecutivo y no por la Jefatura Departamental del SENASAG Tarija; iii) Las fechas de la presentación de la nota que puso en conocimiento la discapacidad de su madre -18 de junio de 2021- y la Sentencia que la declaró tutora -22 de febrero de 2022-evidenciaron que al momento de la solicitud, la accionante no acreditó su condición de tutora de una persona mayor de dieciocho años de edad con discapacidad, y menos se dio cumplimiento a lo dispuesto por el DS 28521 de 16 de diciembre de 2005; iv) La nota de 30 de septiembre de 2021, no podría ser interpretada como una carta de desvinculación; puesto que, tendría por fin la entrega de la documentación a su cargo, y no sería coherente que se la interprete como el hecho que ocasionó la lesión de derechos; v) Los contratos administrativos de personal eventual en los cuales las partes tuvieron conocimiento pleno de la vigencia de los mismos; no se encontraban amparados por la Ley General del Trabajo; y, vi) No fue evidente que existiera silencio administrativo; dado que, hizo conocer a la impetrante de tutela, de la falta de varios documentos; por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela y el pago de salarios devengados.
El Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, mediante Resolución 01/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 112 a 115, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) No se cuestionó la existencia del contrato administrativo de personal eventual y sus dos contratos modificatorios; así como, la discapacidad de la madre de la solicitante de tutela; 2) En cuanto a la legitimación pasiva; si bien, la autoridad demandada no fue quién suscribió los contratos; sin embargo, si fue la persona que mediante Comunicación Interna desvinculó a la prenombrada; 3) Al momento de emitirse la referida directriz la accionante no hubiera dado cumplimiento a las condiciones requeridas por la normativa aplicable para considerar la inamovilidad laboral menos cumplió con lo establecido en el DS 28521; puesto que, no se demostró que se trataba de una discapacidad permanente; y, 4) Consideró que las tareas encomendadas en los contratos no eran tareas permanentes o propias del SENASAG Tarija, y además de que “…el espacio o cargo que ocupaba la accionante no fue generado para persona con discapacidad y/o que tenga bajo su cuidado a las mismas…” (sic).
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Carnet de Discapacidad 139525, a favor de Adelaida Vega Cruz, vigente del 17 de julio de 2019 al 17 de julio de 2023, con discapacidad física y deficiencia “viceral” con un porcentaje del 52% (fs. 47). II.2. Cursa Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-05/0116/2021 de 1 de febrero, suscrito entre el Director General Ejecutivo del SENASAG y Lucy Marlene Zutara Vega -accionante-, cuyo objeto era establecer términos y condiciones para que la prenombrada desempeñe funciones como Técnico de Puesto de Control Fronterizo ACI (fs. 63 a 70). II.3. Consta Contrato Modificatorio 01 al Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-05/0116/2021 de 30 de abril, suscrito por el aludido Director y la impetrante de tutela, con el objeto de modificar el plazo de vigencia del Contrato y la remuneración, ratificándose las demás clausulas. Con relación a la vigencia del contrato se fijó hasta el 31 de julio de 2021 estableciendo “…sin lugar alguno a tacita reconducción, ni notificación de culminación del contrato” (sic [fs. 74 a 76]). II.4. Por nota recibida el 22 de julio de 2021, dirigida al Director General Ejecutivo del SENASAG y Michael Lázaro Choque Molina, Jefe Departamental del SENASAG Tarija, la peticionante de tutela solicitó en el marco de la norma referente a las personas con discapacidad prioridad en la contratación (fs. 27 a 28). II.5. Mediante Contrato Modificatorio 02 al Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-05/0116/2021 de 30 de julio, suscrito por el aludido Director General Ejecutivo y la solicitante de tutela, tiene por objeto principal modificar el plazo de vigencia del contrato y la remuneración, ratificándose las demás clausulas. Con relación a la vigencia del Contrato se estableció desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre del mismo año, determinando “…sin lugar alguno a tacita reconducción, ni notificación de culminación del contrato” (sic [fs. 71 a 73]).
