Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 10 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la presunción de inocencia; y de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba; señalando que la Jueza demandada, al emitir el Auto Interlocutorio de 28 de junio de 2023 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, incumplió lo dispuesto en el Auto de Vista REG./S.P.IV/AUT.INC.M.C.249/25.5.2023 de 25 de mayo del mismo año; ya que dicha autoridad omitió realizar una valoración objetiva, integral y razonada de los elementos probatorios presentados en la solicitud de cesación de su detención preventiva, incurriendo en una insuficiente fundamentación y motivación respecto de la valoración de la prueba, en contravención de las garantías constitucionales que rigen el debido proceso. Ante ello, la autoridad demandada señala que, en audiencia de 28 de junio de 2023, se emitió un nuevo Auto Interlocutorio manteniendo la detención preventiva del impetrante de tutela; no obstante, dicha decisión no fue objeto de impugnación, incumpliéndose el requisito de subsidiariedad excepcional. En ese entendido, en ausencia de reclamo o impugnación previa en la vía ordinaria, no es viable acudir directamente a la jurisdicción constitucional; por lo que, corresponde el rechazo de la acción por falta de agotamiento de las instancias correspondientes. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 12 de julio, cursante de fs. 80 a 84 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0299/2026-S2 Sucre, 10 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56945-2023-114-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 08/2023 de 12 de julio, cursante de fs. 80 a 84 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pánfilo Camacho Torrez contra Jannett Cossio Siles, Jueza de Partido Mixta de Sentencia, Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 11 de julio de 2023, cursantes a fs. 1; y, 63 a 70, el accionante, manifiesta lo siguiente:
El 4 de mayo de 2023 se llevó a cabo la audiencia de cesación de su detención preventiva, en dicha actuación con la finalidad de enervar los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), presentó diversos elementos probatorios para su correspondiente valoración por parte de Jannett Cossio Siles, Jueza de Partido Mixta de Sentencia, Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba -hoy demandada- para que realice la valoración de las pruebas, conforme a lo dispuesto en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, al ser una fuente primaria del derecho en ese entendido, correspondía efectuar una valoración individual de la prueba presentada. Sin embargo, ello no ocurrió en el caso concreto vulnerándose el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso.
Al respecto, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2023, el cual fue declarado procedente por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto Vista REG./S.P.IV/AUT.INC.M.C.249/25.5.2023 de 25 del mismo mes y año, dejando sin efecto el referido Auto Interlocutorio; además, dispuso que la Jueza demandada emitiera una nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas. En consecuencia, la autoridad judicial demandada incurrió en actividad procesal defectuosa al emitir el Auto Interlocutorio de 28 de junio del mismo año, incumpliendo lo dispuesto por el referido Auto de Vista, toda vez que, no valoró de manera objetiva los elementos probatorios aportados, entre ellos el certificado de antecedentes penales y el certificado de no violencia de 27 de abril de 2023 y el informe REQ-OGP SACABA N° 478/22 de 14 de noviembre de 2022. Asimismo, sostiene que, al haberse interpuesto con anterioridad un medio impugnatorio, se agotó la subsidiariedad excepcional; más aun considerando que el estado de salud del accionante se agravó debido a su condición de persona adulta mayor; en tal sentido, refiere que resulta urgente la tutela de sus derechos y garantías, particularmente el derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo aplicarse un enfoque diferencial e interseccional respecto de las personas adultas mayores, conforme a lo desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0014/2012 de 16 de marzo y 0010/2018-S2 de 28 de febrero.
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, a la presunción de inocencia; y, de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 23.I, 115.II, 116.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) La emisión de una nueva resolución sobre la cesación de la detención preventiva, conforme al art. 239.1 del CPP, valorando adecuadamente la prueba para considerar una medida menos gravosa, dada su condición de adulto mayor; y, b) Condenar en costas y costos procesales a la Jueza demanda.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 78 a 79, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) Se cumplió con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, no existiendo apelación pendiente de resolución, toda vez que ya se interpuso apelación contra el Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2023, en consecuencia se agotaron los medios de impugnación; y, 2) Impugnar el Auto Interlocutorio de 28 de junio de 2023, en el que se habría reiterado el error advertido en el Auto Interlocutorio de 4 de mayo del señalado año, implicaría una dilación innecesaria, bajo el entendido de que en alzada se declaró procedente la apelación y se ordenó la emisión de una nueva resolución.
