Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y debido proceso en su vertiente de celeridad, argumentando que Celia Rosmery Deheza Flores, Secretaria del Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no cumple hasta la fecha de realización de la presente acción de libertad con la disposición judicial de 18 de marzo de 2024, que determinó la remisión de los antecedentes de incumplimiento a la orden de rescate de su hijo menor de edad ordenado por el Juez de la causa ante la sustracción del menor por parte de la madre. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2024 de 3 de mayo, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Doceava de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, disponiendo en la misma forma que la Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0299/2024-S3 Sucre, 10 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 63939-2024-128-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2024 de 3 mayo, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Miguel Hermosa Castellón contra Celia Rosmery Deheza Flores, Secretaria del Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de mayo de 2024, cursante de fs. 3 a 5 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso familiar de suspensión de autoridad materna instaurada contra la madre de su hijo, el Juez de la causa le otorgó la tutela y guarda del menor de edad, empero, no obstante encontrándose subsistente dicha determinación jurisdiccional la progenitora aprovechando su situación y sin autorización alguna se llevó a su hijo a la localidad de Tipuani del departamento de La Paz, siendo ya más de una año y cuatro meses que no puede ver a su hijo razón por la cual y ante su denuncia la autoridad judicial instruyó el rescate del mismo, orden que fue desoída por la madre, poniendo una serie de obstáculos, situación ante la cual el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público, mediante providencia de 18 de marzo de 2024, sin embargo, hasta el momento de interposición de la presente acción de libertad ya pasó más de un mes y medio, sin que se le entreguen las fotocopias para cumplir lo ordenado por el Juez de la cusa poniendo excusa de que están con carga procesal y que el expediente no sale de despacho, arguyendo que ingresa con memoriales, habiéndose apersonado ante el referido juzgado más de diez veces.
Señaló como lesionados sus derechos a la vida y al debido proceso en su vertiente de celeridad, sin mención alguna de artículos de la Constitución Política del Estado.
Solicitó se le conceda la tutela y en consecuencia, se ordene a la Secretaria accionada remita en el día los antecedentes del caso ante el Ministerio Público.
Celebrada la audiencia pública el 3 de mayo de 2024, conforme consta en el acta cursante de fs. 17 a 18 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la acción tutelar, rectificando el tiempo de incumplimiento de la Resolución del Juez de la causa que fue emitida el “14” de marzo de 2024, encontrándose cerca de los noventa días.
Celia Rosmery Deheza Flores, Secretaria del Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito de 3 de mayo de 2024, cursante a fs. 15 señalando: a) Se trata de un proceso de homologación; b) El 15 de marzo de igual año el impetrante de tutela presentó memorial solicitando la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público, siendo atendido de manera favorable; c) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito Dos “Max Paredes”, presentó informe pidiendo se ordene el rescate del menor ante su homóloga de Tipuani, misma que se ordenó mediante Auto de 1 de abril del mismo año; d) Como último actuado ingresó memorial de Anahí Katherine Conde Carrión, solicitando oficios, a la fecha el expediente se encuentra en despacho; y, c) En audiencia informó que no se remitieron los antecedentes ante el Ministerio Público, únicamente se enviaron las ordenes instruidas para el rescate del menor ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tipuani.
La Jueza de Sentencia Penal Doceava de la Capital del departamento de La Paz constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 15/2024 de 3 de mayo, cursante de fs. 19 a 21, denegó, la tutela solicitada con los siguientes fundamentos: 1) Con relación a la determinación de remitirse antecedentes al Ministerio Público sobre el incumplimiento de parte de la madre del menor, este fue determinado por providencia de 18 de marzo de 2024, al día de audiencia 3 de mayo de igual año, transcurrió aproximadamente un mes y medio, existiendo una indebida dilación por parte de la Secretaria del Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada-, la misma que pretende justificar este incumplimiento, señalando que las partes no vinieron a coordinar; sin embargo este extremo fue descartado por la parte accionante quien refiere que en una y otra oportunidad se constituyó al referido Juzgado, habiendo conversado con la Secretaria, inclusive habiéndose ofrecido expresamente a proporcionar las fotocopias requeridas para cumplir con dicha determinación, siendo que el hecho de que ingresen y salgan memoriales todos los días, no es óbice para cumplir una determinación de dicha naturaleza, máxime cuando se encuentra involucrado una denuncia contra una víctima menor por sustracción de menor, por el incumplimiento de entregar al menor, precisamente porque ya existe una determinación de rescate del mismo, y probablemente sea evidente que dicho menor está siendo expuesto por su propia madre a situaciones sexuales aberrantes, entonces bajo estas particularidades debió imprimirse celeridad, porque el incumplimiento era evidente y las demás situaciones denunciadas son absolutamente graves, existiendo una indebida dilación sobre el cumplimiento de la determinación de 18 de marzo de 2024, sobre remisión de antecedentes al Ministerio Público contra la progenitora Anahí Conde Carrión y no existe justificativo alguno que permita establecer que haya existido un impedimento u motivo de fuerza mayor para no haber dado cumplimiento a dicha determinación; 2) Para que por esta acción de libertad proceda, el incumplimiento de remisión debe estar ligado con el derecho a la vida del accionante o el derecho a la libertad, el accionante propiamente Carlos Miguel Hermosa Castellón, el cual como emergencia de este incumplimiento no está en peligro su vida, ni su libertad; 3) Si bien es cierto que se encuentra involucrado un menor en el presente caso, empero, el hecho que no se haya remitido de forma inmediata antecedentes al Ministerio Público, considera la suscrita que no coloca en peligro la vida del menor, siendo la denuncia ante el Ministerio Público un acto accesorio y secundario, por cuanto el acto principal que va a precautelar el derecho a la vida y la integridad del menor, es la determinación del rescate del mismo de manos de la progenitora Anahí