II.6. Cursa Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/DTJA/00193/2021 de 30 de septiembre, por la que el demandado, de conformidad al Contrato Modificatorio 02 al Contrato Administrativo de Personal Eventual “SENASAG/TJ-06/0116/2021” de 30 de julio, le comunicó a la accionante, la conclusión de su contrato, así que a tiempo de expresarle su gratitud, le solicitó que proceda a la entrega de activos y otras indicaciones (fs. 25). II.7. Consta nota presentada el 5 de octubre de 2021, suscrita por la impetrante de tutela dirigida al Director General Ejecutivo y al Jefe Departamental demandado, por la que reclamó respuesta a su nota de 22 de junio de ese año y volvió a poner a su conocimiento, la discapacidad de su madre, como la falta de respuesta en atención a ello (fs. 26).
La accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la petición; alegando que, por Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-05/0116/2021 de 1 de febrero, ingresó como Técnico de Puesto de Control Fronterizo ACI dependiente de la Jefatura Departamental del SENASAG Tarija, habiendo obtenido dos contratos modificatorios posteriores, puso en conocimiento al Jefe Departamental demandado que tiene a su madre con un 52% de discapacidad y que además la misma es adulto mayor; solicitando se pueda aplicar un criterio de preferencia en la próxima realización de un contrato modificatorio; no obstante, contrario a obtener tal beneficio fue removida de su puesto por Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/DTJA/00193/2021 de 30 de septiembre de 2021, ante el cumplimiento de los términos del último acuerdo laboral con dicha entidad; lo que, le genera un detrimento en el ejercicio de los citados derechos, viéndose desprovista de una fuente de ingresos para su sustento y la manutención de su progenitora. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0296/2020-S4 de 27 de julio, sostuvo que: «El art. 70 de la CPE contiene los derechos fundamentales reconocidos a las personas con discapacidad, entre los que se encuentra regulado y garantizando su derecho al trabajo exento de toda forma de discriminación, así como a recibir la protección prioritaria de sus familias y el Estado; por otra parte, la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD) -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, que tiene por objeto garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral; en su art. 34.II prevé que: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido”. Por su parte, el art. 2.II del DS 29608 de 18 de junio de 2008, modificando el art. 5 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, sobre la inamovilidad laboral de las personas con capacidades diferentes precisó que: “I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozaran de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. II. La inamovilidad anteriormente dispuesta beneficiara a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, y solo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de dieciocho (18) años, situación que deberá ser debidamente acreditada, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes de conformidad al Decreto Supremo N° 28521”. En este marco, la SCP 0614/2012 de 23 de julio, estableció: “…teniendo presente que en el nuevo modelo constitucional, los derechos fundamentales, son directamente aplicables por previsión del art. 109.I de la CPE, las personas con capacidades diferentes, gozan de una protección especial y/o prioritaria en el resguardo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Es así, que en el catálogo relativo a los derechos sociales y económicos se establece un trato prioritario a las ‘personas discapacitadas’, con la finalidad de lograr su desarrollo óptimo, al prescribir en el art. 70 de la CPE: (…) Mandato constitucional, que reconoce a las personas con capacidades diferentes el derecho a ser protegidos, primero por su familia y segundo por el Estado, con la finalidad de evitar toda forma de discriminación sea al interior de su núcleo familiar o por el Estado a través de sus distintas reparticiones. En ese sentido, obliga al Estado a garantizar la efectiva materialización de sus derechos fundamentales a través de prestaciones y/o condiciones que le permitan su desarrollo eficaz en un marco de igualdad (art. 71 de la CPE). Con relación al derecho al trabajo, el texto constitucional es imperativo al establecer que las personas con capacidades diferentes gozan del derecho fundamental al trabajo en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, subrayando que a cambio recibirán una remuneración justa que asegure para sí y su familia una vida digna, que implica la satisfacción de sus necesidades básicas…”.