Jannett Cossio Siles, Jueza de Partido Mixta de Sentencia, Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 77 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) El accionante se encuentra sometido a un proceso penal iniciado por el Ministerio Público, por el delito de abuso sexual; ii) En audiencia de 28 de junio de 2023, se dio cumplimiento a lo ordenado por “…la Sala dictando nueva resolución en la cual se mantiene la detención preventiva…” (sic); no obstante, dicha decisión no fue objeto de impugnación a efectos de agotar la subsidiariedad excepcional; y, iii) Al no formularse observación ni reclamo alguno y consentir el acto, no resulta viable acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; en consecuencia, corresponde disponer el rechazo de la acción por no haberse agotado las instancias correspondientes.
La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 08/2023 de 12 de julio, cursante de fs. 80 a 84 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) No se interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 28 de junio de 2023, toda vez que del acta de audiencia no se advierte que el accionante hubiera formulado dicho recurso. Este extremo se encuentra corroborado tanto por el contenido del memorial de acción de libertad como por los argumentos vertidos en audiencia de garantías, señalando expresamente: “…que no existe ningún recurso de impugnación pendiente contra la indicada resolución…” (sic). En ese entendido, el accionante sostuvo que, al haber interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 4 de mayo del mismo año, ya dio cumplimiento al principio de subsidiariedad excepcional; no obstante, dicho argumento no suple la omisión de impugnar el posterior Auto Interlocutorio de 28 de junio de igual año; b) El art. 251 del CPP establece la procedencia del recurso de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares personales; este medio de impugnación, por su propia naturaleza, constituye un mecanismo sumarísimo y eficaz frente a una eventual lesión del derecho a la libertad; en ese entendido, corresponde al Tribunal de Alzada revisar y, en su caso, corregir los posibles errores incurridos por el juez de instancia inferior; c) No se advirtió el uso de los mecanismos intraprocesales que la ley franquea de manera expedita en la jurisdicción ordinaria. Al respecto, el accionante sostiene erróneamente que, con la apelación interpuesta contra el Auto Interlocutorio de 4 de mayo del citado año, habría agotado la subsidiariedad excepcional; sin embargo, la determinación actualmente cuestionada es el Auto Interlocutorio de 28 de junio de igual año, contra la cual no se activó ningún medio recursivo, pese a tratarse de una nueva resolución que debía ser sometida a conocimiento del Tribunal de Alzada mediante el correspondiente recurso de apelación incidental; d) La afirmación de que el Auto Interlocutorio del citado mes y año sería idéntico al de 4 de mayo del señalado año y que apelar implicaría una pérdida de tiempo, carece de sustento jurídico, ya que no resulta posible presumir anticipadamente cuál sería la decisión del Tribunal de Alzada; en consecuencia, no puede asumirse que dicha instancia necesariamente revocaría la resolución cuestionada; más aún cuando es reciente y no fue oportunamente impugnada antes de activar la jurisdicción constitucional; y, e) Respecto al estado de salud del accionante, no se presentó prueba alguna que acredite un riesgo inminente para su vida; en consecuencia, al no haberse cumplido con la carga probatoria ni agotado la subsidiariedad excepcional, no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 94 a 98); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa imagen del Informe RE-OGP SCABA 478/22 de 14 de noviembre de 2022, emitido por la Oficina Gestora de Procesos de Sacaba del departamento de Cochabamba, en el que se deja constancia que Pánfilo Camacho Torrez -hoy accionante- registra un proceso penal en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), asignada con código: 310102032200214; en consecuencia, se señala que debe acudir ante el encargado correspondiente del “P.A.U.E.” (fs. 7). II.1. Constan Acta de audiencia de cesación preventiva y Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2023, donde Jannett Cossio Siles, Jueza de Partido Mixta de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, determinó la improcedencia de la solicitud del accionante, al evidenciar la persistencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP (fs. 8 a 11 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la presunción de inocencia; y de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba; señalando que la Jueza demandada, al emitir el Auto Interlocutorio de 28 de junio de 2023 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, incumplió lo dispuesto en el Auto de Vista REG./S.P.IV/AUT.INC.M.C.249/25.5.2023 de 25 de mayo del mismo año; ya que dicha autoridad omitió realizar una valoración objetiva, integral y razonada de los elementos probatorios presentados en la solicitud de cesación de su detención preventiva, incurriendo en una insuficiente fundamentación y motivación respecto de la valoración de la prueba, en contravención de las garantías constitucionales que rigen el debido proceso. Ante ello, la autoridad demandada señala que, en audiencia de 28 de junio de 2023, se emitió un nuevo Auto Interlocutorio manteniendo la detención preventiva del impetrante de tutela; no obstante, dicha decisión no fue objeto de impugnación, incumpliéndose el requisito de subsidiariedad excepcional. En ese entendido, en ausencia de reclamo o impugnación previa en la vía ordinaria, no es viable acudir directamente a la jurisdicción constitucional; por lo que, corresponde el rechazo de la acción por falta de agotamiento de las instancias correspondientes. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 125 de la CPE establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas y el subrayado son nuestros). La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: “…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…) …únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas son nuestras).