Katherine Conde Carrión y dicho extremo ya se encuentra dispuesto, encomendando su ejecución a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tipuani, entidad a la cual se encomendó el rescate inmediato del menor, en todo caso el incumplimiento del rescate, sería una causal válida como para disponer conceder tutela, porque en ese caso ese incumplimiento estaría ligado a los derecho del menor, bajo esa perspectiva, si bien existe dilación, empero, de una determinación accesoria, sin embargo, no considera la suscrita que tendría vinculación con el derecho a la vida o la libertad del accionante; y, 4) Lo que sí se advierte es el incumplimiento al principio de celeridad que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pero, no propiamente tiene vinculación con el derecho a la libertad y la vida; sin embargo, queda claro que si existe incumplimiento de remisión al Ministerio Público y así no esté vinculado con el derecho a la libertad y vida del accionante, y cuando se trata de involucrados menores, peor aún si son víctimas menores, este cumplimiento debe efectuarse a la brevedad posible, en este caso el decreto de 18 de marzo de 2024, evidentemente no señala un plazo, no obstante, debió remitirse de forma inmediata o dentro de un plazo razonable, no existiendo aquel extremo, correspondiendo en vía de recomendación o conminatoria disponer lo que en derecho corresponda.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha disposición, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin guardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa solicitud de remisión de obrados ante el Ministerio Público presentado el 15 de marzo de 2024 por Carlos Miguel Hermosa Castellón -ahora accionante- ante el incumplimiento de la disposición judicial de 14 de febrero del mismo año (fs. 11 y vta.). II.2. Consta decreto de 18 de marzo de 2024, mediante el cual el Juez de la causa dispuso se remitan antecedentes al Ministerio Público (fs. 12).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y debido proceso en su vertiente de celeridad, argumentando que Celia Rosmery Deheza Flores, Secretaria del Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no cumple hasta la fecha de realización de la presente acción de libertad con la disposición judicial de 18 de marzo de 2024, que determinó la remisión de los antecedentes de incumplimiento a la orden de rescate de su hijo menor de edad ordenado por el Juez de la causa ante la sustracción del menor por parte de la madre. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señaló que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.
Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.
Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad.
Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrilla y el subrayado fueron añadidos).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y al debido proceso en su vertiente de celeridad, argumentando que Celia Rosmery Deheza Flores, Secretaria del Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no cumplió hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad con la disposición judicial de 18 de marzo de 2024, que determinó la remisión de los antecedentes de incumplimiento a la orden de rescate de su hijo menor de edad ordenado por el Juez de la causa ante la sustracción del menor por parte de la madre.
De los antecedentes traídos en revisión tenemos la solicitud de remisión de obrados ante el Ministerio Público presentado el 15 de marzo de 2024 por Carlos Miguel Hermosa Castellón, ante el incumplimiento de la disposición judicial de 14 de febrero del mismo año (Conclusión II.1), solicitud que fue respondida por decreto de 18 de marzo del referido año, mediante el cual el Juez de la causa determinó se remitan antecedentes al Ministerio Público (Conclusión II.2).
Precisado el objeto procesal, en principio corresponde puntualizar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad…”, por ende esta Sala no puede tutelar los derechos demandados, pues si bien se tiene acreditada una dilación indebida en la remisión de los antecedentes del proceso familiar ante el Ministerio Público, dicho trámite no involucra la posibilidad futura de que el ahora impetrante de tutela pierda la libertad o que se esté evitando la resolución de su situación jurídica, en el entendido de que éste se encuentre privado de libertad, debiendo denegarse la tutela impetrada.
En el mismo sentido sobre el derecho a la vida, el impetrante de tutela no estableció de manera precisa y tampoco presentó prueba alguna sobre la manera en la cual la dilación indebida en la que incurrió la ahora accionada pone en peligro su integridad, debiendo por tanto, denegar la tutela impetrada. Otras consideraciones De los antecedentes tenemos que la raíz de la presente acción tutelar se encuentra en un proceso de homologación de asistencia familiar donde la tutela de un menor de edad fue concedida a su padre, pero no obstante la madre sin autorización alguna se llevó al menor hasta una localidad lejana, situación que generó que el progenitor ahora accionante primero intente un rescate por vía jurisdiccional y después solicite la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público, de lo que se puede colegir que dentro de dicho proceso se encuentran en juego los derechos de un menor de edad, aspecto que debe ser privilegiado desde todo punto de vista más sobre todo los operadores de justicia al tratarse de un grupo vulnerable que goza de protección reforzada, más aun cuando la accionada en el proceso familiar incumple una disposición judicial, al retener ilegalmente a su hijo menor de edad, incurriendo probablemente en una retención del mismo tipo, en tal sentido de acuerdo a lo supra descrito se tiene que solicitud de remisión de obrados ante el Ministerio Público presentada el 15 de marzo de 2024 por el accionante ante el Juez de la causa, fue respondida por decreto de 18 de igual mes y año, mediante el cual el Juez de la causa dispuso se remitan antecedentes al Ministerio Público, determinación que a la interposición de la presente acción tutelar no se había cumplido, aspecto corroborado por el informe de la accionada, llamando poderosamente la atención la demora injustificada, máxime tomando en cuenta lo desarrollado en el presente apartado, debiendo en lo futuro tener especial cuidado tanto la accionada como el titular del despacho. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2024 de 3 de mayo, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Doceava de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, disponiendo en la misma forma que la Jueza de garantías.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0299_2024-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9fddf56f81013d0f15303664040ee7b961ab98a974e6f90b6efef63d380546b0
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