Por su parte la SC 1782/2011-R de 7 de noviembre, respecto a la inamovilidad laboral de la persona discapacitada así como del trabajador que tiene bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, preciso que: “...el espíritu de la normativa que reglamenta y resguarda la estabilidad laboral de las personas con discapacidad, como de los trabajadores que tengan bajo su dependencia a individuos que padezcan esa condición, estableciendo la preferencia laboral en razón a la protección de bienes jurídicos supremos; tenor que se plasma en la jurisprudencia constitucional que, recogiendo lo previsto también en normas internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, destacó la igualdad de la que gozan todos los seres humanos sin distinción, enfatizando que respecto a las personas discapacitadas, implica el trato diferenciado que viabilice el acceso a los beneficios dispuestos a favor de todo individuo para que goce de una vida digna. De acuerdo a las características del caso concreto, corresponde insistir que se tiene estipulado que el derecho fundamental a la inamovilidad funcionaria de personas que tengan bajo su dependencia individuos con discapacidad -en primer grado en línea directa y hasta el segundo grado en línea colateral-, importa una protección constitucional reforzada para obtener y conservar una fuente de trabajo, a modo de prever una eventual ruptura de la relación laboral que afecte al discapacitado en los beneficios que le asisten. En ese entendido, siguiendo lo dispuesto por la Ley de Persona con Discapacidad, concordante con los arts. 9 incs. c) y f) del DS 24807 de 4 de agosto de 1997 y 3 y 5 del DS 27477, se prescribe la inamovilidad laboral tanto para ‘Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado (…) excepto por las causales establecidas por Ley’, como para ‘Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta 2º (segundo grado) en línea colateral (…) en los términos establecidos en el parágrafo precedente’ (art. 5 del DS 27447)”. En armonía con dicho entendimiento, la SCP 1776/2012 de 1 de octubre, estableció que: “…el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad, señala: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido’ (...). Por lo mencionado, se llega al convencimiento de que las personas con capacidades diferentes: 1) Tienen derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; 2) Los que prestan servicios en una institución pública o entidad privada, no pueden ser removidos de sus funciones, siendo extensible a aquellas que tengan bajo su cuidado y dependencia personas con capacidades diferentes, salvo que concurran las causales establecidas en la ley; y, 3) Si la relación de trabajo concluye por el vencimiento del plazo para el que fue contratado, el empleador está obligado a mantener el vínculo laboral bajo otra modalidad o función, pero sin afectar su escala salarial y dignidad”. Sobre la prescindencia del principio de subsidiariedad respecto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, la SC 0771/2011-R de 20 de mayo, citando a la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, precisó: “…en el marco de la Ley de la Persona con Discapacidad y del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, moduló la línea jurisprudencial respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, al señalar que el Tribunal Constitucional: ‘…abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’”. Consiguientemente, a partir de lo desarrollado y la inamovilidad laboral reconocida a las personas discapacitados y a quien tenga bajo su dependencia una persona con capacidades diferentes, se debe precisar que la referida garantía, genera en el empleador ya sea privado o público, la obligación de no incurrir en medidas que de alguna forma limiten el ejercicio de los derechos a este grupo de atención prioritaria, entre ellos los de procurar la estabilidad laboral del trabajador, cuya vulneración pueda derivar en la lesión al ejercicio de los derechos de la persona dependiente con capacidades diferentes y que tengan afectación en la posibilidad de procurar su asistencia y manutención, en tal entendido, se debe prever que no exista afectación del nivel salarial, dado que la estabilidad del salario tiene la finalidad de garantizar el sustento del entorno familiar del trabajador y por ende de su dependiente con capacidades diferentes, tampoco se debe cambiar las condiciones de trabajo al extremo que estas deben ser dignas y justas, y no significar un mayor esfuerzo con una menor compensación o una disminución en las horas de descanso que puedan afectar al entorno familiar» (resaltado añadido).