Delimitada la problemática que motivó la interposición de la presente acción de defensa y considerados los argumentos expuestos por las partes, corresponde precisar que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en atención a la subsidiariedad excepcional de esta acción tutelar, cuando la normativa procesal ordinaria prevea de manera específica medios de defensa idóneos y oportunos para resguardar el derecho a la libertad presuntamente lesionado, estos deben ser previamente agotados antes de activar la acción de libertad; ello, en razón de que este mecanismo de defensa constitucional no constituye una vía alternativa ni sustitutiva de los recursos e impugnaciones previstos en la jurisdicción ordinaria, los cuales deben ser previamente utilizados antes de acudir a la justicia constitucional. Efectuadas las precisiones normativas y jurisprudenciales señaladas precedentemente, en el caso concreto se tiene que el impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la presunción de inocencia y de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y valoración probatoria, alegando que el Auto Interlocutorio de 28 de junio de 2023, habría incumplido lo dispuesto en el Auto de Vista REG./S.P.IV/AUT.INC.M.C.249/25.5.2023 de 25 de mayo, al mantener la detención preventiva y no efectuar una adecuada valoración de los elementos probatorios presentados en su solicitud de cesación a la detención preventiva, particularmente aquellos dirigidos a desvirtuar los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. No obstante, frente a la emisión del referido Auto Interlocutorio de 28 de junio de 2023, el accionante tenía expedita la interposición del recurso de apelación incidental, en caso de considerarla lesiva a sus derechos fundamentales; sin embargo, activó de manera directa la presente acción de libertad, pretendiendo que la jurisdicción constitucional revise la resolución mencionada, sin considerar que esta acción tutelar no constituye una vía alternativa a los mecanismos y recursos de impugnación previstos en la jurisdicción ordinaria. En ese contexto, dentro del régimen de medidas cautelares personales previsto en el Código de Procedimiento Penal, el recurso de apelación incidental establecido en el art. 251 del CPP constituye el medio idóneo, efectivo y expedito para impugnar resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen solicitudes relacionadas con medidas cautelares, incluida la cesación de la detención preventiva; en consecuencia, antes de acudir a la acción de libertad, corresponde agotar dicho mecanismo intraprocesal; por lo que, el accionante debía activar el referido recurso a efectos de que el Tribunal de alzada revise la decisión adoptada por la autoridad accionada y, en caso de advertir vulneraciones a derechos y garantías, adopte las medidas correctivas correspondientes en el marco de las facultades conferidas por la normativa procesal penal. En consecuencia, al no haberse agotado previamente el medio ordinario de impugnación previsto por la normativa procesal penal, este Tribunal advierte el incumplimiento del requisito de subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad; por lo que resulta inviable ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; correspondiendo denegar la tutela solicitada, en aplicación de los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, los cuales tornan improcedente la pretensión del impetrante de tutela. Finalmente, respecto a la imposición de costas y costos a la autoridad demandada, se advierte que el accionante no expuso de manera clara, precisa y fundamentada las razones que sustenten dicha pretensión, ni acreditó la existencia de un perjuicio concreto que justifique su eventual reparación. En ese entendido, ante la ausencia de una fundamentación suficiente que permita identificar las circunstancias que respalden tal solicitud, este Tribunal se encuentra impedido de efectuar un análisis sobre su procedencia; en consecuencia, al no evidenciarse una justificación clara respecto a la imposición de costas y costos, corresponde denegar la tutela solicitada en este extremo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 12 de julio, cursante de fs. 80 a 84 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0299_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2d67049af0fcea2433ab36363ee445535886960bcf7434a39312ec13b99a513f
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