La SCP 0173/2023-S3 de 5 de abril, señaló que: “De acuerdo a la Constitución Política del Estado, todo ser humano tiene personalidad y capacidad con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por la Norma Suprema, sin distinción alguna. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada, entre otros, en razón de discapacidad u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. En consecuencia, el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en dicha Constitución Política del Estado, las leyes y los tratados internacionales de Derechos Humanos (art. 14.I, II y III). En la misma línea, la Constitución Política del Estado a partir del art. 15 reconoce a toda persona, derechos fundamentales cuyo contenido normativo se encuentra desarrollado de manera detallada, poniendo énfasis en los derechos correspondientes a determinados grupos poblacionales que por sus diferentes circunstancias necesitan de la protección reforzada del Estado con la finalidad de lograr el efectivo reconocimiento del valor, principio y garantía a la igualdad reconocido por los arts. 8.II, 14.II y 119.I de la Norma Suprema. En el ámbito de protección internacional de los Derechos Humanos, el Estado boliviano, ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo elaborado y emitido por las Naciones Unidas el 2006, a través de la Ley 4024 de 15 de abril de 2009. En el contenido de esa Convención, se reconoce el enfoque de Derechos Humanos de la discapacidad. En su Preámbulo inc. c) se expone de forma clara al reafirmar ʽ…la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminaciónʼ; al reconocer en el inc. e) ʽ…que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demásʼ; igualmente, cuando en el inc. k) observa ʽ…con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundoʼ; cuando reconoce en el inc. m) ʽ…el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobrezaʼ; a tiempo de reconocer en el inc. n) la importancia ʽ…que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisionesʼ; y, ʽ…de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentalesʼ (inc. v). En ese sentido, es evidente que el enfoque de Derechos Humanos concibe a la persona con discapacidad como sujeto titular de derechos fundamentales, resultando la discapacidad no solamente consecuencia de la enfermedad o condición psicomotriz -enfoque médico-, sino de la relación del individuo con su medio, en donde su funcionalidad está directamente relacionada con los ajustes aplicados al entorno donde desarrolla sus actividades -enfoque social-; en consecuencia, la discapacidad deja de ser una situación o circunstancia inherente solamente a la persona para convertirse en un problema de la sociedad, por cuanto el medio puede ocasionar la imposición de barreras que le impidan el ejercicio pleno y material de sus derechos o, en su caso, aceptarla y proporcionarle los ajustes para que pueda desenvolverse funcionalmente dentro de su medio físico y social; lo que le permitirá obtener una mejor calidad de vida, vivir con dignidad, autonomía e independencia individual y ejercer sus derechos y libertades. Siguiendo en la misma línea de razonamiento, es necesario tener presente que, la Constitución Política del Estado en su Preámbulo reconoce que el Estado boliviano está ʽ…basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todosʼ; por ende, en coherencia con el enfoque de Derechos Humanos de personas con discapacidad, y efectuando una interpretación sistemática de la Norma Suprema, es posible concluir que, las personas con discapacidad son titulares de los derechos descritos en las normas precedentes -atribuidos a toda persona-; y, de forma reforzada se les garantiza el ejercicio de los siguientes derechos: ʽ1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individualesʼ (art. 70 de la CPE).
Asimismo, en la Norma Suprema se prohíbe y sanciona ʽ…cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidadʼ; obligándose el Estado a adoptar ʽ…medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación algunaʼ; para lo cual ʽ…generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidadʼ; garantizándoles ʽ…los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la leyʼ (arts. 71 y 72 de la CPE )” (énfasis y subrayado corresponden al texto original).
La SCP 0173/2023-S3 de 5 de abril, sostuvo que: “En observancia del enfoque de derechos humanos, el Estado debe asumir las medidas administrativas, reglamentarias, legislativas, y de política pública con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y garantías de las personas con discapacidad, lo que implica en los hechos su efectiva integración en los ámbitos productivo, económico, político, social y cultural sin discriminación alguna. En ese marco de razonamiento, también es necesario que a los familiares de las personas con discapacidad que se encargan de su cuidado, por las limitaciones cognoscitivas y motoras que padecen, se les brinde condiciones de vida digna a fin de afrontar los cuidados especiales que necesitan sus dependientes con discapacidad, configuradas en medidas positivas encaminadas a garantizar su igualdad material. Dicho nivel de protección se estableció respecto al derecho a la inamovilidad laboral, a través de la SCP 0697/2022-S2 de 4 de julio que estableció el siguiente razonamiento: ʽ…la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril[6], tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a leyʼ. Similar razonamiento asumió la SCP 0682/2022-S3 de 27 de junio, en la que si bien se denegó la tutela solicitada respecto del derecho al trabajo se exhortó a la parte accionada -en su calidad de institución pública-considerar la normativa constitucional, convencional e interna respecto al derecho al trabajo de las personas con discapacidad y sus familiares, asumiendo la siguiente postulación: ʽ…conforme a la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, todas las instituciones del sector público y personas naturales o jurídicas del Estado antes descrita, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge o tutores que se encuentren a cargo de personas con discapacidad menores a 18 años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al 4% de su personal, pudiendo hacerlo inclusive mediante invitación directa, de lo cual se establece que dicho precepto legal, no constituye solamente una protección constitucional reforzada para obtener y/o conservar una fuente de trabajo en beneficio de ese sector vulnerable de la sociedad y en los beneficios que le asisten, sino también es una obligación de las entidades del sector público de contar y presentar a la entidad laboral respectiva sus planillas de personal incluido el porcentaje de trabajadores con capacidades especiales y/o progenitores que se encuentren a cargo de esos, en la cantidad y requisitos indicadosʼ” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
Conforme consta de los antecedentes, se advierte que Adelaida Vega Cruz, madre de la accionante cuenta con Carnet de Discapacidad 139525 con vigencia del 17 de julio de 2019 al 17 de julio de 2023, con discapacidad física y deficiencia “viceral” con un porcentaje del 52% (Conclusión II.1); por otro lado, cursa Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-05/0116/2021 de 1 de febrero, suscrito entre el Director General Ejecutivo del SENASAG y la peticionante de tutela, cuyo objeto era establecer términos y condiciones para que la prenombrada desempeñe funciones como Técnico de Puesto de Control Fronterizo ACI (Conclusión II.2); asimismo, consta Contrato Modificatorio 01 al Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-05/0116/2021 de 30 de abril, suscrito por el citado Director General Ejecutivo y la impetrante de tutela, cuya premisa era modificar el plazo de vigencia del acuerdo laboral y la remuneración, ratificándose las demás clausulas no modificadas (Conclusión II.3); por nota recibida el 22 de julio del indicado año, la peticionante de tutela solicitó al Director General Ejecutivo y al Jefe Departamental demandado que en el marco de la norma referente a las personas con discapacidad se dé prioridad en su contratación (Conclusión II.4); mediante Contrato Modificatorio 02 al Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/TJ-05/0116/2021 de 30 de julio, suscrito por el aludido Director General Ejecutivo y la solicitante de tutela, se definió de nuevo el plazo de vigencia del indicado Contrato y la remuneración, ratificándose las demás clausulas. Con relación a la vigencia del mismo se modificó desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre del 2021 (Conclusión II.5); por otra parte cursa la Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/DTJA/00193/2021, por la que el Jefe Departamental demandado, de conformidad al mencionado Contrato Modificatorio 02 comunicó a la accionante, la conclusión del término para brindar sus servicios, así que a tiempo de expresarle su gratitud le solicitó que proceda a la entrega de activos y otras indicaciones (Conclusión II.6); y finalmente a través del escrito presentado el 5 de octubre del merituado año, la impetrante de tutela reclamó la falta de respuesta a su anterior nota y volvió a poner a conocimiento de los aludidos la discapacidad de su progenitora (Conclusión II.7). Resulta necesario observar los alcances del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en relación a la prescindencia del principio de subsidiariedad, respecto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad; siendo que, la accionante manifiesta tener bajo su cuidado a su progenitora, quien conforme el Carnet de discapacidad 139525 con vigencia hasta el 17 de julio de 2023, tiene un porcentaje de discapacidad del 52%, por lo que, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática traída en revisión, la cual versa en relación a que la prenombrada, pese a poner en conocimiento que tiene bajo su tuición a su madre, el Jefe Departamental demandado no consideró tal situación; contrariamente, dispuso el cese de su relación laboral mediante Comunicación Interna de SENASAG/CI/TJA/DTJA/00193/2021, generando de esa forma lesión a sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la petición. Ahora bien, de lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a partir del enfoque de Derechos Humanos la condición de discapacidad de las personas deja de ser una situación o circunstancia inherente al individuo para convertirse en un problema de la sociedad, viéndose el Estado obligado a gestionar medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna; generando las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad; garantizando los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como, otros beneficios que se establezcan en la ley. De igual forma, es imperativo precisar que la garantía de la inamovilidad laboral, instituida en el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, a favor del cónyuge, padre, madre y/o tutor de las personas con discapacidad, ante un despido injustificado; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. Asimismo, el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, dispone que: “…El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación”. Bajo ese marco, en el caso que nos ocupa la peticionante de tutela mientras sostuvo una relación obrero-patronal con el SENASAG Tarija puso a conocimiento de ese ente que tenía bajo su cuidado a su progenitora, quien cuenta con 52% de discapacidad; no obstante, dicho vínculo laboral cesó a través de la Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/DTJA/00193/2021, advirtiéndose que tal situación de tutora de su pariente con esas características, no fue considerada por el demandado, lo que contraviene los preceptos del Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el cual establece que la protección a las personas con discapacidad por su familia, es sumamente importante, al encontrarse en un contexto de especial vulnerabilidad, en el sentido que las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, disminuyen las aptitudes de dichas personas; asimismo, pueden impedir que ejerzan por sí mismos ciertos derechos como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En virtud a lo expuesto, corresponde otorgar la protección solicitada por la impetrante de tutela, por la lesión de sus derechos al trabajo y la inamovilidad laboral, en vinculación al cuidado de personas con discapacidad, en su condición de hija de su madre con 52% de discapacidad que además es adulto mayor; en ese entendido, es previsible aplicar la contratación preferente en el marco del el art. 4 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, modificado por el DS 29608 de 18 de junio de 2008, a fin de efectuar la recontratación de la solicitante de tutela, con el mismo nivel salarial, garantizando su inamovilidad laboral. En lo referente a la presunta transgresión al derecho a la petición, la pretensión de la accionante inserta en la nota de 22 de julio de 2021, y reiterada por la de 5 de octubre del mismo año, consistían en que el Jefe Departamental demandado, tome conocimiento de la condición de su progenitora; y en virtud a ello, considere una contratación preferente; aspecto que este Tribunal dilucidó a través de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional por lo cual no corresponde mayor pronunciamiento en relación al citado derecho, al haberse dispuesto ya su recontratación. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 112 a 115, pronunciada por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, ante la lesión de los derechos de la accionante al trabajo y a la estabilidad laboral, por su condición de tutora de su madre adulto mayor con 52 % de discapacidad disponiendo dejar sin efecto la Comunicación Interna SENASAG/CI/TJA/DTJA/00193/2021 de 30 de septiembre, y que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria y su representación Departamental de Tarija, dispongan los ajustes necesarios y apliquen la contratación preferente establecida por el art. 4 del Decreto Supremo 27477 de 6 de mayo de 2004, modificado por el Decreto Supremo 29608 de 18 de junio de 2008, con el objeto de efectuar la recontratación de la impetrante de tutela, con el mismo nivel salarial, garantizando su inamovilidad laboral, sea en el plazo de diez días a partir de la notificación con el presente fallo constitucional; salvo que por el transcurso del tiempo, aquello ya hubiese ocurrido; y, 2º DENEGAR la tutela respecto al derecho a la petición y los salarios devengados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0300_2023-S2.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): efe0443eec8e0523c481a8251b702dc7ab3c64921449b8376f88dfe086b62dd1
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